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No serán ni USD 20.000 millones y muchos menos USD 25.000 millones más que el año pasado. La cosecha finalmente no será tan espectacular como se vaticinaba ni dejará tantos dólares.Te puede interesar:Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento a partir de febrero y cuál es el sueldo en cada categoría

Las últimas estimaciones, como la efectuada por el IERAL estiman un salto de USD 10.000 millones respecto al año pasado, pero que aún se ubica unos USD 12.200 millones por debajo de lo que entró en 2022. La cifra incluyen todas las exportaciones del sector agropecuario: cultivos lácteos, ganaderos, maní, además de soja, maíz y trigo.https://ee605d1e05d98c4843e67450b1297c0f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Las estimaciones respecto a lo que dejará esta cosecha se fueron ajustando a la baja por efecto cantidades, pero también precio. El calor extremo de fines de enero le pegó a la producción, pero al mismo tiempo los valores de la soja cayeron de manera significativa. Si bien no llega a ser una “tormenta perfecta”, la realidad es que el efecto positivo para levantar el nivel de actividad no será tan marcado al menos por la producción agropecuaria.Te puede interesar:Massa, a tres meses de balotaje: libro “picante”, contrato con un fondo del exterior, nueva fundación y pocas reuniones políticas

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) divulgó ayer un informe en el que establece de manera contundente que “la ola de calor excluyó la posibilidad de una súper campaña de soja”. “Entre 2010 y 2020, la Argentina había superado 7 veces la valla de producción de 50 millones de toneladas. Lamentablemente, la primera estimación realizada apunta a una cantidad por debajo de lo esperable en las primeras proyecciones, apuntándose ahora a la posibilidad de obtener 49,5 millones de toneladas”.

El recorte respecto a las estimaciones previas a causa de la intensa ola de calor llegó a las 2,5 millones de toneladas. “El recorte no ha sido mayor gracias a las lluvias que cayeron entre el 7 y el 14 de febrero”, agregó la entidad.Te puede interesar:Advierten que en 2023 la Argentina registró el mayor salto mundial de deuda en relación a su PBI

Pero a esta caída en el rendimiento de la cosecha se le suma la fuerte caída en el precio de la soja, que ya se ubica por debajo de los USD 430 la tonelada, prácticamente 100 dólares menos que hace un año.

“Como se ve, el clima y los términos de intercambio no harán un aporte tan generoso a las cuentas externas de la Argentina como sí ocurriera en 2022, aunque la política económica ese año dilapidara la posibilidad de acumular reservas de modo genuino”.

El gobierno espera con ansiedad no solo los dólares de la cosecha para seguir fortaleciendo las reservas del Banco Central, sino además que el campo traccione la recuperación de la actividad a partir del segundo trimestre. Ambos fenómenos igual tendrán lugar, pero posiblemente de manera más atenuada a lo que se proyectaba hace un par de meses.

También se agrega como factor favorable este año que la balanza energética será mucho menos deficitaria, lo que también representa un alivio en materia de uso de reservas.

El Banco Central continúa, mientras tanto, con su racha compradora de divisas. Ayer fueron otros USD 118 millones, lo que refleja que se está produciendo un importante flujo de ingreso de divisas, al tiempo que las importaciones siguen sin despegar. Las compras desde que asumió Javier Milei ya suman casi USD 8.000 millones.

A causa de la intensa ola de calor y de la caída del precio de la soja en los mercados internacionales, al final ingresarán unos USD 10.000 millones más que el año pasado por la cosecha del sector agropecuario. La cifra es la mitad de lo que se había estimado y ayer la Bolsa de Rosario confirmó los malos augurios

Por otra parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró esta semana que no ve motivos para acelerar el ritmo de devaluación del dólar oficial a pesar de la inflación acumulada en los últimos meses. Esto llevaría a los exportadores a acelerar el ritmo de liquidación de divisas, ante el peligro de retrasar ventas y vender a más adelante a un tipo de cambio menos conveniente más adelante.

Por ahora se ve poco ingreso de dólares para inversión financiera u otro tipo de apuestas, en buena medida porque el cepo cambiario complica el movimiento de capitales. El FMI considera que estarían las condiciones dadas para levantar las restricciones cambiarias para mediados de año, aunque muchos analistas creen que podría ocurrir antes si se mantiene la acumulación de reservas y la reducción de la base monetaria en términos reales.

Por lo pronto, los tipos de cambio siguen planchados. El dólar libre se mantuvo ayer en $1.115, mientras que el dólar MEP retrocedió otro casillero hasta $1073, quedando casi 4% más barato. Una oportunidad para los que pueden comprar dólares desde sus billeteras digitales.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno Nacional publicó, este miércoles, tres decretos en el Boletín Oficial que desregulan la medicina privada, con múltiples y significativos cambios para los usuarios de obras sociales y prepagas.

Se trata de las resoluciones 170/2024, 171/2024 y 172/2024, que alcanzarán a 14 millones de trabajadores en relación de dependencia, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas, y a más de 5 millones más que están en el sistema general.

En los considerandos de la norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Salud, Mario Antonio Russo, el Ejecutivo argumentó que esta medida tiene el fin de «proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación».

Entre las modificaciones que entrarán en vigencia a partir del 1 de marzo, se destaca la posibilidad de que todos los trabajadores puedan elegir su obra social o prepaga desde el primer día de empleo, sin requerir un año de permanencia en la obra social del sector, lo que es un nuevo golpe contra los gremios en medio de un clima de tensión entre los sindicatos y la administración de La Libertad Avanza.

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Libre elección y fin del período de permanencia

La normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, además de permitir la libre elección de la obra social o prepaga deseada por los trabajadores, elimina la obligatoriedad de permanecer un año en la obra social de su actividad al iniciar un nuevo empleo.

En otras palabras, los trabajadores podrán optar por una obra social o prepaga desde el primer día de su nueva relación laboral, sin necesidad de intermediación alguna, ya que la norma suprime la denominada «derivación de aportes», un proceso que requería el trabajador para adherirse a una prepaga a través de una obra social.

Con esto, es probable que desaparezcan las obras sociales que funcionan solo como intermediarias y no ofrecen prestaciones. Desde el gobierno han señalado que éstas operan como supuestas «cajas negras políticas» al intervenir en la transacción solo para obtener un porcentaje de ganancia.

El derecho de elección, que concede la nueva legislación, podrá ejercerse una vez al año y en cualquier momento desde el comienzo del vínculo laboral. Esta derogación del período de permanencia implica que las obras sociales sindicales deberán competir en igualdad de condiciones con las prepagas por la afiliación de los trabajadores de su sector.

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Prepagas empiezan a aportar al Fondo Solidario de Redistribución

A su vez, obliga a las prepagas a realizar aportes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que financia el sistema solidario de salud. Este aporte equivale al 20% del total de las cuotas que perciben.

El FSR tiene como principal función reembolsar a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR). Además, subsidia a las obras sociales más necesitadas para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) del Ministerio de Salud de la Nación. Este fondo, creado en 1980 y gestionado por la SSS, se financia con una parte de los aportes y recursos del presupuesto nacional, entre otras fuentes.

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Suba en las cuotas, sin regulación ni intervención del Estado

Sin embargo, este cambio esquemático podría llevar a un aumento en las cuotas de las prepagas, ya que, aseguran, no estarían en condiciones, en el corto plazo, de absorber el costo adicional de aportar al FSR y hacer frente a las complicaciones que atraviesa el sistema.

Con esta nueva disposición, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo descentralizado estatal que regula el sistema de salud, ya no tendrá competencia para fijar los valores de las cuotas de los servicios.

Por ende, tanto las obras sociales como las prepagas podrán llevar adelante incrementos discrecionales, que podrían estar por arriba de la línea de la inflación general, difundida mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cabe remarcar que, mediante la Resolución 51/2024, publicada el lunes 29 de enero en el Boletín Oficial, se eliminó la obligatoriedad a las prepagas de informar el valor total de la cuota mensual a la Secretaría de Comercio, liderada por Pablo Lavigne y dependiente del Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo.

En lo que va del año, las empresas de medicina prepaga ya hicieron dos aumentos: del 40% promedio en enero y del 30% en febrero. Y, de cara a marzo, ya se anticipan subas superiores al 20%.

Esto ha llevado a que, según un estudio realizado por Berenstein y D’Alessio IROL, el 58% de los usuarios estén considerando cambios en su cobertura de salud, con un 26% que piensa cambiar de proveedor y un 10% que está evaluando depender exclusivamente del sistema de salud pública.

Fuene: Perfil.com

A través de la fórmula de movilidad jubilatoria, el gobierno dispuso un aumento del 27,18% en marzo para las jubilaciones, luego de que el ministro de Economía Luis Caputo afirmara esta semana que el incremento rondaría el 30% sumando la fórmula de movilidad y un bono. De esta manera, el haber mínimo alcanzará los $134.445, aunque el porcentaje de incremento será igual para todos los niveles de ingresos de jubilados y pensionados. A esta cifra se la sumaría el bono, sobre el que todavía no hay precisiones pero que suele aplicarse a los haberes más bajos.Te puede interesar:Sube la luz: las claves para entender los aumentos y qué usuarios pagarán en marzo hasta un 300% más

La normativa fue publicada este miércoles a través de la Resolución 38/2024 publicada en el Boletín Oficial y representa una nueva pérdida en los haberes jubilatorios cuyo aumento corre detrás de una inflación acumulada del 51,3% solo en diciembre y enero y que amenaza con alcanzar el 70% con el Indice de Precios al Consumidor de febrero.https://drive.google.com/file/d/1IawFeos3RLNr0lQyKy9E3jJzRlpakfsZ/preview

Un análisis de IDESA muestra que enero, por efecto de la inflación, la jubilación mínima se redujo al equivalente a $88.094 a precios de diciembre de 2023, mes en el que había llegado a $105.713.Te puede interesar:El Gobierno oficializó la suba del salario mínimo y definieron las remuneraciones para febrero y marzo

Tomando los precios de diciembre del año pasado para comparar históricamente, el análisis concluyó que en febrero el poder de compra de las jubilaciones será el más bajo desde 2002, cuando equivalía a $83.078. Con una inflación que rondó el 20% en enero, el valor real de la jubilación mínima caería por debajo de los $83.000, su menor nivel en 22 años.

“En el mes de marzo va a haber una recomposición aproximadamente del 30%, es lo que da la fórmula más el bono. Pero tené en cuenta lo siguiente, que es que se heredó. O sea, acuérdate que se decía que le iban a pagar a los jubilados con las Leliq. A las Leliq las multiplicaron por 20. Los jubilados perdieron el 40%. Nosotros heredamos ya eso, eso fue lo que heredamos”, dijo Caputo en declaraciones a LN+.Te puede interesar:Cuánto aumentarán los planes sociales y otras prestaciones después de la suba del salario mínimo

“Y desde el día 1 dijimos esta fórmula no funciona, es peor para los jubilados. Desde el día uno, yo la primera vez que nos vimos te dije lo mismo. Cuánto hubieran perdido, cuánto perderían los jubilados si mantuviéramos esta fórmula este año, lo que dijo el presidente, entre 1.6 de producto y dos puntos. Hay que cambiarla. Ahora, si seguimos con el juego político de seguir queriendo hacer uso de la jubilación y demás, y todo lo que hemos visto en la ley, bueno, más se demora esto. En el mientras tanto, qué vamos a hacer. Y, seguir dándoles un bono y tratar de protegerles la capacidad de de compra”, agregó.

Cabe recordar que la fórmula de movilidad surge de un índice que considera un 50% del aumento trimestral de la recaudación de la ANSES y 50% de la variación de los salarios.

Por otro lado, el gobierno anunció que habrá un bono compensatorio aunque todavía no precisó el monto. En enero y febrero, el adicional para jubilados y pensionados de la mínima alcanzó un monto máximo de $55.000.

El artículo quinto de la Ley 27.426 prevé que los jubilados y pensionados de la mínima y los que cuentan con 30 años de aportes deberán percibir haberes equivalentes al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), el cual ascenderá a $202.800 . Es por eso que el bono debería ubicarse como mínimo en $31.851 para alcanzar los $166.292 que prevé la ley.

En tanto, en enero el gobierno concretó el mayor recorte real interanual del gasto público de los últimos 30 años, como resultado principalmente del ahorro en jubilaciones y pensiones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En este sentido, la jubilaciones y pensiones contributivas tuvieron una participación del 33% en el monto total ahorrado de $2,7 billones(-$885.074 millones).

Fuente: Infobae.com

El Gobierno está haciendo un nuevo “poroteo” de los gobernadores que podrían apoyar a la Casa Rosada con las reformas que quiere impulsar Javier Milei. Mientras el Presidente, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior, Guillermo Francos, comenzaron esta semana a coleccionar fotos con algunos mandatarios en el interior del país, en la Casa Rosada están analizando caso a caso para buscar -después del primer fracaso con la ley ómnibus- nuevos apoyos para volver al ruedo con la batalla legislativa.

Pese al primer traspié legislativo, la pretensión de Milei y su mesa chica es redoblar la apuesta en el Congreso. Siempre según altas fuentes oficiales, no sólo buscarían reflotar la ley ómnibus (no queda en claro si entera o en partes) sino que sumarían otro paquete de proyectos de alto calibre en las sesiones ordinarias que serán inauguradas el primero de marzo.

Entre otros proyectos figura una reforma previsional que no solamente plantee un nuevo cálculo de movilidad, sino que también plantee alguna distinción entre quienes hicieron aportes al sistema de aquellos que no lo hicieron. También está en conversación la opción de mandar como proyecto de ley a la reforma laboral que figuraba en el DNU y fue suspendida por la Justicia.

En las últimas horas, en la Casa Rosada se vieron movimientos de articulación entre la “mesa técnica” (que trabaja las reformas y desregulaciones) y el “ala política”, en particular con el Ministerio del Interior. El objetivo es determinar qué gobernadores serían los más proclives a apoyar las iniciativas nacionales.

Lo que todavía no definieron cerca de Milei es la estrategia política para hacer avanzar el nuevo mamotreto de normativas. Hasta la semana pasada, en la Casa Rosada hablaban de imponer parte de ley Bases vía decreto y reflotar otra parte con un paquete de leyes “tema por tema”. Pero el lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de resucitar el proyecto inicial en formato ómnibus, ya que todavía tiene estado parlamentario. “No descarto que se vuelva a tratar la ley de Bases en el Congreso. Después veremos el paquete fiscal”, dijo.

Un importante colaborador de Milei dijo luego a LA NACION: “Queremos todo. Queremos la ley que mandamos el primer día y también un montón de otros proyectos”. Y arremetió: “Desde una reforma previsional hasta un proyecto para reducir la cantidad de asesores que tienen los legisladores”.

Es en ese contexto que se reanudaron los acercamientos a algunos gobernadores, que a los ojos de la Casa Rosada podrían apoyar las reformas, ya sea por necesidad de caja o porque están alineados al déficit cero. Los libertarios hablan de cerrar filas con 12 caciques provinciales.

En ese “poroteo”, se contempla a la decena de mandatarios de Juntos por el Cambio, aunque todavía hay dudas sobre algunos de ellos, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut). “Hay algunos que nos pueden correr la silla”, advierten en Balcarce 50.

Pullaro, que hoy estuvo en Buenos Aires para firmar un convenio con la embajada de Francia, se hizo tiempo para reunirse con Mauricio Macri, que volvió de la Patagonia y está muy activo. Ambos se encontraron en las oficinas del exmandatario en Vicente López para conocerse mejor y hablar de Santa Fe.

Si bien nunca perdió el contacto con Francos, Pullaro tiene su relación con Milei lastimada desde que arremetió contra la suba de retenciones que figuraba en la ley ómnibus. En Casa Rosada lo apuntaron por los votos negativos de los diputados santafecinos socialistas, si bien esos legisladores en rigor no responden políticamente al gobernador. De todas formas, Pullaro tiene más chances de reanudar el diálogo con Nación que su par de Córdoba, Martín Llaryora, que ya hizo de su enfrentamiento con Milei una construcción política propia.

Los gobernadores del Norte

Por fuera del arco cambiemita, en la Casa Rosada también ensayaron un acercamiento con algunos gobernadores del Norte. Francos viajó hoy a participar de la conmemoración del aniversario de la Batalla de Salta y mantuvo una reunión en esa provincia con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de Catamarca, Raúl Jalil, y el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; además del gobernador anfitrión, Gustavo Sáenz, que fue el principal promotor del encuentro del grupo de mandatarios con el enviado del Poder Ejecutivo.

El cónclave se extendió durante dos horas, con asado y empanadas salteñas. “Hablaron de la realidad de las provincias y de la Nación”, según se limitaron a decir en la Casa Rosada y aseguraron que no hubo ningún acuerdo concreto. Un colaborador de Milei dijo a este medio: “Francos les fue a llevar el mismo mensaje que el primer día. Que podemos sentarnos a hablar de la cuestión fiscal si ellos apoyan nuestras reformas”.

Antes que Francos, a Salta había viajado la vicepresidenta Victoria Villarruel. También ella tuvo una reunión con los gobernadores y una foto. La dupla presidencial hace un doble juego con los gobernadores, porque mientras Milei reparte descalificativos, la titular del Senado muestra especial interés en viajar al interior del país.

Cerca de Villarruel señalaron que el Presidente “estaba al tanto de la visita de la vicepresidenta y de todo lo que iba a hacer” en Salta. Ella, que vio que el Senado quedó en una parálisis con la embestida presidencial contra los gobernadores, pretende avanzar con los diálogos políticos previo aviso a la Casa Rosada. Mientras no reciba un freno desde Balcarce 50, avanzará.

A la colección de fotos salteñas se sumó el saludo que el lunes Milei había tenido con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. El encuentro del mandatario de la UCR con el Presidente fue fugaz, pero el gesto alcanzó para que hoy el correntino emitiera señales positivas hacia la Casa Rosada. Mucho más interesante para Milei fue la cuña que abrió con el presidente de la UCR, Martín Losuteau.

El día después de su encuentro con el líder libertario, Valdés lanzó: “Cuando viene un presidente, yo lo voy a atender… me importa tres carajos lo que piense Lousteau”.

Maia Jastreblansky

Fuente: La Nación

El sindicato La Fraternidad lleva a cabo hoy un paro de trenes de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y laborales. En respuesta, la Secretaría de Transporte convocó a una reunión para este miércoles a las 10 de la mañana con tres gremios ferroviarios: la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA).

Estaciones vacías, paradas de colectivos repletas de personas y corridas para llegar a horario a los lugares de trabajo. Ese es el panorama que se vive en las calles de la ciudad de Buenos Aires y del Área Metropolitana en las primeras horas de la medida de fuerza. 

Empezó el paro de trenes: cómo funcionarán los servicios este miércoles

El paro de La Fraternidad afecta a los servicios de trenes de pasajeros y de carga en todo el país, generando complicaciones en el transporte público y en la logística de mercancías. El sindicato reclama mejoras salariales y laborales, así como también denuncia condiciones de trabajo precarias y falta de diálogo por parte de las autoridades.

El llamado del Gobierno

Por su parte, el Gobierno convocó a esta reunión con los otros tres gremios ferroviarios con el objetivo de continuar las negociaciones y buscar soluciones que permitan destrabar el conflicto. La reunión se llevará a cabo en la sede del ex Ministerio de Trabajo y se espera que se aborden los reclamos de los trabajadores y se busquen acuerdos que beneficien a ambas partes.

La Fraternidad hará un paro nacional de trenes por 24 horas el próximo miércoles

Se espera que estas negociaciones sean clave para evitar futuros paros y conflictos en el sector ferroviario, que es fundamental para el transporte de personas y mercancías en el país. 

Estaciones como Constitución, Once y Federico Lacroze permanecen desoladas, con un paisaje que se asemeja mucho al de la mañana de un día domingo, muy lejano al que se vive cada día con una circulación alta de personas. 

Antes de la convocatoria de hoy, el Gobierno había emitido un comunicado con membrete del Ministerio de Economía, del que depende Transporte. Ahí denunciaron «mala fe negocial al encontrarse en plena vigencia la mesa de negociaciones paritarias, inclusive habiendo llegado, a principios de mes, a resultados positivos en los acuerdos». 

Así las cosas, «resulta inentendible la medida de fuerza por parte de La Fraternidad».

Primer amparo judicial a la eliminación del subsidio al transporte urbano e interurbano en el interior

«Este miércoles van a estar todos los servicios parados a excepción de algunos de larga distancia a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba para no perjudicar a la gente que ya sacó los boletos y aunque le reembolsen después no van a poder comprar el boleto por los aumentos», se supo. 

A esta hora están interrumpidas las líneas Belgano, Sarmiento, Roca, Mitre, Urquiza, San Martín en prácticamente todos los ramales que van al Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Fuente: Perfil.com

El gobierno de Javier Milei puso la lupa en una multimillonaria caja que manejaba, de manera discrecional, Fernanda Miño, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat. Miño es una dirigente que responde a Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria.

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La auditoría está a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que investiga el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se financia con el 9% del impuesto PAIS.

Son recursos que ingresan en un goteo diario de unos 2 millones de dólares por día y que implican unos $300.000 millones al año, aproximadamente, destinados a obras de urbanización de unos 6.200 asentamientos inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Solo en 2023 a ese fondo se le adjudicaron 59.929, tal como publicó Infobae la semana pasada.

Los movimientos sociales peronistas agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), continuadora de la CETEP de Grabois, fueron las más beneficiadas con esos aportes a través de sus cooperativas para realizar las obras más pequeñas de urbanización.Las agrupaciones piqueteras peronistas fueron las más beneficiadas con obras en los barrios populares

El Registro Nacional de Barrios Populares también estaba a cargo Miño, ya que era la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, y tenía al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario.Te puede interesar:Piqueteros volvieron a marchar para pedir alimentos y el Gobierno mantiene la decisión de no tercerizar la asistencia

Si bien la auditoría aún está en proceso, se estima que las cooperativas de Grabois y otros piqueteros, como Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, se beneficiaron con unos 24 mil millones de pesos los últimos cuatro años.

Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.

La auditoría en curso puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a Grabois y Emilio Pérsico.

Durante la gestión de Alberto Fernández, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat formaba parte del organigrama del entonces Ministerio de Desarrollo Social. En la administración de Mauricio Macri, dependía de Infraestructura. Desde el 10 de diciembre, el Gobierno decidió trasladarlo a la Secretaría de Hacienda.Te puede interesar:Designaron como director del Banco de la Nación a Armando Daniel Guibert, el hombre detrás de la reforma del Estado

Según pudo saber Infobae, a partir de hoy se constituirá el Comité Ejecutivo del FISU y estará precedido por Sebastián Pareja, un hombre de estrecha confianza del Presidente, ya que era su armador político en la provincia de Buenos Aires.

Finalizada la auditoría que supervisa el destino de los miles de millones de pesos destinados a esas obras y en las que intervienen empresas y cooperativas piqueteras, la intención de Pareja -que ocupa el mismo cargo que Miño- es pagar -si todo está en orden- la totalidad de los certificados pendientes del año 2023, cuya documentación implica unos $20.000 millones.

Hasta ahora no se pudieron abonar porque no había firma y Pareja recién se hizo cargo a finales de la semana pasada.Fernanda Miño y Juan Grabois en la presentación del libro del ex precandidato presidencial de Unión por la Patria «Los peores»

“La idea es ponerse al día con la deuda arrastrada del año pasado porque hay personal de las cooperativas a cargo de las obras que no cobró todavía”, le adelantaron a Infobae fuentes del Gobierno.

Actualmente, hay unas 1.200 obras en ejecución, con distinto grado de avance, que implica recursos por unos $230.000 millones. Muchas de esas obras habrían sido asignadas a cooperativas cercanas a Grabois, pero hasta ahora, en la Subsecretaría de Integración Socio Urbana no tienen precisiones sobre cuántas exactamente porque la auditoría aún no finalizó. Los datos preliminares no revelarían “hechos de corrupción evidentes”, al menos hasta ahora, aunque sí “cierta discrecionalidad en los municipios peronistas como los más favorecidos” y las cooperativas vinculadas a la UTEP.

Cuando La Libertada Avanza se hizo cargo del área, había casi 600 empleados. Por allí también paso la motosierra y se hizo un recorte de aproximadamente el 20%, llevando el número a unos 450. “Está claro que no entraron por concurso. Muchos de ellos eran afines a la gestión anterior y cercanos a Juan Grabois”, afirmó un funcionario de esa subsecretaría consultado por este medio.

El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri conforme lo definido en la Ley 27.453, y “tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares y la creación de lotes con servicios”, según se describía en la página web del ex ministerio de Desarrollo Social.Alberto Fernández benefició por decreto a las cooperativas de los movimientos sociales

Allí también se describe que: “Las obras a realizarse en los Barrios Populares deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios”.

Pero no todo quedó ahí, el 4 de noviembre de 2022, Fernández, firmó el decreto 728/2022. Con esa medida, el ex presidente benefició de manera directa a las cooperativas de Pérsico y Grabois, entre otros. Le otorgaba a las “Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular” el 30% de la obra pública, bajo la modalidad de contratación que corresponda para montos de $300 millones o menos. Este monto se aclara, “será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de las cooperativas”.

Fernández, además, instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar como parte de la evaluación de oferentes para la obra pública un margen de preferencia para aquellos que acrediten tener un 5% de sus trabajadores vinculados a través del programa “Puente al Empleo”, una iniciativa del Gobierno para “transformar planes sociales en trabajo genuino”. Es en ese punto es donde entran a tallar las cooperativas de las organizaciones peronistas y, en menor medida, de izquierda.El Gobierno de Javier Milei audita los millonarios fondos que manejaban las cooperativas vinculadas a Juan Grabois y Emilio Pérsico, entre otros EFE/Enrique García Medina

Para defender los fondos destinados a las urbanizaciones barriales que manejaban cooperativas vinculadas al del MTE y otros movimientos sociales enrolados en la UTEP, Grabois opinó a través de sus redes sociales: “Para erradicar el hacinamiento, urbanizar todos los barrios populares y crear el millón de terrenos familiares con servicios destinados a viviendas y quintas productivas -que es lo que necesita Argentina si quiere resolver su crisis habitacional y alimentaria- en un plan de 8 años, se necesitan aproximadamente 3000 millones USD anuales, 24.000 millones total (si te parece mucho, fijate la que fugaron con el préstamo del FMI) más unos 15.000 millones en crédito hipotecario blando para vivienda sencilla… así que la ‘caja’ que me atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo), sin disminuir el enorme mérito que tienen las obras desarrolladas con una política pública que -lo digo con orgullo- impulsamos desde los movimientos populares y ejecutaron personas brillantes, comprometidas, eficientes y honestas como pocas en este país”.Movimientos sociales en la plaza del congreso mientras la Cámara de Diputados debate en particular la Ley Ómnibus Franco Fafasuli

Según la auditoría en curso, la mayor cantidad de cooperativas beneficiadas con los millonarios fondos para realizar trabajos de urbanización dependían del MTE de Grabois; la Corriente Clasista y Combativa del ex diputado oficialista Juan Carlos Alderete; del Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico, y entre otras organizaciones Somos/Barrios de Pie, cuto coordinador nacional es Daniel Menéndez. Los dos últimos fueron funcionarios de Fernández en el ex ministerio de Desarrollo Social, al igual que Miño.

Quizás ahora se comprenda por qué razón los dirigentes piqueteros presionaban sobre el Congreso para que los diputados no aprueben la Ley Ómnibus y, sobre todo el inciso “h” del artículo 4° del proyecto que le otorgaba al Javier Milei “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

Dentro de los 29 fideicomisos que el mandatario quería eliminar o modificar se encontraba el FISU, un hecho que aun Milei puede modificar por decreto. Para Milei estos fondos son una “caja negra” que tiene escasos o nulos controles y que fue defendido a capa y espada por “la casta” para no perder sus “privilegios” que obtienen a través de ellos.

Fuente: Infobae.com

Después de los durísimos agravios del presidente Javier Milei contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, el Gobierno busca enfriar los enojos con el envío de emisarios a la cumbre del G20 que se realiza en San Pablo. La comitiva oficial estará liderada por la canciller Diana Mondino, y se espera que se sumen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El vecino país preside el Foro este año y en efecto, Lula busca darle un enfoque propio con una agenda de tres partes: lucha contra el hambre, la búsqueda del desarrollo sostenible y la gobernanza global.

La agenda internacional de Milei: Mercosur, litio y un péndulo entre Biden y Trump

Una de las principales propuestas que impulsa tiene que ver con democratizar instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, algo completamente opuesto a lo que promueve Javier Milei. 

Mondino tiene previsto viajar en las próximas horas, luego de mantener ayer una reunión con el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Séjour, según confirmó Clarín. Se espera que sea recibida en el país carioca por el ministro de Hacienda del país vecino, Fernando Haddad, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. 

Qué se espera de Argentina en Brasil

«Hay una larga lista de pedidos de reuniones bilaterales y, desgraciadamente, no habrá tiempo para todos. Reino Unido, Argentina, Francia y Noruega lo solicitaron», dijo el canciller brasilero al diario OGlobo.

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En el Gobierno buscan descomprimir la relación con el presidente de Brasil al que Milei llegó a calificar como un «comunista corrupto» durante la campaña presidencial. No fue el único agravio que tuvo para con el presidente brasilero, aunque cuando asumió lo invitó a la ceremonia mediante una carta. Lula decidió no participar.

Todavía no se conoce con certeza qué reuniones mantendrá Mondino en Brasil, pero si que su presencia coincidirá con la visita del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. Brasil y Argentina son dos países que según la Casa Blanca son dos de los socios «más importantes» que tiene en América Latina.

El jueves, el funcionario norteamericano viajará a Buenos Aires para verse con Milei.

Las reacciones en la oposición contra Javier Milei, que llamó «nido de ratas» al Congreso

Hace algunos días, Mondino había afirmado que no creía que «salir de los BRICS sea un desaire para Brasil». Fue durante una entrevista en Modo Fontevecchia (Radio Perfil y Net TV). 

«Recuerdo que con Mauro Vieira, que es el canciller brasileño, lo hablé más de una vez. En Argentina tenemos una situación en donde hay verdaderas crisis, en las cuales debemos trabajar y participar. Estuve viendo la cantidad de organismos internacionales en los que Argentina participa, y son decenas», había dicho la funcionaria. 

Fuente: Perfil.com

El presidente de Diputados, Martín Menem, designó este lunes a los integrantes de la Cámara baja que integrarán la comisión bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La decisión ocurre tras largas semanas de demora y luego de reiterados planteos del kirchnerismo en diputados para que lo haga, de la UCR como partido y del bloque k senatorial que busca llevarla al recinto con el fin de rechazar la norma que activó Javier Milei y desregula la economía derogando más de 300 leyes.

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Ahora comienza un nuevo proceso que es la citación de los 16 legisladores -8 diputados y 8 senadores- para que se reúna en la comisión con el fin de elegir las autoridades y, a partir de ese momento, comenzar el debate sobre si el DNU cumple con los requisitos o no.https://9899a759398292737c62d069cf39b281.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

“Estamos esperando la citación, lo más probable es que sea la semana que viene por varias razones. La primera es que esto es algo que tiene que activar Villarruel -la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel-que todavía no regresó de Salta”, explicó un miembro de la bicameral que proviene del Senado.

“Nosotros queremos que sea lo más rápido posible, pero lo tiene que hacer al llamado el Secretario administrativo de la comisión -Gustavo Heredia- así arrancamos”, aseguró una diputada que también formará parte pero en representación de Diputados.El equipo de Gabinete de Javier Milei

Un dato no menor es quién va a ser el o la presidente de la Comisión, ya que su función no sólo queda restringida a citar a los miembros, algo de vital relevancia, teniendo en cuenta que es quién abre la comisión y habilita el tratamiento de los temas; sino que en este caso frente a un escenario de empate el voto de la máxima autoridad, vale doble.Te puede interesar:La discusión reglamentaria que podría complicar la aprobación del DNU en el Congreso

Este año ese lugar tiene que ser ocupado por un miembro de la Cámara Alta, por lo que algunos de los posibles candidatos podrían ser o el libertario Juan Carlos Pagotto; los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González; el radical Víctor Zimmermann; el macrista Luis Juez; y los peronistas disidentes Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal), que son los representantes del Senado.

El oficialismo quiere que sea Pagotto pero se enfrenta a un inconveniente no escrito del reglamento. Según los usos y costumbres, esta comisión no es presidida por legisladores recién llegados al Congreso de la Nación -se apunta a la experiencia- y en el caso de los libertarios ninguno cuenta con trayectoria previa como senador. “No habría problema, la presidencia tiene que ser del oficialismo”, aseguró un legislador de la oposición dialoguista.

Además, como el presidente es quien habilita el temario, el legislador de la LLA podría sumar al debate en Comisión los DNU de Alberto Fernández que nunca fueron tratados y, de esa manera, ganar tiempo mientras esperan que se expida la Corte Suprema de Justicia sobre el DNU 70.El diputado Germán Martínez

A este grupo de senadores se le suman los representantes por Diputados en donde están los oficialistas Oscar Zago -jefe de bloque- y Lisandro Almirón; los kirchneristas Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez -responde a Sergio Massa– y Carolina Gaillard -comandó el fallido juicio político contra la Corte Suprema el año pasado-; el macrista Hernán Lombardi; el radical Francisco Monti y Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal).Te puede interesar:DNU: Menem culpó al peronismo por la demora en la conformación de la Bicameral y lo instó a nombrar a sus representantes

Desde Unión por la Patria reclamaron que Menem hizo caso omiso a la proporcionalidad de la representación y el jefe del bloque, Germán Martínez, escribió en la red social X: “Nuestro bloque tiene 99 diputados y nos asignaron 3 lugares en la Bicameral de Tratamiento de los DNU. 1 banca cada 33 diputados. La Libertad Avanza tiene 38 integrantes y le asignaron 2 lugares en la Bicameral. 1 banca cada 19 integrantes. A eso le llaman proporción”.

Ahora, con la conformación ya resuelta, se espera el llamado y a partir de ese momento habrá 10 días hábiles para que la bicameral dictamine. Ese plazo ya se cumplió porque no se armaba la Comisión, por lo que el DNU podría ser llevado al recinto tal y como piden los senadores K. Sin embargo, la opción más factible es que se trate en la Comisión a partir de la semana que viene.

Si obtiene dictamen para ir al recinto, para que quede desactivada, este tipo de normas necesita el rechazo de ambas Cámaras, un escenario que nunca ocurrió desde que existe la ley -empujada por Cristina Kirchner– que reglamenta los DNU.

Fuente: Infobae.com

La licuación salarial producto de la alta inflación abrió una serie de conflictos sectoriales que esta semana alcanzarán su cima de tensión. Habrá mañana un paro de los maquinistas de tren que afectará el normal funcionamiento del sistema ferroviario por 24 horas. El jueves, en tanto, habrá un cese de actividades en hospitales y clínicas por un paro que activará el gremio de la Sanidad, que encabeza Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT. La conflictividad sectorial no se termina allí: los estatales de la administración pública nacional reclamarán la semana próxima en desacuerdo con el aumento de 12%, mientras que el poderoso Sindicato de Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, amenazó con una medida de fuerza en todo el país al no acordar su paritaria.

Héctor Daer confirmó hoy un paro nacional de 24 horas para este jueves 22 de febrero del gremio de Sanidad. El paro involucra a personal de enfermería y asistencia en clínicas y sanatorios de todo el país, pero no a profesionales de la medicina. La medida de fuerza se anunció tras varios reclamos salariales y por la “intransigencia de las cámaras empresariales”, escribió Daer en su cuenta de la red social X.

En tanto, la semana pasada, La Fraternidad, el gremio que reúne a los maquinistas de tren, anunció un paro total de 24 horas de sus líneas nacionales para este miércoles 21 de febrero. Su secretario general, Omar Maturano, firmó el comunicado en el que explica que se debe a “la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante que deteriora los haberes -que gozan de carácter alimentario- del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables”. Maturano aseguró en Crónica TV que no hay negociación salarial desde diciembre y, por ende, les deben un aumento del 55%. “Hace años que corremos detrás de la inflación. Queremos lo que nos deben, nada más”, agregó. Maturano presiona puertas adentro de la CGT para avanzar con otro paro general contra la gestión de Javier Milei.

Los reclamos se engloban en un contexto de profunda rigidez entre los gremios y el Gobierno nacional. Los diferentes sindicatos de la CGT encabezaron protestas por aumentos de salarios que son paralelos a conflictos de carácter nacional, entre ellos, el fracaso de la primera reunión del Consejo de Salario Mínimo, la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, las desregulaciones en obras socilaes y prepagas y las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo para avanzar con una reforma laboral.

La primera reunión por el salario mínimo determinó que, ante la falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo debería establecer el nuevo valor. Aunque Milei había afirmado el viernes que no lo fijaría por decreto porque es una cuestión que “tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores”, hoy el Gobierno determinó que el nuevo valor será de $180.000 en febrero y de $202.800 en marzo. El valor es menor a lo reclamado por los gremios en el Consejo del Salario, que fue de $280 mil. Esto en un contexto de inflación galopante que fue de 20,6% en enero según el Indec.

En este contexto es que desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron que harán un paro nacional de 24 horas la semana que viene. La Unión del Personal Civil de la Nación.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que tomarán medidas de fuerza la próxima semana. “Fuimos claros en nuestra posición en la previa a las negociaciones: no íbamos a aceptar cualquier ofrecimiento que se ubicara por debajo de la evolución de los procesos inflacionarios”, expresó Aguiar en diálogo con AM750, y agregó: “Vamos a realizar una nueva medida de fuerza junto al frente de gremios estatales”. Hoy se reunirán con más de 30 sindicatos estatales para definir el alcance de la medida de fuerza.

Mientras tanto, Pablo Moyano, de Camioneros, afirmó que marzo y abril serán los peores meses de la crisis. “Que se prepare, porque no nos vamos a cruzar de brazos”, señaló, en abierto desafío a la Casa Rosada. En la paritaria con las tres cámaras del sector, Moyano rechazó un aumento de 15% para marzo y otra suba del mismo porcentaje para abril. “No pueden venir con un ofrecimiento que está muy por debajo de lo que necesita el camionero para sobrevivir”, marcó el dirigente Jorge Taboada, referente de Chubut. Aunque en el sindicato amenazan con tomar medidas de fuerza, la negociación con las cámaras empresariales continuará este viernes.

Desde la Secretaría de Trabajo, que encabeza Omar Yasin, no respondieron a la consulta de LA NACION sobre si el organismo intercederá para evitar los conflictos.

Ailén Vila

Fuente: La Nación

El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció este martes que el Gobierno se encuentra evaluando la posibilidad de declarar la educación como servicio esencial. Además, informó sobre los nuevos valores del Salario Mínimo Vital y Móvil fijados desde la administración libertaria.

«No se ha logrado que las partes se pongan de acuerdo en la discusión por el Salario Mínimo Vital y Móvil, en caso de que esto ocurra el gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo. El mismo quedó fijado para el mes de febrero en 180 mil pesos y para el mes de marzo en 202.800 pesos«, señaló el vocero.https://www.youtube.com/embed/duf8b6adk9A

Invasión de mosquitos

En relación a la reciente invasión de mosquitos en el AMBA, y las alertas lanzadas por posibles cansos de dengue, el vocero presidencial responsabilizó al Gobierno de Alberto Fernández por «fracasar» en las políticas implementadas durante la gestión anterior.

«No queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso en las políticas de prevención que se han realizado durante el año pasado», sostuvo el portavoz presidencial y remarcó: «No estuvieron bien implementadas».

Luego, afirmó que el Ministerio de Salud está en «permanente coordinación con las provincias» y reprochó: «Muchos se jactaron como logro el que salud sea ministerio, recordarán aquel famoso cántico, sin embargo en la gestión el ministerio brillaba por su ausencia».

En desarrollo…

Fuente: Perfil.com