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El oficialismo no quiso dejar al desnudo cuánto había arriado sus banderas al negociar con los laboratorios y la oposición aprovechó la oportunidad para dominar la agenda pública durante días. Esa fue la trastienda detrás de la decisión de blindar el contrato por las vacunas contra el Covid19 que adoptó la Auditoria General de la Nación (AGN) en pleno Mundial de Qatar.EL “PELOTÓN DE FUSILAMIENTO”: QUIÉNES SON LOS TRES JUECES QUE DECIDEN SI CONDENAN A CRISTINA KIRCHNER

La reserva de esos contratos por más de US$ 1757 millones benefició a unos y otros. Al oficialismo le permitió extender por un tiempo más el silencio que recubre las aristas más incómodas que negoció con los laboratorios, como la cláusula sobre la legislación aplicable y la prórroga de jurisdicción, según indicaron a LA NACION fuentes con acceso a esa documentación o que, incluso, participaron en esas negociaciones.

A estas aristas se sumaron otras que los auditores por la minoría opositora querían revisar en los contratos por las vacunas Sputnik V; Sinopharm; CovidShield; AstraZeneca; Pfizer; Cansino; Covax; Moderna y Richmond/Sputnik V. Entre otras, cómo fueron los procesos de negociación, si participaron intermediarios –como intentó el franco-venezolano Maximilien Sánchez Arvelaiz con los rusos, por ejemplo-, cuál fue el criterio para seleccionar cada laboratorio, y los retrasos en la entrega de vacunas, como ocurrió con AstraZeneca, al que el Gobierno adelantó fondos.

En la práctica, los funcionarios argentinos debieron ceder una y otra vez ante las exigencias de los fabricantes de las –por entonces- escasas vacunas contra el Covid-19. Así fue como aceptó, por ejemplo, que toda controversia se dirimiera según las disposiciones de las leyes de otros países, ya fueran Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra o cualquier otra potencia.

Para el oficialismo, que había hecho de la defensa de la soberanía nacional –y proclamó que no entregarían “glaciares”- resultó una cesión incómoda. Tanto como otra cláusula recurrente en ese tipo de contratos, la prórroga de jurisdicción, que dispuso ante qué juez o tribunal se resolvería cualquier contrapunto. Y, otra vez, Nueva York o Londres se pusieron sobre la mesa. Pero no sólo esas ciudades, según reconstruyó LA NACION. Los rusos impusieron que, de llegar a ser necesario, se verían las caras ante un tribunal arbitral en Singapur.MAURICIO MACRI SE MUEVE COMO UN JEFE DE ESTADO EN EL MUNDIAL QATAR 2022

Esas cláusulas, sin embargo, no deberían llamar la atención. De hecho, no sorprenden a ningún abogado especializado en Derecho Comercial o Administrativo. Toda empresa procura imponerle a su contraparte dónde y con qué legislación dirimirán sus diferencias. Y el Gobierno nacional hace lo propio, cada vez que puede.

Antecedentes sobran. Basta con repasar el contrato que firmaron YPF y Chevron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. También se acordó la confidencialidad del contrato, que sólo cedió bajo presión judicial. Fue necesario que la Corte Suprema de Justicia así se lo impusiera.

Con la firma de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el tribunal les recordó a YPF y al Gobierno que el derecho de buscar y recibir información está expresamente consagrado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué surgió de aquel contrato? Que YPF aceptó que su interacción con Chevron se regiría por las leyes estadounidenses, que cualquier arbitraje sería ante la Cámara de Comercio Internacional, en París, y que un entramado de empresas offshore resguardaría los intereses de Chevron ante la amenaza de los holdouts.

Ya en plena pandemia, en tanto, arreciaron dudas y críticas por la negociación con los laboratorios. Tanto por las supuestas motivaciones ideológicas de ciertos funcionarios, más afines a Vladimir Putin, como por sospechas de corrupción. En particular, por la negativa oficial a acordar con Pfizer. Para la ministra de Salud, Carla Vizzotti resulta injusto y falso: “Si nosotros pudiéramos, sería lo mejor que nos podría pasar poder explicar y contar exactamente la negociación. No podemos por pedido de la industria farmacéutica. No es que queramos ocultar nada”, dijo.

Disputas intestinas

Pero a estos primeros ejes incómodos para quienes se presentaron a sí mismos como defensores de la soberanía nacional y los glaciares, se sumó un escollo insoslayable: las diferencias internas. Los auditores que representan al oficialismo responden a distintos sectores o padrinos. Juan Ignacio Forlón, a Máximo Kirchner; Gabriel Mihura Estrada, a Sergio Massa; Graciela de la Rosa, al gobernador formoseño Gildo Insfrán; y Javier Fernández, otrora menemista y aliado de Jaime Stiusso, a sí mismo.

“En lo que sí lograron ponerse de acuerdo al tener que auditar los contratos [con los laboratorios] fue en que preferían que no salieran a la luz”, indicó una fuente al tanto de las deliberaciones. Y la orden se transmitió a la línea a través del gerente de Control de Gestión del Sector No Financiero, el ingeniero Carlos Lauría.

Proveniente del Frepaso, Lauría llegó a la AGN de la mano del legislador catamarqueño Mario Fadel, a quien asesoró. Y se quedó en la Auditoría de la mano del kirchnerismo, donde dos fuentes indicaron que se apoya en Forlon para tomar algunas decisiones. Entre ellas, según denunció la oposición, la que sacudió la modorra alrededor de los diez convenios que llevaron a la entrega de al menos 121,8 millones de vacunas.

¿Qué denunció la oposición? Que una vez respondió el Ministerio de Salud las preguntas enviadas por la AGN, Lauría “dispuso entregar sólo parcialmente la información recibida” al equipo que debía auditor lo ocurrido, “alegando que parte de la información recibía excedía el alcance del proyecto de auditoría”. Es decir, que la AGN se limitó a sí misma.

Para los tres auditores por la minoría opositora –Jesús Rodríguez, que preside la AGN, Miguel Pichetto y Alejandro Nievas- el oficialismo los empujó al “rechazo total de los informes elevados a consideración”. Consideraron que eran acotados y superficiales, casi una puesta en escena. “La AGN termina siendo más papista que el Papa”, cuestionó Pichetto.

Para la oposición, sin embargo, lo ocurrido resultó una oportunidad para dominar la agenda por unos días. No sólo denunció la tendencia oscurantista del oficialismo, sino que tomó la iniciativa en un rubro incómodo para la Casa Rosada, en la que arrastra también el Vacunatorio VIP. Por eso buscarán que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Senado convoque a Rodríguez, Pichetto y Nievas a exponer lo ocurrido y, así, añadir sal a la llaga kirchnerista.

Para Forlón, la puesta en escena fue opositora: “Nuestra misión es auditar, no tenemos que explicar a la gente nada”, replicó a los tres opositores. “Ustedes no han leído el informe, no pretenden una buena auditoría”.

Lejos de los micrófonos y los contrapuntos políticos, en tanto, la fundación Poder Ciudadano pugna en los tribunales por obtener esos contratos. Su petición tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 y se acerca a la sentencia.

Hugo Alconada Mon

Fuente: La Nación

“Si condenan a Cristina, lo van a hacer sin argumentos. No hay. Si es así, vamos a entrar en un serio problema en la relación con la Justicia”. La frase pertenece a una importante dirigente política del kirchnerismo que conoce bien los pasillos del poder K. El martes el Tribunal Oral Federal 2 dictará la sentencia en la causa Vialidad y quedará a la luz el futuro judicial -con impacto político- de la Vicepresidenta.

El fiscal Diego Luciani pidió una condenada para CFK de 12 años, más inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Lo hizo el 22 de agosto, la fecha exacta en la que la dirigencia y la militancia K empezaron a gestar el operativo clamor para que la ex mandataria, en primer término, ocupe el centro de la escena, y luego se convenza de competir en las elecciones presidenciales del 2023.https://1b5e5455c99831694f33fe2d39c80814.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

A partir de ese momento, Cristina Kirchner obtuvo absoluta centralidad dentro del peronismo y desplazó la figura presidencial de Alberto Fernández. Ese movimiento se profundizó con el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su departamento en el barrio de Recoleta.

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Desde entonces, ha multiplicado sus cuestionamientos a la Justicia. Empezando por la fiscalía que la investigó en la causa Vialidad y siguiendo por el pedido de recusación a la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa donde se investiga el atentado que sufrió. Su situación judicial ocupa la mayor parte de su agenda.La militancia K no marchará en la antesala de la sentencia, pero podría hacerlo después en el caso de que la Vicepresidenta resulte condenada (Aglaplata)

Una de sus últimas publicaciones en las redes sociales fue el texto que escribió bajo el título “Las 20 mentiras de la causa Vialidad” en el que se defiende de las acusaciones de la fiscalía y desmenuza los argumentos de lo que considera que es una causa armada en su contra.

La última vez que habló en el juicio redobló la presión sobre el TOF 2. “Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, aseguró. Hace tiempo que sostiene que la “sentencia está escrita”. Cada una de esas intervenciones sembraron enojo en las filas K, donde están convencidos que la causa Vialidad es solo “un acto de persecución”.

“Es vergonzoso. La condena está escrita desde el inicio del juicio. El fiscal no pudo defender su propio alegato. La defensa de CFK destruyó una por una todas las supuestas ‘pruebas’”, explicó un influyente funcionario bonaerense. En el kirchnerismo más duro asumen con absoluta resignación y fastidio que la Vicepresidenta será condenada. Creen, claro está, que se tratará de una sentencia infundada y politizada.

Pese a ese creciente enojo que inundó las filas K, por el momento no hay una decisión contundente de generar una movilización masiva para respaldar a la Vicepresidenta antes de la lectura de la sentencia. Ni a su departamento en Juncal y Uruguay, ni a los tribunales federales de Comodoro Py, ni al Senado, donde pasa gran parte del día.En el kirchnerismo creen, al igual que CFK, que la «condena está escrita» (REUTERS)

Si bien hay convocatorias realizadas con hashtag en las redes sociales y pedidos contundentes como el de Luis D’Elia para que la militancia salga a la calle – anticipando una condena a la Vicepresidenta – desde La Cámpora aseguran que no hay una movilización pautada para ese día, aunque dejan la puerta abierta a posibles cambios durante el lunes.

En algunos rincones de la oposición creen que una condena podría derivar en un aumento de la violencia política, incitada por el kirchnerismo. Sin embargo, en el ala K del Frente de Todos sepultaron la posibilidad de que haya una reacción violenta en el caso de que el TOF 2 condene a la Vicepresidenta.

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“¿Cuándo cometimos un acto violento? El peronismo es una fuerza democrática y pacífica. La derecha es violenta. La quisieron matar a CFK y ahora la quieren condenar sin pruebas. Eso es violencia”, sentenció un importante funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

El único sector, además de la agrupación Miles, que conduce D’Elía, que marchará el próximo martes será ATE Capital, el gremio que conduce Daniel “Tano” Catalano, y que ya anticipó que si “la condenan a Cristina, vamos a parar el Estado”. Fue la jugada política más fuerte hasta el momento en la antesala de la audiencia final en el juicio de Vialidad.

Por el momento, ni el sindicato de Camioneros, que conduce Pablo Moyano, ni la Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, dos de los gremios más grandes que están alineados al kirchnerismo, marcharán el martes. Tampoco los movimientos sociales ni La Cámpora.No hay planes de movilizaciones masivas para antes de la sentencia. Una vez consumada la resolución del tribunal la fuerza política se reorganizará y decidirá cómo avanzar.En su última aparición en el juicio la Vicepresidenta consideró que el tribunal que la juzga es «un pelotón de fusilamiento»

“Si hay condena, va a haber una respuesta política e institucional. Somos respetuosos pese a lo que dice la oposición”, indicaron en el kirchnerismo. Además, dejaron en claro que en el caso de que CFK sea condenada “pelearán hasta donde se pueda”, en referencia a las dos instancias judiciales de apelación que quedan por delante y, recién en ese caso, podría alentarse una salida a la calle en forma masiva.

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Un histórico dirigente K, que suele defender en público a la Vicepresidenta, lo explicó en una frase: “Si la Justicia no cambia de idea y siguen con la intención de proscribirla, se tendrá que manifestar la sociedad, porque a la sociedad no le gusta que proscriban a los dirigentes políticos importantes que pueden ser candidatos”.

En el kircnerismo sostienen que la militancia “es prudente” y se “comportará igual que lo hizo en las vigilias” que llevaron a cabo frente al departamento de Cristina. Parece haber una bajada de línea clara para que no haya ningún tipo de manifestación en las calles que genere algún tipo de desborde. En todo caso, primero escucharán y después actuarán en consecuencia.

De todas formas, hay un abroquelamiento claro de la fuerza política. Una dirigente del sector más duro envió un mensaje de resistencia en la antesala del juicio. “Vamos a estar donde haya que estar y hacer lo que haya que hacer en defensa de la democracia. El pueblo no va a permitir el golpe que ese poder judicial corrupto pretende perpetrar por la vía de la proscripción judicial”, sentenció.

Si Cristina Kirchner es condenada el escenario político sufrirá un abrupto cambio, pero es impredecible conocer con antelación el volumen y la profundidad de esa modificación. El kirchnerismo está en estado de alerta. La dirigencia espera la luz verde para salir a cuestionar la justicia como un vendaval. La militancia podría volcarse a la calle sin tanta organización previa.

Si CFK es absuelta el escenario político sufrirá un golpe de todas formas. Es probable que sea la oposición la que salga a marcar territorio. De cualquier forma, la Justicia quedará en el ojo de la tormenta, mientras el sector político que se sienta perjudicado pone en tela de juicio el accionar de uno de los poderes del estado. Se avecinan días complejos para la política nacional.

Fuente: Infobae.com

En medio de la tensión con el Gobierno por la irritación de los movimientos sociales ante la decisión de dar de baja un número todavía indefinido de planes sociales y luego de los incidentes registrados la semana pasada, el Movimiento Evita protagonizó esta tarde una misa por la paz en La Matanza. Pese a que estaban invitados, entre otros, el presidente Alberto Fernández, Máximo Kirchner y el intendente local, Fernando Espinoza, solo asistieron referentes propios y algunos miembros del PRO y la UCR.EL ESCÁNDALO EN DIPUTADOS AMENAZA CON TRABAR LEYES CLAVE QUE RECLAMA EL GOBIERNO

El oficio religioso se realizó en la catedral de San Justo bajo la consigna de ser una “misa por la paz y la convivencia democrática” y fue convocada luego de que la semana pasada ocho militantes del Evita denunciaron haber sido agredidos con golpes de puño y amenazados con armas de fuego cuando realizaban unas pintadas en el municipio de La Matanza. Además, en medio de la agresión, los vehículos en los que se trasladaban registraron severos daños e impactos de bala.

La agresión fue cuando realizaban pintadas a favor de la diputada provincial Patricia “La Colo” Cubría, quien representa al Frente de Todos y busca discutir la candidatura a la intendencia, cargo que actualmente ocupa Espinoza.

Poco después de lo sucedido, el Movimiento Evita emitió un comunicado titulado “Por una democracia sin violencia política”, en el que repasaron la lo ocurrido, denunciaron las agresiones sufridas y convocaron a la misa de hoy.

Según pudo saber LA NACIÓN, tanto Kirchner como Fernández fueron invitados por el dirigente del Evita y funcionario Emilio Pérsico. De hecho, la noche misma del ataque, Pérsico al primero que llamó fue a Kirchner y en ese contexto lo invitó a la misa, ambos convencidos de que “hay que terminar con la violencia política”, según explicaban cerca del Movimiento. En tanto que esta misma semana Pérsico también fue a Olivos, donde se reunió con Fernández y le transmitió la invitación.TRAS EL PIQUETE EN EL CENTRO, ALBERTO FERNÁNDEZ Y TOLOSA PAZ SE REUNIERON CON PÉRSICO Y FRENARON LA BAJA DE PLANES

Pérsico fue uno de los asistentes a la misma, en la que estuvo junto al diputado Leonardo Grosso; el titular de Barrios de Pie y también hombre de Desarrollo Social, Daniel Menéndez y Víctor Alderete, diputado y líder de la Corriente Clasista Combativa (CCC), entre otros.

Según explicó Cubría, fueron convocadas “todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales y sindicales de La Matanza, del orden provincial y nacional para decirle no a la violencia política”. Desde la organización insistieron que “esto más que un ataque a nuestros compañeros y compañeras es un ataque a la democracia, a nuestros vecinos y vecinas, a nuestra militancia y a la militancia de todas las fuerzas vivas de La Matanza”.

CEREMONIA Y TENSIÓN POR LOS PLANES

La ceremonia se dio en un momento tenso de la relación entre el Gobierno y el Movimiento Evita, que forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que esta mañana estuvo en el Puente Pueyrredón como primera medida de fuerza relevante contra la gestión de Fernández. Fue bajo la amenaza de un plan de lucha para los próximos días, que ahora quedó en suspenso tras una reunión del Presidente con Pérsico y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Tolosa Paz quiere que las incompatibilidades encontradas por una auditoría impacten en el pago del plan Potenciar Trabajo que se gira el próximo lunes 5 de diciembre. Es decir, busca que se actualice el padrón y se den de baja los casos irregulares en lo inmediato. Pero esa decisión quedó en suspenso tras la reunión con Pérsico, realizada antes de la misa en la catedral de San Justo.

Fuente: La Nación

Los infectólogos insisten en que todos deben aplicarse los refuerzos para protegerse de las formas graves de la infección por COVID-19 ( REUTERS/Emily Elconin/Archivo)

El reporte semanal de vigilancia epidemiológica emitido cada semana por el Ministerio de Salud de la Nación dio cuenta durante los dos últimos domingos de un aumento significativo de los casos de COVID-19 en el país.

Qué es el silencio viral inmunológico y por qué sería la causa de la tripledemiaAl aumento de los casos de COVID registrado en las últimas semanas en el país, se suma la circulación de influenza y virus sincicial respiratorio en una época inusual. Cuál es la opinión de los expertos consultados por Infobae

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Y si bien los especialistas consultados por Infobae coincidieron y fueron cautos en que “la situación no es alarmante ni por la cantidad ni por la gravedad de los casos”, lo que preocupa a las autoridades sanitarias es la baja cobertura de las dosis de refuerzo contra el coronavirus en el país, de cara a una nueva suba de contagios.

Según las cifras oficiales, los nuevos contagios pasaron de 2.206 en la semana del 13 al 20 de noviembre a 3.323 entre el 20 y el 27, lo que representa una suba de 50,63% en los últimos 7 días.

Si bien el número de casos es mucho menor a los que se registraban en los peores momentos de la pandemia en el país, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias es el porcentaje del incremento de los nuevos contagios en siete días, que se suma a la poca adherencia de la población a continuar con los esquemas de vacunación.Ante el fuerte crecimiento de los contagios, en la última semana se quintuplicó la asistencia a los centros de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires (Adrián Escándar)

Es que en la Argentina, según informa el Monitor Público de Vacunación, el registro online de la cartera sanitaria, que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, de las 110.598.035 vacunas aplicadas desde el comienzo de la campaña en diciembre de 2020, 41.053.190 corresponden a primeras dosis y 37.906.316 personas completaron su esquema inicial de dos dosis. Sin embargo este alta cobertura no pudo mantenerse al momento de aplicarse los refuerzo que se recomiendan al cumplirse cuatro meses de la última dosis.

Alerta por la suba de casos de COVID: cuáles son las razones del aumento, según los especialistasEn la última semana se registró un incremento del 50% de los contagios. Por ahora, los expertos coincidieron en que la situación “no es alarmante” ni por la cantidad ni por la gravedad de los cuadros clínicos. Cómo impactan las bajas tasas de vacunación

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Según los datos oficiales, el 46% de los argentinos se aplicó el primer refuerzo, el 13% de la población recibió el segundo refuerzo y sólo el 0,6% se aplicó el tercer refuerzo.

Los refuerzos, por su parte, se tratan de dosis adicionales, que “refuerzan la inmunidad en forma periódica y las recomendaciones prevén aplicarlos al menos seis meses después de haber completado el esquema primario de dos dosis”, según lo había explicado la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Así, a los seis meses de recibida la segunda dosis, es esperable que la población haya recibido la tercera; a los seis meses de la tercera, la cuarta, y así sucesivamente.“Al no haber casos y ser tan baja la circulación del virus, la gente consideró que ya no hacía falta vacunarse», dijo el infectólogo Ricardo Teijeiro (EFE)

Sin embargo, en el país sólo 21.838.467 personas fueron vacunadas con el primer refuerzo. Y la cantidad de población debidamente protegida disminuye a medida que aumenta el número de dosis que debieran haber recibido: 6.349.657 recibieron el segundo refuerzo y apenas 290.639 el tercero.

Calor y aire libre, los aliados para combatir la obesidad y el sedentarismo en niñosLa pandemia de COVID-19 empeoró un fenómeno que ya se observaba en los más chicos: muchos alimentos procesados, poco movimiento y gran parte del tiempo frente a las pantallas. Cómo ayudarlos a ponerse en movimiento para una mejor salud física y mental

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Consultada por Infobae, la médica infectóloga María Cecilia Niccodemi (MN 105624) señaló que “lo que se logró con las vacunas fue un real descenso en enfermedades graves y en la mortalidad de los pacientes”. Y analizó: “El pico de casos en el país lo tuvimos en la tercera ola, en la que casi todos fueron casos leves, que no impactaron en el número de internaciones en terapia intensiva ni muertes, y eso fue debido a que teníamos altas tasas de vacunación”.

El consenso de los especialistas siempre planteó que las vacunas disponibles autorizadas de emergencia no evitarían la enfermedad, sino que el fin de la campaña era evitar los casos graves, las complicaciones y muertes. En ese sentido, la especialista del staff del Centro Médico Doctor Stamboulian y Sanatorio La Trinidad San Isidro, enfatizó: “En la tercera ola la gente siguió infectándose, pero tenía enfermedad leve, mientras que el pico de mortalidad en el país lo tuvimos en la segunda ola, en la que predominó la circulación de la variante Delta y las tasas de vacunación todavía eran bajas, con mucha gente que aún no había completado las dos dosis”.

En la misma línea, el médico infectólogo Lautaro De Vedia (MN 70640) sostuvo que “la cobertura de vacunas es el elemento clave para frenar la circulación del virus”.El año pasado miles de personas en el mundo pasaron las fiestas navideñas aislados por el brote de contagios causados por Ómicron (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Y tras considerar que “mucha gente se mostró reticente a continuar con los refuerzos una vez recibida dos y hasta tres dosis”, el especialista analizó que “esto en parte tiene que ver con que el el país, en plena pandemia, en el tema de las vacunas empezaron a interferir otros factores no médicos, como los políticos, que desalentaron a las personas a seguir recibiendo dosis”.

Con todo, para él, “hay que vacunarse, no hay alternativa”. “De esto vamos a salir cuando estemos más vacunados, y además, cuando contemos con mejores vacunas como las que están preparándose para el año próximo, conjugadas, con distintas variantes -observó-. Porque no hay que olvidarse que las vacunas que hay disponibles en la actualidad no protegen contra las variantes circulantes, y por eso necesitamos buen nivel de anticuerpos y reforzarlas cada cierto tiempo”.

Acerca de por qué creen que la cobertura de refuerzos es tan baja en el país, desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confiaron a Infobae que “luego de meses con cuidados extremos y una vida restringida a causa de la pandemia, es lógico que parte de la población se haya relajado y no haya acudido a completar sus esquemas. Por ello es importante que lo hagan en este momento”.

“Si bien en los últimos días hubo un incremento en la tasa de testeos y de casos positivos, no se registraron aumentos en las hospitalizaciones, internaciones, ni fallecidos a causa del COVID-19 -ampliaron-. Esto se debe al alto nivel de vacunación que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se insta a los vecinos a que completen sus esquemas de vacunación con las dosis de refuerzo correspondiente para evitar la propagación nuevamente del virus”, dijeron fuentes de la cartera sanitaria porteña.El 46% de los argentinos se aplicó el primer refuerzo, el 13% de la población recibió el segundo refuerzo y sólo el 0,6% se aplicó el tercer refuerzo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Al respecto, el médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065) sostuvo que “no cabe ninguna duda que (la baja cobertura de refuerzos) se debe a que la gente decidió no vacunarse”.

“Al no haber casos y ser tan baja la circulación del virus, la gente consideró que ya no hacía falta -estimó el especialista del servicio de Infectología del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires-. Y en realidad es al revés: la vacunación es justamente para que no haya casos. Ahora lo que estamos viendo es que la gente sale nuevamente a vacunarse cuando se entera que empezamos a tener nuevos casos”.

Para Niccodemi, “la caída de la vacunación tiene que ver con que la gente cree que ya está protegida con dos dosis, sumado a la relajación, en el sentido de que al haber caída de la circulación y caída del riesgo de enfermedad severa y muerte, también hay una disminución en la intención de la vacunación en las personas”.

“Creo que el mensaje a reforzar es este: que tenemos que actualizar nuestro calendario de vacunación, que tenemos que estar al día, que hay caída de los anticuerpos en el transcurso del tiempo y eso lo sabemos por los estudios sobre todo las vacunas ARN y que sobre todo el personal de salud y los pacientes de riesgo son los que tienen más riesgo de tener enfermedad severa y muerte”, enfatizó.

Fuente: Infobae.com

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Economía, Sergio Massa, presentaron en La Plata el programa “Precios Justos”, con el cual el gobierno busca contener la inflación congelando por cuatro meses los precios de más de dos mil productos de consumo masivo.

Del acto y firma de convenio, en la Casa de Gobierno de la provincia, participaron el Secretario de Comercio Matías Tombolini, el Jefe de Gabinete Martín Insaurralde, el titular de Producción bonaerense, Augusto Costa, e intendentes del conurbano que pertenecen al Frente de Todos. Además, estuvieron presentes legisladores e integrantes del gobierno bonaerense.https://e452fdf2f4718e4ad7c291496736d464.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Los intendentes que rubricaron el acuerdo de fiscalización de precios con los gobiernos nacional y bonaerense, fueron Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mayra Mendoza (Quilmes), Juan José Mussi (Berazategui), Federico Achaval (Pilar), Karina Menéndez (Merlo),  Mario Secco (Ensenada), Lucas Ghi (Morón), Carlos Ramil (Escobar), Fabián Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela) y Juan Fabiani (Almirante Brown).https://e452fdf2f4718e4ad7c291496736d464.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Hasta el momento, 39 municipios adhirieron al programa. Y como contraprestación por la fiscalización del cumplimiento de precios, recibirán un 25% del total de las multas que se apliquen por incumplimiento de precios. Las sanciones a empresas y comercios oscilaran entre los 5 y 250 millones de pesos

El Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, afirmó que el programa de Precios Justos se enmarca en un contexto de una hoja de ruta, que tiene como objetivo el orden fiscal, para poder trabajar en bajar la inflación, buscando recuperar orden en los precios. “ Construir orden y previsibilidad , garantizando el abastecimiento”, dijo.

Tombolini sostuvo que el otro objetivo del programa es evitar abusos: “Nosotros no vamos a perseguir a los empresarios, van a sentarse solos. Porque vamos a interceder en lo que más les interesa ,que es el bolsillo” y pidió que los intendentes “sean los ojos del gobierno en las góndolas”.

Por su parte, el Ministro de Economía Sergio Massa destacó el acompañamiento del gobierno bonaerense y los intendentes al programa, para controlar la inflación. El titular del palacio de hacienda dijo : “El objetivo es transmitirle previsibilidad a los vecinos y vecinas, que sepan que hay 1909 productos que van a tener el mismo precio por los próximos 4 meses. Centralmente, está el 86% de la canasta de consumo masivo promedio. Pretendemos que cualquier vecino tenga la tranquilidad de saber que esos productos”.

«Estamos seguros que aquellos que firmaron los contratos de adhesión, van a poner lo mejor de sí para llevar adelante este programa. También estamos seguros que el hombre es bueno, pero controlado es mucho mejor», destacó Massa. 

Y añadió: “Empoderamos a los municipios para dar más herramientas al vecino. Estamos seguros que las empresas van a poner los mejor de sí para llevar adelante el programa sin vulnerarlo. Pero también estamos seguros que si tenemos la posibilidad de hacer controles, va a tener un mayor cumplimiento. Aspiramos a que sea lo mejor posible y los ciudadanos vean un sendero descendiente de precios”.

El Ministro de Economía sostuvo que “nuestro compromiso tiene que ser el de devolver capacidad de compra al que trabaja, al que produce, porque es uno de los grandes motores de la economía. El mercado interno es casi el 70% del PBI. Cuando más potente es la capacidad de compra, más fuerte es la economía”.

Massa se mostró optimista con los datos de la inflación del anteúltimo mes del año: “Tenemos enormes expectativas con los datos del mes de noviembre, vamos a cumplir el compromiso de recorrer el sendero de reducción de la inflación. Eso es también devolverle la capacidad de compra a nuestra gente. No es solo con aumento de salarios que devolvemos poder de compra. Si bajamos la inflación, devolvemos mucho más poder de compra a los ciudadanos que si solamente alimentamos la disputa paritaria”, dijo.

“En ese sentido la responsabilidad es nuestra, del ministerio de economía. Estamos seguros que si trabajamos todos juntos ese sendero de inflación descendente lo vamos a poder garantizar para que el mes de abril, como digo yo, nos tenga con el numero 3 adelante”, finalizo Massa.

A su turno, el gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, se quejó de que al programa lo llaman congelamiento de precios, como si fuera unilateral, cuando es un acuerdo voluntario. Y destacó la importancia del acuerdo involucrando a los gobiernos provinciales, municipales y a los ciudadanos para llevar adelante el cumplimiento de “Precios Justos”.

Kicillof dijo: «Sigo leyendo que hay un permanente intento de tergiversar las cosas como si esto fuera una medida unilateral. Nadie puede esperar vivir con altos niveles de inflación, por eso contribuye que lo hacen voluntariamente. Por haber firmado un compromiso, un acuerdo, cuando uno controla no lo hace con afán de Gendarmería. Tienen que cumplir a lo que se comprometieron y vamos a controlar que se cumpla de ambas partes».

Asimismo, el gobernador sostuvo que en la Provincia se sufre muy fuerte el proceso inflacionario, y cargó contra el gobierno de Cambiemos. «Hubo una etapa, en los 4 años anteriores, donde hubo aumentos sin la capacidad de recuperar el salario. Se perdieron 20 puntos de salario real sin pandemia ni guerra, simplemente por políticas destinadas a aplicar rentabilidad desmedida en algunos sectores”, dijo.

Fuente: Mendoza online

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Luego de que los movimientos sociales asociados al oficialismo anunciaran un “plan de lucha” y una jornada de protesta el próximo miércoles por la inminente baja de miles de planes sociales, el presidente Alberto Fernández intercedió para destrabar el conflicto y revisar la decisión oficial. Esta tarde, el jefe de Estado, junto con la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, se reunió en la Casa Rosada con Emilio Pérsico -que, además de secretario de Economía Popular, es líder del Movimiento Evita- para descomprimir el conflicto.

“Por intervención de Alberto se decidió dar marcha atrás con la medida de la ministra”, aseguraron cerca de Pérsico a LA NACION. En principio, el Gobierno aplicará los mismos criterios que venía utilizando para definir el padrón de beneficiarios y pagará la asignación el próximo lunes a los cerca de 1.300.000 titulares que tiene el Potenciar Trabajo. Ganará tiempo, así, para hacer un cruce de datos más exhaustivo. El entrecruzamiento se hará a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys).

El conflicto escaló en las últimas horas porque la ministra de Desarrollo Social esta semana ordenó hacer un cruce de información para dar de baja Potenciar Trabajo presuntamente irregulares, con criterios amplios que hubieran implicado un recorte de cerca de 200.000 planes a partir de este mes, según las estimaciones de la UTEP.

Fuente: La Nación

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no tiene intenciones de avalar el pedido de asilo presentado por la Cancillería de Argentina a favor de María Ángeles Duarte Pesantes, condenada a ocho años de prisión por haber cobrado sobornos cuando era ministra de Transporte y Obras Públicas durante el mandato de Rafael Correa.

Duarte Pesantes se encuentra en la embajada de argentina en Quito desde agosto de 2020, tras probarse su participación directa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó Correa y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.

Una asesora de Correa -llamada Pamela Martínez- llevaba un cuaderno de contabilidad que registraba los aportes ilegales de empresas privadas al aparato político del expresidente. Entre esas compañías se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, que enfrentó casos de corrupción en toda América Latina.

Correa fue condenado en esta causa y se fugó al exterior, mientras que Duarte Pesantes eligió entrar a la embajada de Argentina y solicitar asilo al gobierno de Alberto Fernández. La exministra de Correa está en la residencia diplomática sólo para escapar de la sentencia de prisión que dictó la justicia de Ecuador.María de los Ángeles Duarte y Rafael Correa durante un acto oficial en Quito organizado por las Naciones Unidas

Argentina y Ecuador adhirieron a la Convención sobre Asilo Diplomático que entró en vigencia el 29 de diciembre de 1954. En este marco, la Cancillería solicitó asilo a favor de Duarte y pidió una reunión de técnicos de ambos países para resolver los tiempos y la forma que permitirían a la exministra abandonar la embajada de Argentina en Quito y volar a Buenos Aires.

El Ministerio de Relaciones Exteriores pretende que el cónclave jurídico se realice el próximo 12 de diciembre, una hipótesis de trabajo que aún no fue respondida oficialmente por la cancillería ecuatoriana. Guillermo Lasso -presidente de Ecuador- no tiene apuro para resolver una encrucijada diplomática que puede impactar con muchísima violencia política en su agenda doméstica.

Si Lasso concede el asilo a la exministra sentenciada por corrupción, no tendría otra alternativa que hacer lo mismo con Rafael Correa, que está prófugo tras su condena por haber recibido sobornos de compañías privadas.

Bélgica concedió asilo a Correa en abril de este año y Ecuador exigió su extradición sin resultado positivo. El expresidente de Ecuador recorre América Latina como si fuera un funcionario inocente, y hace unos días se encontró con Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del Senado.Rafael Correa, ex presidente de Ecuador y prófugo asilado en Bélgica, y Gabriela Rivadeneira, ex asambleísta ecuatoriana, se reunieron en octubre de 2022 con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.

En la Cancillería no sorprende la posición política del gobierno ecuatoriano. En abril de este año, Lasso visitó Buenos Aires y ratificó su posición institucional ante Alberto Fernández. Ocurrió durante una conversación a solas que ambos mandatarios protagonizaron en la Casa Rosada.

“Hablamos de manera general, no específica ni profundizando porque María de los Ángeles Duarte está sentenciada por un acto de corrupción en el Ecuador, y obviamente es el estatus legal de ella en el país. Eso lo sabe el presidente Fernández y obviamente, las decisiones que tome Argentina respecto de este caso nosotros las respetaremos. Pero en Ecuador ella está sentenciada por corrupción. Por lo tanto es un tema judicialmente definido”, sostuvo Lasso durante una entrevista periodística.

La Cancillería considera que ya cumplió todos los pasos para lograr que Duarte abandone Quito y obtenga su estatus de asilada en Argentina, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador sostuvo – a través de una comunicado oficial- que “las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”.

Es decir: el gobierno considera que Duarte es una presa política y merece su asilo en la Argentina, una posición institucional que es rechazada por Ecuador. Para la administración Lasso, la exministra de Correa es una delincuente común que busca fugar de la justicia de su país apelando a un tratado internacional que no la protegería por los hechos de corrupción cometidos.El presidente Lasso saluda a Alberto Fernández durante la visita de Estado que realizó a la Argentina en abril de este año.

La sentencia por este caso de corrupción política se conoció el 7 abril de 2020. El Tribunal de la Corte Nacional sentenció a “8 años de pena privativa de libertad a dieciocho procesados, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente; Alexis Mera, exasesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla y el exasambleísta Christian Viteri”.

Aunque los implicados apelaron ante el Tribunal de Casación, la sentencia quedó confirmada el 7 de septiembre de 2020. Y dos semanas antes de este fallo definitivo, Duarte ya había ingresado a la Embajada de Argentina. Fue por recomendación de Correa, que estaba prófugo en Bélgica.

Fuente: Infobae.com

Tras sus problemas de salud, el presidente Alberto Fernández entregó este jueves en la localidad de Villa Mercedes, San Luis, la vivienda 70 mil realizada durante su gestión.https://rudo.video/vod/b4CpFDJ8gj?volume=0

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Alejandro Gomel, periodista acreditado en Casa Rosada, quien habló sobre la agenda presidencial de la jornada y los problemas que deberá enfrentar Fernández en los próximos días.

“El presidente viajó a San Luis luego de los problemas de salud que tuvo durante su último viaje al exterior”, aseguró Gomel, quien luego completó: “Allí entregó la vivienda número 70 mil que se realizó durante su gestión”.

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No obstante, el periodista acreditado en Casa Rosada informó que, “el presidente tiene por delante un fin de año complicado por la relación con los movimientos sociales”. “Mañana se decide si habrá movilizaciones por las irregularidades en torno al plan Potenciar Trabajo”, completó.

“La Casa Militar sufrió la muerte de uno de los custodios del presidente durante un accidente automovilístico”, dijo el periodista. “El presidente se refirió a la muerte de la jóven durante su discurso”, concluyo.

Fuente: Perfil.com

Estudió para ser director técnico de fútbol y quizás por eso se siente dueño de la pelota. O del Estado, en realidad. Se trata de Daniel Catalano, titular de la Seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien amenazó con protestas si el martes próximo condenan a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. “Si la tocan a Cristina… paramos el Estado. Los trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de lawfare y persecución política”, publicó en Twitter.

¿Quién es este dirigente que tomó la iniciativa de salir en defensa de la Vicepresidenta antesque cualquiera de sus colegas? Es uno de los principales exponentes del sindicalismo K, tiene 48 años, dos hijos, trabajó en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y el 9 de noviembre pasado fue elegido secretario adjunto de la CTA kirchnerista que conduce Hugo Yasky.

En 2020, Catalano, un confeso simpatizante de Hugo Chávez, se puso al frente de un grupo de ATE Capital para disolver un cacerolazo opositor ante el departamento de la Vicepresidenta. Es uno de los máximos promotores del regreso de su líder política a la Casa Rosada: “Cristina es la mayor dirigente, la principal militante y la mejor estadista que tiene la Argentina. Es lo mejor que nos pasó y por eso la queremos. El futuro es con ella. El 2023 es con Cristina Fernández de Kirchner”, dijo hace 3 meses.

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En una entrevista con el periodista Luis Autalán, en la que reveló que había estudiado para ser director técnico, Catalano dijo que La Cámpora es “la organización más grande de Latinoamérica” y opinó que “hay un sindicalismo que odia al kirchnerismo como sujeto político y lo niega, se aferra a un peronismo más rancio, más de derecha”. Y consideró que, si viviera Juan Domingo Perón, “sería kirchnerista”.

El líder de ATE Capital está al frente de esa seccional desde 2015,aunque en septiembre pasado se produjo una fisura interna cuando dos dirigentes de la conducción, Luciano Fernández y Hugo Bellón, convocaron a un plenario de delegados en la sede del sindicato sin su consentimiento.

Además de esta inesperada división de su seccional (de unos 35.000 afiliados), Catalano está enfrentado con la conducción nacional del gremio, que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy, representante del sector del histórico sindicalista estatal Víctor De Gennaro. En las elecciones de ATE nacional realizadas en 2019, ambos compitieron para liderar la organización que agrupa a 316.000 afiliados en todo el país y ganó Godoy por 21.529 votos contra 4.699 que obtuvo Catalano.Daniel Catalano y Andrés «Cuervo» Larroque, uno de los jefes de La Cámpora

Los dos dirigentes también pertenecen a fracciones distintas de la CTA: mientras Catalano integra el sector kirchnerista con Yasky y Roberto Baradel (Suteba), Godoy fue elegido el 11 de agosto pasado secretario general de la CTA Autónoma, de impronta combativa y no kirchnerista, donde es secundado por Ricardo Peidró (propaganda médica) y Mariana Mandakovic (Cispren de Córdoba).

Pese a sus diferencias políticas, que provienen de hace años, las dos CTA compartieron el acto del 17 de octubre pasado que organizó el kirchnerismo en la Plaza de Mayo porque la central que lidera Godoy expresó de esa forma su rechazo al intento de atentado que sufrió la Vicepresidenta.

Ahora, la postura de Catalano también originó una polémica interna con Godoy: “El llamado a paralizar el Estado es una iniciativa del secretario general de la seccional Capital -aclaró a Infobae el líder de ATE nacional-. No tengo dudas de que el juicio a Cristina está armado para acallarla y se utiliza como un mecanismo de persecución política que va a ser respondido con movilizaciones populares, pero una cosa es la valoración política y otra es una discusión sobre un paro que en ATE nacional no se hizo”.Hugo «Cachorro» Godoy, titular de ATE nacional y de la CTA Autónoma

“Un militante político o un dirigente político pueden llamar a parar, pero una medida como un paro nacional requiere de un proceso de construcción más complejo, más colectivo”, señaló.

La CTA Autónoma liderada por Godoy tenía prevista una “jornada de lucha” para el martes próximo, que incluirá una marcha hacia el Ministerio de Economía, en protesta por el último aumento del salario mínimo, al que considera insuficiente, y en demanda de un bono de emergencia para los estatales, entre otros reclamos, pero finalmente se hará el día anterior, el lunes, para que no coincida con las eventuales movilizaciones para rechazar una condena judicial contra Cristina Kirchner.

Hasta ahora, la Seccional Capital de ATE es la única de las 184 que el sindicato tiene en todo el país que anticipó su decisión de paralizar el Estado en caso de que la Justicia condene a la Vicepresidenta. Tampoco confirmaron su postura otros sindicalistas alineados con el kirchnerismo como Pablo Moyano (Camioneros) y Sergio Palazzo (bancarios), quienes integran, respectivamente, sectores como el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y la Corriente Federal de Trabajadores.Una protesta de ATE Capital durante el gobierno de Mauricio Macri

Se descuenta que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato mayoritario del sector público, no adherirá a ninguna protesta en favor de la Vicepresidenta: su titular, Andrés Rodríguez, es miembro de los “independientes” que, junto con “los Gordos” y los barrionuevistas, controlan la Confederación General del Trabajo (CGT) y tienen una relación tirante con el kirchnerismo.

Por eso, al menos hasta ahora, una protesta dispuesta por Catalano estaría lejos de paralizar al Estado, ya que UPCN predomina en la administración pública y ATE es fuerte en algunos organismos, e incluso no se sabe si se sumará el gremio de Godoy a nivel nacional. Cuando se conozca el fallo de la causa Vialidad se disipará el gran interrogante: ¿habrá una masiva reacción sindical contra la Justicia? La respuesta está en manos de Cristina Kirchner, la gran DT del Frente de Todos.

Fuente: Infobae.com

El fracaso del oficialismo en reelegir a la oficialista Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados no dejará al cuerpo acéfalo. Continuará en su cargo hasta que no se reúna una nueva sesión preparatoria, lo que abre la posibilidad de que Moreau permanezca en su sitial hasta tanto el oficialismo y la oposición no acuerden una nueva dinámica de convivencia tras el escándalo vivido en la jornada de este jueves.

El artículo 33 del reglamento de la Cámara de Diputados es claro: el presidente y vicepresidentes nombrados durarán en sus funciones un año. “Si vencido el término no hubieren sido reemplazados de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciere”, reza el artículo. Ergo, si no se convoca a una nueva sesión preparatoria Moreau, cuyo mandato como presidenta del cuerpo vence el 10 de diciembre de este año, continuará en su cargo.PODER Y NEGOCIOS BAJO LAS GRADAS OPULENTAS DE QATAR

“Si ese es el caso, Moreau tendrá un mandato cuestionado y carecerá de legitimidad”, advertía ayer un encumbrado diputado de Juntos por el Cambio. Según su razonamiento, aunque la continuidad de Moreau esté respaldada por el reglamento del cuerpo, no faltarán opositores que la pongan en tela de juicio. Después de todo, se trata de una prórroga del mandato, no de una designación votada por todos los legisladores, argüirán.

“La autoridad de un presidente de la Cámara proviene de la legitimidad que le ofrezca el plenario. Si esa legitimidad no está, la autoridad pierde sustento”, advierten en la oposición.

Parece claro entonces que el escándalo desatado ayer en la Cámara de Diputados no le conviene a nadie, ni al oficialismo ni a la oposición. Tampoco al Gobierno, que tiene pendientes iniciativas claves que esperan sanción. Juntos por el Cambio podrá haber logrado que Moreau no haya sido reelecta después de haber suspendido la designación de los cuatro representantes al Consejo de la Magistratura, pero lo cierto es que el reglamento del cuerpo no admite la acefalía y la diputada oficialista continuará en su cargo. Mal que les pese a algunos.

Algunas voces afiebradas de la oposición, llevadas por la bronca hacia el oficialismo, llegaron a deslizar ayer la idea de convocar en los próximos días a todos los bloques opositores para conformar una mayoría que desplace al Frente de Todos de la conducción de la Cámara baja. Difícilmente prospere. “Nosotros no vamos a jugar ese partido. Eso sería un golpe institucional”, advirtieron desde el interbloque Federal.

En el oficialismo observan la situación con preocupación. Sus principales caciques creen que, en este clima de ánimos caldeados, difícilmente se logre encausar el diálogo, al menos en el corto plazo. Oficialistas y opositores quedaron entrampados en el mismo barro. Algunas voces proponían ayer que se convoque a una nueva sesión preparatoria antes del 10 de diciembre para ordenar la situación. Sin embargo, la cuerda se tensó de tal manera que pocos lo veían factible.

Laura Serra

Fuente: La Nación