Con la economía en medio de una profunda crisis, agudizada por la escalada inflacionaria y la caída de las reservas, el Gobierno buscará este mes introducir dinero en los bolsillos de los sectores más castigados. La expectativa oficial es garantizar tranquilidad social en un mes habitualmente sensible y, también, volcar más dinero al consumo para impulsar una mayor reactivación económica.
La fórmula del oficialismo para alcanzar ese objetivo se compone de un bono para jubilados, otro para beneficiarios de planes sociales, una canasta de Navidad de Precios Cuidados, la reapertura de paritarias en el sector privado y que los salarios estén exentos del pago de Ganancias en el medio aguinaldo.LA MISIÓN IMPOSIBLE DE AJUSTAR SIN QUE SE NOTE
En la Casa Rosada definen el “combo” que armó el Gobierno como una “contención” ante el descontento de los distintos sectores sociales. Otros, en cambio, prefieren bajar el tono al contexto de malestar y sostienen que son medidas que “siempre se contemplan”.
El gesto más reciente del Ejecutivo llegó en la tarde del viernes. Fue cuando la titular de la Anses, Fernanda Raverta, anunció que se “está evaluando un bono de fin de año para jubilados y jubiladas”.
Juan Zabaleta, Alberto Fernández y Fernanda Raverta
Desmintió así a la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, que apenas un día antes lo había descartado de plano. “No se está evaluando, no existe esa posibilidad en este momento”, había dicho la funcionaria.
Raverta ratificó el bono y agregó precisiones sobre los jubilados, cuyos haberes se vieron perjudicados frente a la aceleración de la inflación. “En diciembre, los jubilados van a cobrar un 12,11% del aumento trimestral”, detalló la titular de la Anses.
Ese incremento llega en este trimestre también a pensionados y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) y fue aludido por fuentes de distintas carteras como otra de las medidas para paliar la grave situación actual.
Fechas calientes
El bono de la Anses se sumaría al anunciado a comienzos de esta semana por el Ministerio de Desarrollo Social y llegará a 1,1 millones de beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo.
El monto que recibirán es de 8000 pesos, la mitad de lo que se percibe mensualmente por el Potenciar, dependiente de la cartera de Juan Zabaleta.
Este bono se cobrará el 20 de diciembre, fecha que el Gobierno mira con especial atención, por cumplirse dos décadas del estallido social que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa. Aunque en el oficialismo no creen que pueda haber violencia o desestabilización para esa fecha, consideran que “hay que estar atentos” porque se esperan miles de militantes sociales en las calles.
Con la mira en las Fiestas, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se trabaja también en una canasta con productos navideños de Precios Cuidados. La idea de la cartera a cargo de Matías Kulfas, que sería anunciada en pocos días, contempla los típicos productos que se consumen para esas fechas, pero aún no hay precisiones sobre si incluirá o no carnes.
Julián Domínguez y Matías Kulfas, ministros de Agricultura y de Desarrollo Productivo, respectivamente
Otro de los “pilares” del plan para que “haya más plata en los bolsillos” es que, a fin de año, los salarios convencionados le ganen a la inflación y, que ante los posibles desfases, se reabran las paritarias.
El punto, que era mencionado en varios sectores desde hace semanas, terminó de quedar claro en el encuentro ante la Confederación General del Trabajo (CGT) al que asistió el ministro de Economía, Martín Guzmán, en busca de apoyos para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los sindicalistas vienen advirtiendo la preocupación por la inflación y anticipando que discutirán reajustes salariales para actualizar las paritarias pactadas este año.
Allí quedó resonando como una buena señal que Guzmán, al explicar las condiciones del acuerdo con el FMI, dijo que “los dos ejes son trabajo y producción” y resaltó que la recuperación “debe venir de la mano de una recuperación más fuerte del poder adquisitivo de los salarios”.
Impuesto a las ganancias
Otro de los puntos que se tienen en cuenta desde el Gobierno para que la inyección de dinero llegue a una población más amplia es la modificación del piso del impuesto a las ganancias. Con los cambios incorporados este año se incluyó la eliminación del cálculo de la base imponible al salario anual complementario (aguinaldo).
En el Gobierno se esperanzan con que eso aumentará el caudal de dinero en sectores medios. “La predisposición está en que todo sea lo mejor posible o lo menos malo posible”, se sinceró un funcionario. “Sabemos que la situación es muy complicada, pero se está haciendo todo lo que se puede”, agregó .
Entre los distintos funcionarios que bajaron al territorio para hacer campaña quedó grabado el “enojo” de la gente por la inflación y cómo les explicaban con ejemplos concretos que “la plata no alcanza” y que “no se puede planear un gasto, ni siquiera en lo inmediato”.LA AFIP DESPLAZÓ A 40 FUNCIONARIOS QUE INVESTIGARON A CRISTINA Y A BÁEZ
“No es que no lo supiéramos, ni mucho menos”, se apuró a explicar un hombre del albertismo que conoce de primera mano lo que sucede en el conurbano, tras lo que agregó: “Pero más allá de saberlo, cuando lo escuchás a diario y en boca de quienes lo sufren, con ejemplos cercanos, te cala más hondo. La gente no te habla de un gasto grande, te comenta que no sabe cuánto sale un pollo cada vez que lo va a comprar”, detallaron en la Casa Rosada.
“No estábamos ajenos, pero lo vimos durante cada día de la campaña y el Presidente lo escuchó en primera persona. Todo lo que hagamos es poco, pero es algo”, insistieron. Las medidas están en marcha y los resultados, abiertos.
Este lunes, en declaraciones radiales el economista Juan Carlos De Pablominimizó las negociaciones que se están realizando con el FMI y advirtió que el acuerdo depende de «una conexión política» del Gobierno con otros países para lograr la aprobación del organismo.
Consideró que «ninguna de las partes» tanto el Gobierno argentino como el FMI, «tiene apuro» para cerrar una negociación y que el acuerdo se va a dar «en una reunión reservada, no en una que es pública».PUBLICIDAD
Entre otras cosas, en diálogo con Luis Majul explicó: «Cualquiera sabe que el acuerdo de 2018 con el FMI, tenia fallas técnicas, y eso lo sabe la burocracia del fondo, lo se yo y lo sabe cualquier economista en la Argentina».
Explicó que ese acuerdo se logró «por la conexión política» que tenían los ex presidentes Mauricio Macri y Donald Trump, a la que calificó de «nada despreciable».
«Este Gobierno tiene esta peculiaridad, no le pega a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela y después reza para que (Joe) Biden le de una mano política con el FMI, eso es demasiado», al dudar de la posibilidad de que el gobierno logre apoyo político para un acuerdo con el FMI.
Por otra parte, le bajó las expectativas a la negociación: «Si tenemos un acuerdo, ni todo será una maravilla y si no la economía se desbarranca, y mi impresión es que no es una cosa ni la otra».
«Todos dicen que los mercados están esperando un acuerdo, pero si eso ocurre será difícil que un inversor austriaco venga a comprar títulos argentinos», añadió en diálogo con Luis Majul en el programa «Esta Mañana» que se emite por Radio Rivadavia.
El economista cuestionó la opinión de que «todo el mundo nos está mirando» y agregó: «No se hagan ilusiones, si nos van a dar alguna bolilla es por una reacción política o por alguna sensación con una nueva crisis (en la Argentina) va a arrastrar a otro país».
De Pablo cuestionó las afirmaciones del Banco Central de que los los depósitos en dólares están respaldados por la tenencia que tienen los bancos.
«Si yo fuera funcionario no lo diría , porque si los dólares están no los diría, porque cada vez que lo dicen entonces la gente dice no», fundamentó De Pablo.
Advirtió que «el grueso de esos dólares son de empresas, no individuos y de repente puede dar un comportamiento diferente porque probablemente la posición blanca de la economía tenga menos alternativas».
Un grupo de bonistas que entró al canje de la deuda que llevó adelante el Gobierno en 2020 acusó al Gobierno de llevar adelante “gestos políticos baratos” en lugar de resolver los problemas del país.
Se trata del Exchange Bondholder Group, que, en redes sociales, indicó que “El Banco Central ha agotado U $ S3.300 millones de reservas en la inútil intervención del MEP / CCL para apuntalar su contraproducente régimen cambiario”.https://0371b56da8c021544161c200d79dfa33.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
“Ese dinero podría haber recomprado el 15% de la deuda de ley de Nueva York de Argentina. La resolución de problemas exige racionalidad y responsabilidad, no gestos políticos baratos”, disparó este grupo de acreedores de la Argentina, que días atrás también manifestó su enojo por la inacción oficial ante la fuerte suba del riesgo país.
Cabe recordar que el BCRA utilizó las reservas para contener el tipo de cambio paralelo antes de las elecciones, aunque luego de los comicios dejó de hacerlo ante su poca efectividad y la necesidad de comenzar a alinearse para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).El mensaje de los bonistas
Al respecto, indicaron que “el Gobierno argentino está entrando en su tercer año sin articular un plan económico. Analizamos los problemas en febrero y nada ha cambiado. Dirigir una economía no debe ser un ejercicio político ni académico. Requiere soluciones reales, no dilaciones y fantasías interminables”.
El Exchange Bondholder Group es uno de los tres grupos principales que se conformaron durante la negociación de la deuda con los tenedores privados con el Ministerio de Economía. En la negociación con el Ministerio de Economía este grupo, liderado por el fondo Monarch, afirmó ser acreedor por unos USD 4.000 millones en bonos argentinos y tener más del 15% de los bonos del canje de 2005 y su “suplemento” de 2010.
A su vez, el grupo Ad Hoc estuvo liderado por fondos como Blackrock y un tercer grupo fue encabezado por Hans Humes, CEO de Greylock.
En su último mensaje, comunicado a través de su cuenta de Twitter, el grupo de bonistas refirió además a un documento publicado a mediados de febrero, en el que planteaba con amplitud sus cuestionamientos a la política económica del Gobierno.
“Un programa del FMI es la única fuente probable de anclajes políticos y un marco creíble a medio plazo que pueda aportar estabilidad. Sin embargo, el Gobierno parece estar contemplando seriamente la posibilidad de retrasar un acuerdo con el FMI para tener la libertad de continuar con sus políticas insostenibles aún más tiempo. Con las reservas ya en niveles peligrosamente bajos, tal estrategia equivale a una apuesta temeraria”, dijeron los bonistas en el comunicado. “Un acuerdo con el FMI, que se necesita desesperadamente, ha quedado subordinado a la política”, se quejaron.El abogado Dennis Hranitzky
“Argentina no puede entrar en default y reestructurar su camino hacia la prosperidad. La gran tragedia es que la incapacidad de articular una senda política creíble impide la estabilidad y el crecimiento de lo que podría ser una economía competitiva si tan sólo las autoridades decidieran anclar las políticas económicas en torno a un marco macroeconómico coherente con el apoyo del FMI”, agregaron.
El grupo Exchange Bondholders estuvo representado por Dennis Hranitzky, ex abogado de Paul Singer, que se hizo célebre por intentar embargar la Fragata Libertad durante el litigio con los holdouts y que ahora es una de las voces más críticas de las decisiones del Gobierno posteriores al canje de 2020. Días atrás, el fondo Attestor Master Value, asesorado por Hranitzky, pidió por el default del 2001 el embargo de recursos por unos USD 230 millones que el país puede tener depositados en la Reserva Federal de Nueva York.
En tanto, el analista Sebastián Maril afirmó que el Gobierno presentó un escrito por medio del estudio que lo representa en Nueva York, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton en el que expresó que “la Argentina dice que no repatriará activos a EE. UU. para que estos sean embargados como forma de pago en el caso Bainbridge Capital”.
“Está en manos de la Juez Preska decidir qué hacer; sospecho que convocará a las partes a una audiencia para resolver diferencias”, indicó Maril.
El presidente Alberto Fernández dijo que buscaría el consenso con la oposición para aprobar un “plan económico plurianual” que permita sacar al país del estancamiento y refinanciar los US$ 45 mil millones que se le adeudan al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Una semana más tarde, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que es el Presidente “quien tiene la lapicera” para firmar ese y otros acuerdos, y apuntó a la responsabilidad de la oposición, al afirmar que “cuando se busca el voto popular se debe ejercer la responsabilidad de esa representación. Más aún cuando se han ganado las elecciones”.
Pero al mismo tiempo aseguró: “Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca”, dijo la ex mandataria, condicionando su apoyo y el de su sector.
Ante este panorama, las voces de la oposición no se hicieron esperar. La titular del PRO, Patricia Bullrich, dejó en claro que “primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos (el Gobierno) porque no sea cosa que jueguen el papel del policía bueno y el policía malo para, luego, una de las partes desconocer lo tratado”.
Algo similar dijo el último ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien en tono irónico apuntó a que “los días pares, una parte del Gobierno dice que quiere llegar a un acuerdo, y en los impares la otra parte dice que no”.
Incluso el senador por la UCR Martín Lousteau apuntó: “Nunca he tenido un diálogo con (el ministro de Economía) Martín Guzmán. Dicen que se reunieron más de una decena de veces con el Fondo, y yo, que formo parte de la Comisión Bicameral de tratamiento de la deuda, no he tenido ni un solo informe sobre la marcha de las negociaciones”.
Además, “una cosa es trazar unas metas, decir cuánto va a crecer la economía, cuánto se va a conseguir de recaudación, y a partir de eso saber qué podés pagar, pero acá el tema es saber cómo se va a llegar a esos objetivos, y eso no está a la vista”, dijo el legislador por la Ciudad de Buenos Aires.
En lo concreto, Bullrich adelantó que cualquier acuerdo “tiene que generar la reestructuración de la relación nación provincias, como habíamos hecho nosotros con el Pacto Federal”, que impulsó una rebaja de los impuestos, en especial Ingresos Brutos.
Además, las eventuales restricciones que impliquen un acuerdo con el Fondo deben repartirse de manera ecuánime: “Lo que quiere el Gobierno es ajustar a la clase media, no a las provincias”, dijo la ex ministra de Seguridad.
En ese marco, apuntó a “modificar las transferencias que se les hacen a las provincias, que siguen con estructuras feudalizadas, con más empleos públicos que privados, y que dependen de los impuestos nacionales”.
También llamó a “cambiar la legislación laboral, para lograr un mercado que baje la cantidad de planes sociales que tiene Argentina”, en un guiño al proyecto presentado por Sergio Massa.
Patricia Bullrich ya dijo que, antes de votar, «se tienen que poner de acuerdo entre ellos»
La titular del PRO, quien también advirtió que “no queremos caer en una situación de hiperinflación” por la falta de acuerdo ya que “somos conscientes de la situación, lo estamos viendo, (desde el Gobierno) están rascando la olla de los dólares, generando restricciones negativas para Argentina”.
Bullrich también propuso “una rebaja del gasto de la política, aunque sea simbólica” dentro del peso total de las erogaciones del Estado, y en ese segmento Juntos apunta a establecer la boleta única para las elecciones, entre otras medidas.
En ese sentido, Hernán Lacunza expresó su preocupación por el avance de las negociaciones con el FMI y apunto a que “si hay que hacer un ajuste es porque antes hubo un desajuste. Alguna vez tenemos que interpelar a los gobiernos por eso”.
“Me desconcierta que digan (desde el Gobierno) que no hay ajuste: el gasto no bajó, pero subieron los impuestos. La política fiscal tiene dos patas, la de los gastos y la de los ingresos. En estos dos años subió 2,5 puntos. Eso es una transferencia del sector privado al público”.
“Cuando el Gobierno dice que las negociaciones del FMI no van a traer un ajuste, me parece que está pensando en nuevos impuestos, y Argentina ya tiene un peso mayor al 30% de carga impositiva, lo que hace difícil atraer inversiones. Confío en que Juntos no apoyará la creación de ningún nuevo gravamen”.
Lacunza también advirtió que no hay mucho tiempo para la negociación. Recordó que el Banco Central tiene reservas netas por US$ 5 mil millones, “y perdemos mil por mes. Es una cuestión aritmética, así no se puede seguir. No es fácil, pero hay que tomar decisiones de forma ordenada”.
Luego de las PASO, Hebe de Bonafini declaró: “Alberto y Cristina son como esos matrimonios que se separaron y siguen juntos para que los nenes no sufran”. No se equivocó. Argentina entró en zona de peligro. Lo que está por venir luce preocupante. Sin reservas y con un acuerdo pendiente con el FMI, la economía se complica día a día, la pobreza aumenta, la política continúa mostrándose impotente para resolver los problemas de la gente y la educación pasa por su peor momento. Entre los cepos infinitos y la falta de importaciones los empresarios luchan a diario para sobrevivir en un país que los asfixia además con impuestos imposibles de pagar, a la vez que el Estado, bobo, sigue inflamándose con más gastos y una emisión monetaria sin fin. Estamos entre las diez ciudades más “baratas” del mundo a consecuencia de la feroz devaluación que padecemos. Mientras todo esto sucede los intereses del Gobierno siguen transitando entre la impericia de unos y la soberbia de otros.
Alberto festeja porque entiende que ganó perdiendo. Cristina sale a corregirlo nuevamente en público y reconoce una “derrota histórica” a nivel nacional. Alberto celebra porque a pesar de la derrota él obtuvo un triunfo personal y se lo hizo saber a Cristina en el festejo del 17 de noviembre. CFK recoge el guante, en su última carta sin romper la coalición de gobierno, se corre a un costado y deja en el presidente la responsabilidad por los destinos de la nación y el acuerdo con el FMI -de cuyas consecuencias nadie quiere hacerse cargo-. La responsabilidad es la famosa “lapicera”. Esa visión dicotómica de la realidad es la que nos tiene atrapados entre la impericia y la soberbia. Ninguno habla de la inflación, de la emisión desbocada, de la pobreza y de la pésima educación que estamos dando a nuestros hijos. El relato es Macri y el FMI. La imagen es el Titanic hundiéndose y Cristina alejándose en un bote, mientras la orquesta desafinada de los relatores del relato canta en la cubierta “Tráiganme la Pfizer”.Luciano González
La colisión con el iceberg parece inevitable. Que la “autonomía” del Presidente hoy sea algo que está fuera de discusión -aunque nadie lo creé seriamente- significa que antes sí lo estuvo. Que Cristina diga públicamente que la lapicera es de Alberto, es tanto como reconocer que ella se la prestó. Son diatribas discursivas que navegan en la mar de la ambigüedad, como una forma de alejarse de las decisiones del gobierno, pero sin la necesidad de romper formalmente. Ahora es Cristina la que salió del cuarto de comando, y se fue al camarote a esperar un final anunciado, por cuyas consecuencias no quiere ser alcanzada. El problema es que estamos a pocos días de que cambie la composición de la Cámara de Diputados y del Senado que ella preside, y, dentro de los nuevos integrantes se encuentran varios que se caracterizan por su buena capacidad discursiva, como sucede con el cordobés Luis Juez. Serán esos nuevos integrantes del Senado los que se ocuparán seguramente de mantener a raya a la Presidenta de la Cámara, que no tiene voto, salvo en caso de empate. Cristina de directora de orquesta pasará ahora a ocupar un lugar privilegiado en primera fila para ver el espectáculo. Todo un desafío para su carácter.
La Vicepresidenta asumió mucho más rápido que Alberto la pérdida de cinco millones doscientos mil votantes. Una cifra descomunal para un gobierno populista que hipotecó, nuevamente, el futuro de los argentinos, en un intento desesperado por ganar una elección que terminó perdiendo. Se sigue recurriendo al trillado argumento “ah, pero Macri”, sin entender que esa línea de pensamiento es precisamente la que tuvo más peso en la fuga masiva de votos. Macri tendrá sus culpas y le costó perder las elecciones de 2019. Pero nadie se está haciendo cargo del desastre que estamos viviendo actualmente. El Estado nacional es hoy un globo inflamado volando a mil metros de altura a punto de explotar. Un gobierno que hace del déficit fiscal su forma de vida tiene el fracaso garantizado.
El grave problema que tenemos actualmente no pasa por la “política”, sino por los “malos políticos” y la creciente indignación que causan en la ciudadanía. Como toda crisis de credibilidad, siempre tiene un efecto revelador. Nuestro Presidente ha quedado marcado por sus permanentes contradicciones, por decir una cosa y hacer otra (la foto de la fiesta de Olivos, por ejemplo). La sociedad siente hoy un grado mayor de indignación con la casta dirigente. Milei es una consecuencia de ese efecto no deseado de los partidos mayoritarios, llama la atención la cantidad de votos que alcanzó en los barrios carenciados.
La confrontación ideológica a la que nos vemos expuestos a diario incrementa la indignación de la sociedad. Que el ministro Kulfas pretenda justificar una medida de gobierno -que prohíbe la financiación en cuotas tanto de pasajes al extranjero como de hoteles y demás servicios- sosteniendo que “quien se quiera ir al exterior que lo haga, pero que se lo pague” es de una torpeza inusitada. Importa desconocer que las libertades individuales están por encima de los deseos de los funcionarios públicos. No todos los que viajan al exterior son ricos que van en primera clase. La gran mayoría, y más en épocas festivas, lo hacen con el deseo de reencontrarse con sus seres queridos, visitar a los que están transitando los últimos días de sus vidas, o simplemente porque se partieron el lomo trabajando todo el año y decidieron darse el gusto de conocer a Mickey Mouse. Ningún funcionario tiene el derecho a criticar o entrometerse en la vida de los ciudadanos.
También el senador nacional del Frente de Todos por Neuquén Oscar Parrilli, que nos tiene acostumbrados a sus dislates intelectuales, sostuvo: “No es responsabilidad de Cristina Kirchner lo que ocurra con el FMI”… “La clase media no va a poder viajar al exterior porque los dólares tienen que ir para el FMI, esa es la verdad de la milanesa”. Dichos como estos y otros (no nos olvidemos del apriete público que sufrió Nik a manos del Ministro de Seguridad) generan una confrontación ideológica innecesaria entre el servidor “público” y la población a la sirve. Y es precisamente en ese punto donde la ideología como relato discursivo que intenta justificar lo injustificable nos lleva directamente al barro de la batalla ideológica. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero cuando se cumple una función pública se debe triplicar el respeto por el que piensa distinto, a la vez que se cuadruplica la mesura, la paciencia y el diálogo.
La legitimación política que se pretende mediante la confrontación y la agresión no es un camino que nos lleve a buen puerto. Donde se cruzan la impericia con la soberbia nada bueno puede suceder. La sociedad argentina cruje por todos lados. La propia coalición de gobierno tiene sus grietas internas que hacen cada vez más ruido. La oposición tiene lo suyo. Cristina se esconde detrás de las cartas en lugar de dar la cara, aceptar una entrevista y explicar todo lo que deba ser explicado, a la vez que permita que se le pregunte todo lo que debe ser preguntado. Pareciera que hoy no tiene el ímpetu necesario para enfrentar nuevamente una entrevista como la realizada en 2017 porLuis Novaresio.CFK en los estudios de Infobae (2017) – Adrián Escandar
El nivel de nihilismo que se maneja los principales referentes de la coalición gobernante es tan llamativo como suicida. Se pegan un tiro en los pies tras otro. Que Grabois diga públicamente que no cree que Cristina Kirchner “sea el liderazgo del futuro” es una clara señal de la falta de entusiasmo que su actualidad está generando en la población -con las cartas, los tuits y los silencios incluidos-, corroborada por la fuga masiva de 5.2 millones de votos. Cristina sabe que su “figura” ya no es lo que supo ser. Los tiempos han cambiado, pero la soberbia sigue intacta. A pesar de que el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa exprese que “hay Cristina para rato”, resulta una contradicción patente con la realidad de las urnas, y que evidencia el propio Grabois en sus recientes afirmaciones públicas.
La última carta de Cristina es más importante por lo que no dice y omite, que por lo poco que expresa. La realidad de los argentinos va por otros rumbos. Los negacionistas de la crisis actual, también rechazan sus propias responsabilidades. Que hoy tengamos un Presidente de la Nación de la talla de Alberto Fernández es responsabilidad de Cristina, ya que fue su dedo el que lo colocó como candidato, arrastrando los votos necesarios para lograr ese objetivo. Hay muchos temas respecto de los cuales ha guardado un estratégico silencio, pero sobre los que aún nos debe una explicación. No se le escuchó decir a Cristina si vacunarse antes de turno estaba bien o mal. Tampoco se expresó sobre la foto de Olivos. Son demasiados los silencios y eso le quita fundamento a lo poco que dice. Nos debe, a los argentinos, hablar de todo lo que tiene que hablar. De nada nos sirven sus epístolas teledirigidas únicamente a los pocos temas que motivan su interés personal, que por cierto no son los de la gente “común”.
La patética actualidad que vivimos es consecuencia directa del bajo nivel, en general, de nuestra clase dirigente. Argentina es una nación que pierde a diario “perdiendo”. Tenemos más pobres, más indigentes, más inflación, nuestra moneda cada vez vale menos, la emisión es, a estas alturas, absurda. El déficit fiscal pareciera no tener fin. La educación está pasando su peor momento. Pero seguimos escribiendo cartas y discutiendo por los medios afines a un lado y otro de la grieta, para ver quién tiene la razón, cuando en realidad, todos, absolutamente todos, estamos jugando el partido equivocado, ya que la solución de los problemas de nuestra devastada nación pasan por otros caminos, que son precisamente los senderos que la casta dirigente se empeña en no transitar. Un solo ejemplo alcanza para todo: ordenar de una buena vez y para siempre el déficit fiscal importa dejar de gobernar para ganar la siguiente elección y asumir el costo político de hacer todo lo necesario para sacar el país adelante.
Hoy no hay, o no se avizora al menos, que la casta dirigente esté dispuesta a transitar esos caminos. Lo que me recuerda una frase de Ronald Reagan: “No existe bestia en el mundo más peligrosa que un ignorante con poder”.
Al menos cuarenta funcionarios y empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fueron desplazados de sus cargos, reasignados a funciones menores o, incluso, humillados. ¿Motivo? Haber investigado a la familia Kirchner, al holding de Cristóbal López, a Lázaro Báez o al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, y en ciertos casos haber testificado sobre ellos ante la Justicia, según confirmaron a LA NACION seis fuentes al tanto de lo ocurrido durante el último año.
Las represalias abarcaron a personal de la AFIP en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. A algunos les asignaron tareas administrativas. Otros ni siquiera cuentan con computadora o escritorio asignado. Pero todos cumplen una función: sirven de mensaje disuasorio para los restantes empleados del organismo.EL MASSISMO LLAMÓ A “AMPLIAR E INSTITUCIONALIZAR” EL FRENTE DE TODOS DE CARA A 2023
Las represalias llegaron a extremos humillantes. Ese fue el caso de Jaime Mecikovsky, quien ocupó uno de los cargos más altos y sensibles dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. Como subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior lideró las investigaciones sobre los Kirchner y Báez. Lo enviaron al área de “almacenes”, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya jamás sido enviado allí, según reconstruyó LA NACION.
Mercedes Marcó del PontRicardo Pristupluk – LA NACION
Pero la ofensiva fue más allá de Mecikovsky. Alcanzó a contadores, abogados, auditores y hasta un informático. Y en repetidas ocasiones, las represalias conllevaron un descenso escalafonario –con la consiguiente merma salarial-, hasta ubicarlos en el nivel más bajo del convenio laboral. Es decir, como analistas, el rango con que se suele ingresar al organismo.
LA NACION consultó al círculo íntimo de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, con precisiones sobre los desplazamientos, aunque veinticuatro horas después de recibir la consulta, declinaron hacer comentarios. Pero la posición oficial del organismo es conocida: sostiene que hubo un “lawfare” administrativo en contra de la familia Kirchner y figuras representantivas de ese espacio durante la presidencia de Mauricio Macri y que un “grupo de tareas” llevó adelante un “hostigamiento fiscal” contra un grupo de personas y empresas (de lo que se informa por separado).EL GOBIERNO PREPARA UN ACTO Y UN FESTIVAL PARA EL 10 DE DICIEMBRE CON ALBERTO, CRISTINA Y LULA
Los funcionarios y empleados desplazados, sin embargo, comenzaron a reaccionar. Algunos presentaron impugnaciones administrativas a sus traslados, su descenso en el escalafón o sus bajas calificaciones por desempeño, medidas que conllevaron mermas salariales, según verificó LA NACION. Pero fueron rechazados o, incluso, ni siquiera resueltos. También derivó en al menos una presentación judicial, que tramita en los Juzgados Federales con asiento en La Plata.
En el extremo patagónico
En la Patagonia, la purga incluyó a toda la línea que acató la orden que emitió la Justicia Federal de Río Gallegos en 2017. Dispuso que la AFIP analizara las declaraciones tributarias de Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Esa orden provocó una revisión que, a mediados de 2019, derivó en una determinación de impuestos por $ 8 millones.
Con el arribo de Alberto Fernández a la Casa Rosada y Cristina Fernández al poder, llegó la represalia. Terminaron apartados y con sumarios el funcionario a cargo de la delegación Comodoro Rivadavia (y, por tanto, encargado de la fiscalización a los Kirchner), el funcionario que firmó el acto administrativo determinando esa deuda tributaria, la funcionaria que suscribió el dictamen jurídico que refrendó ese acto administrativo y hasta la funcionaria a cargo de impulsar el cobro ejecutivo de los $ 8 millones adeudados.
Lázaro BaezSantiago Filipuzzi – Archivo
No solo eso. La purga también alcanzó a los auditores que evaluaron si el procedimiento había sido correcto o se había registrado un “hostigamiento fiscal” contra la familia Kirchner. Pero fueron desplazados, con merma salarial, tras negarse a firmar las conclusiones del informe final OCV 11-2020, del jueves 25 de junio de 2020, “ajustadas” por la subdirectora general de Auditoría Interna, Gabriela Camiletti, algo que la AFIP negó que haya ocurrido.
En la subdirección general de Grandes Contribuyentes Nacionales, en tanto, la limpieza también llegó tras el traspaso de poder en diciembre de 2019. Alcanzó a los funcionarios que testificaron ante la Justicia sobre el Grupo Indalo o impidieron la licuación en sede administrativa de las acreencias fiscales del holding de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
En esa área, el responsable de las represalias fue Mariano Eloy Abruzzese mientras ocupó el cargo de subdirector general del área, antes de pasar a otra. Hijo de quien fue la interventora del Indec en tiempos de Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Abruzzese barrió con más de veinte jerárquicos del área.
Amado Boudou y Ricardo Echegaray junto a Cristina Fernández de KirchnerDyN
La purga abarcó a los técnicos –contadores y abogados- que analizaron las maniobras tributarias del Grupo Indalo, que radicaron la denuncia penal contra el holding, que testificaron ante la Justicia o que contestaron cada uno de los requerimientos judiciales y elaboraron informes que resultaron determinantes para que la acusación contra Echegaray, López y De Sousa llegara a un juicio oral. Entre otros, cayó el coordinador de la División de Apoyo a la Gestión Penal.
Un dato adicional permite ilustrar el alcance de lo ocurrido: la división que se encargaba de realizar las tareas de investigación en causas penales fue disuelta y todos sus integrantes terminaron en el área de sumarios formales, que se dedica a aplicar multas por incumplimientos de requerimientos. Es decir, un área que por su trabajo –de casi nula relevancia- nunca necesitó más que dos o tres personas. Hoy, al menos seis integrantes de aquella división -que también encaró las investigaciones sobre Ángelo Calcaterra, primo del entonces presidente Macri- terminaron sin tareas y como meros analistas.
Órdenes verbales
A esas barridas se sumó la purga de los superiores de esos contadores y abogados desplazados. Entre esos jefes, quien estaba a cargo de la División Penal de Grandes Contribuyentes Nacionales y confirmó ante la Justicia las conclusiones del Director de Operaciones y el Jefe de Departamento de Investigación. Dato adicional: mientras la AFIP los castigaba, el fiscal del juicio oral, Juan Patricio García Elorrio, convalidó sus testimonios al pedir las condenas de los acusados.
La misma mecánica se repitió con el titular del Departamento de Recaudación de Grandes Contribuyentes Nacionales y también con su superior inmediato –que luego había asumido al frente de la Regional Mercedes-. Los desplazaron y trasladaron a dependencias de menor trascendencia o para las que carecían de experiencia, con el descenso escalafonario al nivel de analistas, merma salarial y órdenes verbales de no asignarles tareas.
Esa purga derivó, sin embargo, en al menos una acción judicial. La radicó uno de los perjudicados, un abogado que como jefe de la División Penal de Grandes Contribuyentes Nacionales declaró en el juicio oral sobre el Grupo Indalo. Inició un expediente por presuntas represalias laborales ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata.
Cristóbal López
Las purgas continuaron. Entre otras, contra quienes determinaron las deudas tributarias del Grupo Indalo, redactaron una serie de dictámenes jurídicos o los ratificaron como superiores jerárquicos, de tal forma que les impidieron a las empresas del holding ingresar a los planes de pago vigentes de la AFIP por encontrarse procesados López y De Sousa, obligando al Gobierno a impulsar una moratoria que la oposición tildó de “hecha a medida” de los empresarios.
La lista continúa. Porque los castigos también alcanzaron a dos funcionarios que desde la Dirección de Grandes Empleadores promovieron denuncias penales sobre empresas del Grupo Indalo por la apropiación indebida de aportes previsionales, acusación por la que López y De Sousa fueron procesados por la Justicia en lo Penal Económico en 2017. Ambos fueron removidos de sus cargos y les asignaron tareas menores en Seguridad Social, bajo el mando de Carlos Castagnetto.
“Ruta del dinero K” y “causa Dengra”
La lista sigue. Similares castigos recibieron los dos abogados de la AFIP a cargo de la querella en la causa en la que se investigaba el delito de lavado fondos de la obra pública. Tras pedir una pena de 8 años de prisión contra Lázaro Báez por “la ruta del dinero K” y terminada la instancia oral del juicio. Ambos fueron apartados de sus cargos y también enviados a Seguridad Social, temática en la que carecen de experiencia.
En algunos casos, sin embargo, la persecución laboral respondió, en parte, a motivos personales. Así ocurrió con funcionarios y empleados que investigaron el “caso Dengra”, en alusión al ex rugbier Serafín Dengra. El ex jugador de los “Pumas” figura en una investigación penal por los presuntos delitos de pedido de sobornos, tráfico de influencias y estafas junto a integrantes del círculo íntimo de colaboradores de Echegaray. Entre ellos, su ex jefe de Gabinete, Rafael Resnick Brenner, quien arrastra un procesamiento confirmado por presunto pedido de coimas en esta causa, además de una condena en el “caso Ciccone”.
Mercedes Marcó del PontIgnacio Sánchez
Dengra y los colaboradores de Echegaray, de acuerdo a las probanzas judiciales, habrían conformado una supuesta asociación ilícita cuyos delitos los investigaron los jueces federales de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y de Comodoro Py, Luis Rodríguez. El avance judicial conllevó allanamientos, detenciones, procesamientos, un juicio oral y la condena de uno de los acusados, Miguel Ángel Lamparelli, quien luego se suicidó.
Tras el cambio de gestión, Mondino encaró, personalmente, a un funcionario de carrera que estaba a cargo de la Sección Penal de un área jurídica del interior del país. Le reprochó su colaboración en la investigación del “caso Dengra”, en la que se había allanado la vivienda que su ex pareja compartía con sus hijos.
La represalia contra ese funcionario comenzó de inmediato. Asignado a la Regional La Plata, lo movieron a tres dependencias distintas en menos de un año: como colaborador en el área Jurídica, luego al de Fiscalización y, por último, al de Determinaciones de Oficio.
En el interior del país
El relevamiento continúa. Las represalias también alcanzaron a otros funcionarios y empleados en distintas regionales del interior mientras que, en contraste, se premió con ascensos meteóricos y mejores sueldos a quienes favorecieron con sus testimonios judiciales a los Kirchner, López, Báez, Echegaray y sus entornos.
Así, por ejemplo, las remociones alcanzaron a los empleados que representaron a la AFIP como querellante en la causa judicial por los supuestos delitos cometidos por Echegaray y el entonces titular de la DGI, Rubén Ángel Toninelli, para proteger a Lázaro Báez. Dos funcionarios que estuvieron a cargo de la Sección Penal por más de una década y que estaban asignados a las direcciones regionales de Mercedes y Santa Fe, fueron castigados, sin asignación de tareas.
En Bahía Blanca, en tanto, la purga afectó a por lo menos seis contadores, abogados y auditores, y a un informático. Así lo definió la nueva directora de la Regional, Silvana Quinteros, estrecha colaboradora de Echegaray, quien promovió a aquellos que no perjudicaron con sus testimonios judiciales a su mentor o a Austral Construcciones.
Ricardo EchegarayArchivo
Mientras tanto, a Mar del Plata –Regional donde se dirimió la pesquisa sobre Báez cuando Echegaray disolvió la de Bahía Blanca-, arribó otro alfil de Echegaray. Horacio Curien recuperó protagonismo y un escritorio en el quinto y decisivo piso de la Regional, junto al despacho del director, aunque en los registros no se haya oficializado.
También fue promovido Juan Pablo Fridenberg, quien estuvo al frente de la Regional Bahía Blanca cuando debió completarse la fiscalización de Austral Construcciones durante la gestión de Echegaray al frente de la AFIP. De hecho, no sólo fue ascendido a director de Planificación Penal del organismo, sino que desde allí absorbió causas penales de relevancia que estaban en otras áreas legales para su exclusivo control y manejo.
“Lawfare administrativo”
Para Mercedes Marcó del Pont, las máximas autoridades de la AFIP durante la presidencia de Mauricio Macri montaron un “grupo de tareas” dentro del organismo que se abocó al “hostigamiento fiscal” de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. También, desplegó maniobras de “lawfare administrativo” en contra de ellos, de empresarios como Cristóbal López y Fabián de Sousa, y de ex funcionarios como Ricardo Echegaray.
En ese sentido, la AFIP radicó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por la presunta persecución a la familia Kirchner que, meses después, registró una ampliación de denuncia. “La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, indicó la AFIP en su presentación.
Esos supuestos hallazgos, abundó el equipo de Marcó del Pont, “dan cuenta de una matriz de persecución” durante el gobierno de Macri que configuraría un “lawfare administrativo”, ya que, entre 2016 y 2019, se habrían desplegados desde la AFIP “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”.
Fabián de Sousa y Cristóbal LópezLA NACION
Cuatro días antes de las elecciones primarias, en tanto, la AFIP le informó a la Justicia federal que desistió de su acusación en contra de López y De Sousa, al sostener que fueron víctimas de “persecución, hostigamiento y arbitrariedades” por parte del gobierno macrista.
“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, planteó la AFIP al explicar su retirada del juicio oral que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
Así, para el círculo de Marcó del Pont, la supuesta existencia de ese “grupo de tareas” como también de prácticas de presunto “hostigamiento fiscal” explicarían, al menos en parte, el desplazamiento de numerosos y funcionarios de la AFIP.EL GOBIERNO SE RESIGNA A ARCHIVAR PROYECTOS CLAVES DE SU AGENDA LEGISLATIVA
En la misma senda, junto a Marcó del Pont rechazaron, semanas atrás, que se haya adulterado la auditoría que concluyó que los Kirchner fueron víctimas de un hostigamiento fiscal. “Las irregularidades fueron identificadas a partir del trabajo realizado a lo largo de un año por la Dirección General Impositiva y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y Auditoría Interna de la AFIP”
“La contundencia de las auditorías es tal que no solo fueron acompañadas con su firma por la máxima autoridad del área sino que fueron suscriptas por todos los funcionarios jerárquicos que fueron designados y se desempeñaron en el área de auditoría durante la gestión macrista”, afirmaron desde el organismo.
En la inauguración de este sábado de la nueva sede del Ateneo Cristina Conducción en Avellaneda, Kirchner realizó el anuncio, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Jorge Ferraresi, y el senador provincial Emmanuel González Santalla.
En su discurso, el titular del bloque oficialista en Diputados confirmó la presencia de Lula a los festejos junto al presidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner: «Hay que reventar en serio la Plaza. Ese día invito al pueblo argentino a que abrace a alguien que como Cristina sufrió la persecución judicial y que volverá a ser presidente del Brasil«.
Máximo Kirchneren la inauguración de la nueva sede del Ateneo Cristina Conducción en Avellaneda
En esa línea, hizo hincapié en el trabajo de la militancia durante la campaña del 2019: «Éramos muy pocos y pocas los que creíamos que se podía revertir. Muchos decían que había Vidal y Macri para ocho años. Ninguno de los que está aquí creía eso y nos pusimos a trabajar para que la provincia y la Argentina fuera gobernada por alguien que representara el proyecto que tiene en el centro a las personas».
«En esta situación de una enfermedad que afectó al país y al mundo uno esperaba mayor madurez de las fuerzas políticas y de los medios de comunicación. Hoy que pueden salir no salen, solo cuando teníamos más de quince mil contagios y los médicos se debatían entre la vida y la muerte de nuestro pueblo salían. Hay cosas que no se pueden hacer pensando si te van a votar o no. Y lo que hicimos fue cuidar a nuestra gente», expresó en relación a la pandemia.
En otro tramo de su discurso, recordó las palabras de Cristina en Avellaneda, cuando el 28 de diciembre de 2017 dijo que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que otro argentino o argentina estuviera en la Casa Rosada a partir del 2019. «Y no fue broma, aunque lo hizo el día de los inocentes. Lo que sí es broma es que digan que ella quiere romper el Frente. Lo que quiere es que la Argentina salga adelante», dijo.
Y concluyó: «Es importante entender y explicar que las cosas no se solucionan de un día para el otro, esto es paulatino, paso a paso. Lo que no puede dominarnos es la ansiedad, pero tampoco puede movernos el posibilismo. La política se hace con la gente no en los párrafos de un artículo de un medio de comunicación. Se hace con los vecinos y vecinas, en las calles».
Vale resaltar, que el acto se da en un momento en el cual el Gobierno nacional busca apoyo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tras un duro revés en las urnas, que fue festejado como un triunfo por el oficialismo, luego de que se lograra reducir la diferencia que se había dado en las PASO.
Massa convocó al Frente Renovador a apoyar negociación del Gobierno con FMI
El referente del Frente Renovador,Sergio Massa, encabezó este sábado un encuentro junto a sus dirigentes bonaerenses del espacio político, con el fin de impulsar una mesa política para «preservar el equilibrio» del Frente de Todos y «preparar el camino de ampliación» de la coalición oficialista de cara a las elecciones de 2023, según informó NA.
El encuentro organizado por el presidente de la Cámara de Diputados en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, tuvo lugar el mismo día en que un equipo de funcionarios se encuentra en Washington, Estados Unidos, para avanzar en un programa con el Fondo. «Vamos a la institucionalización del Frente de Todos (FdT)», dijo Massa, quien a su vez le pidió a su tropa «apoyar al Gobierno en la negociación con el FMI». Se estima que la institucionalización llegue una vez que se concrete la formación de «un espacio de toma de decisiones políticas e institucionales donde estén todos» los partidos que integran la coalición gobernante.
En tanto, la Mesa Ejecutiva Provincial del massismo anticipó que va a convocar a un Congreso Nacional del Frente Renovador para el mes de febrero.
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reunió a su tropa bonaerense en San Fernando.
Como ustedes ya saben, el Gobierno estuvo usando a la evolución del precio del tipo de cambio oficial como “ancla” antiinflacionaria durante gran parte de este año. Complementariamente, hace rato también que viene usando como ancla antiinflacionaria el congelamiento de los precios de los servicios públicos y de algunos servicios privados.
Por otra parte, el salario nominal ha evolucionado por debajo de la tasa de inflación a lo largo del año -con excepción de algunos contados sectores-. Finalmente, en los últimos meses, se le ha agregado a esta receta, el ingrediente del congelamiento de un conjunto de bienes privados.
Con toda esta abundancia de anclas, la tasa de inflación de este año cerrará unos 14 puntos porcentuales por encima del año pasado, en torno al 50% anual.
En este contexto, el presidente del Banco Central indicó, en la semana que pasó “la devaluación del peso se va a acelerar, cuando baje la tasa de inflación…”.
A partir de esta declaración, surge claramente la idea de abandonar el manejo del precio del tipo de cambio oficial como instrumento antiinflacionario. Asimismo, fue anunciado un aumento “segmentado” de los precios de los servicios públicos y no creo que dicho aumento sea acompañado con una rebaja del precio de dichos servicios para el resto de los consumidores. De manera que tampoco servirán estos precios como contenedores de la tasa de inflación.
La CGT, por su parte, recibió al ministro de economía, con la consigna, “no habrá ajuste en los salarios del 2022″.
Con este escenario, se podría pensar, entonces, que el Banco Central está considerando que será la menor emisión de pesos, la política que hará que baje el ritmo de aumento de los precios internos.
Sin embargo, un cálculo razonable de déficit fiscal primario para el próximo año, más los intereses a pagar por la deuda del Banco Central (Leliqs) indica una emisión mínima de 3 billones de pesos, duplicando (antes de absorber con nueva deuda) la cantidad de dinero actual.
Entonces, si el dólar oficial sube por encima de la tasa de inflación, los precios de los servicios públicos se incrementan por encima de la tasa de inflación, los salarios se recuperan en términos reales después de la caída de este año y la cantidad de dinero se duplica, pregunto inocentemente: ¿cuál es el ancla que permite pensar en una baja de la tasa de inflación?
Una de tres: el Gobierno apuesta a una ampliación exitosa del control de precios, o tiene otro plan que no ha explicitado, o no habrá programa antiinflacionario en el 2022.
Veamos. Una generalización del control de precios, como sustituto de un programa fiscal y monetario coherente, más allá de que se intente, fracasa, y dudo que pueda incluirse en el eventual nuevo acuerdo con el FMI.
Dicho sea de paso, el presidente Fernández le pidió al FMI una autocrítica por el fracaso del acuerdo del 2018.
Pero sucede que el programa no fracasó, la Argentina dejó de cumplirlo cuando el resultado de las PASO y la cuasi certeza de que se venía el gobierno de Alberto Fernández desancló las expectativas en torno a la evolución de la economía argentina. Más allá de los cuestionamientos al diseño de ese programa, sería como culpar al nutricionista por no adelgazar al abandonar el régimen.
Resulta contrafáctico pero, quizás, con otro resultado de las PASO, el plan no se hubiera abandonado, y la tasa de inflación que venía bajando del 4,7% en marzo al 2,2% en julio, hubiera seguido convergiendo, con la actividad económica en recuperación. Y, con un triunfo del presidente Macri, se hubiera podido renegociar mejor la deuda con privados, reabrir el mercado de capitales y reconvertir el programa con el FMI, en uno de largo plazo, con compromisos estructurales.
Insisto, no estoy defendiendo el diseño de política del acuerdo del 2018, pero lo cierto es que el plan fue abandonado por la Argentina forzada por el cambio de expectativas derivado del resultado de las PASO.
Obviamente, ignoro lo que dirá la evaluación técnica de mi gran amigo noruego Odd Per Brekk, encargado por el FMI para que obtenga las “lecciones aprendidas” del acuerdo fallido, aunque no creo que haga consideraciones políticas. Sin embargo, si yo formara parte del staff del Fondo, hoy “acusado” del fracaso argentino, me sacaría una foto en el obelisco (el de Washington) con una remera con la inscripción “Ah, pero los Fernández”.
Retomo, descartado el éxito de una ampliación y/o generalización del control de precios, nos queda la alternativa de un plan “sorpresa”, o un no plan.
Si me apura, mi apuesta es que estamos, otra vez, ante un no plan.
En todo caso, estamos ante el proyecto de un cambio gradual de precios relativos a favor del dólar y los precios de los servicios públicos, enmarcado en un posible acuerdo con el FMI, para el cual, como indicó la compañera Kristalina, falta un rato.
Y falta un rato, porque, en realidad, como se trata de precios relativos, ahora que sabemos los que tienen que ganar, hay que elegir los que deben perder. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Y a qué ritmo?
Y sin un respaldo político potente, esta elección no es fácil.
De ahí la dificultad de avanzar en un acuerdo con el Fondo, porque la respuesta a esos tres interrogantes determina el grado de ordenamiento fiscal y monetario, y la política cambiaria que permitiría acumular reservas, en los próximos años, con un escenario internacional menos favorable que el que tuvimos en el año que está terminando.
En síntesis, sin anclas no hay plan antiinflacionario.
Por lo tanto, parte del cierre fiscal será con licuación, y habrá que ver si la coalición gobernante logra un acuerdo para cerrar un nuevo programa con el Fondo, y conseguir que el necesario cambio de precios relativos no derive en un descontrol nominal y en una crisis aún mayor.
“En diciembre los jubilados van a cobrar un 12,11% del aumento trimestral y, como todos los años, van a estar percibiendo el medio aguinaldo”, señaló Raverta en rueda de prensa con los medios que se acercaron a cubrir la inauguración de una nueva oficina de ANSES en Miramar.
“Como lo venimos haciendo desde que asumimos como gobierno, seguimos pensando en cómo llegar, atender y asistir mejor a nuestros jubilados y, es por eso, que estamos evaluando la posibilidad de un bono de fin de año”, agregó.
Una nueva chance al bono para jubilados
Este jueves 2, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti al ser consultada respondió sobre este bono que “no existe esa posibilidad en este momento”.
Este jueves, el Gobierno oficializó un aumento del 12,11% para las jubilaciones y las asignaciones familiares, que rigen desde este mes. Los incrementos se formalizaron por medio de dos resoluciones de la ANSeS, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, el haber mínimo previsional será de $29.061,63, mientras que el haber máximo será de $195.557,26.
En tanto, las bases mínima y máxima quedaron establecidas en la suma de $9.787,95 y $318.103,83 respectivamente, también a partir de este mes. El importe de la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $13.294,37 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $23.249,30.
Las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el tratamiento en el Congreso del “plan plurianual” para llegar a un pronto acuerdo, generan tensiones dentro de las organizaciones sociales vinculadas al Frente de Todos, que hasta ahora apoyaron sin fisuras al presidente Alberto Fernández.
Entre los principales dirigentes del Movimiento Evita, Barrios de Pie, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento de Trabajadores excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), hay opiniones y posiciones encontradas, aun dentro de una misma organización.PUBLICIDAD
En el marco de la serie de reuniones con los principales sectores de la economía antes del envío al Congreso de un “plan plurianual” para refinanciar la deuda con el FMI, el presidente Alberto Fernández recibió ayer a la tarde en la Casa Rosada a los movimientos sociales para aclararles las condiciones que está planteando el Gobierno al organismo de crédito. El encuentro se extendió por casi tres horas.
El jefe de Estado les aseguró que un posible acuerdo con el organismo internacional no estará atado a ajustes, y que no se recortarán partidas presupuestarias destinadas a los programas sociales. Como informó este medio, entre noviembre y principio de diciembre, el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, “reforzó” el presupuesto del área a cargo de Juan Zabaleta con unos $100 mil millones para solventar el pago de un bono navideño de $8.000 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo; el aumento en la asignación que reciben los inscriptos a ese plan por el incremento del salario mínimo vital y móvil; y por la mayor cantidad de personas que perciben el Programa Tarjeta Alimentar. De hecho, en lo que va de 2021 el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social se disparó en un 100%, de los $260 mil millones iniciales pasó a poco más de $500 mil millones.
Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y uno de los presentes en el encuentro con Fernández le dijo a Infobae que los dirigentes sociales le plantearon al Presidente “su agenda” y “la necesidad de que el crecimiento económico sea también redistributivo”. También opinó: “Estamos convencidos de que el 17 de noviembre empezó una nueva etapa, y que el protagonismo de los trabajadores y los movimientos populares es central para lo que viene” .
Ese día, después de la derrota electoral, las organizaciones sociales vinculadas al Frente de Todos, junto a la CGT y La Cámpora, realizaron una masiva movilización para respaldar al Jefe de Estado.
Según el dirigente del Movimiento Evita, Fernández les agradeció el “aporte central en la etapa final de la campaña” que tuvo la militancia social y “reivindicó la movilización popular”.
Infobae pudo saber que en la reunión, de la que también participó Julio Vitobello, el secretario General de la Presidencia, los dirigentes populares le aseguraron a Fernández que van a insistir con la denuncia penal “a los fugadores de dólares producto del acuerdo de Mauricio Macri con el FMI”.
Onorato reveló también que el primer mandatario les aseguró que “el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no está cerrado” y que no va implicar “ajuste y perjuicios a los sectores populares”. “Alberto Fernández nos aseguró que no va a comprometer a nuestro país de forma irresponsable como hizo Macri”, puntualizó el dirigente del Movimiento Evita.
Entre otros dirigentes sociales participaron Emilio Pérsico, uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita y Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, ambos son funcionarios en el Ministerio de Desarrollo Social.
Casi al mismo tiempo que se desarrollaba el encuentro con los actores sociales en la Casa Rosada, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se refirió a la negociación de la deuda por USD 44.000 millones que lleva adelante el organismo multilateral con el gobierno del Frente de Todos. “Todavía hay mucho por hacer”, dijo la economista búlgara y destacó “la importancia de trabajar hacia un programa que mejore significativamente los fundamentos macroeconómicos de Argentina y coloque al país en una senda sólida para recuperarse de esta crisis”.
Posiciones disidentes
Antes y después del encuentro de ayer en Balcarce 50, los principales referentes sociales que abrevan en el Frente de Todos demostraron su reticencia, desconfianza o aceptación ante un posible acuerdo con el FMI.
Una de las expresiones más duras fue la de Juan Grabois, el líder del MTE y uno de los dirigentes sociales de mejor diálogo con Cristina Fernández de Kirchner. “Vamos a tener momentos de tensión por el acuerdo con el FMI”, adelantó y señaló que “la negociación debería ser en términos de estafador-estafado y no acreedor-deudor”, algo que no sucederá.Juan Carlos Alderete, Fernando «Chino» Navarro y Dina Sánchez
“Si yo fuera presidente no acordaría con el Fondo Monetario Internacional. Entiendo que las principales fuerzas políticas de la Argentina van a acordar. Nosotros (por su espacio el Frente Patria Grande) tenemos una pequeña fuerza parlamentaria que va a plantear una pequeña negociación”, dijo en el programa Brotes verdes en C5N y explicó: “Frente a un plan plurianual de garantías para el Fondo Monetario Internacional, tiene que haber un plan plurianual de garantías para el pueblo pobre de la Argentina que incluya, por ejemplo, el salario básico universal para 9 millones de argentinos que no tienen ingresos regulares para superar la línea de la indigencia”.
Hasta ahora el proyecto de ley no prosperó en el Congreso. Fernández tampoco firmó un decreto para imponer ese beneficio, como le sugirió Grabois; por esa razón, el dirigente sostiene que, de no variar esa situación en los próximos días, los diputados nacionales del Frente Patria Grande, Itai Hagman y Federico Fagioli, a quienes desde el 10 de diciembre se les sumará Natalia Zaracho, “no votarán el acuerdo” y remarcó “no cumpliremos con la disciplina del bloque”, del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner.
Otro dirigente popular, y diputado nacional que conforma la bancada oficialistas, le adelantó a Infobae que no votará ningún tipo de acuerdo con el FMI, sin importar el contenido. “La deuda es con el pueblo. No hay posibilidad de salir de la crisis si tenemos sobre nuestra cabeza la bota del FMI y sus recetas de destrucción masiva de la soberanía y la economía nacional”, argumentó Juan Carlos Alderete, el Coordinador Nacional de los Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa.Juan Grabois se mostró contrario a acordar con el FMI. Gildo Onorato entiende que el Gobierno debe «entablar una negociación sin hipotecar el futuro como lo hizo Mauricio Macri». Daniel Menéndez propone no pagar las deuda por tres o cuatro años
“No se puede ser tibio con la usura. Es evidente que le prestaron al gobierno de Mauricio Macri para apretar, no para ayudar”, aseguró. Entiende que “se puede vivir sin el Fondo”.
—¿Lo habló con el jefe de su bloque?, le preguntó este medio.
—Máximo sabe desde hace tiempo que yo no estoy de acuerdo con pagar la deuda ilegítima tomada por el gobierno de Macri. La gente tiene que saber cómo se endeudó el país, para qué Macri nos endeudó de semejante manera y dónde fue esa plata. Hay que investigar todo eso. Yo ya le dije al bloque que no voy a votar el plan plurianual. Ya se los dije, no tengo nada que ocultar. En la sesión voy a argumentar por qué no voto el acuerdo con el FMI. Tampoco voy a votar el Presupuesto 2022 porque hay ajuste en educación. Yo no milito por el ajuste.
Alderete y Grabois fueron dos de los dirigentes que el jueves se manifestaron frente al Congreso para exigirles a los legisladores oficialistas y de la oposición que habiliten una sesión para tratar seis leyes de la economía popular, como la de Envases. Hasta ahora no tuvieron respuesta.El Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda ya se manifestaron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires contra un posible acuerdo con el FMI
En un sentido similar se manifestó Dina Sánchez -que ayer tampoco estuvo en la reunión con Fernández al igual que Grabois- integrante de la mesa directiva de la UTEP y coordinadora Nacional del Frente Darío Santillán: “La mayoría de los votos que conformaron el Frente de Todos quieren enfrentar al Fondo Monetario como un estafador, y no como un acreedor simple”, apuntó al ser consultada por este medio. Y agregó de manera tajante: “No hay que pagar un solo dólar que se haya vendido para financiar la formación de activos en el exterior. Ese dinero ingresó violando el estatuto del FMI y eso tiene que ser parte de la negociación”.
Para la militante feminista “en lo inmediato, nuestra tarea es garantizar la inversión pública hacia los trabajadores y trabajadoras de la economía popular” y precisó que los movimientos populares que ella representa están en una etapa de lucha económica, que desde luego está vinculada a lucha política: “Eso se puede expresar a través del salario universal, que es nuestra reivindicación programática. Hace falta un mayor nivel de inversión social, priorizando a los sectores organizados”.
El Movimiento Evita es la organización social más grande y que salió a la calle a apoyar a Alberto Fernández cada vez que lo necesitó. Sus dos dirigentes y funcionarios más conocidos, Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, se manifestaron demanera tajante ante la posibilidad de un acuerdo con el FMI.
—¿El Movimiento Evita apoya o no apoya la negociación del Gobierno con el FMI y un posible acuerdo?, le preguntó a Navarro este medio.
—Apoyamos toda negociación que nos permita crecer
Pérsico, en cambio, no está de acuerdo con comenzar a pagar las acreencias ahora. “Lo que tenemos que negociar son tres años de pagar lo menos posible o no pagar nada por ese tiempo para que la Argentina crezca. Es un no pago negociado por 3 años para crecer”, le dijo a Radio Gráfica.Emilio Pérsico, del Movimiento Evita: “Lo que tenemos que negociar son tres años de pagar lo menos posible o no pagar nada por ese tiempo para que la Argentina crezca; es un no pago negociado por 3 años para crecer»
Dentro de ese mismo espacio, Gildo Onorato, también secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), opinó ante Infobae que Fernández debe “entablar una negociación con el FMI” pero “sin hipotecar el futuro como lo hizo Mauricio Macri” y entendió que lograr ese tipo de acuerdo “es responsabilidad del conjunto que hace al Frente de Todos”.
Sobre la manera de encarar las negociaciones, que comenzarán en las próximas horas, Onorato aseguró: “Confiamos en el Presidente y sus colaboradores en el marco de una crisis severísima y profunda. A pesar de todo se inicia una etapa que abre esperanzas para modificar la estructura productiva, democratizar y desconcentrar la economía”.
“La deuda es impagable y sabemos que tienen condicionantes que son de dudosa legalidad. Por eso, el objetivo del acuerdo con el FMI debe ser postergar los pagos tres o cuatro años”, propone desde Barrios de Pie Daniel Menéndez, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. “Hay que estar preparados para confrontar las medidas de ajuste que en los próximos diez años intentará imponer el Fondo Monetario Internacional como hace siempre”, agregó.Esteban «Gringo» Castro propuso movilizarse porque viene un combate muy duro que es el acuerdo con el Fondo Monetario”
Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la UTEP y también dirigente del Evita y del Movimiento Misioneros de Francisco, suele ser un dirigente social muy escuchado dentro de su espacio, pero también por el presidente Fernández. Con la mesura que lo caracteriza, primero entendió que las organizaciones sociales “necesitan cada vez más unidad” y después aconsejó: “Hay que movilizarse porque viene un combate muy duro que es el acuerdo con el Fondo Monetario”. Castro entiende que en la calle es dónde se le demostrará al jefe de Estado el apoyo que tiene desde las organizaciones de la economía popular nucleadas en la UTEP pero con expresiones políticas propias, dentro y fuera del Congreso.
Como se ve, dentro de los espacios de poder que conforman a los movimientos sociales alineados a la Casa Rosada no hay un pensamiento hegemónico de cara al tratamiento en el Congreso del “plan plurianual” ni frente a un posible acuerdo. El hecho tiene valor ya que todos los dirigentes aseguran que, a pesar de las disidencias, las “orgas” continuarán alineadas a las políticas que decida Alberto Fernández.El 17 de noviembre, el Día de la Militancia, los movimientos sociales marcharon en apoyo al Gobierno después de la derrota electoral del 14 de ese mes (Nicolás Stulberg)
La reunión de ayer en Balcarce 50 sirvió para pulir algunas asperezas aunque no todos estuvieron presentes. El MTE de Grabois no asistió al encuentro, tampoco el Frente Popular Darío Santillán, dos de los espacios más críticos ante un posible acuerdo con el FMI.
La última vez que los recibió Fernández fue antes de las elecciones generales del 14 de noviembre, cuando le comunicaron que marcharían a su favor después de los comicios. Así lo hicieron, hace dos semanas, en la movilización por el Día de la Militancia del 17 de noviembre, en la Plaza de Mayo, después de la derrota en las elecciones generales que el Gobierno buscó presentar como un triunfo por la remontada con respecto a las PASO.
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Juan Grabois se mostró contrario a acordar con el FMI. Gildo Onorato entiende que el Gobierno debe «entablar una negociación sin hipotecar el futuro como lo hizo Mauricio Macri». Daniel Menéndez propone no pagar las deuda por tres o cuatro años:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/QH3FVEG65FCF3COMSPIZ5Q3H64.jpg%20420w)
El Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda ya se manifestaron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires contra un posible acuerdo con el FMI:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4QYILYCGZRE75LN6OL2A5BSLDY.jpg%20420w)
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita: “Lo que tenemos que negociar son tres años de pagar lo menos posible o no pagar nada por ese tiempo para que la Argentina crezca; es un no pago negociado por 3 años para crecer»:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FYXLXG4WGRDG7CDANO72Q7BJFQ.jpg%20420w)
Esteban «Gringo» Castro propuso movilizarse porque viene un combate muy duro que es el acuerdo con el Fondo Monetario”:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VJZMLS76TBBBLNTEO46VRYLW3U.jpg%20420w)
El 17 de noviembre, el Día de la Militancia, los movimientos sociales marcharon en apoyo al Gobierno después de la derrota electoral del 14 de ese mes (Nicolás Stulberg)