Autor: Jorge Alfredo Baret

La pelea del Sindicato de Camioneros con Mercado Libre podría recalentarse en las próximas semanas. Al menos esa fue la amenaza de Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, en un documento presentado ante el Ministerio de Trabajo, en el que afirmó que el conflicto “no pudo ser resuelto” y advirtió sobre “la posibilidad de que los trabajadores retomen las asambleas en los ingresos de las plantas de distribución”.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, mantuvo este miércoles una reunión por Zoom con el líder del Sindicato, Hugo Moyano, con quien analizó las alternativas para solucionar el conflicto y éste le aseguró que su gente no volvería a bloquear los centros de distribución de la empresa de Marcos Galperín.

Las protestas de los Camioneros, que hace quince días afectaron los depósitos de Mercado Libre y provocaron problemas en la entregas de productos, fueron dispuestas para tratar de encuadrar en su sindicato a 1.200 trabajadores que se desempeñan en un depósito de la empresa ubicado en el Mercado Central y que están afiliados al gremio de Carga y Descarga, conducido por el dirigente barrionuevista Daniel Vila.

Luego de los bloqueos, Moroni convocó a la empresa y al sindicato a crear una comisión para negociar una salida al conflicto. Ya hubo dos reuniones entre las partes y lo único concreto que surgió de allí fue el compromiso de dialogar y de “mantener la paz social”, algo que la amenaza de Pablo Moyano pone en crisis.

Activistas de Camioneros bloquearon hace quince días varios centros de distribución de Mercado Libre

En realidad, ya no se discutiría la afiliación a Carga y Descarga de los empleados que trabajan puertas adentro del centro de distribución del Mercado Central, mientras que se estudia la posibilidad de que queden encuadrados dentro del convenio de Camioneros los fleteros que se llevan los paquetes del depósito, que no tienen vinculación laboral directa con Mercado Libre porque son subcontratados o cuentapropistas.

Esa variante es similar a la que sirvió para solucionar diversos conflictos de encuadramiento similares que encabezó el gremio de los Moyano desde 2003, en donde, luego de innumerables bloqueos a empresas, se quedó con la afiliación del personal tercerizado del área de logística de supermercados o aguas gaseosas.

Gracias a su alianza con el entonces presidente Néstor Kirchner, Moyano expandió su poder por el crecimiento del transporte automotor de cargas y también porque empezó a disputarles el encuadramiento de trabajadores a otros sindicatos como Comercio, Alimentación, Tintoreros, Seguridad y Aguas Gaseosas. Pudo hacerlo mediante una doble vía: la presión extorsiva de los bloqueos a las empresas y, a la vez, el favoritismo político que permitía que el Ministerio de Trabajo siempre le diera la razón a sus reclamos.

En 2011, con esos reclamos los Camioneros habían logrado “robarse” 26.000 afiliados del Sindicato de Comercio, 10.000 del gremio que agrupa a los trabajadores de seguridad, 5.000 de Aguas Gaseosas y unos 2.000 de Carga y Descarga. Pero el afán expansionista de Moyano no se detuvo, siempre basado en el lema: “Todo lo que tiene ruedas es nuestro”.

Daniel Vila, titular del sindicato de Carga y Descarga

Pero Camioneros también se terminaba llevando los afiliados de otros gremios porque los salarios del sector eran mucho mejores que los de sus competidores. Sin embargo, hace varios años que el sindicato que lidera Hugo Moyano ya no encabeza el ranking de las actividades que cobran los mejores sueldos de la Argentina.

En cambio, los 1.200 trabajadores que pretende afiliar tienen una situación ventajosa por las negociaciones de Vila con Mercado Libre: con una edad de entre 18 y 23 años, cobran un salario bruto de unos 75 mil pesos, acaban de recibir un bono de 500 dólares como gratificación, les otorgarán en estos días un 10% de aumento a cuenta de las paritarias y tienen beneficios como un plus por guardería, gimnasio, comedor gratis “con un menú saludable” y transporte de ida y vuelta provisto por la empresa.

En medio de los últimos bloqueos, Pablo Moyano dijo que “Mercado Libre es una empresa que factura millones de dólares a costillas de los trabajadores” y destacó: “Hicimos relevamientos y constatamos que hay trabajadores ganando sueldos miserables, de 25.000 o 30.000 pesos”.

“Esa es la flexibilización laboral a la que nos quería llevar Macri -agregó-. Los trabajadores de Mercado Libre en el Mercado Central tienen que estar afiliados a Camioneros porque su actividad es la logística”.

El centro de distribución de Mercado Libre en el Mercado Central tiene 75 mil metros cuadrados

Mercado Libre, por su parte, insistió en que sólo quiere negociar con el gremio de Carga y Descarga, aunque insinuó que podría hablar con Camioneros sobre cómo se puede insertar en su plan de expansión en el interior.

El año pasado, durante el gobierno de Mauricio Macri, el sindicato que lidera Vila firmó un convenio con Mercado Libre, que luego fue homologado por el ministro de Trabajo, Dante Sica, en el que se flexibilizaron las condiciones laborales de los empleados del centro de distribución de la empresa, al establecerse la polifuncionalidad, un banco de horas y turnos fijos y/o rotativos, entre otros puntos.

El presidente Alberto Fernández habló sobre los bloqueos de Moyano en una conferencia de prensa realizada en la Quinta de Olivos para anunciar cambios en la cuarentena, pero evitó dar una opinión sobre el tema. “En realidad, estuve ayer y toda la mañana con el Gobernador y el Jefe de Gobierno embarcado y en ver cómo anunciábamos esto. Por eso no presté atención particular a eso. Pero sí sé que hay un conflicto y que invito a las partes a que se sienten, dialoguen. No es hora de conflictos, ya tenemos demasiados para sumar nuevos”.

El cotitular de la CGT Héctor Daer criticó a los Moyano por los bloqueos: “Creo que hay que ser respetuosos de las organizaciones sindicales. El convenio colectivo lo tiene firmado el gremio de Carga y Descarga”, dijo a la FM Futurock. Destacó que “no se puede generar un pleito de encuadramiento por los hechos porque para algo están la Justicia y las normas”, y sostuvo que “bajo ningún punto de vista el pleito de Mercado Libre se puede resolver con un bloqueo”.

Fuente: Infobae.com

Pasadas las 20 horas, en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires se escucharon los cacerolazos de la convocatoria que, mediante redes sociales, llamaba a rechazar el proyecto de reforma judicial que presentó este miércoles 29 de julio el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Los ruidos de cacerolas se escucharon desde los balcones y ventanas de Recoleta, Palermo, Almagro, Belgrano y Villa Crespo, con una forma de protesta que ya se dio en varias oportunidades anteriores durante el aislamiento obligatorio por coronavirus. «No a la reforma judicial por la impunidad de Cristina. Miércoles 29 cacerolazo 20 hs. Pasalo. Es grave. Reaccionemos. Argentina unida en la República, la libertad y en contra de la impunidad de Cristina», decía la convocatoria que circuló por las redes. Cacerolazo y marcha contra la reforma judicial: «Buscan la impunidad de Cristina» La misma iniciativa, además, llama a que el próximo sábado 1 de agosto las manifestaciones se trasladen a las calles, pese a las restricciones para circular impuestas por el Gobierno en el marco de la pandemia. “La IMPUNIDAD es el motivo real detrás de la reforma judicial. No les será tan sencillo arrebatarnos la República. EL #1A SALIMOS TODOS. Máxima difusión, tenemos que organizarnos y llenar las calles de nuevo”, dice uno de los mensajes que circulan por Twitter. La convocatoria se difundió luego del anuncio del jefe de Estado, al que Juntos por el Cambio rechazó asistir por considerar que la reforma judicial y la posible ampliación de la Corte «no son una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad». En el comunicado que dieron a conocer, la oposición deja en claro que, entre los argumentos centrales por los que rechazan el proyecto, está que -aseguran- se buscará “garantizar la impunidad” de las causas, y cuestionaron la inclusión en la comisión asesora de Carlos Beraldi, uno de los abogados defensores de la vicepresidenta Cristina Kirchner. «La comisión de expertos, que no integramos y no tenemos pretensión alguna de integrar, tiene una mayoría de integrantes con opinión formada, que es la de sugerir una ampliación de los miembros de la Corte Suprema y un funcionamiento del máximo Tribunal en salas. El objetivo es claro: crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, o cualquier otra resolución judicial que garanticen impunidad. Algunos de los expertos convocados tienen claro cómo diseñar la nueva composición, funcionamiento y los futuros procedimientos ante la Corte que garanticen ese objetivo», detallaron. Alberto Fernández diluye Comodoro Py y pone en marcha el sistema acusatorio Esta tarde, desde la casa de Gobierno, Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear la justicia federal penal con la fusión del fuero penal y el fuero penal económico y con una ampliación de juzgados, diluyendo así el poder de Comodoro Py.  En el anuncio, el jefe de Estado estuvo rodeado por parte de su gabinete y también por los juristas que analizarán eventuales cambios a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. Estuvo también presente Elena Highton de Nolasco por parte de la Corte, pero hubo varias ausencias, entre ellas, los dirigentes del arco opositor.

Fuente: Perfil.com

El prestigioso abogado constitucionalista Daniel Sabsay planteó críticas técnicas y políticas al proyecto de reforma judicial presentado ayer por el presidente Alberto Fernández. Para sintetizar su idea, explicó: “Acá lo que se busca es garantizar la impunidad” de los ex funcionarios que enfrentan diversos procesos judiciales.

De acuerdo a su mirada, la iniciativa que será debatida en primera instancia en el Senado fue pensada para ampliar la Corte Suprema de Justicia. “El resto es bla, bla, bla”, graficó. Y esa intención -señaló- tiene un escollo imposible de sortear: es inconstitucional.

“El Poder Ejecutivo no puede interferir en la actividad judicial. El artículo 109 es categórico. El proyecto contempla la creación de una comisión que está integrada por dos grandes penalistas que defienden a la ex presidente Cristina Kirchner y al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que van a recomendar cómo debe ser la Corte y cuyas causas van a terminar seguramente en la Corte”, detalló.

Y se preguntó: “¿Si eso no es una presión, qué es? Imaginen si la Corte crea una comisión para reformar el Poder Ejecutivo. Sería un escándalo”.

Sabsay recordó que la vicepresidente Cristina Kirchner fue la autora de una “excelente ley” que promovió la reducción de 9 a 5 miembros de los integrantes de la Corte. Los argumentos de ese proyecto son una pieza jurídica que se estudia en las universidades. El presidente Alberto Fernández también se había expresado en público a favor de no alterar la actual composición del máximo tribunal. “Entonces ahora necesitan un consejo de sabios que digan: ‘No, miren, necesitan ampliarla””, evaluó Sabsay.

El especialista cuestionó que la comisión que elevará propuestas de reforma está integrada por juristas que tienen miradas ideológicas similares y el único fin de esa maniobra es beneficiar a la ex presidente Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios cuando las causas en las que están imputados lleguen al máximo tribunal.

De avanzar esta idea, la Corte Suprema podría transformarse en una suerte de cuarta instancia en materia penal, una circunstancia que es “abundante y peligrosa”. “La Corte debería ser exclusivamente una instancia extraordinaria para revisar si se respetó el debido proceso, las garantías constitucionales y las libertades”, analizó.

Según trascendió, una de las ideas que evalúan los especialistas del nuevo consejo es dividir la nueva Corte en salas que se especialicen en diversos temas. Por ejemplo, habría un grupo de jueces que actuarían solamente en las causas penales, lo que para Sabsay sería inconstitucional.

“En la sala penal pongo a amigos que cuando lleguen las causas que tanto desvelan a la ex Presidente y a quienes la acompañaron ya está arreglada la cosa. Pero eso es inconstitucional. La Constitución es clara cuando habla de una sola Corte Suprema y aunque se divida en salas, los proyectos de sentencia deberían pasar por todas las vocalías y obtener mayoría absoluta de todos los miembros del tribunal”, analizó.

El jefe de Estado encabezó un acto en el Salón Blanco en donde puntualizó los aspectos fundamentales de un proyecto que no tiene consenso político y generó malestar en la conducción del Poder Judicial. La iniciativa representa una de las primeras medidas postpandemia del Ejecutivo. Esta nueva agenda continuará en los próximos días con un paquete de medidas económicas y sociales que buscarán desactivar la dura crisis que atraviesa el país.

La intención de las autoridades de instalar en la discusión pública una nueva lista de temas afronta una dificultad: la cantidad de contagios y muertes por coronavirus continúa en aumento y no hay consenso entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para avanzar hacia una apertura total.

Fuente: Infobae.com

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, defendió la designación del abogado Carlos Beraldi en la comisión que asesorará al Gobierno en la ampliación a la Corte Suprema de Justicia, y dijo que «no tiene nada que ver» que sea el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. «La verdad que si pensar que porque es el abogado de Cristina no puede integrar una Comisión una persona tan altamente capacitada y ética, no sé… Es el abogado de Cristina, pero va a asesorar al Presidente con cuestiones que tiene que ver con su reconocimiento», enfatizó Losardo. En declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada, resaltó: «También está la doctora (Inés) Weimberg (de Roca) y podríamos decir que es macrista, ¿qué tiene que ver? Alguna vez tenemos que pensar diferente, tenemos que despojarnos de estas cuestiones que no nos dejan avanzar y lo único que hacemos es mancillar las buenas ideas». Críticas a la designación del abogado de Cristina como asesor de la reforma judicial Losardo estuvo presente en el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío al Congreso del proyecto de ley de reforma judicial. En el acto no estuvo presente la oposición de Juntos por el Cambio que desde un primer momento cuestionó la presencia de Beraldi en la comisión asesora. «Por fin tuvimos la posibilidad de presentar el proyecto de reforma de todo el sistema de la justicia federal. Es una comisión para analizar los distintos temas que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público. Fueron elegidos para asesorar al presidente, tienen totalmente independencia», manifestó la ministra de Justicia. Alberto Fernández tiene a los 11 juristas que diseñarán cambios en la Corte y la justicia En esa línea, marcó las diferencias entre el proyecto de ley y la comisión asesora: «Se está confundiendo un poco. Siento que confunden lo que es la comisión con el proyecto de reforma. Una cosa es el proyecto y otra cosa es la comisión. Está creada para asesorar al presidente, no tiene que ver con el proyecto de ley. La comisión puede estar hablando y evaluando qué pasa con el recurso extraordinario, por ejemplo». «Estoy muy conforme con todos los integrantes porque no solo se tuvo la pluralidad de donde viene cada uno sino también la cuestión de género, hay muchas mujeres. Todos son académicamente muy solventes. Nadie puede dudar de los reconocimientos académicos», expresó.

Fuente: Perfil.com

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy enviar al Poder Ejecutivo las objeciones a los traslados de 10 jueces federales al considerar que ese trámite judicial no está completo y debe pasar por el Senado. Fue por cinco votos de los integrantes del oficialismo contra tres de la oposición.

Tras la aprobación, el tema debe ser tratado por el plenario del Consejo que será hoy mismo. Los votos a favor fueron los de el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, del representante de los académicos, Diego Molea, del juez Alberto Lugones y de las diputadas Graciela Camaño, presidenta de la Comisión, y Vanesa Siley. En contra votaron el diputado del PRO Pablo Tonelli y los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta.

La discusión la inició Camaño, quien es el voto clave porque desempata en las posturas del oficialismo y la oposición. “Todo lo que es instalar a un juez en un tribunal, cualquiera sea o cualquier ajurisdicción, no es una facultad discrecional de este Consejo ni tampoco del Presidente de la Nación. La Constitución Nacional quiere que sea un acto complejo. Todo el proceso que rodea a estos 10 nombramientos claramente surge que se cometieron errores. Tenemos la obligación de enmendar el error. Tenemos que tener reglas claras porque estoy cansada, en esta ancha avenida del medio en el que estoy, que de los dos lados cometan discrecionalidades”, dijo Caamaño.

La oposición mantuvo su postura que se trata de un tema en el que el Consejo no puede intervenir, que los traslados cumplieron con los requisitos legales y que son actos jurídicos que ya tienen efecto y que solo pueden ser revocados mediante una causa judicial.

El Consejo está integrado por 13 miembros: seis del oficialismo y seis de la oposición. El apoyo de Camaño le dará a la postura del oficialismo el voto que le falta para obtener la mayoría. El Consejo es el primer paso para revisar los traslados. Luego será el turno del Poder Ejecutivo y después del Senado. ¿Que ocurrirá si el Senado no le de acuerdo a todos o alguno de los traslados? Los jueces objetados deberán volver a sus tribunales de origen.

Ustarroz presentó hace 10 días un informe en el que sostuvo que hubo irregularidades en el traslado de 10 jueces que se hicieron durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Crisrina Kirchner y Mauricio Macri. El traslado es cuando un juez pasa de un tribunal en el que es titular a otro que se acaba de desocupar. El Consejo, que es el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales, recomienda el traslado y el Poder Ejecutivo lo aprueba o no con un decreto.

En el caso de esos 10 jueces las objeciones es que no cumplieron con un requisito de la Constitución Nacional para el nombramiento de jueces que es la aprobación por parte del Senado. Además, según cada caso, que los traslados se dieron entre distintas jurisdicciones o para tribunales cuyas competencias -los temas que tratan son distintas.

Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo (Maximiliano Luna)

Los 10 jueces objetados son: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Tres de ellos son magistrados de los tribunales de Comodoro Py, donde se tratan las causas de corrupción. Son los casos de Bruglia y Bertuzzi, que integran la Cámara Federal, y el de Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, donde está el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la llamada causa “cuadernos de la corrupción”.

Esos tres magistrados presentaron ayer notas en el Consejo en las que defendieron sus traslados. Señalaron que se aprobaron cumpliendo con la normativa vigente de ese momento y que la Corte avaló que no tenían que pasar por el Senado. Y adelantaron que irán a la justicia si se avanza para apartarlos de los cargos actuales. Bruglia pidió la recusación del consejero Lugones por algunas expresiones que había tenido la semana pasada. “No estoy hablando de nadie en particular, sino de un sistema que fue irregularmente utilizado”, señaló Lugones y la Comisión rechazó por unanimidad la recusación.

También hay tres jueces federales que tienen la competencia electoral de Chaco, Jujuy y de Misiones. Son Niremperger, Hansen y Skanata, respectivamente. Otro nombre de relevancia es de Villena, juez federal de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri hasta que fue apartado del expediente.

El debate en el Consejo se da en paralelo a la reforma judicial que ayer presentó el presidente Alberto Fernández en la que reorganiza la justicia federal y crea una comisión para analizar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.

Leopoldo Bruglia, uno de los jueces objetados

“El traslado de un magistrado a un cargo perteneciente a una jurisdicción distinta y/o con una competencia distinta en razón de grado o de la materia, a aquél para el cual fuera originariamente designado, configura en realidad un nuevo nombramiento que se aparta del procedimiento constitucional consagrado en el art. 99 inc. 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional”, sostiene el dictamen que presentó Molea y que fue aprobado.

El dictamen establece que se le debe comunicar al Poder Ejecutivo la situación de esos traslados y todos sus antecedentes. Con eso, el gobierno podrá entender que falta completar el trámite y enviar los nombres al Senado para que les de acuerdo o no. El oficialismo cuenta con la mayoría para aprobar los pliegos que quiere y rechazar los que no. El texto también propone informarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “atento la naturaleza de las cuestiones comprometidas”. “A la Corte le vamos a informar solo para sepa, no para que resuelva algo”, le dijo a Infobae una fuente del Consejo que trabaja en el tema.

La Corte fue clave en el debate que la semana pasada ya tuvieron el oficialismo y la oposición en el Consejo. El máximo tribunal dictó en 2018 dos acordadas, la 4 y la 7, que las partes discuten su interpretación. El oficialismo señala que allí quedó claro que debe haber intervención del Senado. Para la oposición que no para el caso de los 10 traslados objetados.

“Cabe resaltar que aquí no se está proponiendo remover del Poder Judicial de la Nación a ningún magistrado, sino que, tal como lo exigen los sistemas de protección internacionales en materia de derechos humanos, se pretende salvaguardar la transparencia que necesariamente debe caracterizar al procedimiento de selección de magistrados a través de mecanismos objetivos que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar, tal como prevé nuestra Constitución Nacional”, agrega el dictamen.

Graciela Camaño acompañará al oficialismo y su voto es clave (Consejo de la Magistratura)

Fuente: Infobae.com