Este martes 15 de febrero se producen tres manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires llevadas adelante por movimientos sociales, ex trabajadores de la empresa Garbarino y panaderos que reclaman por el aumento de precios.
Desde el Polo Obrero, uno de los sectores que reclama por trabajo y aumentos en los programas sociales, criticaron al Ministerio de Desarrollo Social comandado por Juan Zabaleta.
Diferentes espacios reunidos en Unidad Piquetera marcharán desde Retiro y Constitución a la cartera de Desarrollo Social para reclamar por trabajo genuino, asistencia a los comedores populares y aumento y apertura de programas sociales.
En tensión clara con «Juanchi» Zabaleta por la situación de los sectores más vulnerables, Belliboni le dejó un mensaje al funcionario: «Al Ministerio de Desarrollo Social le parece que se puede comer todos los días polenta”, lapidó en Radio La Red.
También expresó que el pre acuerdo con el Fondo agravará la situación social y que el Gobierno «ha tomado un camino que lo lleva al precipicio”.
El 8 de febrero, el movimiento ya se había manifestado en contra del entendimiento. De cara al futuro, el 11 y 12 de marzo las organizaciones piqueteras junto con sectores de izquierda realizarán un plenario nacional que tiene como fin “con cortes de rutas y puentes desde Ushuaia a la Quiaca”, según dijo el propio Belliboni.
Dónde es la movilización de trabajadores despedidos de Garbarino
Casi un año se cumple desde que el titular de la empresa, Carlos Rosales, despidió a trabajadores de Garbarino, dejó de pagar sueldos y obvió abonar indemnizaciones, dificultando la situación económica de miles de familias.
Por este motivo, los trabajadores se manifestaron hasta la Plaza de Mayo a partir de las 11 para acercar un petitorio a la Casa Rosada y que, como destinatario, tiene al presidente Alberto Fernández.
«Desde abril del 2021 más de 4000 familias quedamos a la deriva sin cobrar sueldos, sin obra social y sin aportes jubilatorios. Finalmente, en el mes de noviembre nos despiden y tampoco recibimos la indemnización correspondiente. El responsable de toda nuestra situación es el empresario Carlos Rosales y todos los que componen el directorio del grupo Garbarino», dice el comunicado de prensa.
Además explican que durante «el gobierno prometió intervenir pero a casi un año las soluciones no llegan», y detallan que en ese marco continuarán con las protestas.
Por qué reclaman los panaderos este martes 15 de febrero
Este martes 15 de febrero también se movilizan panaderos en repudio a los aumentos de precios de insumos y tarifas. Se sumarán un grupo de centros de panaderos de distintas ciudades del conurbano y se movilizarán frente al Ministerio de Producción de la Nación desde las 12 horas.
«No es una movilización en contra de nadie», explicó Gaston Mora, titular del Centro de Panaderos «27 de abril» de Avellaneda. «Es una forma de visibilizar la situación que sufrimos y demostrar que no somos nosotros los que aumentamos el precio del pan, si no que somos el último eslabón en la cadena», sostuvo. Desde el sector advierten que los aumentos de precios de insumos, materias primas, combustible y tarifas de energía tienen graves efectos en su producción.
MADRID.- Un modesto edificio en Bérgamo, Italia, en cuya planta baja funciona una verdulería. Ese el punto en común que encontraron las autoridades de Malta para relacionar a los Kirchner con uno de los casos de lavado de dinero más complejos de ex funcionarios chavistas. “Via Masone N°5″ es el domicilio legal del argentino Néstor Marcelo Ramos, el financista que le permitió al empresario Lázaro Báez blanquear más de USD 30 millones. En ese edificio residencial también fijó dirección el italiano Aldo Ventola, clave para montar una estructura que habría permitido lavar 14,5 millones de euros provenientes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La información se desprende de un informes remitido por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta a la jueza de la Audiencia Nacional de España Ana Tardón, que instruye la causa judicial más importante por lavado de dinero del chavismo en España. Los documentos oficiales, a los que accedió Infobae, hacen un repaso de toda la estructura de blanqueo que en Estados Unidos fue bautizada “Money Flight”, cuyas ramificaciones llegaron a este país a través de la compra de propiedades y que ahora, por primera vez, ofrece una conexión oficial con la Argentina.
“Destaca que el abogado italiano-argentino Néstor Marcelo Ramos – un hombre de negocios que vive y trabaja en Suiza y contra el cual Buenos Aires ha emitido una solicitud de extradición en 2017 –comparte esta misma dirección en Italia. Además, la dirección de Ventola en Suiza es también la misma dirección que tiene Ramos. Esto indica que Ventola tiene una relación cercana con Ramos quien está acusado de blanqueo de alrededor de 30 millones de dólares para Lázaro Báez, un empresario vinculado a Néstor y Cristina Kirchner, los anteriores presidentes de Argentina”, relataron los investigadores malteses.
El informe fue firmado por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta en septiembre de 2020, pero recién ayer algunos fragmentos fueron publicados por el medio español El Confidencial. El documento principal y su anexo ofrecen una lista de personas investigadas y se centra en un fondo de inversión maltés administrado por Ventola. Este instrumento financiero se habría ocupado de realizar la triangulación para que 14,5 millones de euros que podrían provenir de la corrupción en PDVSA ingresaran al mercado legal a través de la compra de propiedades en España.Un estanque de petróleo en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui de PDVSA en el estado de Anzoátegui, Venezuela
“A la vista de la información mencionada, la Autoridad [Financiera de Malta] considera que existe una alta probabilidad de que la actividad de Southern Cross Sicav Plc no sea legítima y podría utilizarse para actividades delictivas, incluido el blanqueo de capitales”, indica el informe al que accedió Infobae.
La gran mayoría de los involucrados son italianos, entre ellos está Ventola, el hombre que comparte dirección con el argentino Ramos. En base a distintas fuentes de información, las autoridades de Malta reconstruyeron que el italiano Ventola declaró que la sede central de casi todas las empresas que conforman el grupo empresarial Wic funcionan “en su despacho en 5 Vía Masone, Bérgamo”. El informe aclara que Wic es controlada por una sociedad en los Emiratos Árabes Unidos, “y parece ser una pieza de la presunta red secreta de contables de la Liga del Norte” a través del cual ese partido político italiano habría blanqueado 49 millones para financiar su campaña electoral.
Las autoridades de Malta hicieron referencia a la extradición de Ramos que había sido requerida por el juez federal Sebastián Casanello, que intentó que este argentino radicado en Suiza declarara por la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Ramos es un viejo conocido en los tribunales de Comodoro Py. De 57 años, nacido en la provincia de Córdoba, Ramos tiene pasaporte italiano pero reside en Suiza desde principios de los 2000. Casanello dio por probado que su empresa Helvetic Service Group funcionó como una sociedad vehículo y fachada para que Báez, sus hijos y su entorno lavaran al menos USD 33 millones, fugándolos al exterior y reingresándolos en bonos de la deuda argentina. Las maniobras de blanqueo fueron realizadas desde fines de 2010 hasta principios de 2013, a través de una red de empresas offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza.
No es el primer indicio de que prestó servicios para Venezolanos. Infobae reveló en FinCEN Files que Ramos actuó como testaferro de la familia Ceballos en Venezuela. Liderada por Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con lazos estrechos con el gobierno chavista, el clan familiar es dueño de empresas sospechadas de maniobras de corrupción con funcionarios de ese país. El abogado cordobés figuró como “accionista nominal” y director de Sarleaf Limited, una firma creada por la familia Ceballos, un clan dedicado a la industria de la construcción y la obra pública, y sospechado de actos de corrupción en Venezuela.
El presente de Ramos es una incógnita, aunque las últimas noticias que pudo reconstruir Infobae es que su estado de salud era delicado hace unos meses. Cuando la Justicia argentina reclamó su extradición a Suiza para investigarlo por “la ruta del dinero K”, este cordobés vivía en un pueblito suizo de Ticino, un cantón al sur de los Alpes donde se habla italiano. Pero ese país rechazó el pedido del juez Casanello.
El otro argentino
La investigación por los millonarios fondos de PDVSA comenzó en 2016, cuando la Justicia de Estados Unidos recibió una denuncia anónima de un involucrado en una red de lavado proveniente de la corrupción chavista. Como parte de esas operaciones, la persona habría recibido USD 78 millones para invertir en Miami, dinero generado mediante préstamos espurios con PDVSA, relató la fuente. La investigación logró finalmente desmantelar una red global de blanqueo de dinero que movió fondos por 1200 millones de dólares, todos del Estado venezolano, un caso conocido como “Money Flight”. Lejos de concluir, la investigación judicial tuvo ramificaciones en España y en Argentina.
La investigación de la justicia española tuvo un quiebre en 2018, cuando la Policía Nacional lanzó la operación “Carabela”, que contó decenas de allanamientos y la detención, entre otros, de un argentino: Luis Fernando Vuteff. Como parte de la operación, se embargaron 115 inmuebles en España por un valor aproximado de 60 millones de euros. Vuteff fue liberado un año después, pero la investigación continúa adelante en los juzgados de Madrid.
Vuteff era el administrador de Columbus One Properties, el hombre que manejaba entre Madrid y Caracas esta gestora de capitales que se dedicaba a comprar inmuebles en España. Desde allí le habría dado servicio a exfuncionarios y contratistas de PDVSA para la compra de propiedades y hoteles en ese país. El argentino comparte esa sociedad con José Vicente Amparán Croquer, uno de los venezolanos acusados en Estados Unidos por el presunto blanqueo de esos 1200 millones de dólares.
Como ocurre con Ramos, el nombre de Vuteff también está presente en los tribunales argentinos. La Justicia investiga las inversiones de este empresario por presunto blanqueo de dinero de la corrupción chavista a través de la compra de activos en el país por al menos tres millones de dólares. Vuteff compró propiedades, vehículos de lujo y otros activos financieros en la Argentina, según consta en una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La denuncia de la fiscalía detalla que Vuteff y su familia compraron cuatro inmuebles, dos camionetas importadas y, además, adquirieron más de un millón de dólares en el mercado cambiario entre 2015 y 2018, período en el que el empresario no registró ningún ingreso formal en la Argentina. Grandes movimientos de dinero en efectivo, transferencias bancarias fraccionadas, viajes relámpago a Montevideo y Madrid, y la adquisición de Cedines, un elemento financiero que habilitó el blanqueo de 2013, llamaron la atención de las autoridades argentinas.
La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cuestionó el aumento que otorgó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a los jubilados y apuntó directamente contra la titular del organismo, Fernanda Raverta.
Hebe de Bonafini fue contundente contra la funcionaria y afirmó: “Me da risa porque dijo que le aumentó a los jubilados”. “Me gustaría hablar con Raverta, a ver qué puedo comprar con mi sueldo de jubilada”, disparó la dirigente en una comunicación con AM 530.
Así, de Bonafini cuestionó nuevamente a la titular de la ANSES cuando preguntó: “¿Tiene idea de lo que ganamos los jubilados, esa chica? 3.000 pesos nos aumentaron, no sé si se dan cuenta de lo que hablan”.
De esta manera, la titular de Madres de Plaza de Mayo explicó que el incremento del 12% para los haberes del sistema previsional no es suficiente en el contexto inflacionario que atraviesa el país, con una variación acumulada del 50.9%. Por esto mismo, de Bonafini sostuvo que “un jubilado necesita tres jubilaciones mínimas para subsistir”.
El anuncio del aumento se realizó el jueves 10 de febrero.
Por esto mismo, criticó el aumento que se le otorgó a los jubilados, ya que aclaró que con esta suba se puede comprar solo “un kilo y medio de carne y un pollo y medio”.
Las declaraciones de Hebe de Bonafini se dan días después de que la ANSES haya anunciado un aumento del 12.28% para marzo que recaerá sobre las pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de los haberes jubilatorios.
Las críticas de Hebe de Bonafini contra el aumento de los precios y el acuerdo con el FMI
Con una canasta básica total familiar que supera los 76 mil pesos, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Hebe de Bonafini manifestó que el problema central es el de los precios y aprovechó la oportunidad para cuestionar el pago de la deuda externa.
En ese sentido, se sumó a las críticas que recaen sobre el Gobierno por haber alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recalcó que “no hay que pagar la deuda”; por el contrario, consideró necesario controlar el índice inflacionario en Argentina.
“Resulta que hay 120 personas del Fondo metidas en Argentina que nos van a controlar cuántos metros de papel higiénico gastamos cuando vamos al baño”, ironizó.
Terminar el trabajo técnico con el staff del Fondo Monetario. Dejar por escrito la letra chica del Memorándum de Entendimiento del nuevo programa financiero. Oficializar el acuerdo y comunicarlo. Girarlo al directorio del organismo y al Congreso argentino. Trabajar los apoyos de los países miembros del directorio y ordenar la interna en el Frente de Todos, para conseguir el visto bueno en los dos frentes. En el medio, efectuar un pago previsto al Club de París por USD 200 millones, otra negociación atada a la suerte de lo que suceda con Washington.
Toda esa secuencia debería suceder en menos de cinco semanas para evitar que el Gobierno llegue al 22 de marzo, fecha de un nuevo vencimiento de deuda con el FMI, con la soga al cuello.https://9bb7e5b965d1326b9a42d6e3027b33b1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Ese es el panorama del rompecabezas que busca resolver a contrarreloj el Poder Ejecutivo. El ministro de Economía Martín Guzmán decidió finalmente no participar de manera presencial en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Indonesia y se dedicará a supervisar la continuidad de las reuniones técnicas con los funcionarios del FMI, por un lado, y con sus pares de naciones integrantes del directorio.
Guzmán decidió finalmente no participar de manera presencial en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Indonesia y se dedicará a supervisar la continuidad de las reuniones con el FMI
Quien sí viajará a Yakarta para la reunión de ese foro es Sergio Chodos, representante del Cono Sur ante el directorio del FMI y mano derecha de Guzmán en la negociación de la deuda. El ministro esperó hasta conocer qué presencialidad habría en Indonesia para decidir si iba o no. Muchos de los principales funcionarios de finanzas de esos países y las dos funcionarias más altas del Fondo, Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, participarán de manera virtual.
La bitácora de las próximas semanas tiene ciertos mojones que marcan la cercanía de nuevas obligaciones de pago en el calendario de Economia. Por caso, el 22 de marzo caerá otro vencimiento de deuda grande con el FMI por USD 2.800 millones, suma que el Gobierno no podría afrontar independientemente de su voluntad de pago, debido a la insuficiencia de reservas líquidas en el Banco Central.El FMI y el Gobierno aceleran para tener un acuerdo técnico completo antes de fin de mes. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo
Por ahora ni en el FMI ni en el Gobierno quieren hablar de alguna alternativa que posponga esa obligación de pago. El primer entendimiento fue alcanzado apenas horas antes de la fecha de pago. A fines de marzo, además, vencerá el “puente” de tiempo firmado con el Club de París antes de encarar una refinanciación de los USD 1.900 millones que el país le debe a ese consorcio de países acreedores.
El 28 de febrero, es decir dentro de dos semanas, Hacienda deberá cancelar el segundo pago de ese acuerdo preliminar con el Club de París, por otros USD 200 millones. No sería una suma considerable si no fuera porque el BCRA cuenta con reservas netas escasas. Según algunos cálculos privados, cercanas a cero.
Hace algunos días el vocero del FMI Gerry Rice manifestó su intención de completar el tratamiento del acuerdo técnico “lo más rápido posible”.
“No tenemos un calendario específico. Trabajamos muy duramente y lo haremos lo más rapido posible. El próximo paso será un acuerdo a nivel del staff. El siguiente es la propuesta hacia el directorio que es el que toma la decisión final como sucede siempre”, dijo el vocero.
Hoja de ruta: negociación, firma y las dos votaciones
Resta una serie de cuestiones para dirimir en el toma y daca entre los funcionarios de Economía y del BCRA con los miembros del staff del FMI. Se trata de la letra chica que va a complementar y a explicar de qué manera el Gobierno podría alcanzar las metas exigibles presentadas en el preacuerdo anunciado el 28 de enero.
Los tres pilares del programa económico consensuado, y que formará parte del Extended Fund Facility (EFF) que busca cerrar la Casa Rosada, serán el sendero de reducción del déficit primario, la magnitud de la asistencia monetaria del Banco Central y un horizonte de acumulación de reservas en el Banco Central.
El 22 de marzo caerá otro vencimiento de deuda grande con el FMI por USD 2.800 millones, una suma que el Gobierno no podría afrontar independientemente de su voluntad de pago, por la baja cantidad de reservas líquidas en el Banco Central
En los tres casos hay ya estipulados y explicitadas metas anuales, salvo en el caso del colchón de divisas de la autoridad monetaria, de lo que por el momento solo se conoce la perspectiva para 2022. Este año, en ese sentido, las arcas de Reconquista 266 deberían incrementarse en torno de 5.000 millones de dólares. Todavía es materia de negociación cómo será el calendario de desembolsos desde el FMI y si el primer giro de divisas desde Washington devolverá lo que el Estado argentino ya pagó del Stand By de 2018 durante el mandato de Alberto Fernández, unos USD 4.400 millones si solo se tienen en cuenta los vencimientos de capital, sin los intereses.
Respecto al recorte de la asistencia desde el BCRA al Tesoro, que para diversos analistas es considerado el punto más complejo de cumplimiento, el consenso preliminar prevé que mientras en 2021 fue equivalente a 3,7% del PBI; en 2022 se apunta a que sea del 1%, en 2023 0,6% y en 2024 que se aproxime a cero. Por el momento no hubo detalles sobre si esa reducción incluirá adelantos transitorios y giros de utilidades en conjunto o solo uno de ellos.Guzmán se quedará en Buenos Aires y Chodos viajará al G20 en Indonesia
La meta fiscal implica que este año debería reducirse el rojo primario desde el 3% del Producto con que finalizó el 2021 hasta 2,5% del PBI, con un camino descendente que lleve al equilibrio en las cuentas públicas -antes de contar el pago de vencimientos de deuda- a cero hacia 2025.
Las reuniones de los próximos días apuntarán a terminar con la distancia entre ambas partes sobre algunos de los temas que orbitan al programa económico incluido en el acuerdo, como el sendero de tarifas y subsidios, la inflación, el tipo de cambio, el refuerzo de reservas en el Banco Central, los préstamos de otros organismos bilaterales para financiar gasto público y “resiliencia” en el frente cambiario y las revisiones trimestrales por parte del staff del organismo.
Una vez completado ese paso, que se estima para los próximos días pero que podría extenderse hasta fines de febrero según el primer diagnóstico del equipo económico, llegará el momento de la oficialización del memorándum de entendimiento, que llevará las firmas del ministro Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce, junto con el de la directora gerenta del organismo Kristalina Georgieva.
Los subsidios, la inflación, el tipo de cambio, el refuerzo de reservas en el Banco Central, los préstamos de otros organismos bilaterales para financiar gasto público y “resiliencia” en el frente cambiario y las revisiones trimestrales son parte de las negociaciones que faltan con el FMI
El memorándum tendrá dos destinos, a la busca de su aprobación definitiva. El tradicional es el directorio del Fondo Monetario, que siempre tiene la última palabra para respaldar un acuerdo de este tipo con un país miembro. El segundo, una novedad para las históricas negociaciones argentinas con el FMI, es que deberá contar con el aval del Congreso, un paso que fue impulsado por el propio Guzmán y que ahora le trae dolores de cabeza al oficialismo.
El resultado de la primera parte de la negociación terminó con la renuncia sonora de Máximo Kirchner a la jefatura del Frente de Todos en la cámara baja y puso en tela de juicio la capacidad de la coalición de Gobierno para aprobar el plan plurianual que Guzmán envíe el parlamento. Para que no le suceda al Poder Ejecutivo lo mismo que a fines de enero, cuando aceleró las tratativas sobre la hora antes de un vencimiento de deuda con el FMI, hay una ventana de tiempo de cinco semanas para completar todo el proceso antes de que esa obligación de pago pise los talones.
En una señal del tenso clima político que se vive en el oficialismo y con el hermético silencio que destila rechazo de Cristina Kirchner como telón de fondo, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), le pidió a Sergio Chodos que el Gobierno inicie por la Cámara de Diputados el trámite legislativo para ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Chodos es el representante argentino ante el FMI y viene realizando periódicas visitas al Congreso para tomar la temperatura de los legisladores oficialistas ante la inminencia de que el entendimiento deba superar la aprobación parlamentaria.UNA LLAMADA DESDE WASHINGTON QUE FUE DESOÍDA
En una de esas recorridas, Chodos se reunió con Mayans, uno de los pocos senadores que mantienen trato cotidiano con Cristina Kirchner. En ese encuentro, el jefe de bloque le transmitió las dudas y cuestionamientos que escuchó entre sus compañeros sobre las negociaciones con el organismo multilateral de crédito. El enlace entre el Congreso y el Ministerio de Economía, Rodrigo Ruete, fue testigo del pedido del jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta.
La falta de detalles sobre la letra chica del acuerdo y el malestar de los senadores kirchneristas más radicalizados, que quieren desconocer la deuda porque fue tomada por Mauricio Macri para “fugar los dólares” al exterior, consolidan un fuerte rechazo en el oficialismo al acuerdo y fue lo que llevó a Mayans a plantearle a Chodos le necesidad de que, ante tanta incertidumbre, el mejor camino que puede tomar el Gobierno es iniciar por Diputados el tratamiento legislativo del nuevo préstamo con el FMI.
José MayansHernán Zenteno / archivo – LA NACION
La paciente búsqueda de votos que viene desarrollando Germán Martínez (Santa Fe), quien ocupó la conducción del bloque tras el portazo de Máximo Kirchner, y la menor incidencia numérica que La Cámpora y otras franquicias kirchneristas tienen en la Cámara baja le permitirían al Poder Ejecutivo y al ministro Martín Guzmán iniciar con el pie derecho y un apoyo oficialista más sólido la ratificación legislativa del acuerdo.
Si bien ni Mayans ni ningún otro senador se ha pronunciado públicamente, cumpliendo la orden de mantener silencio que bajó Cristina Kirchner, el formoseño viene tanteando desde hace dos semanas a sus legisladores. Y lo que viene escuchando no es bueno para el Gobierno.
La letra chicha
Conocer la “letra chica” del entendimiento es lo que exige el kirchnerismo por estas horas. Esa es la razón principal por la que la vicepresidenta ordenó a sus senadores guardar silencio. En base a las señales que llegan de Economía, en el oficialismo creen que el acuerdo definitivo estará en tres semanas.
Por eso, en el kirchnerismo rehúyen a cualquier “poroteo” de votos. Sostienen, además, que los votos para aprobar el acuerdo deberían estar garantizados por Juntos por el Cambio. “En Diputados deberían tener 116 votos. Este acuerdo es para pagar la deuda que tomaron ellos, así que doy por descontado que lo van a votar”, le dijo a LA NACION, desafiante, pero con tono calmo, un referente de La Cámpora.
También siguen bajándole el tono a la renuncia de Máximo Kirchner y explican que la mención al pragmatismo que hizo el líder de La Cámpora en su carta de renuncia tiene que ver con traducir el discurso en hechos y no en una maniobra destinada a obtener ventajas políticas de cara al futuro.
Máximo Kirchner y Alberto Fernández
En ese sentido, aseguran que el hijo de la vicepresidenta no podía salir a buscar los votos en el bloque porque él mismo no está conforme con los términos de la negociación.
Sin embargo, en La Cámpora reconocen que “el acuerdo es necesario”. Toman distancia, de esta manera, de las posturas kirchneristas más radicalizadas, que piden desconocer la legitimidad de la deuda.
Además, niegan que las relaciones con el “Albertismo” estén cortadas. Para desmentirlo, destacan las reuniones que Eduardo de Pedro, jefe de la cartera política y representante de La Cámpora en el gabinete, viene manteniendo con los ministros Juan Zabaleta y “Kato”, por Gabriel Katopodis.LOS PRESIDENCIABLES DE JXC ARMAN EQUIPOS Y RECLUTAN SOCIOS DE CARA A LA PELEA POR EL 2023
El principal resquemor que expresan en el oficialismo del Senado es al impacto que tendrá la senda fiscal comprometida por Guzmán, que concluye en déficit cero en 2025, y la certidumbre de que deberán achicarse de manera sensible los subsidios con su consabido impacto en las tarifas de los servicios públicos.
Buscar un acuerdo con la gente adentro es, sostienen en el kirchnerismo, el principal objetivo, la última ciudadela desde la cual resistir.
Por eso, más que el acuerdo en sí, los kirchneristas ponen el acento en los proyectos de ley que acompañen al entendimiento. En esas iniciativas, aseguran, se podrá ver la negativa del sector que lidera la vicepresidenta a aplicar medidas de ajuste que afecten a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En medio de las negociaciones en el oficialismo para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un grupo de senadores quiere independizarse de la conducción de Cristina Kirchner y formar su propio bloque. El grupo está integrado por el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Camau Espínola, el jujeño Guillermo Snopek y el salteño Sergio “Oso” Leavy, quienes se quejaron públicamente por la falta de discusión interna en la bancada del Frente de Todos, actualmente presidida por José Mayans y conducida por la vicepresidenta.
Los legisladores prometen no romper con la Casa Rosada, pero buscan independencia para plantear sus posición y fijar su propia agenda de temas. En ese contexto, cuestionaron la actitud de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque en Diputados y adelantaron que votarán a favor del entendimiento entre el Gobierno y el FMI.
“El costo de no pagarle al FMI significa entrar en default y eso tendrá un impacto mayor desde el punto de vista social; el gesto de Máximo Kirchner generó temor en los mercados y puso tensión nuevamente sobre el dólar”, precisó el senador Kueider en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
“Imaginen un default. Eso va a significar una devaluación, que el peso valga menos y que el sueldo valga menos, yo voy a poner en la balanza a los millones de argentinos que van a sufrir esa crisis”, argumentó.Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de Diputados y desató una nueva crisis interna en el Gobierno
Kueider responde a Alberto Fernández e impulsa la construcción de una nueva estructura para sostener la gestión e impulsar la reelección en 2023. En ese contexto asegura que hay que trabajar para fortalecer la figura presidencial y criticó las declaraciones que tienden a erosionar su poder y provocar una sensación de desconfianza política que luego se traslada a la economía.
“Cuando el Presidente envíe al Congreso el acuerdo con el FMI,tenemos que aprobarlo y no permitir que la Argentina caiga en una situación de caos e incendio económico”, enfatizó el senador oficialista.
Este grupo de legisladores viene amagando con escindirse de la conducción del bloque oficialista desde el año pasado. Incluso en algún momento se especuló con que eso sucedería a partir del 10 de diciembre, cuando se formalizó el recambio tras las elecciones legislativas.
Una particularidad que presenta este grupo de senadores es que son de provincias en las que no tienen a un gobernador atrás que empuje sus designaciones. Espínola y Snopeck son de provincias gobernadas por el radicalismo, mientras que Kueider responde al gobernador peronista Gustavo Bordet de no muy buena relación con el kirchnerismo. El caso del salteño Leavy también tiene sus particularidades porque su ruptura con el kirchnerismo tiene que ver con que ese sector apoya al gobernador de su provincia, Gustavo Saenz, enfrentado políticamente con el legislador.
El Gobierno Nacional tendrá semanas ajetreadas por el entendimiento final que busca lograr con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la rúbrica de un texto oficial con el organismo que pueda ser enviado al Congreso antes del tercer vencimiento del año, se suma la disidencia interna por los votos del Frente de Todos. Desde la oposición afirman que habrá quórum y se muestran en contra del default.
La negociación que intentará acelerar por estos días el ministro de Economía, Martin Guzmán, con las autoridades del Fondo para firmar formalmente un acuerdo por la deuda de 44.000 millones de dólares, se presenta compleja desde distintos ángulos para el ejecutivo nacional.
Uno de ellos es el tiempo, que empezó a correr desde que se anunció el pre acuerdo y que ahora tiene como dead line el 23 de marzo, fecha en la cual se vencen 2.800 millones de dólares con el organismo multilateral. A ello se suma la necesidad del oficialismo de poder tener los detalles de la letra chica para que luego sean enviados al Congreso.PUBLICIDAD
Allí, en ambos palacios legislativos, también hay diferentes escenarios. El senador mendocino y ex presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que la mesa nacional de Juntos por el Cambio está «100% de acuerdo en contribuir para que el Gobierno no entre en default», pero aclaró que ninguno de sus integrantes «defendió el acuerdo».
El Auditor General de la Nación e integrante de esa mesa, Miguel Pichetto, fue algo más esclarecedor: «Si partimos del no al default y que hay que honrar las deudas, eso deviene en una actitud positiva frente al acuerdo, para que el Gobierno logre el objetivo”, dijo.
Tanto desde la UCR que comanda a nivel nacional el gobernador Gerardo Morales como desde la Coalición Cívica que preside Maximiliano Ferraro, declararon sus intenciones de plegarse al acuerdo del Gobierno.
Qué pasa con los votos en el Frente de Todos por el acuerdo con el FMI
Intentando resolver las tratativas con el FMI para poder mostrar la llamada Carta de Intención del texto en el Congreso y pidiendo «responsabilidad» a la oposición para que lo apoye, al Frente de Todos se le abre otra puerta de conflicto: la disidencia doméstica.
Estas diferencias en el interior de la coalición quedaron más expuestas con la renuncia a la jefatura del bloque de Máximo Kirchner en Diputados. Su reemplazante, Germán Martínez, viene pregonando desde hace días que los votos van a estar. “Yo voy a trabajar para que ese acuerdo se apruebe, para que tenga el mayor poder de adhesión de la Cámara de Diputados, para que en el interior de mi bloque podamos tener la posición más convergente posible, porque creo que ese acuerdo nos permite la ventana de tiempo para consolidar el proceso de recuperación económica”, dijo este fin de semana en Radio 10.
“No estamos pidiendo con este acuerdo que nos enamoremos de Kristalina Georgieva como quería Macri con Lagarde”, marcó sobre el acuerdo, una especie de llamado a la solidaridad. Eel presidede la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también dijo que las afirmaciones al acuerdo estarían.
Esta semana, Martínez se reunirá con los 117 congresistas del frentetodismo para hablar sobre las sesiones extraordinarias que se llevarán adelante en febrero.
Sin embargo, hay diputados que ya manifestaron de qué manera puede darse la votación. «La oposición lo va a votar no para hacerle un favor al gobierno, sino como gesto al FMI. En el Frente de Todos va a haber unos 30 que nos vamos a abstener. No estamos en contra de hacer un acuerdo con el FMI, pero es una forma de manifestar nuestras diferencias, sin bloquearlo», dijo en la semanaItaí Hagman.
Qué dijo Alberto Fernández sobre el acuerdo con el FMI y Estados Unidos
La gira del Presidente por Rusia, China y Barbados tuvo réplicas que no cabían en los cálculos oficiales, sobre todo porque se generaron a partir de los dichos del mandatario nacional y sus gestos.
En Rusia y con Vladimir Putin, Fernández dijo que estaba «empecinado» en terminar con la dependencia argentina con el Fondo y con los norteamericanos. Luego paseó en China y firmó un acuerdo para incorporar al país a la Ruta y la Franja de la Seda, proyecto que el país asiático ya tiene con 140 países y que a su vez presenta una postura contraria a los intereses comerciales del gobierno de Joe Biden.
En Barbados, el Presidente argentino dijo que el recordaba muy bien quienes lo habían apoyado en las negociaciones con el Fondo y obvió a Estados Unidos. El sábado en Radio 10 trató de enmendar esa frase y manifestó que «la característica de ese préstamo inusual, desmedido del FMI no lo digo yo, lo ha dicho el propio Fondo Monetario. Por eso así como el gobierno de Trump ayudó en su momento al gobierno de Macri, ahora el gobierno de Estados Unidos cuando llegó la hora de encontrar una solución al problema acompañó con su voto».
Cuando solo falta un puñado de días para que empiece marzo; la dinámica económica de ese mes ya mete miedo y asusta por varias razones.
Para comenzar siempre se trata de un mes en el que, estacionalmente, la economía está caliente y los bolsillos estresados. Sin embargo, este período 2022 en particular está en carrera para convertirse en “marzo, el temible”.
La mayoría de las consultoras privadas preanuncian que los precios podrían escalar entre 4% y 5% únicamente en esos treinta días. La semana próxima el Indec difundirá el ÌPC de enero que estará en torno al 4% y lo mismo pasaría en febrero porque impactará en toda la economía la suba del 9%, en promedio, de los combustibles.
Es decir, que se calcula que marzo, el temible, estaría por encima de enero y febrero y con ese envión el primer trimestre 2022 tendría un piso de 10%, con alto riesgo de quedarse corto.
Con o sin pandemia el precio de los alimentos está por encima de la media mensual
No en vano, algunos funcionarios de este gobierno comenzaron a abrir el paraguas en torno a la suba de precios de los alimentos que, en rigor, vienen siendo el talón de Aquiles de varios gobiernos porque ya hace cuatro años que suben por encima de la media mensual y es así con o sin pandemia; con o sin este gobierno.
Pero queda claro que no hay ni una sola buena noticia que el equipo económico pueda capitalizar en materia de precios, al menos hasta ahora. Y la suba del dólar blue especialmente, sobre el que fijan los precios no permite imaginar un horizonte más relajado. Tampoco en torno al nivel de Reservas del Banco Central, otro de los datos calientes del temible marzo porque de esas arcas saldrán los 2.091 millones de dólares que Argentina tendrá que pagarle el 23 de marzo al Fondo Monetario Internacional para no caer en default.
Mientras que para el Banco Central las Reservas Internacionales superan los 37 mil millones de dólares, en el mercado encienden luces naranjas en torno a las reservas líquidas, es decir disponibles en billetes reales. Los más pesimistas hablan de cuatrocientos millones de dólares, una cifra que por supuesto minimizan en el BCRA donde repiten que solo el año pasado la autoridad monetaria engordó 5 mil millones de dólares las Reservas. Apuestan, además, a acelerar un acuerdo que consideran tan troncal como el que apura el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI.
En el Central, conducido por Miguel Pesce, esperan firmar un swap con China por 3 mil millones de dólares. Lo cierto es que dólares no abundan y por eso es crucial tener un cierre de la negociación con el FMI para marzo porque el Gobierno pagará y, casi de inmediato, el Fondo repondría con cosmética financiera esos fondos. Un acuerdo que Guzmán esperaba agilizar cara a cara con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, en la reunión del G20 en Yakarta, pero finalmente se quedará en Buenos Aires para participar únicamente por zoom.
Sí, en cambio viajará el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos. Al funcionario le tocará la difícil misiòn de traducir en el ámbito internacional los coletazos de la gira presidencial a Rusia y China donde el Gobierno tiró de la cuerda en su relación con los Estados Unidos, el socio con voz más fuerte y voto de fuste dentro del board del FMI.
En paralelo a esa discusión con el organismo internacional cuya letra chica aún se desconoce y corre riesgo de no obtener luz verde en el Congreso, irá la negociación por la suba de tarifas de luz y gas en el AMBA. En los borradores que el ENRE hizo trascender dejó en claro que será poco el recorte y solo recaerá sobre Capital Federal y el GBA. Hasta ahora en las compañías del sector no hay ninguna comunicación formal de nada y el jueves se realizará la audiencia pública con las eléctricas.
Todas estas subas (reales y potenciales) golpearán en la discusión por las paritarias 2022 que en marzo, también estarán en temporada alta. Desde la cartera de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, celebran que las “condicionamientos” del FMI no pasan por jubilaciones ni reforma laboral y le reprochan al ministro Guzmán que el esquema de aumentos salariales no puede ser anual porque la inflación no cede.
En el BCRA también patalean porque la inflación no cede y eso lentifica la velocidad con la que se puede ir soltando el dólar oficial y comprando dólares para calmar al mercado.
Guzmán no queda al margen tampoco de los dardos que en voz baja le siguen dedicando en la Secretaría de Comercio, donde Roberto Feletti, el “Capitán Frío” ahora depositó su mira sobre alquileres y admitió que la pelea por congelar los precios de los productos frescos se derrite.
La tensión es indisimulable. Aunque todavía no se sentaron frente a frente. La convocatoria a una mesa de diálogo para el traspaso al Gobierno de la Ciudad del costo de los subsidios que se otorgan a 32 líneas de colectivos provocó fuertes cruces de palabras, chicanas, acusaciones de diverso tono y posicionamientos políticos a favor y en contra. Desde que se conoció esa intención del oficialismo a principios de semana el Ejecutivo porteño entró en ebullición porque se considera atacado y teme que ocurra algo similar a la quita en el porcentaje de coparticipación que se produjo en septiembre de 2020 cuando sufrieron un recorte de fondos que fue a parar a las arcas bonaerenses.
Por más que cada vez que son consultados los funcionarios nacionales insisten en que se apostará al diálogo y que pretenden llegar a un acuerdo entre las partes, en la Ciudad se pusieron a la defensiva. El movimiento los tomó por sorpresa y la declaración conjunta de los gobernadores del Norte Grande este viernes en Puerto Iguazú les sumó presión. Que dos mandatarios provinciales de la tropa propia como el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés hayan suscripto ese documento en el que le piden a Rodríguez Larreta un gesto de federalismo los acorrala aún más.
“Los gobernadores del Norte Grande expresamos nuestro respaldo a la decisión del gobierno nacional de descentralizar la gestión a la CABA del servicio del transporte urbano en pie de igualdad con el resto de las jurisdicciones”, expresa el texto que lleva la firma de los 10 gobernadores que se reunieron en la ciudad misionera convocados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para analizar temas energéticos.
“Expresamos también, en este sentido, que mantendremos con firmeza nuestro reclamo, para que se modifique definitivamente la inequitativa distribución de recursos nacionales en este tema, algo que sigue profundizando asimetrías. Lo demuestra algo tan categórico como lo es un boleto de 18 pesos en AMBA, contra un boleto promedio de 50 pesos en el norte argentino”, sostiene en otro párrafo la declaración.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=infobae&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1492283281747943427&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fpolitica%2F2022%2F02%2F13%2Fcomo-seguira-la-pelea-entre-la-nacion-y-la-ciudad-por-el-traspaso-del-subsidio-a-los-colectivos%2F&sessionId=045ca79fcf08ad567d35f313265687c3ad86541c&siteScreenName=infobae&theme=light&widgetsVersion=0a8eea3%3A1643743420422&width=550px
Luego las declaraciones de Morales le sumaron condimentos al clima interno de la coalición opositora. Pagan el boleto $18 y los jujeñitos pagamos $50. ¿Por qué esa injusticia? Levántelo a $50. ¿Por qué los yutitos jujeños tenemos que pagar $50 y ellos, un subsidio por $750 mil por unidad?”, cuestionó.
También desde Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti, más cercano en sus políticas a la oposición que a Alberto Fernández, adhirió a los mismos pedidos ante lo que consideran un reparto inequitativo de los subsidios. Los diputados que le responden, de Hacemos por Córdoba, llevarán al Congreso Nacional “un proyecto de ley para que los fondos nacionales de asistencia al transporte incluyan tanto al AMBA como al interior del país, sin distinción alguna”.
A través de una serie de tuits el gobierno cordobés explicó que “no se trata de aplicar un criterio para el AMBA y otro para el resto del país como sucede en la actualidad; no se trata de sacarle subsidios a una jurisdicción particular para dárselos a otra, sino trabajar sobre el total de los fondos asignados de manera equitativa y federal”.
Y por último pidieron “aplicar ese criterio de distribución federal sobre los fondos totales que Nación destinó a subsidios en el 2021, al interior del país le habría significado una participación en el total de casi el 40% en lugar del 15%. Es decir, 72 mil millones en lugar de los 28 mil millones que efectivamente recibió”.(Adrián Escandar)
El de los diputados cordobeses es el mismo argumento que expuso Schiaretti cuando inauguró las sesiones legislativas de su provincia y que replicó días más tarde el santafesino Omar Perotti. En esa oportunidad se decidió subir el boleto mínimo a $ 59,35 en las dos jurisdicciones, muy por encima de los $18 que se pagan en el ámbito metropolitano, un precio que permanece congelado desde marzo de 2019. En varias ciudades del Interior como Bariloche, Rosario o Mar del Plata también el boleto cuesta entre 50 y 70 pesos.
La Ciudad quiere una ley y que haya acuerdo para aceptar el traspaso
“El Presidente habla de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en los hechos hace lo contrario. Cuando nos tuvieron que sacar la coparticipación lo hicieron por decreto, desconociendo las exigencias de la Constitución Nacional. Lo mismo sucedió cuando quisieron cerrar las escuelas, se quiso hacer por decreto y tuvimos que ir a la Corte Suprema”, replicó hoy el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en diálogo a radio Mitre.
“Todas las decisiones sobre las políticas tarifarias y los recorridos le corresponden al Gobierno Nacional. Si se quieren traspasar esas competencias hay que sentarse a dialogar, pero hay que cumplir con la Constitución, que dice que haya un acuerdo entre las jurisdicciones, que haya leyes que avalen ese acuerdo y que se traspase con las partidas presupuestarias correspondientes”, agregó.
Todas las decisiones sobre las políticas tarifarias y los recorridos le corresponden al Gobierno Nacional. Si se quieren traspasar esas competencias hay que sentarse a dialogar, pero hay que cumplir con la Constitución, que dice que haya un acuerdo entre las jurisdicciones, que haya leyes que avalen ese acuerdo y que se traspase con las partidas presupuestarias correspondientes.
Desde que se conoció la iniciativa de la Nación de este recorte en los 14.600 millones de pesos que se emplean para subsidiar a las 32 líneas que se mueven exclusivamente dentro de la Capital Federal, tanto Horacio Rodríguez Larreta como sus funcionarios insisten en que están dispuestos a negociar. Aclaran como en la respuesta que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, le envió que “debe ser respetando y cumpliendo la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 2)” y que “los principios que imperan en lo que se denomina federalismo de concertación. En cumplimiento de prescripciones constitucionales CABA será inflexible en la defensa de su autonomía”.
Creen como manifestó el jueves Rodríguez Larreta al inaugurar un centro de monitoreo del anillo digital que abarca a la avenida General Paz y la Panamericana que esta intención del ministerio de Transporte es “un embate más del Gobierno contra la Ciudad. Otra vez yendo contra los ciudadanos, millones de argentinos que circulan, que son porteños y también de las provincias”. Son varios los integrantes del Ejecutivo porteño que piensan que la quita a la Ciudad forma parte de una estrategia para esmerilar la imagen de Larreta, quien se proyecta como un posible aspirante a la presidencia en 2023.
“Trabajar en una transferencia de responsabilidades requiere de un acuerdo. Lo que dejaron trascender es háganse cargo. Si se hace sin diálogo, la tarifa va a subir. Si la Nación decide correrse no podemos hacernos cargo del total del subsidio de los colectivos de la Ciudad. Si se trata de compartir esfuerzos, lo vamos a hacer”, sostuvo Jorge Macri, ministro de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales porteño.Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación.
A los funcionarios de la Ciudad les molestó especialmente haberse enterado por medios periodísticos de las intenciones de quitar estos subsidios. El jueves, día previsto para la primera reunión ante Transporte, piensan sentarse y discutir. Están en juego 14.600 millones de pesos. De esa cifra, en 2021, la Ciudad se hizo cargo del 44% del subsidio, un poco más de $6.400 millones. En 2019, antes de la pandemia, absorbía el 81% del total.
El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, le aseguró a Infobae que “se mantendrán los beneficios del boleto integral que otorga descuentos cuando el usuario utiliza más de un medio de transporte público, por ejemplo, tren y colectivo o subte y colectivo. Y también todos los del atributo social, es decir la tarifa diferencial que se aplica mediante la SUBE a jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas o veteranos de Malvinas”.
Además de las razones que expuso el Gobierno nacional para que los subsidios pasen a engrosar el Fondo Compensador que comprende a todo el país y que se creó a partir de la pandemia de Covid 19, el ministro de la provincia de Buenos Aires se subió a la polémica a través de su ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, quien hizo alusión al Consenso Fiscal que se firmó en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri y que traspasó el costo de los subsidios a todos los estados provinciales, exceptuando a la Ciudad.
“Esto con la provincia de Buenos Aires se cumplió a rajatabla. En el 2021 la Provincia, en lo que tiene que ver con subsidios al transporte, pagó el 91% y la Nación pagó el 9%”, explicó D’Onofrio sobre el financiamiento a los viajes de sus 242 líneas de colectivos internas, que le demandó un desembolso de 122 mil millones de pesos en el último año.
“Las líneas nacionales que van de provincia a la Ciudad las paga la mayor parte la Provincia porque (Mauricio) Macri por decreto dividió las responsabilidades por kilómetros”, indicó el funcionario de Axel Kiciloff, y agregó: “Los bonaerenses hace mucho tiempo que nos hicimos cargo de los subsidios del transporte, no solo los del conurbano sino del interior, donde hay una asimetría muy fuerte”. Las líneas interjurisdiccionales, que en su trayecto abarcan tanto Capital como el conurbano bonaerense o sea el conjunto del AMBA, son 103.
En Transporte sostienen que con la ley sancionada en marzo de 2012, la número 26.740, se pudo concretar tres años después el traspaso a la Ciudad de la red de subterráneos pero que quedaron cuestiones pendientes. En ese momento hubo acuerdo entre las partes y una ley refrendada en la Legislatura porteña. El Gobierno comunal, en manos entonces de Mauricio Macri, aumentó la tarifa un 127%: pasó de valer $1,10 a $ 2,50.
Cinco minutos en lancha. Esa es la distancia que separa a la Isla Silvia, ubicada en el delta del Tigre, de la tierra firme. De esa manera se logra llegar a una de las 13 casas comunitarias con las que cuenta Vientos de Libertad, una rama del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que se dedica a crear centros de apoyo y recuperación para personas con consumos problemáticos en los sectores más vulnerables, donde a las familias les resulta imposible pagar una internación.
El caso de las 24 muertes por consumo de cocaína adulterada expuso de manera descarnada una realidad cotidiana en los barrios pobres. Así lo considera ante LA NACIONAdrián Becerra, el responsable a nivel nacional de esos espacios: “La mayoría de nuestros pibes viven en situaciones muy precarias, con padres y la madres consumidores, con familias que incluso venden para poder sostener la olla en la casa. Se van criando en un entorno en el que básicamente tienen la droga al alcance de la mano”.
Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumos problemáticos, en TigreRicardo Pristupluk – La Nación
“Los pibes y pibas que acceden a las casas llegan a nosotros de distintas maneras, ya sea por un vecino conocido, por un compañero que hizo proceso en algún momento determinado y que tiene un amigo que está en consumo, incluso por nuestros centros barriales”, añade Becerra, mientras nos guía por las instalaciones de la casa, que en julio cumplirá seis años de existencia.FRÍO CON CRISTINA, SILENCIO CON MÁXIMO: EL REGRESO DEL PRESIDENTE NO LOGRÓ ATENUAR LAS DIFERENCIAS EN EL FDT
Según datos de la propia organización, de las 1.800 personas que forman parte de Vientos de Libertad, el 78% atravesaron procesos en alguna casa comunitaria o en algún centro barrial. “Muchos de nuestros referentes y coordinadores atravesaron la situación de consumo y tuvieron la posibilidad de hacer un proceso dentro de nuestro dispositivo. A partir de su sanación, empezaron a tomar roles de conducción y de acompañamiento dentro de esos espacios”, apunta Becerra.
Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumos problemáticos, en TigreRicardo Pristupluk – La Nación
Hoy habitan en el predio alrededor de 80 personas. Sin embargo, hubo momentos en los que se alcanzó a acompañar a más de 150. En medio de la pandemia debieron armar una casa de aislamiento para evitar contagios, la que se encuentra justo en el ingreso. Son los mismos jóvenes quienes sostienen la casa, desde el cuidado del parque, la cocina y la panadería, hasta los interiores, donde se mantiene la limpieza y el orden de los lugares comunes.
“En el sector con el cual nosotros trabajamos y acompañamos hay un gran porcentaje de pibes que ni siquiera tuvo la posibilidad de elegir entre consumir y no consumir”, relata Becerra. Y agrega: “En los barrios populares hay muy poco acceso a deporte, están imposibilitados de armar algún proyecto de vida. No vienen con una esperanza de armar un proyecto de vida. Nuestros pibes vienen rotos, pensando que no sirven para nada y que el acto de consumir es un problema individualmente de ellos. Y para nosotros no es un problema individual, para nosotros es un problema social y político”.SERGIO BERNI, DE SOLDADO DE CRISTINA A SOSTENERSE COMO MINISTRO POR LA NECESIDAD DE KICILLOF
En ese sentido, el referente señala que muchas personas necesitan construir un sentido de la responsabilidad del que carecían anteriormente: “Durante los primeros meses hay un trabajo más introspectivo, que pasa por poder trabajar sobre esa historia de vida, ya que los pibes que vienen acá están muy desarmados, por eso hay que acompañarlos para que puedan tener su primera salida después a su casa”.
Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumos problemáticos, en TigreRicardo Pristupluk – La Nación
Las casas comunitarias son uno de los dos dispositivos que pertenecen a Vientos de Libertad, organización que nació al calor de la crisis social del 2001, un momento en el que los consumos comenzaron a acrecentarse. El otro son los centros barriales o Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), un programa que depende de la Sedronar y que ya cuenta con 200 espacios a lo largo y ancho del país, gestionadas por la militancia de los movimientos sociales y de organizaciones vinculadas a iglesias.
Casi todas agrupaciones que conforman la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) forman parte del programa: además de Vientos de Libertad, del MTE que encabeza Juan Grabois, están El Patio (Comedor Los Pibes), la Red Puentes (Nuestra América), Ni un pibe menos por la Droga (Corriente Clasista y Combativa) y las Casas del Pueblo (Movimiento Evita). “La mayoría están ubicados en barrios populares, donde realmente está la necesidad. Son centros ambulatorios, donde se pueden hacer talleres de cultura, talleres de deporte”, explica Becerra.
“Narcoestructura”
A menos de cinco kilómetros de la casa comunitaria del Tigre se encuentra el barrio Los Troncos. Allí está el club Sagrada Familia, uno de las principales CAACs levantadas por Vientos de Libertad, donde un grupo de mujeres se encarga de ponerse al hombro los trabajos comunitarios necesarios para que decenas de jóvenes y niños puedan tener una contención, en un contexto en el que la salida fácil del narcotráfico es una tentación constante.
En Vientos de Libertad la posición es clara: el crimen organizado funciona por fuera de los barrios y llega de la misma forma a todos los suburbios del país. “Los narcos tienen complicidad con la policía y el poder político. Es una estructura que no sucede solamente en los barrios más humildes”, indican desde los movimientos.
Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumos problemáticos, en TigreRicardo Pristupluk – La Nación
¿Cómo compite un programa Potenciar Trabajo, con sus 16 mil pesos mensuales, cuando lo que ofrecen los “transas” por una jornada de “trabajo” para ellos puede llegar a duplicar esa cifra? “La única barrera que hay contra la penetración del narcotráfico somos nosotros”, insisten, en ese sentido, los referentes sociales. Y destacan que, aunque todavía no se llegó a las situaciones de México, Colombia o Brasil, “ya se está empezando a cruzar una raya” y de las amenazas se pasan a escenas cada vez más explícitas de violencia contra las organizaciones.
Es que, según detallan, en los últimos tiempos les ocurrieron secuencias escabrosas en distintos puntos del conurbano, como la aparición de cadáveres en terrenos cercanos a donde militan, o incluso ataques con armas de fuego a parroquias barriales de los curas villeros. “Hay una sensación de desprotección absoluta porque la complicidad de las fuerzas de seguridad es evidente”, denuncian.LA CIUDAD BUSCA ARRASTRAR A LA PROVINCIA AL DEBATE SOBRE EL RECORTE DE LOS SUBSIDIOS
Es en ese contexto que consideran que el debate en torno a la legalización de las drogas no es algo que les competa a las personas de escasos recursos, sino un tema de las clases altas que tienen “resuelta la vida”. “Nosotros vivimos en lugares donde no tenemos acceso a un asfalto o agua potable y las condiciones todavía son muy complejas. En la agenda de los barrios populares no se discute la legalización, se discute el acceso al trabajo, vivienda y políticas públicas que mejoren la calidad de vida”, sostienen desde Vientos de Libertad.
Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumos problemáticos, en TigreRicardo Pristupluk – La Nación
Un reclamo repetido por parte de los referentes tiene que ver con que el Estado financie mejor sus proyectos. Esta semana, el Frente Patria Grande, a través de su diputada nacional Natalia Zaracho, presentó un proyecto de ley para la Emergencia Nacional en Materia de Consumos Problemáticos, que busca que el Estado brinde mayores recursos a la atención comunitaria, para que quienes lo necesiten reciban un tratamiento “integral y efectivo”.
“Cualquier espacio que abrís, en cuestión de tiempo colapsa”, precisa Becerra, quien señala que “nada alcanza” y que es necesaria una mayor articulación entre los movimientos sociales y el Estado: “El consumo es algo que ya está en la agenda y hay que darle importancia. Se deben poder llevar adelante acciones concretas y ponerle cabeza a eso, junto con las organizaciones que ya vienen desarrollando este trabajo territorial”.
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Un estanque de petróleo en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui de PDVSA en el estado de Anzoátegui, Venezuela
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El FMI y el Gobierno aceleran para tener un acuerdo técnico completo antes de fin de mes. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MB7FMGJ7ZRH5HOT6IV3UW3JH4E.jpg%20420w)
Guzmán se quedará en Buenos Aires y Chodos viajará al G20 en Indonesia:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/46FIWJI4KBE4JDYM6U5PEVYQTI.jpg)
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Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de Diputados y desató una nueva crisis interna en el Gobierno
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Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VPSFL66DTNE53E47OH3LRHXOIM.png%20420w)
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