Autor: Jorge Alfredo Baret

Aunque es un hecho que el Gobierno prorrogará hasta el 30 de agosto el canje de deuda, para los tenedores de bonos no será lo mismo entrar ahora o esperar para hacerlo un mes más. El motivo es que el prospecto incluyó una “zanahoria” para los que acepten ingresar en esta etapa, que no se mantendrá a partir del 4 de agosto.

Aunque el cierre formal previo a la posible prórroga es el 4 de agosto, en la práctica los inversores que poseen sus títulos en cuentas locales podrán manifestar su voluntad de participar hasta hoy. Quienes poseen bonos en el extranjero tuvieron tiempo hasta ayer.

La amplia mayoría de los pequeños y medianos bonistas tiene decidido ingresar al canje, tras la última propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, elevó el precio de la oferta a unos USD 53 por cada 100 dólares de bonos de valor nominal. Además, si hubiera una mejora a último momento para los grandes fondos, también se aplicaría para los que entraron en esta fase temprana. Esto se debe a la aplicación de la cláusula RUFO, que establece justamente que si el Gobierno mejora la oferta para un grupo de bonistas debe hacer extensiva al resto.

<b>Muchos inversores optan por esperar que entren los grandes fondos para decidir si entran al canje. Pero puede ser un error, porque en el camino podrían perderse interereses corridos desde el 22 de abril, lo que reduce el valor de la oferta final</b>

Éste es uno de los argumentos para no demorar el ingreso al canje si la decisión es participar del mismo. Pero hay otra razón de peso para los que acepten la “oferta temprana”. Según el prospecto enviado a las autoridades norteamericanas de esta nueva oferta, quienes acepten entrar en la operación en esta etapa cobrarán todos los intereses corridos hasta el 4 de septiembre, fecha en la que se entregarán los nuevos títulos.

Estos intereses vencidos y no pagados debido al default se pagarán con un nuevo bono al 2030, cuya tasa de interés anual del 1% en dólares. Este agregado mejoró casi 2 dólares la oferta que en su momento había realizado la Argentina y fue rechazada.

En cambio, quienes ingresen en la próxima etapa, es decir una vez que el Gobierno defina una prórroga hasta el 30 de agosto recibirán menos, ya que solo les pagarán por los intereses corridos hasta el 22 de abril. Ese día la Argentina incumplió con el pago de tres títulos internacionales y un mes después caería formalmente en default.

Esto significa que los intereses vencidos que van desde fines de abril hasta septiembre no serán pagados, lo que representa un dato negativo para los inversores.

En otras palabras, esperar en este caso puede no ser un buen negocio, sobre todo si ya hay decisión tomada de aceptar la oferta del Gobierno más allá de lo que hagan los grandes jugadores internacionales. Los pequeños y medianos ahorristas que poseen bonos bajo ley extranjera tienen, por otra parte, escasas posibilidades de litigar ante tribunales internacionales.

En otras palabras, esperar puede no ser un buen negocio, sobre todo si ya hay decisión tomada de aceptar la oferta del Gobierno más allá de lo que hagan los grandes jugadores internacionales.

Leandro Trigo, CEO del Grupo SBS, explicó que “a los clientes que están ya definidos a entrar en el canje les aconsejamos que lo hagan ahora y no esperen la prórroga, porque terminarían recibiendo menos títulos que si lo hacen ahora”.

La única desventaja concreta para los bonistas que entren al canje es que ya no pueden disponer de los títulos si se arrepienten a último momento, es decir quedarían ilíquidos por más de un mes. Existe la opción de revertir la participación en la operación, pero es bastante engorrosa.

Si bien el canje culmina formalmente el 4 de agosto, en la práctica los bancos internacionales tenían hasta ayer para que sus clientes manifiesten la voluntad de participar. Las entidades locales, en cambio, tienen hasta hoy para hacerlo.

Esto no es válido para el canje de deuda de bonos bajo ley local, que todavía no comenzó y se espera que sea lanzado antes de fin de agosto. En esta transacción entrarán en particular el Bonar 2020, 2024 y las Letes en dólares que no canjearon a pesos. Según ya presentó el ministerio de Economía, tendrán exactamente el mismo menú que los títulos bajo ley extranjera y además podrán optar por un bono nominado en moneda local que ajusta por CER, pero que en principio sería poco atractivo.

Fuente: Infobae.com

En una reunión virtual con empresarios, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el Gobierno buscará desarticular las restricciones de acceso al dólar oficial y políticas como Precios Máximos, que nació para evitar la especulación durante la pandemia. “No tenemos intenciones de mantener estas medidas, son herramientas de corto plazo. Precios Cuidados es un acuerdo voluntario. Precios Máximos nació por la situación de emergencia, para evitar desabastecimiento y aumentos de precios”, aseguró el ministro. “Esperamos salir gradualmente de este esquema”, agregó después de considerar que la medida hizo que la inflación se estabilizara “en un nivel relativamente bajo, sin generar desabastecimiento”.  En paralelo, el Banco Central prorrogó las normas que restringen el acceso de las empresas al mercado oficial, con un tope de un millón de dólares mensual y con la exigencia de no operar con los dólares bursátiles (MEP y CCL) por 90 días. El organismo a cargo de Miguel Pesce aclaró que no se prevén nuevas medidas y aseguró que se sigue trabajando con el sector privado “en superar las dificultades que todavía puedan registrarse en la operatoria de comercio exterior”. Sobre ese punto, Kulfas indicó que “en la medida que se genere ingreso de dólares y se cierre la negociación de deuda, se irán relajando los controles”. Hans Humes, de Greylock: «Lo que están haciendo los acreedores puede generar un default duro y largo» El funcionario habló ante más de 300 representantes del sector privado, en una videoconferencia organizada por AmCham, la filial local de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde también lo escucharon empresarios de Estados Unidos. “Tampoco somos amigos de la desregulación total. Hay que discutir en la escala de los grises. Tiene que haber regulación para evitar factores disruptivos”, remarcó.   Neil Harrington, de la Cámara de Comercio de los EE.UU. habló de la necesidad de los empresarios de contar con un plan económico y de que la Argentina no caiga en default. Los empresarios locales, también preguntaron por las restricciones a las importaciones y la ley de teletrabajo, entre otros puntos.  Sobre las demoras para la aprobación de licencias que plantearon algunos sectores como juguetes y pequeños electrodomésticos, entre otros, el economista respondió que “la gran mayoría de las importaciones, más del 90%, entra sin mayores dificultades. Esperamos mejorar eso en los próximos meses. Lo que hay son controles contra las prácticas predatorias».  Qué hacen las empresas para mejorar condiciones de teletrabajo de sus empleados El titular de AmCham, Alejandro Díaz, planteó la preocupación de la Cámara por la ley de teletrabajo, que tiene media sanción en Diputados y se trata en el Senado. “Sentimos que nos escucharon en el debate pero no tuvieron en cuenta nuestros planteos”, resumió. Kulfas buscó llevar tranquilidad: “vamos a trabajar en la reglamentación para que sea funcional a las necesidades de los trabajadores y empresas». Pospandemia Para la agenda de reactivación, Kulfas planteó que las modificaciones tributarias serán una parte, pero evitó adelantarse al anuncio de medidas que hará el presidente Alberto Fernández “en los próximos días”. Puso el foco en el crecimiento de las exportaciones y señaló la necesidad de un “acuerdo económico y social”. Como ejemplo, citó el acuerdo del sector automotor, que está próximo a cerrarse. En ese caso, la negociación con ADEFA -los fabricantes- y SMATA -trabajadores- permitirá “que se pueda generar superávit externo” en un sector que es un gran consumidor de divisas.  La minería fue otro de los ejes que destacó el ministro ante los inversores como uno de los sectores que pueden generar divisas y mejorar la integración de la cadena de producción. Y aseguró que se analiza la regulación con empresas y ambientalistas.  Pero antes de imaginar el día después, también recibió preguntas sobre si se mantendrá el ATP, el programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción, con el que el Estado cubre parte de los sueldos privados, hasta fin de año. “Era el ATP o el cierre de empresas. En los sectores críticos como turismo, gastronomía, hotelería, actividades culturales deportes, entretenimiento, se prorroga la asistencia hasta diciembre. Vamos a ir viendo mes a mes como va evolucionando», remarcó Kulfas.

Fuente: Perfil.com

El Senado terminó arruinando el teletrabajo en la Argentina. Pero tampoco hay que echarles la culpa a los senadores. El proyecto de regulación -por no llamarlo de prohibición- del home-office salió de Diputados y contó con la aprobación de los legisladores de Juntos por el Cambio. En Diputados nadie se preocupó por escuchar las opiniones del mundo empresario y, fundamentalmente, de las Pymes, que son las que más necesitarían del teletrabajo para bajar costos y poder volver a crecer después de la pandemia y generar muchas oportunidades de trabajo.

Un par de perlitas para entender por qué, cuando en todos los países después de la pandemia seguirá teniendo un enorme impulso el teletrabajo, las Pymes argentinas deberán pedirles a los empleados que regresen a sus oficinas para trabajar a la vieja usanza:

– El trabajador decide cuándo y cómo terminar la relación de teletrabajo. Si el empleador para bajar costos dejó el alquiler de su oficina, deberá salir a alquilar un espacio conveniente para el empleado, si este no quisiera trabajar desde su hogar. Si no, puede darse por despedido y cobrar su jugosa doble indemnización. Esto, además, impide contratar teletrabajadores en otras provincias, ya que en cualquier momento podrán reclamarle al empleador (por ejemplo en Parque Patricios) que les ponga una oficina cerca de su casa (por ejemplo en Jujuy). Y que ni se le ocurra contratar teletrabajo extranjero: está prohibido. Ese toque de xenofobia puede llevar a retaliaciones a nivel internacional.

– Se deben respetar los horarios habituales de la oficina. Las partes podrían pactar “por debajo de la mesa”, por ejemplo, darle la tarde libre a una empleada para acompañar a su hijo a un acto en el colegio, pero si compensa esas horas trabajando a la noche, esa empleada podrá reclamarlo luego en juicio como horas extras impagas.

– Aunque el empleado se ahorre enormes costos de transporte y mucho tiempo de viaje (time is money), el empleador deberá correr con los costos de internet, aunque el empleado esté pagando internet desde hace años. Además, a la hora de la indemnización, el suplemento de conexión se suma al monto indemnizatorio.

Hay muchas más “balas” en la ley que fusilaron el teletrabajo, que erizan la piel por lo absurdas y anacrónicas, pero con estas perlitas queda claro que el teletrabajo, en un país en el que de por sí contratar en blanco es costoso y siempre trae altos riesgos de litigiosidad, hay un incentivo menos a generar empleo para los privados. Y mientras tanto, la pujante industria del juicio laboral se frota las manos.

Dicho sea de paso: también se estropeó una enorme posibilidad de conseguir empleo en blanco para mucha gente, especialmente para madres que podrían ver resuelta su necesidad de trabajar desde su casa compatibilizando mejor con sus tareas hogareñas.

La regulación del teletrabajo es apenas una mancha más para un tigre que se convirtió en la semilla del fracaso argentino: el sistema laboral hizo que en las últimas décadas el único empleador que toma trabajo sea el Estado, con la consabida quiebra del país a causa de un infinanciable déficit fiscal.

Particularmente las Pymes, que aún hoy son por lejos el primer empleador de la Argentina, tienen enormes desincentivos a contratar, y ahora tendrán uno más.

Se calcula que en una economía moderna hasta el 30% del empleo puede resolverse con teletrabajo, descongestionando el tránsito, mejorando el medioambiente y generando muchas horas para el ocio, la actividad física, la familia y la capacitación para el empleado. Horas de sueño también, claro. Y todo esto mientras las empresas chicas podrían bajar costos y trabajar de manera más flexible y competitiva, generando nuevos puestos de trabajo de calidad.

Para entender por qué el aniquilamiento del teletrabajo es un nuevo fracaso de la comunicación empresaria, hay que repasar la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado que le dio espacio al mundo empresario para exponer posturas, luego de haber escuchado a los sindicalistas.

Particularmente a partir del minuto 46 de la sesión, hay que detenerse a escuchar al “representante de las Pymes”, que argumentó que había que aprobar esta regulación tal cual llegaba de Diputados porque las Pymes “son solidarias con los trabajadores”.

¿Quién era ese único representante de las Pymes que habló en el Senado? Se trata de Leo Bilanski, un militante “K” que creó una sello de goma que dice representar a la Pyme y que, en realidad, se trata de una de tantas organizaciones cuya única función es quitarle la voz a los 400 mil pequeñas y medianas empresas que, por el contrario, son las mayores defensoras de las desregulaciones y reformas en la Argentina.

Se trata de la asociación Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). Organizaciones como esta hay muchas, que usurpan la voz de las Pymes y que representan los verdaderos intereses de los pequeños empresarios -sometidos a altos costos laborales, impuestos impagables y sin acceso al crédito-, que podrían ser la clave de la recuperación de la Argentina después de la pandemia.

En el nombre de las Pymes se  han hecho muchas iniquidades que han contribuido a que de las 600.000 pequeñas y medianas empresas que funcionaban hace dos décadas, antes de la pandemia quedaran poco más de 400.000, y en un par de meses serán muchas menos. Y la recuperación que podría haber llegado de las Pymes después de la pandemia (supongamos lo que significaría para el mercado laboral que cada Pyme contratara a un empleado) cuenta ahora con un motivo menos: el teletrabajo.

Pero esta es una columna sobre comunicación. Así que la pregunta que cabe es: ¿quiénes serían los mayores beneficiarios de que en la Argentina se emprendieran desregulaciones y reformas de fondo pensando en las Pymes? Sí, las Pymes, primero. Pero luego vendrían las grandes compañías, que aunque sufran algo menos que las Pymes por las regulaciones laborales, los altísimos impuestos y la falta de crédito, podrían beneficiarse automáticamente, una vez que las pequeñas y medianas empresas lograran demostrar a la ultraconservadora sociedad argentina que desregulando se logra más empleo y mayor crecimiento.

En Argentina hoy no hay un partido político que pueda defender estas posiciones. Juntos por el Cambio cuenta con una importante representación parlamentaria, pero terminó tan mal su gestión en el anterior período que es muy escasa su credibilidad en materia económica.  Tampoco aprovechó sus cuatro años para fomentar una representación Pyme real que se convirtiera en una voz de peso en un debate que nunca se llegó a dar: la urgente necesidad de reformas estructurales para que el país salga de su permanente decadencia económica.

Ahí es donde deberían entrar las grandes empresas, que están solas, sin un partido que -como sucede en muchos países- las defienda en estos debates, que se dan permanentemente en el mundo y que aquí ni empiezan.

El problema de las empresas grandes es su baja credibilidad en la opinión pública argentina: los argentinos no solo son los más anticapitalistas y estatistas del mundo (incluyendo a Venezuela, Vietnam, China y Rusia), sino que no estiman a sus grandes empresarios. Muy distinto es el caso de las Pymes y los emprendedores, que en las encuestas suelen estar al tope de la confianza social, incluso por encima de los medios y la Iglesia.

Quizás este ejemplo del teletrabajo, en el que la voz de las Pymes fue usurpada para apoyar una nueva ley que promueve el atraso económico, sirva de toque de atención a los empresarios, que deberían ser ellos mismos quienes ayuden a las pequeñas y medianas empresas a recuperar su voz para empezar a instalar en la opinión pública un debate sobre qué tipo de economía conviene a los argentinos.

Fuente: Infobae.com

El infectólogo y asesor presidencial Pedro Cahn, quien mantendrá este jueves una reunión clave en Olivos con el Presidente para determinar los pasos a seguir en torno a la cuarentena, hizo un análisis sobre la situación y aseguró que en el país «probablemente no tengamos un pico, sino una meseta prolongada». «Estamos transitando una meseta de casos, aunque es una meseta alta. Probablemente en el país no tengamos un pico, sino una meseta prolongada», expresó el especialista en declaraciones al canal TN. «Ha crecido un 40% el número de camas, se han ampliado el número de respiradores. Ha habido muchos avances y eso permite que el sistema de salud pueda aguantar», agregó. En ese sentido, afirmó que «hay actividades más complicadas que otras, pero entre las lecciones aprendidas en el curso de esta pandemia supimos que es mucho peor todo lo que sucede puertas adentro de las casas». Y señaló a las reuniones familiares como «caldo de cultivo» de contagios. Por qué Pedro Cahn es el símbolo de la grieta para los anticuarentena «Los riesgos que suponen esas reuniones (los cumpleaños, las fiestas electrónicas, los baby showers) son, en primer lugar, la cercanía. En segundo lugar, la intensidad de contacto: estamos cerca, hablando fuerte, cantando, bebiendo, bailando. Y, también, el tiempo de contacto. No son reuniones que duran 15 minutos. Duran mucho más», argumentó. Sobre este punto, Cahn dijo que la medida más efectiva para contener al virus «es el distanciamiento social». Y remarcó que «hay que tratar de evitar las cosas que no son tan esenciales. A mí también me gusta comer un asado con mi familia, pero no lo hago». En qué números se basa Kicillof para advertir sobre un inminente colapso sanitario El infectólogo se refirió también a la cantidad de contagios en el país. «Si tenemos una meseta larga en vez de un gran pico, el sistema de salud va a responder», aseguró, y explicó: «Esto no es una carrera de 100 metros llanos, sino una maratón. ¿En qué parte de la maratón estamos? En la mitad o un poquito más». También dijo que el transporte público «deben seguir usándolo solo los trabajadores esenciales», y habló de la situación en las provincias. «Es cierto que el 90% de los casos está en el AMBA, pero hay situaciones muy distintas en diferentes provincias. Hay provincias que tienen un solo hospital con una sola sala de terapia intensiva. Ahí puede haber una saturación del sistema sanitario sin que haya necesariamente muchos casos», concluyó.

Fuente: Perfil.com

Alberto Fernández presentó su proyecto de reforma judicial –incluido el mensaje de presión a la Corte Suprema- ante una platea que dijo mucho por presencias y ausencias. Estuvieron los principales representantes del oficialismo y sus aliados junto a los integrantes de la flamante comisión consultiva, donde sobresale el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y a una sola integrante del máximo tribunal, Elena Highton. No hubo una representación judicial consistente y faltó la principal oposición. Síntoma en conjunto de una movida que privilegió el frente interno, y en particular a la ex presidente. El emergente resulta mayor si se lo mira en perspectiva: alimenta la fisura política y juega en contra de un necesario acuerdo frente a la crisis económica y social agudizada por la cuarentena. Nada de estrategia seria para la post pandemia.

El discurso presidencial apenas incluyó una breve y casi imperceptible referencia a la posibilidad de acuerdos amplios. “No es hora de imponer decisiones”, dijo Alberto Fernández. Pero se encargó después también en las palabras de exponer una inquietante y cerrada concepción de poder. “Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó”, agregó para sugerir consenso social frente a un auditorio parcial.

Podría profundizarse en la discusión sobre qué conjunto social expresó el voto logrado por el Frente de Todos en octubre último, en base a especulaciones sobre cuánto habría aportado CFK y qué habría sumado Alberto Fernández. De todos modos, en este caso importa el cierre de filas y hasta el giro presidencial. Pero el concepto de apoyo del “pueblo” como unidad y pronunciado en un único sentido expone una peligrosa confusión: la fórmula Fernández-Fernández reunió el 48 por ciento del electorado. El resto votó otra cosa. Considerarse avalado por “el pueblo” agrega un riesgo al modo de entender esta ofensiva en particular y la gestión en general. Una pincelada con pretensión hegemónica.

No es lo único que podría mencionarse como falta de garantía plural en el nacimiento de este proyecto de reforma del fuero federal y en la creación del consejo que estudiará una recomposición de la Corte y cambios en otros rubros sensibles: el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.

Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner. Su nombre tiñe al consejo consultivo anunciado por el Presidente.

El Presidente enviará en breve el proyecto de reforma al Congreso y el camino elegido pone de relieve la intención de imponer sin vueltas sus objetivos, con las sombras que supone más allá del discurso: la escalada para aliviar el complicado frente judicial de la ex presidente. La iniciativa entrará por el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia y comanda CFK. Irá a dos comisiones legislativas cuyo manejo se aseguró de entrada el kirchnerismo. Y si todo va como está previsto, en velocidad, generará un fuerte impacto en Diputados. El oficialismo trabajará sin descanso para coronar en esa cámara la ley, ya con escaso margen para negociar cambios y menos aún para arriesgar un contratiempo.

Algo parecido asoma en el plano práctico para cubrir el amplio número de subrogancias que necesitaría el nuevo fuero federal penal. El Presidente dijo que para asegurar transparencia, en ese proceso intervendrán la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado. Es sabido que en la Magistratura y en el Senado, el oficialismo cuenta con mayoría a su favor.

La cuestión de fondo sigue estando atada a la falta de acuerdos políticos previos para darle sustento equilibrado a una reforma judicial, en sentido amplio. Tales acuerdos –lo exhiben todos los pactos exitosos, desde los destinados a construir gobernabilidad a los encarados para enfrentar la corrupción sistémica- se basan en la posibilidad de un logro compartido, algo que a la vez demanda ceder posiciones y admitir responsabilidades propias en las crisis a superar.

Cristina Kirchner, al frente de una reciente sesión del Senado. Por allí entrará el proyecto de reforma para asegurar su aprobación.

No es lo que se vio en el discurso presidencial. El abordaje del complicado cuadro judicial, y un rápido sobrevuelo histórico, alcanzaron para mostrar los límites o el sentido de las críticas. Cuestionó la “mayoría automática” de la Corte en la era menemista y apuntó con dureza al gobierno macrista, por degradar el lugar de la Justicia y por las relaciones con servicios de inteligencia. Elogió a Néstor Kirchner por el cambio y oxigenación de la Corte, y también agregó una pincelada positiva sobre las gestiones presidenciales de CFK. No reparó ni en la salida forzada de Esteban Righi ni en la expulsión de Gustavo Beliz, por ejemplo.

Lo más destacado, con todo, no es sólo la ausencia de búsqueda de algún grado de entendimiento amplio para afirmar una reforma de la Justicia, sino además el momento elegido para desplegar su movida –en medio de la extensa cuarentena- y el efecto de tensión política que agregaría, en lugar de generar distensión y alguna certidumbre. La idea del esfuerzo que demandaría salir de la crisis contrasta con la postal que dejó el acto en la Casa Rosada. Y proyecta una pintura de nueva fisura.

Hubo además otra señal al menos llamativa en el discurso presidencial. Alberto Fernández habló de la necesidad de “una Justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos y los poderes políticos”. En ese orden. Curioso, colocó en tercer lugar al poder político, desenganchado de otras articulaciones. Pero la frase insinúa algo más que simplificación. Anota en primer lugar los “poderes mediáticos”, como una categoría en sí misma –fuera incluso de la calificación ya tradicional y lineal de poderes fácticos-, una señal que cada tanto anticipa otras tormentas.

No es una novedad el cuestionamiento a la Justicia que suelen registrar encuestas cualitativas, sin demasiada diferenciación de motivos ni de alcances, pero con eje en la impunidad. Y por eso mismo no podría suponerse el aval a cualquier reforma judicial, sobre todo si llega con polémica y sospechas sobre su real objetivo. Anoche, hubo alguna protesta con ruido de cacerolas. Habrá que ver si es sólo un espasmo de algunas franjas sociales o insinúa una luz amarilla más allá del circuito político.

Fuente: Infobae.com