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El “peso convertible” nació el primero de enero de 1992. Fue el sucesor del Austral, moneda que tuvo el triste récord de haber sumergido a la Argentina en niveles inflacionarios jamás vistos en el país: el año 1989 se despidió dejando atrás una inflación del 3.079% dándole paso al año 1990 donde la misma se ubicó en el 2.313%. Aquella moneda nacida el 15 de Junio de 1985 tuvo como billete de máxima denominación al de 500.000 australes, que vio la luz en noviembre de 1990. Poco tiempo después –un 1 de enero de 1992 y a razón de 10.000 australes por unidad- nacía el “peso convertible”. El billete de mayor denominación entonces equivalía a 50 dólares: 500.000 australes => 50 pesos convertibles => 50 dólares.

Este “peso convertible” llegó a los bolsillos de los argentinos en billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 unidades. En su paridad con el dólar esto significó que el billete de menor denominación equivalía a 1 dólar y el de mayor denominación, a 100 dólares.PUBLICIDAD

Un 6 de enero de 2002 –luego de atravesar el “corralito” y el “corralón” que impedían retirar libremente los depósitos de los bancos- se derogaba la “Ley de Convertibilidad” certificando la muerte del “peso convertible” -el cual nos había acompañado por un período de 20 años- para darle paso al “peso” tal como lo como lo conocemos hoy. Desde aquel momento a hoy la inflación acumulada se ubica en torno al 21.588%, lo que implica que para poder comprar hoy lo que en enero de 2002 adquiríamos con un billete de 100 pesos, necesitaríamos disponer ya no de esos 100 pesos sino de 21.688 pesos. La destrucción de la moneda ha sido total.

El Banco Central de la República Argentina ha anunciado que se ha tomado la decisión de emitir un nuevo billete: el de $2.000 (hoy el de mayor denominación corresponde al de $1.000, billete este que nos acompaña desde Noviembre de 2017).

Al momento de su creación, el billete de $1.000 equivalía a 52 dólares. El nuevo billete de $2.000 va a nacer algo más atrás: si hoy estuviese en nuestros bolsillos, tener uno de la nueva denominación anunciada equivaldría a poseer 5,30 dólares, apenas una décima parte de lo que en su momento representaba el billete de $1.000 cuando nació. De igual forma, con el nuevo ejemplar seguiríamos siendo (después de Cuba) el país con el billete de mayor denominación que representa menos cantidad de dólares.

No tener las denominaciones correctas en el circulante implica una serie de inconvenientes que van más allá de la mera comodidad de utilizar menos cantidad de papeles en la billetera: impacta en el costo de los seguros bancarios, en la capacidad de cajeros automáticos y entre otras cosas, en el costo de fabricación de la propia moneda (hacer un billete de $10.000 costaría una quinta parte de lo que se gastará en cinco billetes de $2.000, representando la misma cantidad de valor).

En la Argentina, con niveles de inflación cercanos a los tres dígitos, déficit fiscal crónico y un BCRA que cada vez posee más pasivos remunerados –lo que deduce mayores niveles de emisión monetaria en el futuro-, el problema de la denominación de los billetes es un tema absolutamente marginal. Si hoy nuestra tuviésemos un billete de $37.700 (equivalente a 100 dólares), con la dinámica inflacionaria actual en 5 años ese billete tendrá el mismo poder adquisitivo que hoy tiene un billete de $1.000.

La política tiene que entender que el valor de la moneda está determinado en el tiempo por el sano comportamiento fiscal y monetario. De no hacerlo, seguiremos emitiendo billetes que siempre estarán condenados a desaparecer.

Fuente: Infobae.com

Después de un diálogo interrumpido durante semanas, Alberto Fernández y Cristina Kirchner retomaron un intercambio de mensajes vía Telegram. Así lo confirmaron fuentes inobjetables cercanas al mandatario, que descartaron de plano las versiones que daban cuenta de una comunicación vía zoom entre Fernández, Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Eso no sucedió, pero Alberto y Cristina si se hablaron por Telegram en los últimos días”, aseguraron a LA NACION fuentes de Casa Rosada que declinaron de especificar cuándo se produjeron y el contenido de las mismas. Desde el entorno de la vicepresidenta no confirmaron, ni negaron la información.

La información sobre la nueva comunicación llega en medio del intento de tregua que ensayaron ambos sectores del Frente de Todos, después de un fuerte enfrentamiento interno que puso en crisis la convivencia del Gabinete.

Fernández y Kirchner no cruzaban mensajes desde hace semanas y no hablan telefónicamente desde noviembre pasado, cuando la exmandataria llamó al presidente luego de que este se descompensara durante su presencia en el G-20 en Bali, Indonesia. Fue en el anochecer del 15 de noviembre cuando Kirchner llamó a Fernández que estaba en su habitación del resort Meliá de Indonesia, tras haber sido hospitalizado y hablaron largos minutos. Fue en soledad y luego el mandatario recibió también un llamado de Máximo Kirchner, con quien está distanciado desde enero del año pasado luego de la firma por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La coalición oficialista viene de atravesar días convulsionados luego de los trascendidos que daban cuenta del malestar del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro con Fernández. A lo que le siguió la respuesta de los ministros Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández, en defensa del mandatario. Como corolario de ese cruce, al que desde el oficialismo buscan ahora bajarle el tono, se avanzaría en los próximos días en el armado de una mesa electoral de cara a las urnas para las presidenciales de este año.

Fuente: La Nación

El periodista Alejandro Gomel brindó detalles exclusivos de lo que será el nuevo Precios Justos de Sergio Massa, ministro de Economía, que busca llegar a ese objetivo de tener una inflación mensual por debajo del 4%, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).https://rudo.video/vod/oWG8BBnGqh?volume=0

Sergio Massa presenta el nuevo el Precios Justos y apuesta todo a controlar la inflación. 

Si. Se le van acortando los tiempos porque apuesta a que en el primer trimestre del año pueda bajar significativamente pueda la inflación y que sea menor al 4%, por eso adelantó la nueva fase de Precios Justos, el cual vencía el 28 de febrero, según lo presentado el año pasado por tres meses. 

La presentación será al mediodía en el Centro Cultural Kirchner donde se habrá novedades con respecto a lo que se conocía hasta ahora. Lo primero es que será un plan de cinco meses, es decir, que los precios que serán comunicados durarán hasta el 30 de junio con la nueva noticia de la incorporación de nuevos productos, en total son quince los rubros.

Dentro de los rubros que se integrarán están el calzado e indumentaria textil que no estaban en el Precios Justos inicial y que fueron de los que más aumentaron. Se suman a celulares, elementos de la construcción, electrodomésticos, bicicletas, motos, combustibles y los productos de la canasta básica. 

Alrededor de 2000 productos mantendrán sus precios congelados y el resto de los productos se baja el techo de aumentos del 4%, que se había estipulado en el programa inicial, a 3,2% que desde la Secretaría de Comercio se empeñan en asegurar que no es una imposición, sino que hay un acuerdo que se hizo con los distintos sectores para lograr el nuevo plan. 

Precios Justos: el Gobierno lanza este viernes una nueva etapa del programa

Las conclusiones que se sacaron del primero es que se apaciguaron los precios del consumo masivo, pero que también hubo problemas de desabastecimiento según lo que constataron. A partir de aquí habrá un monitoreo que será digital al mando de un sitio que desarrolló el Arsat y Amazon donde se controlará el nivel de abastecimiento que fue el déficit que tuvo la primera etapa. 

Por otro lado, también se controlará que se cumpla en boca de expendio y la inspección que se hará vía web en cuanto a cómo y cuánto se vende especialmente lo relacionado a los supermercados. 

Hasta el momento, se labraron 320 actas por incumplimiento en la primera fase de Precios Justos. 

Si Massa logra un 3% de inflación llegado a mitad de año habrá cumplido con lo que quería y con lo que se propuso cuando asumió a mitad del año pasado y también a partir de allí tendrá otra perspectiva con lo que puede ser su futuro electoral propio y del FdT.

Fuente: Perfil.com

El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), decidió otorgarle más hectáreas la comunidad Mapuche en la provincia de Mendoza. La determinación se confirmó mediante la Resolución 47/2023, publicada esta mañana en el Boletín Oficial.

El organismo a cargo de Alejandro Marmoni comunicó que dado por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral, dispuesto por la Ley Nacional N°26.160, en la comunidad Lof Limay Kurref, se reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública” de 4.477 hectáreas por parte de la mencionada comunidad Mapuche en la localidad Los Molles, del Departamento Malargüe, en territorio mendocino.

El INAI argumentó su decisión amparándose en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que señala que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley”.

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“El Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”, añadió el Instituto.

En este marco es que se llevaron a cabo las tareas de relevamiento en la comunidad Lof Limay Kurref y se procedió a “la confección de la cartografía georreferenciada con la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad”.

“Con el objeto de manifestar la íntima relación de la comunidad Lof Limay Kurref con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico”, explicó el Gobierno en el documento en el que se oficializó el otorgamiento de alrededor de 4.400 hectáreas.

En el anexo de la resolución publicada esta madrugada, se incluyó el mapa en el cual quedan establecidos los límites de las hectáreas cedidas. Esas tierras, de ahora en más, serán no enajenables, ni transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.

Antecedente y rechazo

La semana pasada, el INAI otorgó más de 21.500 hectáreas a dos comunidades Mapuches, también en la provincia de Mendoza. La medida benefició a las comunidades El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe, quienes reclamaban el reconocimiento sobre esas tierras bajo el argumento de su presencia ancestral en tierras cuyanas.

En todo Malargüe y El Sosneado -distrito sanrafaelino en el límite entre ambos departamentos- se encuentran registradas 27 comunidades mapuches, las cuales habitan en la zona – según ellos mismos afirman – desde hace más de 100 años. La mayoría se dedica a la actividad ganadera caprina.

El organismo concluyó el relevamiento territorial sobre esas hectáreas y accedió a la petición, a pesar de que ninguna de las dos comunidades está registrada legalmente aun, y por lo tanto ambas carecen, entre otras falencias, de la personería jurídica que las reconozca como tales. La decisión del Poder Ejecutivo Nacional generó críticas por parte del arco político de esa provincia.

Uno de los primeros que salió a cuestionar la resolución fue el ex gobernador y actual senador radical, Alfredo Cornejo: “¿Hasta cuándo van a seguir haciendo daño el Gobierno Nacional de Alberto Fernández y el kirchnerismo en el sur de Mendoza?”, manifestó a través de sus redes sociales.

En tanto, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez adelantó -cuando se produjo la anterior cesión de tierras- que está dispuesto a plantear la inconstitucionalidad de las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.Rodolfo Suárez, gobernador de la provincia de Mendoza, a punto de ingresar a la Casa Rosada, (Foto: Adrián Escandar)

“Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia”, anunció en un hilo que posteó su cuenta de Twitter.

Luego hizo foco en lo que sucede en el sur de la Argentina: “Por años el gobierno nacional ha permitido la desidia que hemos visto en la Patagonia en materia de seguridad, protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada. En Mendoza no lo permitiremos.

“Lo dije hace un año de manera exagerada, si no le damos la seriedad y la institucionalidad que el tema merece, alejándonos de los discursos fanáticos, vamos a tener estos grupos exigiendo la entrega de propiedades en toda Mendoza”, advirtió como cierre de su mensaje.

Fuente: Infobae.com

Juan Grabois confirmó que será candidato a Presidente por el Frente de Todos, en caso de que el ministro del Interior, Wado de Pedro no presente su candidatura. Además, anunció que este año tomará una postura menos confrontativa para con el Gobierno.

«Yo propongo mi candidatura. Yo soy candidato. Hasta ahora el único que dijo que era candidato soy yo. Primer candidato del Frente de Todos», anunció el dirigente social en diálogo con Gustavo Sylvestre en el programa Minuto Uno por C5N, aunque aclaró que «si Wado va, él no va».PUBLICIDADhttps://rudo.video/vod/bPx6L9?volume=0

«Lo que yo planteo es un plan quinquenal y un candidato de nuestra generación. Obviamente hay hombres y mujeres bastante mejores que yo para eso, espero que se animen«, agregó y señaló que «lo que le preocupa es que haya una alianza de centro conservador que sea la única opción dentro del Frente de Todos«.

En este sentido, afirmó estar dispuesto para ir hacia unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): «Son el instrumento correcto para esta etapa histórica. Que el pueblo elija y que el que gane dirige y el que pierda acompañe, pero que acompañe desde su propia identidad y desde lo que pudo demostrar a través de las urnas».

Asimismo, aseguró que «el próximo Gobierno va a ser un Gobierno del Frente de Todos», pero remarcó: «Tenemos que dirimir las candidaturas, las orientaciones dentro de las PASO y, desde luego, tenemos que cambiar el chip de defenestrarnos entre nosotros y hacer las diferenciaciones correctas sin agresión«.

Juan Grabois pidió evitar discusiones internas y aseguró: «Si me toca ser candidato, sé que Cristina me va a apoyar»

«Yo me enojo mucho con Alberto o con Sergio Massa, y hasta el 2022 fui a boca suelta», reconoció el dirigente del Frente Patria Grande y luego aclaró: «En año electoral, primero la patria, después el movimiento y después los hombres». «Miro la foto de Bullrich, de Macri, de Larreta y se me va el enojo, se me pasa un poquito y puedo hacer las discusiones sin agresiones personales».

En este sentido, sostuvo: «Quedan 10 meses de Gobierno, y en estos 10 meses hay que ayudar a que el Gobierno haga lo mejor posible y cumpla con la mayor cantidad de promesas posibles, con el contrato electoral de 2019, tenemos que empujar hacia ese lugar».

«No hay que hacer un tango de esto, ya está», manifestó el militante y, en un llamado a una mayor unidad dentro del oficialismo y a una disminución de los conflictos internos, insistió: «Quedan 10 meses de Gobierno y hay que hacer el mejor Gobierno posible».

Grabois dijo que la detención de Jones Huala es una «cortina de humo sobre el verdadero problema de la Patagonia»

De todas formas, el también dirigente del MTE aclaró que mantiene varias diferencias y desacuerdos con el Gobierno actual, como su discrepancia con el acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional o condonación de deudas a las empresas Edenor y Edesur. «Son diferencias políticas que hay que encarrilar», enfatizó.

«Tenemos que tener una idea muy sólida de que el Frente de Todos es una delimitación adecuada para este momento. Tenemos que reconstruir esa unidad que está un poquito quebrada, pero estableciendo en las PASO cuál es la representación que tiene cada uno de los sectores», amplió.

Además, concluyó: «No podemos seguir discutiendo e interpretando la realidad por los medios, por lo que dicen en on u off. Tenemos que estar en el chip de hacer lo mejor posible por el pueblo y la patria en estos diez meses. Y cuando lleguen las elecciones, garantizar la unidad en la diversidad».

Fuene: Perfil.com

La arremetida del Gobierno contra la Corte Suprema tendrá hoy un nuevo capítulo en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados donde los autores de los 14 proyectos en análisis leerán sus acusaciones contra los jueces del máximo tribunal.

Será un paso casi formal antes de la primera prueba de fuego para el oficialismo, que llegará el próximo jueves 9 de febrero, cuando se votará la admisibilidad de los pedidos de juicio político, una instancia previa a la apertura del sumario y la recolección de pruebas.

Si no ocurre alguna fractura política o ausencia inesperada, el Frente de Todos podrá juntar las firmas necesarias para aprobar la admisibilidad ya que tiene mayoría propia en la comisión. Sin embargo, Juntos por el Cambio ya se prepara para hacer un fuerte planteo político ese día. “El Frente de Todos tiene los votos para avanzar, entonces la oposición cumplirá el rol de garantizar el debido proceso en la etapa de recolección de pruebas”, adelantó una diputada opositora.

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Para hoy se espera una sesión más técnica que rondará las tres horas y tendrá menos debate político que la de la semana pasada. Cada orador contará con 15 minutos para exponer. Por el oficialismo harán uso de la palabra los diputados Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés.

También participarán Claudia Rocca y Nora Cortiñas por la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro magistrados, al igual que la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart), que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.

Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro jueces, mientras que el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en causas por crímenes de lesa humanidad.

Gran parte de la expectativa está puesta en la exposición de los diputados de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Juan Manuel López, quienes denunciaron al supremo Ricardo Lorenzetti. El PRO y la UCR adelantaron que no apoyarán el proyecto de sus compañeros de coalición e insistieron en que no permitirán que el oficialismo lo utilice para fracturar a la oposición.Paula Oliveto (CC) y Alejandro Finocchiaro (PRO) – Adrián Escandar

“Todos son muy respetuosos de la coherencia de la Coalición Cívica, es un pedido de juicio que viene de 2017. Lo hicimos cuando éramos gobierno. No ha generado fricciones y es mentira que me pidieron que no hable”, dijo a Infobae la diputada Oliveto.

El oficialismo promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en un mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del máximo tribunal.

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2×1″ para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Por otro lado, también se investigarían presuntas irregularidades y desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.

Fuente: Infobae.com

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló el miércoles por la tarde en la provincia de Chaco y se refirió a la forma “equitativa” en la que el Estado distribuyó las vacunas del Covid-19 durante los años de pandemia. “No empezamos vacunando a los poderosos y dejamos al final a los más débiles”, dijo el mandatario pese a la polémica del Vacunatorio VIP en el verano de 2021 y agregó: “Nadie se apropió de las vacunas”.

En el marco de la inauguración de un centro de primera infancia y la entrega de viviendas en el Impenetrable, el Presidente aseguró que: “Hemos pasado cuatro años muy difíciles”. Lo hizo en un acto junto al gobernador chaqueño Jorge Capitanich, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. “Heredamos lo que heredamos, y tuvimos dos años con pandemia y dos años con guerra”, continuó.

Acto seguido, recordó que en el inicio de la pandemia hablaba todos los días con Capitanich para analizar cómo enfrentar la llegada del virus. “Cuando comenzó la pandemia hablábamos con “Coqui” todos los días para ver cómo enfrentamos los desafíos de la pandemia que era un escenario absolutamente impredecible porque nadie sabía de qué se trataba ni cómo combatirla”, comentó.

En ese contexto, señaló que el país logró “superar el tema” y que “cuando llegaron las vacunas nadie se apropió de ellas sino que se distribuyeron equitativamente a cada rincón de la Argentina”.

Asimismo, insistió en que no hubo favoritismos a la hora de aplicar las dosis. “No empezamos vacunando a los poderosos y dejamos al final a los más débiles. Vacunamos a todos al mismo tiempo. Todos tuvieron derechos de acceder a las vacunas gratis, dadas por el Estado”, argumentó.

Los dichos del Presidente causaron polémica dado que parecían obviar la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, que investiga la aplicación irregular de dosis de la vacuna Sputnik a figuras cercanas al oficialismo en las dependencias del Ministerio de Salud y que derivó en la renuncia del entonces titular de aquella cartera, Ginés González García.

Cómo sigue la causa del “Vacunatorio VIP”

En una de sus últimas entrevistas públicas, en noviembre del año pasado, Ginés negó las acusaciones, defendió su gestión y aseguró que aquellos vacunados tenían prioridad por su edad: “Uno por uno, todos [los vacunados] tenían una razón: era por la edad, porque cumplían una función… y por supuesto, no hubo ningún privilegio. No hubo ningún familiar mío vacunado, como dijeron”.

Cabe recordar que un tramo de la causa que investiga Eduardo Taiano junto a la jueza María Eugenia Capuchetti fue archivada por considerar que los hechos denunciados no constituían un delito.

Ese fallo de Capuchetti fue apelado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y luego revocado por la Cámara Federal, que le ordenó a la jueza profundizar la investigación. La Justicia trabaja ahora en determinar en qué otros hospitales nacionales se inocularon a funcionarios y amigos del poder por adelantado.

Según Rodríguez, más de 1200 personas fueron vacunadas irregularmente contra el coronavirus. Las denuncias -son cinco en total- aspiran a determinar quiénes fueron los responsables por la aplicación de esas dosis.

Pese a ello, muchos de los inoculados habían sido registrados como personal de salud y personal estratégico en el Hospital Posadas y otros centros sanitarios de la Capital Federal, Lomas de Zamora, Quilmes, Morón y Mercedes. Estas denuncias, sin embargo, fueron presentadas en los tribunales de cada una de esas jurisdicciones, y por ende no están bajo la órbita de la causa que llevan adelante Capuchetti y Taiano.

Fuente: La Nación

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bremgan apuntó contra Juntos por el Cambio por bloquear el tratamiento del Plan de Pagos de Deuda Previsional, que se debate en la Cámara baja. «No quieren votar la moratoria y usan como excusa el juicio a la Corte Suprema«, analizó la legisladora.

Además, remarcó que el interbloque opositor «no quiere sentarse a discutir esta moratoria«. «Creo que Juntos por el Cambio ve que tiene chances de ser gobierno y por sus intereses no quiere votarla», dijo esta mañana en una entrevista con la radio Futurock.

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En ese mismo sentido, criticó también al proyecto del oficialismo: «Esta moratoria es un parche, tenemos un dictamen propio porque es urgente que se resuelva y se vote». «Lo que está cambiando es el sistema jubilatorio actual, si no hay moratoria la mayor parte de las personas no se van a poder jubilar», subrayó.

En caso de no aprobarse la ley, la diputada dijo: «Vamos a tener que acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que lo inventó el macrismo».  «9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no tenemos los aportes suficientes para poder jubilarnos», detalló la diputada.

Crimen de Lucio Dupuy: seguí minuto a minuto la lectura del veredicto y la pena

«En este régimen ya no se puede acumular la jubilación y la pensión, que es lo que permite que muchos jubilados lleguen a fin de mes», planteó con énfasis la diputada en otro momento del reportaje.

«Donde a las mujeres nos elevan 5 años la edad jubilatoria, por ley es un 20% menos que las jubilaciones, y ya no se puede acumular jubilación y pensión», insitió.

El debate de la moratoria en Diputados

El miércoles la comisión de Previsión Social tuvo una nueva jornada de debate por este tema. Juntos por el Cambio estuvo ausente. Entiende que ya hay distintos dictámenes y lo que hace falta es ir al recinto y sesionar.

A la comisión fue la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Allí planteó: «Les pedimos a quienes no vinieron, que vengan a debatir». Un mensaje directo a Juntos por el Cambio que no estuvo presente.

«Pedimos que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto y de esa manera, el oficialismo, como funciona en democracia, intente juntar los votos necesarios para tener una ley imprescindible para que 800 mil personas puedan acceder a una jubilación durante este año», señaló.

Fuente: Perfil.com

El gobierno nacional descartó la posibilidad de reformar la Corte Suprema de Justicia por decreto. Ante una pregunta realizada por la periodista Silvia Mercado en la habitual conferencia de prensa semanal que encabeza Gabriela Cerruti, la portavoz contestó: “El único Presidente que se animó en este país a nombrer dos jueces por decreto en la Corte fue Mauricio Macri y por suerte la reacción popular hizo que diera marcha atrás”.

La frase alude a las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el inicio del gobierno de Cambiemos, en diciembre 2015.

En medio del enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema, varios referentes kirchneristas habían pedido una modificación del tribunal por decreto. Uno de ellos fue el senador Oscar Parrilli, hombre de confianza de la vicepresidenta. En la misma línea se expresaron el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, también alineado con la titular del Senado, que pidió ampliar el máximo tribunal y reformar el Consejo de la Magistratura por DNU; y senador bonaerense del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona, que redactó un borrador de decreto presidencial.

Ayer, una movilización de organizaciones politicas, sociales y sindicales cercanas al kirchnerismo volvió a manifestar el reclamo para que el Gobierno avance contra la Corte Suprema. En los discursos, el titular de la CTA-Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, exhortó: “Estos cuatro supremos de la injusticia deben irse, ya sea a través del juicio político, ya sea a través de una ley que reforme la constitución de esa Corte o a través de un decreto de necesidad y urgencia, porque está situación no se sostiene más”, planteó el dirigente sindical.

La interna del Frente de Todos

En la rueda de prensa, la portavoz presidencial confirmó también que Alberto Fernández “está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral” del Frente de Todos de cara a las elecciones de este año, pero aclaró que no dará precisiones porque se trata de una cuestión partidaria.

“Estamos empezando a ver esos debates y alineamientos que forman parte de todo lo que tiene que pasar en un proceso electoral, en el que todos vamos a trabajar para garantizar que no vuelva el triunfo de la derecha en Argentina que nos hizo retroceder tanto”, consideró Cerruti sobre la creación de un espacio de diálogo permanente entre los distintos actores del oficialismo, un reclamo sostenido del kirchnerismo desde el año pasado.

Además, la funcionaria eludió contestar si durante en los últimos días hubo un encuentro Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa. “El Presidente y la vicepresidenta, y el ministro de Economía, son las tres cabezas de esta coalición y, por lo tanto, conversan cada vez que lo consideran necesario. No vamos a difundir ni reproducir lo que conversan para mantener la reserva”, acotó.

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Críticas a la oposición porque no trata leyes clave

En otro momento de la ronda de preguntas, Gabriela Cerruti acusó a la coalición opositora Juntos por el Cambio de estar “encaprichada en defender a los jueces de la Corte Suprema de Justicia”, en el marco de la discusión por el juicio político a sus integrantes que se debate en la Cámara de Diputados, y los responsabilizó de no aportar la mayoría legislativa para tratar la agenda legislativa del Congreso.

Consultado si el Gobierno avanzará con decretos en temas clave, a raíz de la resistencia de la oposición, la portavoz descartó esa posibilidad. “El Congreso está funcionando y esperamos que logren ponerse de acuerdo para lograr las mayorías necesarias. No podemos creer que la oposición deje temas sin tratar como la ‘Ley Lucio’ o la moratoria previsional porque están encaprichados en defender a los jueces de la Corte”, reprochó la funcionaria de Alberto Fernández.

Cerruti recordó que el proyecto de ley que promueve la prevención contra el matrato infantil, y que fue impulsado tras el asesinato a golpes de Lucio Dupuy en La Pampa, fue incluido por el presidente Alberto Fernández en el temario de sesiones extraordinarias. Sin embargo, a raíz del rechazo que genera en la oposición el juicio político a la Corte Suprema por parte del oficialismo, la agenda legislativa está paralizada en su tratamiento.

“Los legisladores opositores terminan siendo más papistas que el Papa. Son la mano de obra que se inmola por defender a jueces que trabajan para defender a los poderosos de este país”, completó.Lucio Dupuy tenía 5 años cuando

Fuente:imagenes de gabariela cerruati

Referentes de agrupaciones kirchneristas se reunieron hoy en El Bolsón, donde esta mañana fue detenido el líder mapuche Facundo Jones Huala, para reclamar por la apertura de un camino público hasta Lago Escondido, donde se encuentra la estancia del británico Joe Lewis. Mientras unas cien personas se dirigieron a protestar frente a las rejas del camino del Foyel, otro grupo menor, de unos 60 integrantes, inició la travesía por el circuito de montaña, que demanda varios días hasta llegar al destino final. Esta tarde habían montado un acampe y desplegado decenas de embarcaciones sobre las costas del Lago Soberanía, una zona altamente protegida, donde no está permitido pernoctar ni hacer fuego.

La semana pasada, vecinos del Foyel enviaron una carta a la gobernadora Arabela Carrera advirtiéndole por los incidentes que se producen con cada marcha anual que organiza la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca). “Nuestra tranquilidad queda a expensas de grupos violentos, nos han roto alambrados, lesionado vecinos, carneado animales. Nunca pudimos tener un responsable, siempre ocultos entre el tumulto y la clandestinidad”.

El acceso del Foyel, de unos 20 kilómetros, conocido como camino del Tacuifí o camino Domingo Puchy, se encuentra muy cerca del acceso vehicular privado que conduce a la estancia de Lewis y que en diciembre fue intrusado por un grupo liderado por Juan Grabois, que vulneró al guardia dispuesto en la tranquera y llegó hasta la estancia del empresario británico, donde montó un acampe a orillas del lago. El camino del Foyel enlaza una docena de quintas y campos privados.

En 2013, y en un fallo que aún no está firme, la Justicia le ordenó a la provincia de Río Negro que abriera una ruta pública al Lago Escondido sobre la traza privada. Tras una confirmación de la sentencia, la Provincia presentó una apelación en septiembre de 2022, advirtiendo que el fallo original de la justicia no aludía al camino “corto”, utilizado por Lewis y otros vecinos, sino al sendero largo e intrincado que usan quienes realizan cada año la marcha a Lago Escondido, un trayecto que hoy demora días en cubrirse.

“Vamos a ver si podemos entrar, evitando todo tipo de conflictos. Somos alrededor de 300 o 400 personas y mañana seremos más”, sostuvo el líder de Fipca, Julio César Uren, en diálogo con LA NACION.

“Vamos a llegar a la tranquera y vamos a dialogar. Seguro estará la Policía de la Provincia y veremos qué actitud tienen. Si nos dicen que no, acudiremos a un recurso de amparo y hábeas corpus. Hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia que plantea que ese es un camino público que pasa por una propiedad privada, que bloquea el paso”, agregó el dirigente.EL GOBIERNO DE CHILE YA INICIÓ LOS TRÁMITES PARA SOLICITAR LA EXTRADICIÓN DE JONES HUALA TRAS SU DETENCIÓN EN EL BOLSÓN

Más tarde, desde la organización repudiaron que LA NACION vinculara el inicio de la protesta, en El Bolsón, con la detención de Jones Huala, ocurrida en la misa localidad. “Luego que publicaran fake news para vincular nuestra actividad con la detención de Facundo Jones Huala, desde Fipca nos vemos obligados a remarcar que el objetivo de la marcha es el reclamo de la soberanía sobre un territorio adquirido de forma ilegal durante los 90″, advirtieron en redes sociales.

Organizaciones sociales, políticas y gremiales ligadas al Gobierno iniciaron este fin de semana la séptima marcha por la “Soberanía de Lago Escondido”, para denunciar que en esa zona -donde se encuentra la estancia de Joe Lewis- existe un “enclave británico” que funciona como “la cueva de un poder mafioso, que busca condicionar la democracia”. Vecinos y propietarios de la zona advirtieron su preocupación por los incidentes que se repiten durante cada marcha.

Entre las organizaciones que marcharon y formarán parte de una nueva concentración se encuentran representantes de La Cámpora, Federación Gráfica Bonaerense (FGB), CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Movimiento Octubres, Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, Grupo por la Soberanía, Grupo Bolívar, Corriente Federal de Trabajadores, Regional Norte de la CGT y el Grupo de Curas en Opción por los pobres.

Otro de los participantes, el diputado del Parlasur (Frente de Todos) Gabriel Harispe, destacó que el bloque de legisladores del oficialismo en el Parlamento del Mercosur “apoya y respalda” la medida tomada por la Fipca.

El nombre de Lewis cobró relevancia después de que se filtraran supuestos chats, obtenidos ilegalmente, entre cuatro jueces federales, un ministro y el jefe de los fiscales porteños, exagentes de inteligencia y directivos de Clarín que compartieron un viaje a Bariloche, que incluyó una estadía en Lago Escondido.

Fipca cuestionó a la Policía por no custodiar la marcha

Desde la organización que encabeza Urien, confirmaron que “la policía de la provincia de Río Negro no escoltará a la columna de montaña durante todo el trayecto de la travesía”. “Responsabilizamos a quienes tienen la obligación de cuidar a la ciudadanía de cualquier agresión eventual que sufrieran los integrantes”, expresaron en un comunicado.

Las declaraciones de Fipca llegaron sólo unas horas después de que el líder mapuche -y prófugo de la justicia chilena-, Facundo Jones Huala, quedara detenido tras un operativo de las fuerzas de seguridad.

Juan Cruz Andrada

Fuente: La Nación