En medio de un contexto de pax cambiaria en el mercado, el Banco Central( BCRA) flexibilizó aún más las restricciones relacionadas al cepo cambiario, tanto para las personas físicas como para las empresas.
La entidad que preside Santiago Bausili introdujo nuevas normativas mediante la Comunicación “A” 8417, en medio de una calma en el dólar que le da margen al equipo económico para avanzar con los ajustes que restan.
Dentro del paquete de medidas, también se incorporó una nueva restricción. Aquellos que transfieran dólares al exterior no podrán operar con títulos valores durante los siguientes 90 días.
Menos cepo a las personas
Para las personas, se elimina el requisito de liquidar las divisas restantes de exportación de bienes. Este es un esquema que ya regía para exportaciones de servicios.
También, se elimina el límite de US$50 que tienen para extraer en el exterior con tarjeta de crédito.
Video: quiénes compran dólares
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Menos cepo a las empresas
Por el lado de las empresas, los cambios introducidos amplían, en su mayoría, los plazos para el ingreso de divisas, que varían según el tipo de producto. Para aquellas que posean la casa central en el país y exporten a su sucursal en el exterior, los plazos pasarán a ser de 180 días si no exceden los $200.000 millones al año.}, antes era de $50 millones.
En relación a las que exporten ropa y otros bienes similares, el plazo se amplía hasta los 365 días, al igual que aquellas que envíen productos espaciales y nucleares al exterior.
El BCRA también permitirá que las empresas tomen deuda en otra moneda extranjera que no sea el dólar; a su vez, autoriza el ingreso al Mercado Libre de Cambios (MLC) para el reembolso de préstamos otorgados por la casa matriz.
En marzo de 2026, el índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) se aceleró respecto del registro anterior y marcó un incremento de 3%, que llevó la variación acumulada de los primeros tres meses del año a 8,9%. En la comparación interanual, la suba llegó a 32,1%. El informe oficial del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló que la cifra estuvo explicada principalmente por subas en servicios regulados, combustibles, el sector educativo, y los gastos vinculados a la vivienda. Eel dato porteño anticipa un nuevo número complicado para el IPC nacional que publica el Indec el próximo martes.Te puede interesar:Albergues transitorios: cómo cambió el consumo y qué perfil de clientes crece
La dinámica de precios observó variaciones en casi todos los capítulos del índice, aunque cinco divisiones explicaron cerca del 80% del alza mensual. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró una suba del 3,2%, que aportó 0,65 puntos porcentuales a la variación general. Este movimiento respondió, principalmente, a incrementos en gastos comunes, alquileres y ajustes en las tarifas de los servicios básicos, como la electricidad y el agua.https://7d41b44f0eb4a6eead272e4eb46584e5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El capítulo transporte exhibió el mayor ritmo de ajuste, con un incremento del 6,0% que también aportó 0,65 puntos porcentuales. El aumento en este rubro se explicó, fundamentalmente, por la suba de precios en combustibles para vehículos particulares -la suba de la nafta y gasoil por la Guerra en Irán- y, sobre todo, por la actualización del valor del boleto de colectivo urbano. El impacto de los combustibles quedó reflejado en los precios medios, donde el litro de gasoil premium se ubicó, en promedio a lo largo del mes, en 2.097,30 pesos y la nafta premium en 2.037,33 pesos.Te puede interesar:Javier Milei recibió a Nahuel Gallo: los regalos que intercambiaron y la historia de los 448 días de asedioEl capítulo de Transporte fue uno de los que más aportó a la suba, debido al salto de la nafta y el gasoil por la Guerra en Irán y los aumentos en los boletos (Jaime Olivos)
El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, registró una variación de 2,6% y aportó 0,45 puntos porcentuales a la suba global. Dentro de este grupo, el principal impulso provino de carnes y derivados, con una suba del 6,3%. También se observaron aumentos en pan y cereales (2,0%) y en leche, productos lácteos y huevos (2,1%). Por el contrario, los precios de verduras, tubérculos y legumbres cayeron 3,3% y las frutas bajaron 1,8%, y moderaron la presión inflacionaria de la canasta.https://7d41b44f0eb4a6eead272e4eb46584e5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El capítulo prendas de vestir y calzado reflejó una suba mensual de 3,8%. En el caso del equipamiento y mantenimiento del hogar, el índice aumentó 3,9%. El sector información y comunicación ajustó 1,9%, mientras que recreación y cultura subió 0,7%. Los restaurantes y hoteles solo experimentaron un incremento de 0,4%, producto de aumentos en servicios de alimentos y bebidas fuera del hogar, mientras que el rubro de servicios de alojamiento bajó 12,7%.
El análisis de los datos muestra que los bienes subieron 2,8% y los servicios 3,1%. Entre los bienes, la suba obedeció principalmente a los alimentos, con especial incidencia de las carnes, y en menor proporción a los combustibles y prendas de vestir. Por el lado de los servicios, la principal presión provino de la educación formal, seguido por el transporte y los alquileres.Este gráfico presenta los datos de variación mensual, acumulada anual e interanual, mostrando un panorama general de los indicadores económicos actuales. (IDECBA)
Dentro de las categorías analizadas, los precios regulados aumentaron 6,5% en marzo, con un peso relevante de la educación inicial, primaria y secundaria y los seguros médicos. El valor del boleto de colectivo urbano también incidió de forma significativa. Los precios estacionales descendieron 4,5%, con bajas en alojamientos en hoteles, paquetes turísticos y pasajes aéreos. La inflación núcleo, aproximada por la agrupación resto IPCBA, mostró un avance de 2,7% en el mes.
El informe detalla que, de las trece divisiones que integran el IPCBA, solo los rubros “estacionales” y determinados servicios turísticos mostraron retrocesos. El resto de los capítulos presentó variaciones positivas. Los datos interanuales reflejan que los aumentos más marcados correspondieron a transporte (41,3%), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (37,5%), servicios regulados (37,1%), prendas de vestir y calzado (13,4%) y educación (32,7%).
El informe oficial sostiene que, a nivel interanual, el mayor impacto en la variación de precios minoristas correspondió a las divisiones vivienda, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles, que explicaron el 63,8% del incremento total. En los primeros tres meses de 2026, los bienes acumularon una suba de 7,2% y los servicios de 9,9%. En términos interanuales, la suba de los bienes alcanzó 26% y la de los servicios 35,9%.
La categoría de paquetes turísticos bajó 17,1% en el mes, mientras que el precio de los servicios de alojamiento descendió 12,7%. Estos movimientos aliviaron la presión inflacionaria en el capítulo de servicios estacionales. No obstante, el resto de los servicios culturales y de recreación mostró subas, como los servicios culturales (8,2%) y servicios de recreación (3,6%).Gráfico que ilustra la variación porcentual mensual de la inflación en enero por el Instituto de Estadística y Censos, detallando niveles generales y agrupaciones secundarias. (IDECBA)
En el desglose de la incidencia mensual por división, el capítulo vivienda aportó 0,65 puntos porcentuales, seguido por transporte con igual incidencia. Alimentos y bebidas no alcohólicas sumó 0,45 puntos, educación 0,42 puntos y salud 0,21 puntos. El resto de los capítulos tuvo una incidencia positiva menor o casi nula.
La estructura del IPCBA muestra una ponderación del 17,13% para alimentos y bebidas no alcohólicas, 17,43% para vivienda y servicios asociados, y 11,44% para transporte. El resto de los capítulos presenta ponderaciones menores, en línea con el peso que tienen en el gasto promedio de los hogares porteños.
En los capítulos regulados, además del boleto de colectivo urbano, se observaron subas en combustibles, electricidad y servicios médicos. Las cuotas de medicina prepaga aumentaron en torno al 2,9% y los servicios financieros, 2,9%. El índice de seguros y servicios financieros mostró un avance mensual de 0,5%.
El comportamiento de los precios en marzo se explicó, en gran medida, por la incidencia de los bienes y servicios regulados, la actualización de tarifas en transporte, los incrementos en educación y los aumentos en alquileres y gastos comunes. Los movimientos en alimentos, con subas en carnes y bajas en frutas y verduras, también influyeron en la dinámica general del IPCBA. El informe técnico resalta que, pese a la desaceleración respecto de meses previos, la inflación núcleo y los precios regulados mantuvieron un ritmo elevado.
El mercado global pasa este miércoles de la lógica del pánico a la del alivio. Después de semanas de tensión extrema por la guerra entre Estados Unidos e Irán y de la cuenta regresiva que había impuesto Donald Trump, el acuerdo de tregua por dos semanas cambia el escenario y provoca una corrección brusca en el precio del crudo. El dato central de la jornada es ese: el petróleo deja atrás el rally de guerra y cae por debajo de los US$100 por barril ante la expectativa de una reapertura, aunque todavía parcial y frágil, del Estrecho de Ormuz.
Reuters informa que el Brent baja 13,8% hasta US$94,25 por barril, mientras el WTI retrocede 15,4% hasta US$95,52. Incluso, más tarde la agencia ubica al Brent en US$91,70, su menor nivel en casi un mes, en una señal de que el mercado desarma con velocidad la prima geopolítica que había acumulado durante el conflicto.
La tregua queda atada a la reapertura del Estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor de 20% del comercio mundial de petróleo y gas. Durante las últimas semanas, el cierre efectivo de ese corredor convierte a la guerra en un shock energético global. Ahora, con un alto el fuego temporal y la promesa de restablecer el paso, el mercado empieza a descontar que parte de la oferta atrapada puede volver a fluir.
Dos buques acaban de cruzar por el Estrecho de Ormuz este miércoles 8 de abril
En cuanto al estrecho, AFP informa que se registraron los primeros cruces de buques por Ormuz tras el anuncio de la tregua. Según MarineTraffic, dos barcos ya atraviesan el estrecho, en lo que aparece como la primera señal concreta de reanudación del tránsito. El dato es relevante porque conecta la mejora financiera con una evidencia física: el mercado no reacciona sólo a una promesa diplomática, sino a un principio de normalización en la ruta energética más sensible del mundo.
Según la información aportada por la agencia francesa, el granelero NJ Earth y el Daytona Beach cruzan el estrecho este miércoles luego de zarpar desde Bandar Abás. El tránsito, sin embargo, sigue lejos de una normalidad plena. AFP señala, con datos de Kpler, que entre el 1 de marzo y el 7 de abril apenas 307 navíos atravesaron Ormuz, una caída del 95% frente al período previo al conflicto. Además, más de 800 buques siguen inmovilizados en el Golfo, según Lloyd’s List.
Reuters refuerza esa idea de normalización incompleta. Trump dice este miércoles que Estados Unidos va a ayudar a destrabar la congestión de tráfico en la zona y la agencia agrega que hay unos 130 millones de barriles de crudo y 46 millones de barriles de combustibles refinados varados en cerca de 200 petroleros dentro del Golfo.
La conclusión del mercado muestra que, por ahora, el riesgo extremo de desabastecimiento cede; sin embargo, la crisis logística no desaparece de un día para otro.
Las bolsas suben y la energía corrige tras el anuncio de tregua
La otra cara de la baja del crudo es la mejora en las bolsas. En Europa, el índice STOXX 600 sube 3,6% y se encamina a su mejor rueda en un año, impulsado por la expectativa de una tregua que reduzca el daño sobre crecimiento, inflación y costos energéticos. Alemania avanza 4,7% y Londres gana 2,5%, en una reacción de alivio bastante extendida.
En la India, otra cobertura de Reuters muestra un rally todavía más fuerte: el Nifty 50 salta 3,78% y el Sensex 3,95%, ayudados por la caída del petróleo y la percepción de que el cese del fuego reduce el riesgo macroeconómico inmediato.
Pero no todos suben. Las petroleras y compañías energéticas quedan del lado perdedor de la jornada. Reuters informa que el derrumbe del crudo golpea a gigantes como Exxon, Chevron, BP, Shell y TotalEnergies, mientras también caen con fuerza exportadoras de gas natural licuado. Es una corrección lógica: lo que para el resto del mercado significa alivio, para el sector energético implica menores precios y menos renta extraordinaria.
El mercado festeja, pero no compra paz definitiva
El alivio existe, pero no es sin condiciones. La tregua dura apenas dos semanas y todavía quedan abiertos los temas más delicados de fondo: el control futuro de Ormuz, la seguridad marítima y la negociación política más amplia entre Washington y Teherán. Pakistán aparece como mediador del proceso y será sede de nuevas conversaciones, pero el acuerdo dista de ser una solución estructural.
Por eso, aunque el mercado desinfla parte de la prima geopolítica, no borra del todo el riesgo. Los analistas de mercados citados por las agencias internacionales hablan de una tregua “tentativa” y remarcan que todavía puede persistir un componente de sobreprecio por la incertidumbre residual.
También en el negocio naviero la mirada sigue siendo prudente. Maersk advierte que el alto el fuego puede abrir oportunidades de tránsito, pero aclara que todavía no ofrece “certeza marítima plena”, mientras Hapag-Lloyd calcula que la normalización total de la red puede tardar entre seis y ocho semanas una vez que la región se estabilice.
Qué cambia en la macro global
La caída del petróleo no es un dato menor para la economía mundial. Durante el tramo más intenso del conflicto, el crudo por encima de US$110 y la interrupción de Ormuz vuelven a encender temores de inflación y estanflación. La tregua revierte parcialmente ese canal y devuelve algo de oxígeno a los bancos centrales y a los países importadores de energía. Esta es una inferencia económica a partir de la baja del crudo y del alivio que muestran los activos de riesgo.
Sin embargo, Reuters advierte que el mercado físico de petróleo sigue tensionado pese al desplome de los futuros. Arabia Saudita, por ejemplo, mantiene precios oficiales de venta en niveles récord para mayo, una señal de que la escasez reciente deja secuelas sobre la oferta efectiva, sobre todo en Asia.
En el documento titulado “Revisitando la política industrial: opciones estratégicas para la actualidad”, la entidad multilateral sostuvo que las políticas industriales muchas veces requieren un compromiso gubernamental de largo plazo, tanto por el tiempo necesario para acumular capacidades como porque los resultados de estas medidas son inherentemente inciertos.https://a1b695a908a274a2230d3efef4ecfcf9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
En ese sentido, remarcó que el paquete de incentivos especiales comprendidos en el régimen de Tierra del Fuego, “es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”, remarcó.El paquete de incentivos especiales comprendidos en el régimen de Tierra del Fuego, “es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida»
No obstante, el Banco Mundial afirmó que su estructura de incentivos “mal concebida” generó un costo fiscal sustancial para el gobierno — estimado en USD 1.070 millones anuales— sin lograr mejoras tecnológicas o de productividad significativas.
“Las fallas de diseño surgen de la interacción de los incentivos básicos del régimen. En primer lugar, las exenciones arancelarias a las importaciones en el archipiélago brindan a las empresas participantes una ventaja de costos sobre los productores de la Argentina continental”, explicó el organismo.
En segundo lugar, mencionó, la aplicación de un crédito sobre el IVA sobre el valor de facturación tiene el objetivo de recompensar la creación de valor nacional en Tierra del Fuego, “pero no fomenta la innovación en la práctica porque las empresas locales generan poco o ningún valor agregado real”.
La entidad sostuvo que la combinación de estos incentivos alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de derechos y revenderlos al continente a precios más altos, al tiempo que reclaman los beneficios fiscales asociados.El Banco Mundial afirmó que la estructura de incentivos “mal concebida” generó un costo fiscal sustancial para el gobierno — estimado en USD 1.070 millones anuales
“Como resultado, el régimen de Tierra del Fuego representa un caso de falla de política persistentes, sustentadas menos por razones económicas que por consideraciones políticas. La actividad que apoya no es autosuficiente”, consideró.
“Las empresas involucradas siguen siendo viables principalmente gracias a las importantes transferencias fiscales más que a los aumentos de su productividad o capacidad tecnológica”, indicó el Banco Mundial.
“Esta dinámica refuerza la dependencia del apoyo gubernamental y aumenta los costos económicos a largo plazo de mantener el régimen, lo que pone de relieve los desafíos de revertir políticas industriales arraigadas pero ineficaces”, agregó.
En este contexto, el Banco Mundial recomendó a los gobiernos aplicar un esquema combinado de incentivos —orientados a promover la inversión en nuevas áreas— y desincentivos, como cláusulas de caducidad, para mejorar la eficacia de las políticas industriales y evitar la asignación de subsidios permanentes a empresas poco productivas, la situación que se observó en Tierra del Fuego.
El organismo también subrayó la necesidad de que las políticas sean evaluadas de manera dinámica, con objetivos que se actualicen periódicamente a medida que se alcanzan las metas establecidas.
En ese marco, sostuvo que los proyectos fallidos no deben considerarse únicamente como pérdidas, sino como instancias de aprendizaje que permiten identificar errores de diseño y redefinir el rumbo.
Asimismo, destacó que la información generada a partir de estos procesos de experimentación resulta clave para orientar a nuevas generaciones de emprendedores, facilitando su incursión en sectores emergentes tanto a nivel local como global.
Argentina: una superestrella estancada
Por otro lado, el Banco Mundial hizo referencia a la trayectoria económica de varias países de América Latina y el Caribe (ALC), entre ellos la Argentina, en un marco más amplio.
El informe asegura que el estancamiento del crecimiento de ALC, que comenzó a mediados del siglo XIX, se remonta precisamente a la época en que la adopción de las nuevas tecnologías de la Segunda Revolución Industrial requería capacidades científicas más organizadas y desarrolladas, algo que las instituciones de la región no tenían, medido como alfabetización, capacidades tecnológicas o instituciones relacionadas con la innovación.
Afirmaron que la región perdió competitividad y luego propiedad en la minería, así como en las nacientes industrias siderúrgica y textil, precisamente por la incapacidad de identificar y adoptar las nuevas tecnologías que surgían; de hecho, muchas industrias extractivas pasaron en total a extranjeros que poseían estas habilidades.
“Al comparar el retroceso de Argentina con el crecimiento de países igualmente ricos en recursos como Australia, Canadá y Estados Unidos, di Tella (1985) sostiene que esos países pudieron pasar de ampliar la frontera a cosechar los beneficios de la innovación donde Argentina no podía. La conclusión es que las superestrellas de América Latina se estancaron no por los sectores en los que se encontraban, sino porque no pudieron aplicar nuevas tecnologías para aprovecharlas”, remarcó el Banco Mundial.
En otro tramo del documento, expresó: “En 1950, Jamaica tenía el doble del nivel de ingresos de la República de Corea. Y lo que es más deprimente, las superestrellas de ALC, comoArgentina, Uruguay y, en menor medida, Chile, que a mediados del siglo XIX tenían ingresos similares a los de Francia o Alemania, perdieron terreno durante el siglo siguiente y convergieron con el resto de la región de ALC”.PBI per cápita Paridad de Poder Adquisitivo como porcentaje del PBI per cápita de EEUU (Banco Mundial)
Se utilizan estos ejemplos históricos para ilustrar la persistencia del bajo crecimiento en la región y la pérdida de oportunidades de convergencia con economías que sí lograron un desarrollo mucho más acelerado, como los llamados “tigres asiáticos”.
Posteriormente, el informe profundiza en los factores que explican este rezago, como la industrialización por sustitución de importaciones, la baja productividad y la mala asignación de recursos, señalando que, a pesar de diferentes regímenes de política económica, la región ha tenido un desempeño considerablemente peor que Asia desde mediados del siglo XX.
La última jornada de debate de la reforma de la ley de Glaciares previa a la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados cerró a pedir de boca del oficialismo. Con el apoyo de las provincias mineras y de bloques aliados, los libertarios obtuvieron dictamen favorable del proyecto que, en líneas generales, busca reducir las áreas periglaciales hoy protegidas para instalar allí nuevos proyectos productivos.
El dictamen de mayoría –que recibió 37 firmas– vio la luz tras una acalorada discusión entre impulsores y detractores de la reforma en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron sendos dictámenes de rechazo.
Luego de dos jornadas de audiencias públicas, el oficialismo se cuidó de coronar el debate con voces a favor de la reforma: para ello convocó al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y una decena de funcionarios de provincias mineras. A ellos se sumaron el secretario de Minería, Luis Lucero, y el subsecretario de Medio Ambiente, Fernando Brom.
El secretario de Minería, Luis LuceroSantiago Oroz
La reforma propone que la protección que la ley actual confiere a todo el ambiente glaciar y periglacial se acote únicamente a aquéllas cuya función hídrica esté científicamente comprobada. De esta manera, se busca habilitar inversiones productivas en las áreas que no cumplen con esa función estratégica. El gobierno nacional y las provincias mineras esperan que, una vez aprobada esta reforma, se destraben alrededor de U$S 20.000 millones en inversiones.
“Es mentira aquello que dicen que con esta ley los argentinos nos vamos a quedar sin agua. Buscan generar miedo”, replicó Lucero a los críticos de la reforma. El funcionario sostuvo que la iniciativa es constitucional y respeta las atribuciones provinciales sobre sus recursos naturales, promoviendo el desarrollo económico y la generación de empleo sin comprometer el acceso al agua.
“La reforma despejará incertidumbres que han frenado el desarrollo sustancialmente de la minería cuprífera y aurífera argentina, en donde legítimamente hay provincias que tienen esperanza de salir de la pobreza con esa riqueza”, sostuvo.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, rechazó el dictamen de mayoríaSantiago Oroz
La presencia de Lucero desató el enojo de los críticos de la reforma. “El secretario de Minería perteneció a un estudio de abogados y asesoró a más de una decena de empresas mineras. Debería excusarse de participar en este debate, ya bastante viciado por la presión y el lobby escandaloso”, acusó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Romina Del Pla (Frente de Izquierda) asintió. “Este es un plenario de comisiones al servicio del lobby minero”, asestó.
Lucero reconoció que, previo a llegar a la función pública, asesoró como abogado a varias empresas mineras y desestimó que esto sea un obstáculo para asumir como secretario del área. “Para buscar un secretario de minería suena razonable que sea alguien que conozca la industria”, justificó.
Críticas y elogios
Los detractores de la reforma están convencidos que, de ser convertida en ley, ésta será judicializada por inconstitucional y regresiva, pues viola los presupuestos mínimos de conservación del ambiente y pondrá en riesgo la provisión de agua para las cuencas hidrográficas.
Los diputados Nicolás del Caño y Romina Del PláSantiago Oroz
Argumentan, además, que la habilitación para actividades extractivas en las áreas hoy protegidas quedará supeditada a la decisión “discrecional” de las provincias –que tendrán la última palabra como autoridades de aplicación de la norma- en conjunción con las corporaciones mineras.
“Esta modificación traerá más problemas que soluciones; es más vulnerable que la ley vigente. Van a tener más pleitos que antes”, vaticinó Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria. Esta bancada presentó un dictamen de rechazo.
“La reforma habla de federalismo ambiental y de concertación, pero si una provincia toma una decisión en una zona glaciar de manera unilateral, ¿dónde está la concertación?”, planteó Abelardo Ferrán, peronista de La Pampa, provincia contraria a la reforma porque la provisión de agua de sus cuencas hidrográficas depende de los glaciares ubicados en las provincias cordilleranas. “Nosotros teníamos dos cuencas hidrográficas; hoy solo tenemos una sola funcional”, advirtió.
El diputado Esteban Paulón, con remera dedicada a Manuel AdorniSantiago Oroz
En defensa del proyecto, el gobernador Orrego enfatizó que la reforma, al igual que la ley actual, preserva como objeto de protección al ambiente glaciar y periglacial. “Definitivamente para nosotros el agua es un recurso de muchísimo valor y del cual cuidamos mucho”, enfatizó el mandatario, quien insistió en que la iniciativa solo busca “clarificar los alcances de la ley, su interpretación y su aplicación”.
“Nos se protege menos, sino que se protege mejor”, insistieron los ministros y secretarios de minería de Salta, San Juan, Catamarca y Mendoza que desfilaron por el plenario de las comisiones. Insistieron en que el problema de la ley actual no está en su objeto de protección, sino en la imprecisión del articulado que, sostienen, hoy impide realizar los estudios técnicos que permitan distinguir los cuerpos de hielo que son reservas estratégicas de agua de los que no.
El mercado local se hizo eco a lo que sucede en las bolsas del mundo y encontró este miércoles 8 de abril un fuerte alivio en medio del giro global hacia el apetito por riesgo. Tras la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán, el riesgo país argentino registró una baja contundente y retrocedió casi 50 puntos básicos, hasta ubicarse en 563 unidades, luego de haber cerrado el martes en 610. El movimiento fue acompañado por una suba marcada de los bonos soberanos en dólares, que rebotan de la mano de un escenario internacional menos tenso y de una caída del precio del petróleo.
La mejora en los activos locales se apoya en un cambio de humor que excede a la Argentina. Algo similar a lo que comentó a PERFIL, Leo Anzalone, director del CEPEC, al señalar que «la tregua en Medio Oriente disparó un “relief rally” global, y Argentina —como suele pasar por beta— lo termina amplificando».
Tal como explicó el economista, «cuando baja la tensión geopolítica, aunque sea de forma transitoria, tienden a alinearse varias cosas: afloja el petróleo, se moderan un poco las expectativas de inflación global y cede algo la presión sobre tasas. Eso, en general, mejora el apetito por riesgo y hace que vuelvan flujos, aunque más tácticos que otra cosa, hacia activos que venían muy castigados», explicó.
Argentina rebota más que el promedio: ¿Por qué?
En ese marco, Argentina rebota más que el promedio. En la mirada de Leo Anzalone, eso responde a algunas particularidades: «Venía atrasada, con precios bastante golpeados, y cualquier mejora en el clima externo se siente más. Igual, cuesta verlo como un cambio de tendencia; por ahora parece más un rebote por alivio que algo estructural», explicó el analista
Bonos en dólares y compresión del riesgo
En ese contexto, la deuda soberana argentina en moneda dura se alineó con la mejora global. Los Globales mostraron avances de hasta 3,5%, liderados por el Global 2041, seguido por el Global 2035 y el Global 2046. La reacción no sorprende: en un mercado emergente de alta beta como el argentino, cualquier baja de la aversión global al riesgo suele traducirse rápidamente en compresión de spreads y recuperación de precios en los bonos.
El retroceso del riesgo país a la zona de 551 puntos vuelve a poner en agenda una hipótesis que el mercado sigue mirando de cerca: si la distensión externa se sostiene y el Gobierno mantiene el orden fiscal, la deuda argentina todavía tiene margen para seguir comprimiendo. El punto es que esa mejora depende, en buena medida, de variables que el país no controla. En las últimas semanas, el conflicto en Medio Oriente había vuelto a golpear a los activos de riesgo por temor a una escalada militar, un petróleo por encima de los US$100 y una renovada presión inflacionaria a nivel global. La tregua alivió esa secuencia, aunque no la canceló por completo.
Qué pasó en Europa
En Europa, las acciones registraron su mejor rueda en un año tras conocerse el entendimiento entre Washington y Teherán, mientras en Wall Street los principales índices abrieron con ganancias firmes, con un salto especialmente fuerte en el Nasdaq. El mercado leyó que, al menos por ahora, se reduce el riesgo de una interrupción prolongada en el Estrecho de Ormuz y, con ello, afloja una de las principales amenazas sobre la inflación global: un nuevo shock energético.
La profesional ingresó a las 10 a la fiscalía de Gerardo Pollicita, en el quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 convocada para dar detalles bajo juramento de verdad sobre las operaciones de compraventa inmobiliaria del funcionario en las que intervino.
El propósito de la convocatoria es que, bajo juramento de decir verdad, la escribana ofrezca detalles sobre su intervención tanto en la compra de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, como en la del departamento de la calle Miró al 500, en Capital Federal.El testimonio de Mónica Nechevenko es clave para explicar cómo el jefe de Gabinete financió la compra de su departamento en Caballito
La operación del departamento de Caballito fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó solo un adelanto y se endeudó con un crédito hipotecario por 200.000 dólares con las dos mujeres que aparecen como vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Ambas prestamistas ya fueron convocadas para declarar mañana en calidad de testigos.Te puede interesar:Compró un auto usado por internet, pero el tablero estaba manipulado: la Justicia condenó al vendedor
En relación a la escritura de la casa del country en Exaltación de la Cruz, fue firmada en noviembre de 2025 a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, Julieta Bettina Angeletti.
Según figura en el registro de visitas de la Casa Rosada, la escribana Nechevenko se entrevistó con Manuel Adorni al menos siete veces entre julio de 2024 y septiembre de 2025, un período simultáneo al que se realizaron las rúbricas.La casa de Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club
La fiscalía requirió a la escribana que presente la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para preparar el cuestionario que presentará en la audiencia testimonial.
Por otro lado, en el avance de la investigación surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares que Adorni había tomado para adquirir su antigua vivienda familiar en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
En esta ocasión, fueron señaladas como las prestamistas la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, también integrante de la fuerza.
Citaron a las supuestas financistas
El fiscal Gerardo Pollicita convocó a prestar declaración testimonial a las mujeres que le prestaron dinero a Manuel Adorni para comprar propiedades.
Para mañana jueves fueron convocadas las acreedoras de la hipoteca del departamento de Miró, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.
En tanto, para el lunes 13 deberán presentarse a declarar Graciela y Victoria Cancio, por el inmueble de Asamblea.El ex futbolista Hugo Morales declaró como testigo
En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó nuevos datos sobre los antecedentes del departamento de Miró, donde actualmente vive Manuel Adorni.
Morales dijo que llevaba tiempo queriendo vender esa propiedad con la intención de obtener 250.000 dólares, pero después de dos años aceptó la oferta por 200.000. A su vez, confirmó que el departamento estaba deteriorado y necesitaba varios arreglos.
Conectado vía telemática desde Corrientes, el ex jugador aclaró que se lo vendió a Sbabo ya Viegas, las dos jubiladas que seis meses más tarde se lo cedieron a Adorni a través de un préstamo hipotecario privado.
Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias.
La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo.
El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.
El Gobierno de la Ciudad avanza con una nueva obra para eliminar un cruce ferroviario en el oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el fin de semana largo se realizó el montaje de dos puentes de gran porte que permitirán continuar con la construcción del futuro paso bajo nivel en la calle Irigoyen, en el límite entre Liniers y Villa Luro.
La obra es llevada adelante por Autopistas Urbanas S.A., empresa dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, y forma parte del plan para eliminar barreras ferroviarias y mejorar la circulación vehicular y peatonal en distintos puntos de la ciudad.
Durante el fin de semana se desplegó un operativo especial para colocar dos puentes ferroviarios de hormigón que sostendrán las vías del Ferrocarril Sarmiento mientras se construye el túnel por debajo.
Para realizar esta tarea fue necesario interrumpir temporalmente la circulación del tren y desmontar las vías existentes. Luego, mediante un sistema de deslizamiento combinado con gatos hidráulicos, se movieron las estructuras (de aproximadamente 170 toneladas cada una) hasta su posición definitiva.
Una vez finalizada la maniobra, se reconstruyó la infraestructura ferroviaria sobre los nuevos puentes para restablecer el servicio.
Cómo será el nuevo paso bajo nivel en Villa Luro
El futuro paso bajo nivel se construirá sobre la calle Irigoyen, entre avenida Rivadavia y Bacacay, a pocos metros de la estación Estación Villa Luro.
Con la eliminación de barreras se contribuye a mejorar la frecuencia del servicio del Tren Sarmiento al reducir las interrupciones en la circulación.Archivo MDZ
El túnel tendrá doble mano de circulación, con un carril por sentido, y contará con una altura libre de 4,30 metros, lo que permitirá el paso de vehículos livianos y transporte de pasajeros.
Además, el proyecto contempla pasarelas peatonales bajo nivel con rampas y escaleras para garantizar el cruce de peatones y personas con movilidad reducida.
Según indicaron desde el gobierno porteño, la obra busca eliminar el actual cruce a nivel para mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito en la zona y facilitar la conexión entre ambos lados de las vías. También señalan que la eliminación de barreras contribuye a mejorar la frecuencia del servicio ferroviario al reducir las interrupciones en la circulación de los trenes.
Se trata de la primera etapa del proceso licitatorio, correspondiente al Sobre 1 (técnico), en la que se evalúan los antecedentes y la capacidad operativa de los postulantes. El cronograma prevé la presentación y posterior apertura de sobres el próximo lunes 13 de abril, mientras que la adjudicación está prevista para el martes 21 de abril.
Esta licitación forma parte del esquema oficial para transferir al sector privado actividades que hasta ahora estaban en manos del Estado. En paralelo, según informó la secretaría de Energía, el martes 14 de abril se realizará la apertura de ofertas técnicas para la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener -la mayor transportadora de energía del país-, en línea con la política de desinversión definida por el Gobierno.
A partir de ahora, la operatoria quedará en manos de un privado, que será responsable de coordinar la llegada de buques, gestionar inventarios y operar la terminal de regasificación de Escobar.La demanda de gas vuelve a subir con el frío y presiona el sistema (Freepik)
El contrato tendrá vigencia anual y cubrirá el período crítico, entre el 1° de abril y el 30 de septiembre. Según puntualizó el ente regulador, el criterio de adjudicación será económico, de manera que ganará la empresa que ofrezca importar el gas al menor costo posible, tomando como referencia el precio internacional más los costos logísticos.
Además, la normativa fija un precio máximo para el gas regasificado, que surgirá de ese esquema competitivo. El cambio también implica el fin de la intermediación estatal en este segmento.
Hasta ahora, el Estado importaba GNL a valores internacionales —entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía en el mercado interno a precios subsidiados cercanos a USD 2,7, absorbiendo la diferencia.
Con el nuevo modelo, ese rol pasa al sector privado, que asumirá tanto la operatoria como el riesgo comercial. La decisión se explica por la falta de capacidad para transportar gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo, especialmente el AMBA y el Litoral, lo que obliga a recurrir a importaciones en los picos de demanda.
La privatización de Transener
El Gobierno lanzó el proceso de privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, mediante un concurso público abierto tanto a oferentes locales como internacionales a fines del año pasado.El Gobierno avanza con la venta de la principal red de alta tensión del país
La iniciativa, en línea con el proceso de desregulación del Estado que encaró el Gobierno, implica la venta de la participación que Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) mantiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad que controla la operadora de la red nacional de alta tensión.
La medida se apoya en el marco legal vigente y declara a Transener como empresa “sujeta a privatización”, habilitando la venta escalonada de acciones para asegurar la continuidad operativa y el desarrollo de obras. El procedimiento, que se llevará a cabo en varias etapas, prioriza la transparencia y la apertura a inversores nacionales y extranjeros.
Actualmente, el Estado argentino controla de manera indirecta el 26,32% del capital accionario de Transener a través de Enarsa, que posee el 50% de Citelec junto a Pampa Energía, la compañía fundada por Marcelo Mindlin. La estructura accionaria se completa con la tenencia de la Anses y el capital flotante que cotiza en el mercado bursátil local. Citelec también tiene participación en Transener Internacional, con operaciones en Brasil, y en Transba, a cargo del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.
Transener administra más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión en todo el país, a los que se suman más de 6.000 kilómetros bajo la gestión de su controlada. Esto es alrededor del 85% de la red de alta tensión, al mismo tiempo que supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino.
Esta mañana se sortearon en los tribunales de Comodoro Py tres denuncias penales por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos. La primera, de acuerdo con una certificación dispuesta en la causa que le tocó al juez Daniel Rafecas, fue la asignada al magistrado Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
Serán entonces Lijo y Pollicita quienes concentren, al menos en principio, todas las denuncias por este caso, informaron fuentes judiciales. Son el mismo juzgado y la misma fiscalía que llevan la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, otra investigación delicada para el Gobierno.
Los presuntos delitos a los que alude la presentación en poder de Lijo son “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Las otras dos denuncias, que ingresaron con minutos de diferencia, también se sortearon y les tocaron a Rafecas y a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
La denuncia que recibió Rafecas -y que le está enviando a Lijo por conexidad- fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y figuran como denunciados Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA).
La presentación que recayó en el juzgado de Capuchetti la hicieron la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade (CC-ARI) y el legislador socialista Esteban Paulón. Apunta también contra Tillard, pero involucra además a beneficiarios de los créditos como Emiliano Mongilardi (director de YPF), Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Pedro Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−) y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani.
La denuncia que le tocó a Lijo, presentada por dos particulares, no identifica acusados.
Este fin de semana, el gobierno de Javier Milei salió a defender el otorgamiento de préstamos desde el Banco Nación a funcionarios del oficialismo y legisladores libertarios, difusión que derivó en pedidos de informes, reclamos de investigación en el Congreso y al menos estas dos denuncias judiciales.
Mientras desde el gabinete nacional el encargado de responder las acusaciones fue el canciller Pablo Quirno, y según pudo saber LA NACION, el equipo de auditoría del banco que encabeza Darío Wasserman trabajó durante el fin de semana en la revisión de cada uno de los casos, revelados por el sitio web Cuánto Deben, y que incluye entre otros a funcionarios de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.
El propio Caputo salió a defender anoche a los funcionarios de su área que tomaron créditos en el BNA. “No tienen ventaja respecto del resto”, dijo el ministro al periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa, que se emite por el canal LN+.
El ministro de Economía, Luis «Toto» CaputoRodrigo Néspolo
Se refería al caso de Felipe Núñez, director de BICE y asesor de Economía, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025. Otro caso es el de Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo anoche Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario.
En la lista de los tomadores de créditos del BNA se incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.
La información, comentaron este domingo fuentes oficiales, será entregada a la Justicia una vez que quede confirmado el juez, como sucedió este lunes al quedar sorteados los juzgados de Rafecas y Capuchetti.
“Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantearon los diputados Paulón y Frade en su denuncia.
“Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco, entre ellas, por ejemplo, cobrar sus sueldos en el banco. Otra aclaración importante, no presta guita de los contribuyentes, pensar eso es un error común e incorrecto”, escribió el canciller Quirno en la tarde del domingo. “Los que recibían préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad. María Elena Walsh y Discépolo se regocijan”, ironizó el canciller, en crítica al otorgamiento de créditos durante el kirchnerismo.
Madero, acreedor de uno de los créditos difundidos, se mostró “sorprendido” por la magnitud de las críticas. En diálogo con LA NACION, el funcionario de Defensa afirmó que se enteró “por el encargado del edificio” donde vive de la existencia de los créditos. Que se inscribió “sin privilegios” a través de la página web y que al gerente lo vio “cuando fui a firmar a la sucursal”, en septiembre de 2025. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad, “después de muchos años en la función pública, siempre en el área de seguridad”, aclaró Madero a este diario.
En el mismo sentido, fuentes oficiales afirman que “no hay un solo crédito mal otorgado”, y que “es una locura comerse un garrón por algo que es absolutamente lícito”. Cuando la consulta gira en torno a los elevados montos otorgados, desde el Gobierno aseguran que “todos están cubiertos” a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. También destacan que “el directorio del banco ni se entera del otorgamiento de los créditos más chicos, el que crea eso es un ignorante”, afirmó, en respuesta a las denuncias de los legisladores opositores.
El caso ya se cobró una baja: la del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, echado de su cargo el jueves por la ministra Sandra Pettovello luego de que se conociera que había sido uno de los beneficiarios.
Tras el impacto de la noticia de la salida de Massaccesi, el Gobierno comunicó que la salida se debía a otros motivos, pese a que el propio desplazado hizo un descargo en las redes sociales defendiendo la toma del crédito.
Planes
En la Casa Rosada aseguran que buena parte de las críticas tienen como objetivo frenar el “proyecto original” del gobierno libertario, esto es capitalizar con aportes privados el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y pasar a cotizar en la Bolsa de New York. “Sigue en pie”, dicen conocedores de la operatoria del banco.
La decisión de Pettovello de echar a Massacesi fue mirada de reojo por otros sectores del Gobierno, aunque el propio Presidente desmintió que la decisión tuviese que ver con la el crédito recibido. “Fue un error, se apuró o lo habrá echado por otra cosa”, disparan. Quienes conocen el pensamiento de la ministra aseguran que el tema “le hacía ruido” y que prefirió separarlo ante la duda. La propia ministra apeló, hacia la tarde del domingo, a una enigmática frase de Fiódor Dostoievski, aquella que expresa: “Yo nunca eliminé a nadie en mi vida. Todos murieron en el accidente de la confianza”.
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Esta mañana se sortearon en los tribunales de Comodoro Py tres denuncias penales por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos. La primera, de acuerdo con una certificación dispuesta en la causa que le tocó al juez Daniel Rafecas, fue la asignada al magistrado Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
Serán entonces Lijo y Pollicita quienes concentren, al menos en principio, todas las denuncias por este caso, informaron fuentes judiciales. Son el mismo juzgado y la misma fiscalía que llevan la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, otra investigación delicada para el Gobierno.
Los presuntos delitos a los que alude la presentación en poder de Lijo son “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Las otras dos denuncias, que ingresaron con minutos de diferencia, también se sortearon y les tocaron a Rafecas y a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
La denuncia que recibió Rafecas -y que le está enviando a Lijo por conexidad- fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y figuran como denunciados Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA).
La presentación que recayó en el juzgado de Capuchetti la hicieron la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade (CC-ARI) y el legislador socialista Esteban Paulón. Apunta también contra Tillard, pero involucra además a beneficiarios de los créditos como Emiliano Mongilardi (director de YPF), Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Pedro Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−) y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani.
La denuncia que le tocó a Lijo, presentada por dos particulares, no identifica acusados.
Este fin de semana, el gobierno de Javier Milei salió a defender el otorgamiento de préstamos desde el Banco Nación a funcionarios del oficialismo y legisladores libertarios, difusión que derivó en pedidos de informes, reclamos de investigación en el Congreso y al menos estas dos denuncias judiciales.
Mientras desde el gabinete nacional el encargado de responder las acusaciones fue el canciller Pablo Quirno, y según pudo saber LA NACION, el equipo de auditoría del banco que encabeza Darío Wasserman trabajó durante el fin de semana en la revisión de cada uno de los casos, revelados por el sitio web Cuánto Deben, y que incluye entre otros a funcionarios de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.
El propio Caputo salió a defender anoche a los funcionarios de su área que tomaron créditos en el BNA. “No tienen ventaja respecto del resto”, dijo el ministro al periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa, que se emite por el canal LN+.
El ministro de Economía, Luis «Toto» CaputoRodrigo Néspolo
Se refería al caso de Felipe Núñez, director de BICE y asesor de Economía, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025. Otro caso es el de Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo anoche Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario.
En la lista de los tomadores de créditos del BNA se incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.
La información, comentaron este domingo fuentes oficiales, será entregada a la Justicia una vez que quede confirmado el juez, como sucedió este lunes al quedar sorteados los juzgados de Rafecas y Capuchetti.
“Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantearon los diputados Paulón y Frade en su denuncia
“Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco, entre ellas, por ejemplo, cobrar sus sueldos en el banco. Otra aclaración importante, no presta guita de los contribuyentes, pensar eso es un error común e incorrecto”, escribió el canciller Quirno en la tarde del domingo. “Los que recibían préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad. María Elena Walsh y Discépolo se regocijan”, ironizó el canciller, en crítica al otorgamiento de créditos durante el kirchnerismo.
Madero, acreedor de uno de los créditos difundidos, se mostró “sorprendido” por la magnitud de las críticas. En diálogo con LA NACION, el funcionario de Defensa afirmó que se enteró “por el encargado del edificio” donde vive de la existencia de los créditos. Que se inscribió “sin privilegios” a través de la página web y que al gerente lo vio “cuando fui a firmar a la sucursal”, en septiembre de 2025. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad, “después de muchos años en la función pública, siempre en el área de seguridad”, aclaró Madero a este diario.
En el mismo sentido, fuentes oficiales afirman que “no hay un solo crédito mal otorgado”, y que “es una locura comerse un garrón por algo que es absolutamente lícito”. Cuando la consulta gira en torno a los elevados montos otorgados, desde el Gobierno aseguran que “todos están cubiertos” a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. También destacan que “el directorio del banco ni se entera del otorgamiento de los créditos más chicos, el que crea eso es un ignorante”, afirmó, en respuesta a las denuncias de los legisladores opositores
El caso ya se cobró una baja: la del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, echado de su cargo el jueves por la ministra Sandra Pettovello luego de que se conociera que había sido uno de los beneficiarios.
Tras el impacto de la noticia de la salida de Massaccesi, el Gobierno comunicó que la salida se debía a otros motivos, pese a que el propio desplazado hizo un descargo en las redes sociales defendiendo la toma del crédito.
Planes
En la Casa Rosada aseguran que buena parte de las críticas tienen como objetivo frenar el “proyecto original” del gobierno libertario, esto es capitalizar con aportes privados el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y pasar a cotizar en la Bolsa de New York. “Sigue en pie”, dicen conocedores de la operatoria del banco.
La decisión de Pettovello de echar a Massacesi fue mirada de reojo por otros sectores del Gobierno, aunque el propio Presidente desmintió que la decisión tuviese que ver con la el crédito recibido. “Fue un error, se apuró o lo habrá echado por otra cosa”, disparan. Quienes conocen el pensamiento de la ministra aseguran que el tema “le hacía ruido” y que prefirió separarlo ante la duda. La propia ministra apeló, hacia la tarde del domingo, a una enigmática frase de Fiódor Dostoievski, aquella que expresa: “Yo nunca eliminé a nadie en mi vida. Todos murieron en el accidente de la confianza”
¿Y por qué no fue tratada del mismo modo Gabriela Real, coordinadora de Políticas Sociales y virtual número tres de Capital Humano, que también tiene un crédito vigente? “No es la misma situación, ella sacó un crédito en la época de [Mauricio] Macri”, la defendieron desde un despacho oficial. En las próximas horas, según reiteran fuentes oficiales, el Gobierno dirá lo suyo en la Justicia.
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