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La despenalización del consumo personal de cannabis volvió a ponerse en agenda luego de los fallecimientos en la región metropolitana por el uso de cocaína adulterada y el tema llegó al Congreso a través de un proyecto de ley de la diputada entrerriana del Frente de Todos Carolina Gaillard, que viene trabajando en la cuestión de manera sostenida. 

Tal como sucedió con el proyecto de interrupción legal del embarazo que se convirtió en ley a finales de 2020, se trata de una cuestión que atraviesa a los distintos partidos políticos de manera transversal y ya se hay sucesivas iniciativas presentadas, que vuelven a tomar fuerza de manera periódica. 

Lo cierto es que todavía el Congreso no dio ningún paso en este aspecto e incluso se encuentra en un estadío anterior, ya que aguarda la aprobación definitiva del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular el cultivo de cannabis medicinal, que cuenta con media sanción del Senado y que fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias para lograr que se convierta en ley. 

«La legalización del cultivo va a permitir que el consumidor no vaya al dealer y eso es fundamental para reducir los índices de violencia y la tasa de delito», explicó Gaillard en relación a su proyecto, que también tiene las firmas de Mónica Macha Blanca Osuna Verónica Caliva María Rosa Martínez Carolina Yutrovic Jimena López, Mabel Caparrós Lucila Masin Mara Brawer y de Itaí Hagman, el único hombre que suscribió la iniciativa.

La legisladora indicó además que «debemos abordar las adicciones sin tapujos. El adicto no es un delincuente sino una persona que sufre una enfermedad y debemos abordarlo cómo tal», indicó en declaraciones a la prensa. 

En una nota de opinión publicada en PERFIL, la diputada Brawer citó que «los números dicen que en Argentina, cada 50 minutos se detiene a una persona por tenencia de drogas, en su amplia mayoría con cantidades ínfimas. A su vez, son personas de muy bajos recursos las que engrosan las estadísticas de los momentos “exitosos” de esta guerra».

«Es imprescindible transmitir la idea de que penalizar al consumidor (pobre) es la excusa perfecta para no ocuparse del narcotraficante», insistió la legisladora.

El propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reconoció que la despenalización puede representar una alternativa frente al avance del narcotráfico y las adicciones. 

«La marihuana será el reemplazo natural del tabaco», dijo Berni.

“Los argentinos tenemos que discutir nuevos paradigmas y buscar las mejores políticas públicas para luchar contra el narcotráfico, porque evidentemente las políticas de lucha contra el narcotráfico han fracasado en el mundo”, indicó Berni el pasado miércoles, en línea con un posible cambio en la mirada oficial.

Qué dice el proyecto

La tenencia de cannabis no será punible para aquellos casos de consumo personal que fue fijado en hasta «40 gramos de flores y el cultivo domiciliario de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo».

El texto además indica que aplica «cuando de las circunstancias surja que su destino es medicinal, terapéutico y/o paliativo, para consumo personal o de un tercero para quien se cultiva, almacena o produce solidariamente. 

Otro de los ejes de la normativa es que establece que «en ningún caso será punible el médico u otro profesional autorizado para recetar, cuando las prescripciones, suministros o entregas recaigan sobre cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo», al tiempo que elimina el artículo que impone tratamiento de desintoxicación y rehabilitación para quienes consuman.

El Gobierno confirma que prepara un proyecto de ley para despenalizar la marihuana

En los fundamentos del proyecto, que toma la experiencia de otros países del mundo, explica que «se propone eliminar y disminuir los efectos negativos de la criminalización cuando las conductas cuya dañosidad no trasciende la esfera de lo privado o no configura delitos violentos» y también marca que el avance «contempla la racionalidad y eficacia de los recursos estatales», es decir que no se dispone presupuesto ni recursos operativos para perseguir al consumidor. 

También abarca el aspecto social al mencionar que «las personas detenidas que suelen ocupar las cárceles por infracción a la ley de estupefacientes, provienen de clases populares, carecen de empleos formales e instrucción básica», así como la verificación de un «aumento sostenido de mujeres y disidencias sexuales que son privadas de la libertad por este delito.

Fuente: Perfil.com

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) enviaron una carta a la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP), para manifestar su preocupación frente a la situación que se encuentran atravesando las empresas en relación al proceso de evaluación de su Capacidad Económica Financiera (CEF), un mecanismo que lleva adelante el ente recaudador.

“En las últimas jornadas, nuestra entidad recibió crecientes planteos de numerosas firmas y cámaras asociadas, respecto al mecanismo al cual son sometidas las empresas para establecer el coeficiente que tendrán durante el próximo mes, con el que deberán afrontar la posibilidad o imposibilidad de oficializar licencias de importación (SIMI) y los pagos al exterior; y a los bajos importes autorizados”, explicó la carta de la CAC dirigida a Mercedes Marcó del Pont.

La entidad recibió planteos respecto al mecanismo al cual son sometidas las empresas para establecer el coeficiente con el que deberán afrontar la posibilidad o imposibilidad de oficializar licencias de importación

“Actualmente no son conocidos por los contribuyentes cuáles son los parámetros que estipula la AFIP para otorgar el cupo, el cual en muchas ocasiones resulta escaso, ocasionando un perjuicio significativo. Vale agregar que esta situación es especialmente gravosa para las nuevas empresas sin historial de pagos al exterior ni operaciones de comercio internacional”, agregó el texto, firmado por Natalio Grinman, presidente de la cámara que agrupa a comercios y pymes.

Por eso, desde la CAC pidieron a la AFIP una mayor trazabilidad y mecanismos más flexibles para la conformación del CEF, para que estén acordes con las necesidades de las empresas. “Esto evitaría obstaculizar aún más las importaciones, en especial de insumos y materias primas esenciales para la actividad productiva, imprescindibles para sostener la recuperación que en los últimos meses registra la economía nacional, tras el severo impacto que significó la recesión iniciada en 2018 y la pandemia aún en curso”, señalaron.Los empresarios piden más transparencia sobre el mecanismo para determinar su capacidad financiera (Foto: AFIP)

A fines de enero pasado, las empresas detectaron dificultades para acceder a los sistemas de la AFIP y reclamaron que el Gobierno modificó sin explicación los criterios para permitir el acceso a los dólares para compras de insumos o bienes en el exterior. Desde el Poder Ejecutivo, en tanto, respondieron que el sistema de habilitaciones fue ajustado después de que detectaron que algunas empresas aumentaron “de forma desmedida” sus importaciones.

En un contexto de escasas reservas en el Banco Central, la tensión entre importadores y el Gobierno no es novedad. Pero desde las empresas consideran que se intensificó en febrero. Las quejas de las firmas que traen del exterior desde insumos hasta bienes terminados apuntan al primer eslabón de la cadena de permisos para tener divisas a precio oficial.

El Gobierno suele reclamar ciertas proyecciones de inversión a las empresas para abrir la canilla de dólares a precio mayorista, un filtro para determinar hacia qué empresas o sectores fluirán o no las divisas

El circuito para ingresar al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) incluye autorizaciones en el ministerio de Desarrollo Productivo, la AFIP y el Banco Central. El Gobierno suele reclamar ciertas proyecciones de inversión a las empresas para abrir la canilla de dólares a precio mayorista, un filtro para determinar hacia qué empresas o sectores fluirán o no las divisas.

El primer paso para desandar ese camino tiene lugar en el organismo tributario. La AFIP tiene para cada empresa una cifra -expresada en pesos- permitida para acceso a divisas que surge del cálculo de lo que se conoce como Capacidad Económica Financiera (CEF). Las empresas aseguran no tener conocimiento de cómo y con qué criterios puede llegar a modificarse esa primera ecuación, pero sí que cada principio de mes puede haber alguna novedad en el sistema, principalmente una actualización del tope permitido.

Fuente: Infobae.com

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá este jueves 10 de febrero para comenzar a delinear lo que esperan que sea un «manual de convivencia» para evitar que las diferencias internas que suelen surgir sigan siendo cismas que cada vez que afloran parecen poner en riesgo la unidad. El caso FMI y la negociación que se viene en el Congreso estará en el centro del debate como un ejemplo a seguir.

Hablarán sobre las diferentes mesas que se conformarán y sus integrantes, cómo será la toma de decisiones y cuál será la forma de coordinar con los bloques legislativos, que son hoy el principal órgano de política concreta que tiene el espacio además de los cuatro gobernadores.

Pero sobre todas las cosas, quieren debatir cara a cara cómo será la comunicación de JxC para evitar que opiniones personales o de determinados sectores terminen instalándose mediáticamente como la voz del conjunto.

La semana pasada eso fue el eje de la tensión en el zoom que mantuvieron los miembros de la Mesa Nacional, con radicales y lilitos (y silenciosamente algunos macristas) coincidiendo en las críticas a Patricia Bullrich (respaldada por Mauricio Macri) por salir a plantear una estrategia de cara a la negociación por el acuerdo con el FMI que no había sido acordada. “Nos quieren llevar de las narices”, razonaban.

“Vamos a volver al esquema de vocerías”, anticipa una de las fuentes del espacio. Así, después de cada reunión de la Mesa se definirán quiénes serán los elegidos para dar la posición públicamente. ¿Cómo hacer para evitar que haya dirigentes que quieran fijar su postura en los diferentes temas? “Es inviable”, señala otro dirigente, «lo importante es que esas posturas después lleguen a la mesa ejecutiva y sinteticemos». “Tendrán que ser presentadas como posiciones personales o de un partido, pero no de JxC”, aclara otro.

En JxC avanzan con la idea de abstenerse pero podrían tener una traba formal

El encuentro está convocado para las 13 en el salón La Escondida de Olivos. Hasta allí llegarán los presidentes de las 4 fuerzas (Bullrich, Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro y Miguel Pichetto), los gobernadores (Horacio Rodríguez Larreta, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez), el ex presidente Macri, los referentes legislativos (Alfredo Cornejo, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan López) y Martín Lousteau (por la UCR) y Maricel Etchecoin (por la CC-ARI).

Al PRO le falta definir dos nombres que podrán sumar a la Mesa Nacional y al radicalismo uno, debido a que ya designó en ese lugar a Lousteau. Habrá que seguir las negociaciones en la UCR para unificar los bloques de diputados para ver si el senador mantiene ese puesto o las internas radicales lo dejan afuera como vienen advirtiendo algunos dirigentes.

Los tres bloques que tendrá la reunión de la Mesa Nacional de JxC

Está planificado que el encuentro dure 5 horas y se divida en tres bloques: “El equipo”, “Las reglas” y “La coyuntura”. Antes de eso, tendrán que terminar de definir cómo se van a sentar. Los presidentes en una cabecera y aún es motivo de discusión cómo queda el resto, si al azar o en ubicaciones dispuestas previamente.

A cada uno de los miembros de la mesa le llegó la invitación con el temario. El primer bloque es el más amplio en cómo se puede dar la charla. “¿Cómo llegamos a este encuentro? ¿Qué expectativas tengo de este espacio? ¿Qué me gustaría corregir o cambiar? ¿Qué propongo para mejorarlo? Puesta en común. Convivencia”, es el detalle explicativo del bloque El equipo. ¿Sacarán a limpiar los trapitos sucios o primará la diplomacia? “Tenemos que hablar de los errores cometidos”, asegura uno de ellos.

Juntos por el Cambio rearma su mesa y busca mejorar la toma de decisiones

El bloque de Las reglas se espera que sea el más resolutivo. Bullrich, Morales, Ferraro y Pichetto estuvieron elaborando un documento con ese “manual de convivencia”. “Reglas de funcionamiento. Espacios de trabajo y procesos: mesa nacional, toma de decisiones, mesa federal y mesas provinciales JxC, coordinación legislativa y programática. Comunicación”, dice el temario.

La mesa federal y la toma de decisiones

Esa mesa federal, por ejemplo, es una de las cuestiones que quedará institucionalizada a partir de este encuentro. Buscarán darle espacio a los partidos que no están representados en la Mesa Nacional pero también a dirigentes de las provincias que quedaron bien posicionados, como Rogelio Frigerio o Carolina Losada. Ricardo López Murphy, Luis Juez, Margarita Stolbizer, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Alberto Asseff, por ejemplo, son algunos de los referentes que la integrarían.

En la institucionalización de JxC también está previsto que haya un mecanismo de toma de decisiones por mayorías. El tema FMI probablemente sea el primero donde ese esquema sea puesto en funcionamiento. Sin embargo, ya hay quienes piensan que quizás no todo el espacio termina votando de la misma manera.

Precisamente, ese promete ser el tema preponderante en el tercer y último bloque, según anticipa la invitación: “Coyuntura política actual, posiciones frente a los próximos desafíos”. La UCR y la Coalición Cívica ya salieron a plantear que debían colaborar para que haya acuerdo y se evite el default. Los sectores más duros del PRO (y también del radicalismo) siguen planteando sus reparos con que un sector del kirchnerismo termine abriéndose y votando de manera diferenciada. Por ahora seguirán esperando la letra chica del acuerdo, pero a la hora de fijar posiciones se verá si la institucionalización de JxC funciona o las diferencias siguen aflorando.

Fuente: Perfil.com

La portavoz del gobierno nacional Gabriela Cerruti protagonizó una acalorada conferencia de prensa en donde defendió los gestos del Presidente en la reciente gira internacional especialmente en China, donde Fernández rindió pleitesía a Mao y al Partido Comunista.

En el primer tramo del encuentro con los periodistas acreditados en Casa Rosada, la funcionaria negó que el jefe de Estado haya elogiado a los líderes de Rusia y China durante el viaje y desafió a que le leyeran cuáles habían sido las muestras de afecto. Ante las repreguntas, terminó justificando los honores e incluso recordando que Mauricio Macri había hecho algo similar.

“Mao es un líder histórico y cualquier presidente que llega a China hace un reconocimiento a Mao porque es un líder histórico”, aseguró. Y planteó: “Mao es un líder que ha sido revisado y revistado por la literatura y la ciencia política; o forma parte de la discusión internacional si se le hace un reconocimiento cuando se llega al país”.0 seconds of 4 minutes, 27 secondsVolume 90%

La funcionaria aseguró que el Presidente no va a pedir disculpas por afirmar que comparte la filosofía política del Partido Comunista China que carga en su historia con denuncias de violaciones a los derechos humanos y decisiones que provocaron grandes crisis sociales y millones de muertes.

Bryan Mayer, periodista de El Litoral, preguntó puntualmente si la Argentina tenía previsto modificar su sistema político, lo que provocó una confesión de Cerruti sobre el régimen de Xi Jinping disfrazada de ironía: “¿Usted me está preguntando si vamos a dejar de ser demócratas porque el Presidente viajó a China?”.

Durante su encuentro con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, Alberto Fernández elogió la revolución iniciada por Mao Zedong en 1949 y reveló que comparte la mirada ideológica del Partido Comunista chino. Las opiniones del Presidente fueron difundidas por la televisión estatal de China, y omitidas en la información oficial que se transmitió desde Beijing.0 seconds of 1 minute, 8 secondsVolume 90%

Mao Zedong llegó al poder en 1949, y desde momento protagonizó una proceso revolucionario atravesado por masacres, exilios y censura constante.

Mao asumió que la economía de China había quedado rezagada a nivel global y en 1957 impuso el Gran Salto Hacia Adelante. Con este proyecto, el Gran Timonel eliminó la propiedad privada de la tierra, diseñó un modelo de trabajo forzado y ordenó un sistema intensivo de producción agrícola.

Fue una tragedia: 45 millones de chinos murieron de hambre.

Años más tarde, cuando las fosas comunes aún no había sido cubiertas de tierra, Mao puso en marcha la Gran Revolución Cultural. Inició en 1966 y significó una purga política que terminó con más de 15 millones de personas muertas. Zedong pretendió “erradicar” a los burgueses infiltrados en el sistema de producción china, y ejecutó una masacre que no está contada en el museo del Partido Comunista que elogió Alberto Fernández.

La represión ilegal no terminó con la muerte de Mao. En junio de 1989, el régimen comunista asesinó a más de 2.000 mil chinos que llegaron a la Plaza Tianammen para exigir por su libertad. Fue otro hecho trágico que Xi omite en la historia oficial del Partido Comunista.

Sin quejas de los Estados Unidos

Durante una reunión con Vladimir Putin, el presidente Fernández dijo que quiere dejar atrás la dependencia con los EEUU y ofreció la Argentina como la puerta de ingreso de Rusia a la región.

Esta nueva orientación política prorusa y los gestos en China generaron un malestar en el Departamento de Estado en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, según pudieron confirmar Infobae y otros medios.

La portavoz desconoció esta información y luego de criticar el trabajo periodístico, contestó: “No hemos escuchado hasta ahora una posición oficial de los Estados Unidos que diga que esto ha causado malestar. No vamos a responder rumores, mucho menos cuando esos rumores quieren dar cuenta de algo tan importante como la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.0 seconds of 18 secondsVolume 90%Alberto Fernández le dijo a Putin que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande con Estados Unidos y el FMI

FSuente: Infobae.com

El reciente viaje del presidente Alberto Fernández a Rusia, China y Barbados deterioró significativamente la relación de la Argentina con el gobierno de Estados Unidos, desde donde expresaron su “preocupación” y malestar por las señales políticas y las declaraciones que marcaron la gira.

En Washington remarcan sus diferencias con la decisión presidencial de visitar Moscú en plena crisis sin pronunciarse sobre la integridad territorial de Ucrania. También con la adhesión argentina a la Ruta de la Seda que impulsa Pekín. Pero lo que más afectó fueron las declaraciones de Fernández cuando dijo que EE.UU. no estuvo entre los países que ayudaron a un acuerdo con el FMI.

“Honestamente nos preocupa cuando funcionarios del gobierno argentino sugieren que estamos asépticos o indiferentes a la estabilidad económica del país o a la crisis de salud pública”, señaló un funcionario de alto rango del Departamento de Estado en diálogo con LA NACION. Aunque asegura que seguirá apoyando al país, admite que fue “inoportuno” y advierte que “hay una responsabilidad del gobierno argentino en reparar el daño” generado por estas afirmaciones.

“Hay amigos de la Argentina en el gobierno de Estados Unidos que trabajan muy duro para persuadir a los que son escépticos sobre el compromiso con la Argentina. La aparente falta de apreciación sobre lo que representa la crisis en Ucrania y los comentarios realizados hacen que este trabajo sea más duro”, completó el concepto el funcionario de la administración de Joe Biden.

En Washington tomaron nota del tono discursivo que mantuvo Alberto Fernández a lo largo de todo el viaje, regado con gestos y frases contra el FMI y Estados Unidos. Lo primero fue el agradecimiento que el Presidente le hizo a Rusia por la provisión de vacunas, destacando que fueron los únicos que acudieron en auxilio de la Argentina. “Recuerdo el trabajo que hicimos en julio pasado para donar 3,5 millones de vacunas a la Argentina en un momento en el que los contratos con Rusia no llegaban a completarse, por el atraso en el abastecimiento y había una gran necesidad en el país. Ahí decidimos contribuir con donaciones, no en contratos comerciales”, señala el funcionario consultado. Y cuando se le pregunta por qué cree que Fernández lo hizo, responde con diplomacia: “Creo que cuando la gente señala que los hechos son distintos no están prestando atención o están enfocando la atención en otra dirección”. Varias veces repetirá que es “una lástima” que se incurran en estas reescrituras de los hechos.

De la escala rusa también molestó que no se hiciera mención a la situación de Ucrania, cuando la Argentina acaba de asumir la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Ucrania es un tema de profunda preocupación por el papel desestabilizador de Rusia en Europa y las amenazas a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Y Argentina que asumió la presidencia de tan importante organismo, tiene una responsabilidad especial para plantear temas difíciles ante la comunidad internacional y defender principios universales para promover la seguridad internacional”. Una factura para el silencio de Alberto sobre el tema. Peor aún, la fuente vinculó la frase “yo, argentino” surgida como expresión de prescindencia en el contexto de la Primera Guerra Mundial. “Es importante recordar también en la Casa Rosada que la seguridad a las amenazas a una posible guerra en Europa es un prioridad importantísima para nosotros”.

En Rusia Fernández también hizo la primera mención hostil hacia Washington. Allí dijo: “Yo estoy empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con Estados Unidos”. Esa línea discursiva la retomó después en Barbados, cuando señaló: “He leído que le he mordido la mano a quien me ayudó… ¿A quién me ayudó? A mí con el Fondo me ayudaron los países europeos, me ayudó China, me ayudó Rusia, los países americanos y paro ahí. Sé quién hizo mucho para que ese préstamo sea dado. Eso sí lo sé, el gobierno anterior de EEUU. No lo digo yo, lo dice el Fondo”.

Esta frase fue la que más impactó en el gobierno de Biden, porque habían interpretado que el preacuerdo con el FMI había marcado un punto de confianza con la Argentina. “He escuchado comentarios diciendo que no participamos en apoyar las negociaciones entre Argentina y el FMI, y hemos hecho esfuerzos para facilitar esta negociación porque entendemos la importancia para el futuro de los argentinos. Ahora la iniciativa esta con los argentinos y con sus gobernantes”, expresó el funcionario del Departamento de Estado. Y después, para que quedara más clara aún su posición, agregó: “Hicimos un trabajo importante y consultas constantes y regulares con oficiales del FMI, del gobierno argentino y de otros gobiernos para asegurar que cualquier acuerdo fuera creíble y sostenible”.

Dice entonces que el gobierno de Estados Unidos “nunca va a entrar en juegos o chicanas sobre la estabilidad económica en nuestro hemisferio o con la salud pública”.

Un dato importante que el funcionario resaltó en varias ocasiones fue la necesidad de llegar a “un acuerdo final” con el FMI, una expresión destinada a subrayar la necesidad de que se avance en el plano técnico, en el cual entiende que su gobierno no tiene intervención, para que lo aprueben el board del Fondo y el Congreso argentino.

A pesar de todos los señalamientos y mensajes, el gobierno de Estados Unidos dice que sigue totalmente comprometido con una resolución exitosa del acuerdo. “Si hay una preocupación de que las declaraciones públicas de las últimas semanas en relación a nuestra posición vayan a afectar negociaciones, quiero corregir esta impresión, no es la manera de operar del gobierno de Estados Unidos”, aclara. Y repetirá varias veces que la administración Biden “quiere que Argentina salga de su actual crisis económica, y que se llegue a un acuerdo final con el FMI para implementar un programa creíble y sostenible”, dos términos repetidos como un mantra.

El último capítulo de los cuestionamientos apuntó contra la adhesión de la Argentina a la Ruta de la Seda. “Nos preocupa la posibilidad de un aumento de uso de tecnología nuclear civil china -poco probada además- en la Argentina, que pone en riesgo tantas décadas de inversión en la tecnología doméstica. Es una lástima entrar en una situación así porque los proyectos de la Ruta de la Seda tienden a favorecer a las empresas vinculadas al gobierno chino, con prácticas anticompetitivas y afectadas por la corrupción”.

Para los que sostienen que en Estados Unidos no siguen de cerca los movimientos del Gobierno, el Departamento de Estado dejó en claro que no pasó por alto el periplo de Alberto Fernández. También, que espera algún gesto de reparación de la Casa Rosada.

Jorge Liotti

Fuente: La Nación

Este jueves 10 de febrero se conocerá el nuevo aumento que regirá a partir de marzo para jubilados, pensionados de ANSES, así como a beneficiarios de la Asignación Univeral por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Algunos especialistas en el área estiman que el nuevo índice estaría en el orden del 11,48% con lo cual el aumento se situaría en un piso del 11,5% al 12%.

Este será el primer aumento del año, regirá hasta el 31 de mayo y lo recibirán los jubilados y pensionados, además de los beneficiarios de asignaciones universales por Hijo y Embarazo.  La suba abarca también las pensiones no contributivas y la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), por lo que se estima que abarcará a cerca de 18 millones de personas.

A las 16 horas se conocerá finalmente el índice que comenzará a regir desde marzo próximo, acorde con lo establecido por la Ley de Movilidad.

ANSES prorrogó hasta fin febrero 2022 la suspensión del trámite presencial de «fe de vida»

La fórmula jubilatoria que rige en la actualidad las subas de los haberes y las prestaciones surge de la fórmula de movilidad que combina una mitad de la variación trimestral de los salarios, según el RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables que elabora Seguridad Social) y el Índice de Salarios del INDEC, de ambos el mayor.

La otra mitad de la fórmula se compone de la variación interanual trimestral de la recaudación impositiva por beneficiario que va a la Seguridad Social.

El índice salarial del INDEC de febrero aún no fue publicado (se difundirá el próximo jueves), en tanto que la suba trimestral del RIPTE fue del 9%

Una a una, cómo quedarían las prestaciones de ANSES con 12% de aumento en marzo

Tal como analizó para Perfil Tamara Bezares, abogada especialista en temas de empleo y columnista del programa Tiempo Real Cronica HD; «creemos que el aumento estará en el orden del 12%». 

Quiénes pueden acceder a la pensión vitalicia ANSES para familiares de víctimas por Covid

En el desglose de cómo querdarían los haberes de aplicarse ese porcentaje de suba, Bezares explicó que:

• el haber mínimo llegaría a $ 32.549, mientras que
• el haber máximo se elevaría a $219.023. 
• la Pensión Adulto Mayor ascendería a $26.039,
• la Pensión por invalidez a 22.748;
• la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo a $6358 y
• la AUH por discapacidad a $20.713. 

Anuncio del nuevo aumento a los jubilados para marzo

Esta tarde, a las 16 horas se conocerá el índice que comenzará a regir desde marzo próximo, como lo indica la Ley de Movilidad. Se espera que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, realice el anuncio luego de conocerse el índice oficial.

Fuente: Perfil.com

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este jueves que la decisión del gobierno nacional de traspasar el servicio de colectivos a la órbita porteña es un nuevo ataque de la Casa Rosada.

“Es una muestra más de los embates, un avance sobre la autonomía de la Ciudad. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación”, describió el mandatario durante un acto en el Centro de Monitoreo Norte del Anillo Digital ubicado en el límite entre CABA y Vicente López, en el que se anunciaron mejoras en materia de seguridad.

Según anticipó Infobae, el Ministerio de Transporte convocó a funcionarios porteños para empezar a negociar el traspaso de las 34 líneas de colectivos cuyo recorrido comienza y termina en la Capital Federal. Detrás de la decisión política, hay una discusión sobre qué administración se hará cargo de los subsidios y cuál será la tarifa del boleto, hoy en 18 pesos.

“Es otra vez el gobierno nacional contra la Ciudad, otra vez el gobierno nacional contra los ciudadanos y contra millones de argentinos que circulan por la ciudad. Muchos son porteños y muchos de la provincia”, insistió Larreta.

Asimismo, el jefe de gobierno porteño advirtió que la decisión del gobierno nocional significa un avance contra el federalismo. “Tenemos que volver a ser un país federal y esto supone respetar la autonomía de cada distrito. Acá no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado”, enfatizó.

Pese a las diferencias, Rodríguez Larreta aseguró que irán a la reunión: “Siempre estamos a favor del diálogo, pero están yendo contra los ciudadanos que viven y circulan en la Ciudad”.Mientras el boleto mínimo cuesta $18 en CABA y el conurbano bonaerense, en Córdoba, Rosario, Corrientes, Mar del Plata o Bariloche está entre 60 y 70 pesos.

El traspaso se daría solamente con las 34 líneas jurisdiccionales, o sea todas las que transitan solamente por el territorio porteño. Las otras 268 líneas que cumplen servicios entre la Ciudad y el Conurbano mantendrían los subsidios como están. Mientras el boleto mínimo cuesta $18 en CABA y el conurbano bonaerense, en Córdoba, Rosario, Mar del Plata o Bariloche está entre 60 y 70 pesos.

En 2021, esos subsidios fueron de alrededor de 14.600 millones de pesos. Actualmente ese costo se afronta casi en partes iguales, unos 7.000 millones de pesos aporta cada parte.

En tal sentido, Jorge Macri, ministro de Gobierno del gabinete porteño, recordó que “si el gobierno nacional decide quitarle un subsidio a una línea que maneja el propio gobierno nacional y eso tiene impacto o no en la tarifa, la tiene que comunicar y explicar a la sociedad de la misma manera que lo hizo con la luz en algunos barrios”.

“El subsidio está para que una tarifa no suba. Por lo tanto cuando quitas un subsidio, la tarifa sube. Es una decisión del gobierno definir el valor de la tarifa”, concluyó.

En las últimas horas, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, reconoció que “cuando se trata de traspasos de competencias se requiere de un acuerdo y de una ley que avale esos acuerdos; por eso es importante el trabajo conjunto”.

Fuente: Infobae.com

Finalmente el gobierno nacional convocó al de la Ciudad de Buenos Aires a una mesa de diálogo donde se discutirá el costo de los subsidios a 32 líneas de colectivos que el año pasado fue de alrededor de 14.600 millones de pesos. El objetivo de la Casa Rosada es que la administración de Horacio Rodríguez Larreta se haga cargo de ese gasto y redistribuir esos fondos en el resto de las provincias, un reclamo que hicieron varios gobernadores ante la disparidad en las tarifas.

El jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, pidió que el traspaso de los colectivos se haga por ley. “Es una convocatoria amplia para analizar con los equipos técnicos. Las cuestiones que hacen a las competencias comprenden la regularización, las tarifas, los recorridos y las paradas. En el camino del análisis que dispara esta convocatoria hay múltiples escenarios”, aseguró.PUBLICIDAD

En dialogó con Eduardo Feinmann en “Alguien tiene que decirlo” por Radio Mitre, el funcionario porteño reconoció que “cuando se trata de traspasos de competencias se requiere de un acuerdo y de una ley que avale esos acuerdos; por eso es importante el trabajo conjunto”.

“Cualquiera de estas cuestiones que haya que analizar y decidir con relación al transporte público de colectivos tiene que hacerse con una mirada metropolitana y mucha rigurosidad. No se trata solamente de una política de subsidios, esto tiene que ver con la integralidad del sistema de transporte en el AMBA”, añadió Miguel.Nueva puja entre Nación y Ciudad por los subsidios a 32 líneas de colectivos

En tal sentido, el funcionario porteño insistió en que estas tipo de competencias y responsabilidades se definen en conjunto. “Es difícil pensar que un colectivo que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires desde Avellaneda a Vicente López pueda tener una tarifa diferente con otra línea que hace parte de ese trayecto pero dentro de la Ciudad, porque genera distorsiones muy importantes. Esto tiene que ver con la integralidad del colectivo, el tren, el subte y las tarifas tiene que tener una relación entre sí”, enfatizó.

El traspaso se daría solamente con las 32 líneas jurisdiccionales, o sea todas las que transitan solamente por el territorio porteño. Así, la administración porteña deberá analizar qué hará con las tarifas porque puede mantener el subsidio o aumentarlas. Las otras 268 líneas que cumplen servicios entre la Ciudad y el Conurbano mantendrían los subsidios como están. Mientras el boleto mínimo cuesta $18 en CABA y el conurbano bonaerense, en Córdoba, Rosario, Mar del Plata o Bariloche está entre 60 y 70 pesos.

“La Ciudad de Buenos Aires hoy se hace cargo de una porción muy importante de los subsidios al transporte público. La Ciudad se hace cargo de todos los subsidios que corresponden al subte en un 100%”, recordó Miguel y agregó que “en relación con los colectivos que transitan sobre CABA en términos exclusivamente (con origen y destino en la Ciudad), también se hace cargo de una proporción muy importante”.Felipe Miguel junto a Horacio Rodríguez Larreta y el ministro Fernán Quirós

En 2021, esos subsidios fueron de alrededor de 14.600 millones de pesos. Actualmente ese costo se afronta casi en partes iguales, unos 7.000 millones de pesos aporta cada parte.

Algunos consideran que la decisión del gobierno nacional no es nada más y nada menos que una nueva embestida contra Rodríguez Larreta, como ocurrió el año pasado con la reducción de la coparticipación, y no con la reducción de subsidios que exigió el FMI al Gobierno nacional.

“En su momento con el tema de la coparticipación fuimos muy claros: nos pareció una quita intempestiva e inconstitucional, y fuimos hasta la Corte. En este caso todavía tenemos que sentarnos a escuchar cuál es la propuesta, en qué se está pensando porque hasta ahora la convocatoria es muy amplia”, consideró Miguel.En la Casa Rosada descartan una relación entre esta decisión con la reducción de subsidios que exigió el FMI al Gobierno

Finalmente, el funcionario insistió en que “como la política tarifaria en el AMBA corresponde al gobierno nacional, estas decisiones tienen que hacerse analizando toda la intermodalidad del transporte público” y puso como ejemplo que “hay gente que para viajar desde su casa al trabajo hace tres tramos y eso también tiene aspectos en las tarifas”.

Aunque Miguel no lo confirmó, las primeras reuniones entre autoridades de ambas jurisdicciones para avanzar en este traspaso podrían darse esta semana.

Fuente: Infobae.com

Organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y ambientales de izquierda, junto a sindicatos y centros de estudiantes se concentraron este martes 8 de febrero en la Plaza de Mayo para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como parte de la convocatoria a la movilización por parte del Frente de Izquierda Unidad, se expresaron los diputados y dirigentes del PTS-FIT Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, que señalaron la importancia de «salir a la calle a manifestarse, para mostrar que hay otra salida que no es el sometimiento».

«Movilizarnos es el camino para enfrentar el ajuste que se profundizará de la mano del Fondo. Nos quieren hacer creer que este acuerdo es lo único que se podía hacer y nosotros decimos claramente que no nos van a convencer de que la única opción que nos queda es agachar la cabeza», expresaron los legisladores.PUBLICIDAD

«Por eso impulsamos esta movilización en la calle, contundente, para denunciar que este gobierno nos llevó al callejón de pagarle al Fondo y aceptar sus condiciones, convalidando la estafa macrista. Nosotros vamos a continuar denunciando la estafa y a enfrentar este acuerdo», agregaron.

Los 10 puntos principales del preacuerdo con el FMI que anunció el gobierno

A la vez, advirtieron que «las revisiones trimestrales van a ser una daga en la cabeza».

Durante el evento, denunciaron que «a pesar del relato de Guzmán queda claro que el Fondo pudo imponer la mayoría de las condiciones que quería para la Argentina y el Gobierno se subordinó a pagar sin chistar«.

Fuente: Perfil.com

La inflación permanecerá muy alta durante todo el primer semestre, más allá de los intentos del Gobierno por controlar las remarcaciones con distintos mecanismos: ni los precios cuidados en las las góndolas de supermercados, tampoco los siete cortes de carne a valores más accesibles o el diseño de una canasta especial para comercios de cercanía consiguieron los resultados esperados. Se trata de iniciativas del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que intenta encontrar justificaciones sin acertar en ninguna.

La inflación no bajaría del 3,5% mensual durante toda la primera parte del año, de acuerdo a la expectativa de economistas y consultoras. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, los peores meses serán marzo y abril, en los que se espera un pico de 4,1% y 4% respectivamente. Recién en julio el índice podría descender hasta 3,5%. Pero en todos los casos los riesgos son más al alza que a la baja.https://1db1c1b90558538251d6edb78cec4d95.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

La inflación esperada se ubica en el 55% para el año. Aparecen, sin embargo, cada vez más economistas advirtiendo que en realidad el piso para el 2022 supera el 60%. Victor Becker, ex titular del INDEC y actualmente en la Universidad de Belgrano, vaticinó que podría ubicarse en niveles del 60% al 65%. A principios del año pasado fue junto a Domingo Cavallo uno de los pocos que vaticinó que la inflación se ubicaría en el 50%. Finalmente fue 50,9%.

Por qué la inflación de este año será superior, y tal vez muy superior, a la del año pasado. La explicación hay que buscarla en los grandes desequilibrios fiscales y la necesidad de achicar el agujero fiscal. A falta de otras medidas, termina siendo la inflación creciente la que permite un aumento de la recaudación y tapar el bache de las cuentas públicas. Ésta es la lógica de los últimos veinte años y no cambiará en el corto plazo.

Se suman varios elementos que también presionarán sobre los precios. Por ejemplo, el aumento de la nafta del 9%, la próxima suba en las tarifas de servicios públicos y la aceleración en la pauta de ajuste del dólar oficial, que ya se acerca al 3% mensual, cuando venía siendo de 1% hasta las elecciones de noviembre pasado.

La aceleración inflacionaria ha sido una constante en los últimos veinte años en la economía argentina. Esta suba de un escalón cada año es lo que permite licuar jubilaciones y salarios del sector público, que terminan siendo las principales variables de ajuste

El acuerdo que el Gobierno negocia con el FMI incluye como uno de los puntos centrales la reducción gradual de la inflación. Para ello dispone una reducción sustancial de la emisión monetaria, que debe caer del 3,7% a sólo 1% este año y a 0,6% en 2023. Pero no sería suficiente para conseguir resultados de corto plazo.

Además, la baja de la inflación debería ir acompañada de medidas de austeridad para bajar el gasto público. La principal pasa por la reducción de los subsidios energéticos y al transporte, que ya volvieron a representar casi 3% del PBI, luego de dos años de virtual congelamiento, en un contexto de inflación creciente y fuerte suba en los precios de la energía.

En este escenario, proyectar una aceleración inflacionaria del orden del 60% implica al mismo tiempo una licuación de los gastos principales del Estado, como las jubilaciones y los sueldos del sector público. Se trata de partidas que van quedando atrasadas porque ajustan según la inflación pasada. Este círculo vicioso es sumamente riesgoso, pero los distintos gobiernos consiguieron mantenerlo para sacar provecho desde el punto de vista de la recaudación, a costa de un aumento de la pobreza y de una clase media que continúa perdiendo espacio en la pirámide social.

Fuente: Infobae.com