Autor: Jorge Alfredo Baret

Bullrich llamó a la rebelión en Venezuela pero «a lo Mahatma Gandhi»

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llamó al pueblo venezolano a ejercer su derecho a la rebelión para lograr un cambio político en Venezuela durante un encuentro virtual con referentes del conservadurismo latinoamericano. Sin embargo, y frente a la exaltación de otros líderes participantes como el ex presidente mexicano Felipe Calderón, que tomaron la propuesta en clave armada, la presidenta de PRO debió aclarar que se refería a una rebelión ciudadana, en términos pacíficos. «Esto se arregla de una sola manera, que está desde la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos que es la rebelión del pueblo contra las dictaduras», sugirió Bullrich trazando un paralelismo con la última dictadura cívico-militar en Argentina y la guerra de las Malvinas para perpetuarse en el poder. Aseguró que dicho derecho se incluyó en la reforma constitucional en la Argentina como un accionar legítimo contra cualquier usurpación de un gobierno por parte de una dictadura. «Acá tiene que haber una rebelión de adentro porque las dictaduras no pueden generar otro mecanismo y es la única rebelión legítima», señaló. «Esto se arregla de una sola manera, que está desde la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos que es la rebelión del pueblo contra las dictadura» (Patricia Bullrich) Fue en el marco de una videoconferencia vía Zoom centrado en Venezuela como una amenaza para la región de la que participaron también otros referentes latinoamericanos como el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; el ex presidente colombiano Andrés Pastrana; el ex mandatario y actual candidato presidencial boliviano Jorge Tuto Quiroga y el opositor venezolano Richard Blanco, hoy en el exilio, en Buenos Aires. Al tomar turno por segunda vez, Calderón se hizo eco de las palabras de Bullrich y dobló la apuesta tras calificar cualquier posible elección como una «farsa». El ex mandatario del PAN insistió en que deberían avanzarse a través de todas las vías, la movilización, el diálogo, sin descartar «la posibilidad siempre abierta de rebelión armada». Y aunque reconoció que muchos en el foro virtual podían no estar de acuerdo con él, subrayó que era imperioso analizar con honestidad y franqueza todas las opciones ante el paso de los años y el horizonte que se abre en Venezuela. Ante la opción de una alternativa armada, debía pensarse cómo se puede implementar, remarcó. «Aquí en la Argentina, las rebeliones son en paz, son a lo Mahatma Gandhi, son de la ciudadanía, son rebeliones de mujeres que con ollas o cacerolas o banderas tienen que lograr avanzar contra un régimen», se apuró a aclarar Bullrich, para bajar los decibeles, mientras en el chat paralelo algunos espectadores ya proclamaban la toma de armas. «Ya hemos aprendido en este continente que otros tipos de formas son peores. Que ninguna forma violenta puede ser buena más aún cuando hay un régimen que utiliza la violencia contra la gente», añadió. Unos minutos antes, Paula Bertol, ex embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante el gobierno de Mauricio Macri, había solicitado la palabra para intervenir con la misma finalidad. Indicó que «siempre hemos estado del lado del diálogo». «No le tenemos miedo a los dictadores, no tenemos miedo a enfrentarlos pero enfrentarlos en paz», valoró la dirigente de PRO. Y ponderó la «unidad» y la organización» como las estrategias adecuadas. El encuentro se prolongó a lo largo de más de dos horas y con la participación de cerca de 600 personas en la plataforma que puso el PRO a disposición del movimiento venezolano opositor Alianza Bravo Pueblo. Cada uno de los oradores se centró en diversos aspectos del gobierno de Nicolás Maduro, a menudo con referencias y comparaciones con su propio país. A veces, desviándose hacia temas distintos, como Calderón al hacer mención al manejo de la emergencia sanitaria en la pandemia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Por momentos, los discursos se tornaron reiterativos y la ausencia de preguntas por parte de los participantes —que se limitaban a vivar cada ponencia mientras llamaban a una nueva movilización contra el gobierno de Alberto Fernández para el 17 de agosto— redundó en un encuentro de tono monocorde y encorsetado salvo cuando Bullrich frenó los ánimos de alzamiento o los dirigentes cruzaron algunas preguntas fuera de agenda sobre la marcha de la contienda electoral en Bolivia, antes de desconectarse, hacia el final. «Aquí, en Bolivia hemos sacado al tirano cobarde prófugo, ahí lo mandamos para Argentina, está en una buena mansión pidiendo que la gente haga marchas» (Jorge Quiroga) De todos, el boliviano Quiroga ensayó el discurso más duro contra el «conglomerado criminal» de Maduro. Repasó la historia de Hugo Chávez y lo que denominó como la mutación del proyecto bolivariano —que solo buscaba influir en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia— al «branding de Socialismo 21 a través del cual toman el control del hemisferio» gracias al aumento del petróleo. Sostuvo que la ayuda de los Kirchner, en la Argentina, y de Lula da Silva, en Brasil, lo volvió posible, entre 2004 y 2013. Con Maduro, el país cayó en manos de una «cuadrilla cocainera» con escasez, hiperinflación, refugiados y represión. «Venezuela no es un país que pueda llamarse que tiene gobierno. Esta ocupado por el Cherif», jugó el dirigente boliviano con el acrónimo de Cuba, Hezbollah, el ELN, Rusia, Irán y las FARC. En calidad de socios de Maduro para expoliar al país, añadió. Y dijo temer que «si Maduro y este conglomerado criminal sobreviven al coronavirus, se van a quedar enquistados casi irremediablemente». «Aquí, en Bolivia hemos sacado al tirano cobarde prófugo, ahí lo mandamos para Argentina, está en una buena mansión pidiendo que la gente haga marchas», disparó contra Evo Morales, con refugio en la Argentina. Quiroga hizo hincapié, además, en la influencia de una alianza cubano-venezolana como responsable de extender su espacio político a toda la región. «Tienen el Grupo de Puebla que es un grupo de ex presidentes procesados por narcotráfico, Lava Jato, por otras cosas, pero sí tienen algo que no tenemos los ex presidentes del otro lado: dos gobiernos que trabajan activamente para apoyar estos proyectos, que son México y Argentina», agregó. «Venezuela es una amenaza para nuestro continente porque detrás de ese proyecto que se ha venido desarrollando desde la era chavista esta el Foro de San Pablo y ahora el Grupo de Puebla que quieren expandir, consolidar o conservar las plazas que han conquistado a manera de franquicias» (Antonio Ledesma) También Ledezma cargó contra Puebla y lo equiparó al Foro de San Pablo como sombras detrás de Venezuela. «Venezuela es una amenaza para nuestro continente porque detrás de ese proyecto que se ha venido desarrollando desde la era chavista esta el Foro de San Pablo y ahora el Grupo de Puebla que quieren expandir, consolidar o conservar las plazas que han conquistado a manera de franquicias», insinuó, aunque no hay representantes venezolanos dentro de este club de referentes progresistas. El dirigente, que debió escapar en noviembre de 2017 de su arresto domiciliario en Caracas para huir a Colombia, también aludió a la «corrupción galopante» y la «presencia del narcotráfico» en su país. Una «transnacional del terrorismo», describió los presuntos lazos del poder chavista con la guerrilla colombiana ELN y la organización libanesa Hezbollah. Pastrana sumó otra «F» al acrónimo de Cherif, por la «familia de Maduro», cuando mencionó las denuncias en Estados Unidos, por conexiones narcos, contra los Flores, la familia de la esposa del jefe de Estado venezolano. «No puede volver el fantasma de los diálogos. No puede haber diálogo con un narcodictador. Quién puede hablar con un narcotraficante» (Andrés Pastrana) «No puede volver el fantasma de los diálogos. No puede haber diálogo con un narcodictador. ¿Quién puede hablar con un narcotraficante?», se preguntó el colombiano. Y llamó a Bullrich a buscar la forma de interpelar a Fernández sobre si «respalda a una narcodictadura, representada en Nicolás Maduro, un presidente ilegítimo, o respalda a Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela». Poco antes, la presidenta de PRO se había preguntado por qué todavía se duda en el gobierno argentino que Venezuela atraviesa una dictadura si no hay voto secreto, existe el delito de odio, la presión sobre los jueces, no hay libertad de expresión y los presos políticos se cuentan de a cientos, enumeró. Por cada una de esas características, la ex ministra de Seguridad de Juntos por el Cambio citó alguna anécdota de su paso por Caracas en el pasado. Como cuando un programa de televisión dedicó una emisión a describirla a ella y a Silvana Giudici como amenazas a la soberanía. Lo comparó con la televisión argentina. «Pensábamos que los programas que teníamos en la Argentina donde nos atacaban todos los días, uno que se llamaba 6,7,8 nos ponía de cualquiera manera, eran lo peor», narró. También comentó que discutió la idea de que la empresa Smartmatic se hiciera cargo de las elecciones en Argentina, tras la experiencia que había visto con sus máquinas en Venezuela, aunque reconoció que perdieron «bien, no digo que haya sido por Smartmatic. Hay que ser buen perdedor». Por último, Bullrich criticó la expropiación de empresas durante el gobierno de Chávez, algunas de ellas argentinas, firmas de primera línea que «ahora son galpones abandonados». «Expropiaron todo para destruirlo», sostuvo. En ese sentido, aseveró que cuando en Argentina quisieron expropiar una empresa, por Vicentín, «una enorme cantidad de argentinos» salieron a oponerse. «Conocemos bien el cuento de que no dejen pasar la primera porque si no viene la segunda, la tercera y la cuarta y, cuando te querés acordar, ya estas adentro de esta dictadura», concluyó. MB / DS .

Fuente: Perfil.com

29 julio, 2020
Jubilaciones en crisis: los 5 factores que explican los perjuicios para quienes aportaron más de 30 años

En momentos en que la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó a debatir la ampliación del Presupuesto 2020, y dio lugar a la preocupación de muchos legisladores sobre la discusión pendiente sobre el sistema previsional, tanto en lo que respecta al sistema de movilidad y ajuste trimestral o semestral de los haberes de los jubilados y pensionados, como la relación entre la Nación y las 10 provincias que no han transferido sus cajas, pero requiere de la asistencia de la Administración Central, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó en profundidad el Sistema Previsional Argentino.

En un minucioso trabajo, los economistas y analistas del organismo que dirige Marcos Makón detectó: “Existe una gran cantidad de regímenes previsionales que se derivan de la actividad laboral y el ámbito de desarrollo de ésta, los cuales pueden ser agrupados según aspectos comunes, como la modalidad de financiación (contributivo o no contributivo), su carácter institucional de administración (Anses, cajas específicas nacionales, cajas complementarios) o su regulación específica (leyes, decretos o resoluciones)”. Suman en total 6,6 millones de personas beneficiarias, y 9,8 millones de aportantes.

Suman en total 6,6 millones de personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones, y 9,8 millones de aportantes activos

De ahí surge el primer factor de crisis recurrente del sistema, porque la relación de apenas 1,5 aportantes por beneficiario, con un ingreso medio de la población trabajadora registrada inferior a $50.000 al cierre del primer trimestre, pre cuarentena, un poco más alta para los asalariados y menor para el conjunto de los monotributistas, autónomos y empleados en casas particulares, que ingresan al sistema un 27% de su ingreso, determina un haber medio posible de unos $20.000, equivalente a 40% de la remuneración promedio.

Ese valor no sólo está lejos de la ambición política de garantizar el 82% promedio móvil, como incluso está regulado en diversos regímenes previsionales, que es la proporción del ingreso de bolsillo de los trabajadores que no tributan Ganancias, sino que además se ubica muy cerca del valor de la canasta básica de pobreza, que el Indec estimó para el adulto a esa fecha en $13.590, y por tanto sólo permite acceder al gasto de alimentos y servicios esenciales, pero no cubrir otros gastos que se han tornado esenciales, como el mantenimiento del hogar; compra de ropa, medicamentos, esparcimiento y comunicaciones, entre muchos otros.
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso
El universo poblacional dentro de cada régimen se divide en activos (aportantes) y pasivos (beneficiarios).

Entre los primeros la OPC enumera los diferentes regímenes de previsión social vigentes en el país, diferenciando aquellos de carácter contributivo administrados por Anses, objeto del estudio, de otros regímenes existentes que completan la cobertura jubilatoria o de retiro para el total de la población, los cuales en conjunto suman los citados 9,8 millones de aportantes.
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso
Destaca el trabajo de marras: “En la Argentina, la población mayor de 18 años a marzo de 2020 se estima en 32.125.150 personas, por lo que los aportantes a los regímenes administrados por Anses representaron 30,5% de ese universo. Por otra parte, el total de trabajadores registrados fue de 12.089.4246, siendo los aportantes 81% de esa cantidad”.

Esta última brecha se explica porque casi 1 de cada 5 trabajadores tiene pluriempleo y el sistema lo individualiza por número de Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT); y además porque, destaca la OPC: “Si bien la edad mínima legal para la celebración de contratos de trabajo es de 16 años (Ley 26.390), es a partir de los 18 años que se comienzan a realizar aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

Casi 1 de cada 5 trabajadores tiene pluriempleo y el sistema lo individualiza por número de Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)

El segundo factor de desequilibrio lo constituye que el total de aportantes representa menos de la mitad del total de la oferta nacional de trabajadores estimada en 21,3 millones, porque 7,3 millones se desempeñan en la informalidad y otros 2 millones forman parte de la legión de desocupados, los cuales, al final de la vida activa reclaman una jubilación o pensión, y dan lugar a repetidas moratorias que aplanan la pirámide de ingreso promedio; y dan lugar al tercer factor de fragilidad del sistema, porque esa característica, se ha tornado estructural, deriva en un persistente deterioro de las finanzas públicas, para sostener a cada vez más jubilados y pensionados.

A nivel global, la relación aportantes por beneficiarios es de 1,43, el cual se reduce a 1,38 en la franja de los asalariados en sus tres desagregados: ordinario, diferenciales por sistemas específicos y ocupados en casas particulares; y llega a un mínimo de 1,01 en el caso de los afiliados a régimen de Luz y Fuerza que con un ingreso promedio de los mayores de 50 años en marzo último de $142.763 brutos 39.110 asalariados sostienen a 38.542 jubilados y pensionados del gremio.
Los afiliados a régimen de Luz y Fuerza, con un ingreso promedio de los mayores de 50 años en marzo último de $142.763 brutos, suman 39.110 asalariados que sostienen a 38.542 jubilados y pensionados del gremio
En el caso extremo se ubican los 110.786 afiliados al régimen de Docentes Universitarios Nacionales, con una remuneración promedio de $58.170 en el caso de la franja con 50 años de edad, que superan en más de 15 veces a los 7.246 perceptores de ingresos de esa caja; seguidos por los 33.136 investigadores científicos y tecnológicos que en el segmento de 50 años percibe un promedio de $124.620, con una relación de 4,01; y los 2.291 trabajadores en el Yacimiento Carboníferos Río Turbio con una percepción de $103.636 en el rango etáreo considerado, que registran una proporción de 3,5 veces por beneficiario del régimen de jubilación de esa fuente.

Se observa en el informe de la OPC que en el Poder Judicial, donde el salario medio de los trabajadores con 50 años era de $336.690, los 17.555 aportantes tienen a su cargo a 7.122 retirados de la vida activa; y en el de los 1.062 del Servicio Exterior de la Nación, con una remuneración media en el segmento de 50 años de $512.345, solventan a 704 jubilados y pensionados de esa procedencia.

En el Poder Judicial, donde el salario medio de los trabajadores con 50 años era de $336.690, los 17.555 aportantes tienen a su cargo a 7.122 retirados de la vida activa; y en el de los 1.062 del Servicio Exterior de la Nación, con una remuneración media en el segmento de 50 años de $512.345, solventan a 704 jubilados y pensionados

Y como, paralelamente, la Argentina no ha logrado romper con ese núcleo duro de informalidad laboral, que se ubica entre el 35% y 40% del mercado de trabajo, y por extensión de la economía en su conjunto, una de las consecuencias es la convivencia con el cuarto factor que contribuye al desequilibrio del sistema que es el impuesto inflacionario, el cual se caracteriza por su regresividad al afectar primero y más rápido a los sectores que dependen de un ingreso fijo, como es el salario, base de los aportes, y los haberes de jubilados y pensionados; en particular en períodos de aceleración, como ocurrió en el último año, ha sido la creciente incorporación al sistema previsional de millones de personas que nunca aportaron, o lo hicieron muy pocos años, a través de moratorias, cuando hubiese sido más sustentable proveerle un ingreso a través del régimen de rentas generales de la Tesorería de la Nación.

Se trata de un universo que con la Ley 24.241 de 1993 y posteriores, comprende a 3,62 millones de beneficiarios, 1,2 millones más que los que ingresaron al sistema por el cumplimiento de la doble exigencia, primera la edad, actualmente de 60 años para las mujeres y 65% para los varones, y además 30 años de aportes, como mínimo; y que explica parte del desmedido crecimiento del Estado en la economía.
Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso
El quinto factor que impide tornar sustentable el sistema previsional es el recurrente desaliento a la inversión, principal, por no decir el único, componente de la demanda agregada capaz de generar empleos genuinos, aumentar la base de aportantes y contribuir a la reducción del empleo en negro, que provoca tanto la creciente presión tributaria e incumplimiento de los servicios de la deuda pública que ha llevado a un nuevo escenario de default, y por tanto encarecimiento del crédito.

Indicadores de eficiencia de los sistemas previsionales

Luego del análisis desagregado de los diversos sistemas y subsistemas previsionales administrados por Anses la Oficina de Presupuesto del Congreso sostiene:

* Un sistema previsional es eficiente si se observa un alto grado de cumplimiento de la principal premisa, que es garantizar una redistribución intergeneracional del ingreso tal que permita que los pasivos puedan mantener similares niveles de vida a los que tenían en su etapa activa;

* En los sistemas contributivos, se espera que esa premisa se complemente con una alta capacidad de autofinanciamiento del sistema y, de ser posible, que no requiera financiamiento externo;

* Si el sistema previsional es de reparto, se espera que la proporción de activos respecto a pasivos sea lo suficientemente alta como para no requerir de cuantiosas detracciones adicionales de la remuneración de los trabajadores;

* Actualmente, más del 50% los activos del régimen general perciben remuneraciones por debajo de 2,5 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y 15,4% de los varones y 19,7% de las mujeres perciben salarios iguales o inferiores al salario mínimo;

Un 15,4% de los varones y 19,7% de las mujeres perciben salarios iguales o inferiores al salario mínimo

* Una jubilación equivale al 38,1% del ingreso de un activo;

* El 54,9% de los beneficios del régimen general requirió de una moratoria.

* Excluyendo los regímenes especiales, el 86,1% de los beneficios son iguales o menores a dos jubilaciones mínimas.

Fuente: Infobae.com

29 julio, 2020
Una reforma que nace enferma

Carlos Beraldi tiene fama de ser una buena persona y un buen profesional. A Rodolfo Canicoba Corral lo rodea el eco de haber sido un mal juez durante casi 30 años. Los dos expresan, cada uno a su manera y por motivos distintos, las razones por las que la reforma judicial que se conocerá hoy carecerá de consistencia política y de autoridad moral. Uno, Beraldi, porque en la reforma influirán más los pobres intereses de Cristina Kirchner que los del país. Resulta obvio que el trazo final de los anuncios que se harán hoy (si no hay otra postergación) se terminó diseñando en el Instituto Patria. Canicoba Corral es el ejemplo de quien nunca debió ser juez y, sin embargo, fue defendido hasta el final por la expresidenta. La decadencia desafiante de Canicoba Corral predice cómo serán los jueces que antes de su nominación deberán pasar por la aprobación de la vicepresidenta. Beraldi y Canicoba Corral no son comparables como personas, pero ambos pronostican el destino que le aguarda a la Justicia tras la restauración del cristinismo en el comando de la política judicial.

Beraldi es el abogado defensor de Cristina Kirchner en las causas más comprometidas por supuesta corrupción. ¿Alberto Fernández necesitaba la opinión de Beraldi para saber qué hacer con la Corte Suprema? Difícil, si no imposible. Beraldi fue una imposición de la expresidenta porque ella quiere cambiar la Corte. Es una opinión que choca de frente con la del Presidente, que siempre dijo que prefiere mantener una Corte de cinco jueces. El punto de vista de Cristina no es jurídico; es una decisión que busca la venganza con la actual Corte. No la quiere desde que declaró la inconstitucionalidad de su reforma judicial, cuando ella era presidenta, y la quiere menos desde que no la defendió en los juicios que la persiguieron cuando ella estaba sin poder. Cristina nunca creyó en la doctrina de que los jueces deben ser independientes hasta de sus instancias superiores. Siempre sostuvo en la intimidad que los jueces del tribunal supremo debieron ordenarles a los jueces de instancias inferiores que dejaran de investigarla.

Los argumentos de Cristina Kirchner el día que defendió la reducción de los miembros de la Corte

Si Alberto Fernández hubiera querido la opinión jurídica de Beraldi, le habría bastado con consultar a otro miembro de la comisión que evaluará a la Corte: León Carlos Arslanian. Beraldi y Arslanian son amigos desde hace, por lo menos, 35 años. Beraldi fue secretario de la cámara federal que juzgó a las juntas militares, de la que Arslanian fue presidente en el momento del anuncio de las sentencias. Luego, ambos renunciaron a la carrera judicial y fundaron juntos un estudio jurídico que todavía es uno de los estudios más importantes de Buenos Aires. Beraldi decidió en 2014 establecer su propio estudio, pero la buena relación personal entre ellos se mantuvo intacta. Es difícil que Arslanian y Beraldi opinen distinto en temas de trascendencia judicial, como lo es el futuro de la Corte Suprema. La presencia de Beraldi en esa comisión se parece más a una demostración de fuerza de Cristina que a una necesidad intelectual del actual presidente. «Es una provocación», definió ayer un dirigente de la oposición. Y cuestiona las futuras conclusiones de la comisión. Nadie duda de que Beraldi pondrá más atención en los intereses de su defendida que en los del país. Para eso fue puesto en ese lugar.

La comisión no es plural, como dice el oficialismo; tiene una mayoría peronista o que simpatiza con la expresidenta. La oposición no tiene una representación formal en esa comisión. La presencia en ella de Inés Weinberg es a título personal. Weinberg, que fue la candidata de Mauricio Macri para el cargo de procuradora general de la Nación (y a quien el peronismo nunca le dio el acuerdo), aceptó integrar ese cuerpo contra la opinión de los principales dirigentes de la oposición. Su prestigio está en riesgo. Tendrá en la comisión una presencia minoritaria y solo testimonial, junto con dos o tres juristas más que son independientes. La presencia de la oposición en la comisión no la puede decidir el oficialismo, que ya resuelve sobre su propia participación. Un acuerdo multipartidario debió incluir un acuerdo con la oposición sobre la representación de esta en esa comisión. Un acuerdo no solo de nombres, sino también de números. ¿De qué le sirve a la oposición que nombren dos representantes suyos si habrá diez representantes del Gobierno o del partido gobernante?

Horacio Rodríguez Larreta le transmitió hace poco a Federico Pinedo que Alberto Fernández lo quería en esa comisión. Pinedo le respondió, con razón, que él debía consultar a su partido, porque se definió como «un hombre de partido». Esa advertencia incluía una consulta con el propio Rodríguez Larreta, con Macri, con María Eugenia Vidal y con Patricia Bullrich. Pinedo también objetó que no hubiera una representación del radicalismo en la comisión. «Es un partido importante y es nuestro aliado», reflexionó ante el jefe de gobierno de la ciudad. Rodríguez Larreta trasladó la decisión de Pinedo al Presidente, pero este le respondió que la representación no era partidaria, sino personal. Fin de la historia.

De 1853 a 2020, cómo varió el número de jueces de la Corte Suprema

Según el pronunciamiento de ayer de Juntos por el Cambio, y tal como están las cosas en la comisión, puede concluirse que poco importarán las conclusiones de los juristas convocados y también la decisión final del Gobierno. Por más que la administración de Alberto Fernández decida crear una Corte Suprema de 9 o de 12 miembros en lugar de los cinco actuales (o de 20, como propone Raúl Zaffaroni), al final del camino estará siempre el necesario acuerdo del Senado para los nuevos miembros del máximo tribunal de Justicia. Necesitarán el voto favorable de los dos tercios del cuerpo, que solo lo puede proporcionar la oposición del viejo Cambiemos. Sin el acuerdo de la oposición, el Gobierno podrá tener teóricamente una Corte de 20 jueces, pero en la práctica seguirá siendo un tribunal de cinco miembros. «No se puede hacer política pateando puertas», señaló ayer otro dirigente opositor. ¿Qué sentido tiene poner en discusión nada menos que a la Corte Suprema? ¿No hay, acaso, mayor señal de inseguridad jurídica que cuando la política debate sobre si el máximo tribunal de justicia es bueno o malo en su actual configuración?

Canicoba Corral está dando ya suficientes mensajes de inseguridad jurídica. Un ejemplo: la empresa española Abertis, concesionaria de las autopistas del Sol y del Oeste, se presentó espontáneamente ante Canicoba Corral para aportar todos los documentos de esas concesiones. El juez rechazó la presentación y luego allanó espectacularmente la sede de la empresa para buscar los mismos documentos que la compañía le había ofrecido de buena manera. Los abogados españoles de la empresa se asombraron ante la inseguridad de la Justicia argentina. ¿Por qué se lamentan después cuando muchas empresas internacionales se van de la Argentina? Los actuales miembros de la Corte podrían sorprenderse si fueran, como eventualmente serán, defendidos por banderazos de los argentinos que reclaman mejor calidad institucional. Nunca habrán imaginado semejante apoyo social, pero es posible que suceda.

A Canicoba Corral lo defendió Cristina Kirchner hasta el minuto final. No pudo hacer nada por él porque el Presidente había dicho, en sus años lejos del poder, que Canicoba Corral era una muestra de la corrupción judicial. El juez se está vengando del gobierno de Macri, porque lo quiso sacar de la Justicia al principio de su gestión. Los procesó a los exministros de Macri Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne en aquella causa por las concesiones de las autopistas administradas por Abertis. Ni a Dietrich, ni antes a Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional, les permitió ver las pruebas que tenía en su contra. A Dietrich le habilitó formalmente la observación de las pruebas cinco minutos antes de la indagatoria, pero luego le dijo que el sistema era lento y no podía cargar las pruebas. Nada. Dietrich no pudo ver nada. Lo mismo le pasó a Iguacel. No pudieron ver las pruebas ni el expediente. En el auto de procesamiento de Dietrich, Canicoba Corral consigna entre las pruebas «un pendrive», sin informar qué dice el supuesto pendrive. El derecho a la defensa dejó de existir en el despacho de ese juez que se va. Felizmente, Canicoba Corral se irá hoy de la Justicia porque le llegó la hora de la jubilación, no por todas las cosas injustas que hizo como juez. Su final no deja de ser institucionalmente indigno.

¿Serán como Canicoba Corral todos los jueces que nombrarán tanto en el fuero federal como los que propondrán para una eventual ampliación de la Corte? ¿Qué otra cosa podría hacer Beraldi si no promover una Corte Suprema con más jueces que los actuales para mejorar la situación de su defendida Cristina Kirchner? Esos nombres son emblemáticos y se mezclan con los buenos propósitos declamados de la reforma judicial de Alberto Fernández. El Presidente debió saber de antemano que sus intereses políticos se enfrentarían con los intereses políticos de su vicepresidenta. La reforma nace enferma y su pronóstico no es bueno.

Por: Joaquín Morales Solá

Fuente: La Nación

29 julio, 2020
Municipio de Gral Plueyrredón: Montenegro decretó la vuelta de nuevas actividades

Además de la reapertura de shoppings en formato galería y la extensión horaria de locales gastronómicos, se destacan la ampliación horaria para la actividad física al aire libre y la posibilidad de participar en encuentros religiosos con cupo de 10 personas.

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A partir de las recomendaciones de la Comisión de Reactivación Económica, el intendente Guillermo Montenegro firmó hoy el decreto que incluye algunas extensiones horarias en actividad física al aire libre y también incorpora la posibilidad de participar de encuentros en templos religiosos con cupo de hasta 10 personas.

El detalle del nuevo decreto prevé:

Apertura de shopping en formato de galería, sin acceso a los baños, ni patio de comidas, ni sector de juegos para niños, ni cines.

Ampliación del horario para correr de 6 a 9 y de 19 a 00.

Extensión horaria de los locales gastronómicos que hoy podían abrir sus puertas de 7 a 19 ya hora podrán extender la apertura hasta las 24.

Realización de ceremonias en establecimientos religiosos con hasta 10 personas y turnos de 20 minutos para la permanencia, respetando las medidas como distanciamiento social, uso de barbijo y control de temperatura. En este punto, también se dejó en claro que no se permitirá ningún tipo de celebraciones religiosas que impliquen la concurrencia masiva de personas como como por ejemplo misas, bautismos, casamientos, comuniones, bat mitzvah, entre otras.

Asimismo, también se habilita la vuelta a la actividad de Conicet – Unidades Ejecutoras; agencias de Viajes y Turismo; musicoterapia, pochocleros, acompañantes Terapéuticos; UTN (visado); Colegio de Odontólogos; Adiestramiento canino; Salas de ensayo, estudios de grabación y clases individuales de música; Espacios Culturales y escénicos.

En lo que respecta a actividades deportivas, se habilitaron las pruebas en Autódromos y circuitos de deporte motor, sin competencia; y actividad náutico deportiva – navegación recreativa.

Por último, se deja en claro que las actividad deberán operar sin la utilización del transporte público y considerar para su ejercicio las limitantes existentes respecto de los grupos de riesgo.

prensa

29 julio, 2020
El Gobierno empezó a diagramar con los gobernadores el plan con el que intentará impulsar la economía en la post pandemia

El Gobierno ya empezó a diagramar con los gobernadores los lineamientos de lo que será la etapa de recuperación económica en la post pandemia bajo la idea de descentralizar obras, incentivar desarrollos productivos y canalizar líneas de crédito para proyectos que generen empleo.

Por pedido expreso de Alberto Fernández, los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, avanzaron ayer la ronda de videoconferencias con otros dos gobernadores -ya habían hablado con 18-. La idea es completar esta semana el diálogo con los 24 gobernadores para escuchar sus preocupaciones, proyectos y propuestas para salir de la crisis.

“El Presidente quería escuchar de manera directa el diagnóstico que hacen los mismos gobernadores de la crisis para proyectar la salida en la post pandemia con propuestas concretas”, explicó ayer a Infobae un allegado al ministro del Interior.

Más allá del diagnóstico que dieron cada uno de los gobernadores, se empezó a trabajar en diferentes ideas de un plan de desarrollo para la post pandemia que contemplará al menos tres ejes centrales de gestión: las obras de infraestructura para bajar costos de producción, el financiamiento con fondos locales o externos y los diversos programas de estímulo fiscal para reactivar las economías regionales.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue más directo. “Lo valioso de todo esto es que nos hayan escuchado y en el Gobierno nacional entiendan nuestras propuestas para pensar juntos cómo salir de la crisis”, dijo el mandatario provincial en diálogo con Infobae.

Melella, al igual que otros 19 gobernadores ya dialogó con Kulfas, Guzmán y De Pedro para descargar los problemas que la pandemia dejó en sus provincias y evaluar propuestas a futuro. Ayer fue el turno de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quienes también evaluaron con la Casa Rosada las distintas propuestas para el desarrollo de las economías regionales y la creación de empleo.

Formaron parte de las reuniones con estos tres ministros los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Gerardo Morales, de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Formosa, Gildo Insfrán; de Chaco, Jorge Capitanich; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Corrientes, Gustavo Valdés; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Fe, Omar Perotti; de Córdoba, Juan Schiaretti; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otros.

Ahora vendrá la etapa de pasar en limpio todo lo conversado con cada gobernador y armar lo que en la Casa Rosada llaman el “diagnóstico con planificación” para el largo plazo.

Entre las ideas que ya empezaron a esbozar Kulfas, De Pedro y Guzmán bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se perfila un esquema de “plan federal” de obras públicas descentralizadas, es decir, con fondos nacionales derivados a los distintos distritos y el armado de desarrollos productivos por regiones.

En estos planes se incluirá también a los empresarios, gremios y movimientos sociales de cada distrito.

“La idea es discutir y planificar un país federal en serio”, explicó un funcionario de la Casa Rosada que se encargó del armado de buena parte de estas videoconferencias con los gobernadores.

En este espacio de diálogo para profundizar en las necesidades específicas de cada provincia surgieron infinidad de propuestas y planes para fomentar empleo regional con base en las pymes y el sistema productivo.
Matías Kulfas y Martín Guzmán
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se entusiasmó en su cuenta de Twitter tras la videoconferencia con la Casa Rosada: “El Gobierno nacional está avanzando en un Plan de Desarrollo con una fuerte mirada federal, consultando a las provincias sobre los temas prioritarios”, escribió.

Capitanich comentó a Infobae que en la charla que mantuvo con la Casa Rosada les planteó un plan de desarrollo agroindustrial para salir de la crisis y un proyecto de desarrollo productivo en Chaco con una inversión de 10.000 millones de pesos que generará al menos 3.000 puestos de trabajo.

Perotti destacó el “desafío, junto a Córdoba, de tener una política de combustibles basados en el cuidado del ambiente y en la posibilidad de un aprovechamiento de nuestro potencial de producción, tanto de soja como de maíz”.

También el mandatario de Santa Fe recaló sin vueltas: “El Presidente tiene una impronta federal y quiere que todas las medidas y esquemas que hagamos tengan una clara aplicación en cada provincia y que cada una de ellas tenga sus medidas que puedan ser complementadas y fortalecidas por las medidas nacionales”.

Funcionarios de la Casa Rosada explicaron a Infobae que en la ronda con los gobernadores surgieron proyectos de obras a futuro para generar empleo que integrarán a varias provincias al mismo tiempo. Por ejemplo, el desarrollo económico de la hidrovía que contempla a las provincias litoraleñas o las obras hídricas en la laguna La Picasa que abarca a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Algo similar ocurre en la Patagonia con Tierra del Fuego y Santa Cruz donde se prevé la instrumentación de fideicomisos para ampliar la matriz productiva de la zona, desarrollar un polo petroquímico o darle valor agregado a la industria pesquera. O en el norte argentino con el desarrollo de la extracción de litio en Salta, Catamarca y Jujuy.

Por ahora, todas son ideas, un amplio y duro diagnóstico de la crisis, la apuesta a una recuperación con generación de trabajo y el objetivo central de planificar desde la Casa Rosada con los gobernadores lo que será la post pandemia.

Fuente: Infobae.com

29 julio, 2020
Argentina podría mejorar la cobertura legal para los acreedores antes que la oferta económica

Tras conocerse el comunicado del Comité de Acreedores de la Argentina en cuanto a que se mantiene inflexible en su postura, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que las mayores diferencias en este momento se han concentrado en cuestiones legales, más que en cuestiones financieras, que abarcan a la propuesta de la canje de deuda. Según esas mismas fuentes, el objetivo de algunos acreedores es “buscar mayor cobertura legal” ante eventuales incumplimientos de la Argentina hacia delante, una vez cerrado el canje de deuda. “En realidad lo que estamos haciendo es un programa sustentable para la deuda privada, precisamente, para que sea sostenible y cumplible y no haya sorpresas para nadie”, afirmaron en la cartera económica. Sin embargo, fuentes del mercado local aseguran que la postura de “mayor cobertura legal” que buscan los acreedores tiene que ver con la discrecionalidad que pueda retener el Estado argentino en la colocación de los nuevos títulos, y también, ante eventuales incumplimientos por parte del país. En el primer punto, tal como está diagramado el esquema legal del canje, el Estado conserva la capacidad de volver a canjear algunos títulos, con lo cual, podría haber modificación de condiciones. El segundo punto de las diferencias en el tratamiento legal es que los acreedores más poderosos quieren que se incluyan claúsulas jurídicas más duras en el tratamiento hacia la Argentina, en caso de incurrir en nuevos incumplimientos. “El problema es que muchos de los acreedores a los que se los convoca ahora ya fueron reestructurados en 2005 y 2010. Entonces, ahora la gran mayoría de ellos están cansados de los cambios de situaciones que impone la Argentina y por eso exigen mayor cobertura legal”, puntualizó un importante broker del mercado local. En función de esto, en el mercado se comentó en el transcurso de este mediodía que el Gobierno se habría “guardado un as” en cuanto a que estaría dispuesto a realizar “algún retoque en las clausulas legales a cambio de mantener la oferta económica”. El fondo Blackrock rechazó la última oferta de Argentina. Precisamente, en la última oferta económica del Ejecutivo, se propone un reconocimiento en los nuevos bonos de 53 centavos por cada dólar y los acreedores más fuertes reclaman 56 centavos, una diferencia de apenas tres centavos, que en diez años representa un monto no mayor a los 3.000 millones de dólares. De todas formas, en Economía aseguran que todo esto forma parte del “tira y afloje” clásico de los días anteriores al cierre del canje, fijado como última fecha, por ahora, en el próximo 4 de agosto. Esta mañana, el ministro Martín Guzmán ratificó en una entrevsita televisiva con la cadena Bloomberg que la oferta de reestructuración ofrecida es la definitiva y que «Es el máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer». Respecto a las cuestiones de naturaleza legal, Guzmán dijo en la mencionada entrevista que la Argentina es miembro del G20 y del FMI, por lo que el país seguirá los lineamientos que la comunidad internacional considere. “En 2016, el país adoptó el lenguaje que se había consensuado a nivel internacional, por lo que si hay alguna innovación, lo adoptaremos. Es algo que nos excede”, sostuvo. Hay que recordar que anoche el Comité de Acreedores de Argentina envió una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, en donde advirtió que posee más del 50% de los bonos a canjear y que, por ese motivo, podría bloquear un acuerdo si el Gobierno no vuelve a mejorar la oferta. «El Comité de Acreedores de Argentina, junto con otros, ha participado en discusiones de buena fe con la Argentina, con el objetivo de lograr una reestructuración consensuada de la deuda externa de la República», según el texto de los bonistas. Para ellos, las personas y entidades que poseen títulos de la deuda «son titulares o inversores de Bonos de Cambio Argentinos o Bonos Globales, cada uno de los cuales promete apoyo a la propuesta conjunta. Colectivamente, los titulares de apoyo tienen el 32% de los pendientes Bonos de cambio y 36% de los Bonos globales en circulación». «Con estos números, los partidarios de la Propuesta Conjunta representan el 60% de los Bonos de Cambio pendientes y el 51% de los bonos globales pendientes», aseguraron. A la vez, resaltaron que están «seguros de que un consenso que lleve a una resolución proporcionará un camino hacia una inversión aún mayor y más sostenida en la Argentina».

Fuente: Perfil.com

29 julio, 2020
Con la ausencia mayoritaria de la Corte y sin apoyo de la oposición, Alberto Fernández presentará en la Casa Rosada su reforma judicial

Alberto Fernández presentará la reforma judicial (Gustavo Gavotti)
El Salón Blanco de la Casa Rosada fue el escenario de poder que eligió Alberto Fernández para anunciar hoy su reforma judicial que apunta a revisar el funcionamiento de la Corte Suprema y a licuar el poder de los jueces de Comodoro Py que investigan importantes casos de corrupción pública.

La iniciativa oficialista ya fue rechazada de hecho por la mayoría de la Corte Suprema, que optó por esquivar la invitación presidencial y faltar a la cita para exhibir sin atenuantes su vacío institucional a una eventual reforma que apunta al sistema de equilibrio de poderes.

En este contexto, y pese a sus diferencias personales e ideológicas, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda coincidieron en descartar la participación del acto protocolar que fue convocado para las cuatro de la tarde. Apenas Elena Highton de Nolasco, que acostumbra a concurrir a todas las ceremonias oficiales, se sentará en primera fila para escuchar al jefe de Estado.

Pero la mayoría de la Corte no está sola en su rechazo a la propuesta judicial del Frente de Todos. La oposición política liderada por Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri y Christian Ritondo, entre otros, firmaron un documento público que criticó la iniciativa legislativa que ingresará al Congreso en los próximos días.
Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Gustavo Ferreyra, Andrés Gil Domínguez, León Carlos Arslanian, Enrique Bacigalupo, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo, los once miembros del Consejo Asesor.
La reforma judicial que rechaza la mayoría de la Corte y la oposición política apunta a crear nuevos juzgados federales con el objetivo de licuar el poder los jueces de Comodoro Py y la puesta en marcha de un consejo asesor de 11 juristas que analice el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presente posibles reformas, entre ellas la cantidad de sus integrantes.

La ceremonia oficial tendrá invitados presenciales y virtuales, entre ellos los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación y los miembros de la Comisión de Asesores que fueron elegidos por el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner. También está previsto que concurran la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Alberto Fernández será el único orador de la presentación oficial. Y anoche aún no estaba confirmada la presencia de CFK.

La iniciativa tiene como aspecto central reformar la justicia federal de la Capital Federal. Es lo que públicamente se conoce como los tribunales de Comodoro Py porque están a la altura del 2002 de la avenida con ese nombre en el barrio de Retiro. Por allí pasan todas las causas que involucran al poder político y económico, las de corrupción y las que involucran a los funcionarios públicos.

El proyecto, según lo que se conoce y que publicó Infobae hace una semana, buscará pasar de los actuales 12 juzgados federales de primera instancia a 46. Para llegar a ese número eso unificará el fuero Penal Económico, que tiene 11 juzgados de primera instancia, con los 12 de Comodoro Py. Así, serían 23 juzgados pero cada una de las dos secretarias judiciales que tienen pasaría a ser un juzgado, por lo que quedan 46. El nombre del nuevo fuero será el de Penal Federal.

Con la unificación, el nuevo fuero tendrá los temas de investigación que antes tenía cada uno por separado. Además de las causas de corrupción Comodoro Py investiga el crimen organizado, el narcotráfico, los secuestros y la trata de persona, entre otros temas. Por su parte, Penal Económico lleva los casos de contrabando y de violaciones a la Ley Penal Tributaria.
Los tribunales de Comodoro Py, uno de los ejes de la reforma
La reforma le permitiría al Gobierno designar a la mitad de los jueces del nuevo fuero. Primero porque se abren 23 nuevos cargos de magistrados. Pero también por las vacantes que hay actualmente en los tribunales de Comodoro Py y en Penal Económico. Infobae contó esta semana que en Comodoro Py hay 16 vacantes entre jueces y fiscales, algunos lugares en los que se puede definir el futuro de una causa o de alguno de sus acusados. Y en Penal Económico los lugares libres hoy son cinco de magistrados -tres de ellos en la Cámara- y cuatro fiscales.

Hasta que los 23 juzgados nuevos que crea el proyecto sean ocupados por sus titulares la iniciativa prevé que estén al frente jueces subrogantes. Puntualmente que sean magistrados del fuero de instrucción -la justicia penal ordinaria que investiga robos, violaciones, homicidios- que quieren ocupar esos lugares. Deberán anotarse en una lista que analizará el Consejo de la Magistratura de la Nación que aprobará y enviará al Poder Ejecutivo. Y de allí al Senado para su aprobación final.

Para la justicia federal de las provincias la reforma plantea duplicar los juzgados de primera instancia. Hoy todos tienen la competencia múltiple: penal, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo. La idea es que haya un juzgado penal y otro para el resto de los temas.

El proyecto tiene una segunda fusión de fueros. Es la unión de la justicia Civil y Comercial Federal con la Contencioso Administrativo Federal. Son los tribunales donde se tramitan las causas en las que el estado es demandado o parte. El nuevo fuero se llamará Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal.

La reforma contempla otros aspectos como concretar el traspaso de la justicia penal de instrucción a la ciudad de Buenos Aires y acelerar en todo el país la puesta en marcha del sistema acusatorio, en el cual los fiscales son quiénes llevan adelante las investigaciones penales.
El funcionamiento de la Corte Suprema será analizado por un consejo consultivo (NA)
Una mirada sobre la Corte Suprema

El anuncio del Presidente también contendrá la creación de un consejo asesor para que analicen el funcionamiento de la justicia para presentar propuestas de reforma. Estará integrado por 11 juristas , entre ellos Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex juez federal y ex ministro de Justicia León Arslanián, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Hilda Kogan y la integrante del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires Inés Weinberg de Roca, quien había sido propuesta por Mauricio Macri para ser procuradora General de la Nación y cuyo pliego no prosperó.

Uno de los aspectos centrales de la comisión será su mirada sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tanto sobre la cantidad de integrantes -hoy sin cinco- como si debe o no ser dividida en salas de especialidades. “Yo pienso que no debe aumentarse el número de miembros de la Corte pero me gustaría escuchar a gente experta”, dijo Fernández en mayo pasado en un reportaje con el canal de noticias C5N. Uno de los flamantes integrantes de la comisión, el abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez, adelantó que su opinión es que el máximo tribunal debe estar integrado por nueve jueces.
Cristina Kichner y su abogado Alberto Beraldi, uno de los integrantes de la comisión
“La Corte Suprema como ideal tiene que ser de 9 miembros y no la podés dividir en salas. Hay que mejorar el funcionamiento del acceso y de las causas que la CSJN resuelve. Son temas críticos, especialmente el funcionamiento, porque recibe entre 23 y 24 mil causas por año, de las cuales rechaza el 90% mediante la invocación de un artículo del Código Procesal Civil y Comercial”, dijo ayer Gil Domínguez en declaraciones a FutuRöck.

El consejo asesor también analizará el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación. Su texto de creación definirá la forma de trabajo del consejo y el plazo que tenga para presentar sus conclusiones, que no serán obligatorias de seguir para el gobierno.

El debate por la reforma

El proyecto de reforma judicial será enviado al Congreso de la Nación donde se tratará la iniciativa. Juntos por el Cambio, el mayor bloque de la oposición, ya adelantó su rechazó a una eventual ampliación de la Corte Suprema y a los principales lineamientos de la reforma.

Fue en una reunión que ayer tuvieron los presidentes de los tres partidos de la coalición, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro; los líderes parlamentarios Mario Negri, Luis Naidenoff, Cristian Ritondo, Juan López y Maricel Etchecoin; junto al ex presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

A través de un comunicado, Juntos por el Cambio sostuvo que esos temas “no son una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad” y que “la estabilidad en el tiempo del máximo tribunal es un valor en sí mismo, que resguarda la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica y en definitiva la calidad democrática y de las instituciones de nuestra República”.

“Que participe el abogado de Cristina Kirchner hace mucho ruido, como así también la cantidad de especialistas en derecho penal. No hay expertos en el Ministerio Público ni en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, fueron otras de las críticas que esbozó uno de los participantes de la reunión.

Alberto Fernández pretende que su reforma judicial sea sancionada antes de fin de año. Se trata de una compleja aspiración política: sin el respaldo de la Corte y de la oposición, todo será cuesta arriba y con final incierto.

Fuente: Infobae.com

29 julio, 2020
Provincia de Buenos Aires: hubo 442 robos y hurtos por día durante la cuarentena

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires vuelve a estar en agenda. Con los últimos episodios de justicia por mano propia derivados de intentos de robo, los crímenes que se comenten el territorio bonaerense volvieron a la esfera pública. Las últimas estadísticas oficiales publicadas por la Procuración General bonaerense en su sitio web muestran que los delitos bajaron si se comparan con los cometidos en el mismo período del 2019. Sin embargo, siguen siendo cifras elevadas entre las que se destacan las de robo y hurtos. En total, hubo 42.947 robos y hurtos entre el 20 de marzo (primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio) y el 25 de junio, según las cifras difundidas por la Procuración General bonaerense. Esto significa que cada día hubo 442 de estos delitos. Sergio Berni: «Ahora tenemos una presencia muy fuerte del delito de supervivencia» Según el informe, se registraron 18.929 robos, 5.980 delitos de robo agravado por uso de arma y 3.090 delitos de otros robos agravados. En total, ascienden a 27.999. Por su parte, hubo 11.481 hurtos, 2.889 hurtos agravados vehículos dejados en la vía pública y 578 incluidos dentro de la categoría otros hurtos agravados. Es decir, que el total se eleva a 14.948. “Si vamos a los números claros y la foto de hoy, esta pandemia ha implicado una baja muy significativa de todos los delitos”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en una entrevista con Antonio Laje por la señal de América la semana pasada. Sin embargo, el funcionario aclaró que los primeros 60 días de la cuarentena ese descenso tocó un piso y empezó a incrementarse. Los delitos de la banda que asaltó al jubilado: robos, amenazas y sospechas de un crimen Berni consideró que el aumento del delito se debe a la crisis económica “que tiene sus secuelas en las crisis sociales”. El ministro de Seguridad bonaerense fortaleció su argumento al consignar que el perfil de los delincuentes cambió: los crímenes son perpetrados por gente sin antecedentes, más joven y desorganizada. La violencia en los delitos es algo que preocupa a la población y también a las autoridades. Así lo admitió ayer martes 28 de julio el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba en diálogo con radio La Red: «De acuerdo a los reportes que tenemos en donde están nuestras fuerzas federales, (subieron) los delitos contra la propiedad en general, el robo, esos mismos delitos realizados en el contexto de un mismo barrio y esos mismos delitos, que es los más preocupante de atender, en muchos casos con mucha violencia, con uso de armas y mayor violencia».

Fuente: Perfil.com

29 julio, 2020
Kicillof y Rodríguez Larreta se reúnen en La Plata para discutir el futuro de la cuarentena

El próximo domingo concluye la actual etapa de la cuarentena en el AMBA, y el Gobierno deberá decidir si continúa con la reapertura progresiva, extiende la fase que rige o vuelve a endurecer el aislamiento social ante la escalada de casos de coronavirus. Con estas ideas contrapuestas sobre la mesa, Axel Kicillof recibe a Horacio Rodríguez Larreta para comenzar a definir el futuro de la cuarentena. El encuentro empezó a las 10:30, informaron fuentes oficiales a Infobae.

Desde la semana pasada vienen alertando en provincia de Buenos Aires que con un promedio de 4 mil casos por día habrá que volver a un estricto confinamiento. La advertencia de las autoridades sanitarias choca en la práctica con la dificultad de que la ciudadanía acate la decisión oficial luego de 130 días de cuarentena. El gobernador no quiere arriesgar, su mayor temor es el colapso del sistema sanitario que, según su ministro de Salud, a este ritmo se vería desbordado dentro de 15 días.

Por su parte, el gobierno porteño pretende avanzar con la reapertura integral y gradual de rubros y actividades. Además del monitoreo de la situación sanitaria, en la Ciudad evalúan el margen de maniobra en base al humor social y la profundización de la crisis económica. En el peor de los casos, el Jefe de Gobierno se inclinaría por continuar la actual fase. Se rehúsa a dar marcha atrás.

Para acercar posiciones y tomar una decisión en conjunto sobre el futuro de la cuarentena en el Área Metropolitana, Kicillof recibe a Larreta este miércoles. Antes del encuentro, en el entorno del gobernador habían adelantado que defenderían su postura conservadora con los datos que le aportó el comité de expertos que lo asesora, el cual le recomendó no avanzar en la flexibilización de la cuarentena.

Ayer Kicillof encabezó una reunión por Zoom de tres horas con especialistas y un grupo de 44 intendentes. Los asesores del gobierno bonaerense en materia sanitaria advirtieron que a este ritmo de contagios el sistema de salud se saturará en la segunda quincena de agosto, ocupándose el total de las camas de terapia intensiva.

La recomendación para evitar el colapso es mantener la cuarentena, lo que implicaría no avanzar con las flexibilizaciones e incluso tener en cuenta un nuevo endurecimiento.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, realizaron una videoconferencia con expertos. Foto: Mariano Sandá
Actualmente el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es de 62%, sin embargo “si seguimos como hasta ahora, para fin de agosto vamos a tener el 91% de las camas ocupadas”, manifestó el titular de la cartera de Salud bonaerense, Daniel Gollán, durante la reunión virtual. Su postura fue respaldada por la mayoría de los expertos y comprendida sin mayores cuestionamientos por parte de los intendentes. Mientras transcurría la videconferencia, el Ministerio de Salud informó que en territorio bonaerense se habían registrado 4.167 nuevos contagios. El número más alto desde que comenzó la pandemia y el que hizo que se superen los 100 mil casos en la provincia. De todas maneras, Gollán adelantó que evaluarán entre el jueves y el viernes los números de los últimos 15 días “y si hacemos recomendaciones para cerrar”.

Pese al complejo escenario, en Salud advierten que la ocupación de camas de terapia intensiva no crece a la par de los contagios. ¿Cuál es la explicación? Que un porcentaje importante de los últimos contagiados son personas jóvenes que logran recuperarse sin llegar a estar internados en el sector de mayor complejidad. De todas formas consideran que colapso sanitario es una posibilidad concreta en el corto plazo y que las medidas para evitarlo se tienen que resolver ahora para que los resultados se vean en 15 días.

“Hoy la prioridad es seguir evitando la saturación del sistema de salud”, ratificó Kicillof. Si la idea es coordinar con el Gobierno porteño una nueva marcha atrás parece complicado debido a la postura que mantiene Larreta de seguir avanzando en la salida progresiva de la cuarentena.

En el Gobierno de la Ciudad insisten en que acordar las medidas con la administración bonaerense no implica “hacer exactamente lo mismo”. Con un promedio de 1.200 casos por día, Larreta y su equipo no considera que sea necesaria un nuevo endurecimiento de la cuarentena. Se respaldan en los datos sanitarios, pero también siguiendo de cerca el humor social luego de 130 días de cuarentena.

En la Capital Federal el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es de 63,5%, un 10% más que hace un mes, sin embargo en el Ejecutivo porteño afirman que tienen margen para seguir con el plan de reapertura de actividades que se anunció hace dos semanas, y que en la próxima etapa contempla, por ejemplo, la habilitación de algunas industrias no esenciales, la gastronomía al aire libre sin servicios y la actividad física sin DNI, entre otras.
Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta se reunirán con Alberto Fernández para definir la continuidad de la cuarentena (Presidencia)
“Nuestra idea es seguir adelante, o en todo caso seguir como estamos. Ir para atrás no está de ninguna manera en nuestros planes. Tendría que suceder una catástrofe para que eso pase”, resaltaban la semana pasada colaboradores de Rodríguez Larreta, aun cuando los contagios se situaban por encima de los números de esta semana.

Por su parte, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, dijo el lunes que quedan “seis etapas por delante, y la gente las está esperando”. “Cuanto mejor cumplamos, más rápido se va a progresar”, aseguró el funcionario quien resaltó que la curva de contagios en la Ciudad está “relativamente estabilizada”.

Kicillof se reunirá mañana de manera virtual con los intendentes para tener un panorama más detallado de la situación de los municipios que integran el AMBA. Finalmente, el viernes el gobernador y Horacio Rodríguez Larreta serían recibidos por Alberto Fernández en la Quinta de Olivos para ultimar los detalles del anuncio.

Fuente: Infobae.com

29 julio, 2020
Coronavirus: desarrollaron una plataforma gratuita para predecir las zonas de mayor contagio en Latinoamérica

La empresa argentina Urbeos desarrolló una plataforma pública y gratuita, llamada Laboratorio Predictivo Covid-19, que permite detectar en forma anticipada las zonas de mayor riesgo de contagio de coronavirus en Latinoamérica.

El objetivo de este sistema es ayudar a que Gobiernos y entidades privadas cuenten con esta información para idear estrategias adecuadas con el objetivo de reducir las chances de contagio en un marco de aperturas y flexibilizaciones de las cuarentenas.

“Actualmente la plataforma está abierto al público en general y a todos los organismos públicos de Latinoamérica. En la etapa 1 se han recibido más de 35.000 consultas en la plataforma desde Argentina, Uruguay y Chile. Actualmente, con el desarrollo de la etapa 2, se agregaron Colombia y Ecuador y se avanza con Brasil, Perú, Paraguay y México”, explicaron desde la compañía, en diálogo con Infobae.

El desarrollo se inició a principios de marzo para 20 ciudades de Latinoamérica. La primera etapa, que se presentó los primeros días de mayo, logró identificar de forma anticipada los 4 escenarios de mayor riesgo de contagio por Covid en las principales ciudades de Latinoamérica, antes de que la pandemia avanzara en la región: asentamientos precarios y complejos habitacionales; barrios suburbanos de bajo nivel socioeconómico; áreas de alta densidad y edificación en altura; así como áreas centrales con alto tránsito de personas.
La plataforma emplea tecnología predictiva para una salida de cuarentena segmentada geográficamente en Latinoamérica
La segunda etapa se presentó a mediados del mes de julio. En esta segunda, el análisis predictivo realizado en 20 ciudades latinoamericanas mostró que los contagios se originarían fundamentalmente en los centros urbanos (áreas comerciales y administrativas) con alto tránsito de personas o en instancia del viaje de las personas hacia ellos, sobre todo en el caso del transporte público. No obstante, los resultados también dejaron en claro que el nivel de riesgo de los centros urbanos varía significativamente entre distintas ciudades de la región o entre los centros de una misma área urbana.

“Los resultados preliminares de la segunda etapa ya muestran que ciudades como Córdoba, Mendoza y Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay) así como Valparaíso y Concepción (Chile) podrían salir más fácilmente de las cuarentenas al presentar centros urbanos con menor nivel de riesgo. Por el contrario, las áreas metropolitanas de Santiago de Chile, Buenos Aires y Bogotá requerirán estrategias graduales de reactivación de actividades segmentadas geográficamente con alto nivel de precisión urbana”, remarcan desde la compañía.

Para el desarrollo de la plataforma, se utilizaron modelos de análisis predictivo para evaluación de variables urbanas que contemplan modelos poblacionales, habitacionales, de actividad comercial y, fundamentalmente, de movilidad de personas, tanto en el transporte público como particular.

El análisis de riesgo se estableció a partir de varios cálculos que se realizan en conjunto, entre los que se destacan la cantidad de personas movilizadas diariamente a los centros urbanos principales (comerciales y administrativos) y el nivel de concentración de la gente en este espacio. A esto se suma el nivel de movilidad de las personas hacia/desde estos centros al resto de las zonas de la ciudad.

Fuente: Infobae.com

28 julio, 2020