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El recorte de 13.500 millones de pesos de las transferencias de Chubut desató una rebelión inusitada pero previsible de los gobernadores, que expresaron de manera pública el hartazgo por los permanentes recortes que tienen de las transferencias que venían recibiendo de la Nación de manera constante durante los últimos gobiernos. El límite fue la poda de las partidas destinadas a subsidiar el transporte, pero de fondo hay una reacción a semanas de negociaciones frustradas y un consenso imposible. Y derivó en un choque previsible y frontal con el presidente Javier Milei.

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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, con su amenaza de cortar el gas y el petróleo que produce su provincia, puso en palabras un enojo larvado que se acrecentó por la embestida de Milei contra los mandatarios que votaron en contra de la Ley Ómnibus. El ultimátum ocurrió después de intentos de una vía de negociación para evitar un nuevo hachazo a las maltrechas cuentas públicas locales.PUBLICIDAD

“Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que es del PRO y tuvo desde el principio de la gestión una relación de cooperación con la Casa Rosada, que de hecho se plasmó en que sus diputados votaron a favor de la denominada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

La respuesta estuvo a tono de la dinámica que tuvo el conflicto. La dio el propio Milei: “Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, publicó la Oficina del Presidente.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.621.0_es.html#goog_11634263490 seconds of 59 secondsVolume 0% La advertencia de Nacho Torres frente al recorte de partidas del Gobierno

Los dichos de Torres, que rápidamente tuvieron el apoyo y la solidaridad de todo el arco de gobernadores del país, expusieron con toda la potencia un fastidio que se fue macerando a fuerza de desgaste, promesas incumplidas y reclamos desatendidos. A Chubut y a las demás provincias el gobierno de Javier Milei les viene recortando partidas discrecionales que, tanto en los gobiernos de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández formaban parte de una suerte de coparticipación blue. Es que eran transferencias que surgían de leyes específicas que se giraban de manera automática.Te puede interesar:Crece la incertidumbre por la reunión entre Macri y Milei: en el PRO creen que el Presidente busca marcar la agenda

En el gobierno nacional se aferran a esa formalidad para explicar que la coparticipación se sigue enviando, por lo tanto la ley no está siendo violado. Es una verdad a medias, porque tanto el fondo de incentivo docente como los subsidios al transporte público surgieron de leyes y decretos que todavía están vigentes y que la actual gestión no derogó.

“Estos tipos están locos. Venimos hace días tratando de hablar y no hay caso”, le dijo hoy a uno de los interlocutores que lo consultaron sobre el enorme voltaje político y las consecuencias que tuvieron sus palabras. Es que esa declaración recogió primero el apoyo de los seis gobernadores de la Patagonia, pero luego tuvo la adhesión de todos los mandatarios, más allá de banderías políticas y alineamientos partidarios.

Peronistas identificados con Cristina Kirchner como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Ricardo Quintela (La Rioja), pero también el cordobés Martín Llaryora, o el santiagueño Gerardo Zamora reaccionaron con dureza contra los recortes que de manera unilateral viene ejecutando por decisión de Milei el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Tienen superávit con la nuestra. Así es fácil que las cuentas te den bien”, transmitió uno los gobernadores en expresa rebeldía.

Pero la sorpresa la dio Juntos por el Cambio, una marca en desuso que solo tiene vigencia cuando se habla de lo único en lo que están unidos el PRO y el radicalismo, es decir en el ámbito de los gobernadores. En una declaración conjunta, que firmó hasta el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los otros ocho mandatarios, repitieron más o menos el mismo criterio que los más rabiosos ultracristinistas.La cumbre del CFI del ministro Francos con gobernadores y diputados que terminó en un fracaso

“Los gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses. El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, dijeron.Te puede interesar:La respuesta de Nacho Torres a Milei: “Que me manden a Gendarmería, que me metan preso”

¿Por qué es importante esto y que esté el jefe de gobierno porteño? Porque se da en momentos en que Mauricio Macri estaba hasta ahora en medio negociaciones para que el PRO y La Libertad Avanza confluyan en un espacio común, en principio parlamentario, pero con proyección de tener traducción el electoral.

Ante el levantamiento de los jefes provinciales, que no sólo conducen sus distritos, sino que son las terminales de la mayoría de los que se sientan en la Cámara de Diputados y el Senado, el gobierno nacional justificó la decisión de haber suprimido la partida de Chubut a una vieja deuda por un préstamo y ratificó una voluntad de diálogo que difícilmente tenga eco. El encargado de plantear esa idea fue el ministro Francos, que había empezado la semana acercándose a los gobernadores de Salta, Misiones, Tucumán, Jujuy y Catamarca. Como el mito de Sísifo o las Danaides, iba a repetir el círculo de diálogos que llevan a ninguna parte.

El ministro terminó la semana con la respuesta a “Nacho” Torres, que inició la rebelión de los gobernadores: “Cuando reflexione, verá que no lo puede hacer. Si lo hace, sería un delito (…) Creo que le salió eso en un discurso apasionado. Entiendo que pueda estar molesto”.

Fuente: Infobae.com

Organizaciones sociales y piqueteras anunciaron que este viernes realizarán una jornada nacional de protesta con «500 cortes en todo el país», para reclamarle al Gobierno nacional que reabra el flujo de alimentos para miles de comedores populares.

A través de una conferencia de prensa que brindaron en el Obelisco porteño, movimientos sociales ligados a la izquierda y afines al peronismo sellaron la unidad para impulsar juntos la movilización, en procura de visibilizar los recortes que están sufriendo 44.000 comedores comunitarios.

La de este viernes será la primera medida íquetera masiva desde la asunción del presidente Javier Milei en la que confluirán desde organizaciones sociales ligadas al PJ, como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC); y las que se identifican con la izquierda, como es el caso del Polo Obrero (PO).

Por su parte, durante la previa de la protesta, el dirigente del PO, Eduardo Belliboni, afirmó: «Más de 500 cortes reclamarán por la asistencia a los comedores populares. Desde que asumió el gobierno de Milei, 44.000 fueron vaciados». «Vamos a ir a reclamar a la oficina de Pettovello con una enorme delegación de compañeras que realizan la tarea de los merenderos y va a haber cortes en todo el conurbano», agregó  el dirigente social.

A su vez, en diálogo con Noticias Argentinas, el referente de las organizaciones sociales, expresó: «De una punta a la otra del movimiento piquetero y de desocupados de todas las organizaciones sociales nos unimos en una acción sin precedentes. Salimos a luchar para que le devuelvan la comida a los pibes de los comedores populares«.

La protesta contará con concentraciones en distintos puntos de acceso a la ciudad y en el interior del país, pero el epicentro será el edificio de Juncal y Carlos Pellegrini, lugar donde la ministra Sandra Pettovello tiene sus oficinas.

De la movilización participarán la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha. 

También formarán parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente Barrial CTA-T, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), entre otros.

El comunicado de las agrupaciones habla de una “masacre social” 

En tanto, mediante un comunicado, desde las agrupaciones denunciaron que no reciben «ni un kilo de alimentos» y que la falta de «diálogo» con el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello ha llevado al «desabastecimiento» de los comedores comunitarios. 

«Con un índice de pobreza de casi el 60%, una inflación del 20,6% en enero y una interanual del 254,2%, el gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas, la asistencia alimentaria», cuestionaron las organizaciones sociales.

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Por su parte, el Frente de Lucha Piquetero también publicó un comunicado, en el que  denunció que “el gobierno echa leña al fuego contra los barrios más empobrecidos y después de eliminar los alimentos para los comedores populares, ahora discute terminar con el enganche de los programas sociales a un salario mínimo de miseria, que no llega siquiera a los $200.000”. 

Asimismo reivindicaron “un plan de lucha unificado” junto a sectores como los ferroviarios, sanidad y los docentes. “El Frente de Lucha denunció que la política de Milei es una verdadera masacre social, donde a millones de familias de los barrios más empobrecidos del país les están sacando su único sustento cerrando los comedores de las organizaciones y liquidando el poder de compra de los programas sociales”, destacaron. 

Fuente: ¨Perfil.com

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que continuará con la política de ajuste tras el cierre del Inadi y anticipó que tiene balo la lupa a dos organismos mucho más grandes que la oficina contra la corrupción, aunque evitó precisar cuáles son porque se encuentran siendo investigados.

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“Tengo otros dos tremendos casos que están bajo auditoría y vamos a terminar en Tribunales, son dos súper Inadi”, planteó el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

A diferencia del Inadi, cuyo cierre fue decretado por ser considerada una usina de excesivo gasto público y escasa eficiencia en su tarea, estas dos nuevas oficinas que se encuentran siendo observadas por Cúneo Libarona podrían ser denunciadas por fraude patrimonial y desvío de dinero del estado, puntualizó.

El ministro explicó que no habrá ley para desmantelar el Inadi, sino que conformarán una planta nueva e idónea mucho más limitada que la actual que se establecerá en el Ministerio de Justicia y hará “mucho mejor” la tarea.Te puede interesar:Cómo funciona y cuál es el rol del INADI, el instituto contra la discriminación que Javier Milei ordenó cerrar

“El Inadi tiene 416 empleados, el número supera a todo el personal que tiene la Justicia de Instrucción de Capital para investigar a robos y homicidios. Tampoco cumple su función, que es atacar la discriminación. Entonces, la decisión es la adecuada: se cierra”, explicó Cúneo Libarona.

Y ahondó: “Sus tareas van a seguir pero mejor hechas, yo hice un protocolo de denuncias con plazos, conciliación, pedido de perdón y en el final del camino aparece la Justicia federal, porque esto es un delito, cosa que antes no pasaba”.Te puede interesar:El Gobierno reveló el estado del INADI: 7.000 expedientes atrasados y millones gastados en sueldos y alquileres

El organismo había sido creado en 1995 por el ex presidente Carlos Menem, tras la sanción de la Ley 24.515, y comenzó a funcionar dos años después, en 1997. En aquel entonces, el periodista y documentalista Víctor Ramos fue el encargado de dirigirlo.

En 2000 se ordenó por primera vez su intervención y se designó a cargo de la regularización del instituto a Eugenio Zaffaroni, años antes de tener un lugar en la Corte Suprema. Ya durante el kirchnerismo pasaron por su conducción María José Lubertino y el actor Claudio Morgado.

En 2011, Cristina Kirchner volvió a ordenar la intervención del INADI, estatus que se mantuvo hasta la actualidad. A partir ese momento, se sucedieron como interventores Pedro Mouratian, Javier Buján, Claudio Presman, Victoria Donda, Greta Marisa Pena y María de los Ángeles Quiroga, nombrada esta semana por Milei con el objetivo de cerrar la oficina.

Si bien no fue un tema central de su campaña electoral, Milei ya había anticipado su idea de cerrar el Inadi bastante tiempo atrás. De hecho, lo dijo durante una entrevista con el canal TN en octubre de 2022, cuando cuestionó el manual que el instituto publicó por esos días con recomendaciones para los periodistas que iban a cubrir el Mundial de Qatar 2022.

Luego del anuncio de Adorni de este jueves, el mandatario hizo referencia al anuncio del cierre del Inadi desde su cuenta de X. Uno de los mensajes que reposteó hacía referencia a la supuesta detección en el edificio donde funciona el instituto de una “cueva” para la compra y venta de dólares.

El legislador liberal Ramiro Marra denunció además que el organismo también se utilizó para perseguir a opositores. “En lo personal, me armaron una denuncia por decir en TV que los piqueteros eran delincuentes y deberían ir presos”, detalló.

Actualmente, el Inadi tiene 400 empleados y 43 delegaciones en toda la Argentina. Administra $1.150.770.524, según surge del Presupuesto 2023 (aún no se votó presupuesto para este año).

Fuente: Infobae.com

Transcurrían los primeros meses desde la llegada de Carlos Saúl Menem a la Casa Rosada en julio de 1989 y la hiperinflación no cedía. Sin embargo, el caudillo riojano sorprendería a todos con una de sus frases más recordadas: “Estamos mal, pero vamos bien”. Casi 35 años después, Javier Milei no se anima aún a repetir esas palabras, pero ellas forman parte del mensaje que, en los últimos días, se ha preocupado por transmitir su gobierno. Incluso su ministro de Economía, Luis Caputo, se arriesgó a afirmar que espera una inflación de un dígito mensual para antes de julio próximo.

Tras soportar uno de los momentos políticos más delicados de su corta gestión, a partir de la derrota parlamentaria que sufrió su proyecto de ley ómnibus, el gobierno nacional pudo comunicar dos buenas noticias. La primera fue que, en enero, el sector público nacional registró el primer superávit fiscal financiero en más de 11 años; la última vez que se alcanzó fue en agosto de 2012. La segunda novedad fue que, al cierre de ayer en los mercados, el riesgo país de la Argentina descendió hasta su valor más bajo desde abril de 2022 y se ubicó en 1710 puntos.

Podrá parecer poca cosa para quienes sufren los efectos de una inflación que, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), está dejando a casi seis de cada diez argentinos por debajo de la línea de pobreza, y de una fuerte recomposición tarifaria, junto a caída en el consumo en no pocos segmentos de la economía. También podría resultar poco significativo si se advierte que el país continúa estando entre los más riesgosos del mundo según el ranking de J. P. Morgan; sin embargo, no puede dejar de advertirse que antes de que Milei se consagrara presidente en las elecciones del 19 de noviembre, el riesgo argentino era de 2416 puntos -706 puntos por encima de hoy- y solo era superado en la región por Venezuela. Actualmente, además de Venezuela, también Bolivia se encuentra peor que la Argentina en ese ranking.

La estrategia comunicacional del Gobierno destaca el acortamiento de la brecha cambiaria entre las cotizaciones del dólar oficial y el blue tampoco como un dato positivo, al igual que la capacidad del Banco Central para acumular casi 8000 millones de dólares de reservas desde que Milei asumió la presidencia de la Nación. Como vocero de esa estrategia, Caputo no deja de subrayar los avances logrados en las conversaciones con el FMI, al tiempo que no se descarta la posibilidad de levantar antes de lo previsto el cepo cambiario, una medida que podría verse facilitada si el organismo financiero internacional contribuye con un desembolso de unos 10 mil millones de dólares que serviría para fortalecer las reservas del Banco Central.

Una pregunta que se hacen los operadores económicos y que también se preocupó por formular la número dos del FMI, Gita Gopinath, durante su reciente paso por Buenos Aires, es si el Gobierno podrá ampliar en el corto plazo su base de apoyo político para avanzar con reformas estructurales que se consideran indispensables para que la economía despegue; entre ellas las vinculadas con las políticas tributaria, laboral y previsional, además de las privatizaciones de empresas públicas. Tal inquietud fue planteada elípticamente por la funcionaria del Fondo Monetario cuando reconoció que “las medidas iniciales están empezando a dar frutos, aunque el camino por recorrer sigue siendo difícil” y enfatizó que “será necesaria una política monetaria y cambiaria coherente y bien comunicada para seguir reduciendo la inflación de forma duradera, reconstituir las reservas y reforzar la credibilidad”.

Otro interrogante es el grado de paciencia que exhibirá la sociedad argentina frente a las dificultades socioeconómicas presentes y la profundización de la caída del poder adquisitivo de vastos sectores de la población. La contundencia de la frase presidencial “no hay plata” puede haber ayudado al Gobierno a comprar algo de paciencia y comprensión, al menos entre el 56% de ciudadanos que votó a Milei en noviembre, aunque no haya tenido el mismo efecto en la mayoría de los gobernadores provinciales. Pero lo cierto es que el apoyo de la sociedad a la gestión gubernamental podría desplomarse poco a poco si no se advierte que, como prometió el líder de La Libertad Avanza durante la campaña electoral, el ajuste lo hará la casta política y no la gente.

De ahí que, junto con los anuncios sobre logros económicos a cargo de Caputo, el propio jefe del Estado se esté preocupando por dar otras señales que retomen aquella línea discursiva que le dio el triunfo en las urnas.

La eliminación de fondos fiduciarios carentes de transparencia, con nombres y apellidos de sus presuntos beneficiarios, como el de Juan Grabois; la anunciada disolución de organismos del Estado como el Inadi; el anticipo de un informe sobre el estado del Estado y cierta sobreactuación del propio Milei al calificar de “nido de ratas” al Congreso de la Nación, apuntan en el mismo sentido: persuadir a la opinión pública de que la guerra contra los privilegios de la llamada casta va en serio.

Los números de las cuentas fiscales correspondientes a los primeros dos meses de gestión de Milei lucen favorables. El superávit fiscal financiero fue alcanzado aun cuando se produjo una fuerte suba en la carga de intereses de la deuda pública.

Es destacable que, en enero de este año, los ingresos totales de la administración pública nacional crecieron un 257% en forma interanual, tres puntos más que la inflación del mismo período. Pero más llamativo es que los gastos totales registraron un alza nominal del 149%, lo cual representa 105 puntos menos que la inflación interanual.

Un desglose de semejante logro, realizado por el economista Agustín Monteverde, permite determinar que esa reducción de gasto público en términos reales -frente a una inflación del 254% interanual- fue posible porque las transferencias a las provincias colapsaron en términos reales al crecer en enero apenas un 17% nominal frente a igual mes del año anterior; las remuneraciones del personal estatal aumentaron en los últimos 12 meses un 158% (96 puntos menos que la inflación); el gasto en bienes y servicios consumidos por las operaciones del Estado subió un 133% (121 puntos menos que la inflación), en tanto que las prestaciones de la seguridad social crecieron un 125% (129 puntos menos que la inflación).

Uno de los desafíos del Gobierno será, a partir de ahora, demostrar que el equilibrio o superávit fiscal primario no es solo el resultado de la licuación de jubilaciones frente a la inflación, sino también el fruto de un combate contra el gasto público improductivo y la corrupción que anida en tantos ámbitos de la esfera estatal.

Fernando Laborda

Fuente: La Nación

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, arribó esta noche al país y antes del mediodía de este viernes se reunirá con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

La llegada del funcionario estadounidense se da en el marco de una gira relámpago que está realizando por América Latina. Antes de pisar suelo argentino había estado en Brasil.

Respecto de la reunión que tendrá con el mandatario nacional, la misma está pautada para las 11:00. Entre los asistentes a la misma se descuenta que estará la canciller Diana Mondino, además otros funcionarios.

Blinken, que viene de reunirse en Brasil con sus homólogos del G20 y con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumpla con esta llegada su primera visita a la Argentina.

«¡Bienvenido secretario Antony Blinken a la Argentina!», publicó la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina en su cuenta de Facebook, junto con varias imágenes en la que se lo ve al funcionario bajando del avión que lo trasladó desde Brasil.

Milei se reunirá con Blinken el viernes a la mañana y a la noche tiene previsto viajar a Washington, donde pactó un encuentro con el ex presidente estadounidense Donald Trump, opositor al gobierno de Joe Biden de cara a las elecciones de noviembre de este año.

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Los temas de Blinken en la Argentina

La Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires publicó en sus redes sociales, previo a la llegada de Blinken, cómo sería su agenda en la Argentina.

«En Buenos Aires, el secretario Blinken se reunirá con el presidente argentino Javier Milei para dialogar sobre asuntos bilaterales y globales, incluyendo el crecimiento económico sostenible, nuestro compromiso compartido con los derechos humanos y la gobernabilidad democrática, los minerales críticos, y la mejora del comercio y la inversión en beneficio de ambos países», mencionó en X.

Fuente: Perfil.com

El gobierno de Javier Milei decidió dar un mensaje contundente contra la corrupción y en los próximos días se presentará como querellante en causas emblemáticas como las que tienen como protagonista a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, pero también en las que esté imputado el ex presidente Mauricio Macri.Te puede interesar:Susana Giménez le ganó otra pelea judicial a la AFIP de la gestión de Alberto Fernández y Cristina KirchnerTe puede interesar:Una comitiva argentina cerró su participación en el GAFI y ahora el Gobierno se prepara para la visita en marzo

El Gobierno volverá a ser querellante a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

“Nos vamos a presentar en las causas grandes. La OA va a seleccionar a dos abogados penalistas buenos. Estamos haciendo un relevamiento de las causas en este momento, no podemos estar en todas”, dijo a Infobae una alta fuente del Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había planteado hasta ahora que la UIF y la OA se tenían que encargar de otras tareas, pero la decisión fue revisada dentro del gabinete. “No hay arreglo ni acuerdo (con el kirchnerismo)”, destacó esta mañana en una entrevista con radio Mitre.Te puede interesar:Mariano Cúneo Libarona tras el cierre del INADI: “Nos vamos a ocupar de la discriminación”

“Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Si los hay, máxima energía contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”, le dijo a este medio en una entrevista publicada en diciembre.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la OA se presentó como querellante en diversas causas de corrupción y de lavado. Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, y bajo la gestión de Félix Crous, el organismo se retiró de los expedientes penales. Eso incluyó las causas de corrupción de la gestión kirchnerista y las causas donde estaba procesada Cristina Kirchner.Te puede interesar:El ministro Cúneo Libarona anticipó que tiene a otros dos “súper Inadi” en la mira

“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, sostuvo Crous en 2020 mediante una resolución.

El entonces titular de la OA se apoyó en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menciona “indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.

La Unidad de Información Financiera (UIF) también tuvo un rol central en causas emblemáticas como la “ruta del dinero K”, donde pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez. Finalizado ese juicio oral, uno de los abogados del organismo decidió renunciar y el otro fue echado tras denunciar presiones del entonces director de Litigios Penales.

Lentamente, la UIF también se retiró de todas las causas durante el gobierno de Alberto Fernández.

Noticia en desarrollo

Fuente: Infobae.com

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) realiza un paro nacional en reclamo de un aumento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo generada por el incremento de la inflación, por lo cual sólo funcionan las guardias de los centros de salud.

 El sindicato, conducido por Héctor Daer, lanzó la medida de fuerza «frente a la intransigencia de las cámaras empresariales» en medio de la discusión paritaria.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=perfilcom&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1759990327119606198&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.perfil.com%2Fnoticias%2Factualidad%2Fparo-de-hospitales-solo-atiende-la-guardia-y-va-a-durar-24-horas.phtml&sessionId=746c6bdd9cce25a3690d0286d9b48737f614350a&siteScreenName=perfilcom&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px

  «Llevaremos adelante todas las acciones gremiales necesarias para la recomposición salarial de nuestros compañeros de Sanidad  #sinsalarionohaysalud», había subrayado el también cosecretario general de la CGT.

Héctor Daer también cree que el Gobierno «está creando todas la condiciones para un nuevo paro»

  El paro nacional de 24 horas incluye a todos los hospitales y centros de salud, tanto públicos como privados, así como también laboratorios, geriátricos y centros para personas con discapacidad.  De esta manera, el único servicio que permanece activo es el de guardias para urgencias médicas.
 

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«Todavía no hemos podido cerrar la actualización salarial de 2023 y los índices de inflación registrados en enero pulverizaron definitivamente el poder de compra de los salarios de toda la actividad», señaló FATSA en el comunicado que difundió para convocar a la protesta.

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Y agregó: «Reconocemos la crisis de financiamiento que atraviesa el sector, pero no estamos dispuestos a seguir tolerando que los empresarios se financien con los bajos salarios de los trabajadores«.

Fuente: Perfil.com

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, se reunirá esta tarde con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, y transmitirá el rechazo abierto y frontal de la central sindical contra el plan de ajuste que puso en marcha el gobierno de Javier Milei.

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Antes del encuentro, que está previsto a las 15, Gerardo Martínez explicó ante la directiva del Fondo Monetario van a exponer “la rareza de la situación, ya que este Gobierno no tiene un plan económico y no tiene un plan de estabilización. A nuestro criterio tiene un plan financiero, nada más un plan de ajuste fiscal, que lo mezcla con la necesidad de bajar la inflación”.

Gopinath recibirá al dirigente sindical después de entrevistarse con el presidente Milei en Casa Rosada, tras mantener contactos con los principales funcionarios del área económica de la administración. La economista de origen indio tenía previsto, también, mantener diálogos con dirigentes opositores. La intención de la funcionaria internacional es llevarse de Buenos Aires la información completa de la situación económica, social y política del país.

“Los trabajadores también queremos bajar la inflación, porque la inflación es el impuesto a la pobreza. Cuánta más inflación hay, más pobre va a haber y menos posibilidades de salida, de desarrollo productivo va a tener nuestro país. No apoyamos y no vamos a aceptar que este ajuste sea sobre los sectores más bajos, los sectores más necesitados y llevarnos a este proceso de ajuste a los chancletazos”, afirmó el dirigente.Te puede interesar:Gita Gopinath, la número dos del FMI, llega hoy al país para supervisar la marcha del plan Caputo

En declaraciones públicas, Martínez anticipó que insistirá ante Gopinath que la Argentina “necesita un acuerdo político a largo plazo, como lo hizo Irlanda, como lo hizo Portugal, y a partir de ahí, poniendo todo en línea, justamente, para afrontar por un lado los pagos de lo que debemos ante el Fondo, pero los pagos no se tienen que hacer con hambre, con despidos, sino que se tiene que hacer con desarrollo productivo”.El embajador Stanley, el enviado de Biden, Brian Nichols, y los sindicalistas Gerardo Martínez, Marta Pujadas y Jorge Sola

El representante ante la OIT por la Confederación General del Trabajo cuestionó al organismo por el préstamo que otorgó de más de 50 mil millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri, fruto de una negociación donde el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, tuvo una intervención decisiva.Te puede interesar:La número dos del FMI comenzó su misión en la Argentina y hoy se reunirá con el ministro Luis Caputo

Al respecto, Martínez recordó que en ese momento la CGT le transmitió a los directivos del Fondo la “preocupación de los trabajadores por el impacto de una deuda de tamaña magnitud” y que el organismo “extralimitó el nivel de crédito a Argentina, por encima de lo que la cláusula cinco de la Carta Orgánica del propio FMI establece como relación con el PBI. Eso fue una decisión política”.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT aclaró que “asumimos la responsabilidad histórica de pagar nuestra deuda. Eso no se discute. Lo que sí está en claro de que una cosa es hacer un esfuerzo mancomunado de todos los sectores para afrontar los pagos de lo que significa esta deuda y otra cosa es un ajuste salvaje, cosa que siempre rechazamos y repudiamos”.

“Siempre dentro de la región de América Latina, el Fondo Monetario justamente no tiene, digamos, una buena imagen. Cada vez que aparece el FMI, con sus posturas y sus políticas monetarias, afectan la realidad de los sectores más bajos, de los sectores que menos tienen, que más necesitan. Como se dio en el 2008 con la pandemia financiera, siempre se ven los más portentosos, los más ricos beneficiados por estas medidas”, dijo.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno denunció ante la Justicia a miles de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo porque viajaron fuera de Latinoamérica, en cruceros o aviones, y estuvieron más de un mes fuera del país. La presentación -a la que accedió LA NACION- la realizó el ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello ante el fiscal Eduardo Taiano, que viene reuniendo esta información desde la gestión de Alberto Fernández, en una causa que le delegó el juez federal Julián Ercolini.

En el expediente se presentó Leila Daniela Gianni, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, y adjuntó un informe producto de cruzar las bases de datos de Migraciones con la de beneficiarios del Potenciar Trabajo. El trabajo concluyó que entre marzo de 2020 -cuando se creó el programa- y diciembre de 2023 hubo 122.600 titulares activos que aparecieron en los registros migratorios.

Unos 85 titulares viajaron a destinos fuera de Latinoamérica, 2939 titulares viajaron en avión o crucero, 14.695 titulares viajaron por un período mayor a 30 días. Y 4782 beneficiarios registraron más de un criterio analizado. En total, son 22.501 los titulares activos del plan Potenciar Trabajo que aparecen en al menos alguno de los tres criterios analizados, se indicó en el documento que el gobierno presentó ante la Justicia.

En febrero de 2024, los montos del programa del Potenciar Trabajo -que paga el ANSES- se mantienen en 78.000 pesos por cada beneficiario. Es la misma suma que percibieron en diciembre de 2023 y enero de 2024. El fiscal federal Guillermo Marijuán comenzó el año pasado haciendo un entrecruzamiento de información de la base de beneficiarios del plan con la AFIP y radicó una denuncia que quedó en el juzgado de Julián Ercolini.

Ercolini delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien tomó también la denuncia realizada por el diputado Waldo Wolf, ahora ministro de Seguridad porteño. Las mayores sospechas son que gente que tiene empleo formal registrado, algunos prófugos de la Justicia o bien titulares de locales comerciales, así como arrendatarios, percibían el Potenciar Trabajo.

El fiscal Taiano solicitó a la AFIP un informe y al Banco Central pidió que notifique “cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero”. El 29 de diciembre pasado, Pettovello dio de baja 4.588 planes porque los beneficiarios eran empleados públicos en 14 provincias que fueron analizadas.

El programa dependía en el gobierno anterior de Emilio Pérsico y la ministra era la actual diputada Victoria Tolosa Paz. Ambos fueron cuestionados por Marijuan el año pasado por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas. Por ejemplo, se descubrió entonces que 160.000 personas viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.

Es incompatible con el plan “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado” o las personas que “realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

Hoy jueves 22 de febrero, el oficialismo encara una nueva cruzada política. Luego de la caída de la Ley Ómnibus, la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo tratará el ‘mega DNU’ de desregulación económica.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que deroga más de 300 leyes y plantea modificaciones para otras cientas, tiene 13 títulos, y actualmente está suspendido el capítulo laboral. 

La reunión para la conformación de la bicameral se llevará a cabo a partir de las 12 en el Salón de las Provincias del Senado, y se espera que cumplido ese trámite se inicie la discusión sobre la validez o no del mega decreto de necesidad y urgencia que está en vigencia desde el 28 de diciembre pasado. 

También se debatirá sobre si cumple con los requisitos de necesidad y urgencia y si no legisla sobre materias que la Constitución veda.

La comisión bicameral deberá abocarse, tras su constitución y la elección de autoridades, al estudio del DNU 70/23 presentado por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre y con vigencia desde el 29 de ese mes. Una vez constituida, la comisión tendrá diez días para dictaminar sobre la validez o invalidez del decreto.

Convocaron a la comisión bicameral para tratar el DNU de Javier Milei 

Sin embargo, como el plazo reglamentario para que se expida la comisión se encuentra vencido, el bloque de Unión por la Patria solicitó tres reuniones del plenario del Senado para abordar el tratamiento.

Cómo quedó conformada la Bicameral para tratar la validez del DNU

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, definió el pasado lunes los ocho integrantes de ese cuerpo que conformarán la comisión bicameral que analiza los DNU, asignándole tres espacios a Unión por la Patria, en lugar de los cuatro que solicitaba, y resolviendo así la cuestión que demoraba la conformación del cuerpo.

Con la designación formal de los ocho representantes por la Cámara baja, quedó finalmente conformada la comisión, ya que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, había hecho lo propio hace más de un mes.

De los 16 miembros totales, Unión por la Patria tendrá seis representantes, en tanto que tres serán de La Libertad Avanza, dos del PRO, dos de la UCR, uno de Hacemos Coalición Federal, uno de Cambio Federal y otro de Unidad Federal.

Por el Senado integrarán la bicameral Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (CF), Carlos “Camau” Espínola (UF), y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de UP.

Por Diputados, serán parte el jefe de bancada libertaria, Oscar Zago; y el correntino Lisandro Almirón, por el oficialismo; Hernán Lombardi, por el PRO; el catamarqueño Francisco Monti; por el radicalismo; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, por Unión por la Patria.

Las reacciones en la oposición contra Javier Milei, que llamó «nido de ratas» al Congreso 

El rol del presidente de la Bicameral y qué legisladores están en la mira por sus votos a favor o en contra

Voceros parlamentarios señalaron que la intención del oficialismo es elegir como presidente de la bicameral al senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, algo que desde la Unión Cívica Radical no ven con buenos ojos. 

Este rol es de suma importancia: quien conduce la bicameral tiene, en una situación de posible empate, voto doble para definir la votación. Ese no es un escenario improbable, ya que los primeros trascendidos hablan de una paridad entre quienes están a favor y en contra.  

Mientras tanto, desde Unión por la Patria apuntan a que se logre un dictamen de mayoria de rechazo; y la mirada está puesta en los posicionamientos que tendrán cuatro legisladores: el diputado Nicolás Massot del bloque que conduce Miguel Angel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, Carlos Espínola de Unidad Federal y por la UCR, Victor Zimmerman y Francisco Monti. 

El oficialismo intentará dilatar lo más posible ese escenario, ya que Unión por la Patria tiene 33 senadores y está a tan sólo cuatro votos de lograr la mayoría necesaria para rechazar el DNU. Alllí, las perspectivas son buenas para la fuerza opositora. 

De todos modos, para poder invalidar el decreto se requiere el rechazo de ambas cámaras (de lo contrario queda definitivamente avalado y vigente), por lo que si el Senado avanzara en esa dirección luego el oficialismo podría juntar una mayoría junto a los bloques de la oposición dialoguista para aprobarlo.

Con información de NA

Fuente: Perfil.com