Autor: Jorge Alfredo Baret

Carla Vizzotti lo anunció esta mañana, en el reporte matutino número 281 de la emergencia sanitaria del coronavirus. La secretaria de Acceso a la Salud advirtió que desde el lunes regirá la prohibición de los encuentros sociales en el país: “En el DNU de mañana, en esta nueva normativa y por estos quince días hasta el 16 de agosto, se van a suspender y restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional para que allí donde hay brotes se puedan controlar y donde no hay y sí hay circulación por las diferentes actividades autorizadas, podamos minimizar la posibilidad de tener un brote en relación a la responsabilidad individual”.

Días antes, la funcionaria había recomendado, en el marco de una flexibilización gradual de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires y en línea con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, realizar encuentros al aire libre que reuniones clandestinas en lugares cerrados y, solo, en casos excepcionales. “Si alguien tiene que encontrarse con amigos, sobre todo en las áreas donde está autorizado, es mucho mejor que lo hagan en un parque a dos metros de distancia sin compartir ni la cerveza ni el mate, durante 15 ó 20 minutos, a que se junten en una casa en un ambiente cerrado sin tapaboca”.

En el informe en que se notificaron 16 nuevas muertes para alcanzar un total de 3.612 víctimas fatales, Vizzotti comenzó a destacar las estadísticas que había enumerado el doctor Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias: dijo que 1.128 personas están internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus, que la ocupación de camas por todos los motivos médicos es de 51,4% a nivel país y 64,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que más de 89 mil personas que han cursado la infección (el 45 por ciento del total de los casos confirmados) ya ha sido dada de alta, y que el predominio del AMBA está descendiendo.

Una imagen de la reapertura del Parque Centenario, en la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

“Tenemos 85% de nuevos casos y 83% de personas internadas en el AMBA. Ese porcentaje en el último mes era muy superior al 90% lo que demuestra que tenemos provincias que no tenían casos y que ahora tienen brotes y transmisión comunitaria”, argumentó. Su testimonio se organizaba para dar pie al anuncio. “Todo el tiempo decimos que esta situación es muy dinámica, requiere un monitoreo, evaluación y consenso permanentes, en relación a las medidas a implementar y los pasos a seguir. Esos consensos son muy amplios, participan las sociedades científicas, el consejo de expertos, las jurisdicciones y los municipios”, aclaró.

Esos consensos son los que actualizan las áreas de transmisión comunitaria, reformulan la definición de caso sospechoso y construyen los marcos normativos de las normas. “Las actividades con protocolos específicos generalmente son cumplidas y minimizan la posibilidad de transmisión. Las situaciones de aumento del riesgo de la transmisión son dentro de ámbitos laborales, aunque tengamos y cumplamos los protocolos, ocurren en los momentos de descanso y de comida, y en las reuniones sociales, tanto en los lugares donde están autorizadas como en los que no”, expresó la funcionaria.

Explicó, a su vez, que las provincias que pasaron a DISPO -distanciamiento social, preventivo y obligatorio- presentan un aumento progresivo de actividades, protocolos, controles y monitoreos, que conlleva un incremento en el flujo de circulación de las personas. Pero notó que cuando ingresa alguna persona al territorio provincial con diagnóstico confirmado, se registra una importante progresión de contagios. Son aquellos lugares que debieron retroceder en sus fases de cuarentena por la propagación de nuevos casos confirmados.

La ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, continuará en fase 4 a pesar de la suba de los contagios. Es uno de las zonas que deberá volver atrás y prohibir los encuentros sociales (Christian Heit)

“Es por eso -anunció la doctora Carla Vizzotti- que en el DNU de mañana, en esta nueva normativa y por estos quince días hasta el 16 de agosto, se van a suspender y restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional”. Desde hace unas semanas, el crecimiento de contagios en las zonas con mayor apertura económica y que mejor habían controlado la pandemia despertó la alerta en las autoridades nacionales. El propósito de esta medida es minimizar la amenaza de un rebrote en las áreas que no eran consideradas de transmisión comunitaria. “El rol individual para el impacto colectivo de esta estrategia”, definió la secretaria de Acceso a la Salud.

Según el último reporte, los casos de transmisión comunitaria son 107.909 (el 54,9% del total de contagios) y afectan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén capital, Plottier y Centenario, en Río Negro, en General Roca, Bariloche y Cipolletti, en la capital de Mendoza, en Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Rosario y el Gran Rosario de Santa Fe; y se incorporaron dos nuevas áreas: las ciudadajes jujeñas de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro y en la provincia de La Pampa, Santa Rosa, Catriló y Macachín.

Desde mañana, las ciudades del territorio nacional que no se encontraban en aislamiento social, preventivo y obligatorio, deberán atenerse a la resolución del Ministerio de Salud en consenso con el consejo de expertos y las autoridades provinciales: la suspensión de las reuniones sociales. Hasta el 15 de agosto, todo encuentro entre varias personas en el país será clandestino.

Fuente: Infobae.com

Cuando analizamos la política suponemos con frecuencia que la realidad es estática, que la verdad está en textos, que el mundo es nuestro metro cuadrado.   Los activistas de los 60 creíamos que el imperialismo estaba  en todo lado. Tratábamos de descubrir quién era el candidato favorito de la Casa Blanca para la Presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios para combatirlo. Cuando teníamos problemas con nuestra pareja suponíamos que eran provocados por la Embajada norteamericana y si podíamos le lanzábamos alguna piedra.  La mayor parte del mundo vivía bajo gobiernos comunistas y daba la impresión de que la revolución era inevitable: llegaría pronto y cambiaría el universo. Pasados los años conocimos Estados Unidos y nos topamos con que pocos sabían que Ecuador y Argentina estaban en Sudamérica, y no había ninguna posibilidad de que el imperio  se interese por nuestras elecciones estudiantiles. En 1990 el comunismo y el imperialismo se esfumaron cuando el capitalismo se divorció de la democracia, apareció renovado con gobiernos autoritarios y el líder de Rusia dejó de ser el líder del proletariado mundial. Elecciones. Hay categorías y conceptos que pierden vigencia. Sería raro que alguien estudie al Partido Comunista para saber lo que ocurrirá con la política italiana y francesa o que estudie al Falangismo y su influencia en las próximas elecciones españolas. Fueron actores importantes de la política del siglo pasado, pero desaparecieron. En Argentina muchos creen que nuestra historia seguirá girando en torno al eterno enfrentamiento del peronismo con el panradicalismo. Para renovar la interpretación de estas categorías vale analizar los resultados de las elecciones de los últimos años. Los partidos no nacen cuando el líder firma un acta y la gente grita consignas En 2003 los partidos históricos se fragmentaron. Carlos Menem encabezó el escrutinio con 25%, seguido por Néstor Kirchner con 22%, Ricardo López Murphy con 16%, Adolfo Rodríguez Saá y Elisa Carrió con 14%. La suma de los votos peronistas llegó a 63%. El Partido Radical, que había ganado las elecciones anteriores, consiguió la votación más pobre de su historia con el 2% de Leopoldo Moreau. Menem, convencido de que no podría ganar la segunda vuelta, renunció a la candidatura y Néstor Kirchner se proclamó triunfador. Se inauguraron dos décadas en las que los Kirchner fueron los actores centrales de la política argentina. A partir de la muerte de Néstor, Cristina Fernández lideró una fuerza política que ganó la presidencia de la nación en cuatro ocasiones con la misma votación. En 2007 y en 2011 Cristina ganó la presidencia en una sola vuelta, con el 45% y el  48% de los votos. Llegaron en segundo lugar en el 2007 Carrió con la mitad de sus votos, y en 2011 Binner con un tercio. El peronismo se dividió con la candidatura de Eduardo Duhalde, pero Cristina no perdió nada, sacó tres puntos más. La UCR obtuvo 12% con Alfonsín. Algunos creyeron que Argentina iba al socialismo, pero buena parte de la votación de Binner salió de los barrios menos proletarios de la Ciudad de Buenos Aires. Pasado reciente. En las elecciones presidenciales de 2015 y 2019 los candidatos  de Cristina repitieron su votación: Daniel Scioli 49%, y Alberto Fernandez 48%, tanto en las PASO, como en la primera vuelta. Siempre anduvieron cerca del 50%, no llegaron a esa cifra, pero tuvieron la habilidad de convencer a todos de que habían ganado arrolladoramente. Cristina ha representado algo que ha movilizado a casi la mitad de la sociedad. Aglutina a los mismos grupos, la apoya el mismo tipo de electores, no es un fuego fatuo que ilumina una elección y desaparece. Sería inexacto decir que encarna una ideología. La apoyan feministas radicales y curas anti abortistas, pobristas y terratenientes, personas con grandes fortunas y otros que odian a los ricos, dirigentes casi castristas y otros casi falangistas, peronistas leales a Perón y los que fueron echados de la Plaza de Mayo. Cuando Cristina participó personalmente como candidata, dejó muy abajo a sus adversarios, que no pudieron generar una fuerza política nacional de oposición. Alternativa. Desde que en 2007 Macri ganó las elecciones para Jefe de Gobierno se fue formando una alternativa en la Ciudad de Buenos Aires. Los partidos no nacen cuando un líder firma un acta mientras sus súbditos levantan el brazo gritando consignas. Tal vez haya sido así antes, o es esa la imagen de la historia política que quedó en algunos cuadros. Un partido surge cuando un sector importante de la sociedad se siente representado por sus dirigentes y los respalda reiteradamente en las urnas. Todo es dinámico. No todos los fundadores permanecen, llegan dirigentes de otros orígenes, pero para que se forme una organización debe existir una coherencia que antes se expresaba en papeles, estatutos, idearios y hoy se plasma en una liturgia, contextos, imágenes, gestos, actitudes, elementos más complejos que las meras palabras. En 2007 Mauricio Macri ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado de Gabriela Michetti con el 57% de los votos. Cuatro años más tarde obtuvo con Maria Eugenia Vidal la reelección con el  64%. Un partido se consolida realmente cuando puede trascender a la figura de su fundador y su familia. En 2015 Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli triunfaron en la segunda vuelta de la ciudad con el 52%, frente a una buena campaña de Martín Losteau que obtuvo el 48%. En el 2019 Rodríguez Larreta fue reelegido con el 56% en una sola vuelta, cosa que nunca había ocurrido en la Capital. Ni Horacio ni Santilli eran parientes de Mauricio Macri, eran dirigentes con su propia trayectoria. De esa experiencia y con esa gente surgió lo que suelen llamar el macrismo, que en cuatro ocasiones ganó la Jefatura de Gobierno, ganó en 2015 la gobernación de la Provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y la presidencia de la Nación con Mauricio Macri con un  triunfo ajustado: sacó 51% frente al 49% de Scioli. Superstición. En 2019 las PASO trajeron una sorpresa: contrariando lo que decían todas las encuestas Alberto Fernández ganó con el 48%, frente al 32% de Mauricio Macri. Fernández obtuvo un punto menos que Scioli, pero ganó las elecciones porque Macri perdió el apoyo de la clase media fastidiada con su política económica. Muchos dicen que la gente vota a ganador. Es una superstición no compartida por ningún consultor profesional. En esta ocasión esa hipótesis se puso a prueba como nunca: el resultado de las PASO convenció a todos de que Fernández había ganado y parecía inevitable que creciera la distancia con Macri. Algunos plantearon que era mejor que diera un paso al costado y apoyara a Lavagna. Esa propuesta partía de la idea de que la gente obedece a los candidatos. Nosotros partimos del hecho de que los electores deciden lo que quieren cada vez con más independencia. No importan mucho las sumas de nombres y membretes. Preguntamos: ¿qué representaba Lavagna para la mayoría de los votantes de Juntos para el Cambio? ¿Qué representaba para los “macristas” que a lo largo de veinte años apoyaron al proyecto en la ciudad, la provincia y el país? ¿La gente votó por esos candidatos porque le gustaban los globitos o estos eran solo herramientas para comunicar un mensaje? En la primera vuelta Fernández mantuvo el  mágico 48% y Macri subió a 40%. Incrementó significativamente su respaldo a pesar de que nadie creía en su triunfo y la mayoría de sus votantes estaba enojada con su manejo económico. Ni carro ganador, ni la economía. Fue la primera campaña presidencial importante que se ha hecho con la autoconvocatoria de los votantes. Una premonición de los tiempos que se vienen. Los electores definen ahora lo que quieren en forma cada vez más independiente. Listas. En 2009 el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires lanzó una lista encabezada por Néstor Kirchner, que incluía a Daniel Scioli, Sergio Massa, el Chino Navarro y otros dirigentes de prestigio. Probablemente es la lista más poderosa que haya participado en una elección para diputados en la Provincia. La lista macrista estuvo encabezada por Francisco de Narváez, un personaje con dotes extraordinarios que era poco conocido. Apoyaron en la publicidad Macri y Michetti, que tampoco eran muy populares pero simbolizaban lo distinto, lo nuevo, el futuro. De Narváez ganó con 35%, el Frente para la Victoria obtuvo 32% de los votos. La conmoción fue tan grande que se rumoreó que Cristina renunciaría a la Presidencia de la Nación. En 2007 encabezó la lista de candidatos a diputados por la Provincia Cristina Fernandez. Circulaban  mitos como que su figura caía cuando le procesaban, subía cuando se callaba y se movía por otros motivos. Seguimos por años la evolución de su imagen con distintas encuestas comprobando que era casi inmutable. Sus electores no la apoyan porque un juez la procesa o porque otro la sobresee. Creen en ella por razones que no pasan por Comodoro Py. Dada su trayectoria se produjo  otra sorpresa. Esteban Bullrich obtuvo el primer lugar con 41%, Cristina el segundo con 37%, y Massa el tercero con 11%. Esteban y los demás candidatos de Juntos por el Cambio hicieron un excelente trabajo de equipo. Demostraron el valor de ese ingrediente de la nueva política que depende menos de líderes mesiánicos. María Eugenia Vidal se puso al hombro la campaña y la dirigió con enorme profesionalismo. Su aporte fue central. Hay una tarea pendiente para comprender la realidad política argentina. Necesitamos analizar con objetividad qué significan el “cristinismo”, el peronismo y el “macrismo”. Plantearemos algunas hipótesis en nuestra próxima nota.   *Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.

Fuente: Perfil.com    Jaime Durán Barba

En los próximos días el Gobierno nacional tendrá que publicar el decreto por el cual fijará la actualización de las jubilaciones para el trimestre septiembre a noviembre. Mientras se espera que llegue una nueva fórmula de ajuste que reemplace a la que había fijado la suspendida Ley de Movilidad Previsional, la decisión de la administración de Alberto Fernández es que los haberes mínimos no pierdan contra la inflación.

Pero la discusión en el seno del Gabinete Económico aún no está zanjada y la “tradición” indica que en los próximos 15 a 20 días se debería publicar cuál será el ajuste de las jubilaciones. El problema es que al quedar sin efecto la referencia de la variación de los precios y salarios en el trimestre previo a los seis meses de aplicación, como establecía la norma de marras, y aparecer severas limitaciones fiscales con la extensión de la cuarentena, porque debilitó los recursos tributarios y potenció el gasto social y sanitario, se abrió un nuevo escenario de incertidumbre sobre el factor de ajuste.

Al quedar sin efecto la referencia de la variación de los precios y salarios en el trimestre previo a los seis meses de aplicación, como establecía la norma de marras, y aparecer severas limitaciones fiscales con la extensión de la cuarentena, porque debilitó los recursos tributarios y potenció el gasto social y sanitario, se abrió un nuevo escenario de incertidumbre sobre el factor de ajuste

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación el sistema tiene 6,6 millones de personas beneficiarias y 9,8 millones de aportantes; con esa relación, explica el informe, se puede cubrir solo el 40% de la remuneración promedio.

Esto genera el problema crónico de la economía argentina: sale más de lo que entra, por lo que la definición tiene un gran contenido de política. Y como todo se define entre los diferentes sectores que conforman la coalición de gobierno porque aunque la medida es tomar la inflación del trimestre anterior, existe cierto grado de discrecionalidad al respecto teniendo en cuenta que el aumento se define por decreto por el límite que impone la aceleración del déficit fiscal.

La titular de la Anses, María Fernanda Raverta

Según explicaron a Infobae fuentes que siguen de cerca la discusión, la visión de “empardar” la inflación es la que defiende el Palacio de Hacienda. Desde el equipo del ministro Martín Guzmán ya hicieron saber que la intención es que las jubilaciones ajusten por el acumulado del último trimestre del IPC Indec, esto es 1,5% abril, 1,5% mayo y 2,2% junio, lo que implicaría que si esa postura es la que se impone el próximo ajuste jubilatorio para el trimestre septiembre a noviembre sería de 5,3 por ciento.

Desde otro sector del gobierno, más precisamente desde la Anses que comanda María Fernanda Raverta, están pujando por una fórmula donde el haber jubilatorio no sólo acompañe al costo de vida sino que le gane, para recuperar parte del terreno perdido el año anterior. La intención de los técnicos del organismo es que el aumento tenga un piso del 7 por ciento.

Pero aún en el caso de que se impusiera la fórmula que nace del sector de Raverta, que tiene un incremento de caso dos puntos porcentuales por sobre la inflación del segundo trimestre, aún quedaría por debajo del 10,6% que arrojaría la Ley de Movilidad suspendida.

Ese valor se desprende de la fórmula de movilidad suspendida que toma el trimestre del semestre previo al ajuste, la cual se desagrega en un 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor que fue 8,83%, y el 30% de la suba del RIPTE (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) que fue 14,72 por ciento.

El ministro de Economía Martín Guzmán dijo que no quiere que el ajuste recaiga sobre los jubilados, pero sería el que impulsa el menor aumento

Aunque aún está en discusión hay un dato que de alguna manera marca el camino que podría definir la Casa Rosada. En el proyecto de Ley de Ampliación de Presupuesto 2020 se elevó la partida para la Seguridad Social a $2,63 billones, eso implica 41% más que el ejecutado en 2019 ($1,87 billones), alineado con la inflación que estiman las consultoras privadas diciembre a diciembre.

“La realidad es que hay expectativa teniendo en cuenta que hay un proyecto de Raverta que no me parece muy adecuada, ya que establece que el ajuste de las jubilaciones se tiene que hacer tomando en cuenta el crecimiento del PBI y la recaudación triburaria. La movilidad tiene que garantizar la capacidad de compra de los haberes y en un contexto de caída de la recaudación, eso no sería posible”, explicó a Infobae la abogada especialista en Previsión Social, Andrea Falcone.

Falcone advirtió, entendiendo que los jubilados no lograrán recuperar parte de lo que ya perdieron, que la actualización debe tener en cuenta la “razonabilidad” de la pérdida, porque sino habrá una nueva catarata de juicios. “Si la brecha es de menos de 4% ningún juez le prestará atención, pero si es mayor veremos nuevamente una catarata de juicios”. Por las dudas, la especialista avisa: “los jubilados de la mínima acumular un deterioro de 4% en términos, pero los de la máxima ya perdieron 14%, yo misma lleva una cantidad enorme de demandas por este tema”.

Raverta en Esteban Echeverria conversando con jubilados, la suspensión de la Ley de Movilidad afectó el ingreso de la mínima en un 4% y el de la máxima en 14 por ciento

En el Gobierno argumentan que la pérdida de ingreso por la suspensión de la ley de Movilidad más que se compensó con el congelamiento de las tarifas y de los precios de la canasta de medicamentos.

Otro punto que se discute es que no pasa desapercibido entre los abogados previsionales que “el Gobierno tomó la decisión política de imprimir y aumentar el circulante para contener a un sector de la sociedad entregando el IFE pero sigue ajustando las jubilaciones”.

Fuente: Infobae.com

Conoció a Alberto Fernández en la Facultad de Derecho. Al recibirse, crearon un estudio jurídico en el que fueron socios, pero también la actual ministra de Justicia lo acompañó en cada cargo del sector público, desde la Superintendencia de Seguros hasta la jefatura de gabinete. La amiga y socia del Presidente, Marcela Losardo, ahora se pondrá al frente de la defensa de la reforma judicial que se presentó esta semana. — Fue uno de los proyectos más anunciados ¿Era el momento de presentarlo con los números de la pandemia en lo más alto? — Esta Reforma la planteó el Presidente en campaña y lo que viene a hacer es cumplir esa promesa. Alberto Fernández siempre fue muy crítico cómo se estaba manejando la Justicia y viene a dar respuesta a eso. Se iba a presentar antes, pero la pandemia nos hizo cambiar la agenda. Ahora tenemos un Congreso funcionando y me parece que ya era hora y que no había que esperar más. No se buscó una oportunidad política, Hoy la reforma está en condiciones de ser presentada para que sea debatida y enriquecida en los lugares en los que debe discutirse. — ¿Es una prioridad del Gobierno en medio de una pandemia y crisis económica difícil de afrontar? — Algunos dicen que a la ciudadanía le importan más otras cosas como por la economía o la seguridad ¿No tiene que ver esto con la economía y la seguridad? Modificar y mejorar  el sistema judicial, combatir el dinero negro, al terrorismo internacional y la trata de personas, tiene que ver con la seguridad también, tiene que ver con la economía, con el dinero público mal utilizado.   Alberto Fernández le respondió a la oposición: «Hoy la Corte está funcionando mal»   — ¿Es una reforma pensada en la impunidad de Cristina Kirchner como se insiste desde Juntos por el Cambio? — Nada más lejos de ser una reforma para la impunidad de nadie. El proyecto se ocupa de la transformación integral de la justicia federal con asiento en la Ciudad, de materia Penal y no Penal y en las provincias. Las causas existentes antes de la entrada en vigencia de esta reforma van a culminar con los jueces ante las que están radicadas ¿Si esto es así cuál sería la impunidad? — El sistema de subrogancias ya da lugar a cuestionamientos. — Es otra cosa que dicen, que el Kirchnerismo va a poner jueces, esto no es así. Va a haber un listado de subrogantes para los nuevos juzgados. El listado lo confecciona la Cámara de Casación Nacional y se van a poder anotar todos lo que quieran subrogar. Se va a tener en cuenta, por ejemplo, que no tengan atraso en los expedientes, que se hayan presentado en concursos, que tengan una orden de mérito, o que hayan aprobado el examen. Se evalúa y se eleva al Consejo de la Magistratura que decide si está en condiciones, se envía al Ejecutivo y el Ejecutivo los envía al Senado. — Con un Consejo de la Magistratura también cuestionado y un Senado que tiene mayoría el oficialismo — No hay una manipulación, todos los gobiernos llaman a concursos y nombran jueces. Cuando se empiece a trabajar en el Congreso y se vea cómo es la ley, las cosas se van a ir comprendiendo. Se prevé ética judicial, exámenes orales, filmados y públicos.   Reforma judicial: la gran mayoría se opone en las redes   — El Ejecutivo va a tener la posibilidad de nombrar 100 funcionarios de Justicia solamente en la ciudad de Buenos Aires, y 100 jueces en el interior del país ¿No es un poder que cualquier Presidente quiere tener? — No tenemos que tener miedo a los procesos de selección si los procesos de selección los hacemos transparentes. Alguna vez tenemos que cambiar esta forma de pensar que todo es oscuro, se está muy lejos de pensar en la impunidad y en manipular jueces. — Desde que asumió está trabajando en este proyecto junto a Gustavo Beliz ¿Tuvo algo que ver la Vicepresidenta en su redacción? — Este proyecto es un proyecto del Gobierno, no es un proyecto individual de una persona. Es del Ejecutivo y es un proyecto en el que el Presidente tuvo mucho que ver, la pluma del Presidente estuvo todo el tiempo, y su firma no fue sólo una firma. Seguramente también habrá consultado con la Vicepresidenta ¿por qué no? — La oposición ya rechazó la reforma antes y después del envío del proyecto ¿Cree poder conseguir mayores consensos? — La oposición se negó, pero hay una parte del proyecto que es la creación de la Justicia Federal de las provincias que presentó el Gobierno anterior, así que no creo que haya una oposición, salvo esta oposición que se instaló ahora de decir que es un proyecto de impunidad, la verdad que nos sorprenden estos planteos.   Banderazo y masiva marcha contra la reforma judicial en todo el país   — Que el Consejo que evalúe el futuro de la Corte Suprema lo integren figuras como Carlos Beraldi que es el abogado de Kirchner puede hacer especular con que haya un fin político detrás de esto. — Ninguna persona en forma individual  va a decidir algo, es un Consejo Consultivo elegido por el Presidente, para que se analicen distintos temas: Los funcionamientos de la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Juicio por Jurado, mejoras en el Ministerio Público. Este Consejo Consultivo tiene pluralidad en cuanto a sus integrantes, lo que se resuelva se va a presentar en conjunto y puede haber diferencias. Beraldi como el resto de los miembros fue convocado por antecedentes académicos y profesionales, no debe mezclarse quiénes son sus clientes. Este Consejo elaborará un dictamen y el Presidente decidirá si coincide o no coincide con estos planteos que después tendrán otra instancia de debate en el Congreso.   — El Presidente dijo que la Corte no funciona bien ¿Coincide con esto? — Coincido con que no es un tema de número y que se trata de mejorar el funcionamiento, pero nada tiene que ver con el número. — ¿Hay presupuesto para afrontar esta reforma? — La unificación de algunos los fueros no requieren nuevas erogaciones. Las partidas van a ser evaluado en el ejercicio correspondiente. Se va a utilizar estructuras de secretarias que ya funcionan y lo que sí crearán son los cargos de jueces. Todo va a ser contemplado. Debemos pensar en una reorganización de cómo se maneja el presupuesto para el poder judicial. Hay que reorganizar también los recursos humanos, más allá de que si significa un aumento de presupuesto bienvenido sea, porque si es una reforma va a traer consecuencias económicas positivas. Si tenemos una justicia que tarda mucho en investigar también es una justicia que hoy gasta mal su dinero.

Fuente: Perfil.com

Cuando Martín Guzmán ya tenía redactado hasta el comunicado de prensa anunciando la prórroga de la oferta oficial a los bonistas de Wall Street, Alberto Fernández dio la contraorden por celular: “Pará todo. No extendemos”, dijo el Presidente desde la quinta de Olivos. Guzmán cortó la exigua comunicación, regresó sobre sus pasos y ejecutó una decisión política que pone a la Argentina al borde del default.

Si no hay extensión de la propuesta a los fondos de inversión, no hay posibilidades de un canje exitoso. Se necesita un acuerdo que oscila entre el 66 y el 85 por ciento de adhesión de los bonistas -según las series de los títulos emitidos-, y el ministro de Economía hasta ayer sólo tenía una cifra cercana al 40 por ciento.

Al ordenar que no haya prórroga de la iniciativa oficial, Alberto Fernández clausuró la posibilidad de continuar las negociaciones. Y como ya no habrá negociaciones, es utópico avanzar desde el 40 por ciento de la adhesión que supuestamente ya se tiene asegurado, al 66 u 85 por ciento de aceptación legal que está prevista en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) establecidas en los bonos emitidos durante 2005 y 2016.

Entonces, si el Presidente no cambia de opinión en las próximas horas, la negociación habrá fracasado porque no se llegó a un acuerdo con los acreedores privados, que tienen la facultad de aguardar una nueva ronda de diálogo con Guzmán o marchar a tambor batiente rumbo a los tribunales de Manhattan para iniciar un juicio por default.

La diferencia de la oferta oficial respecto a la contraoferta de BlackRock y sus aliados es de tres dólares menos. Alberto Fernández ya advirtió en público y privado que no se movería de su iniciativa a los acreedores privados, pese al lobby en español e inglés que aún asola su despacho de la quinta de Olivos.

“Hasta acá llegué. No hay un peso más”, reitera el Presidente cada vez que le preguntan si es posible un nuevo acercamiento económico con los bonistas.

Alberto Fernández y Martín Guzmán en la quinta presidencial de Olivos

Este argumento político, que se transformó en una zanja infranqueable por BlackRock y sus adlateres, fue consolidado por Guzmán durante un encuentro que tuvo a solas con el Presidente. Guzmán recordó a Alberto Fernández que la primera oferta oficial establecía un Valor Presente Neto (VPN) de 41 dólares para los bonos a canjear, y añadió que en ese momento, los cálculos más serios aseguraban que la economía global por la pandemia caería un 2.3 por ciento.

El Presidente escuchaba en silencio a su ministro de Economía, que remató el argumento que ahora sirve de base para justificar la decisión oficial de no extender la oferta y mantenerse firme ante los embates de BlackRock y sus socios. Guzmán agregó que la actual propuesta establece un NPV cercano a los 54 dólares, mientras que la caída de la economía global prevista por el World Economic Outlook (FMI) sería de casi 10 por ciento.

Es decir, el argumento de Guzmán es simple de racionalizar. Si había una iniciativa oficial con un Valor Presente Neto de 41 dólares y una probable caída del 2.3 de la economía global, y a posteriori, se mejoró la oferta a 54 dólares de NPV con el FMI pronosticando una debacle del 10 por ciento del PBI mundial, qué sentido tendría remozar la propuesta argentina ante la presión de los acreedores privados.

Cuando el titular del Palacio de Hacienda terminó su explicación económica, Alberto Fernández sonrió satisfecho. Y puso las cifras en sus términos políticos: “No hay que moverse -analizó frente a Guzmán. Si ya aumentamos la oferta y el mundo se cae, no tiene sentido seguir mejorando como quieren los fondos. Nos quedamos acá, y ni un dólar más”.

En este contexto, el Presidente sólo extenderá la oferta hasta el 28 de agosto, si los bonistas adelantan que aceptarán la última propuesta oficial. Puede ocurrir que en los próximos días, la International Capital Market Association (ICMA) respalde ciertas reformas jurídicas que imprimirán mayor certeza a la adhesión del canje, como plantearon los acreedores privados. Pero desde la perspectiva de Olivos, no es una condición sine qua non para extender la oferta hasta fin de mes.

No habrá prórroga si los fondos no se adhieren a la última propuesta de la Argentina, aunque la ICMA anuncie que avala los cambios jurídicos.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, asisten a una conferencia en Ciudad del Vaticano.

La estrategia del Gobierno, que diseña Alberto Fernández y ejecuta Guzmán, abre dos posibilidades. Los bonistas pueden hacer uso de sus derechos y presentar una demanda por default contra la Argentina, o aceptar un standstill que ya empezó a estudiar el equipo técnico del Palacio de Hacienda.

Un standstill sería un acuerdo formal entre la Argentina y los acreedores privados que establece la postergación de las negociaciones por un tiempo prudencial y evita así la posibilidad de iniciar acciones por default en los tribunales de New York. Es un pacto de caballeros: como no hubo deal, y a nadie le sirve litigar por años y años, se congelan las conversaciones y se reanudan por acuerdo de partes.

Desde la perspectiva de Olivos, y en caso de confirmar su decisión de suspender la extensión del plazo de la oferta y congelar las negociaciones directas con los bonistas, Guzmán pondría foco en abrir el diálogo formal con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

“Ponemos a los acreedores en un standstill, y empezamos a negociar un crédito con el Fondo. Cuando llegamos a un acuerdo, volvemos a abrir la negociación con los acreedores privados”, propuso el ministro de Economía al Presidente.

Alberto Fernández estuvo de acuerdo. Considera una razón de Estado resolver la reestructuración de la deuda externa, pero se niega a pagar las cuentas aplicando un plan de ajuste recetado por el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cristina Fernández y Sergio Massa, sus principales aliados en el Frente de Todos, coinciden con esta mirada política.

La oferta oficial cae el próximo 4 de agosto. Los acreedores privados ya saben del ultimátum lanzado por Alberto Fernández, y aún se mantienen en su posición: si la diferencia es de tres dólares -dicen-, que cada parte ceda lo suyo para llegar a un Valor Presente Neto de 54.9 dólares.

“No”, replicaron en Olivos.

Fuente: Infobae.com