A través de una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, los fondos de inversión que la semana pasada presentaron una contrapropuesta para cerrar la reestructuración de la deuda, instaron al Gobierno a continuar negociando una semana antes de la fecha límite. «El Comité de Acreedores de Argentina, junto con otros, ha participado en discusiones de buena fe con la República Argentina con el objetivo de lograr una reestructuración consensuada de la deuda externa de la República», detallaron a través de comunicado que se dio a conocer este lunes 27 de julio. «Las personas y entidades enumeradas a continuación son titulares o inversores de Bonos de Cambio Argentinos o Bonos Globales, cada uno de los cuales promete apoyo a la propuesta conjunta. Colectivamente, los titulares de apoyo tienen el 32% de los pendientes Bonos de cambio y 36% de los Bonos globales en circulación», agrega el documento. El Gobierno comenzó a preparar la renegociación con el FMI El texto, que encabezan el Grupo Ad Hoc Argentino de Bonos, el Grupo de Bonos de Intercambio, y el Comité de Acreedores de Argentina, remarca, además, que «con estos números, los partidarios de la Propuesta Conjunta representan el 60% de los Bonos de Cambio pendientes y el 51% de los bonos globales pendientes». Con este marco, los bonistas ratifican las exigencias que manifestaron hace siete días. «Estamos seguros de que un consenso que lleve a una resolución proporcionará un camino hacia una inversión aún mayor y más sostenida en la Argentina», sostiene la comunicación. Por último, la misiva advierte que «los titulares de respaldo incluyen algunos de los mayores inversores en la Argentina, que tienen comprometidas inversiones directas muy significativas en el país». Hans Humes, el bonista que entró al canje y anticipó la definición de Guzmán Hace una semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó la contrapropuesta que realizaron tres grupos de bonistas y aseguró que “la mayoría» de los acreedores «va a aceptar la oferta» formulada por el país. «Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta Argentina», dijo el ministro tras recibir la contrapropuesta conjunta elaborada por el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio. La propuesta presentada por los tres grupos de principales acreedores de la deuda externa argentina contemplaba una tasa de interés promedio del 3,4%, pagos de amortización desde 2025 y un alivio de deuda cercano a los US$ 35.000 millones hasta 2028. Cabe recordar que el Poder Ejecutivo ofreció un canje a un valor de u$s 53,5 en promedio, por cada lámina de 100, pero los bonistas pretenden u$s 3 más por cada lámina. En los últimos días trascendió desde el Ministerio de Economía, que el Gobierno analiza modificar cláusulas legales del acuerdo por la reestructuración de la deuda externa en moneda extranjera para avanzar en un acuerdo con los acreedores. La negociación por la reestructuración de la deuda entró en una nueva semana crucial, teniendo en cuenta que, en principio, el canje que propone el Gobierno cierra el 4 de agosto.
Las dudas no pasan por la promocionada intención oficial de “garantizar la rapidez y transparencia de la Justicia”. La mirada está puesta en el alcance de la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández.
El armado de un consejo asesor compuesto por 11 hombres y mujeres de reconocida trayectoria en el derecho, que tendría la facultad de analizar la modificación de la composición de la Corte Suprema de Justicia, puso en alerta a la oposición y puede ser un escollo para las intenciones del oficialismo de realizar una reforma judicial que consiga un amplio consenso político y social.
“No nos vamos a prestar a ningún tipo de acuerdo para facilitar la ampliación del número de la Corte”, advirtió anoche Elisa Carrió para dejarle en claro al gobierno nacional que rechazará cualquier intento de negociación que incluya la posibilidad de aplicar cambios relevantes en el Máximo Tribunal.
En el mismo tono se había expresado el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, quien aseguró que esta iniciativa le genera preocupación porque es impulsada por “un Gobierno que tiene interés en influir en la Justicia en las causas de corrupción” y, especialmente, muestra “un afán notable en frenar causas como Hotesur o Cuadernos de la corrupción”.
En ese marco de dudas y sospechas, la inclusión de Carlos Beraldi en el consejo de expertos sigue siendo otro elemento que tiene a la oposición con la guardia alta porque desde allí entienden que es inadmisible su participación, dada su condición de abogado defensor de Cristina Kirchner en las causas de corrupción.
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia
En Juntos por el Cambio también provocó revuelo, aunque por otros motivos, la inclusión de InésWeinberg de Roca: según supo Infobae, al ex presidente Macri no le cayó nada bien que la jurista a la que hace unos años propuso como candidata a la Procuración ahora acepte la propuesta de Alberto Fernández.
El ex mandatario no esperaba el llamado del Gobierno a la especialista en Derecho Internacional y en todo caso contaba con un rechazo inmediato. Entienden, tanto él como otros referentes de la oposición, que su participación ayuda de alguna manera a darle más legitimidad a la composición del consejo de asesores. Justamente para reducir la posibilidad de una negativa, Alberto Fernández se encargó de convocarla personalmente por vía telefónica el fin de semana pasado.
Por su parte, el dirigente radical Ricardo Alfonsin apoyó al gobierno nacional con respecto al proyecto de Reforma Judicial: “Hay que garantizar la independencia de poderes en el Poder Judicial, es un debate que está dando el oficialismo y es absolutamente necesario”, al tiempo que expresó: “Este debate lo tendría que haber dado el radicalismo hace 4 años. El Consejo de la Magistratura no cambió durante el gobierno anterior”.
Integrantes y funciones del Consejo de Asesores
Además, el cuerpo de especialistas estará compuesto por nombres reconocidos en el mundo de las leyes que Infobae adelantó la semana pasada: Carlos Arslanian, ex juez del juicio de las Juntas Militares; Hilda Kogan, Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, juezas de las cortes de Buenos Aires, Tucumán y Tierra del Fuego, respectivamente; Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal; Gustavo Ferreyra, constitucionalista (cercano a Eugenio Zaffaroni); Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista; Omar Palermo, magistrado de la Corte de Mendoza; y Marisa Herrera, experta en derecho de familia.
Este consejo asesorará al Presidente en temas clave vinculados al funcionamiento de la Justicia que también inquietan a la oposición: además de la reforma de la Corte Suprema, incluye posibles cambios en el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, composición y alcance del recurso extraordinario y el Juicio por jurados.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional informaron que el proyecto de reforma judicial ingresará en el Senado antes de que termine esta misma semana. El domingo Alberto Fernández realizó los últimos retoques y bajo total hermetismo hizo consultas técnicas con la ministra de Justicia, Marcela Losardo y Vilma Ibarra.
La secretaria Legal y Técnica recordó anoche que la reforma judicial “fue una promesa de campaña” de Alberto Fernández y “ha sido un reclamo histórico en este país”.
“Queremos salir de esa justicia pendular que cuando está un Gobierno investiga a los opositores y cuando llega otro se ocupa de los nuevos opositores”, señaló en declaraciones a TN. “Es fundamental saber que tenemos una justicia independiente que no va a responder ni a los poderes fácticos ni al poder de turno, y no parece ser la que tenemos ahora”, concluyó.
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se mostró preocupado por el crecimiento en la cantidad de casos de coronavirus en la Provincia. El funcionario aclaró que nunca bajaron los contagios, sino la velocidad de crecimiento de los mismos, que volvió a acelerarse ahora. «Si se disparan mucho los casos el sistema va a saturar», advirtió Gollán. Según el reporte vespertino que difundió ayer lunes 27 de julio el Ministerio de Salud de la Nación, hubo 4.890 contagios en las últimas 24 horas y 121 nuevas muertes, el número más alto para una jornada. En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario indicó: «Si sigue este ritmo, las camas de terapia intensiva pueden estar colapsadas en la provincia de Buenos Aires en la segunda quincena de agosto». El titular de la cartera de Salud bonaerense anticipó que entre el próximo jueves 29 y el viernes 30 de julio verán los números de los últimos 15 días y “si hacemos recomendaciones para cerrar». Por otro lado, el ministro de salud bonaerense explicó que la donación de plasma se duplicó en los últimos días: «Estamos incorporando tres máquinas para seguir con la campaña». Con respecto a los que participan de esta iniciativa, el funcionario detalló: «La mayoría de los que se ofrecen a donar son mujeres y de clases populares». Asimismo, Gollán explicó que se incrementó la cantidad de personas en los centros de aislamiento, donde aún hay plazas, y que los incentivos a través de subsidios que implementó la administración de Axel Kicillof tuvieron impacto: “Algunos tienen temor de aislarse en los centros por dejar sus casas, otros por la estigmatización, pero eso se va apagando”. En global lo que vemos es que el crecimiento es preocupante, dijo Gollán “Me criticaron por decir que en Tecnópolis las personas pueden divertirse y nosotros creemos que el aislamiento no tiene porque se sufriendo», consideró el funcionario. Por último, Gollán subrayó la importancia de que desde las autoridades se envíen mensajes contundentes a la población para que cumpla con los protocolos y medidas de prevención: «Sin ser sencionalista, los spots con contenido fuerte son más concientizadores». En esa línea, el sanitarista argumentó que es necesario ser más claro en los riesgos al dirigirse a la ciudadanía: «Con los spots hay que inculcar que es una cuestión colectiva». «Menos más que estamos nosotros gobernando. No porque seamos genios, sino por la mirada que tenemos sobre la salud», cerró.
Los diputados del Frente de Todos intentarán hoy conseguir dictamen a favor de la ampliación de la Moratoria y avanzar con la ampliación presupuestaria que el Presidente envió al Congreso en busca de aval. En ambos casos Juntos por el Cambio encontró razones para marcar distancia: que la morigeración de deudas beneficie a un empresario cuestionado y que al precio de la leche se le sume la mitad del IVA.
El debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos) está previsto para las 11. El plan original era hoy mismo tener dictamen y sesionar este miércoles. En pos de un acuerdo, el oficialismo evalúa sesionar recién el viernes, un día después de la presentación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en sesión especial.
En el caso de la ampliación de la moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo, el Frente de Todos acompañaría en general. La iniciativa apunta a beneficiar a empresas y personas humanas que quedaron afuera de la moratoria vigente. Las deudas a incluir serán las contraídas hasta el último día de junio.
Para adherirse al régimen habría tiempo hasta octubre mientras que las cuotas se pagarían a partir de noviembre. Lo dijo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont: el Gobierno necesita recaudar y ese es el espíritu de la ley en el marco de una pandemia que hizo caer todos los índices económicos, la recaudación entre ellos.
En la oposición están de acuerdo pero con diferencias. De hecho Juntos por el Cambio tiene un dictamen propio: no firmarán el del oficialismo porque creen que de esa manera avalarían la posibilidad de que Cristóbal López, de Oil Combustibles, se beneficie con una “amnistía” cuando no transfirió las partidas correspondientes al impuestos a los combustibles.
El bloque de la Coalición Cívica dio un paso más y envió una carta al presidente Alberto Fernández que hizo pública. Le reclamaron que presente una declaración jurada de intereses para poder identificar a sus ex clientes. “Durante el debate de la semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal advirtieron sobre la posibilidad de incorporar a la moratoria a empresas en quiebra, en procesos iniciados con anterioridad a la pandemia.
Aún sólo con los votos de la oposición en general, el oficialismo encontraría aliados en otras fuerzas para avanzar con el proyecto de ley. Lo que se dificultó fue el segundo tema que buscaba convalidar en comisión y llevar a la misma sesión en el recinto: la ampliación presupuestaria que significa una reasignación de recursos y gastos del Presupuesto que en realidad es el correspondiente al año 2019 prorrogado.
En el contexto de emergencia, el Poder Ejecutivo definió el envío de una partida de $7.100.000 a la provincia de La Rioja y $340.000.000 a sus municipios, además de transferencias a distintos organismos, como el PAMI, y $50.000 millones al resto de las provincias. Para ANSES está prevista una partida de $90.000 millones destinada al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) más $80.000 millones en concepto de Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); para el Ministerio de Desarrollo Productivo, se incrementó el presupuesto en $1.625 millones que se destinarán al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) mientras que a Educación se le asignaron $1.500 millones y a Trabajo $5.000 millones.
La principal bancada de la oposición aún no resolvió qué hará con la ampliación presupuestaria, incluso había quienes admitían anoche no haber alcanzado a analizar todos los temas ya que también en esta comisión se buscará avanzar con la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras para suspender las ejecuciones en aquellos casos en los que el proceso haya arrancado después del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Desde la UCR sí reprocharon el cambio en el pago de IVA para la leche en polvo y fluída, entera o descremada llevándola del 0% al 10,5%.
Como vicepresidente de la comisión de Finanzas, el diputado Luis Pastori recordó que Néstor Kirchner, como Presidente, “había hecho lo mismo con el pan común o francés gravándolo de 0 a 10,5%”. Pastori pidió que se revea el proyecto “porque la recaudación de impuestos no puede ser de cualquier manera y menos afectando los consumos populares básicos”.
Luis Pastori, diputado de la UCR
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo daban ayer una explicación sobre el tema. Atribuyen a la gestión anterior una reducción “desarticulada” el IVA para una serie de productos de la canasta básica alimentaria, entre ellos la leche después de la derrota en las PASO, lo que calificaron como un error que no tuvo el efecto prometido de bajar el precio de la leche. Por el contrario, indicaron, “generó problemas muy grandes para las empresas del sector comercializador”.
El razonamiento oficial es que las empresas comercializadoras siguieron comprando la leche a los productores y esa compra les fue generando un creciente crédito fiscal a su favor que no podían descargar en los consumidores justamente por la exención de IVA. Los comercios trasladaron ese crédito fiscal al precio final de la leche ya que para ellos se trataba de una pérdida financiera, indicaron para justificar el cambio propuesto en la ampliación presupuestaria.
En ese marco el Gobierno asegura que corregirá la distorsión fiscal sin generar un perjuicio para las familias con el regreso del IVA al 10,5% para las leches más consumidas. “Le permitirá a los comercios volver a descargar todo ese crédito fiscal acumulado en sus balances, motivo por el cual el precio final que soportan las familias será exactamente el mismo una vez que entre en vigencia la medida”, indicaron en una visión optimista de lo que ocurrirá. Y defendieron el “tratamiento equitativo” ya que no todas las leches hoy tienen la misma exención: todas pasarán a una alícuota de 10,5%.
El costo estimado de la recaudación es de solo $1.800 millones por año pero para Producción es “necesario” ordena la cadena de producción y comercialización, normalizarla, generando transparencia y facilitando los controles a cargo de los organismos públicos para que se cumplan los acuerdo de precios.
A pesar de los argumentos, parece difícil que el oficialismo convenza a la oposición, al menos en este punto.
Finalmente en la misma comisión se impulsa el análisis de una docena de iniciativas de todas las fuerzas políticas para modificar la Ley de Concursos y Quiebras, para brindar mecanismos excepcionales a las pymes. El objetivo es auxiliar a todas aquellas cuya situación se haya complicado a partir de la ASPO.
Entre las iniciativas de reforma el diputado Carlos Selva (Frente de Todos) propone suspender hasta el 31 de diciembre de 2020 del período de exclusividad, de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales, de los plazos de cumplimiento de acuerdos homologados y del trámite de los pedidos de quiebra. El rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) también impulsa la creación de un régimen concursal especial para personas humanas, micro o pequeñas empresas y sujetos comprendidos en el actual régimen de pequeños concursos y quiebras y la creación de un “convenio de crisis” respecto de empleados del concursado.
Desde el PRO Ezequiel Fernández Langan impulsa una reforma hasta el 31 de diciembre o hasta el fin del aislamiento obligatorio. Alcanzaría a todos los procesos iniciados durante el aislamiento y propone la suspensión de los pedidos de quiebra, ejecuciones judiciales y extrajudiciales (excluyendo créditos con garantía real) y, entre otros puntos, la prórroga por 180 días del cumplimiento de los acuerdos homologados.
En la Coalición Cívica las diputadas Marcela Campagnoli y Paula Oliveto presentaron un proyecto de ley que también propone suspender las ejecuciones patrimoniales por deudas y pedidos de quiebre de MiPyMes, que tengan origen posterior al decreto de inicio de la plan de aislamiento social preventivo y obligatorio. “La prohibición alcanza a ejecuciones prendarias e hipotecarias de cualquier origen; embargo de las cuentas corrientes bancarias y cobro de deudas de cualquier origen, iniciadas con posterioridad a la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional”, explica la iniciativa.
También desde el Frente de Todos Liliana Yambrun y Jimena López piden prorrogar hasta por un año el periodo de exclusividad y los plazos de cumplimiento de un acuerdo homologado; la suspensión de ejecuciones contra concursados (incluyendo créditos con garantías reales); el levantamiento de medidas cautelares y la suspensión por 180 días de los pedidos de quiebra.
Ximena García, de la UCR de Santa Fe también es autora de un proyecto de estas características. “Hace casi tres meses preveíamos un futuro complicado para el país. Lamentablemente hoy, los daños económicos son irreparables” indició y reclamó el tratamiento urgente de estos proyectos.
Los estudios para desarrollar la vacuna contra el coronavirus a cargo de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech en Argentina ya cuenta con más de 15 mil voluntarios anotados para probarla. En los primeros días de agosto comenzarán a realizarse las pruebas. Así lo informó el ministro de Defensa, Agustín Rossi que dijo que «ya hay más de 15.000 voluntarios anotados» para someterse a pruebas de la vacuna de coronavirus y adelantó que «en los primeros días de agosto» podría darse inicio a ese proceso. El funcionario nacional sostuvo que hay voluntarios en las Fuerzas Armadas, pero «el laboratorio per se tiene más de 15.000 voluntarios anotados» y celebró porque ese número «supera la necesidad» que había en un principio. Cómo postularse para recibir la vacuna del coronavirus En esa línea, Rossi señaló que para la administración de la vacuna «se va a sumar personal del Hospital Militar (de la Ciudad de Buenos Aires) que hará el seguimiento», y aclaró que «son dos dosis». Días atrás, el investigador principal del estudio, Fernando Polack, explicó que apuestan a «tener respuestas sobre su efectividad a fin de este año» y destacó que «ser parte de estos ensayos posiciona al país en lugar de privilegio para la distribución». «La intención es que la evaluación de la fase 2/3 de efectividad de la vacuna se realice reflejando la diversidad de la población, en un rango de 18 a 85 años, en personas que no se hayan infectado y apuntamos a mirar primero a los trabajadores esenciales, sobre todo a la población de salud pero luego se ampliará», afirmó Polack. Cómo es ser voluntario de un ensayo de vacuna contra el coronavirus Cómo anotarse. En ese sentido, en cuanto a cómo postularse para ser voluntario, Polack informó que se creará una página para poder expresar la voluntad de anotarse para ser parte del estudio. «Nos tomó por sorpresa los centenares de personas que quieren», indicó Polack antes de manifestar que, hasta que la página esté organizada, aquellos que lo deseen pueden escribir a info@infant.org.ar. Asimismo, dijo que deben buscar representar «la diversidad de gente del AMBA que es donde está el mayor número de personas». Asimismo, contó que en esa variedad buscan personas que sean «del sector público, privado, el sector de salud, la gente que está en la calle, la gente de tercera edad, los que están en su casa. Todos. Va a participar parte del Ejercito. Es una diversidad de personas que está en contacto con gente y con los expuestos o no». Según indicó Polack, en el estudio de vacunas pueden participar las personas de entre 18 y 85 años, «excepto quienes estén en un proceso oncológico bajo tratamiento o las embarazadas». El médico aseguró también que «en estas cosas nunca se expone a alguien voluntariamente a la enfermedad. Si uno expusiera a la gente a la enfermedad estaría haciendo una aberración. Son los que se exponen en la vida los que van a ir contestando la respuesta».
Guillermo Dietrich fue procesado por el juez Canicoba Corral (Franco Fafasuli)
Mientras indagaba al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, a quien había indagado el viernes pasado, en la causa en la que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri benefició en las concesiones viales otorgadas a empresas relacionadas con la familia del ex presidente. Fuentes judiciales confirmaron que Dietrich fue procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y le aplicaron un embargo de 500 millones de pesos sobre sus bienes.
“Entiendo que la función que realizó cada uno de los imputados, resultó indispensable para la obtención del resultado querido conforme el plan original. Es decir, ninguno de los intervinientes realiza la totalidad de la acción, sino que ella se produce como consecuencia de la sumatoria de todos los actos parciales de aquellos”, plantea la resolución a la que accedió Infobae.
Dujovne declaró por videoconferencia. Su exposición fue breve: el ex funcionario entregó un escrito en donde rechazó las acusaciones y se negó a responder preguntas. Por la suerte que tuvieron sus compañeros de causa, la defensa de Dujovne aguardaba la firma del procesamiento.
Iguacel y Saravia Frias recusaron a Canicoba Corral y pidieron que fuera apartado de la causa por presunta imparcialidad. Según advirtieron, al confirmar su retiro el propio juez afirmó en declaraciones periodísticas que fue perseguido por el gobierno de Macri y por la prensa y que iba a presentar demandas judiciales cuando deje el cargo. Para las defensas, esas declaraciones agravan su imparcialidad para seguir al frente del expediente. El ex ministro Dietrich también recusó a Canicoba.
Sin embargo, Canicoba rechazó los planteos de Saravia Frias e Iguacel, y ahora en el propio procesamiento de Dietrich retomó el tema con una “aclaración final”: “Las defensas ‘llamativamente’ coinciden en los fundamentos de ambos planteos ya resueltos. En cuanto al vinculado con el contenido de mi renuncia y entrevistas por medios de comunicación, y si bien es un tópico por el cual ya me explaye ampliamente, es abiertamente improcedente”, dijo. Incluso destacó que habían podido declarar “desde los domicilios o despachos elegidos, lugar en el que este Tribunal mal podía controlar el cumplimiento de las normas que regulan el instituto. Pero, además, han tenido acceso por medios digitales a la totalidad de la causa”.
Martín Irurzun
Para la hora en que se conocían esas aclaraciones de Canicoba, la Cámara Federal ya había dado una respuesta en el asunto. El juez Martín Irurzun rechazó los pedidos de los ex funcionarios macristas y confirmó al juez al frente de la investigación hasta su retiro este miércoles.
“Cualquier consideración sobre la naturaleza política de los comentarios que realizó el magistrado al presentar su renuncia -y declarar públicamente sobre ello-, es ajena a este ámbito judicial y a la discusión que debo definir -dijo Irurzun-. Aquí lo relevante pasa por determinar si en línea con la crítica que se esgrimió, de aquellas manifestaciones surgen extremos que lleven a sostener justificadamente animosidad contra los imputados o un temor de parcialidad sobre su actuación en este caso concreto… La respuesta es negativa”.
Irurzun también rechazó los cuestionamientos a Canicoba por la forma en que “se ha dirigido la instrucción” porque entendió que no existen indicadores claros de presunta parcialidad. Para ello, el camarista citó jurisprudencia similar en donde se les había rechazado planteos de recusación solicitadas por ex funcionarios kirchneristas como Oscar Parrilli y Héctor Timerman. “Esa permanente jurisprudencia aplica aquí”, afirmó el juez.
“Decir lo anterior no tiene ninguna implicancia sobre el análisis que pueda eventualmente realizarse en torno a la validez legal o corrección (o no) de las posturas que se han empleado ni de los pronunciamientos que en ese contexto se han dictado. Lo que significa es que el examen de esas cuestiones y de las condiciones que las rodearon corresponde a otras vías que, por cierto, la parte ha articulado”, aclaró. Se definirá, entonces, en el análisis de los procesamientos.
Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda (REUTERS)
Los denunciantes señalaron que las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
Según la causa, Iguacel acordó junto a los empresarios el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo, con fecha 18 de agosto de 2017, “así como todas las actas complementarias sobre modificaciones al mismo y la rubrica del Informe Evolutivo del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Acceso Norte”. Por su parte, Saravia Frias confeccionó y rubricó los dictámenes que permitieron la Aprobación de los Acuerdos. El tema luego pasó por las manos de los ministerios de Transporte y Economía.
Hace dos semanas, el juez Canicoba Corral decidió llamar a indagatorias a Dietrich, Dujovne, Iguacel y Saravia Frias. También incluyó a Andrés Alfonso Barberis Martín, de la empresa Abertis, y a Ricardo José Stoddart, ex director de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos. Sobre estos dos últimos, las diligencias aún no se cumplieron porque hubo que se tomaron por zoom.
Iguacel y Saravia Frías declararon hace diez días. Hace una semana, Canicoba Corral los procesó y avanzó con las citaciones, vía zoom, de Dietrich el pasado viernes y de Dujovne hoy. Dietrich ya quedó procesado este lunes, aunque el juez hizo lugar a una serie de medidas de prueba que solicitó la defensa. Falta resolver la situación procesal de Dujovne. Canicoba se despide el miércoles de ser juez. Lo reemplazará interinamente el juez Julián Ercolini.
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, reconoció hoy que las autoridades no pueden determinar «en forma fidedigna» cuántos casos hay de coronavirus en el país, y afirmó que «las balas pican cerca» porque «en el AMBA no hay nadie que no conozca en forma directa a una persona que le haya dado positivo el test». «Hay que mirar con atención los tiempos de duplicación pero con un periodo más largo, porque mirarlo tres o cuatro días no sirve. No podemos conocer en forma fidedigna cuál es la cantidad de casos», resaltó Gollan en declaraciones radiales. En ese marco, el ministro bonaerense precisó: «Las balas pican cerca, en el AMBA no hay nadie que no conozca en forma directa a una persona que le haya dado positivo el test de coronavirus». «Estos tres últimos días tenemos números decrecientes, pero siempre el sábado y domingo esto sucede. No tomamos los datos de dos o tres días, tomamos los datos de 10 días como mínimo para ir analizando cómo está esto», manifestó. El funcionario además, destacó que «la tasa de mortalidad argentina, por ahora, es muy baja en relación a todos lo país latinoamericanos», y aclaró: «Solo Paraguay y Uruguay están por debajo de nosotros». Coronavirus en Argentina: segundo día con menos de 5 mil casos El ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 4.192 nuevos casos positivos de Covid-19, elevando la cifra total de contagios a 162.526 positivos. Del total diario, 2.917 se registraron en la provincia de Buenos Aires y 888 en la Capital Federal, distritos que concentran el 91,4% de los casos a nivel nacional. Consultado sobre la ocupación de camas en las terapias intensivas, el ministro indicó que «lo que está más complicado es el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires». «En la provincia de Buenos Aires tenemos una ventaja muy grande, ya que hemos logrado poner en un mismo tablero de mando el 80% de las camas del sector privado y todas las camas públicas», explicó. Por último, el funcionario afirmó que «en el interior de la Provincia hay poco más de 1.000 camas con una ocupación del 32%, mientras que en AMBA hay un 59,8% de ocupación de camas de terapia intensiva entre pacientes covid y no covid». «Para esta altura del año, en la provincia de Buenos Aires, todos los años nuestras terapias intensiva estaban al rojo vivo. Hemos aumentado nuestra capacidad de terapia intensiva 160% y todavía tenemos perspectiva de agregar unas 200 camas más en los próximos 15 días. Eso nos da cierta tranquilidad, siempre y cuando no se disparen enormemente los casos», concluyó Gollan.
Un aspecto de permanente debate en Argentina está vinculado con la carga impositiva. Según un informe recientemente publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), para una familia asalariada argentina la carga tributaria formal integral de los tres niveles de gobierno se ubica entre el 49,5% y el 58,7% de su ingreso total en 2020.
El sector productivo corre igual suerte. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Cámara Argentina del Comercio (El Costo Impositivo para el Sector Comercio en Argentina. Ranking provincial y competencia desleal), la carga impositiva sobre el margen bruto del negocio de un comercio puede llegar a representar entre el 30% y el 45%.
La habilitación de las actividades en esta vuelta a Fase 3 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con reapertura escalonada no es garantía de funcionamiento pleno de la empresa: la débil demanda y algunos problemas logísticos y de provisión de insumos operan en detrimento de la normalización del negocio. En simultáneo, la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las medidas que en respuesta podrían adoptarse plantean mayores desafíos. Y hay actividades como el turismo, hotelería, gimnasios, etc, que aún no saben cuándo podrán retomar actividades. .
En este contexto, empresas y familias adoptaron diversas medidas para recortar gastos frente a la escasez y -en muchos casos- incluso ausencia de ingresos. Uno de los ítems del presupuesto que primero acusó recibo de estos ajustes fue el pago de los impuestos. Una encuesta de la Unión Industrial Argentina precisó que 41% de las empresas industriales no pudo afrontar el pago de impuestos desde la pandemia, en tanto que las familias consideran las obligaciones fiscales como uno de los principales rubros de ajuste. De hecho, la AFIP informó un incremento del 50% de la deuda tributaria del total del universo de contribuyentes
Tal fue el marco del anuncio de una ampliación de la moratoria tributaria que, diferencia de las anteriores, esta vez permite el acceso a grandes empresas y personas humanas. El proyecto de ley que se trata en el Congreso de la Nación consolida los planes y facilidades previos. Además de las características destacadas en el diagrama, se incluyen -para las grandes empresas que adhieran- restricciones a la distribución de utilidades y al acceso al Contado Con Liquidación (CCL) o dólar MEP.
A los números
¿Qué significa esta moratoria en términos de alivio financiero para una micro o pequeña empresa comercial o industrial o para un trabajador independiente? Ante esta pregunta, nos propusimos hacer un simple ejercicio con tres casos hipotéticos que bien pueden reflejar la situación de miles de contribuyentes.
El proyecto de ley sólo considera a los impuestos nacionales, entre los que se destacan, a nivel de negocios, IVA, Ganancias, Impuestos Internos, Seguridad Social, Impuesto al Cheque e Impuestos Aduaneros. Bajo el supuesto de que nuestros contribuyentes aún habilitados concretan muy pocas operaciones, dejamos de lado los conceptos relacionados con los flujos del negocio y nos concentraremos básicamente en Ganancias y Seguridad Social.
Supondremos que habrá una postergación de vencimientos para Ganancias a personas humanas y Bienes Personales y, dado que estos son los dos principales impuestos nacionales que recaen sobre las familias, los excluimos del análisis.
Ivanna y Anahí, por estar inscriptas como personas jurídicas estarán alcanzadas por una tasa del 35% del impuesto a las Ganancias (bajo el supuesto de que aún no cuentan con su certificado MiPyme), además del pago de Cargas y Contribuciones a la Seguridad Social por todos sus empleados. Por pertenecer al tramo de MiPymes cuentan con una deducción en los aportes previsionales de $10.000 por empleado de su base imponible a lo que se adiciona, en el caso de Ivanna. por tratarse de una industria textil, una baja adicional de $17.000.
En tanto, Ignacio deberá efectuar el pago de cuotas como Autónomo Categoría II, pues se trata de una prestación de servicios y su facturación anual supera los $25.000. El ejercicio asume, en los tres casos, que se encontraban al inicio de la cuarentena sin deudas tributarias nacionales y desde entonces comenzaron a postergar sus pagos.
Así, nuestros contribuyentes hipotéticos ingresarán a la moratoria por los importes adeudados de aproximadamente $45.000 en elcaso Ivanna, $15.000 en el de Anahí y $13.000 en el de Ignacio. La cuota inicial, con vencimiento el 16 de noviembre, será cercana a los $1.600, $550 y $460, respectivamente ¿Por qué lucen tan bajas estas cifras? Simple: están regularizando solo tres meses, ya que la moratoria abarca únicamente los impuestos nacionales.
Por eso debemos analizar los resultados de esta moratoria en términos relativos. Al cabo de un año, los tres sujetos de este ejercicio habrán cancelado un 20% del capital refinanciado, pero a la vez incurrido en un gasto equivalente al 52% del mismo. La diferencia corresponde a los intereses que deberán abonar: 2% mensual para los dos primeros períodos y luego una tasa variable que se supuso de 45% para todo el ejercicio. Todo esto sin considerar que a partir de julio deberán abonar los impuestos regularmente, en un contexto donde la permanencia aún de restricciones a la operatoria, la elevada incertidumbre económica y la probablemente baja demanda estarían lejos de garantizar una normalización de los flujos de ingresos del negocio.
El llamado a una Megamoratoria durante la Pandemia que unifica la Moratoria de la gestión de Macri para Autónomos, Mipymes y Prestadores de servicios nos deja en claro queQué significa esta moratoria en términos de alivio financiero para una micro o pequeña empresa comercial o industrial o para un trabajador independiente. Porque se debe no se puede pagar. Si se pagara cerrarían más empresas. Cierran miles empresas porque no le cierran los números después de pagar impuestos. Pagan impuestos para sobrevivir. no para crecer. Las bases del desarrollo económico argentino languidecen. Y los casos de Ivanna, Anahí e Ignacio son solo ejemplos de miles de agentes económicos empresarios en nuestro país.
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, brindó detalles de la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la curva de contagios y su evolución, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. El titular de la cartera sanitaria porteña indicó que según los registros del Gobierno se produjeron 53.821 casos de COVID-19 en la ciudad de Buenos Aires desde el inicio de la pandemia, mientras que los fallecidos ascienden a 1092, con una tasa de letalidad ubicada en el 2.03% «La enorme mayoría de las personas que han tenido la enfermedad, el 83%, están entre 20 y 60 años. Mientras que el 84% de los fallecidos tienen más de 70, con lo que es un 5% la letalidad en personas de ese rango etario», puntualizó Quirós, quien estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni. Números de CABA: 53.821 casos y 1092 decesos Quirós apuntó a que tras el fin de semana largo por el feriado del 9 de julio, los contagios se incrementaron de forma significativa pero que en la actualidad hay mayor estabilidad de los registros. Por otro lado, el ministro de Salud porteño se mostró cauteloso la disminución de casos que hubo durante los últimos dos días: «Yo no contaría demasiado el descenso del fin de semana, porque hay una menor capacidad operativa, aunque nos esforzamos por reforzar, y que la gente tiene menos voluntad de participar y consultar. Para ver el nivel en el que estamos ahora tenemos que esperar a martes y miércoles pero en principio serían números que han vuelto a la meseta histórica». El ministro de Salud porteño especificó que casi el 30% de los hisopados que se hacen en la Capital Federal corresponden a residentes del Conurbano bonaerense: «Atentemos gente de Ciudad y de Provincia de Buenos Aires y eso va a seguir siendo así, porque la salud no se trata de dónde vive una persona sino cuáles son las capacidades de atención». Imagino que para el mes de diciembre ya se podrán tener el resultado de esta fase 3 de la vacuna, dijo Quirós En cuanto a los tiempos para obtener la vacuna y los ensayos clínicos que arrancarán el mes que viene en la Argentina, Quirós explicó: «El protocolo internacional está previsto que fuera en los primeros días de agosto. Los investigadores estiman que si todo funciona como esperan que funcione, puedan reclutar a los 30 mil personas en los diferentes países del mundo para el mes de noviembre y tener los primeros análisis para el mes de diciembre». Y remarcó: «Eso es lo que estiman, siempre hay variaciones en la operatoria de un protocolo tan complejo y en varios países a la vez, pero imagino que para el mes de diciembre ya se podrán tener el resultado de esta fase 3». En ese sentido, Quirós recordó que en esta fase de las pruebas clínicas no se busca confirmar que la vacuna despierta la inmunidad, sino demostrar que una vez logrado eso se pueda evitar que la persona se enferme. Cómo sería la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires Consultado por los efectos que tuvo en la Capital Federal de la cuarentena estricta (que duró del 1º al 17 de julio), Quirós consideró: «Ha tenido un impacto en bajar al última parte del R [tasa de reproducción] hacia el 1, y eso significó que el aumento de casos por día sea menor aún. También bajo la velocidad de crecimiento en las camas de terapia intensiva en el sector público, en el privado no porque tiene una dinámica diferente. La verdad que el impacto en los datos de la Ciudad se pudo constatar». Finalmente, el titular de la cartera de Salud se refirió a las salidas recreativas para chicos que a partir de hoy pueden ser diarias: «Nuestra experiencia con esta medida es muy buena y creemos que es indispensable a esta altura de la cuarentena. Lo que hemos visto es que genéricamente hay un muy buen uso y la recomendación siempre es la misma: el espacio público es relativamente seguro si uno tiene barbijo colocado y mantiene la distancia de metro y medio con el resto».
En ese contexto, según pudo saber Infobae, dos diputados de Juntos por el Cambio elaboraron un pedido de informes para saber si la AABE tiene un plan de acción y cuáles son los bienes disponibles. Ese organismo depende directamente del Poder Ejecutivo y no tiene obligación de dar cuenta ante la Justicia. “Una vez que los bienes quedan en poder de la AABE, la Justicia ya no tiene herramientas para controlar su destino”, confirmó una fuente judicial.
Solo en la causa que investigó las maniobras de lavado de Daniel Muñoz y sus testaferros, hay un total de 30 bienes con decomiso firme. En ese listado, actualizado recientemente por la Justicia, y al que tuvo acceso este medio, hay 20 propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz, un inmueble en Mar de las Pampas, y varias propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. La última en sumarse fue un edificio de cocheras ubicado en el barrio de Belgrano. Ese inmueble estaba en manos de un administrador judicial, pero el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispondrá en los próximos días el cese de la administración y el traspaso definitivo a la AABE, pudo saber Infobae en fuentes judiciales.
En el listado de los bienes decomisados también aparece un departamento de tres ambientes que pertenecía al financista Ernesto Clarens. Está ubicado en el condominio Ocean Four, en la avenida Collins 17201, en Miami. Hace un año, Clarens aceptó el decomiso de ese inmueble y de un yate que está amarrado a una veinte cuadras porque le generaban gastos. De hecho, se especuló que podrían ser los primeros remates. En ese momento, el valor del departamento oscilaba entre 1,9 y 2,4 millones de dólares. Sin embargo, los dos bienes siguen sin venderse. “El trámite es complejo porque debe pasar por la Cancillería y el consulado, pero estuvimos trabajando an eso hasta fines de noviembre”, dijo un ex funcionario que estuvo en la gestión de Cambiemos.
El departamento de Clarens está ubicado en el condominio Ocean Four, en la avenida Collins 17201, en Miami.
Entre las propiedades de Muñoz que están listas para venderse se destaca un departamento ubicado en el edificio “Chateau Puerto Madero”, en Julieta Lanteri 1331. Se puso a la venta a fines del año pasado con un precio base de USD 489.123, pero quedó vacante por la falta de oferentes.
También están en condiciones de rematarse un departamento ubicado en Andonaegui 2966, en el barrio de Villa Urquiza, y una casa en Salvador Maria del Carril 3744, en Devoto. Ambos bienes figuran a nombre de Madaco SA, una sociedad creada en 2006 por el contador Víctor Manzanares y luego “comprada” por Muñoz en $2.000.000.
¿Por qué no hay avances concretos? Fuentes consultadas por este medio dijeron que hubo un debate interno para definir si se va a utilizar el mismo mecanismo de subastas que se aprobó en el gobierno de Mauricio Macri. La pandemia y las internas dentro del Frente de Todos, trasladadas al interior de la AABE, hicieron el resto. Mientras tanto, los inmuebles siguen acumulando gastos de expensas y fiscales.
Por ese motivo, los diputados Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Martín Maquieyra (PRO) presentarán un pedido de informes para que ese organismo detalle si tiene un plan de acción “para el destino de los bienes decomisados o el producto de su venta”. El proyecto también busca obtener más datos sobre el valor que los bienes y cuál es su actual estado de conservación.
“Vamos a seguir muy de cerca qué hace este gobierno con los bienes decomisados de la corrupción y el narcotráfico. Recuperar lo robado y que vuelva a la gente tiene que ser una política de Estado”, dijo López.
Entre otros puntos, los diputados quieren que la AABE brinde información precisa “sobre cuáles son los mecanismos de transparencia y posterior publicación de la información que emplean para cumplir con la correcta administración de los bienes decomisados por delitos de corrupción o lavado de activos y garantizar así el derecho de acceso a la información pública”.
“Estos bienes de la corrupción y lavado de activos pertenecen a todos los ciudadanos contribuyentes que día a día pagan sus impuestos. De esta manera se podrá devolverle al pueblo argentino lo que nunca debieron haberle quitado”, sostuvo el diputado Martín Maquieyra.
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Los ministros de la Corte Suprema de Justicia
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Luis Pastori, diputado de la UCR
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Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda (REUTERS)
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Uno de los inmuebles para ser subastado es un pequeño edificio, con tres departamentos, ubicado en Pedro Rivera 5761.