Autor: Jorge Alfredo Baret

Los principales acreedores de la Argentina creen que, si el Gobierno no modificara la oferta actual, la aceptación sería muy baja y por lo tanto no podría hacer el canje.

Esta situación tendría influencias negativas en el plano financiero local en los próximos días, tanto en el valor del tipo de cambio, a través de una mayor brecha entre el dólar oficial y los tipos de cambio alternativos, así como en el valor de bonos y acciones.

Además, los bonistas entienden que el Fondo Monetario Internacional (FMI)) no aceptará una negociación si antes la Argentina no cierra su problema con los bonistas.

“El Gobierno cree que el FMI le va a decir que puede hacer lo que quiera, pero lo que puede ocurrir es que la deuda se acelere y que el Fondo les diga que no hay nuevo acuerdo”, advirtió a Infobae una calificada fuente de uno de los comités de acreedores desde Nueva York.

Otra fuente que lidera uno de los comités dijo a Infobae que “el directorio del FMI no avalará un nuevo programa sin que el país llegue a un acuerdo con los bonistas y, en particular, este año en Estados Unidos no hay nadie que tenga voluntad o tiempo como para ponerse a escuchar al gobierno argentino”.

El propio organismo multilateral tiene una política muy clara (Lending into Arrears) para los países que están en default con sus acreedores privados. Así lo expresó, por escrito, en 2016: “El Fondo puede prestar a un miembro en mora soberana a acreedores privados externos solo cuando se haya emitido un juicio que: (i) el apoyo inmediato del Fondo se considera esencial para la implementación exitosa del programa de ajuste del miembro, y (ii) el miembro está siguiendo políticas apropiadas y está haciendo un ‘esfuerzo de buena fe’ para llegar a un acuerdo de colaboración con sus acreedores privados”. Es decir, sin diálogo con los bonistas, el Fondo no negociará un nuevo acuerdo, según su propia letra de molde.

“Este criterio está diseñado para garantizar que se realicen esfuerzos para restablecer las relaciones de los miembros con los acreedores, aumentando así la probabilidad de que pueda recuperar el acceso a los mercados de capitales”, indicó el FMI en ese entonces y nunca cambió su postura. Un paraguas como un standstill, de extensión de plazos, que los acreedores propusieron varios meses atrás, podría permitir algún diálogo más constructivo con el organismo multilateral que conduce Kristalina Georgieva.

El presidente Alberto Fernández instruyó al ministro Martín Guzmán a no pedir, al menos por el momento, una nueva extensión al plazo, que vence el martes 4 de agosto, para que los bonistas respondan si aceptan o rechazan la oferta oficial. Hasta poco antes, prevalecía la posición de estirar los plazos; la nueva instrucción presidencial sería una forma de aumentar la presión sobre los bonistas, a los que el gobierno les ha dicho -en mensajes públicos e incluso a través de un comunicado oficial- que no habrá una nueva mejora de la oferta. Los acreedores se mostraron escépticos al respecto.

La diferencia

“El acuerdo está a 1,5 dólares entre ambas ofertas y se están perdiendo miles de millones de dólares de alivio financiero, como lo propusimos en la última oferta”, advirtió la fuente ligada a BlackRock, el fondo más importante de Wall Street.

El ejecutivo afirmó que, en este contexto, el Gobierno no llegará al piso mínimo que se fijó para hacer el canje en la última oferta que presentó ante la comisión de valores de Estados Unidos.

La otra fuente de los bonistas dijo que “el Gobierno comete un papelón tras otro; tiene una solución al alcance de la mano y, en vez de ver a los comités como una oportunidad, los ve como enemigos, cuando ya dejamos en claro que tenemos entre todos el 60 por ciento de los bonos que se van a renegociar. Tienen que bajar el tono, porque si no, en vez de encontrar una salida, van a llevar al país a una situación desastrosa”.

Un ex negociador agregó que “la Argentina puede decidir más adelante, hasta el 4 de septiembre que vence la oferta) que le da los beneficios del early bird a todos los que entren”, ya que ese es el día fijado para el intercambio de los bonos viejos por los nuevos.

La última carta de los bonistas al ministro Guzmán

Por lo tanto, muchos creen que el Gobierno está presionando a los fondos de inversión a que entren con pocas municiones.

“Y respecto a los cambios legales, si son objetivamente positivos para los bonistas, y nadie se puede quejar, para lo que necesita opinión legal, se los puede dar a todos sin cambiar fechas”, aclaró el exfuncionario.

De todos modos, indicó que “si el Gobierno cree que alguien accedería a canjear solo por el beneficio de esa modificación legal, no darle tiempo a la gente para que la acepte, no tiene sentido; lo único que está un poco más en juego es el early settlement”, aclaró.

De inmediato, reafirmó: “Si no se llega al nivel mínimo de participación autoimpuesto, no hay canje”. Esto es, “el 50% de los bonos Indenture 2016 y el 50% de los bonos Indenture 2005, o el 66% del total”.

Para el director de Eco Go, Federico Furiase, la movida oficial “es riesgosa; creo que quieren tener garantías de que los acreedores van a estar adentro antes de anunciar nueva extensión del plazo”. De hecho, fuentes ligadas a la negociación del lado argentino afirmaron que sólo harían estos cambios si los bonistas muestran su compromiso explícito de aceptar un deal.

“Entiendo que sobre la hora el Gobierno extenderá el plazo; no creo que patee el tablero con el impacto que puede haber sobre brecha cambiaria, pero a veces la lógica de la política no sigue la lógica económico-financiera”, afirmó.

“No podemos descartar a esta altura la opción de un acuerdo de extensión de plazos, standstill, con los acreedores y en el medio acordar con el Fondo un programa macro que despeje incertidumbre para despejar la cancha y calmar las puntas de una negociación que se viene desgastando”, indicó Furiase.

La directora-gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a cuyo apoyo apuesta el gobierno

Dólar y bonos

El economista aclaró que “si no hay deal, se cae el canje sin un anuncio de un standstill y empiezan a acelerar los acreedores los bonos podrían volver a la zona de 25-30 centavos y la presión en el dólar MEP/CCL intensificarse, acercándose a los niveles del blue si no mejoran las expectativas en un contexto de desequilibrio monetario-cambiario”

“Por eso el Gobierno tiene incentivos a negociar y evitar un escenario de este tipo”, sentenció.

Nery Persichini dijo que “los bonos tenían implícita una exit yield de entre 12 y 13%; si la amenaza del Gobierno va en serio, probablemente esa tasa aumente y los precios de los bonos busquen niveles más bajos. Ese shock también podría tener un efecto sobre la brecha y las expectativas de devaluación. Sin deal, Argentina deberá generar o retener dólares más aceleradamente, algo que sólo podría lograr con más controles o con un tipo de cambio oficial más elevado”.

Al respecto, un analista de la City advirtió que “habrá más presión sobre el dólar sin dudas, riesgo país al alza y caída de acciones. Me cuesta creer que por 3 dólares no se arregle; no tiene ningún sentido”.

En tanto, el especialista en temas financieros Diego Sacerdote dijo que la salida para llegar al punto medio que aceptan los bonistas es un cupón contingente, ligado al PBI, o a otra variable.

De este modo, se llegaría tal vez a los 55 dólares aproximadamente de encuentro entre las dos partes.

La otra posibilidad, acotaron los bonistas, es que el Gobierno adelante solo unos meses el pago de los intereses devengados, sin costo financiero alguno, porque eso aumentaría el valor presente de los bonos que recibirían. De hecho, la diferencia en el flujo de pagos en los primeros años es inferior a los 300 millones de dólares anuales, menos que lo que debe gastar el Banco Central para intervenir en el mercado cambiario.

En cuanto a la cuestión legal, se siguen buscando árbitros internacionales para que las CACs puedan utilizarse con el “modelo ecuatoriano”, que permitió un acuerdo entre ese gobierno y la mayoría de los bonistas, sin quejas por la cláusula de reasignación o la estrategia Pac Man.

Cabe recordar que la Argentina cayó en default el 22 de mayo pasado y que semana a semana va acumulando más bonos en cesación de pagos. Y si bien todavía no hubo consecuencias en el plano de aceleración de la deuda o en demandas nuevas en Nueva York, sí se reflejó en la presión sobre el dólar.

Fuente: Infobae.com

La libertad como botín de la política ¿Qué le está pasando a nuestra libertad? La cuarentena “solidaria” ha sido en todo sentido la puerta de entrada para violar los principios básicos de nuestra Constitución. Sin plan ni visión, el gobierno se aferró a la crisis sanitaria como trinchera e hicieron que las actividades de la vida diaria pasaran a ser un botín de la dirigencia política. En este sentido el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou le dió una lección a nuestro mandatario sobre los deberes de la investidura afirmando “En Uruguay la libertad es un bien preciado”. El Oriental nos recordó que desde marzo somos rehenes de una gestión sin rumbo y que atenta contra preceptos básicos. El propio Ministro de Salud de la Nación Ginés González García admitió que la prohibición a los runners era por una cuestión de imagen más que por los contagios que efectivamente se podían producir. Es decir, llegaron al límite del descaro de jugar con la libertad de las personas, promoviendo restricciones e iniciando acciones penales, secuestro de vehículos y otras prácticas que repugnan nuestras bases sociales por la persecución de un delito inexistente que castiga la propagación de un “virus misterioso”. Frente de Todos (los quilombos) El propio Alberto Fernández, cual dictador, dijo que «La libertad se pierde cuando uno muere, para ser libres hay que vivir”. Estos mismos dirigentes que prohiben reuniones sociales de amigos y familiares, se mostraron haciendo actos políticos y celebraciones sin una protección responsable. Hoy el número de contagios bate records todos los días en la Provincia de Buenos Aires Nac&Pop, estamos camino a estar 15 del ranking mundial, con el agravante que los expertos estiman que el número real hay que multiplicarlo por 10. El desastre de administración de la cuarentena ha dejado en evidencia las violaciones a nuestra libertad por parte del Poder Ejecutivo con complicidad de los demás poderes del Estado.   Fantasmas del pasado Esta gestión no volvió mejor, vino acompañada por los fantasmas del pasado. El asesinato de Fabián Guitiérrez, ex secretario de Cristina Fernández, nos recordó el saqueo y lo lenta que es la justicia para hacer lo suyo con la Vicepresidente Cristina Fernández. La muerte de este hombre que se retiró de la función pública en 2010 con 36 propiedades, 35 autos de alta gama y 3 embarcaciones pretendió ser abordado como un crimen pasional, pero rápidamente salió a la luz lo que era casi lo obvio, los autores estaban detrás del tesoro K. El robo comando en un destacamento de Prefectura en Ezeiza, donde se llevaron armas, chalecos y municiones, también nos trajo a otro espectro del pasado vinculado a actos de violencia que hubiéramos preferido olvidar. De la misma forma el caso de Jorge Ríos, jubilado que mató a uno de los 5 delincuentes que entraron a su caso para robar y golpearlo es síntoma de un Estado que no cumple con sus misiones básicas. La inseguridad volvió con fuerza y se coronó con el conflicto entre Sergio Berni y Sabina Frederic. Regreso al pasado con futuro impredecible En efecto, vemos que todo se repite. Cada vez que el gobierno se dispone a llegar a un acuerdo con los bonistas avanza sobre la propiedad privada. Así lo hicieron con Vicentin, y recientemente respecto de Edesur. Sumemos a todo lo dicho la llamada “reforma judicial”, que es una maniobra política fuera de contexto de las necesidades de la sociedad y con el único objetivo de resolver los problemas de la Vicepresidente con sus causas pendientes. El propio Presidente retiró 135 pliegos de jueces que había enviado Mauricio Macri, creando con este proyecto más de 300 nuevos puestos para designar. Es decir, lejos de tener más administración de justicia, solo se lograría un incremento del comercio político de la rosca de siempre. Con todo esto, era obvio que la reacción no se iba hacer esperar. La gente volvió a la calle el 25 de mayo, el 20 de Junio y el 9 de Julio. Las fechas patrias se han convertido en el motor de la expresión popular. En cada oportunidad la protesta ha sido más grande que la anterior, reflejo de un hartazgo que esta a flor de piel y que la dirigencia no sabe interpretar ni dar una adecuada respuesta.   Sin rumbo ni futuro a la vista “No hay plan”. Esa es la consigna en materia económica del Presidente Alberto Fernández, quien lo manifestó a nuestra prensa, y lo que es peor ante le Council of the Americas. Entre 1998 y 2002 la actividad económica cayó un 21%. En abril pasado, en apenas un mes, la caída fue del 27%. Esa gesta se repitió en mayo con un -20% cuando la cuarentena no era tan estricta. En el período 2018-2019 cerraron 21.750 empresas, mientras que en apenas 60 días del gobierno de los “solidarios” cerraron 18.000 empresas, unas 310 por día. Ese número llega a 25.000 desde el comienzo del mandato. Esta gestión dejó sin trabajo a 285.000 personas que estaban en blanco a pesar de la doble indemnización. Llegamos al punto donde se despide sin que cause temor la sanción. Losardo: la reforma judicial es para que «los jueces puedan trabajar con más rapidez» El 53% de los inquilinos prevén cerrar locales durante este año. Las ventas minoristas cayeron 34,8% en Junio, y esa baja es del 43% si no consideramos a los servicios esenciales. En el resto del país es del 20% donde ya hay actividad. Farmacias y alimentos tienen bajas del 12% y el 19%. La construcción cayó en mayo 48% i.a. La participación de las exportaciones industriales en el total del comercio exterior está en el mínimo histórico. En el primer semestre del año la baja fue del 11% interanual y las importaciones un 23,30%. La balanza comercial terminó con un superávit de u$s 8.097 millones. En efecto, este año tendremos el mayor derrumbe económico de la historia Argentina, superando lo ocurrido en el 2001. El desempleo será del 15% si la pérdida de puestos laborales se ubica en un millón entre el registrado e informal. Si la destrucción de la producción nos parece poco, la inflación de Junio fue de 2,2% y el acumulado es de 42,8%. En lo que resta del año van a emitir el doble de billetes que todo lo del 2019, importando billetes de Alemania, España y Brasil. Sumemos a esto que, en Junio una familia tipo debió ganar $43.000 para no ser pobre, algo así como u$s 338. El gobierno de los “solidarios” ha envejecido prematuramente. Resta saber si cambiarán de rumbo o vegetarán durante 3 años más para pasar sin pena ni gloria por la vida de los argentinos.

Fuente: Perfil.com     Nazareno Etchepare

Como sucedió con Sinceramente, de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sirvió como termómetro antes de las últimas elecciones presidenciales, el actual presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, tendrá su propio libro para medir y justificar uno de los temas de agenda más controversiales de su mandato: la reforma judicial.

A diferencia del título de Fernández de Kirchner, no es una obra en primer persona, sino una recopilación de artículos inéditos -especialmente realizados para la publicación- producida por el también abogado junto a Mauro Benente -doctor en derecho, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y subsecretario en el Ministerio de Justicia de la provincia- y Federico Thea -abogado, actual Secretario General del gobierno provincial y ex rector de la Universidad Nacional de José C. Paz.

La obra, de 480 páginas, busca ser una articulación entre el presidente, quien junto a un grupo de juristas y académicos, ofrece, “a través de la reflexión, la teoría jurídica y el análisis de casos concretos, una radiografía que da cuenta de la dimensión de la crisis de la Justicia argentina”, dice la gacetilla de prensa de editorial Sudamericana.

Los temas irán desde el lawfare, la selección de jueces y el rol de los fiscales, la rendición de cuentas de sus actos, el rol del Consejo de la Magistratura, el sistema federal de Justicia como disciplinamiento político, la construcción mediática de culpables e inocentes, la utilización abusiva de la prisión preventiva, la judicialización de decisiones políticas, el Memorándum con Irán, la causa del dólar futuro, la figura de traición a la patria.

Mauro Benente, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y subsecretario en el Ministerio de Justicia de la provincia, y Federico Thea, Secretario General del gobierno provincial

“Sin justicia independiente del poder político, no hay democracia ni República. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten. En los últimos años, hemos visto el deterioro judicial, persecuciones indebidas, detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobernaban y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso, este libro viene a manifestar un contundente ‘Nunca más’ a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas o que judicializa los disensos para eliminar al adversario. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda. Nunca más es nunca más. Porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada”, escribió en su artículo Alberto Fernández.

Y agregó: “La selección discrecional de magistrados, la manipulación judicial por parte del poder político, la concentración de las causas de dimensión institucional en manos de un puñado de jueces, la utilización indebida (en las formas y en el tiempo) de la prisión preventiva y la perpetuación de indagaciones judiciales que solo operan como mecanismos de amenazas hacia los perseguidos son prácticas que deben ser desterradas de una vez y para siempre.”

Así, además de los ya nombrados, firman artículos: Roberto Manuel Carlés, Daniel Carral, Carlos Cruz, Nicolás Dallorso, Fernando Díaz Cantón, Marisa Herrera, Cecilia Marcela Hoop, Alan Iud, Gonzalo S. Kodelia, Valeria M. Loira, Fabián Musso, Lisandro Pellegrini, Ana Clara Piechestein, Marcelo Antonio Sgro, Nahuel Sosa y Carlos Alberto Zannini.

Alberto Fernández presenta en Casa Rosada la reforma judicial (Crédito – Presidencia de la Nación)

Otras frases destacada del libro:

Sobre lawfare:

“Una orden de detención se apila sobre otra. Un juez y otro juez, un fiscal y otro fiscal compiten para ver quién es el primero en saciar la sed republicana que pide a gritos encarcelar a cuanto populista ande suelto. Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Rafael Correa en Ecuador fueron algunas de las figuras más codiciadas de esta cruzada mediático-judicial. Existe un sinfín de arbitrariedades con las que cada día nos sorprende el Poder Judicial. Pero de lo que se trata es de observar que la articulación que se esconde en cada una de ellas no es casual, sino que responde justamente a esta nueva lógica política del Poder Judicial: el lawfare.”

Consejo de la magistratura:

“Los jueces solo rinden cuentas ante los miembros del Consejo de la Magistratura (donde sus pares son parte). Este libro pretende desentrañar de qué manera se reciben y se tramitan las denuncias contra magistrados y magistradas. A partir del estudio de más de mil resoluciones, es fácil advertir que todo ese proceder muchas veces es ficticio y que aquella rendición de cuentas es prácticamente inexistente.”

Presión preventiva:

“Se ha justificado reiteradamente el encarcelamiento preventivo de ex funcionarios públicos sobre la base de una disparatada racionalización. Su exordio tuvo lugar en ocasión de la resolución del incidente judicial por la prisión preventiva del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su autor fue el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun. En esa sentencia se estableció que, para decidir sobre la libertad del imputado, debía analizarse si existían elementos que permitieran inferir que no se obstaculizaría la investigación, y que para ello ‘no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta relevante determinar si los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal’. Esa postura dio pie a las posteriores órdenes de detención de Luis D’Elía, Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y Carlos Zannini, entre otros, por la causa Memorándum con Irán. En ocasión de resolver sobre la excarcelación de Amado Boudou, a quien también se había aplicado esta ‘doctrina’, el camarista Eduardo Farah entendió que es ‘irrazonable’ la consideración en abstracto de pretendidas ‘relaciones residuales’ o ‘influencias’ fundadas en los cargos públicos que desempeñó el ex vicepresidente, para suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento.”

Memorándum con Irán:

“En ningún momento del debate realizado en el plenario de comisiones, ni durante las sesiones llevadas a cabo en ambas Cámaras legislativas, se esgrimió como causa para oponerse que la firma del mencionado memorándum pudiera implicar la comisión de un delito. Ni los legisladores opositores, ni el juez de la causa, ni siquiera los representantes de la DAIA o de la AMIA lo hicieron. El fiscal de la causa, Alberto Nisman, nunca antes de su denuncia, efectuada dos años más tarde, en enero de 2015, lo había mencionado.”

Decisiones políticas y delito:

“La idea de tornar delictiva una definición meramente política es considerada en dos casos que han sido muy expuestos en los últimos años: la decisión de suscribir un memorándum de entendimiento con Irán y la medida de política económica de valerse de dólares vendidos a futuro como mecanismo idóneo para controlar el valor de la divisa. A esas decisiones políticas se les otorgó entidad de delitos como traición a la patria, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos o fraude a la administración pública. Esa acción persecutoria fue sostenida con ‘procesos legales’ que solo respondían a la ‘creatividad’ perversa de los jueces actuantes. Por eso la utilización abusiva e injusta de esa prisión (basada, muchas veces, en la supuesta preexistencia de asociaciones ilícitas) se convirtió en una eficaz herramienta para avanzar arbitrariamente contra personas a las que se les restringía su derecho de defensa.”

Dólar futuro:

“La celebración de contratos de compraventa de dólar futuro se inscribía dentro de un elenco de políticas públicas en materia económica que, entre otros objetivos, buscaba contener el precio del dólar y con ello evitar el incremento de la inflación, y el consecuente aumento de los índices de pobreza e indigencia. Dentro del derecho y la teoría constitucional, existe una gran discusión en torno a la legitimidad que tiene el Poder Judicial para revisar las políticas públicas dictadas por los otros dos poderes. Esta controversia gira sobre el siguiente interrogante: ¿por qué el Poder Judicial, que no es elegido democráticamente ni es responsable ante el electorado y cuyos cargos son vitalicios, puede revisar y eventualmente anular políticas públicas puestas en práctica por el Ejecutivo y el Legislativo, cuyos cargos son periódicos, elegidos democráticamente y responsables ante el electorado?”

Arrepentidos:

“La voz ‘arrepentido’ —utilizada en varias ocasiones por la ley que lo regula— es claramente inapropiada: al personaje al que se le aplica le cuadra mucho mejor la calificación de ‘delator coacto’. Sin embargo, en vez de llamar a las cosas por su nombre, se edulcora con un artificio semántico benevolente (arrepentido), del mismo modo que, como recordarán las generaciones mayores, se escribía en las actas policiales que el imputado se “sinceraba” con la instrucción, cuando en realidad tal sinceramiento era producto de algún tipo de vejamen. La coacción, como quedó dicho, es un delito y una ley, como la del delator premiado, no puede —por un imperativo constitucional— transformar en lícito lo que no puede serlo”.

Asociación ilícita:

“Los conflictos que no pueden resolverse por sus cauces naturales se derivan al Poder Judicial, se judicializa la política, y para ello el delito de asociación ilícita ha sido, quizás, el mejor instrumento. En el camino, las instituciones se degradan y sus actores se deslegitiman, cualquiera sea el papel o la función que cumplan. El Poder Judicial pierde su rol eminente de pacificador social y se convierte en herramienta de disputa y, ya se sabe, la distancia entre una herramienta y un arma es solo el designio de quien las utiliza.”

Lesa humanidad:

“En el campo de los derechos humanos, el macrismo provocó el resurgimiento de la llamada ‘teoría de los dos demonios’ y del negacionismo, a partir de la expresión de numerosos funcionarios y de comunicadores identificados con el oficialismo.”

Aborto:

“El Poder Judicial no ha tenido capacidad o disposición para pasar del reconocimiento de derechos de las mujeres a no ser instrumentalizadas en virtud de nuestra capacidad reproductiva al verdadero respeto de nuestra autonomía (no) reproductiva.”

Fuente: Infobae.com

A pocas horas del vencimiento del plazo para que los acreedores definan si aceptan ingresar al canje de deuda, Martín Guzmán aseguró que el Gobierno evalúa «todas las opciones» ante a la posibilidad de postergar el plazo, entre ellas, «retomar el programa con el Fondo Monetario Internacional». Sin embargo, recordó que la decisión del país de encarar un nuevo acuerdo tendrá como premisa la idea de que «no hay estabilización posible sin recuperación económica». «Estamos evaluando todas las opciones. Habíamos manifestado que estaba la idea de un período de suscripción más largo, que es simplemente una cuestión técnica. Ahora, la realidad es que no hay más en términos de lo que el país puede pagar año por año. Hemos hecho el máximo esfuerzo posible y una oferta que es definitiva sobre la base de ese esfuerzo», dijo el titular el ministro de Economía en un reportaje con Página 12. Guzmán reafirmó que -en términos económicos- «no vamos a ofrecer más» y que «si no hay acuerdo sobre esta propuesta el camino es otro. En ese caso, lo que haríamos es retomar el programa con el Fondo Monetario Internacional pero en las condiciones que necesitamos tener». La incertidumbre por la deuda provocó fuertes saltos en los dólares financieros «Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los tiempos previstos en el anterior programa. Obviamente, lo que eso implicaría es que tome más tiempo la reestructuración, pero también daría lugar a una reestructuración más profunda. Es iluso suponer que más adelante podamos ofrecerle más», agregó. Según el ministro, de no mediar un acuerdo con los acreedores «Argentina se moverá más hacia el acuerdo con el FMI y más adelante, dentro de seis u ocho meses aproximadamente, volveremos a hacer un replanteo con los sectores privados». El nuevo entendimiento que Argentina buscará negociar con el FMI partirá de la premisa de que «no hay estabilización posible sin recuperación económica. Y para estabilizar la economía, hay que dejarla crecer. Esto significa que no hay lugar para un esquema de política monetaria contractiva en un contexto de recesión, como ocurrió con el programa stand by del año 2018. Y las políticas, está claro que las decidiremos nosotros».

Fuente: Perfil.com