Las autoridades del PAMI confirmaron que achicaron la estructura jerárquica de la obra social de los jubilados, con la eliminación de 30 puestos jerárquicos, de gerentes a subdirectores, que percibían sueldos del orden de los tres millones de pesos mensuales.
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Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, la reducción afecta principalmente a funcionarios que asumieron durante la gestión anterior. “La disminución de la estructura jerárquica de PAMI tiene el objetivo de recortar cargos políticos y utilizar de manera más eficiente los recursos del instituto. Entre la reducción, y mediante un proceso de relevamiento del personal que continúa activo, se encontraron empleados y rangos jerárquicos vinculados a La Cámpora que no renunciaron con el cambio de gestión y, por lo tanto, fueron despedidos”, explicaron.
En números, las medidas que puso en marcha el actual director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo representa un ajuste del 24,18% en rangos jerárquicos, del 75% en Secretarías y Dirección Ejecutiva, una merma del 33% en la cantidad de Gerencias y casi 20% menos de Subgerencias. De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, la mayoría de los cargos tenían sueldos de entre dos millones y medio y tres millones de pesos por mes.
En el PAMI trabajan cerca de 12 mil personas para atender a un universo del orden de los seis millones de afiliados, en su gran mayoría jubilados y pensionados. La estructura de la organización tiene dimensión nacional, ya que en cada provincia y en los principales municipios de todo el país. El personal y los funcionarios jerárquicos están asignados a centrales generales, unidades de gestión local y agencias de cercanía que tienen la responsabilidad de atender a los beneficiarios.Te puede interesar:Javier Milei viajará a Corrientes para participar del 10° aniversario de un club libertario
Voceros oficiales confirmaron que el objetivo es avanzar en un achique más profundo de la estructura burocrática de la obra social. Estiman que, culminado el rediseño administrativo, el total de 120 cargos directivos actuales pasará a no más de 90.
Junto a esa reducción, también se avanzó con un refuerzo del control de personal para monitorear la asistencia a los lugares de trabajo. La instalación del lector de huellas en cada dependencia fue una de las primeras medidas que puso en marcha la gestión de Leguizamo, según pudo saber este medio.El titular del PAMI, Esteban Leguizamo (derecha), junto al titular de la ONG de la tercera edad, Eugenio Semino
Salud, un área crítica
La gestión de las políticas públicas de salud es una de las que más recursos del Estado demanda y donde el gobierno de Javier Milei anunció que va a encarar cambios profundos. El PAMI, que hasta el 10 de diciembre estuvo a cargo de la actual diputada nacional Luana Volnovich, es el principal operador del sistema público, junto a los hospitales, clínicas y salas de distinta complejidad que están a cargo de provincias y municipios.
Pero otro sector donde el gobierno nacional está decidido a avanzar es en la desregulación de las obras sociales sindicales. En las próximas horas el Ministerio de Salud difundirá la reglamentación de los artículos del DNU que estableció la libre opción entre obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Esa reforma generó un fuerte reacción de los líderes gremiales de la CGT, que desde que se firmó el decreto, redoblaron las críticas a Milei, hicieron marchas y realizaron un paro nacional, que fue el más rápido de la historia en contra de un gobierno. Ni en democracia ni durante la dictadura la central obrera hizo una huelga general a 45 días de asumido un nuevo presidente.
El Gobierno nacional ha convocado a una reunión paritaria para este lunes a las 15 horas en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde se espera la participación de los trabajadores estatales. Por su parte, desde la dirigencia de laAsociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresan su escepticismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, señaló en un comunicado que en la conducción de la asociación se debatirá la estrategia de negociación para el encuentro. Sin embargo, Aguiar expresó su preocupación, indicando que si persiste la intención del Gobierno de reducir los salarios y las jubilaciones, será complicado llegar a un acuerdo satisfactorio, según informó Telam. PUBLICIDAD
El dirigente expresó su preocupación por el impacto negativo de las recientes medidas económicas del Gobierno, las cuales, según él, han afectado gravemente los ingresos en el sector público en pocas semanas. Subrayó que el salario promedio en la administración pública sigue estando por debajo de la línea de pobreza.
Asimismo, manifestó su esperanza de que el Ejecutivo presente una propuesta que realmente considere las necesidades de los trabajadores, y no busque limitar la discusión salarial al presupuesto prorrogado del 2023.
Para Aguiar, es crucial evitar la aplicación de la resolución 28/24, que intenta establecer un límite a las negociaciones paritarias, ya que esto haría imposible llegar a un acuerdo satisfactorio.
La convocatoria está programada para el lunes a las 15:00 horas en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ubicada en Avenida Callao 114, en la ciudad de Buenos Aires.
En medio de su pelea con los gobernadores por la falta de apoyo durante el frustrado tratamiento de la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei no se reuniría este lunes con el mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, cuando visite esa provincia para participar de un acto de una fundación libertaria.
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El jefe de Estado tiene previsto partir esta tarde hacia la capital correntina y dirigirse inmediatamente hacia el auditorio donde se realizará el evento que lo tiene como principal orador, por lo que no habría una foto con el referente de la Unión Cívica Radical (UCR).https://2a08604d7969f525be614ad989eb337c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
De hecho, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales, el economista no va a invitar a Valdés a su exposición en el marco de los festejos por los 10 años de la Fundación Club de la Libertad, que se realizará en el salón Espacio Andes, ubicado sobre la avenida Maipú al 3840.
Asimismo, por el momento tampoco tenía pensdo aprovechar este viaje para mantener un encuentro a solas con el gobernador, quien ya expresó públicamente que está dispuesto a acompañar al Presidente en sus actividades en esta provincia, si se lo solicita la Casa Rosada.El acto del que participará Milei
“Nosotros vamos a acompañar con la agenda que corresponda al Presidente de la Nación con el gobierno de la provincia de Corrientes. La Nación, como la provincia, están por encima de las fundaciones”, remarcó el radical.
Sin embargo, según pudo saber este medio, hasta fines de la semana pasada el personal de ceremonial que organiza la visita de Milei a esa ciudad no se había contactado con las autoridades locales para coordinar el operativo que se monará para la ocasión.
El jefe de Estado será el principal orador de la jornada en el Espacio Andes, que comenzará a las 19:00, aunque tiene previsto hablar una hora más tarde, luego del discurso de Alberto Medina Méndez, titular de la mencionada fundación, y de Alberto Benegas Lynch hijo, que expondrá por videoconferencia y a quien Milei considera como “el máximo exponente de las ideas de la libertad en la Argentina”.
Tras la caída del paquete de reformas, Milei calificó de “traidores” y “delincuentes” a algunos de los líderes provinciales que se habían comprometido con el ministro del Interior, Guillermo Francos, a acompañar la iniciaiva, pero que luego no lo hicieron.Francos con los gobernadores, durante las negociaciones por la Ley Ómnibus
“De entrada vimos la falta de voluntad de la mayoría de acompañar las propuestas de modificación que planteaba el Gobierno nacional y se rechazaron las facultades delegadas más importantes que permitieran desregular, reorganizar el Estado y demás. Entonces, de esa forma, no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la ley, porque perdía su esencia”, explicó el funcionario.
Desde ese momento, comenzó una ofensiva contra las provincias por parte de la Nación que, en primer llugar, anunció que se iban a eliminar los subsidios al transporte en el interior del país, un fondo que contemplaba unos 102.000 millones de pesos.
Además, en plena gira internacional, el Presidente resolvió echar de sus cargos a por los entonces titulares de la ANSeS, Osvaldo Giordano, y de la Secretaría de Minería, Flavia Ryón, dos funcionarios que respondían a Córdoba y Salta, dos distritos que no dieron su apoyo a la ley.
Por otra parte, Milei también aseguró que va a avanzar con las herramientas que tenga a disposición, como pueden ser los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con la eliminación de los fondos fiduciarios, un mecanismo de financiamiento para las provincias que se buscaba modificar en el paquete de reformas y que, de hecho, el rechazo de la oposición a cambiarlos determinó que el oficialismo retirara el proyecto del Congreso.
Según anticiparon a este medio fuentes del Gobierno, incluso se habría adelantado para esta semana la firma de los decretos que anularán al menos nueve de esos fideicomisos, mientras se estudia cómo terminar con el resto de los existenes, aunque no se haría una conferencia de prensa ni una cdena nacional para comunicarlo, como se especuló en un momento.
Para el Poder Ejecutivo, la caída de la Ley Ómnibus significó “un triunfo político”, ya que -en palabras del ropio Milei-sirvió par “generar el ordenamiento ideológico en la Argentina” y dejar “en evidencia” de quélado está cada dirigente.
“En Diputados, el bloque del PRO trabajó de manera muy coincidente con nuestro bloque, en un orden espontáneo se acomodaron las fichas. Hay una posición que, con el paso del tiempo, los dos espacios vayan a una convergencia”, afirmó Milei, quien ya está incursionando en una alianza con el macrismo.
Después de una semana agitada en materia de educación, la que empezó promete aún más novedades. El Gobiernoya inició las gestiones para que se concrete el encuentro con las diferentes partes alrededor de la discusión salarial, algo que está estipulado por ley, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales. La reunión, que aún no tiene fecha, pero todo indica que podría concretarse a mediados de esta semana, será en el Palacio Pizzurno, sede de la secretaría de Educación. Allí además de los cinco gremios educativos -entre ellos la Ctera, que amenaza con un paro nacional– estarán presentes, el titular del área, Carlos Torrendell y su par de Trabajo, Omar Yasin. El encuentro será en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), con lo cual se prevé la presencia de los ministros provinciales. En rigor, lo que se discutirá será el piso de los salarios educativos para que luego cada jurisdicción, partiendo de esa base, marque los propios.
“No hay paritarias nacionales, lo que se arregla es el piso salarial, después cada jurisdicción si quiere y puede pagar más, lo hace”, dijeron fuentes oficiales.
Con el inicio de clases en suspenso por el reclamo sindical y la falta de acuerdo entre las provincias y los gremios, el Gobierno nacional también trabaja para declarar a la Educación como servicio esencial. Se trata de algo que se intentó inicialmente a través de la ley ómnibus que terminó siendo retirada de la discusión parlamentaria y también por medio del mega decreto 70/2023, cuyo capítulo laboral está judicializado a la espera de una definición de la Corte Suprema. De avanzar con un nuevo decreto, el objetivo oficial es claro: al declararlo de ese modo se exige tener una prestación mínima en los días de medidas de fuerza.
La negociación alrededor de los salarios docentes que se dará en los próximos días surge del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y no es técnicamente una paritaria nacional, como distinguieron desde el Poder Ejecutivo Nacional. “Lo que Nación convoca es al salario mínimo docente, no son paritarias”, recalcaron fuentes oficiales. Entre las explicaciones está que las paritarias solo se dan entre empleadores y empleados y como la Nación no administra las escuelas este no sería el caso. “Las paritarias son provinciales”, insistieron en referencia a que el vínculo empleador-empleado es entre los gobiernos provinciales, que administran las escuelas, y los gremios.
“La idea es sentar a todas las partes para que se pongan de acuerdo. La ley te obliga a hacer lo que estamos haciendo, pero no es conceptualmente una paritaria nacional”, argumentaron en la Casa Rosada.
La Ctera, la confederación de gremios docentes más representativa del país amenaza con no empezar las clases si es que el Gobierno no convoca a paritarias y si es que no revisa el reparto del Fondo Nacional de Incentivo DocenteTelam
El presidente Javier Milei reforzó la postura oficial. “Es un problema de los gobernadores de cada provincia. Nosotros tenemos una cuestión, fijar precios mínimos no nos gusta”, dijo el jefe del Estado, la semana pasada.
“Estimamos que va a ser dura la negociación, pero van a acordar. A nadie le conviene que no comiencen las clases”, dijo un funcionario a LA NACION. Al tiempo que otro estimó que una posibilidad, también, es que el encuentro de esta semana termine sin acuerdo, como sucedió con la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVyM), en el que ahora deberá laudar el Presidente.
El Gobierno, además, mantiene una pulseada con las provincias por el reparto de fondos que destina la Nación para la educación, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Fuentes oficiales informaron a LA NACION que“están asegurados [los fondos] y se encuentran en el Tesoro, con el resto de las transferencias de las provincias” los montos pendientes de 2023, pero no aseguran que el auxilio financiero se mantenga durante 2024. “El FONID no sigue. Y se está trabajando en una propuesta superadora”, dijeron fuentes gubernamentales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, por su parte, sostuvo en conferencia de prensa: “El Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo”.
Ayuda escolar
ElGobierno incrementó en un 311% de la Asignación de Ayuda Escolar, para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, llevándola a 70 mil pesos. El beneficio, según se informó, alcanza a 7.300.000 chicos mediante un decreto firmado por el Presidente, que se conoció cinco días después de que se entrevistara con el papa Francisco y hablaran de la situación social que atraviesa el país. En parte de ese encuentro participó la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, una de las personas de mayor confianza de Milei, y responsable del área Social.
La actualización, cuyo monto anterior era de 17 mil pesos, fue impulsada por Capital Humano y alcanza a 3.300.000 de chicos asociados a la Asignación Universal por Hijo, 3.500.000 de menores con padres en relación de dependencia y monotributo, y 500.000 asociados a jubilados y pensiones no contributivas. En el decreto se señaló que el aumento se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.
La ayuda puede ser solicitada por familias que ya reciben una Asignación Familiar o Universal, que tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal. En tanto que es sin límite de edad para quienes tengan hijos con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestros particulares matriculados. El beneficio se puede solicitar ingresando al sitio web Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social y a partir de allí seguir los pasos que pide el sistema
Alicia Luján Lucich, la madre del presidente Javier Milei, ingresó durante la madrugada al sanatorio Otamendi a raíz de un problema de salud.
La madre del presidente mantiene un bajísimo perfil y su última aparición pública fue el 10 de diciembre, cuando asistió a la Asamblea Legislativa para la asunción como presidente de su hijo. Ese día se la vio junto a su marido, Norberto Horacio Milei, ambos padres de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y clave en la toma de decisiones. PUBLICIDAD
Según trascendió, la internación se habría producido en horas de la madrugada, cuando la mujer se sintió mal y acudió a la reconocida clínica del barrio de Recoleta, ubicada sobre la calle Azcuénaga.
Si bien se trataría de un pico de presión, a causa de lo que trascendió hasta el momento, lo cierto es que todavía no hay un comunicado oficial que de cuenta del estado de salud de la madre del presidente. La mujer tiene 73 años.
Los padres de Milei junto con Fatima Florez y su padre.
PERFIL consultó a fuentes oficiales respecto de si el presidente irá a ver a su madre y no lo daban como una posibilidad. El mandatario tiene previsto realizar un viaje a la provincia de Corrientes, para celebrar el aniversario del club libertario de esa provincia y, posiblemente, encontrarse con el gobernador Gustavo Valdés.
El presidente de la Nación visitará la ciudad de Corrientes para participar en el décimo aniversario del Club de la Libertad, un encuentro que se llevará a cabo en el centro de convenciones «Espacio Andes», ubicado en la avenida Maipú 3840 de la capital correntina.
El evento, que comenzará a las 19 horas, contará con la presencia de la comitiva presidencial, socios y voluntarios de la fundación organizadora e invitados especiales. Según informaron a Télam desde la organización, el Presidente saludará a los presentes en el playón para tener un contacto breve con quienes deseen acompañarlo.
La conferencia central del encuentro lleva por título «Una Argentina liberal es posible» y estará a cargo del reconocido economista Alberto Benegas Lynch.
Alberto Medina Méndez, presidente de la Fundación Club de la Libertad, expresó en una entrevista radial que la visita de Milei genera mucha expectativa y emoción, especialmente por las complejidades y cuestiones de seguridad que implica. Destacó que la decisión de Milei de participar en persona en el aniversario del Club es motivo de entusiasmo para todos los organizadores y colaboradores.
El 57% de pobreza que difundió la UCA el fin de semana fue apenas un aviso, una alerta de lo que viene. Javier Milei es el primero que es consciente del impacto de las medidas que tomó apenas llegó al gobierno para estabilizar una economía que se encaminaba al colapso. Lo estudió en libros y los vivió en carne propia en Argentina. Sabía el costo social del salto devaluatorio, la liberación de precios y tarifas reprimidas y el sinceramiento de variables que durante más de 15 años estuvieron artificialmente contenidas. Por eso, el presidente sabe que dependerá del tiempo en que lleguen las buenas noticias. Habló de que marzo y abril serán los meses más difíciles y que en mayo se podría ver la luz al final del túnel.
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Ese abordaje que aplica en la gestión de las urgencias económicas contrasta con lo que pasa en la política. El viernes pasado, en la reunión que tuvieron por videoconferencia -que anticipó Infobae– los gobernadores de la UCR y el PRO hicieron catarsis de broncas acumuladas con el presidente, acordaron mantener la unidad y no tomar ninguna decisión más hasta ser convocado por Milei. Estuvieron 9 de los 10 -sólo faltó el correntino Gustavo Valdés- y en todos, con mayor o menor vehemencia, había una sensación de desencanto, frustración e impotencia.https://5e6b9f758ecf57e09536bb77afa8678b.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Se trata de un bloque de 10 gobernadores que fueron los primeros comprometidos en apoyar el plan de gobierno y, sobre todo, en bloquear los arrebatos obstruccionistas que manifiesta el peronismo cuando deja de ser oficialismo y se convierte en oposición. Son los responsables de haber impedido que en el Senado el bloque de Unión por la Patria anulara el DNU que desreguló la economía, porque los K tenían 33 bancas sobre los 37 que se necesitan para la mayoría. Y de haber aportado los diputados para aprobar en comisión, primero, y en general en el recinto el voluminoso proyecto de “Ley Ómnibus”.
“No sólo no nos agradecieron. Nos vienen tratando igual que al kirchnerismo, porque pisaron las transferencias a todas las provincias. Milei nos insultó porque no se aprobaron los primeros 6 artículos de la Ley Ómnibus como él quería y encima sacó los subsidios al transporte y a los docentes. Con tanto castigo, nos quedamos sin motivos para hacer oficialismo, ni aliados ni dialoguistas. Hasta que el Presidente no nos llame, acordamos que no vamos a hacer más nada por ellos”, contó uno de los nueve gobernadores que se conectaron al Zoom del viernes.Te puede interesar:Lousteau le respondió a Martín Menem por la conformación de la Bicameral para tratar el DNU: “Está faltando a sus deberes”
Más allá de que algunos tradujeron esa decisión como un “ultimátum”, entre gobernadores con fuerte predicamento en ese bloque que supo llamarse Juntos por el Cambio y que ahora está en plena metamorfosis -por la confluencia de Milei con el PRO de Mauricio Macri- la mirada fue otra. “No queremos que se piense que hay ninguna imposición. Esperamos que nos reciba, pero no le vamos a pedir ninguna reunión. Y la verdad que tampoco creo que nos convoque”, respondió otro mandatario provincial.La última reunión que tuvieron diputados y gobernadores con el ministro Francos
Esos 10 gobernadores no son los únicos. También hay fastidio en el peronista cordobés Martín Llaryora, en los provinciales como en Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Hasta Osvaldo Jaldo (Tucumán) está masticando bronca, porque rompió el bloque de Unión por la Patria para blindar el sector del azúcar y los limones de “Ley Ómnibus”, que no pasó siquiera el filtro de Diputados. Sobre este grupo cayó otra retaliación: el despido del cordobés Osvaldo Giordano, de la Anses; y de la salteña Flavia Royón, de la Secretaría de Minería. De todos modos, tienen previsto reunirse mañana en un acto que organizó Sáenz en su provincia con el ministro Francos.Te puede interesar:La UCR debate su rol como oposición a Milei y profundiza su interna: las diferencias entre Lousteau y los gobernadores
El repliegue de los gobernadores aliados coincide con el giro del radicalismo a una posición más crítica con el rumbo del Ejecutivo. El presidente de la UCR, el senador Martín Lousteau, ya dice abiertamente que el DNU de Milei que desregula la economía es “inconstitucional” y que algunas ideas principales del credo libertario son impracticables o, simplemente, malas.
“Estoy en contra del DNU y me parece inconstitucional”, afirmó en declaraciones públicas y luego exigió al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado libertario Martín Menem, que “conforme la Bicameral, lo más grave es que no pueda tener un tratamiento como corresponde. No puede haber una dilación para constituirla”. ¿Cuánta vida le quedaría al decreto si los radicales votan junto al kirchnerismo? Algunos tienen la respuesta.
Más allá de que Macri y Milei tienen previsto hablar para establecer una nueva alianza entre La Libertad Avanza, el PRO y una fracción del sector que preside Miguel Pichetto, la confluencia de ambos bloques no augura, en principio, una bancada superior a los 80 diputados. Para tener quórum y, por ende, aprobar las leyes, se requieren de 129. En el Senado el panorama es más desolador, porque el PRO tiene 8 y los libertarios 7: apenas 15 sobre 72.
En el PRO y en LLA la mirada es otra. Confían en que Macri podría ser un actor clave para alinear a los gobernadores del PRO y convocar a un sector del radicalismo si se quiere más antiperonista/antikirchnerista, que tiene en el mendocino Luis Petri, el ministro de Defensa, una referencia. El antecedente que se menciona es el de la Ley Ómnibus, ya que el ex presidente que intervino para que el bloque se mantuviera unido y vote de manera unánime a favor del proyecto.Fotografía de archivo del expresidente argentino Mauricio Macri. EFE/Giorgio Viera
Ese contexto de debilidad política, más allá de que en las encuestas los números de apoyo popular a Milei le dan bien, el peronismo está en tiempos de realineamientos, bajo una lógica de mayor confrontación, de los tres sectores que en términos institucionales y en la calle mayor peso tienen: la CGT, los movimientos sociales y el kirchnerismo. La carta de Cristina Kirchner de la semana pasada le puso el tono, la música de fondo. Sobre todo porque entre muchos números y más palabras agitó el fantasma de los gobiernos inconclusos.
“El espacio político que había concitado las esperanzas mayoritarias de la sociedad argentina luego de la dictadura cívico-militar y había obtenido el 52% de los votos, terminó entregando el poder por adelantado”, dijo Cristina sobre Alfonsín. Y le sumó, para que no quedaran dudas, la experiencia delarruista: “El presidente que había ganado en primera vuelta con más del 48% de los votos, terminó presentando su renuncia después de declarar el Estado de Sitio que provocó represión y 38 muertos en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país”.
Mientras tanto la CGT redobló la presión contra el gobierno de Milei y anticipó una “guerra de guerrillas”, con paros por sectores, protestas y movilizaciones. Es una secuencia que podría culminar o no en una convocatoria a un paro general. Tienen motivos además del retraso de los salarios: el presidente dio la orden de ir por las obras sociales, un verdadero casus belli para los caciques del sindicalismo argentino.
El presidente Javier Mileirecibirá esta semana al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, y al canciller de Francia, Stéphane Séjourné. Su agenda continúa con un viaje corto a Washington para participar de un encuentro con referentes de derecha. En paralelo, el Gobierno se encuentra definiendo decretos y proyectos de ley -por temas- que serán enviados al Congreso a partir del 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias.
El lunes Milei se reunirá en Casa de Gobierno con el canciller francés, quien estará en el país hasta el martes. Uno de los puntos a tratar es el Acuerdo de Asociación que suscribieron en junio de 2019 el Mercado Común del Sur (Mercosur) con la Unión Europea (UE).
Francia no está de acuerdo con apoyar la iniciativa, ya que los agricultores de ese país, con el apoyo del presidente Emmanuel Macron, consideran que las normas de producción agrícolas de las naciones sudamericanas «no son homogéneas» con las europeas y podría derivar en «una distorsión y una competencia desleal».
Séjourné también mantendrá encuentros con los ministros de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa, Luis Petri; y la canciller Diana Mondino, informó la Cancillería francesa.
Por su parte, Mondino participará en la semana de la reunión de cancilleres del G20, que se realizará en la Marina da Glória de Río de Janeiro, encuentro al que también asistirá Séjourné.
Cómo continúa la agenda presidencial
El lunes por la tarde el Presidente viajará a Corrientes y será el principal orador de la Conferencia «Una Argentina liberal es posible» por el décimo aniversario del Club de la Libertad, una fundación que tiene en el Consejo Consultivo, entre otros, a los economistas Alberto Benegas Lynch (h) -quien participará a través de un zoom-, Aldo Abram, Roberto Cachanosky y Gustavo Lázzari y al médico y escritor Marcos Aguinis; y en el Consejo Consultivo al diputado nacional y economista Ricardo López Murphy y al también economista Agustín Etchebarne. El evento es a las 19 en el Espacio Andes, ubicado en Maipú 3840 de la capital correntina.
Milei recibirá en Casa Rosada a Blinken, que llegará luego de pasar por Brasil donde participará de la reunión de cancilleres del G20, que se desarrollará entre el miércoles y jueves.
El mandatario argentino y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos planean abordar «temas bilaterales y globales, incluido el crecimiento económico sostenible, nuestro compromiso compartido con los derechos humanos y la gobernanza democrática, los minerales críticos y la mejora del comercio y la inversión que beneficia a ambos países», según comunicó el Departamento de Estado estadounidense.
Después de la reunión, Javier Milei se irá a Washington DC para participar de la Conferencia de la Acción Política Conservadora, el encuentro anual que se desarrollará entre el miércoles y sábado y que reunirá a referentes de la derecha de Estados Unidos.
El Presidente viajará acompañado de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mientras que Patricia Bullrich -también disertante- viajará con anterioridad.
Entre los oradores también está exmandatario estadounidense y aspirante a la nominación del Partido Republicano para un segundo mandato, Donald Trump; su exasesor Steve Bannon, el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, principal impulsor del Brexit, la salida de ese país de la Unión Europea, ocurrida el 31 de enero de 2020.
Agenda legislativa
También en la semana se avanzará en los lineamientos de nuevos DNU y proyectos de ley para ser enviados a partir del 1 de marzo al Congreso, cuando el Presidente inaugure ese día las sesiones ordinarias y dé un mensaje ante la Asamblea Legislativa.
Entre las próximas propuestas estaría la presentación de un DNU para efectivizar la eliminación de los fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones, que fue anunciado esta semana, con el objetivo de avanzar «contra todas las cajas de la política».
Además, el presidente del bloque de diputados de la Libertad Avanza, Oscar Zago, no descartó -en una entrevista con Télam– que el contenido de la frustrada Ley «Bases» se pueda dividir en varios capítulos para favorecer su aprobación.
La reglamentación de la desregulación de las obras sociales deja en evidencia que para la administración del presidente Javier Milei el tema tuvo estatus de prioridad. No sólo porque entró en el DNU 70/23 y no sufrió las dilaciones que hasta hoy ocurren alrededor de la Ley Ómnibus, sino también porque el ordenamiento y la transparencia de los aportes y contribuciones que hace el Estado al sector de la salud, representa atacar el concepto de las “cajas negras” que tanto obsesionan al Presidente.
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Ahora llegó el turno de la reglamentación, cuyo punto central es dar libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es el organismo del Estado que liderará este proceso de cambio que impactará en más de 14 millones de trabajadores que abarcan a los que están en relación de dependencia en el sector público y privado, los sindicalizados, los monotributistas, las empleadas domésticas y los más de 5 millones de personas que pertenecen al llamado sistema general.
Todos compartirán poder optar libremente entre una obra social o prepaga en la Argentina.Los beneficiarios ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la Obra Social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo
Infobae pudo saber de fuentes inobjetables que la desregulación de las obras sociales introducirá los siguientes cinco cambios sustanciales para el sector de la Salud:
•Los beneficiarios podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas.
•Los beneficiarios ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo.
•Los beneficiarios podrán elegir una obra social o prepaga -que se registre para tal fin- al comenzar un nuevo empleo, sin ningún tipo de intermediación.
•Los beneficiarios podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral.
•Las empresas de medicina prepaga se encuentran obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben (aproximadamente un 20%).La posibilidad para los trabajadores de elegir entre una obra social o una prepaga, elimina restricciones anteriores
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) además de motorizar los cambios es también la encargada de girar de manera directa los aportes y contribuciones a las obras sociales y prepagas .
Según pudo confirmar Infobae, la vocación de la cartera de Salud y del Gobierno no es desarmar aportes y contribuciones que hasta ahora ejecuta la SSS, sino optimizar la circulación del dinero entre las prepagas, obras sociales y beneficiarios del sistema de seguridad social; y que ese dinero llegue al sistema y no se estanque en prestadores que se han creado como entidades vacías, correas de distribución o sellos de goma que reciben aportes y contribuciones, y no prestan servicio alguno.
La SSS trabajó para llegar a la reglamentación de la desregulación de las obras sociales y prepagas sobre dos leyes rectoras -una vieja y una nueva- sobre la que se montan los cambios para el sector de la salud en la Argentina. El objetivo es darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas.
Así la SSS creó una nueva figura más abarcativa y real: las Entidades de Medicina Prepaga para sumarlas luego como integrantes de la Ley 23.660, permitiendo que el trabajador pueda elegir de forma directa una obra social o empresa de medicina prepaga.El sistema de salud en Argentina está desbordado. Ahora, se enfrenta a una serie de cambios con la nueva gestión del Gobierno (Imagen ilustrativa Infobae)
En referencia a las prestaciones de salud, las entidades formarán parte del Sistema Nacional del Seguro de Salud y destinarán sus recursos en forma prioritaria a estas prestaciones. Y establece como beneficiarios de las entidades a los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público, y a los jubilados y pensionados nacionales.
Cuando las entidades reciban aportes adicionales a los de la suma de la contribución y los aportes, deberán depositar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución.
La otra normativa sobre la que trabajó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para llegar a la reglementación de las obras sociales es la Ley N° 23.661 sobre el Sistema Nacional del Seguro de Salud, bajo la cual se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones, las empresas de medicina prepaga y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye, las que deberán adecuar sus prestaciones de salud a las normas que se dicten y se regirán por lo establecido en la presente ley, su reglamentación y la ley de obras sociales.
Nace el RENA
Los beneficiarios podrán elegir una Obra Social o Prepaga -que se registre para tal fin- al comenzar un nuevo empleo, sin ningún tipo de intermediación (Gettyimages)
Para garantizar la transparencia la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) llevará un Registro Nacional de agentes del Seguro –denominado RENA- en el que se inscribirán las entidades comprendidas en la Ley 23.660.
Las obras sociales que puedan entrar al registro RENA serán las que garanticen actualmente la prestación del Programa Médico Obligatorio (P.M.O).
En todos los casos, todos los integrantes del RENA deberán aportar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución.
Hasta ahora el eslabón más desregulado del sistema de salud eran los contratos entre las partes: prestadora de salud (prepagas) y las personas físicas. Eso permanecerá inalterable, y por eso tampoco el Gobierno quiere intervenir o regular los precios de las cuotas. Son aproximadamente más 2 millones de personas en este sistema.
Es importante comprender que las prepagas no tienen obligación de ser obras sociales; y las obras sociales tampoco de pasar a ser prepagas. Deben inscribirse en el RENA y garantizar el servicio establecido en el PMO.
Todas tienen que garantizar el PMO para además recibir aportes y contribuciones de parte de la SSS, que a su vez debe velar por la equidad de todas las partes.
Justamente el trabajo sobre la normativa -las dos leyes, la 26682 y la 23660- fue importante para establecer y categorizar a las entidades de salud; y a la vez, expresar los derechos y obligaciones antes de recibir las partidas del Estado.
Sobre el Marco regulatorio de la Medicina Prepaga (Ley N° 26.682), las modificaciones de esta ley son aplicables únicamente a los asociados voluntarios cuyo vínculo con el asegurador esté fuera del marco de la Ley de Obras Sociales.
Infobae pudo confirmar que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) no tendrá competencia para fijar valores de cuotas. En caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de una empresa de medicina prepaga, la autoridad de aplicación no transferirá la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores.
Tampoco se fijarán aranceles mínimosobligatorios a los prestadores públicos y privados. Y no se intervendrá en los modelos de contrato entre las empresas y los prestadores.
Nuevo tiempo para el sistema de salud en la Argentina
Dos procesos clave para la actual disrtorsión del sistema de salud y de las prestaciones quedarán sin efecto: el primer requerimiento impone la necesidad de combinar los beneficios de una obra social con los servicios de una prepaga para los trabajadores interesados en acceder a estos últimos. Por otro lado, el segundo requisito estipula que los trabajadores deben permanecer afiliados a la obra social correspondiente a su actividad laboral durante al menos un año antes de optar por una desregulación.
El cambio más evidente y al que apunta la cartera de salud y la SSS es redundar en un beneficio para los afiliados. La lógica, en principio, es que el dinero que hoy retienen las obras sociales sindicales que actúan de intermediarias pasaría a “pertenecer a los aportantes” en beneficio de la cuota que pagan.
Otros puntos del DNU 70 /23 vinculados a la salud
Será responsabilidad del farmacéutico reemplazar la medicación por opciones más económicas si el paciente lo solicita (Gettyimages)
Según lo había anticipadoInfobae, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el 22 de enero pasado en el Boletín Oficial la regulación de varios artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 relacionados con la prescripción y venta de medicamentos.
Esta acción también promueve la realización de estudios de bioequivalencia para evaluar la posible sustitución de medicamentos. Se indica que el objetivo principal de esta medida es asegurar la seguridad sanitaria en todo el país.
Fuentes del Ministerio de Salud habían adelantado a Infobae que el decreto reglamentario incluiría medidas adicionales y aclaratorias destinadas a facilitar la implementación efectiva del DNU.La medida aborda el uso de la prescripción electrónica de especialidades médicas por parte de profesionales de la salud
La medida aborda el uso de medicamentos genéricos, la prescripción electrónica de especialidades médicas por parte de profesionales de la salud, las normativas para la venta de medicamentos sin receta fuera de las farmacias, la dispensación de medicamentos en droguerías y la posibilidad de realizar estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, además de establecer excepciones basadas en evidencia científica o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El objetivo principal de este primer decreto reglamentario es proporcionar medidas complementarias y aclaratorias para mejorar la aplicación del DNU, garantizando así las condiciones de seguridad sanitaria.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, volverá a verse cara a cara con varios gobernadores tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso de la Nación, lo que derivó en un mayor recrudecimiento de la interna entre el Ejecutivo Nacional y los mandatarios provinciales, a través de fuertes definiciones públicas, en especial por parte del presidente, Javier Milei. El encuentro será en Salta y comenzó a tomar forma tras una invitación del gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, con la excusa de la conmemoración de los 211 años de la batalla de esa provincia.
Francos viajará solo, en avión de línea, el mismo martes, cuando se haga primero el acto por la mañana y luego la reunión, que será a “agenda abierta”, según detallaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada.
“No nos vamos a arrodillar ante nadie. Solo ante Dios y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores ni mentirosos”, dijo Sáenz, considerados por el Gobierno Nacional como uno de los integrantes del primer grupo, en las últimas horas en referencia al conflicto con Nación.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz
La lista final de asistentes aún no está completa, pero entre quienes se espera que asistan estará el peronista Raúl Jalil, de Catamarca, y Hugo Pasalaqua, de Misiones. Ninguno de los dos estuvo en la reunión del lunes 29 de enero en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuando el grupo más amplio de mandatarios provinciales se vio cara a cara por última vez con Francos, en la previa a una semana de máxima tensión por la discusión alrededor de la posible coparticipación del impuesto PAIS y pocos días antes de que el oficialismo retirara el proyecto que ya se estaba votando en el recinto.
Esa fue la antesala también de los mayores dardos del presidente Javier Milei a los mandatarios provinciales y sus representantes en el Parlamento, en la previa y el post de lo sucedido alrededor de la ley ómnibus. Precisamente pocos días después de lo sucedido en el recinto salió eyectada de su cargo la secretaria de Energía, y persona de las filas de Sáenz, Flavia Royón. “Si el Presidente entiende que Sáenz merece castigo y yo soy salteña, está bien”, dijo la exfuncionaria luego de que se comunicara su salida.
Cerca de Francos resaltan que la agenda del encuentro será “abierta” y aseguran que, pese a lo que sucedió en la escena pública, el diálogo entre el ministro y los mandatarios provinciales, “nunca se cortó”. Destacan en ese sentido que en estos últimos días se encontró con Leandro Zbdero de Chaco, que visitó la Casa Rosada para la conferencia conjunta con los también ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona y que también mantiene diálogo casi permanente con el chubutense, Ignacio “Nacho” Torres, por los feroces incendios en el Parque Nacional Los Alerces. Y que incluso para combatirlos le pidió brigadistas a Maximiliano Pullaro, el mandatario santafesino, uno de los más apuntados desde el Ejecutivo junto a Martín Llaryora de Córdoba. Santa Fe y Córdoba siempre fueron las más cuestionadas en el oficialismo por sus planteos en las negociaciones que precedieron a la votación.
En los últimos días también se sumó a la tensión existente entre el Gobierno nacional y los provinciales, la posible judicialización por parte de estos últimos ante los recortes en materia de subsidios al Transporte y Educación. Punto que en Casa Rosada relativizan por estas horas. “Nunca ninguno de estos temas se solucionó en la justicia”, aseguran en referencia a que la salida deberá ser política. Tras lo que complementan que “no afecta a la relación, son gestos políticos”.
El conflicto con los gobernadores lleva semanas y nada indica que en el corto plazo haya un alivio en la relación. Tampoco se baraja la posibilidad de un encuentro en la Casa Rosada, como si hubo en diciembre pasado, en la previa al envío al Congreso del megaDNU y luego la ley ómnibus, todo lo que puso en estado de alerta a los mandatarios provinciales, cuando aún no había concluido el año.
«Seis de cada 10 argentinos son pobres», admitió Milei en su cuenta de la red social X. pero se despegó de cualquier responsabilidad de su gestión en el agravamiento de esos índices en el mes enero, un período en el que, según el instituto de la UCA, la pobreza aumentó en más de un 10% respecto al último dato consolidado de fines de 2023, que llegaba de 44,7%.
El Observatorio de la UCA todavía no cuenta con el dato cerrado para el año pasado, pero proyecta que la pobreza habría alcanzado al último día del año un 49,5% para diciembre. Si ese punto se consolidara, serían entonces 8 puntos los que se sumaron al porcentaje de argentinos pobres en enero, cuando ya la devaluación y el ajuste dispuesto por Milei para conseguir el «déficit cero» había impactado de lleno. Además se espera en marzo que más aumentos en tarifas, educación y otros segmentos, al mismo tiempo que intentarán «sincerar» la economía provocarán otro obvio agravamiento en las condiciones de vida de millones de familias, cuyos ingresos no han acompañado ni de cerca el nivel inflacionario.
«La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país», sostuvo el mandatario en X al hacer referencia al demoledor informe social del Observatorio de la UCA
El estudio del organismo de la UCA también examinó los niveles de pobreza, que ya eran gravísimos en diciembre, para determinar también los efectos del impacto inflacionario pos-devaluación. Y en ese aspecto, la investigación señaló que el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó del 44,7% (medido en el tercer trimestre de 2023) al 49,5% en diciembre de 2023 y al 57,4% en enero de 2024. Se trata de las peores cifras de los últimos 20 años, que contrastan con la satisfacción que mostró el Gobierno con el «déficit cero» alcanzado luego de 12 años en los números fiscales de enero.
El mayor incremento de la pobreza, según la UCA, se experimentó en los hogares de clases trabajadoras o medias no beneficiarias de programas sociales.
Fotos: Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
En cuanto a las familias destinatarias de políticas sociales, se observó que su nivel de indigencia, en el tercer trimestre de 2023, se ubicaba en el 19,7%, en diciembre de 2023 creció al 28,8% y en enero de 2024 bajó unos punto, quedando en 23,8%, como consecuencia de las políticas compensatorias aplicadas.
«Los residentes en hogares beneficiarios de políticas sociales presentaron un nivel de pobreza del 76,5% en el tercer trimestre de 2023, un 81,9% en diciembre de 2023 y un 85,5% en enero de 2024», puntualizó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
«La devaluación de diciembre de 2023 incrementó marcadamente los precios generales y, por lo tanto, el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT)», detallaron los especialistas.
También remarcaron que el Gobierno incrementó los valores de las transferencias de las políticas sociales con el propósito de «paliar la situación socioeconómica». Sin embargo, una de las conclusiones centrales del estudio arrojó que «independientemente de estos esfuerzos del Estado y del incremento observado en las fuentes secundarias de las jubilaciones, pensiones y de los ingresos laborales, se incrementó en forma significativa el porcentaje de población en situación de indigencia y pobreza«.
En cuanto a la metodología de la investigación empleada para analizar estas variables de agravamiento de la situación social, se realizaron dos ejercicios de simulación en función de los ajustes aplicados a los micro datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) del tercer trimestre de 2023.
El primero de estos ejercicios recalcula el nivel de indigencia y pobreza en la situación de incremento de canastas y actualización de ingresos laborales y no laborales de diciembre de 2023. Por otro lado, el segundo reproduce la situación de costos de canastas y los ingresos laborales y no laborales de los hogares de enero de 2024.
«Las proyecciones de pobreza para diciembre 2023 y enero 2024 se realizaron mediante técnicas de nowcasting ajustando los ingresos del tercer trimestre 2023 en función de las variaciones reales en los salarios y las modificaciones en los programas de ingresos y transferencias monetarias», explicaron desde ODSA.
Asimismo, agregaron que «las canastas de consumo (CBA y CBT) se actualizaron en función de la variación de los valores correspondientes al incremento de las mismas según estimaciones del INDEC».
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El titular del PAMI, Esteban Leguizamo (derecha), junto al titular de la ONG de la tercera edad, Eugenio Semino
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El acto del que participará Milei:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/JSD34CBOLNAI3B4L2VIBIRZZCE.jpeg%20992w)
Francos con los gobernadores, durante las negociaciones por la Ley Ómnibus
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Fotografía de archivo del expresidente argentino Mauricio Macri. EFE/Giorgio Viera
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Los beneficiarios ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la Obra Social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HS4LYW4M35AP5EKFEOAEHYI764.jpg%20420w)
La posibilidad para los trabajadores de elegir entre una obra social o una prepaga, elimina restricciones anteriores:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/JQRCUC6AD5HOBGG7XPY2G3URGU.png%20420w)
El sistema de salud en Argentina está desbordado. Ahora, se enfrenta a una serie de cambios con la nueva gestión del Gobierno (Imagen ilustrativa Infobae):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/L5U2LK7OUJEC5KXUDYFF6KRNQI.jpg%20420w)
Los beneficiarios podrán elegir una Obra Social o Prepaga -que se registre para tal fin- al comenzar un nuevo empleo, sin ningún tipo de intermediación (Gettyimages):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DVNWS4K4LVBI5LOBNSREVPEHOU.jpg%20420w)
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La medida aborda el uso de la prescripción electrónica de especialidades médicas por parte de profesionales de la salud
