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El juez Pablo Cayssials le dio trámite al amparo presentado por los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni, y le ordenó al Senado que presente un informe sobre la designación del camporista Martín Doñate como representante de la “segunda minoría” de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura. Cayssials le dio cinco días al Senado para que responda.

El magistrado tomó esta decisión en el marco del expediente iniciado por Juez y Schiavoni, que pretenden el lugar que Cristina Kirchner les asignó a Doñate y Guillermo Snopek, como titular y suplente. Para poder hacerlo, la vicepresidenta ordenó partir en dos el bloque del Frente de Todos.OTRA MULTINACIONAL ADMITIÓ EN ESTADOS UNIDOS HABER PAGADO COIMAS EN LA ARGENTINA, DONDE NO RECIBIÓ CONDENA

Juez y Schiavoni presentaron un amparo y una medida cautelar para evitar que Doñate jure como consejero.

Cayssials, en rigor, le pidió dos informes al Senado, uno por la cautelar y otro por el amparo. Se trata de informes que deben cumplirse siempre en estos casos. El primero está previsto en el artículo 4 de la ley 26.854, que dice: “Solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.

El segundo, en el artículo 8 de la ley 16.986: “Cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso”.

El argumento del planteo de Juez es que al momento en el que la sentencia de la Corte debió ser cumplida, el 15 de abril, el bloque Frente Pro constituía la segunda minoría porque el FdT era todavía un bloque único.

“Con notorio desconocimiento del orden jurídico aplicable, la Presidenta del H. Senado ha designado de manera ilegítima al senador oficialista Martín Doñate como consejero titular y al senador oficialista Guillermo Snopek como consejero suplente por medio (…), en lugar de haber cumplido en designar al senador Luis A. Juez postulado por el Bloque Frente Pro en su calidad de segunda minoría de la Cámara, en notoria violación a las disposiciones de la ley 24.937 (texto según ley 24.939)”, cuestionaron los senadores en la presentación a la que accedió LA NACION.

Los senadores sostuvieron que, en representación del Senado, Cristina Kirchner está incumpliendo un fallo de la Corte y agregaron que de no revertirse la decisión, se produciría un “palmario desequilibrio dentro del estamento de consejeros senadores, lo que resulta manifiestamente reñido con la ley suprema y con el fallo de la Corte”.

“El derecho a designar a los representantes de dicha minoría [la segunda] en el Consejo de la Magistratura corresponde al bloque que constituía la segunda minoría al tiempo en que la sentencia debió haber sido cumplida. Y no cabe ninguna duda de que al 15 de abril el Bloque Frente Pro revestía dicho carácter”, dijeron.

En la resolución en la que ordenó que el Senado presente su informe, el juez Cayssials declaró la competencia de su juzgado para llevar el caso y recordó que tiene para resolver una medida cautelar promovida por Juez y Schiavoni. También destacó que en este expediente “se ha dispuesto la habilitación de días y horas”; es decir, que el caso se tramitará con especial celeridad.

Fuente: La Nación

La diputada María Eugenia Vidal reavivó la pelea interna por la presidencia en Juntos por el Cambio y afirmó que le gustaría ocupar el máximo lugar de poder en la Casa Rosada. El sábado, participó en el tractorazo junto a otros dirigentes cambiemitas que ya se muestran en carrera para el 2023. También se refirió a Javier Milei y dijo que «refleja el enojo que tiene una parte de los argentinos».

Más de un año restan para las elecciones presidenciales pero los principales referentes de la oposición ya hacen público su deseo de ocupar el sillón de Rivadavia. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lo confirmó; Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde porteño, no lo dice pero actúa en consecuencia; y el ex presidente Mauricio Macri aún es una incógnita. Además de los radicales, que también quieren un candidato, ahora se suma María Eugenia Vidal. 

«Me gustaría ser Presidenta, pero no estoy desesperada. Será en el momento que tenga que ser”, sostuvo esta mañana en diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia. 

Como viene manifestando Larreta, dejó entrever que la elección del candidato cambiemita se dará en una interna. “En el 2023 nuestro candidato a Presidente tiene que ser aquel que le pueda ganar al kirchnerismo”, agregó. 

María Eugenia Vidal habló sobre Javier Milei

En manifestaciones anteriores, la ex gobernadora de Buenos Aires sostuvo que la idea de Juntos por el Cambio no es sumar a Javier Milei al espacio, una postura que difiere con los comentarios a favor de Bullrich y Macri ante la misma pregunta.

“Creo que Milei es el síntoma, no la enfermedad”, dijo sobre el crecimiento de la imagen del economista en las encuestas. “Su surgimiento refleja el enojo que tiene una parte de los argentinos por la falta de respuesta”, aseguró. 

«Desde Juntos por el Cambio gobernamos y aprendimos, hemos construido equipos sólidos y hemos dado pelea contra la casta de la que Milei habla, contra Moyano, contra el Pata Medina, a los Castillo que recibieron condenas por parte de la Justicia, contra el narcotráfico y a los que traban el crecimiento de la Argentina. Una cosa son las ideas y otra muy distinta es llevar adelante las transformaciones», detalló. 

Despegandose de los guiños de algunos integrantes de la coalición opositora con el diputado de Avanza Libertad, destacó que «no somos todos iguales”.

La sospecha que paraliza al país

Qué dijo Vidal del tractorazo del sábado

Presente en Plaza de Mayo junto a Bullrich y Larreta, Vidal expresó que la movilización de los políticos cambiemitas con los productores se relacionó con “dar una señal para todos los que producen de que no están solos”.

“Si bien el Gobierno nos transmite una realidad paralela, no todos los políticos vivimos en ella”, cuestionó. Aseguró, además, que desde el espacio opositor no acompañarán ningún impuesto. “Cuando uno tiene ganancias por encima de lo previsto, paga más Impuesto a las Ganancias. No se necesita un nuevo impuesto”, argumentó.

Fuente: Perfil.com

Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que consta de un sistema de viandas y bolsones de comida a entregarse en escuelas y que insumirá una inversión de 16 mil millones de pesos, de parte del gobierno nacional y luego una erogación constante de 5 mil millones de manera mensual por parte de la provincia de Buenos Aires. El programa funcionará como un agregado al Sistema Alimentario Escolar (SAE). El acto, que se llevará adelante en Florencio Varela, dejará una foto de unidad entre el kirchnerismo y el sector encolumnado detrás de la figura presidencial.

Hasta el municipio de Florencio Varela se trasladarán, además del gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, otros funcionarios del orden nacional que responden políticamente al presidente Alberto Fernández como el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta; la diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz o la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel. Además, claro, habrá intendentes del peronismo.

Políticamente, el encuentro podría ser un gesto de unidad en medio de las internas que atravesó y atraviesa la alianza gobernante, que vivió su etapa de mayor ebullición y exposición en lo que fue la votación en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluyó además la renuncia de Máximo Kirchnner a la presidencia del bloque oficialista. Según pudo saber Infobae, Kirchner asistirá al encuentro en Florencio Varela, lo que le daría un volumen político mayor.Kirchner junto a Kicillof semanas atrás en el lanzamiento de la agenda ambiental de la provincia de BsAs

Como dio cuenta Infobae, desde hace algunas semanas que hay un incipiente intento de acercar las partes en la alianza gobernante. Si bien la decisión última responde al presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner, funcionarios de segunda línea buscan darle fluidez a los canales de diálogo a través de la gestión. Fernández también mostró algunos gestos la semana pasada cuando, por ejemplo, compartió un acto junto al gobernador Axel Kicillof en lo que fue el anuncio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta.

Cuando se acordó la puesta en marcha del programa MESA, en los primeros días de marzo de este año, ya se había producido la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista a través de una dura carta en la que cargó contra el equipo económico del gobierno nacional, por cómo habían cerrado la negociación con el Fondo para el pago de la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, la gestión imperó y se acordó la creación del programa.

La idea de retomar la unidad con gestión es un plan que emana desde quienes tienen diálogo tanto con el kirchnerismo como con la figura presidencial. Por caso, en una reciente entrevista con Infobae, el ministro de Habitat y Desarrollo Territorial señaló que no lo asustan los debates “ni las diferencias”, aunque sí que no se resuelvan las cosas que hay que resolver. “A veces, un llamado de atención de una determinada política nos hace reflexionar y reaccionar.Hay que encontrar un mecanismo de cómo superarlo y me parece que se supera gestionando y resolviendo las cosas que hay que resolver”, enfatizó.Larroque y Zabaleta, cuando destrabaron la interna del FdT en Hurlingham durante el cierre de listas de las elecciones legislativas 2021

En la dinámica del plan que se presentará esta tarde, se establece que el Estado bonaerense recibirá un subsidio no reintegrable para 2022 de parte la Nación de $16.000 millones de pesos, “destinados al fortalecimiento de las acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria y de calidad de los sectores en condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia, que asisten a los 11.000 comedores escolares bonaerenses, en el marco del Programa SAE del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad”. Los $4 mil millones de pesos restantes serán cubiertos por fondos provinciales.

Los bolsones que se entregarán serán de manera mensual y a través de los establecimientos educativos incluidos en el SAE. Además, incluirá la entrega de un cuadernillo guía de buenas prácticas alimentarias y recetas de fácil preparación con los productos incluidos.

Según detallaron desde el ministerio que conduce Larroque en el año 2020, la inversión provincial en el SAE fue en aumento con el objetivo de ampliar el universo de destinatarios, la entrega de módulos alimentarios durante el período de aislamiento por la pandemia y el incremento del valor de las prestaciones. Para enero de 2022, la inversión fue de $83.825 millones de pesos acumulados y alcanza a más de 2.215.700 niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Ahora, que ya se reestablecieron el funcionamiento normal de los comedores escolares, se busca garantizar la seguridad alimentaria fuera de la institución escolar a partir del programa MESA.

El acto comenzará a partir de las 16 horas en el parque recreativo, deportivo y cultural Thevenet de Florencio Varela, ubicado en Beata Claudina Thevenet 2298 entre Alfonsina Storni y José Arenales.

Fuente: Infobae.com

La obra que el Gobierno define como “la más importante de la gestión” reunió al Presidente y dirigentes que se venían apuntando entre sí. El anuncio del inicio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta hizo posible que Alberto Fernández compartiera un acto con el sector energético representado por funcionarios kirchneristas. Eso sí, no hubo foto conjunta. 

“Tregua interina” es como se define por estas horas el vínculo entre el gabinete energético y el Presidente. Este sector mantiene fuerte diferencias con la gestión económica de Martín Guzmán y su intención de aumentar las tarifas de gas y luz en 60% promedio para el 80% de los usuarios.

Se trata de los funcionarios no alineados según la descripción de Guzmán. «Vamos a gobernar con los que estén alineados al modelo económico», dijo el ministro. Apuntaba, entre otros, al secretario de Energía, Darío Martínez, al titular de Energas, Federico Bernal, pero sobre todo a al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo. Lejos de haber cambios de gabinete y estos funcionarios ser removidos, este jueves los tres dijeron presente en el acto encabezado por el Presidente.PUBLICIDAD

Aníbal Fernández: «Es más que claro que Alberto tiene que ir por la reelección»

“Es la obra más importante de este gobierno. Significa el autoabastecimiento de energía y gas en medio de una crisis energética, no va a haber obra más trascendente que esta. Solo el primer tramo significan 10 millones de metros cúbicos por día, más de la mitad del contrato con Bolivia y el primer tramo va a estar listo antes del invierno que viene”, dicen desde la secretaría de Energía para explicar esta tregua.  

La disputa latente es por las tarifas

Desde Energía piden que si avanza con los incrementos, sea Guzmán quien presida las audiencias para la actualización de los montos de luz y gas oficializadas días atrás. Parece que el ministro de Economía aceptó poner la cara y eso tranquilizó las internas.

En las últimas horas, la Casa Rosada dio por ganada la discusión al lograr que Darío Martínez convoque a las audiencias. El funcionario fue puesto allí por Máximo Kirchner, pero hace equilibrio porque tiene aspiraciones como candidato a gobernador en Neuquén en donde tiene disputas con Oscar Parrilli. De todos modos, desde el Instituto Patria aseguran que sigue respondiendo al apellido Kirchner.

Guzmán afirmó que gasoducto Néstor Kirchner transformará la estructura productiva del país

Martínez llegó este jueves a Vaca Muerta con la comitiva oficial, un gesto del presidente subirlo al avión y más tarde compartir el escenario con él. En las primeras filas estuvieron Federico Basualdo, el más apuntado por el ala albertista, y  Federico Bernal. 

En las últimas horas, en el entorno del Presidente hablaban bien de Martínez reconociéndolo como un cuadro técnico, pero tildan de “pibito militante que no sabe de lo que habla” a Basualdo, tampoco tienen palabras de elogios para Bernal, también presente en el acto.  Estos funcionarios llegaron el miércoles a Neuquén. 

Hoy esas diferencias tuvieron un intervalo por decisión del Presidente pero también de la Vicepresidenta que ordenó dar el presente a sus funcionarios y no avanzar en críticas. De todos modos, no hubo foto conjunta. Ninguna de las tres imágenes que envió presidencia muestran a Martínez, quien estuvo en el escenario con Fernández. Tampoco se los ve a Basualdo ni a Bernal. Nadie se anima a arriesgar si esta tregua llegó para quedarse.

Fuente: Perfil.com

La decisión del presidente Alberto Fernández de normalizar relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela fue eje de consultas a la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa semanal.

La funcionaria defendió la decisión del Gobierno y planteó: “Evidentemente la situación en Venezuela está cambiando”. Sus dichos generaron una rápida reacción de Tamara Taraciuk, directora de Human Rights Watch: “¿En qué planeta vive?”.

Cerruti también manifestó que “no tiene sentido seguir hablando y haciendo algunas críticas que se venían haciendo. Recientemente ha habido elección elecciones en algunos distritos en los cuales el partido de gobierno perdió. Difícil hablar de un gobierno donde no existe la democracia, cuando el oficialismo pierde las elecciones”.

Taraciuk agregó en su cuenta de Twitter una serie de consideraciones para explicar la visión de la organización que preside. Detalla allí los tuis que ya había publicado el lunes pasado donde explica que “expertos independientes de la ONU documentaron que la justicia venezolana no solo no investiga delitos y abusos sino que es cómplice de ellos”, consigna que “hoy hay más de 240 presos políticos” y también menciona la emergencia humanitaria derivada de la situación económica, el éxodo de más de 6 millones de personas y la expulsión de los observadores internacionales que en noviembre de 2021 no pudieron supervisar los comicios.

El presidente Alberto Fernández había anunciado el lunes durante la visita de su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, en la Casa Rosada, la intención de reanudar el vínculo diplomático con Venezuela a través del acuerdo entre los países de América Latina nucleados en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). La iniciativa desató las críticas de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch y también de miembros de la oposición a Maduro, como el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=infobae&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1517488969671401472&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fpolitica%2F2022%2F04%2F22%2Fel-gobierno-volvio-a-respaldar-al-regimen-de-maduro-la-situacion-en-venezuela-es-evidente-que-esta-cambiando%2F&sessionId=7ed6d36a6af49ce0334fd514eaa2c5d9ad2ca95d&siteScreenName=infobae&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

“La mejor ayuda para Venezuela, y los argentinos lo saben porque han pasado por una dictadura brutal, es recuperar la democracia con una elección libre y justa, exigir justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y procurar el retorno de los venezolanos a su patria, sin persecución ni censura”, planteó Guaidó en un reportaje que le dio al periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, el miércoles de esta semana.

Y agregó: “El restablecimiento de relaciones debe ser con el gobierno interino, con la Asamblea Nacional; una actitud negacionista con respecto a la dictadura revictimiza a toda la sociedad venezolana que resiste democráticamente”.

“Continúan los presos políticos, hay una prosecución abierta al defensor de los derechos humanos, que tiene graves problemas de salud y fue secuestrado por la dictadura”, puntualizó.

“¿Usted cree que el presidente Alberto Fernández es negacionista?”, preguntó Feimnann. “No mencionar las cosas por su nombre y hablar de que se están resolviendo los problemas es negar la realidad; yo lo invito a llamar las cosas por su nombre y a Maduro como un dictador, que es lo que necesitan los venezolanos”, contestó Guaidó.El líder opositor venezolano Juan Guaidó criticó duramente la idea de Alberto Fernández de reanudar relaciones diplomáticas con el regimen de Nicolás Maduro. EFE/RAYNER PEÑA R

Infobae también le consultó a Cerruti sobre la abstención de Argentina este jueves en la OEA que podía decidir la expulsión de Rusia del Consejo Permanente de ese foro internacional que contradijo la postura del Gobierno de hace dos semanas en la ONU. “Si hay algo que el Gobierno tiene en política exterior es coherencia. Lejos está de ser una contradicción. Tal como expliqué aquí mismo, Argentina apoyó la suspensión de Rusia como miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU porque está siendo investigada por una Comisión Investigadora que impulsó Argentina sobre la violación de los derechos humanos en Ucrania”.

Luego agregó que “no todas las expulsiones o sanciones tienen la misma validez en todos los organismos internacionales. Argentina no cree que expulsar a un país de un organismo internacional sirva para mejorar la situación en ese país y en este caso la OEA usa como mecanismo habitual la sanción o la expulsión a determinados países. Argentina no va a impulsar que (Rusia) sea expulsada del G 20 ni tampoco en el caso de la OEA porque no tiene que ver una cosa con la otra. No sirve para el único fin que tenemos en nuestra política exterior que es que se cumpla la vigencia de los derechos humanos en todos los países del mundo y en todas las situaciones del mundo. Nuestro país, vota a favor, en contra o en abstención de acuerdo a lo que creamos que eso que se está proponiendo sirva para este fin”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Fuente: Infobae.com

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá este mediodía con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Washington para analizar el cumplimiento del programa de Facilidades Extendidas acordado hace un mes. El foco seguramente estará en dos temas puntuales que generaron preocupación en el mercado e hicieron “despertar” a los dólares paralelos: la aceleración inflacionaria y la reducción del déficit fiscal.

Las cotizaciones de los dólares financieros, el MEP y el CCL, subieron $8 ayer, luego de que los analistas económicos miraran con detalle los datos fiscales que publicó el Ministerio de Economía el miércoles a la noche. Si bien Guzmán destacó que se había sobrecumplido con la meta fiscal del primer trimestre, llamó la atención los ingresos generados en “rentas de la propiedad”, que aumentaron 1042% interanual.EL REBROTE INFLACIONARIO YA AMENAZA CON EMPEORAR LOS DATOS DE POBREZA

Estos recursos le permitió al Tesoro tener un ingreso de $158.000 millones en marzo, cuando en el mismo mes del año pasado habían significado solo $14.000 millones. Gracias a las “rentas de la propiedad”, el Tesoro informó que el déficit fiscal fue de $192.700 millones (0,25% del PBI), por debajo de los $222.300 millones (0,32% del PBI) acordados con el organismo de crédito. “Sin ese concepto, la Argentina no habría cumplido la meta fiscal”, dijo en su último informe la consultora 1816.

¿Cómo se explican estas rentas de la propiedad? Tal como lo señala la consultora, el Ministerio de Economía no da el detalle en su comunicado, pero la mayor parte tiene que ver con que el Gobierno registra en las cuentas públicas como un ingreso las diferencias entre el Valor Efectivo Adjudicado y el Valor Nominal Adjudicado de los títulos que emite, que muchas veces no se colocan a precios de $100.

“Si, por ejemplo, la Argentina coloca $10.000 millones de Valor Efectivo de un instrumento CER [atado a la inflación] cuyo Valor Nominal (VN) es de solo $5000 millones (por tener precio de colocación de $200 en lugar de $100 de VN), la diferencia de $5000 millones se cuenta como ingreso para las cuentas públicas (vía el concepto rentas de la propiedad). Y hay una particularidad: cuando las diferencias entre Valor Efectivo y Valor Nominal son negativas no se consideran en esta línea”, se explicó en el informe de 1816, elaborado por Adrián Rozansky, Mariano Skladnik y Martín Defilippo.

Según algunos economistas, la prohibición de contabilizar estas rentas de la propiedad surge del Memorando Técnico de Entendimiento con el FMI, que en su artículo 5° dice: “…Los ingresos excluyen todo tipo de transferencia financiera procedente del Banco Central (incluidos utilidades y adelantos transitorios), el ingreso en concepto de intereses generado por la tenencia de valores y obligaciones de deuda dentro del sector público y el producto de la venta de activos financieros…”.

En el Ministerio de Economía indicaron que “siempre se han contabilizado de esa forma” los ingresos de rentas de la propiedad. “Este gobierno y en el otro”, agregaron. Y detallaron: “Los ingresos asociados a rentas de la propiedad en el primer trimestre ascendieron a alrededor de $229.000 millones. De dichas rentas, $122.000 millones corresponden a ingresos recibidos por el Tesoro Nacional, $53.000 millones corresponden al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y $54.000 millones al resto de organismos del Sector Público Nacional”

“Las rentas asociadas al FGS derivan de los rendimientos que generan los activos en cartera de dicho fondo, mientras que las correspondientes al resto de organismos del Sector Público responden a inversiones (por ej. Plazos Fijos/ FCI) realizadas por los organismos que componen dicho universo. A su vez, los ingresos por rentas obtenidos por el Tesoro Nacional, corresponden principalmente a las rentas derivadas por la diferencia entre el valor efectivo y el valor nominal de las colocaciones realizadas en pesos”, agregaron.DÓLAR BLUE HOY: A CUÁNTO COTIZA EL VIERNES 22 DE ABRIL

El economista Francisco Ballester, de la consultora MindY-Economics que fundó el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, notó esta forma de contabilizar los ingresos de rentas de la propiedad en diciembre pasado. En Twitter, detalló que este recurso le permitió a Tesoro tener recursos extras por 0,3% del PBI en 2021. “Supongamos que hace un año se emitió un bono atado a la inflación. Hoy, solo por la inflación acumulada, ese bono valdría 50% más. Si hoy se volviera a emitir, por cada $100 ‘nominales’ ingresarían al estado $150 ‘efectivos’. Esos $50 se están contando como ingresos corrientes”, explicó.

“Según parece interpretarse del memorándum del acuerdo con el FMI, estas rentas no deberían contabilizarse como ingresos. Pero es algo que deberá confirmarse con la primera evaluación del programa. Si estos ingresos se descontaran, el Gobierno habría fallado la meta fiscal del primer trimestre (que, recordemos, se fijó apenas un par de semanas antes de que cierre). La pelota ahora la tiene el FMI, habrá que estar atentos a qué comunican”, dijo Ballester.

Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma, destacó que una quinta parte del incremento de los ingresos totales lo explican las otras rentas de la propiedad, del que el comunicado de prensa del Ministerio de Economía no dice nada, mientras que sí se resalta, por ejemplo, seguridad social, que tuvo un aporte menor. “Sin eso [por las rentas de la propiedad], incumplían la meta, que es holgada, porque permite deterioro respecto de 2021″, señaló.

Ayer, el economista Ricardo Arriazu también se refirió como “sospechosos” los ingresos de $120.000 millones, en una charla que brindó. “En el primer trimestre, bajó el déficit fiscal y la emisión, y se endeudaron en el mercado de pesos y eliminaron el excedente de pesos. Eso se está acabando, no puedo seguir de esa manera. Con los resultados fiscales de marzo, cumplimos con la meta del Fondo, pero hay un sospechoso ingreso de intereses de $120 millones a favor del Gobierno”, dijo.

El analista financiero Christian Buteler también coincidió en que hubo un ingreso extraordinario en el ítem “Resto rentas de la propiedad” que hizo subir fuerte los ingresos. “Eso permitió cerrar bien el resultado fiscal”, dijo.

Carlos ManzoniSofía Diamante

Fuente: La Naciòn

Para sumar un ingrediente más a la polémica por la integración del Consejo de la Magistratura, este jueves apareció un cuestionamiento contra el senador kirchnerista Martín Doñate como miembro del órgano judicial.

Llegó de parte del abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien planteó ante la Corte Suprema que el senador no cumple con los requisitos necesarios para ser parte del cuerpo.

Quién es Martín Doñate, el camporista que eligió Cristina Kirchner para enfrentar a la CortePUBLICIDAD

Según planteó Fargosi, Doñate se recibió de abogado en 2015 y no llega a tener los ocho años de abogado que se requieren para ser integrante del Consejo.

«Doñate obtuvo la matrícula federal recién en 2018 (…) no cumple con el requisito legal y constitucional de idoneidad mínima porque obtuvo su título de abogado hace seis años y cuatro meses, y comenzó el ejercicio profesional de abogado hace tres años y nueve meses», señaló el ex consejero en su presentación.

Qué se necesita para ser miembro del Consejo de la Magistratura

Además, afirmó que el artículo 4 de la Ley 24.937 establece que «para ser miembro del Consejo de la Magistratura se requerirán las condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia«.

Entre esos requisitos, el artículo 111 de la Constitución Nacional establece que para ser miembro hay que ser abogado con «ocho años de ejercicio».

Cristina Kirchner fue denunciada por Luis Juez por el «artilugio retorcido» del Senado

El senador nacional fue propuesto por el Frente de Todos como integrante del Consejo por la segunda minoría, luego de que ser partiera el oficialismo en dos bloques.

Esa movida le permitió nombrar el legislador camporista, en medio de una pelea con Juntos por el Cambio, que había designado para ese puesto al senador cordobés del PRO Luis Juez.

Además de esta presentación de Fargosi, el frente opositor también presentó una impugnación contra Doñate.

Fuente: Perfil.com

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de sobreseimiento realizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, por la que fueron condenados el empresario santacruceño Lázaro Báez y sus hijos. Al igual que el fiscal Guillermo Marijuán, Casanello argumentó que hay varias medidas de prueba pendientes para determinar si la ex presidenta tuvo participación en la maniobra de lavado de dinero.

En esa causa, la ex presidenta tiene una falta de mérito dictada por el juez Casanello, quien la llamó a declaración indagatoria a instancias de la Cámara Federal en 2018, cuando la entonces ex jefa de Estado desfilaba por Comodoro Py.

A mediados de septiembre del año pasado, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al juez una definición sobre la situación procesal de Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (el ex presidente de Peñarol de Uruguay), y Antonio Demarco, un intermediario en la compradel campo El Entrevero. Desde entonces, solo se resolvió la situación procesal de Demarco, que fue sobreseído por la Cámara Federal.

A fines del año pasado, el juez Sebastián Casanello ordenó varias medidas de prueba en el expediente que sigue en la etapa de instrucción. Entre otras cosas, le pidió a su par Julián Ercolini que le mande toda la información vinculada al cruce de llamadas agregado a la causa Cuadernos. También le solicitó Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1) una copia de una pericia realizada al celular del ex secretario de Obras Públicas José López, donde surgirían los números utilizados por Báez.

Aunque varias de esas medidas todavía están en curso, la defensa de la vicepresidenta pidió hace dos semanas que se dejen sin efecto todo lo que está pendiente y que se disponga el sobreseimiento, aludiendo a la garantía de ser juzgada en un plazo razonable.

Como ocurrió hace unos meses, las querellas de la AFIP y la UIF se manifestaron a favor de cerrar la etapa de instrucción.(Adrián Escandar)

Peroel fiscal Marijuán se opuso al sobreseimiento y cuestionó en duros términos el rol de las querellas. “Esta parte no puede dejar de señalar el comportamiento asumido por las querellas, en tanto entienden que no tienen medidas de prueba para sugerir y que en consecuencia VS se encuentra en condiciones de resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner del modo que estime corresponder, circunstancia que implica, en los hechos, el inexcusable abandono de su actuación como acusadores en este proceso”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que fue la UIF la que propuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas correspondientes a Lázaro Antonio Báez y los ex secretarios de Cristina Kirchner.

Ese entrecruzamiento todavía no se terminó. Según pudo saber Infobae, hay demoras para identificar los teléfonos de varios de los protagonistas. Una vez que se termine ese estudio, los datos deberán ser cruzados con otras fechas importantes para el desarrollo de la investigación como las reuniones en La Rosadita para contar dinero.Sebastián Casanello en el evento del Ministerio de Justicia. (Adrián Escandar)

Al momento de resolver, Casanello respaldó la postura del fiscal. “En primer término, corresponde aclarar que, a su debido tiempo, fue ordenada la totalidad de las diligencias propuestas por el fiscal en su dictamen del 21 de octubre del 2021 (la defensa yerra en este punto). Sus resultados fueron incorporados paulatinamente a estos actuados, encontrándose en trámite preparatorio el entrecruzamiento telefónico y en pleno intercambio entre países lo que atañe al pedido de asistencia internacional. En segundo término, no acarrea sanción de nulidad el tiempo insumido por el fiscal para dictaminar: el código contempla plazos ordenatorios y tampoco se advierte una demora excesiva en responder”, sostuvo Casanello.

Y agregó: “No considero correcto, como director del proceso penal, mutilar vías de investigación abiertas. Si en su momento se consideraron útiles y pertinentes, no hay una razón válida para revisar hoy -por el mero paso del tiempo- ese criterio. Por eso, insistiré y esperaré sus resultados”.

No obstante, el juez pidió acelerar las medidas pendientes. Puntualmente, le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que identifique una serie de números telefónicos de allegados a la entonces presidenta; a las compañías de servicios telefónicos que informen si en el periodo que va de octubre de 2010 a abril de 2013, Cristina Fernández de Kirchner registró líneas a su nombre; y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si le asignó “a la ex Presidenta y/o a sus principales colaboradores/secretarios privados teléfonos en el período referido”.

También hay un capítulo internacional pendiente. El juez quiere saber si Cristina Kirchner tenía conocimiento de las maniobras atribuidas a Lázaro Báez y su entorno a partir de los dichos del arrepentido Leonardo Fariña, quien en el juicio relató una conversación con el empresario en las oficinas del pasaje Carabelas. Según esa anécdota, Cristina Kirchner le había preguntado (a Báez) “si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la Embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso”.

“En lo que atañe al proceso de colaboración entre países, en el marco del cual se está requiriendo información adicional, su relevancia no es menor, pues hace al conocimiento o desconocimiento que Cristina Fernández de Kirchner podía tener respecto de las operaciones de lavado atribuidas a Lázaro Báez y su entorno”, dijo ahora Casanello.

Todo esto ocurre en un tramo residual de la causa que sigue en instrucción. En el juicio oral, Lázaro Baéz fue condenado a fines de febrero a 12 años de prisión. También recibieron condenas sus cuatro hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fabián Rossi, entre otros. Todas las condenas están apeladas ante la Sala IV de la Cámara de Casación.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a mostrar su apoyo hacia el presidente Alberto Fernández para que se presente a su reelección en 2023.

Tras la arenga del mandatario nacional en un plenario del Partido Justicialista en José C. Paz en el que dijo «el que quiera hacerles creer que en 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!, ¡un carajo estamos perdidos!«, el funcionario nacional coincidió con esa idea.https://rudo.video/vod/bNHyVN

«Es más que claro que Alberto Fernández tiene que ir por la reelección«, lanzó Aníbal Fernández en una entrevista con C5N.

En esa línea, mencionó los problemas que tuvo la actual gestión y valoró las medidas económicas: «Porque el Presidente que se fuma asumir la responsabilidad de la presidencia de la Nación en las pésimas condiciones que encuentra al país».

Alberto Fernández cosecha apoyos para la reelección

«Tuvo que abocarse para dar vuelta todos los vencimientos que explotaban en la cara en minutos, los privados y los de los organismos internacionales de crédito. Todo lo que se vino haciendo fue para concluir en un camino de generación de riqueza como en el que estamos», continuó.

Aníbal Fernández: «Cristina Kirchner se ganó el derecho a hablar mano a mano con Alberto Fernández»

Asimismo, comentó: «Bueno, lo que está diciendo es eso. Con los resultados que tendremos este año en términos económicos, más que claro está que el Presidente tiene que ir por la reelección«.

«Para mí. Lo digo con muchas ganas, con mucha injundia. Estoy convencido», aclaró Aníbal Fernández.

Fuente: Perfil.com

Entre el 10 y 12 de mayo se van a realizar las audiencias públicas previas a la implementación de los aumentos en las tarifas previstos para junio. Esta vez, luego de varios anuncios, el Gobierno finalmente presentará un esquema de segmentación de tarifas por el cual un 10% de los usuarios —los de mayor capacidad de pago— dejarán de recibir subsidios y comenzarán a pagar el valor pleno del servicio eléctrico.

Según fuentes del Gobierno, a la propuesta de segmentación por zonas geográficas, que fue presentada en febrero y que incluye la quita de subsidios para 13 barrios de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA, se sumará ahora también un criterio de segmentación por ingresos.

Los titulares del servicio con alto poder adquisitivo deberán afrontar la tarifa plena de los servicios. Esto incluye a a los usuarios con ingresos de más de $300.000

“Se combinarán las dos propuestas para identificar titulares con alta capacidad de pago que serán alcanzados por la quita de subsidios y al mismo tiempo cuidar especialmente la situación de los hogares de menores ingresos”, explicaron a Infobae.

De esta forma, en las audiencias, se presentará un esquema que unificará el criterio geográfico impulsado por el Entre Regulador de la Electricidad (Enre) y Federico Basualdo—el subsecretario de Energía Eléctrica cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner—, con un modelo de segmentación por ingresos, elaborado por el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, funcionario de confianza del ministro de Economía Martín Guzmán.Para la segmentación se combinarán datos de ubicación geográfica e ingresos

Según pudo conocer Infobae, la propuesta de la Subsecretaría de Planeamiento Energético se realizó en base a un trabajo articulado con el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social). Y además de usar el criterio geográfico suma variables que se pueden aplicar a usuarios de todo el país.

Los principales puntos del esquema de segmentación son:

– Los usuarios que vivan en los barrios que integran el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o que por su vulnerabilidad perciban beneficios sociales como la AUH, programa Potenciar o la jubilación mínima accederán a la tarifa social (en estos casos, independientemente del lugar de residencia).

Los usuarios que vivan en los barrios que integran el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o que por su vulnerabilidad perciban beneficios sociales o la jubilación mínima accederán a la tarifa social

– Los titulares del servicio con alto poder adquisitivo deberán afrontar la tarifa plena de los servicios. Esto incluye a los usuarios con ingresos de más de $300.000 (equivalentes a 3,5 CBT canastas básicas totales), que posean tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones o aeronaves.

“Esta metodología permite identificar al 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago, de manera tal que el 90% de las personas usuarias residenciales perciban una reducción de la tarifa en términos reales con una protección mayor a los segmentos de tarifa social, mejorando la incidencia distributiva de los subsidios y reduciendo el esfuerzo fiscal destinado a los sectores de altos ingresos”, señalaron.Para los usuarios del AMBA que conserven los subsidios el aumento promedio de junio será del 17% para las tarifas de electricidad

La propuesta final consistirá en utilizar un criterio geográfico en zonas de muy altos ingresos del AMBA superpuesto a un criterio por ingresos y patrimonio aplicable en todo el país. “En todos los casos, cada persona tendrá la posibilidad de hacer una solicitud de reconsideración si no cuenta con los recursos para afrontar la tarifa con el nivel de subsidios asignado”, aclararon.

El acceso a los datos sobre los ingresos de cada usuario es un tema sensible. Y fue una de las trabas que existían hasta el momento para aplicar la segmentación por ingresos, ya que determinados organismos como la AFIP o el Banco Central no pueden compartir información fiscal o financiera con otros entes del Estado. Otro problema de la segmentación es determinar que el usuario sea efectivamente la persona que vive en el domicilio (pueden ser inquilinos, herederos o familiares con otro nivel de ingresos).

¿Por qué se usarán los dos criterios? Según la información oficial, si solo se utiliza el criterio geográfico, personas con capacidad de pago ubicadas fuera de las zonas geográficas establecidas continuarían recibiendo subsidios sin necesitarlo. Y si se utiliza solo el criterio de ingresos y patrimonio, algunos sectores de altos ingresos “caracterizados por su baja registración de los bienes” podrían continuar recibiendo el subsidio.

El Gobierno consideró que el criterio geográfico no resulta efectivo lejos de los grandes centros urbanos, donde viven personas con alta capacidad de pago y personas con bajos ingresos en la misma zona geográfica

Según explicaron, además, el criterio geográfico es posible de aplicar en ámbitos como el AMBA, con alta densidad poblacional y “relativa homogeneidad socioeconómica agrupada en polígonos”. Pero consideraron que en el resto del país, donde viven personas con alta capacidad de pago y personas con bajos ingresos en la misma zona geográfica en mayor proporción que en los centros urbanos, no resulta efectivo y se incrementan los posibles errores en la asignación de subsidios.

¿Cuánto más pagarán quienes dejen de recibir los subsidios? El porcentaje oficial aun no se dio a conocer, pero el Gobierno ya informó que para el resto de los usuarios (el 90% que mantendrá los subsidios) los aumentos irán en línea con la evolución de los salarios. Luego de la firma del acuerdo con el FMI, se informó que el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior.

En el CVS de 2021 fue de 53,4%. Por lo tanto, en función de este esquema, para este año la actualización de las tarifas debería ser de 42,7%. Como ya hubo una actualización tarifaria en marzo pasado, el incremento propuesto para junio será en promedio del 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA (el porcentaje puede variar según cada categoría de tarifa residencial).

En tanto, para los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será igual al equivalente al 40% del CVS del año anterior, un 20,5%. Para los beneficiarios de tarifa social de Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para este segmento no superará el 6%.

Los aumentos de tarifas y la quita de los subsidios fueron un tema clave en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y quedaron en medio de las internas políticas entre el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Energía, y funcionarios del Gobierno, entre ellos Federico Basualdo y los interventores del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) y del Enargas, cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fuente: Infobae.com