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El Gobierno nacional tomó la decisión de eliminar el programa Potenciar Trabajo y anunció la creación de otros dos nuevos planes para continuar con la asistencia que brinda.

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Con estas nuevas propuestas, se busca quitar del proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios, que actualmente demandan una inversión de unos 34 millones de dólares al año, según información oficial.

De esta manera, a través del Decreto 198/2024, el Poder Ejecutivo determinó “sustituir el programa de inclusión laboral, creado mediante el artículo 1° del Decreto Nº 565/23, por el Programa Volver al Trabajo”, y anunció la creación del Programa de Acompañamiento Social. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello.

¿Qué es y cómo funcionará Volver al Trabajo?

De acuerdo con la medida, el nuevo programa tendrá como objetivo “desarrollar y consolidar un conjunto de competencias sociolaborales en sus beneficiarios para que puedan alcanzar un nivel inicial de empleabilidad real”, así como mejorar sus posibilidades de integración en el mercado laboral mediante su participación en actividades de formación profesional, pasantías en entornos laborales y apoyo para el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.Te puede interesar:Potenciar Trabajo: el Gobierno suspendió el pago a más de 22 mil beneficiarios por viajes al exterior

“Volver al Trabajo” está dirigido a la población de 18 a 49 años y apunta a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a sus adjudicatarios al mercado de trabajo formal. De acuerdo a información oficial, se estima que alrededor del 75% de los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo pasarán a formar parte de este nuevo programa.

Los beneficios de Volver al Trabajo

El programa “Volver al Trabajo” permitirá ser beneficiario y mantener un empleo registrado, con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Esto significa que si un usuario del programa obtiene un trabajo formal con un sueldo de hasta $540.000 podrá mantener por dos años la asistencia.

Esta asistencia estatal proporcionará a sus beneficiarios las siguientes herramientas:

• Capacitación laboral: formación profesional dirigida a mejorar las habilidades y competencias laborales.
• Orientación y Asistencia en la Búsqueda de Empleo: servicios para guiar a los beneficiarios en el proceso de búsqueda de trabajo.
• Intermediación laboral: conexión entre los participantes y posibles empleadores para facilitar el acceso a oportunidades laborales.
• Certificación de Competencias Laborales.
• Promoción de la Inserción Laboral.
• Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo: experiencia práctica en ambientes laborales reales para aplicar y perfeccionar habilidades profesionales.
• Fortalecimiento de Unidades Productivas: apoyo a iniciativas productivas individuales, asociativas o familiares para su desarrollo y sostenibilidad.
• Terminalidad Educativa: programas destinados a completar la educación formal y desarrollar competencias básicas esenciales para el mercado laboral.

¿Qué es y cómo funcionará Acompañamiento Social?

El programa “Acompañamiento Social” será una iniciativa de asistencia gestionada por la Secretaría de Niñez y Familia, a cargo de Pablo de la Torre. Tendrá el objetivo de “promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social, apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven”, explicaron desde Capital Humano.Te puede interesar:El Gobierno desactivó un negocio millonario con los seguros que contrataba ANSES e investigan irregularidades

La política está centrada en personas mayores de 50 años y en madres con cuatro o más hijos, dos grupos que, según el Gobierno, presentan “desafíos particulares en términos de inclusión” y que “requieren de un apoyo integral”.

“Esta iniciativa no solo proporcionará asistencia inmediata, sino que también buscará empoderar a estos individuos a través de un acompañamiento en la construcción de capacidades y el fortalecimiento familiar”, se indicó oficialmente.

A su vez, aunque los beneficiarios estén integrados en uno de los dos programas, aquellos que estén en el “Programa de Acompañamiento Social” y estén interesados en participar en “Volver al Trabajo” tienen la posibilidad de hacerlo.

Los beneficiarios actuales del programa Potenciar Trabajo serán automáticamente transferidos, sin necesidad de reinscripción, hacia los programas “Volver al Trabajo” o “Acompañamiento Social”, según corresponda, mediante el propio sistema de gestión.

Los beneficios de Acompañamiento Social

Inicialmente, el programa “Acompañamiento Social” se establecerá por un período de dos años, con la opción de extender su duración en función de su efectividad y los resultados alcanzados.

Entre sus beneficios se incluyen:

Fortalecimiento Familiar:

• Organización de talleres y diálogos sobre educación, salud, nutrición, y derechos humanos que fortalezcan el tejido social y comunitario.
• Identificación y aprovechamiento de oportunidades económicas para incrementar los ingresos del hogar.
• Facilitación de acceso a recursos disponibles a nivel local y nacional.

Mejora de la Unidad Productiva Familiar:

• Asistencia técnica y capacitaciones para impulsar emprendimientos socio-productivos.
• Apoyo financiero y técnico para proyectos que fomenten la economía solidaria.

Preparación para el retiro:

• Asesoramiento para el proceso jubilatorio.
• Ofrecimiento de herramientas e información para facilitar la transición al retiro.

Seguridad alimentaria:

• Implementación de prestaciones económicas o materiales para asegurar una nutrición adecuada.
• Establecimiento de sistemas de transferencia de recursos transparentes y objetivos para mejorar la alimentación.

¿Qué pasó con el Potenciar Trabajo?

Según pudo saber Infobae, las autoridades nacionales resolvieron terminar con el Potenciar Trabajo, al considerar que el mismo está “mal diseñado” y que durante el tiempo en el que estuvo vigente no cumplió con los objetivos para los que fue creado.

De acuerdo a un relevamiento hecho por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Petovello, de las aproximadamente 1,4 millones de personas que se encuentran registradas en el programa, tan solo el 1,3% termina consiguiendo empleo, por lo que la mayoría de las salidas de beneficiarios se deben a incompatibilidades de ellos con la asistencia (viajes al exterior o un salario registrado, por ejemplo), o jubilación o fallecimiento.

En este sentido, los nuevos funcionarios consideraron que ya existen otras iniciativas en el Estado que son más eficaces, por lo que, tras unos meses de análisis, decidieron eliminar el Potenciar Trabajo y reemplazarlo por dos nuevos planes.

“La estabilidad en el número de beneficiarios a los largo del desarrollo de Potenciar Trabajo, lejos de reflejar una gestión exitosa, demuestra la incapacidad para generar verdaderas oportunidades de desarrollo. Las causas de baja más significativas no se deben a una exitosa inserción laboral sino a procesos de fiscalización y control, que resultaron en la identificación de cerca de 50.000 casos de incompatibilidad, gracias a las denuncias de la justicia y al cruce de datos entre las bases del Potenciar, Synthesis y ANSES. A su vez, un número equivalente de bajas se atribuye a circunstancias inevitables como el fallecimiento o el alcance de la edad máxima permitida para participar en el plan”, indica un comunicado de la cartera de Capital Humano.

Fuente: Infobae.com

La inflación esperada por los argentinos cayó exponencialmente en febrero y llegó al 170,8% promedio de cara a los próximos doce meses, lo que simboliza una disminución de 59,2% en comparación al 230% registrado durante el mes de enero. 

Así lo difundió este martes el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Por su parte, la suba de precios esperada para febrero, y que difundirá el INDEC con su IPC en mediados de marzo, también contó con el efecto de la tendencia bajista, aunque se mantiene elevada. Pasó de 26,03% en enero a 19,08% en el mes próximo a finalizar.

Este relevamiento, que la entidad realiza desde el año 2006, tiene como objetivo recabar la opinión del público respecto de la trayectoria del nivel general de precios durante los próximos doce meses.

De esta forma, se provee una estimación de la “inflación percibida” esperada que incide, entre otras cosas, sobre negociaciones salariales, decisiones de consumo de los agentes, su apreciación del desempeño de la economía y su confianza en el gobierno, en este caso de La Libertad Avanza.

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La inflación esperada disminuyó en todas las regiones del país

Según informó el CIF de la Di Tella, la caída de la expectativa de inflación fue «generalizada, por regiones y por niveles de ingreso». Cabe remarcar que el muestreo es, según detalló, representativo para tres regiones: la Ciudad de Buenos Aires (Capital Federal), el Conurbano Bonaerense (Gran Buenos Aires), y del resto del país (Interior).

La inflación esperada para los próximos 12 meses en GBA es de 201,8%, menor a la medición de enero, 214,2%. En CABA es 214,5%, 32,2 puntos porcentuales menor a la reportada en enero 246,7%. Mientras que, en el interior del país, se observa una importante disminución respecto de las mediciones de enero y una gran diferencia comparando con las mediciones de febrero de CABA y GBA, reportando expectativas de 147,1%. En enero, el valor registrado en este sector fue 236,1%.

«Al igual que el pasado mes, en febrero observamos desvíos estándar altos para las tres regiones lo que indica una gran dispersión en las respuestas de los encuestados«, concluyó el texto.

Fuente: Perfil.com

El enfrentamiento por el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía llegó a los “rounds de campeonato” y la titular del Senado, Victoria Villarruel, agotó todas las instancias de diálogo posible para evitar una derrota en el recinto. Tras no convalidar los pedidos de sesión reclamados por el cristinismo, la Vicepresidenta recibió este lunes y sin sorpresa la nota para ir al recinto de nueve legisladores de la oposición anti kirchnerista, lo que deja a la norma al borde de ser debatida y rechazada.

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La cronología de la situación actual comenzó semanas atrás, cuando un grupo de legisladores no kirchneristas le transmitieron a Villarruel el enojo por el mega DNU y las intenciones de rechazarlo en el recinto. Para esa época apareció el primer pedido cristinista para sesionar, que no fue validado. La titular de la Cámara alta primero estuvo unos días al frente del Ejecutivo y después logró demorar una definición sobre una fecha, ya que tiene la potestad para fijar día y horario de un potencial encuentro del pleno del Senado.

Para inicios del mes en curso Villarruel ya sabía que el mega DNU tenía, como mínimo, 40 votos de 72 en contra. Ahora, podrían ser más. Con el correr de las semanas, dicho grupo insistió con la conformación de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que analiza las normas como la emitida por el Ejecutivo para desregular la economía, hoy en vigencia pero con capítulos objetados en la justicia.

Ante la demora de la bicameral y las dudas que genera el accionar de los senadores de La Libertad Avanza, los peronistas disidentes Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba), de Unidad Federal; y los silvestres provinciales de Innovación Federal Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut le hicieron saber a Villarruel que una solicitud para sesionar y debatir el DNU estaba al caer.Te puede interesar:A pesar del receso, el Congreso tendrá 48 horas de tensión por el mega DNU que desregula la economía

Quienes se sumaron a estos seis legisladores fueron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano -responden al gobernador Claudio Vidal, aunque el primero genera desconfianza por el juego propio en su provincia y en la Cámara alta- y la sorpresa del pedido a Villarruel, el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego).El asesor presidencial, Santiago Caputo, junto a Javier Milei (EFE/EPA)

En realidad, el senador del centenario partido ya había deslizado a sus compañeros de bancada desde hace largas semanas que quería rechazar cuanto antes el mega DNU. Eso motivó alguna crítica en un bloque que hace malabares entre la necesidad de unirse como fuerza política y las declaraciones de referentes que intentan acaparar toda la atención de la campaña política y mediática.Te puede interesar:El Congreso comienza a analizar hoy la validez del mega DNU y nuevamente los bloques dialoguistas tendrán un rol clave

Un tema importante del grupo en cuestión -masa crítica de nueve votos, lo que inclina la balanza del quórum y del guiño a cualquier iniciativa, salvo una que precise dos tercios- es que se diferenció del cristinismo al no demandar un día específico de sesión. Por su parte, el Frente de Todos -tiene 33 integrantes, a cuatro del quórum- ya se prepara para argumentar que la idea original de rechazar el mega DNU nació de ellos.

Con la decisión tomada el jueves pasado, previo a la sesión preparatoria del viernes -donde oficialismo y oposición votaron juntos y ratificaron autoridades-, los nueve senadores estamparon las firmas de la solicitud hacia Villarruel. Si bien la presentaron horas atrás, la definición fue previa a la guerra entre Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por fondos de la coparticipación y eventual freno al envío de petróleo desde el distrito patagónico.

“Ya no quedaba más margen. Tampoco se podía demorar más lo de la comisión. Villarruel tuvo las mejores intenciones y dialogó en todo momento con nosotros. Tiene predisposición, escucha y responde racionalmente, pero el DNU no es de ella, sino de Milei. Y tampoco hay solvencia en el bloque oficialista para manejar esto. Hay que terminar con este tema de una buena vez y que se encargue Diputados”, reconoció a Infobae uno de los involucrados. Para quedar desactivado, este tipo de normas precisa el rechazo de ambas Cámaras del Congreso, algo que nunca ocurrió desde su reglamentación por ley.

La única ventana de salida quizás se haya abierto horas atrás, cuando se lo vio al asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, ingresar a la Cámara alta para reunirse con Villarruel. Desde el despacho de la vicepresidenta no emitieron sonido en relación con esta cuestión. No obstante, y según pudo averiguar anoche este medio, durante el cónclave se habría trazado un panorama actual del Congreso y opciones de cara a un futuro más cercano y sombrío sobre el mega DNU.

Fuente: Infobae.com

Los estrados de la Corte Suprema de Justicia son el lugar donde aterrizarán en última instancia los reclamos de los gobernadores contra el gobierno de Javier Milei por la quita de fondos. Por eso, los jueces siguen con prudencia el escenario político, aunque prescindentes, ya que ninguno de estos asuntos llegó aún a sus despachos.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que recurrirá a la Corte luego de que le recortaron el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal, que suma unos 30.000 millones de pesos. Hizo lo propio el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que planteó una medida cautelar por la falta de pago de 13.500 millones de pesos de la coparticipación federal.¿QUIÉN TIENE MÁS VOTOS? EL ARMA DE DOBLE FILO DE MILEI EN LA GUERRA CON LOS GOBERNADORES

Lo que si llamó la atención en los tribunales es que Kicillof, uno de los dirigentes del kirchnerismo que impulsó el juicio político a los jueces de la Corte, ahora haya decidido acudir a ellos para conseguir que le reintegren los fondos. “Es un saludable reconocimiento de cómo funciona el sistema republicano”, dijo sin ánimo de chicanear una fuente del mundo judicial atenta a los vaivenes de la política.

Los conflictos entre las provincias y la Casa Rosada se dirimen directamente ante los estrados de la Corte dado que son de su “competencia originaria”. Esto significa que no se plantean ante un juez de primera instancia para que luego se pronuncie una cámara y luego la Corte. Se plantean directamente ante el máximo tribunal y los jueces los resuelven después de escuchar los argumentos de las partes.

El otro reclamo por los fondos recortados por la Nación es del gobernador de Chubut. Torres, mandatario de Pro, recurrió a un atajo jurídico y obtuvo mediante “una medida autosatisfactiva”, que planteó ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre. Los gobernadores están más cerca de los jueces federales que de los jueces de la Corte. Y a Torres le fue bien con esta estrategia: ya obtuvo la semana pasada un fallo del juez Sastre que le ordenó al Gobierno nacional que no le quite los fondos del subsidio al transporte.

En una sentencia plagada de consideraciones políticas, el juez dijo que la decisión de quitarle los fondos era “inoportuna”, “arbitraria”, “intempestiva”, “espasmódica” y que desequilibra las cuentes provinciales. La administración de Javier Milei había anunciado la eliminación del Fondo Compensador del Interior en el marco de su plan de ajuste fiscal destinado a equilibrar las cuentas públicas.

El fallo del juez federal de Rawson solo afecta a los subsidios que recibe Chubut. No tiene alcance nacional. El Gobierno nacional apelará la medida, según dijeron a LA NACION fuentes oficiales. La sola concesión de la apelación por parte del juez para que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revise esa decisión implicaría la suspensión del fallo.

Ahora el gobernador recurrió al mismo remedio. Acudió con un planteo similar ante el mismo juzgado de Rawson. Planteó una medida autosatisfactiva y, en paralelo, presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia.

Antecedentes

Ninguno de estos asuntos llegó a la Corte aún, que como último antecedente de conflictos económicos ente el Estado Nacional y las provincias, le tocó fallar en el caso de la quita de fondos coparticipables que había realizado el gobierno de Alberto Fernández a la Ciudad de Buenos Aires cuando Horacio Rodríguez Larreta estaba al frente.

La Corte falló a favor de la Ciudad y ordenó la restitución de parte de esos fondos. Pero essa sentencia no se ejecutó, ni antes con el gobierno de Alberto Fernández ni ahora con el de Javier Milei. Lo que hizo el Gobierno nacional es mediante un DNU ahora retrotraer en parte la situación a lo que ocurrió antes de que Alberto Fernández le quitara los fondos a la Ciudad para dárselos a la provincia de Buenos Aires. Dispuso sacarle esos fondos a Kicillof, pero se los quedó, y no se los devolvió a Jorge Macri, como pretende ahora la ciudad.

La Corte tiene en sus estrados otra causa sensible para el Gobierno. Dos planteos para anular por inconstitucional el DNU 70/2023 de MIlei. La Corte tiene una jurisprudencia restrictiva en cuanto a validar los DNU, porque la Constitución le veda al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, excepto en situaciones excepcionales.

Aún no hay una definición en la Corte sobre este caso, donde no hay posturas de los jueces al respecto, a pesar de las operaciones político judiciales que circularon la semana pasada en sentido contrario.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

El presidente Javier Milei dejará inaugurado el 142º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el próximo viernes 1 de marzo a las 21 horas, y no al mediodía, como es tradicional.

La decisión fue publicada en un decreto que se dio a conocer este lunes por la noche y que fue confirmado por el vocero presidencial Manuel Adorni en TN.

En su artículo 1, el decreto 2024-197 señala a «las 21:00 horas del día 1º de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias del H. Congreso de la Nación, correspondientes al año en curso».

La norma lleva las firmas del presidente Milei, y su jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La misma se apoya en «las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional».
 

Adorni explicó en declaraciones televisivas que el horario establecido «nos parecía razonable ya que un habrá un mayor encendido».

Por otro lado, remarcó que el Presidente no tiene «una línea» escrita todavía del discurso, aunque destacó que estará basado en «lo que encontramos» y «plagado de datos de lo que viene en la Argentina».

El discurso de Milei será el primero ante los legisladores en el que delineará los objetivos de su Gobierno desde su asunción el pasado 10 de diciembre.

El discurso no estará exento el rol del Poder Legislativo en relación al fallido tratamiento de la ‘Ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos’.

Fuente: Perfil.com

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aseguró que paralizará la producción de petróleo por un día en solidaridad con Chubut

La escalada entre la Nación y las provincias patagónicas tendrá este martes un nuevo capítulo. Los mandatarios de “las provincias unidas del sur” se reunirán hoy en el Senado, para ratificar su reclamo de una mesa de diálogo al presidente Javier Milei y tratar los recortes de fondos y subsidios. Mientras tanto, Gustavo Melella (Tierra del Fuego) anticipó que interrumpirá “por un día” la producción de petróleo.

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La medida que anunció el mandatario provincial va en sintonía con la advertencia de su par de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, que a fines de la semana pasada aseguró que si no recibe los fondos coparticipables paralizará el envío de petróleo y gas de su provincia.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia Télam.

De concretarse el cese de la explotación hidrocarburífera, la rebelión patagónica escalará un peldaño desde que estalló el conflicto, luego de que el Gobierno decidió retener $13.500 millones de sus fondos coparticipables. Antes ya se habían producido otras medidas que dañaron al erario público de las provincias, entre ellas, la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo Compensador al Transporte Público.Te puede interesar:Rebelión de gobernadores: Milei redobló las críticas contra Nacho Torres y en el PRO buscan bajar la tensión

En medio de esta pulseada, los gobernadores del sur darán una muestra de unidad en el Congreso esta tarde y asistirán al Senado en busca de apoyo de los bloques opositores. Luego, encabezados por Torres, Rolando Figueroa (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro) darán una prensa conjunta. Será a las 17.

Este cónclave se produce en la previa de que un grupo de senadores le pidieron a la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tratar en el recinto el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que dictó el Presidente en diciembre pasado y que desregula la economía. Se trata de una clara señal que, en caso de contar los votos necesarios, para revocar la medida presidencial en un contexto de ausencia de acuerdos entre el oficialismo y la oposición.La quita de los fondos coparticipables a Chubut tensionó la relación entre el gobernador de Chubut, Nacho Torres, y el presidente Javier Milei

El viernes pasado, tras casi dos meses de la vigencia del DNU en algunos puntos, se conformó la Bicameral de Trámite Legislativo para tratar ese asunto. Villarruel ignoró dos veces un mismo pedido motorizado por el bloque de Unión por la Patria, que lidera el formoseño José Mayans, pero la rebelión patagónica favorece a la conformación de una mayoría en la Cámara alta para inhabilitar el decreto.

En este contexto, Carlos Espínola (Corrientes), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Arce (Misiones) , Sonia Rojas Decut (Misiones), Mónica Silva ( Río Negro), José María Carambia (Santa Cruz) , Natalia Gadano (Santa Cruz) , Daniel Blanco (Tierra del Fuego ) y Alejandra Vigo (Córdoba) formalizaron un nuevo pedido para que Villarruel abre el debate.

Camino a la Corte

Mientras tanto, el Gobierno confía en dirimir en la justicia la contienda abierta con el chubutense Ignacio Torres debido a que consideran que al no pagar parte del paquete de deuda provincial contraída por Mariano Arcioni que escala a $119 mil millones, optaron por ejecutar la garantía vía el recorte de los fondos coparticipables.Te puede interesar:Bullrich se metió en el cruce de Milei con Torres: “Un miembro del PRO no puede causar una rebelión con el petróleo”

Con un objetivo opuesto al del presidente Milei, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también resolvió recurrir a la vía del reclamo judicial por la quita de recursos federales. “Agotamos instancias administrativas e instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron”, dijo Kicillof en conferencia de prensa sobre la reciente eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para Buenos Aires.

El mandatario de Unión por la Patria (UxP) sostuvo que “estamos ante un Presidente que ha decidido reconfigurar un Estado, que se roba los recursos de las provincias”. “Para ser claros con esto, no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno: son del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, apuntó Kicillof.Los gobernadores de la rebelión patagónica: Alberto Weretilnek (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Nacho Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego)

Alineado con “Nacho” Torres, aunque con una postura más moderada, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pidió a Milei que “convoque al diálogo” a los mandatarios provinciales para resolver el conflicto por los fondos coparticipables de Chubut.

“Costó muchísimo recuperar y sostener la democracia. La sociedad se expresó democráticamente. Votó un presidente y ese presidente debe terminar su mandato. En las provincias, votó gobernadores y esos gobernadores deben terminar el mandato. Señor presidente: escuche a los gobernadores. Convoque a una mesa de diálogo”, pidió el mandatario.

En esa línea también se ubicó el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, quien apoyó el reclamo de su par de Chubut, pero ante la advertencia de cortar la provisión de petróleo y gas contrapuso que “el camino es el diálogo y las instancias constitucionales que da la democracia”.

“Producir nos genera valor agregado a las distintas provincias, genera trabajo y, fundamentalmente, en esta ventana de tiempo que nosotros tenemos de poder extraer el gas y el petróleo que es de solo 25 años, tenemos que ser muy coherentes a la hora de poder mostrarnos hacia el mundo para seguir atrayendo inversiones y seguir otorgando seguridad jurídica”, advirtió Figueroa en rueda de prensa.

En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck aseguró que “no hay que esperar nada de la Nación” y que la relación entre las provincias y el Ejecutivo “no va a cambiar”. “Vamos a vivir así cuatro años. No hay que esperar nada de la Nación y habrá que sobrellevar estos cuatro años, con la defensa de nuestros intereses y encontrar respuestas a los problemas”, apuntó en un reportaje al diario Río Negro, en el que calificó a la gestión de Milei como “totalmente inaudita” por la “imposibilidad de dialogar y establecer vínculos, más allá de la defensa de los distintos intereses”.

Lo cierto es que desde Chubut le bajaron el tono a la amenaza de paralizar la producción petrolera. El vicegobernador Gustavo Menna volvió a defender la postura de la provincia en Radio 10 al afirmar que no está “reclamando ninguna dádiva ni aporte del Tesoro”, sino que se trata de “coparticipación que le corresponde por derecho propio”. Sin embargo, aclaró que la advertencia de Torres de “no entregar” petróleo y gas se trata de “una frase impactante que nos permite hablar de este tema”.

Fuente: Infobae.com

Los docentes nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizarán este lunes un paro nacional, en el comienzo de clases en varias provincias y en el día previo a la convocatoria del Gobierno central para «acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente» junto a los ministros de Educación de todos los distritos y los gremios del sector.

La medida de fuerza impulsada por CTERA, uno de los cinco gremios docentes a nivel nacional, durará 24 horas, según estableció la confederación gremial en el congreso extraordinario celebrado este jueves.

De acuerdo al calendario escolar oficial, las jurisdicciones que darán el puntapié inicial del ciclo lectivo este lunes son Ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

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De tal manera, las clases en esas jurisdicciones se verán afectadas por la huelga nacional y la movilización de los maestros de la Confederación de Trabajadores de la Educación en rechazo de la suspensión de las paritarias nacionales y el no envío de las partidas de Nación para el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo de Compensación Salarial. También por los recortes en los fondos nacionales para programas educativos.

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La medida de fuerza fue votada el pasado jueves en un congreso extraordinario con representantes de todo el país, donde se advirtió sobre «la grave situación que atraviesa la educación pública en sus provincias».

Los gremios venían insistiendo en la necesidad de llevar adelante una instancia paritaria a nivel nacional con el Gobierno, pero desde el Gobierno Libertario rechazaron que pudiera llevarse a cabo al delegar la responsabilidad en las provincias.

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Sin embargo, finalmente el Gobierno nacional convocó para el próximo martes 27 a las 18 a los ministros de Educación de todas las provincias y a los gremios docentes con representación nacional a la sede de la cartera de Trabajo para acordar nuevos salarios.

La Ctera anticipó que van a estar presentes en la reunión a pesar de que carece de la formalidad de una paritaria y que la propuesta allí realizada será analizada por los representantes gremiales al día siguiente.

«Vamos a ir igual porque nos interesa discutir y es lo que venimos exigiendo. Luego, el miércoles vamos a evaluar lo que suceda en la reunión en plenarios con secretarios generales de todo el país», informó la secretaria gremial, Sonia Alesso.

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Luego de conocerse la convocatoria por parte del Ejecutivo, cuatro gremios docentes nacionales adheridos a la CGT dejaron en suspenso el paro nacional que iba a llevarse adelante este lunes.

La decisión fue adoptada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), ya que esperan que el encuentro se enmarque en la ley de paritaria nacional y que el gobierno escuche los reclamos del sector.

Esos sindicatos docentes ratificaron este domingo, en un comunicado, la decisión de abrir el compás de espera, pero expresaron: «Apoyamos de manera irrestricta las medidas de fuerza por conflictos y reclamos provinciales«.

La nota fue firmada por Sara García (AMET), Fabián Felman (CEA), Marina Jaureguiberry (Sadop) y Sergio Romero (UDA).

Los gremios habían anticipado además que «hasta entonces, nos mantenemos en estado de alerta y movilización», ante la posibilidad de que la convocatoria sea una maniobra dilatoria. De hecho, el encuentro se concretará un día después de la fecha del inicio del ciclo lectivo, previsto en más de un tercio del país para el lunes próximo.

Cómo fue la convocatoria del gobierno

Dos semanas antes de la fecha prevista para el ciclo lectivo, el gobierno de Javier Milei había dicho que no había ninguna definición respecto a la convocatoria a una paritaria nacional docente. A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, el presidente «recordó» que los salarios de los docentes dependen de las jurisdicciones, en medio de la pelea con los gobernadores tras el rechazo a la ley ómnibus.

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«La paritaria docente nacional no es tal, no existe. Los trabajadores docentes de la Argentina dependen de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y están en libertad de pactar con ellos el salario que pretenden o consideran justo para poder iniciar las clases», había afirmado Adorni.

Ante el peligro del inicio de clases, finalmente la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Omar Yasín, convocó a los gremios para discutir la paritaria. Algo que hizo después de que los gremios docentes convocaran un paro general. 

«Lo que no hicieron en 4 años lo quieren hacer en 2 meses», afirmó este jueves Yasín, en diálogo con Radio Rivadavia. Sin embargo, después se dio a conocer la noticia de que hubo acuerdo con los gremios nucleados bajo la CGT, que terminaron levantando la medida de fuerza ante la convocatoria a una reunión para discutir el salario mínimo docente, enmarcada en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).

Cuándo empiezan las clases en cada provincia 

Las clases empezarán este lunes en CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Las escuelas de La Rioja, en tanto, comenzarán las clases el martes; en Santa Cruz iniciarán el jueves y el viernes 1 lo harán las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.

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El calendario se completará con el inicio de clases el lunes 4 de marzo en Chaco, Chubut, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y Neuquén, a las que se suman Jujuy y Salta, que iban a empezar este lunes pero aplazaron la fecha.

Por su parte, Río Negro comenzará su ciclo lectivo el 11 de marzo, tras un periodo de intensificación desarrollado del 14 al 26 de febrero, se informó oficialmente.

A pesar de las amenazas, los docentes confirmaron su adhesión al paro

En la Ciudad de Buenos Aires, los docentes nucleados en Ctera y el gremio porteño Ademys ya confirmaron su adhesión al paro, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad anunció que se descontará el día.

Macri afirmó que «como el paro está fuera de lo legal, porque ya hay un acuerdo docente, a quienes adhieran al paro le vamos a descontar la jornada y con eso construimos un fondo que después se reparte a los docentes que no adhieren a los paros». Y consideró que será una “buena manera de incentivar a aquellos a quienes tienen la voluntad de estar en clase”. La decisión fue apoyada, también, por la vicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, a pesar de la confirmación de la medida de fuerza por parte de Ctera y Ademys.

En tanto, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), que agrupa a los docentes estatales de ese Estado, decidió «ir al paro nacional y movilización el lunes», mientras que los sindicatos de docentes privados desarrollarán actividad normal.

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En Santa Fe, los sindicatos de docentes estatales (Amsafe) y privados (Sadop) anunciaron que no comenzarán las clases este lunes -como estaba previsto-, al rechazar el incremento salarial propuesto por el gobierno de Maximiliano Pullaro del 7% a partir de marzo. Similar postura de rechazo a la oferta salarial con paro y movilización a partir de la próxima semana adoptó el sindicato de los docentes privados.

Los gremios docentes de Corrientes, San Luis y Mendoza también convocaron a un paro de actividades en el inicio del ciclo lectivo.

En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán inaugurará este lunes el ciclo lectivo en una escuela del Departamento Laishí, mientras que el gremio provincial Docentes Autoconvocados anunció la adhesión al paro de Ctera «pero llevando nuestro reclamo provincial y exigiendo a las centrales y gremios nacionales continuidad a las acciones de lucha», indicó.

Los educadores entrerrianos de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) comunicaron su adhesión al paro nacional del lunes y denunciaron «hostigamiento y persecución» por parte del Gobierno provincial.

Fuente: Perfil.com

Javier Milei avanza con el ajuste y con el enfrentamiento con los gobernadores. En medio de la disputa con el chubutense, Ignacio Torres, el Gobierno abrió un nuevo foco de conflicto al eliminar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires con un claro mensaje a la administración de Axel Kicillof.

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A través del Decreto 192/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo, se establece la eliminación del fondo que había sido creado durante la gestión de Alberto Fernández, en medio de la pandemia, con recursos obtenidos a partir de la quita a CABA de un porcentaje de los fondos correspondientes a la coparticipación federal.

La medida, que marcó un punto de conflicto entre Casa Rosada y el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se había anunciado tras una protesta policial por mejoras salariales contra la gestión Kicillof. “Tenemos que buscar los recursos en una situación fiscal complicada. Estamos derivando muchos recursos del Estado a los sectores más desprotegidos”, afirmó Alberto Fernández en aquel momento.

Se trató, en definitiva, de la quita de un punto de la coparticipación a la Capital Federal y le transfirió a la provincia de Buenos Aires más de 30 mil millones de pesos.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.621.0_es.html#goog_3938487540 seconds of 1 minute, 41 secondsVolume 0% Alberto Fernández anuncia la quita de un punto de coparticipación a CABA en 2020

En el mencionado decreto, el Gobierno argumentó que “la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”. A su vez, reiteró que “ninguna otra administración nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.Te puede interesar:Tras la derogación de Milei, Kicillof prepara una Ley de Góndolas propia y abre una nueva negociación con la Legislatura

“Con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de 5 puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los 10 puntos de su déficit”, se agregó.Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

“En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país”, continuó Casa Rosada señalando que “la situación fiscal de las Provincias y de la Ciudad ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional”.

En el siguiente párrafo, el Gobierno de Milei elevó su nivel de confrontación con Axel Kicillof al manifestar que “el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020″.Te puede interesar:Tras la foto de Milei con Valdés, en la UCR bonaerense impulsan una reunión con el Gobierno por el impacto de las medidas

El cobro de este fondo había sido uno de los reclamos que Kicillof, a través de su ministro de Economía, Pablo López, le planteó días atrás a Caputo exigiendo el “inmediato pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre del año 2023 y enero de 2024″.

El Gobierno eliminó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires by fvitola on Scribdhttps://es.scribd.com/embeds/708450757/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-jPBX6tLrk1g8HCaaOWuQ

El Gobierno modificó la distribución del Impuesto PAIS

Por otro lado, el Poder Ejecutivo avanzó este lunes con modificaciones en la distribución de los porcentajes del impuesto PAIS. A través del Decreto 193/2024, se oficializó que la asignación específica del 30 % establecida mediante este tributo tendrá un cambio: al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), utilizado para la urbanización de barrios populares, se le destinará para el financiamiento de las obras de vivienda social apenas el 1%.

El Gobierno, en tanto, aclaró que a obras de infraestructura económica se destinará el 94 % y el restante 5% para el fomento del turismo nacional.

El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri. Su objetivo era financiar proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que están inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y crear Lotes con servicios. Según su página web, el Fondo en la actualidad depende del Ministerio de Capital Humano.

En lo que respecta a esas cooperativas, con mínimas excepciones, como algunas organizaciones de izquierda, pertenecen a los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada por dirigentes sociales como Juan Grabois, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, entre otros.

Los fondos del FISU eran alimentados por el impuesto PAIS después de lo que se dictó a través de la ley 27.541. Según el artículo 42 de esa disposición, el Poder Ejecutivo debía distribuir el producto de dicho impuesto de la siguiente forma: un 70% destinado a programas y prestaciones de la ANSES y el PAMI. Y un 30% a distribuir entre el FISU, obras de infraestructura económica y el fomento del turismo nacional.

Dicha normativa fue complementada, entre otros, por el Decreto 184/2020 en el cual el Ejecutivo, en el marco del artículo citado anteriormente, define que el 30% se divida de la siguiente manera: un 30% al FISU, un 65% a obras de infraestructura económica y un 5% al fomento del turismo nacional.

Es decir, al Fondo de Integración Socio Urbana se destinaba un 9% del total del impuesto. En 2023, el monto que alcanzó fue de casi seis mil millones de pesos.

Fuente: Infobae.com

En medio del conflicto que se torna más efusivo entre el Gobierno nacional y el titular del Ejecutivo de Chubut, Ignacio Torres, desde el principal sindicato petrolero del país se distanciaron de la discusión y aseveraron que no frenarán la producción de petróleo en Vaca Muerta. El funcionario chubutense había amenazado que se paralizaría la explotación desde este miércoles si su provincia no recibe los fondos coparticipables.

Marcelo Rucci, líder del sindicato petrolero más importante del país, adelantó que el gremio de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa no paralizará la producción petrolera ni tampoco la actividad en la cuenca local. “No desconocemos la legitimidad del reclamo, pero es un conflicto que debe resolverse por los canales correspondientes, ya sea por la política o directamente en la Justicia”, dijo el gremialista en diálogo con el medio Ecojournal.

Sin embargo, distinta es la posición del sindicato de Petroleros Privados de Chubut. Su secretario general, Jorge Ávila, se mostró en sintonía con el gobernador Torres cuando el último viernes cuestionó a la gestión de Milei. “Pareciera que el Estado Nacional quiere olvidarse de esta ciudad, de la Patagonia, de los trabajadores, de los jubilados y de los desocupados. Hay que salir a marcarle la cancha”, dijo, según consignó el diario local La Opinión Austral, durante una movilización de trabajadores en Comodoro Rivadavia.

“Ahora nos quieren imponer una dictadura, pero si nos provocan nos obligarán a tomar acciones y el responsable será el Estado Nacional”, afirmó. Respecto de la quita de fondos para Chubut, el titular de petroleros dijo: “Ahí tenemos que decir basta. No vamos a dejar que nos saquen el boleto, el incentivo docente, ni todo lo que quieren sacarnos. Jamás les soltaremos la mano a los trabajadores”. “Estafaron a la provincia del Chubut y no podemos permitir eso. Le decimos a Nación que si tenemos que hacer algo lo haremos”, sostuvo el titular de Petroleros Privados de Chubut.

Desde el Gobierno ya no lo dudan. El conflicto se dirimirá en la Justicia. En declaraciones a LN+, el presidente Javier Milei criticó al gobernador Torres de ser un “pobre chico que no pudo leer ni un contrato”. A lo que el funcionario patagónico respondió: “El Gobierno nacional se quiere llevar puesta a la provincia del Chubut pensando que somos un distrito chico, alejado de la Capital, pero no calculó que a pesar de nuestro tamaño nos sabemos defender”.

“Lo que va a ocurrir, seguramente este miércoles, es que se interrumpa la producción no solo en Chubut, sino en todos los yacimientos del país, pues está claro que si pueden con nosotros van por todos”, agregó Torres en declaración a la agencia Télam. Los gobernadores de las provincias patagónicas, donde se asienta la principal producción petrolera del país, se reunirán este martes. Tras ello, brindarán una conferencia de prensa y se espera que el encuentro se amplíe el miércoles con todos los mandatarios provinciales.

Según el gobierno chubutense, el conflicto escaló cuando la Nación absorbió un tercio de los 30.000 millones de pesos de la coparticipación federal que le corresponde a la provincia por deudas contraídas durante la anterior gestión.”Nosotros nunca desconocimos esa deuda que se tomó de manera irresponsable. Pusimos toda nuestra voluntad de pago y buena fe, pero nos pusieron en un terreno no querido incluso a pocos días de comenzar un ciclo lectivo con todo lo que significa”, reiteró.

Especialistas consultados por Télam acerca del posible cierre de la impulsión del petróleo desde la boya que carga a los buques tanque frente a las costas de Comodoro Rivadavia reconocieron que “es una maniobra de imposible cumplimiento porque el petróleo se sigue bombeando y sería un desastre”.

Fuente: La Nación

Este lunes 26 de febrero, la fiscalía pedirá agravar la pena sobre la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la condena por la Causa Vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión por las obras que adjudicó a favor de las empresas de Lázaro Báez por sobre otras firmas. 

La solicitud la hará el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar, quien sostendrá el pedido que hicieron en juicio los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes reclamaban que existió una asociación ilícita, ya que las 51 obras que desde el Poder Ejecutivo que comandaba la expresidenta se otorgaron en licitación al empresario son distintos hechos, no uno solo.

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En caso de que se de lugar a la solicitud y la exvicepresidenta sea condenada por asociación ilícita, en lugar de solo por administración fraudulenta, la pena podría alcanzar los 12 años de prisión. También se espera que sean condenados los absueltos en el juicio oral y que se confirme el decomiso de 84 mil millones de pesos que ordenó el tribunal.https://www.youtube.com/embed/UbHKOU2Cq34

En este caso, el fiscal mantuvo la apelación del veredicto de su colega Luciani ante el TOF2, quien solicitó los doce años de cárcel durante el juicio oral, reclamo que también mantuvo en un apelación al veredicto.

El tribunal integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña será el encargado de ratificar, agravar o anular la pena tal cual lo solicita la defensa, la cual tendrá una instancia el próximo 7 de marzo para alegar a su favor. 

En total se realizarán seis audiencias durante las cuales el Tribunal escuchará los argumentos de todas las partes. La última tendrá lugar el 4 de abril con la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y luego Casación quedará en condiciones de resolver el caso en los siguientes 20 días hábiles.

El cronograma de audiencias comenzará este lunes y seguirá el jueves, el 7, 14 y 21 de marzo y 4 de abril.

De todas formas, a pesar de que la exmandataria ya no cuenta con fueros, si se ratifica la pena aún quedará pendiente la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la defensa podrá interponer un recurso extraordinario federal. 

La condena a Cristina Kirchner

La ex vicepresidenta fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, junto al empresario Lázaro Baéz, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz, recibiendo penas de entre seis y tres años de prisión.

En este contexto, Cristina también recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por otro lado, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro fueron absueltos.

Durante el juicio, el tribunal oral dio por probado que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Báez recibió de manera irregular obras públicas viales para la provincia de Santa Cruz. 

Fuente: Perfil.com