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El presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete para el próximo lunes al mediodía en la Casa Rosada, con el objetivo de reordenar la agenda del Gobierno y recuperar la iniciativa política tras una serie de polémicas internas.

El encuentro, previsto para las 12, se dará luego de semanas marcadas por cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien participará de la reunión y cuenta con el respaldo del mandatario.

Milei aseguró que destinará el 10 por ciento de los ingresos por privatizaciones a comprar armamento para «reconstruir las Fuerzas Armadas»Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

La convocatoria busca mostrar unidad dentro del oficialismo después del impacto político generado por las denuncias que involucran a Adorni y otros episodios recientes que afectaron al Ejecutivo.

Entre los cuestionamientos, se encuentran supuestas irregularidades patrimoniales, como la compra de propiedades, viajes en aviones privados a Punta del Este y el uso de aeronaves oficiales junto a su esposa.

Además, el Gobierno viene de enfrentar repercusiones por el caso de la presunta estafa vinculada a la criptomoneda Libra, que también generó críticas hacia la gestión.

Respaldo interno y tensiones

En los últimos días, Milei mantuvo un encuentro con Adorni en la residencia de Olivos, donde le ratificó su apoyo. Sin embargo, dentro del oficialismo persiste el debate sobre la continuidad del jefe de Gabinete.

La reunión del lunes será la primera desde el 24 de febrero y se presenta como una oportunidad para ordenar el frente interno y definir los próximos pasos en medio de un escenario político complejo.

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Mientras tanto, este jueves Adorni acompañó al Presidente en el acto realizado en Retiro por los caídos en la Guerra de Malvinas, en un gesto que buscó reforzar la imagen de cohesión dentro del Gobierno.

Con este nuevo encuentro de Gabinete, la Casa Rosada apuesta a dejar atrás las controversias y retomar el control de la agenda política en un momento clave para la gestión.

Fuente: Perfil.com

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató al abogado penalista Matías Ledesma para comenzar a elaborar su estrategia judicial para defenderse en las dos causas más inmediatas que tiene en Comodoro Py, una por presunto enriquecimiento ilícito y otra que averigua las circunstancias de su viaje a Punta del Este realizado el pasado mes de febrero.Te puede interesar:Milei habilitó un adelanto millonario a los gobernadores y reactiva el contacto para acelerar las reformas

La información fue confirmada desde el entorno del ministro coordinador a Infobae, desde donde no dan pistas de cuál pudo ser la vía de recomendación de esa defensa.

La contratación se materializó en los últimos días y forma parte de un pedido que venían haciendo desde varias partes del Gobierno para que el otrora vocero presidencial comenzara a alinear una estrategia clara respecto a su situación mediática-judicial. Ledesma forma parte del estudio Guillermo Ledesma Abogados, creado por el juez del mismo nombre que integró el tribunal del Juicio a las Juntas.Te puede interesar:Nicolás Massot: “Lo preocupante no es Adorni, es la tolerancia del presidente Milei”

Uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación para el funcionario nacional: pese definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.

“Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había dicho en un reportaje radial.Te puede interesar:Cuál es el instrumento de ahorro en pesos más eficaz para ganarle a la inflación y por qué creció su uso

Las dos causas más importantes que involucran al jefe de Gabinete están bajo el paraguas del juez federal Ariel Lijo. Una investiga si hubo algún delito detrás del viaje familiar que realizó a Punta del Este y en el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio, quien según los primeros testimonios de la causa fue quien pagó ante la empresa de vuelos privados. En paralelo se gestó otra causa sobre el patrimonio de Adorni bajo el encuadre de presunto enriquecimiento ilícito.

Hay una tercera causa por el viaje de Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York que está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano. Aun así, en el entorno del ministro coordinador marcan que no hay un riesgo latente al respecto de la misma.

Como última novedad en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La fiscalía tiene delegada esta causa y la decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril, según supo Infobae. El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko. Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación.

Nota en desarrollo.

Fuente: Infobae.com

La desaceleración de la inflación no alcanza, por sí sola, para aliviar el bolsillo de la clase media. Mientras el índice general de precios pierde velocidad, el costo de los servicios sigue escalando y gana cada vez más peso dentro del presupuesto familiar. Ese es el principal diagnóstico de un informe de Focus Market, elaborado por el economista Damián Di Pace, que pone la lupa sobre el impacto de las tarifas públicas y privadas en la vida cotidiana.

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De acuerdo con el relevamiento, la canasta de servicios para una familia tipo formada por dos adultos con empleo y dos hijos en edad escolar alcanzó en marzo de 2026 los $2.980.339 mensuales. El dato implica un aumento de 22,25% respecto de noviembre de 2025, y una suba de 57,5% frente a marzo del año pasado. Según el informe, esa dinámica supera ampliamente la inflación acumulada del período analizado.

“Si evaluamos las transformaciones macro y su incidencia en la vida diaria, lo más notorio es que la inflación se encuentra estable, pero aún en un nivel elevado. En ese marco, las tarifas de los servicios siguen en proceso de corrección gradual”, señaló Di Pace al presentar el estudio. La lectura de la consultora es que la nominalidad más baja no implica una mejora homogénea del poder adquisitivo, porque varios rubros clave continúan ajustándose por encima del promedio.

Vivienda, el ancla más pesada para los ingresos medios

Dentro de la canasta, el mayor peso sigue estando en la vivienda. El informe destaca que un alquiler promedio de un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires pasó de $760.860 en noviembre a $827.599 en marzo. Además, durante 2025 los alquileres habrían acumulado una suba cercana al 51%, impulsados por la escasez de oferta habitacional.

A ese desembolso se suman expensas, servicios públicos y otros gastos vinculados al sostenimiento del hogar. En otras palabras, la vivienda no solo sigue siendo el principal componente del gasto mensual, sino que además arrastra aumentos que son difíciles de postergar o recortar. Para la clase media, eso implica resignar margen en otros consumos o directamente cambiar hábitos para llegar a fin de mes.

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El problema de fondo es que buena parte de estos gastos son inelásticos. A diferencia de otros consumos, el alquiler, la luz, el gas, el agua o internet no pueden eliminarse del presupuesto. Por eso, incluso en un escenario de inflación más moderada, la percepción de ahogo financiero persiste en los hogares que no logran recomponer ingresos al mismo ritmo.

Salud y educación, dos rubros que amplifican la presión

El informe también marca que salud y educación están entre los capítulos que más empujan el encarecimiento de la canasta de servicios. Para marzo, una cuota mensual de colegio privado para dos hijos se ubica alrededor de $605.794, mientras que una prepaga familiar básica ronda los $647.044.

Ambos rubros aparecen como centrales en la estructura de gasto de los sectores medios urbanos.

En este contexto, aun cuando el proceso desinflacionario avanza, los servicios regulados o semirregulados y varios servicios privados siguen corrigiendo precios relativos. Es decir, recuperan terreno luego de años de rezago. En términos macro, ese reordenamiento puede ser leído como parte de la normalización de la economía. En términos micro, sin embargo, se traduce en una mayor exigencia para hogares que ya llegan con ingresos tensionados.

La conclusión es incómoda para el relato de alivio inflacionario: una inflación que baja no necesariamente se siente como alivio cuando los gastos fijos del mes suben por encima del promedio. Y ese fenómeno se vuelve más visible entre los hogares de clase media, que suelen quedar fuera de subsidios amplios pero tampoco cuentan con ingresos lo suficientemente holgados como para absorber sin costo estos aumentos.

Una clase media cada vez más ajustada por los gastos fijos

En ese marco, el trabajo de Focus Market muestra un cambio silencioso pero profundo en la composición del gasto familiar. Los servicios ganan participación dentro del presupuesto total y desplazan capacidad de consumo en bienes, salidas, ahorro o incluso recreación. La tensión ya no pasa solo por el precio de los alimentos: cada vez pesa más cuánto cuesta sostener el estándar de vida básico de una familia urbana.

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El estudio funciona además como una radiografía de época. La clase media argentina enfrenta una doble presión: por un lado, la recomposición de tarifas y precios atrasados; por otro, ingresos que todavía no recuperan plenamente el poder de compra perdido en años de alta inflación y recesión.

En esa combinación, la canasta de servicios se convierte en un indicador cada vez más sensible del deterioro o la recuperación real.

Fuente: Perfil.com

A 44 del inicio de la guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei encabezó el acto conmemorativo y pronunció un discurso centrado en el reconocimiento a los veteranos, el valor de las Fuerzas Armadas y el reclamo de soberanía nacional. El mandatario destacó la deuda pendiente con quienes defendieron las islas y abogó por fortalecer a las Fuerzas Armadas en el marco de una política de Estado.Te puede interesar:Amenazante reacción de Irán a la decisión de Argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria

En su intervención del 2 de abril, Milei puso énfasis en brindar “respeto y agradecimiento” a los excombatientes y familiares, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas “como parte central de la República” y anunció medidas como un homenaje especial para los veteranos en 2027, mejoras en bienestar institucional y destinar “el 10% de los ingresos fiscales de privatizaciones” al sistema de defensa nacional, además de reafirmar el reclamo argentino sobre las Malvinas y advertir respuestas ante acciones extranjeras en la región.https://621db87b5940c89e28505604232406b4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

“Como Gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que nos representan como Nación que nuestras Fuerzas Armadas. Una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece, como parte central de nuestra República”, afirmó Milei en la apertura de su mensaje. El mandatario subrayó la “deuda histórica” con las Fuerzas Armadas, defensoras de los derechos de todos los argentinos.Te puede interesar:La cadena argentina de comida de la que Messi es socio llega al nuevo estadio del Inter Miami y planea expandirse por Europa

“El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario N°45 de la guerra por nuestras islas. Por eso, he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaría General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años”, declaró Milei.Homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas (Foto: Maximiliano Luna)https://621db87b5940c89e28505604232406b4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

A continuación, señaló que “no se trata únicamente de reconocimiento institucional, sino de recuperar el lugar que le corresponde en la defensa de nuestra Patria”. Para ello, afirmó que es prioritario el bienestar de los hombres y mujeres de las fuerzas, e indicó: “Se está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar. Lo estamos haciendo mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”.Te puede interesar:Murió Hugo Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural y referente del sector durante el conflicto con el campo en 2008

Respecto a la situación salarial, Milei reconoció: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas. Un país que busca ser protagonista en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda”.

El Presidente reafirmó el compromiso de “llevar a cabo la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas”. Expresó que “es un proceso que llevará tiempo, pero cuya dirección será certera”. Además, anunció: “Destinaremos el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional”. Agregó que la reconstrucción de capacidades militares “tiene que estar más allá de toda ideología política y debe formar parte de un proceso sostenido en el tiempo de acuerdo con el interés nacional. En otras palabras, debe ser una política de Estado”.A 44 del inicio de la guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei encabezó el acto conmemorativo

“Quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, expresó Milei. Recordó que “el conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido”.

El mandatario agradeció los “reiterados apoyos y pronunciamientos en favor de la cuestión de las islas Malvinas en el ámbito del Comité Especial de Colonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur, entre otros espacios”. Aseguró que ese respaldo internacional “reafirma la legitimidad de nuestro reclamo y acompaña el llamado de la Argentina a avanzar hacia una solución pacífica y definitiva”.

En relación con la explotación de recursos en la cuenca Malvinas Norte, Milei advirtió: “Actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”. Asimismo, remarcó: “Ante la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas en el yacimiento Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte, el país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”.

Al finalizar, el jefe de Estado evocó la memoria de los héroes y reafirmó el vínculo inalterable entre el pueblo argentino y las Malvinas, resaltando la centralidad del reclamo de soberanía y la defensa nacional en la identidad del país.

Fuente: Infobae.com

ientras se acelera la investigación judicial en torno a sus propiedades de Manuel Adorni, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los laderos fieles de Karina Milei, volvió a respaldar al jefe de Gabinete.

Durante el acto por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, en la Plaza San Martín, Menem dijo que confía “cien por cien” en el funcionario. “Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, lanzó en diálogo con La Nación +.

El vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) revalidó su apoyo a Adorni después de que el Presidente lo ratificara en su cargo y le diera un abrazo afectuoso ante las cámaras de televisión en el acto oficial por un nuevo aniversario de la guerra en las Malvinas.

Menem dijo que respalda a Adorni como “desde el primer día”. Y pidió esperar que la Justicia evalúe “las pruebas” en las causas contra el ministro coordinador. “Las pruebas las tiene que evaluar la Justicia, no el periodismo”, afirmó.

Milei recibió ayer en Olivos a Adorni, en medio de las denuncias por su viaje a Punta del Este en avión privado y las revelaciones sobre propiedades que no figuran en su declaración jurada. Tras el encuentro, el Gobierno ratificó la permanencia del funcionario y difundió sus actividades para los próximos días, en una nueva muestra de la decisión presidencial de sostenerlo en el cargo.

Horas antes, el fiscal federal Gerardo Pollicita había citado a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko en la causa que investiga la compra de propiedades del jefe de Gabinete.

La profesional intervino en la compra del departamento de Caballito y en la de la casa del country Indio Cua, que está a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. Según los registros, Adorni adquirió el departamento por US$230.000 gracias a un préstamo de US$200.000 que le hicieron las vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años.

En ese contexto, los apoyos a Adorni en el seno del Gabinete y, sobre todo, entre los referentes de LLA en las redes sociales comenzaron a diluirse. No obstante, Menem salió hoy a apuntalar al jefe de Gabinete. “Es un funcionario que ha acompañado al presidente desde el día uno. Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, enfatizó, mientras abordaba el vehículo oficial que lo trasladó hasta Retiro para el acto por por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas.

No es la primera vez que el sobrino del expresidente Carlos Menem pone las manos en el fuego por un integrante del grupo de fieles a Karina Milei. En agosto del año pasado, cuando estalló el escándalo por el caso Andis y los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que el exfuncionario relataba el supuesto pago de sobornos en el área, el diputado había apelado a la misma frase para defender a Eduardo “Lule” Menem y la hermana del Presidente.

“Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por ”Lule» Menem y por Karina Milei», remarcó en ese entonces.

Fuente: La Nación

Un estudio de Zuban Córdoba y Asociados expuso el duro golpe que sufrió la imagen del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como consecuencia de las diferentes polémicas que lo envolvieron durante los últimos días, como el crecimiento de su patrimonio, un viaje a Uruguay en avión privado y la compra de diferentes propiedades.

El estudio consultó un total de 1200 casos de Argentina, mediante un cuestionario estructurado a través de una combinación con 50% del método CAWI Research y 50% mailing, todos argentinos mayores de 16 años entre el 30 de marzo y el 1 de abril. Según indicaron, el sondeo cuenta con un margen de error aproximado de 3,1%.

Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

El estudio expuso que actualmente Adorni tiene una imagen negativa de 66% contra una imagen positiva de 21,5%, una diferencia abrumadora. En años anteriores, el funcionario presentó una imagen negativa de 55,4% en febrero de 2025; 58,1% en octubre de 2024; 52,8% en febrero de 2024 y 50,3% en enero del mismo año, lo que muestra una tendencia negativa creciente.

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Otro dato que expone la magnitud del deterioro es que un 70,4% considera que Adorni debe renunciar teniendo en cuenta la compleja situación en la que se encuentra envuelto, contra solo un 18,2% que cree que no debería abandonar el cargo y otro 11,4% que no tiene una opinión formada al respecto.

El escándalo que disparó la baja

El escándalo que disparó las cifras negativas sobre la imagen del funcionario comenzó cuando su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos junto a la comitiva oficial y poco después el jefe de Gabinete viajó con su familia a Punta del Este en un avión privado, abriendo varios cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados.

La situación de Adorni se vio agravada luego de que se diera a conocer la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, cuya operación de compra levantó varias dudas, y también la adquisición de una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, de Exaltación de la Cruz.

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La polémica sobre el jefe de Gabinete no pasó desapercibida y así lo refleja el estudio, dentro del cual un 72% afirmó estar al tanto de las denuncias por presunta corrupción de Adorni, mientras que un 14,9% dijo que apenas escuchó del tema y solo un 5,8% desconocía la situación.

La falta de una respuesta oficial satisfactoria es otro de los factores que continuó echando leña al fuego. En este sentido, un 77,9% insistió en que Adorni debe explicar cómo paga sus viajes, contra un 8% que afirma que no debería y un 14,1% sin una opinión formada.

En torno a las explicaciones que se dieron sobre el tema desde el Gobierno, 70,2% considera que se trató de una estrategia para tapar o distraer a la población del tema, esperando que el asunto quede en el olvido y se apague la polémica. Solo el 15,3% evaluó que la respuesta oficial fue transparente y correcta.

Finalmente, el relevamiento realizó una consulta sobre el manejo de la crisis en torno a Adorni y el 31,6% remarcó que el funcionario debería haber mostrado públicamente documentos y comprobantes que respaldaran su versión, junto a un 17,5% que indicó que debería haber dado un paso al costado hasta aclarar la situación.

Otro 15,9% recomendó responder todas las preguntas sin confrontar, mientras que un 13,8% señaló que rea mejor dejar que la situación la resuelva la Justicia. En paralelo, 9,8% consideró la posibilidad de pedir disculpas y cerrar el tema, junto a un 3,2% que afirmó que no debe responder nada ya que se trata de un asunto privado.

Fuente: Perfil.com

La crisis diplomática entre Argentina e Irán escaló en las últimas horas con una decisión de máxima gravedad: el Gobierno de Javier Milei declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.Te puede interesar:Amenazante reacción de Irán a la decisión de Argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria

La medida fue oficializada por la Cancillería a través de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno —y luego replicado por el propio presidente Javier Milei—, en el que se informa que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.El canciller argentino, Pablo Quirno, da conferencia en Buenos Aires, Argentina, el 22 de diciembre de 2025. Foto de archivo. REUTERS/Tomás Cuesta

El texto precisa que la decisión se adopta “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, el mecanismo jurídico que permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.Te puede interesar:La cadena argentina de comida de la que Messi es socio llega al nuevo estadio del Inter Miami y planea expandirse por Europa

La decisión se produce como respuesta directa al comunicado difundido el día anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había marcado un fuerte punto de tensión en el vínculo bilateral. En ese documento, el régimen teocrático sostuvo que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.Guarda-Revolucionaria-de-Iran-12

Además, el texto iraní cuestionó la legitimidad de la medida al afirmar que “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico”, y avanzó un paso más al advertir que “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.Te puede interesar:Murió Hugo Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural y referente del sector durante el conflicto con el campo en 2008

En su argumentación, Teherán atribuyó la decisión a factores externos. Señaló que fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán, en referencia al actual escenario de ofensiva militar en Medio Oriente.

El comunicado iraní también incluyó una definición política sobre la conducción argentina. Allí se afirma que el presidente y el canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”, en una formulación que escaló el tono del conflicto.El comunicado de Irán que derivó en la decisión del gobierno de Javier Milei de expulsar al encargado de negocios

Frente a ese posicionamiento, la Cancillería argentina respondió esta mañana con un texto que no solo oficializa la expulsión, sino que también fija una posición política y jurídica más amplia.

El comunicado señala que la decisión se adopta “en respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

Y agrega un punto central en la argumentación oficial: esas declaraciones “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.

El texto también vincula este episodio con el histórico conflicto judicial entre ambos países. En ese sentido, advierte que la situación “se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”.

La Cancillería va más allá y remarca que Irán mantiene “un reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”, en referencia a los pedidos de captura que pesan sobre ex funcionarios del régimen por su presunta participación en los atentados terroristas de los años 90.

En otro tramo, el comunicado introduce un elemento adicional de gravedad al señalar que “resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”.

El cierre del texto refuerza el posicionamiento político del Gobierno: “La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.

Y concluye con una definición que sintetiza la línea oficial: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.

La secuencia de hechos muestra una escalada en apenas 48 horas. Primero, la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, basada en antecedentes judiciales vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Luego, la respuesta iraní, con un comunicado que combinó descalificaciones, acusaciones y advertencias diplomáticas. Finalmente, la reacción argentina con la expulsión del principal representante diplomático iraní en el país.

En paralelo, el contexto internacional agrega un factor de tensión adicional. La crisis se desarrolla en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que condiciona las posiciones diplomáticas y en el que el Gobierno argentino ha decidido alinearse de manera explícita con Washington y Jerusalén.

En ese marco, la Guardia Revolucionaria —estructura central del sistema de poder iraní— se convierte en el eje del conflicto. Mientras la Argentina la señala como una organización vinculada al terrorismo internacional, el régimen iraní la reivindica como “defensora de la seguridad nacional” y “la fuerza más efectiva contra el terrorismo”.

El contraste entre ambas posiciones es total. Y la expulsión del encargado de negocios iraní termina de consolidar un deterioro acelerado del vínculo bilateral, en un escenario donde la confrontación ya no es solo discursiva, sino también diplomática y operativa.El comunicado que fue publicado por la Oficina del Presidente

En ese contexto, la reacción iraní —y la posterior respuesta argentina— dejan en evidencia un endurecimiento de posiciones que trasciende lo bilateral y se proyecta sobre el tablero geopolítico global.

El intercambio de comunicados en las últimas 48 horas muestra dos narrativas opuestas. Por un lado, la Argentina fundamenta sus decisiones en antecedentes judiciales y en la necesidad de combatir el terrorismo. Por el otro, el régimen iraní niega esas acusaciones, denuncia injerencia externa y responde con una retórica confrontativa.

La expulsión del encargado de negocios iraní sintetiza esa tensión. Y anticipa un deterioro aún mayor en la relación entre ambos países, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido avanzar sin ambigüedades en una estrategia de confrontación con el régimen de Teherán.

Fuente: Infobae.com

Este martes 31 de marzo a las 16:00, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer su último estudio que analiza el nivel de pobreza e indigencia correspondiente a la segunda mitad del 2025.

La Universidad Torcuato Di Tella, elaboró su propio nowcast de pobreza en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Desde este organismo estadístico estimaron una taza de pobreza del 30,6% para el periodo de septiembre 2025 a febrero de este año.

La informalidad alcanza al 80% de los trabajadores en los sectores de bajos ingresos

Esta proyección privada sugiere que “alrededor del 31% de las personas viven en hogares urbanos pobres”. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó “en 30 millones de personas lo que implica que alrededor de 9.2 millones viven en hogares urbanos pobres”.

De cuánto fue la última medición de pobreza del INDEC

Desde el organismo estatal, la última cifra que lograron precisar fue correspondiente a la primera mitad del 2025, cuando la pobreza se ubicó en el 31,6% y afectó a casi 9,5 millones de personas, de las cuales el 6,9% son indigentes.

Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 4,5 y 6,5 puntos porcentuales, respectivamente. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,3 p.p. en las personas

Teniendo en cuenta que la brecha de la pobreza es la distancia entre los ingresos y las canastas de los hogares pobres, en el informe del INDEC destacaron que:

– La brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 37,0%.

– El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $671.492, mientras que la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $1.065.691.

– La distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT se mantuvo sin cambios respecto del segundo semestre de 2024

Una familia necesito casi $1,4 millones para no ser pobre en enero

Una familia de cuatro integrantes en enero de 2026 necesitó ingresos por encima de los $1.397.671,83 para no ser pobre y de $644.088 para no caer en la indigencia, de acuerdo con lo informado por del INDEC.

En el segundo mes del 2026, la canasta básica total (CBT) que se utiliza para medir el umbral de la pobreza aumentó 2,7%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) que define a la indigencia lo hizo en 3,2%. En este último caso, el aumento fue superior a la inflación general de este mismo mes, que marcó 2,9%.

Para Agustín Salvia, «la pobreza está aumentando»

En año, la CBT acumula un aumento del 6,8% mientras que la CBA aumenta 9,3%. En la comparación interanual, la CBT aumentó 32,1% y la CBA 37,6%, ubicándose por debajo y por encima de la inflación general, respectivamente.

Tomás Amerio, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que los aumentos de la CBT y la CBA se ubicaron «por debajo del ritmo que mostraban a principios de 2025, cuando las variaciones anuales superaban el 40% y el 50%, respectivamente».

«La tendencia mensual también confirma desaceleración: los registros de la segunda mitad de 2025 se mantuvieron sistemáticamente por debajo del 2% mensual, mientras que enero y febrero de 2026 retomaron algo de presión, aunque sin volver a los picos del primer trimestre del año anterior”, agrega.

Fuente: Perfil.com

Javier Milei envió hoy al Senado la postulación de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces para cubrir 62 de las más de 300 vacantes que persisten en el Poder Judicial de la Nación. “Todos los pliegos de esta primera tanda, firmados por el Presidente”, confirmó el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en su cuenta de X.Te puede interesar:Adorni compró el departamento en Caballito por USD 230 mil y le prestaron casi el 90% dos jubiladas

Los pliegos, según pudo confirmar Infobae, ingresaron al Senado en dos tandas a lo largo del lunes. La mayoría de los cargos corresponde a tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense. Serán girados a la Comisión de Acuerdos, pero no podrán ser tratados hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara alta. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, señaló que su intención es que el Senado sesione la semana próxima.

De las más de 300 vacantes judiciales existentes, el Poder Ejecutivo propuso cubrir 62 cargos en esta primera etapa, con postulaciones dirigidas principalmente a tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. El proceso requiere que los pliegos sean analizados primero por la Comisión de Acuerdos del Senado y luego tratados en sesión, lo que podría ocurrir la semana próxima, según anticipó la conducción oficialista.

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Entre las designaciones se destaca la de Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Es hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elaboró la terna de la que el Ejecutivo lo seleccionó. Desde el entorno del magistrado aclararon que Horacio Rosatti no participó del plenario en el que se votó esa terna, que salió por unanimidad con 19 consejeros, y que el candidato ingresó al Poder Judicial casi diez años antes que su padre.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suscribió un convenio de colaboración con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y la Fundación Memoria del Holocausto.
El hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue propuesta para un juzgado federal de Santa Fe
En la misma tanda figuran Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por el caso $LIBRA; y María Julia Sosa, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, secretaria del juzgado federal del juez Julián Ercolini.

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Los 62 pliegos son un primer movimiento sobre un problema de escala mayor. El 36,5% de los cargos que integran la justicia nacional y federal está vacante. A ese ritmo, según la preocupación que circula en el entorno de la Corte Suprema, ese número podría escalar al 42% en julio. La situación es todavía más crítica en la Procuración que conduce Eduardo Casal: el 46% del Ministerio Público está sin cubrir, y en esta primera tanda Mahiques incluyó un cargo del Ministerio Público Fiscal.

Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)
Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)
Un dato que no pasó inadvertido: ninguno de los pliegos enviados corresponde a Comodoro Py, el fuero federal donde se investigan los casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. El 31% de los tribunales de Retiro está vacante y hay siete fiscales federales con trámites jubilatorios iniciados.

El nuevo reglamento que el Senado aprobó el 18 de marzo establecer que los pliegos deberán publicarse con al menos 15 días corridos de anticipación a la audiencia pública y comunicarse a los poderes legislativos provinciales cuando los cargos correspondan a jurisdicciones del interior.

Lo que sigue es la negociación en el Senado —donde el oficialismo no tiene mayoría propia— y la definición de qué viene en la segunda tanda.

El magistrado Julián Ercolini
El magistrado Julián Ercolini
Listado completo de pliegos, por jerarquía
Cámara Nacional de Casación

1- Nicolás Grappasonno — Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Cámaras de Apelaciones y Tribunales Orales Federales

2- Emilio Santiago Faggi — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3

3- Lureano Alberto Durán — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3

4- Yamile Susana Bernan — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

5- Santiago Quián Zavalía — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

6- Paula Andrea Castro — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

7- Samanta Claudia Biscardi — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

8- Osvaldo Felipe Pitrau — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

9- Analía Victoria Romero — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

10- Lucila Inés Córdoba — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K

11- Alejandro Javier Catania — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

12- Juan Pedro Galván Greenway — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

13- Jorge Djivaris — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal

14- Walter Fabián Carnota — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

15- Fernando Strasser — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

16- María Verónica Micheli — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

17- Carlos Fabián Cuesta — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

18- María Julia Sosa — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires

19- Claudio Ricardo Silvestri — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires

20- Pablo Ezequiel Wilk — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires

21- Pablo Javier Flores — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires

22- Javier Matías Arzubi Calvo — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires

23- Nicolás Ramón Ceballos — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal

24- Ricardo Santiago Lombardo — Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal

25- Ivana Sandra Quinteros — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal

26- Nicolás Antonio Pacilio — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal

27- Hugo Fabián Decaría — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal

28- Federico Novello — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal

Jueces federales

29- Gerardo Daniel Cacace — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, provincia de Formosa

30- Emilio Rosatti — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe

31- Walter Alberto Rodríguez — Juez del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Santa Fe, provincia de Santa Fe

32- Ana María Cristina Juan — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires

33- Diego Allievi — Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 de la Capital Federal

34- María Laura Ameri — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 3 de la Capital Federal

Jueces nacionales en lo Criminal y Correccional

35- María Gloria Capanegra — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal

36- Santiago José Jaimes Munilla — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal

37- Pablo Federico Moya — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 de la Capital Federal

38- Laura Fabiana Kvitko — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 de la Capital Federal

39- Santiago Alberto Poncio — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal

40- Paula Fuertes — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal

41- Soledad Eugenia Mariño — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal

42- Ignacio Labadens — Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal

Jueces nacionales en lo Civil

43- Laura Wiszniacki — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62 de la Capital Federal

44- Ezequiel Javier Sobrino Reig — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal

45- Julián Herrera — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal

46- Juan Martín Balcazar — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 de la Capital Federal

47- Germán Augusto Degano — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal

48- Javier Alberto Santiso — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal

49- Santos Enrique Cifuentes — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal

Fuero Comercial

50- María Agustina Boyajian Rivas — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22 de la Capital Federal

Fiscalías

51- Juan Andrés Moldes — Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico, Fiscalía N° 1

Defensores

52- María Inés Reston — Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1

53- Felipe Alberto Alliaud — Defensor Público Curador, Defensoría Pública Curaduría N° 4

54- Marcela Lorena Sasso — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 3

55- Verónica Mabel Polverini — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 7

56- Lucas Marcelo Bellotti San Martín — Defensor Público de Menores e Incapaces, Defensoría N° 2

Conjueces

57- Lucila Califano — Conjuez de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia en asuntos de familia y capacidad de las personas

58- Paula Diana Marinkovic — ídem

59- Claudia Inés D’Acunto — ídem

60- Ramiro Santo Fare — ídem

61- Raúl Augusto Montesano — ídem

62- Adrián Jorge Hagopian — ídem

Fuente: Infobae.com

Mientras todavía resuenan los escándalos por la criptomoneda $Libra y los avatares turísticos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno envió al Senado el proyecto de ley que intenta reestablecer y reforzar la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica mediante la modificación de una serie de leyes sancionadas durante el kircherismo.

La iniciativa es de amplio espectro, como suele ocurrir con los proyectos del Gobierno de Javier Milei, y contiene también una modificación al Código Procesal Civil y Comercial que establece la aplicación del juicio sumarísimo en el caso de juicios por desalojo de viviendas y propiedades rurales.

La misma inmediatez se establecería de sancionarse la norma en los casos en que el propietario reclame la restitución de un bien usurpado u ocupado por la fuerza. En este caso, los jueces deberán tramitar en un plazo de cinco días el pedido ante la intrusión de inmuebles urbanos y rurales.

También introduce modificaciones al régimen de expropiación. En lo que pareciera un giro inspirado en la controvertida enajenación de YPF dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner, la administración libertaria ahora intenta endurecer los requisitos para poder tomar posesión de bienes de terceros por parte del Estado.

Así, el proyecto incorpora la exigencia de aprobar la declaración de utilidad pública previa a la expropiación, la que a su vez deberá cumplir con requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que la iniciativa propone de manera taxativa.

Además, el legislador y la administración nacional estarán obligados a justificar que la expropiación es el medio menos restrictivo para alcanzar el interés público. Para evitar maniobras devaluatorias, el texto obliga a adoptar el valor del bien sujeto a expropiación al momento anterior a cualquier acto del Estado o la administración pública que hubiese podido influir en su cotización. También incluye el pago del lucro cesante en la indemnización

En los fundamentos del proyecto, que todavía no tiene giro a comisiones para su discusión, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa apunta a “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”

En una crítica velada al kirchnerismo, el Poder Ejecutivo sostiene que en los últimos años en la faz legislativa “se pueden observar regulaciones que no respetan correctamente el derecho de propiedad”, situación que “ha generado limitaciones inconstitucionales e inseguridad jurídica”.

Basada en seis ejes, el proyecto también introduce severos cambios en otras tres leyes emblemáticas del kirchnerismo, como son las restricciones al acceso a la propiedad para extranjeros, el impedimento para disponer de un bien rural afectado por un incendio, limitación introducida en la ley de manejo del fuego, y el programa de regularización urbana de barrios de emergencia y villas.

Así, sobre la última norma, en los fundamentos del proyecto se critica el régimen impulsado por el kirchnerismo y aprobado en el gobierno de Mauricio Macri, destacando que desde su sanción, hace siete años, sólo se ha regularizado el 0,8% del suelo de los barrios populares.

Ahora, el gobierno libertario propone una descentralización del régimen, dejando en las provincias y los municipios la facultad de establecer los mecanismos de regularización dominial.

Por otra parte, se eliminan las restricciones al acceso a la propiedad de tierras por parte de ciudadanos extranjeros por considerarlas una “limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, sobre todo en el ámbito agropecuario”.

El proyecto limita el impedimento y sólo permite el control de aquellas operaciones en las que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas con otros Estados.

En ese sentido, también elimina la prohibición por 20 años de vender inmuebles rurales afectados por incendios, limitación incorporada en la ley de manejo del fuego e inspirada en las sospechas del kirchnerismo en que los siniestros tenían por objeto desforestar los terrenos para aplicarlos a un negocio más rentable, como la siembra de soja.

Ahora, el Gobierno propone cambios aduciendo que la necesidad de “reestablecer el equilibrio entre la protección ambiental y el derecho de propiedad”. Lo hace proponiendo acotar la prohibición de venta a aquellos terrenos que se encuentren alcanzados por las leyes de protección de bosques nativos y de defensa de la riqueza forestal.

Por Gustavo Ybarra

Fuente: La Nación