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La Libertad Avanza se prepara para cerrar una pieza clave de su tablero interno en la Cámara de Diputados: Lilia Lemoine aparece como la elegida del oficialismo para presidir la Comisión de Juicio Político, el ámbito encargado de investigar al Presidente, ministros y jueces de la Corte.

La designación, que podría formalizarse en la reunión convocada para el próximo martes, no es un movimiento aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para blindar las comisiones sensibles del Congreso en un momento atravesado por la investigación del caso $LIBRA y con una oposición que perdió capacidad de daño parlamentario.

“Sería un honor. Estaré como siempre, a disposición. Pero yo no hablaría de la presidencia de una comisión no constituida (no soy como Pagano)”, respondió Lemoine a PERFIL, en una frase que no sólo confirma su disponibilidad sino que reactiva la interna que dejó en suspenso a la comisión durante dos años.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Un blindaje con mayoría propia

Más allá del nombre que encabece la comisión, el dato estructural es otro: el oficialismo tiene el control de las comisiones y puede bloquear cualquier iniciativa opositora allí.

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Según el reparto actual, la comisión —que tendrá 31 integrantes— cuenta con 13 diputados de La Libertad Avanza, 12 de UxP y al menos dos del PRO, además de aliados de bloques provinciales. Incluso con un miembro aún sin designar, fuentes parlamentarias confirmaron a este medio que el oficialismo va a alcanzar una mayoría de 16 votos, suficiente para manejar dictámenes y bloquear cualquier iniciativa adversa.

En ese esquema, nombres como Cristian Ritondo o Alejandro Finocchiaro se integran a un armado que, en la práctica, garantiza que ningún intento de juicio político avance sin el aval del Ejecutivo.

Un legislador opositor reconoció a PERFIL que el escenario es claro: las comisiones “ya no son un ámbito donde pueda prosperar una agenda alternativa” y cualquier iniciativa que no cuente con respaldo del Gobierno “queda paralizada desde el inicio”.

Esa lógica no se limita a Juicio Político. El oficialismo también retendrá la Comisión de Libertad de Expresión —que durante el último año tuvo escasa actividad pese a la acumulación de expedientes— y ahora quedaría en manos de un dirigente alineado con la Casa Rosada, en continuidad con el control que ejercía Emilia Orozco.

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El antecedente Pagano y una comisión en suspenso

La decisión de avanzar ahora con Lemoine también busca cerrar un capítulo abierto desde 2024. Ese año, en medio de tensiones internas, un sector de la oposición impulsó la designación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión con el respaldo del entonces jefe de bloque libertario, Oscar Zago. La maniobra derivó en una ruptura dentro del oficialismo y en un conflicto institucional que nunca se resolvió.

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, desconoció esa reunión al sostener que había sido suspendida minutos antes, mientras que Pagano insistió en diálogo con PERFIL en que su designación estaba “reconocida por todos los miembros firmantes”.

El resultado fue una comisión que, en los hechos, nunca funcionó durante los dos primeros años de gestión. El reglamento, que no fija plazos para su constitución, le permitió al oficialismo sostener ese limbo institucional hasta contar con una correlación de fuerzas más favorable.

LIBRA, la presión opositora y el límite político

El relanzamiento de la comisión ocurre además en un contexto sensible: la investigación por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a funcionarios del Gobierno.

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Dentro de Unión por la Patria, algunos sectores impulsaron desde el inicio una estrategia de juicio político para determinar responsabilidades, aunque esa postura nunca fue unánime. Desde otros bloques opositores, en cambio, cuestionan esa decisión: “tuvieron la oportunidad de avanzar y no lo hicieron”, deslizan.

Lo cierto es que, más allá de esas diferencias, el escenario actual vuelve prácticamente inviable cualquier intento de avanzar en ese sentido.

Con más de un tercio de la Cámara y una red de aliados consolidada, el oficialismo no sólo puede bloquear una eventual acusación en el recinto —donde se requieren dos tercios—, sino también evitar que el proceso se active desde su etapa inicial en comisión.

Fuente: Perfil.com

“Revocamos la sentencia a favor de los demandantes respecto de la República por sus reclamos de incumplimiento contractual, ratificamos la desestimación de los reclamos de estoppel contra la República e YPF, ratificamos la concesión de sentencia a favor de YPF, y remitimos para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión».Te puede interesar:Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”

Con esas 49 palabras la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en EEUU, resumió un fallo de 56 páginas que desligó al país de la condena en primera instancia por haber expropiado mal YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Esa sentencia adversa en primera instancia de la jueza Loretta Preska condenó al Estado local a pagar USD 16.000 millones, que con intereses que corren desde 2013 ya totaliza unos USD 18.000 millones.

El fallo fue sorpresivo. Se esperaba desde la audiencia de octubre y estaba al caer, pero sorprendió.Te puede interesar:Kicillof refuerza su perfil de candidato y se aferra al fallo de YPF para polarizar con Milei

Luego de esa reunión con los jueces de apelación en Nueva York, el Gobierno estaba confiado, pero no se imaginaban una decisión revocatoria completa, una anulación total. Hubiera sido una victoria que los tres jueces, Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, ordenaran revisar la cifra. Fue mucho más y el presidente Javier Milei festejó. También Cristina Kirchner y Axel Kicillof.El presidente Javier Milei y sus funcionarios, ayer en el Salón Blanco, luego del discurso

Burford Capital era el querellante del caso. Se trata de un bufete de abogados inglés que era el principal beneficiario del caso y había comprado los derechos a demandar en esta causa a accionista de YPF que dijeron verse perjudicados por la expropiación.Te puede interesar:Una funcionaria clave en el juicio por YPF afirmó que “fue importante el apoyo de EEUU” porque “le da volumen al argumento”

Se definen como litigation funding, pero para muchos se mueve y acciona como un fondo buitre. Como sea, el precio de sus acciones se derrumbaron ayer hasta 50%. O sea, la empresa, que ya venía en caída, perdió la mitad de su valor de mercado.

Las claves de un caso cuyo peso económico y simbólico es notable- O como dijo anoche son exagerar el presidente Javier Milei, que podría haber costado “mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”.

1 – Qué dijo la sentencia

Fue un dos contra uno: Cabranes votó en contra del país. El fallo establece que todo lo resuelto por Preska no es válido y le envía la cusa a la jueza para que dicte uno nuevo. pero con la visión de la Cámara.

Y dice, textual: “Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra y la empresa carecen de mérito”.

Vale recordar que YPF, que estuvo años dentro de la demanda, fue exculpada por Preska, quien sólo condenó al Estado argentino en 2023. Burford apeló esa parte del fallo y ahora la Cámara dijo que la empresa fue bien excluida.Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, los jueces de la cámara que anularon el fallo condenatorio para el país

Además, el texto es contundente al detallar que “revertimos la decisión del tribunal de distrito por dos motivos independientes. Primero, bajo el derecho civil argentino, el Estatuto no creó promesas bilaterales que generen una obligación contractual por parte de la República hacia otros accionistas de YPF, incluidos los demandantes. Segundo, aun asumiendo que el Estatuto haya originado un contrato bilateral, los reclamos de incumplimiento de contrato por daños están vedados por el derecho público de la república sobre expropiación”.

Básicamente, expresó que el Congreso y sus leyes están por sobre el estatuto de YPF y de cualquier empresa. La mayoría del tribunal argumentó que, de acuerdo con la legislación argentina, los estatutos de una sociedad anónima cumplen un papel organizativo interno, pero no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y entidades estatales. Esta interpretación fue clave para descartar la posibilidad de que la expropiación generara automáticamente una obligación contractual indemnizable entre el Estado argentino y los tenedores privados de acciones.Cristina Kirchner, en 2012, el día que anunció la expropiación de YPF

Con todo, los jueces reconocen que “tal vez sea cierto, como sostienen los demandantes, que la República hizo ‘promesas excepcionalmente claras’ en estos estatutos y cometió un ‘incumplimiento excepcionalmente grave’ al negarse flagrantemente a realizar una oferta a los muchos inversores privados de YPF que habían comprado suponiendo que estarían protegidos contra la renacionalización. Pero al interpretar el lenguaje inequívoco y en ausencia de jurisprudencia argentina que nos indique lo contrario, nos abstenemos de encontrar una obligación recíproca exigible mediante un reclamo de daños contractuales entre accionistas”.

El juez Cabranes, en su voto en minoría, expresó que los estatutos de YPF debían ser entendidos como contratos entre accionistas, lo que implicaba que, tras la adquisición estatal del control de la compañía, Argentina asumió la obligación de incurrir en una oferta pública de adquisición bajo los términos estatutarios. Según la posición de Cabranes, la privatización de YPF y su marco normativo buscaban “proteger a los inversores y generar confianza en el mercado” y, por lo tanto, el incumplimiento de la oferta pública debió ser considerado como un daño indemnizable conforme al derecho privado.

Cabranes argumentó que la existencia de una obligación contractual previa a la expropiación no podía ser desplazada sin más por el ejercicio soberano del Estado argentino, y advirtió que la decisión de la mayoría “deja sin remedio efectivo a los accionistas perjudicados”, lo que podría erosionar la confianza de inversores internacionales en la seguridad jurídica de los mercados en los que se privatizan empresas estatales.

2 – El rol de EEUU

Más allá de la independencia de poderes, no pocos creen que el peso de la relación bilateral entre Argentina y EEUU terminó influyendo, de alguna manera, en el fallo.Donald Trump y Javier Milei

El alineamiento de Milei con Donald Trump, y la relación personal entre ambos, cimentaron un gran y potente lobby diplomático que trabaja desde hace varios meses en el tema.

Según detalló ayer en Infobae en Vivo, Román Lejtman, corresponsal de este medio en EEUU, ese lobby se apalancó en la relación de los dos mandatarios y lo protagonizaron de manera directa el embajador en EEUU, Alec Oxenford; Michael Kozak, un funcionario de carrera del Departamento de Estado; quien es hoy segundo de ese organismo, Christopher Landau; el influyente abogado del Reed Rubinstein, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el subprocurador del Tesoro, Juan Stampalija.

Ese “pack”, destacó el corresponsal, junto con el estudio Sullivan & Cromwell, trabajaron para conseguir este fallo.

“Fueron muy importantes los apoyos porque Argentina tiene un daño reputacional histórico muy grande. Y a veces eso hace que los argumentos no se tomen tan en serio. No debería ser, pero podría pasar. Por eso fue importante el apoyo concreto de EEUU en el expediente”, destacó Stampalija, subprocurador del Tesoro.La jueza Loretta Preska

En febrero, EEUU le marcó la cancha ante la jueza Loretta Preska mediante un escrito de 29 páginas que funcionó como una suerte de “escudo” diplomático. Por medio de un documento, Washington fue tajante al advertir que castigar a un Estado soberano en tribunales locales podría generar un efecto bumerán, afectando la reciprocidad que el propio gobierno estadounidense espera recibir en cortes extranjeras.

Semanas después, el Departamento de Justicia solicitó participar activamente en la audiencia frente a Preska para exponer oralmente en defensa de la posición argentina en lo que se conoció como discovery. No hizo falta porque la Cámara frenó todas las causa paralelas hasta que estuviera resuelta la cuestión de fondo. Lo que ocurrió hoy a favor del país.

3 – Qué quería Burford

Cobrar. Y rápido. No es que no tuviera paciencia: está al frente de esta causa desde hace casi 10 años, cuando compró los derechos a litigar de empresas que había sido accionistas de YPF y aseguraban que fueron perjudicadas al quedar afuera del acuerdo que el país hizo con la española Repsol, la principal accionista de la empresa al momento de la expropiación.

Burford intentó cobrar a toda costa el fallo de Preska a pesar de la apelación. La ley de EEUU así lo permite.

Por eso intentó varias acciones en el tribunal de la jueza que reemplazó a Thomas Griesa, el fallecido juez de la causa de los holdouts de la deuda defaulteadas.

Buscó que se declare al país en desacato, exigió quedarse con las acciones del Estado en YPF e intentó demostrar el “alter ego” entre la petrolera, otras empresas y organismos y el Estado argentino. Si lograba ese cometido de demostrar que eran “lo mismo” podía pedir parte del capital de esas empresas, siempre según sus cálculos.Burford Capital cotiza en EEUU e Inglaterra

También intentó pedir embargos, indagó sobre dónde estaba el oro de las reservas del Banco Central y buscó llevar al tribunal de Preska a funcionarios y ex funcionarios, como Luis Caputo y Sergio Massa, o al menos indagar en sus chats y mails.

“Era todo ruido para tratar de cobrar, era su objetivo. No le importaba nada más, por eso la insistencia. Y estaban jugados, no esperaban un fallo de este calibre”, analizó una fuente oficial.

Ayer Burford dijo que está decepcionado con el fallo y que analiza apelar ante la Corte Suprema de EEUU y Ciadi. No sólo eso “abrió el paraguas” sobre su futuro financiero: se trataba de su mayor demanda, por lejos, y donde había apuntado todos sus cañones.

4 – La defensa de Argentina

Básicamente, la defensa argentina mantuvo su estrategia a lo largo de los 10 años de este largo juicio. Hubo cambios de estilo, claro, y de nombres. Pero siempre se buscó que el caso se traslade a la Argentina, algo que se cursó en los primeros cinco años de causa sin éxito, y luego en que se debía analizar bajo la ley argentina, cosa que finalmente sí pasó.

Este gestión, en los últimos meses, hizo eje en estos puntos:

• Violación de la inmunidad soberana: la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. El Congreso norteamericano, al sancionar la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) en 1976, estableció excepciones a dicha inmunidad solamente para bienes situados en EEUU, nunca para bienes fuera de su territorio”.
• Interpretación errónea del derecho de Nueva York: se aplicó indebidamente la norma de turnover, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio.
• Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas (“FSIA”) al caso: las acciones de YPF no están ‘en los Estados Unidos’, nunca fueron ‘utilizadas en una actividad comercial en EEUU’ ni ‘en la actividad comercial que dio origen al reclamo’, requisitos exigidos por la FSIA.
• Violación del derecho argentino e internacional: la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (’comity’) y la doctrina del acto de Estado (’act-of-state doctrine’), pilares de las relaciones entre naciones.

El nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio

En un breve discurso de ayer, Milei le agradeció al equipo conducido por la secretaria Legal y Técnica y “cerebro jurídico de esta gestión”, María Ibarzabal Murphy; al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija y sus equipos.

También mencionó al canciller Pablo Quirno, al ministro de Economía Luis Caputo y al embajador Oxenford.

Los técnicos también mencionan a dos abogadas de la Procuración, que vienen de la gestión anterior: Mariana Loza y Alejandra Etchegorry.

5 – El origen de todo

Como se sabe, todo comenzó con la expropiación de la petrolera, en 2012. El proceso se realizó con una ley del Congreso y se le pagó al accionista mayoritario, Repsol. CFK era presidente y Axel Kicillof, que llevó a cabo el proceso, era viceministro de Economía.Los subprocuradores del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira (Infobae en Vivo)

El resto de los accionistas aseguraron que se vieron perjudicados porque no hubo oferta pública para todos y comenzaron a accionar en contra del Estado argentino. Buena parte de los derechos a litigar de ellos se los quedó Burford. La causa duró más de una década.

“Hoy tenemos una Nación más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional. Pero incluso hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa en primer lugar”, dijo anoche Milei.

“Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Es importante que todos tengamos algo en claro, estos personajes de nuestro pasado nos unieron en una aventura suicida que nos podría haber costado, todo mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”, agregó el mandatario.

Fuente: Infobae.com

En su objetivo de consolidar el superávit fiscal y reforzar las reservas, el Gobierno de Javier Milei avanza con un ambicioso plan de privatizaciones. La estrategia busca generar ingresos en dólares a partir de la venta o concesión de empresas públicas, en un contexto en el que la acumulación de divisas sigue siendo una de las principales restricciones del programa económico.

Sin embargo, hay un dato que introduce un cambio relevante en la discusión: varias de esas compañías lograron mejorar sus resultados en 2025. Según información del balance anual del Ministerio de Economía sobre los ingresos y gastos de las empresas operadas por el Estado nacional, cuatro de las seis firmas que el Gobierno tiene en carpeta para vender cerraron el año con superávit, lo que plantea dudas sobre el timing de las privatizaciones.

Luis Caputo aseguró que el agro está en “boom absoluto” y prevé exportaciones por hasta u$s42.000 millones

En términos generales, el conjunto de las compañías públicas cerró 2025 con un superávit financiero de $903.000 millones. Aun así, el resultado implicó una caída del 19,1% respecto de 2024, cuando el excedente había sido de $1,1 billones.

Otra forma de medirlo es a través del resultado operativo, que excluye el componente financiero de las cuentas. Bajo este criterio, el sector registró un déficit operativo de $1,3 billones.

Ese rojo estuvo explicado principalmente por los desequilibrios de Enarsa y la operadora ferroviaria de trenes de pasajeros, con más de $1 billón en cada caso. En cambio, AySA, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino mostraron superávit operativo bajo esta medición.

Las empresas que el Gobierno quiere vender

El plan oficial abarca sectores clave como energía, transporte e infraestructura. Entre las principales compañías incluidas aparecen Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y Logística y AySA.

En varios casos, el Gobierno ya inició procesos de licitación o concesión, mientras que en otros avanza con reestructuraciones previas para hacerlas más atractivas al sector privado.

Las empresas que pasaron a tener superávit

Al analizar la situación empresa por empresa, se observa que buena parte del superávit financiero conjunto está explicado por Enarsa, la compañía encargada de la administración de la infraestructura energética, que cerró el año pasado con un excedente de $324.000 millones. De todos modos, fue un 31,8% menor al registrado en 2024.

Otra empresa sujeta a privatización es AySA. Su resultado operativo fue superavitario en $237.000 millones, aunque registró un déficit financiero de $18.000 millones.

La explicación de esa brecha, según la compañía, es que los ingresos por tarifas —que aumentaron en torno al 1% mensual durante 2025— crecieron a un ritmo menor que el gasto en obras.

Por su parte, otra empresa que el Gobierno busca concesionar y que registró déficit financiero en 2025 es Belgrano Cargas. La ferroviaria tuvo un rojo de $41.000 millones, muy por encima de los casi $6.200 millones del año anterior.

En contraste, tres compañías públicas cerraron el año con números positivos: Intercargo, Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina. En los tres casos, durante 2025 el Gobierno inició el proceso formal de venta. Para Corredores Viales, incluso, ya hubo apertura de ofertas en la licitación de algunos tramos de rutas nacionales.

Intercargo registró un superávit financiero cercano a los $30.000 millones; Corredores Viales, de $39.600 millones; y Nucleoeléctrica Argentina —que administra las centrales nucleares—, de $90.300 millones.

La lógica oficial: dólares ahora

A pesar de la mejora en los números, el Gobierno mantiene firme su hoja de ruta. El objetivo principal sigue siendo obtener dólares en el corto plazo para fortalecer las reservas.

En ese marco, las privatizaciones funcionan como una herramienta complementaria a otras fuentes de financiamiento, en un contexto en el que el acceso al crédito internacional continúa limitado.

Además, desde el oficialismo sostienen que el sector privado puede gestionar estos activos de manera más eficiente, reduciendo costos y mejorando la calidad de los servicios.

Fuente: Perfil.com

Con el objetivo de terminar de definir los detalles del proyecto para un nuevo Código Penal que se enviará al Congreso, el presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión clave con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la Quinta de Olivos.Te puede interesar:El caso de la modelo de Playboy que asesinó a su “sugar daddy” porque se cansó de mantenerla y sospechaba de su doble vida

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el encuentro se realizó esta tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Después del mismo, se informó que finalmente se decidió avanzar en la redacción de un nuevo texto que esté “a la altura de los desafíos actuales”.Te puede interesar:Milei y Trump fortalecen su alianza: EEUU venderá helicópteros Black Hawk y carros Stryker a la Argentina para proteger sus recursos estratégicos

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó Mahiques.

Entre las figuras que se van a incorporar, y tal como había anticipado este medio, están temas “migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.Te puede interesar:Javier Milei admitió “contratiempos” para bajar la inflación

Si bien era uno de los proyectos a tratar en estas sesiones ordinarias, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y optó por hacer varios cambios.

“El envío del proyecto se mantiene pero, conscientes de que es un proceso y que el nuevo código requiere revisiones, el Presidente considera que hay temas que no pueden seguir demorándose porque son delitos que están afectando el día a día”, explicaron fuentes calificadas.

Así las cosas, si bien la intención del Gobierno es presentar un texto integral en un futuro cercano, por el momento será un paquete más reducido.

“Van a debatir con el Presidente todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones, momentos antes de la reunión.La reunión se lleva adelante en la residencia oficial (Nicolas Stulberg)

Desde que asumió en el cargo, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

“Es lógico que lo revise, porque él no firma nada sin antes mirarlo”, habían anticipado desde el entorno del ministro, que durante los últimos días conversó con varios expertos en la materia para recopilar recomendaciones.

De hecho, incluso cuando se reunió el martes pasado con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia les comentó esto y les pidió que lean la propuesta que tenía en mente Cúneo Libarona para que opinaran al respecto.

Asimismo, se comunicó con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborar el texto, la cual ya venía trabajando sobre esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri.

El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez,y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.Borinsky, uno de los autores de la nueva norma

“Nos comentó que estaba revisando el proyecto, pero en línea con lo que ya fuimos haciendo. Tal vez va a ser un poco más corto de lo que había planificado Cúneo Libarona”, explicó a este medio uno de los miembros de ese cuerpo.

La junta entregó una primera versión en febrero del 2025 que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

Al respecto, Mahiques le explicó al equipo de expertos que su idea era avanzar “con otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual” y que, de esa forma, no sea tan pesado el contenido.

En este marco, el funcionario fue convocado por el Presidente a la Quinta de Olivos para repasar en persona toda la información que recopiló hasta el momento y definir cómo quedará redactado el proyecto final.

Recientemente, Manuel Adorni, confirmó que el nuevo Código Penal va a ser una de las propuestas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en esta primera etapa de sesiones ordinarias.Milei terminará de definir los aspectos principales del proyecto

Así lo decidió hace algunas semanas la mesa política del oficialismo, encabezada por el propio jefe de Gabinete, durante una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para planificar la próxima estrategia legislativa.

Según pudo saber este medio, a pesar de los cambios, se insistirá con una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

Fuente: Infobae.com

La ruta del dinero de los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzaba en el exterior del país y tenía una parada intermedia en la city porteña. Un puñado de financieras permitían convertir millones de dólares en efectivo. La maniobra ya estaba probada, pero faltaban los involucrados. De acuerdo a los chats a los que tuvo acceso LA NACION, en formato de captura, un protagonista clave fue el financista Diego Martín Pasztor.

El nombre de Pasztor había quedado oculto detrás de los innumerables apodos que utilizaban los miembros de la organización. “El judío”, “el rubio del BMW” o “Diego”, a secas, eran algunas de las formas de denominarlo para ocultar su verdadera identidad. Pasztor se encargaba de interactuar con Fabián Saracco y Juan Pablo Beacon, dos hombres de estrecha confianza de Pablo Toviggino, para coordinar las entregas de billetes, al menos entre 2021 y 2022.

“B día Juan Pablo. Tengo para darte 830. Tipo 14 hs paso. Donde Siempre?”, le escribió Pasztor a Beacon el 9 de agosto de 2021. El abogado contestó al instante: ”Dale hmno. Si, donde siempre, en Lavalle». Todo indica que eran 830.000 dólares.

En la oficina de Lavalle 1718 funcionaba el estudio jurídico de Beacon. Ese lugar se transformó en una parada intermedia de las cajas y bolsos con dinero de la AFA. Una especie de “La Rosadita”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Báez. El abogado, por entonces mano derecha de Toviggino, registraba el paso del dinero, con fotos y videos, como una suerte de garantía ante eventuales desvíos.

A las 11.54 de ese mismo día, según mensajes que están en poder de la Justicia, Beacon le confirmó la entrega a Toviggino: “830 los gurkas”. “Los gurkas” era el término genérico que usaban en la jerga para hablar de las cuevas. Dos minutos después, el tesorero de la AFA le dio instrucciones precisas a Beacon sobre el destino final de ese dinero: “Excelente Carucha, directamente a Belgrano. Te doy la llave”. El encargado de ir a buscar las llaves de ese misterioso refugio fue Brian Prendes, uno de los laderos de Beacon.

La secuencia de mensajes revela que “la cueva” encargada de ingresar el dinero al país había cambiado a mediados de 2021. “Recién me llamaron de la cueva nueva q ya esta pendiente de acreditar, por lo q el martes o miercoles tenemos la tutuca (sic)”, avisó Beacon el 6 de agosto, tres días antes de la entrega. Pero no fue la única de esa semana. El 11 de agosto, el abogado mencionó otro pago de 500.000, con un “peaje” de 25.000 por la intermediación: “Estoy esperando que a Diego le liberen el millón que enviamos, el me avisa y te lo lleva apenas suceda eso , banco intermediario está demorando la liberación que será en breve”.

La operatoria incluía el uso de sociedades fantasma que emitían facturas apócrifas por ”logística” y otros supuestos servicios que jamás proveyeron a la AFA. Antes, los allegados a Toviggino le ordenaban a las empresas “intermediarias” −como Q22 y Odeoma de Fabián Saracco− que transfirieran millones a esas firmas. A partir de ese momento, la operatoria quedaba en manos de las cuevas.

Saracco cumplía un rol clave, al menos hasta fines de 2021, cuando apareció TourProdEnter, de Javier Faroni. El santiagueño era el encargado de intermediar entre el financista y los receptores del dinero. A Pasztor lo había agendado como “Diego BA”. Capturaba las conversaciones para mandárselas a Beacon.

El 9 de agosto de 2021, el día de los “830″, el financista le avisó a Saracco que el dinero estaba en camino y dio pistas de la maniobra: “Hola Fabián! Lo de Stratega entra todo mañana te lo pago! Avisale a Juan Pablo! De Uk aún no me han acreditado los fondos. el call salió todo bien junto con la documentación que enviamos”. Stratega UK, con domicilio en Londres, era otra de las empresas que manejaba Saracco al servicio de la maniobra.

El “delivery” de dinero por la ciudad de Buenos Aires era moneda corriente, a plena luz del día. Por lo general, la financiera hacía las entregas en Lavalle 1718, 4 “C”, donde se hacía el recuento. Pero también se entregaba en el microcentro. En esos casos, el encargado del transporte hasta el estudio era Brian Prendes.

En una conversación entre Diego Pasztor y Beacon del 13 de septiembre de 2021, se habla de “480K”. El financista hace el delivery hasta Lavalle. “Baja Brian. Gracias Doegp querido (sic)”, le agradece el abogado, que agendaba al cuevero como “Diego Pastor”, sin la z.

Pasztor estuvo procesado entre 2019 y 2021 en una causa por lavado de dinero que tramitó en el fuero Penal Económico. En ese expediente, se lo vinculaba a Orpil SA e Indocredit Cooperativa de Crédito, consumo y vivienda. Ambas tenían domicilio en Corrientes 456, piso 1, la misma dirección que aparece en los chats vinculados a la AFA y donde ahora funciona un estudio contable. En el procesamiento, el juez Alejandro Catania sostuvo que esa cooperativa “se dedicaba a realizar operaciones de descuento o canje de cheques, sin brindar efectivamente otros servicios a sus asociados”.

LA NACION intentó comunicarse con Pasztor durante las últimas dos semanas, pero decidió no contestar los mensajes ni las llamadas. Su nombre también aparece asociado con otra oficina, en Corrientes 327. “Necesito q vengas bro. Av corrientes 327, piso 9 of 11. 20 mil dls”, le escribió Beacon a Brian Prendes el 1 de junio de 2021.

¿Por qué importan los financistas en esta historia? No sólo porque proveían el dinero físico, sino también porque funcionaban como un eslabón clave de una presunta operación de “cable”, que consiste en unir dos puntas. La maniobra comienza con una cuenta en el exterior que transfiere fondos a otra, también en el extranjero. Esta última no hace más movimientos, pero dentro del país hay alguien que provee de billetes al gerenciador de la primera cuenta que realizó la transferencia. Todos están bajo la lupa.

Por este motivo, la sospecha también involucra a los giros de varias “intermediarias” de la AFA que recaudaban sus ingresos en el exterior y luego desviaban el dinero a empresas “fantasma”. Una de las firmas recaudadoras fue Odeoma Gestión SL, radicada en Madrid y vinculada a Saracco. Ese empresario también movió los hilos de Q22 y de Stratega Consulting. En diciembre de 2021, el rol de “agente comercial” lo ocupó TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette. LA NACION reveló que desde las cuentas de esa empresa se transfirieron casi US$55 millones de dólares a al menos nueve sociedades radicadas en Miami.

En paralelo a esta investigación, el Banco Central entregó a la Justicia un sumario confidencial que acusa a la AFA de haber montado una operatoria irregular con el objetivo de hacer ingresar dólares al país y saltearse el cepo: no convertirlos a precio oficial en tiempos de brecha con el blue. ¿El monto? Casi US$100 millones entre 2020 y 2021, tal como informó LA NACION.

Según las capturas de chats a las que accedió LA NACION, Pasztor tuvo un rol clave al menos hasta mediados de 2022. Las entregas muchas veces se demoraban. Beacon recibía lo reclamos del tesorero de la AFA que tenían como destinatario finales a Saracco y a “Diego”. El 11 de febrero de ese año, Toviggino le escribió a Beacon un mensaje para que se lo mande a Saracco: “Fabián, YO SI TENGO RESPONSABILIDAD, soy yo quien manda los mail por las facturas y los pagos. Además debo recibir yo y llevar lo que Pablo dispone, el tema que jamás coinciden las cosas en virtud a tus compromisos. De todas maneras, yo solo cumplo en informar hacía arriba». El mensaje es revelador sobre los roles de cada uno.

Beacon descargó la presión en Saracco.

-Beacon: Ni 1M, ni 700, ni 400 …. trean hoy solo 300 k. Ni se como decirle a Pablo

-Saracco: Ufff ya lo llamo al culiao del judio. Prometio 700/800 esta semana y llega a 500 con lo de hoy. A qué hora te lleva

-Beacon: 15:30. LO que pasa Fabian es que esto viene así hace varias semanas

Tres días después, el 14 de febrero, esa presión tuvo su recompensa. “Hola JP! Justo hablé hace un rato con Fabián! Miércoles te dejan entre 400y 500 y viernes lo que llegue a juntar más! Te voy avisando!”, le escribió el financista a Beacon.

Toviggino estaba al tanto de cada paso de la maniobra. Los chats que viene revelando LA NACION demuestran que hasta ideaba el contenido de las facturas que se utilizaban para desviar el dinero de la AFA. También se encargaba de complacer los pedidos del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia. Hay fotos de sobres y cajas con dinero entregados por sus emisarios en las oficinas de la calle Viamonte y hasta en el predio de Ezeiza.

Hasta mediados de 2022, de acuerdo a las pruebas que obtuvo este medio, Pasztor tuvo un rol central en la circulación de los dólares pero convivió con otros cueveros que operaban en el microcentro. Algunos de esos nombres todavía se mantienen ocultos.Por Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi

Fuente: La Nación

Durante el feriado en conmemoración por el Día de la Memoria, el presidente Javier Milei optó por permanecer en Olivos y dedicó parte de su tiempo a responder críticas y comentarios en redes sociales. Entre sus respuestas, el mandatario argentino reconoció que hubo «contratiempos» en el objetivo de disminuir la inflación.

«Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad», sostuvo el libertario a través de X en respuesta a un usuario que le consultó si se esperaba inflación 0% para agosto y una proyección anual de entre 15% y 17% para 2026.

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Si bien durante las últimas semanas el mandatario había reiterado el objetivo de que la inflación fuera del 0% en agosto, o al menos que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) «comience con cero», durante las últimas horas reconoció «contratiempos» que dificultarían alcanzar una de las metas centrales de la administración libertaria.

Los «contratiempos» que ponen en duda el objetivo

Las declaraciones de Milei implican la posibilidad de que no se cumpla uno de los objetivos que figuran en el Presupuesto, que indicaba que el año 2026 cerraría con una inflación de 18,1%, aunque aclaró que para 2027 se espera un número «más bajo» que el actual. De todas formas, se descartaría que el IPC comience con cero en agosto o septiembre de este año cono se había mencionado previamente.

La publicación del mandatario derivó en diversas reacciones, las cuales se dividieron entre los que valoraron la sinceridad y el esfuerzo del Gobierno y aquellos que le recordaron el impacto de la suba de precios en la vida cotidiana. En este sentido, el funcionario recordó que la tendencia es favorable a pesar de que el problema no esté resuelto.

La inflación de marzo ronda el 3% y los aumentos en regulados vuelven a presionar el índice del INDEC

Parte del debate se inició luego de que el presidente libertario utilizó un gráfico en el que comparó la evolución de la inflación interanual durante su gestión con la de los últimos gobiernos y, según indicó, «salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida».

«Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado, pero está claro que vamos por el buen camino«, aclaró el mandatario, quien recordó que entre enero y febrero de 2026 la inflación acumuló un 5,9%, haciendo referencia a la reducción de la suba de precios.

En sus mensajes, el jefe de Estado reconoció que «todavía hay mucho para ajustar» y confirmó que el Gobierno continuará con la política de recorte de gastos estatales. «Nunca dije que la tarea haya terminado. Dije que somos los únicos que la estamos bajando desde el nivel heredado», insistió.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó por cuarto mes consecutivo, según la Universidad Di Tella

«Los indicadores, de a poco, están mejorando», insistió Milei en el plano económico y advirtió que «no es fácil arreglar 100 años de decadencia». En este sentido, sostuvo que en materia económica «no lo podría haber hecho mejor» y que, según sus cálculos el consumo «está en máximos históricos».

El mandatario también rechazó la intervención estatal en la microeconomía y, respaldando su postura de mantener al Estado alejado de la intervención en la economía, cuestionó: «¿Sabías que pretender meter al Estado en la ‘micro’ es pedir corrupción y desigualdad ante la ley?».

Si bien el presidente se mostró activo en redes sociales durante este 24 de marzo, mientras se desarrollaban diferentes actos y movilizaciones por el 50⁰ aniversario del último golpe cívico-militar en Argentina, en sus mensajes solo hizo una referencia al Día de la Memoria en la cual ponderó al expresidente Raúl Alfonsín, ubicándolo por sobre Néstor Kirchner.

Fuente: Perfil.com

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó la conferencia de prensa de este miércoles para hablar sobre la polémica que se desató luego del viaje con su esposa a Punta del Este en un avión privado y la compra de una casa en un country en Exaltación de la Cruz. “No tengo nada que esconder”, dijo y aclaró que su patrimonio fue construido durante su actividad privada, previo a su llegada a la Casa Rosada.Te puede interesar:El caso de la modelo de Playboy que asesinó a su “sugar daddy” porque se cansó de mantenerla y sospechaba de su doble vida

El funcionario leyó su discurso al inicio de la conferencia donde aclaró que no puede hablar de algunos puntos que forman parte de la investigación judicial. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.

“No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidamos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata”, recordó.Te puede interesar:Manuel Adorni dará una conferencia de prensa en Casa Rosada y responderá preguntas tras los cuestionamientosLa foto que subió Manuel Adorni en la previa a la conferencia de prensa

Antes de iniciar la conferencia de prensa, Adorni compartió foto con parte del Gabinete, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno. “Gran equipo, contra todo. Fin”, agregó. Esos mismos funcionarios estuvieron presentes en la sala escuchando el discurso junto a secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.https://9bd6c14da81a8316b3b86b3c802db24a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

“Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que, según los medios, ya llevan más de 20 renuncias y despidos. Una nueva a cada mes. Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos. Este fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de 1 millón de dólares, que me visitó un ex agente de la SIDE y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia”, denunció.Te puede interesar:El centavo más valioso: pesa 3 gramos, parece una moneda cualquiera pero vale casi USD 2 millones

Consultado por la adquisición de varias propiedades y dónde vive, respondió: “Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. “Con respecto a la casa de Martínez, es parte de toda la operación política y mediática que se armó para dañar al Gobierno. No es contra mí, es contra el Gobierno”, aseguró.

Noticia en desarrollo…

Fuente: Infobae.com

En medio de una serie de controversias que lo viene rodeando desde hace semanas, el jefe de Gabinete Manuel Adorni volverá a mostrarse públicamente junto al presidente Javier Milei. La reaparición incluirá reuniones con distintos integrantes del Gabinete y una nueva imagen conjunta con el mandatario, en un intento del Gobierno por ordenar la agenda política y desplazar el eje de las críticas.

La actividad más relevante de la semana será el encuentro previsto para el viernes, en el marco de un acto institucional, informó Noticias Argentinas. Allí, Adorni compartirá escenario con Milei en una señal de respaldo político que busca reforzar la continuidad del funcionario en su cargo, en momentos en que circulan versiones sobre su inestabilidad.

Desde el oficialismo sostienen que la estrategia pasa por exhibir gestión y normalidad administrativa, con reuniones, fotos y difusión de actividades oficiales. Sin embargo, el contexto está marcado por una acumulación de episodios que generaron ruido interno y externo.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Rumores de salida de Manuel Adorni y versiones sobre su reemplazo en el Gobierno

Uno de los focos de mayor controversia fue el viaje a Nueva York realizado en el marco de la “Argentina Week 2026”, donde Adorni se trasladó en el avión presidencial junto a su esposa, Bettina Angeletti. La presencia de la pareja del funcionario abrió el debate sobre el uso de aeronaves oficiales por parte de familiares. Según la explicación del propio Adorni, su esposa había adquirido un pasaje comercial por más de US$ 5.000, pero terminó siendo incorporada a la comitiva oficial por cambios en la agenda.

El episodio derivó en repercusiones públicas y en una defensa del presidente en redes sociales, quien respaldó al funcionario y relativizó las críticas. Posteriormente, Adorni admitió que su elección de palabras al referirse al viaje fue desafortunada —dado que en principio aseguró estar «deslomándose» con su trabajo en Nueva York— y agradeció el apoyo recibido dentro del Gabinete.

A este hecho se sumó otro vuelo que generó cuestionamientos: se conoció un millonario viaje privado a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, en el que también participaron su familia y un periodista allegado. La situación reactivó discusiones previas sobre declaraciones que el propio Adorni había realizado en el pasado sobre la austeridad y sobre su propia declaración jurada. La Justicia ya ordenó varias medidas de prueba y pedidos de informes por esas vacaciones.

En paralelo, surgieron más denuncias vinculadas a la situación patrimonial del jefe de Gabinete. Entre ellas, se mencionó la existencia de una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz que no habría sido incluida en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. La información fue incorporada en presentaciones judiciales que solicitan investigar un posible enriquecimiento ilícito y determinar la titularidad del inmueble, así como su relación con su entorno familiar.

De la motosierra a los autos oficiales para las empleadas domésticas: la nueva polémica que salpica a Adorni

Otro de los puntos bajo la lupa es su presunta participación en reuniones vinculadas al caso $Libra, un expediente que investiga posibles maniobras financieras irregulares y que incluye encuentros con empresarios y actores del ecosistema cripto. La presencia de Adorni en esas instancias abrió interrogantes sobre su rol y grado de intervención en conversaciones consideradas sensibles.

También se suman cuestionamientos relacionados con licitaciones y presuntas irregularidades en Tecnópolis, donde se denuncian posibles delitos contra la administración pública, además de acusaciones que apuntan a abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito, según presentaciones judiciales en curso.

En este escenario, el Gobierno apuesta a sostener la imagen pública del funcionario con apariciones conjuntas junto al presidente y actividades institucionales. Por ahora, en la Casa Rosada descartan cambios en el Gabinete y remarcan que la continuidad de Adorni dependerá de la evolución del contexto político y judicial, así como del impacto que estas denuncias sigan teniendo en la opinión pública.

Fuente: Perfil.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el agro atraviesa un boom absoluto y que este año podría aportar hasta USD 8.700 millones adicionales en exportaciones. Un dato clave en medio de la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que pretende llegar a USD 10.000 millones en 2026. Aunque la balanza comercial marcó otra tendencia en febrero, en donde las ventas al exterior cayeron en comparación con el año pasado.Te puede interesar:El inesperado giro en el caso del influencer rural que denunció el robo de 190 animales con un video viral

Para el ministro Caputo, mientras que “todos hablan del potencial de la energía y la minería”, pocos observan el efecto inmediato de las medidas tomadas sobre el sector agropecuario. “Pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc. Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año”, sostuvo en la red social X.

El funcionario detalló que, según las proyecciones del Ministerio de Economía, en un escenario conservador las exportaciones del sector subirían en USD 3.700 millones de dólares respecto al año pasado. En un escenario de precios y producción más elevado, la cifra ascendería a casi USD 42.000 millones, lo que representaría USD 8.700 millones adicionales en comparación con el registro del año anterior.Te puede interesar:Cuáles son los 10 autos con caja automática que pueden comprarse por menos de 40 millones de pesos

Las declaraciones de Caputo se suman a un contexto en el que las exportaciones argentinas atraviesan un período de ajuste. En febrero, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el saldo comercial arrojó un superávit de USD 788 millones, pese a una caída interanual de las exportaciones y de las importaciones. Con el desempeño del agro como uno de los motores clave para revertir la tendencia y fortalecer la balanza comercial en los próximos meses.https://891c1e0f61ca72fa981c3ae85973151a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Durante el segundo mes del año, las exportaciones sumaron USD 5.962 millones, registrando una caída del 2,9% en comparación con febrero de 2025. Según el organismo técnico, “este descenso fue impulsado por una baja de 7,1% en las cantidades exportadas, ya que los precios aumentaron 4,4%”. En términos desestacionalizados, las ventas al exterior mostraron una caída más pronunciada del 16,2% respecto a enero de 2026.Te puede interesar:José Ignacio López recordó el día que le preguntó a Videla por los desaparecidos: “No tuve miedo, fui decidido porque quería quedarme tranquilo con mi conciencia”

El desempeño de las exportaciones fue dispar entre los grandes rubros. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron USD 1.747 millones, con un crecimiento interanual del 8,6%. Por su parte, los Productos Primarios (PP) alcanzaron los USD 1.750 millones, registrando un alza del 8,2%. En contraste, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron USD 1.834 millones, lo que representó una caída del 10,1%. El retroceso más severo se dio en Combustibles y Energía, que con USD 631 millones exportados, sufrieron una contracción del 27,6% en comparación con igual mes de 2025.

En el análisis sectorial, los productos relacionados con el complejo sojero mostraron un deterioro significativo. La balanza comercial de los derivados del cultivo de soja alcanzó un saldo de USD 375 millones, un 50,7% menos que en febrero de 2025. Las exportaciones de este complejo cayeron un 30,4% (USD 743 millones), afectadas por una baja del 28,6% en las cantidades y del 2,5% en los precios. Dentro de este rubro, las cantidades exportadas de harina y pellets de soja bajaron un 27,3%, mientras que el aceite de soja en bruto cayó un 50,2 por ciento.En Economía proyectan que el campo puede aportar USD 8.700 millones más que en la campaña pasada.

Por el lado de las compras al exterior, las importaciones totalizaron USD 5.174 millones, lo que implicó una reducción interanual del 11,8%. El Indec precisó que “esta baja se atribuyó a la disminución de 14,9% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 3,7%”. A diferencia de las exportaciones, la serie desestacionalizada de las importaciones creció un 8,2% frente al mes previo.

Compras del Banco Central

Las declaraciones de Caputo resultan de suma importancia, ya que revelan los dólares que podría comprar el BCRA. Hasta la fecha, la entidad que conduce Santiago Bausili hilvanó 53 ruedas consecutivas sumando divisas en un contexto de estabilidad cambiaria. Este viernes, la entidad adquirió USD 172 millones, el monto más alto registrado en marzo, sumó USD 485 millones en la semana y ya acumula compras por más de USD 3.700 millones en lo que va de 2026.

Hasta el momento, las principales compras de dólares por parte del Banco Central provinieron de la liquidación de exportaciones agropecuarias y de la emisión de obligaciones negociables por empresas en el exterior. Y persistía la incertidumbre sobre si este ritmo en la acumulación de reservas podrá sostenerse en lo que resta del año. Aunque ahora el ministro Caputo sostiene que el campo podría aportar USD 8.700 millones más que en 2025 con el impulso de las políticas de alivio fiscal y de menores regulaciones.

Fuente: Infobae.com

A50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, el Gobierno difundió este martes un video en el que apunta contra el kirchnerismo y exhorta a buscar la “memoria completa”, uno de los ejes de su “batalla cultural”.

El Gobierno pretende así “combatir” la “visión sesgada” de lo ocurrido en los años setenta en el país.

En línea con lo que hizo en 2024 y 2025, año en el que publicó un video que cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura, el oficialismo presentó dos testimonios: el de Miriam Fernández, una nieta restituida, y el de Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larraburu, militar secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y asesinado en 1974. Larrabure es actual asesor del Ministerio de Defensa.

El video de este año es más extenso que los anteriores – dura 75 minutos- y fue realizado a principios de marzo.

Ambos testimonios, grabados por el cineasta oficial Santiago Oría en el salón Blanco de la Casa Rosada, están unidos por las ideas de “reconciliación de loa argentinos” y de “dejar atrás el pasado”. Con argumentos similares, el entonces presidente Carlos Menem firmó en el inicio de su primer mandato las dos tandas de indultos que beneficiaron a los integrantes de las Juntas Militares que gobernaron el país durante siete años, y a líderes de la organización terrorista Montoneros.

El material, titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, comienza con una voz en off que apunta directo hacia los gobiernos kirchneristas. “En el año 2003 el gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70 con una visión sesgada y revanchista”, reza la voz en off en el inicio del envío, que reclama que la historia se conozca “en su totalidad”.

En el mismo sentido, el texto apunta a que “cuando se presenta de forma parcial, la memoria deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación». A modo de toma de posición, el Gobierno intenta deslegitimar la tarea de los organismos de derechos humanos, a quienes asocia con los gobiernos kirchneristas.

“A 50 años del inicio del régimen cívico-militar, este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras”, continúa, en referencia a testimonios que considera “silenciados” por la historia oficial.https://www.youtube.com/embed/t7m5Ttc-SCc?si=bfDDuyqc9S-KnuTE

“Miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar”, sostiene el texto. “Hoy, 20 años después […] este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta a la página dándole visibilidad a la historia completa”, concluye.

Los testimonios

La primera imagen que aparece luego del discurso del locutor es la de Miriam Fernández, la nieta restituida número 127. De forma pormenorizada, Fernández relata cómo fue que se enteró de su origen y cómo eligió a su familia adoptiva por sobre la biológica, a quien de todos modos reconoce. Durante su larga alocución, da cuenta de supuestos maltratos e imposiciones por parte de los organismos de derechos humanos, en especial las Abuelas de Plaza de Mayo, aunque dice, en más de treinta minutos de testimonio, que la “reconciliación” y “mirar hacia adelante es posible”.

“Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarse y que nadie me victimice por la situación que viví”, sostuvo. Definió su infancia como “hermosa», dijo que fue “criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos” y que en la adolescencia empezó a sospechar que no era hija biológica de sus padres.

Según su testimonio, un compañero de trabajo de su padre y un militar la llevaron, cuando era bebé, a la casa de sus padres y les pidieron que la cuidaran durante un par de horas porque su madre estaba en el hospital y necesitaban encontrar al padre. “Mi padre un poco dudó, pero estando en la fuerza mucho no podías negarte. Y bueno, a mi mamá le mintió, le dijo que iba a ser provisorio”, dijo Fernández a la cámara. Durante el relato, rechazó calificar a sus padres adoptivos como “apropiadores” y dijo que para ella, son sus padres.

Fernández aseguró, en otro tramo de su testimonio, luego de que sus padres de crianza le contaron su historia ya no quiso hablar más del tema. “Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre”, subrayó.

“¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio, eso es amor“, apuntó la mujer para justificar el accionar de sus padres. ”Todos estos años que vivimos en los juicios fuimos catalogados y fuimos presos de cierta forma. Si mi papá hizo algo, se comprobó, está pagando y está condenado, bárbaro. Pero nosotros no tuvimos la culpa como familia”, dijo Fernández.

Por otro lado, se refirió al momento en que fue “obligada” a realizarse un estudio de ADN para determinar su identidad y confirmar que se trataba de una hija de desaparecidos. Culpó a la Justicia y a los organismos de derechos humanos de lo que definió como “un circo doloroso y traumático” y contó que se fugó a Chile para no realizarse el estudio.

“El día de la citación, como no me presenté, me mandaron Gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué no me había presentado», relató. “Había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir (…). Una invasión a la privacidad terrible”, dijo. Finalmente, el estudio demostró que sus padres tenían como apellido Poblete y Moyano. Quienes la criaron fueron juzgados y condenados por apropiación ilegal de bebes durante la dictadura.

“Si bien yo reconozco que se cometieron un montón de atrocidades en los 70, de las cuales la historia me pone como víctima, también considero que no se contó la historia completa“, afirmó.

Fernández contó que conoció la ex-ESMA y que le mostraron el lugar donde nació. Una experiencia que, comentó, le hizo “entender la función de las Abuelas” en la restitución de los nietos, aunque los acusó de “meter la política”, y de “no tener tacto para manejar a las personas”. Afirmó que sigue “acompañando” a su padre “en los juicios” que aún afronta por violaciones a los derechos humanos.

En el segundo testimonio, Larrabure repasó las vicisitudes del asesinato de su padre, cuando él tenía 15 años. Relató las condiciones infrahumanas que vivió durante su cautiverio y destacó que, a pesar del sufrimiento, dejó mensajes de perdón hacia sus captores en cartas y en un diario que llevó durante sus 375 días de cautiverio.

El mismo Larrabure calificaba a los guerrilleros del ERP que lo tuvieron secuestrado como “impulsivos, cortantes y autoritarios”. Larrabure hijo dijo que hay pruebas de que su padre fue “torturado” y de que murió asesinado luego de negarse a trabajar en una fábrica dónde la guerrilla comandada por Mario Roberto Santucho diseñaba su armamento. En uno de los momentos más emotivos del diálogo, Larrabure hijo recordó que su padre “cantaba el himno nacional” en la denominada “cárcel del pueblo” en la que se encontraba secuestrado. “Nos pidió que no odiáramos a nadie”, destacó.

“Hoy hay más de 20.000 víctimas del terrorismo en Argentina que no han tenido reparación ni justicia», afirmó Larrabure, y destacó que “la violencia nunca es el camino”. Larrabure hijo dijo que “es el momento de arriar tantas banderas de lucha y convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación”, en el final del video oficial.

“Quedamos extremadamente conformes. Muy valientes y conmovedores los testimonios de ambos”, afirmó Oría en un breve contacto con este diario. No se prevé, según fuentes oficiales, ninguna otra manifestación ni acto encabezado por el presidente Javier Milei por los 50 años del golpe.

Por Jaime Rosemberg y Eugenia Arribas

Fuente: La Nación