Autor: Jorge Alfredo Baret

“Algo hay que hacer, esto no da para más”. La amarga reflexión se escuchó el viernes a la tarde en el Banco Central, en el cierre de otra semana complicada. Las ventas de “dólar ahorro” ya superan los USD 600 millones y todo indica que este mes podría llegar a un récord de USD 1.000 millones. Aunque se trate de pequeños ahorristas que se llevan de a USD 200 por mes no deja de ser otra cara de un fenómeno que hace años carcome a la economía argentina: la fuga de capitales.

La progresión encendió las luces rojas no sólo en el BCRA sino en todo el Gobierno. En mayo las ventas habían sido de USD 400 millones, en junio subió a poco más de USD 600, el mes pasado ya escaló a USD 700 millones y este mes llegará a un nuevo récord.

Aún cuando los ahorristas dejen los dólares en plazo fijo, dejan de pertenecer al Central. Es decir que siguen computando como reservas, pero automáticamente dejan de ser “líquidas”.

La razón por la que crece sin parar la compra de dólar ahorro a través de esa pequeña “ventana” que dejó abierta el BCRA es bastante obvia. A $100 es muy fácil aprovechar el arbitraje con el tipo de cambio informal y salir a vender a $130. En la medida que esa brecha cambiaria se mantenga o incluso aumente, resultaría casi imposible frenar la demanda de un producto que se consigue más barato que en la “calle”.

Aunque ayer tanto el Presidente, Alberto Fernández, como la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, dejaron trascender su preocupación por este drenaje de dólares, luego llegó la aclaración del Ministerio de Economía: finalmente no habrá cambios en la modalidad del “dólar ahorro”. Se trata como mínimo de una lamentable falta de coordinación en uno de los temas más sensibles para cualquier argentino.

En la medida que esa brecha cambiaria se mantenga o incluso aumente, resultaría casi imposible frenar la demanda de un producto que se consigue más barato que en la “calle”. (EFE)

La demanda de dólares oficiales se mantendrá muy alta en la medida que el Gobierno no logre achicar la brecha cambiaria. Se trata de una apuesta complicada y que hasta ahora no fue exitosa a pesar de las trabas para operar en el “contado con liqui”

La apuesta es cerrar exitosamente la negociación de la deuda, cuya oferta se vuelve a lanzar formalmente el martes. Está previsto alcanzar el acuerdo con los grandes acreedores para el 24 de agosto y luego avanzar con la entrega de los nuevos bonos. La alta adhesión despejaría el horizonte y no habría litigios. La expectativa del Gobierno es recuperar margen de maniobra en el frente financiero.

El Tesoro avanzará con la emisión de deuda en dólares que puede suscribirse en moneda local. Así procura darles una opción a fondos como Pimco y Templeton para que puedan canalizar los pesos que están cobrado por el vencimiento de bonos que compraron durante la gestión de Mauricio Macri. Claro que cualquier inversor podría participar. Se trata de una apuesta que puede descomprimir el mercado cambiario en el corto plazo, pero al mismo tiempo podría engendrar una nueva “bomba” financiera, a partir del descalce de monedas. Ése fue una de las semillas que provocó el estallido de la Convertibilidad a fines de 2001.

Cuidar las reservas se convirtió en algo vital para el Gobierno. Se trata de la última línea de defensa para evitar un colapso. Si el BCRA se queda sin dólares para defender una determinada paridad, el siguiente paso es un descontrol cambiario que daría lugar a un estallido inflacionario. En otras palabras, quedarse sin reservas líquidas es (al menos en la Argentina) el camino seguro a una hiperinflación. Por eso, economistas como Martín Redrado (ex presidente del BCRA) sugieren que parte del canje de monedas con China por 18.600 millones de dólares sea convertido en divisas justamente para reforzar esa última línea de defensa.

Cuidar las reservas se transformó en una cuestión vital para el Gobierno. Se trata de la última línea de defensa para evitar un descontrol cambiario que podría terminar en una hiperinflación. Por eso se discute internamente si vale la pena seguir “dilapidando” dólares para satisfacer al pequeño ahorrista

Prohibir la compra de “dólar solidario” a $100 ayudaría a defender mejor las reservas, pero generando daños colaterales. Es probable que cerrar esa compuerta termine derivando parte de la demanda al “dólar Bolsa” y también al mercado informal, generando un aumento adicional de la brecha cambiaria.

La dificultad de la economía argentina para generar dólares es un tema persistente en las últimas décadas. El equipo económico actual lo sabe pero aún no le encontró la vuelta. La apuesta a impulsar Vaca Muerta para generar exportaciones de hidrocarburos murió antes de arrancar, en medio de la crisis generada por la pandemia. Y ahora nuevamente la Argentina corre riesgos de volver a importar combustibles, ante la caída de la producción y el congelamiento de precios.

La falta de confianza es lo que está detrás del cepo cambiario y la escasez de dólares. Ya se cumplió un año desde que Alberto Fernández ganó las PASO, pero en todo este tiempo no consiguió cambiar las expectativas de los inversores y consumidores. La esperanza es que un exitoso canje de deuda empieza a revertir esa imagen negativa que proyecta la Argentina al mundo.

Miguel Pesce, presidente del BCRA

Un informe de un gran banco de inversión se refirió a la economía argentina como “frágil”. Y caracterizó la situación como estar caminando sobre una capa de hielo muy delgada y que en cualquier momento se puede resquebrajar. La combinación entre una millonaria expansión de pesos y reservas que se derriten le agrega un enorme riesgo extra a la economía.

<b>Algunos sectores de la economía empiezan a mostrar señales de recuperación. Esos “brotes verdes” podrían florecer en 2021, de la mano de la vacuna contra el Covid-19 y un salto de la demanda tras un año de consumo reprimido en casi todos los rubros</b>

La pandemia generó estragos en la actividad a nivel global y también en la Argentina. Aunque la cuarentena en nuestro país es quizás la más larga de todas, la caída del PBI no será mucho mayor que en el resto del mundo. Pero la salida de esta crisis puede tener velocidades muy diferentes.

Prácticamente ningún país del mundo entró en esta crisis en default y casi en ningún lado hay riesgo de una disparada cambiaria o de un estallido inflacionario. Pero en la Argentina se dan ambas situaciones.

Llevar tranquilidad en el frente financiero y cambiario se transformó en algo imprescindible para apostar a la recuperación económica. En el Gobierno ya empiezan a ver “brotes verdes”. Crece el uso de capacidad instalada en la industria, la demanda mayorista de energía creció a niveles previos a la pandemia, lo mismo sucedió con la venta de materiales para la construcción y con el consumo a través de la venta en cuotas del Ahora 12.

Por supuesto la comparación contra el freno total de abril siempre dará un signo positivo, pero aún así hay buenas chances de una reactivación de cara al 2021. La esperanza de una vacuna que llegue para el primer trimestre -como aseguró el Presidente en su conferencia del viernes- también le daría un gran impulso a una economía que operó durante buena parte del año a un cuarto de máquina. Incluso hay sectores enteros aún cerrados 100%: gimnasios, shoppings, hotelería, turismo o teatros, entre otros.

El Gobierno apuesta todo a ese impulso que tomará la actividad en primer lugar porque se compara con un piso histórico que se produjo en abril pasado. Pero también porque mucho consumo reprimido pegará un salto importante que será apoyado con créditos y otras medidas del Gobierno para recuperar la vitalidad de la economía. En ese escenario, el sueño del Presidente es llegar a las elecciones del año que viene con la economía ya plenamente revitalizada.

Pero para que esos “brotes verdes” no se marchiten rápidamente, primero será necesario domar el frente financiero y cambiario. Los mensajes poco claros o directamente contradictorios como los de este fin de semana no ayudan para conseguir ese objetivo.

Fuente: Infobae.com

Desde que el presidente Alberto Fernández dio a conocer el proyecto de reforma judicial se han ido multiplicando las voces que cuestionan la iniciativa. La Cámara del Crimen porteña, los jueces de los tribunales orales y la asociación que nuclea a los profesores de Derecho Procesal Penal, entre otros actores del ámbito judicial, han manifestado sus críticas al proyecto.

Sobre este tema, Infobae dialogó con Pablo Lanusse quien se desempeñó como fiscal federal adjunto ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción, secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, y coordinador y representante del Ministerio de Justicia de la Nación ante el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero, entre otros cargos que ocupó en la función pública.

-Al comenzar a tratar los pliegos de los jueces Leopoldo Bruglia y Juan Pablo Bertuzzi, ¿el Senado está desobedeciendo la orden de la jueza Biotti?

-Evidentemente creo que hay que analizar el contexto para que no se pueda permitir la utilización de la construcción de un relato fraccionado para tratar de dar validez a la clara desobediencia a una orden judicial que dictó la jueza Biotti. ¿Por qué hablo del contexto? Porque la jueza Biotti dicta una medida precautelar para ordenarle al Senado que no dé tratamiento a los pliegos que envió el Poder Ejecutivo a instancias de la resolución que tomó el Consejo de la Magistratura, donde desempató el voto la diputada Camaño para revisar estas designaciones, y la jueza Biotti con absoluta claridad y absoluto acierto constitucional dispone la medida cautelar para evitar que la situación de hecho y jurídica que hoy existe, que es que los jueces Bruglia y Bertuzzi, jueces de la Cámara Federal, no puedan ver en peligro esa situación de hecho mientras se discute la legalidad constitucional de lo que decidió por mayoría el Consejo de la Magistratura. Sería un absurdo que permitieran el tratamiento en el Senado de los pliegos de Bruglia y Bertuzzi, que obviamente, es evidente de antemano que el Frente de Todos tiene la clara voluntad de afectar la inamovilidad de la que gozan constitucionalmente esos magistrados para sacarlos de la Cámara Federal y armar una Cámara a medida del plan de impunidad que persigue un sector del Gobierno. Entonces esta medida cautelar justamente es garantizar que no haya una modificación a la estabilidad e inamovilidad de estos jueces, mientras se les permite discutir en la Justicia si esa resolución del Consejo de la Magistratura y la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de enviar los pliegos es acertada constitucionalmente o no.

-¿Considera que es constitucional lo que hicieron el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo?

-Desde mi punto de vista, claramente no es acertado. Las designaciones de Bruglia y Bertuzzi son absolutamente constitucionales y fundamentalmente -lo que es mucho más grave- es que si alguien, en este caso el Consejo de la Magistratura y el PEN, quisiera cuestionar el acto administrativo que se encuentra firme de traslado, juramento y posesión de los jueces Bruglia y Bertuzzi como miembros de la Cámara Federal, no es la vía una resolución del Consejo de la Magistratura ni la vía del PEN de enviar un pliego al Senado, la forma de cuestionar esa situación jurídica firme sino que lo que debería hacer es utilizar una acción de lesividad, que es la forma en que jurídicamente se discute la validez de la que goza con presunción todo acto firme de la administración pública. Por donde se mire esta embestida contra los jueces Bruglia, Bertuzzi, el juez Castelli, y una cantidad más de jueces federales tiene que ser advertida con mucha preocupación por toda la sociedad argentina, tiene que ser vista con mucha alerta, tiene que ser vista como un enorme atropello a la vigencia de la república, porque una de las garantías para que exista el Poder Judicial es reconocer, garantizar y mantener en forma incólume la inamovilidad de los jueces, que es uno de los pilares en que se basa la garantía del juez imparcial. Esto es un atropello institucional que se está consumando claramente en la desobediencia del Frente de Todos en el Senado que podría ser analizada incluso desde la faz penal, porque está poniendo en crisis la vigencia del orden constitucional en la República Argentina. El Poder Legislativo no puede desoír una orden legítima de un juez de la Nación.

-¿La Corte ya se había pronunciado sobre el traslado de los jueces?

-Esto ya fue zanjado por la Acordada número 7 del año 2018 de la Corte Suprema, cuando el mismo Consejo de la Magistratura, además del ministro de Justicia Germán Garavano, consultaron al máximo tribunal para que aclare los alcances de la acordada 4 del 2017, que había dejado sin efecto el traslado de un tribunal oral criminal para convertirlo en tribunal federal. Allí la Corte fue categórica, tanto en respuesta al Consejo de la Magistratura como al Ministerio de Justicia, diciéndole que todo juez, que con consentimiento de ese magistrado, sea trasladado dentro del ámbito mismo de la competencia material por la que fue nombrado, es decir, un juez federal dentro de la competencia federal, un juez dentro de la competencia ordinaria, puede ser trasladado constitucionalmente sin necesidad de un nuevo acuerdo del Senado con el sólo consentimiento del interesado y el acto administrativo que así lo disponga. Eso fue lo que ocurrió con el traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi. Esa acordada 7 del año 2018 de la Corte fue acatada por el Consejo de la Magistratura más allá de haya podido dar un cambio de mayorías a partir de la última elección del año 2019. Bien sabemos que nos regimos en un país en donde la República lo que pone en privilegio son las instituciones y la estabilidad institucional. El Consejo de la Magistratura aceptó esa decisión y ese criterio muy fundado de la Corte Suprema que, con precisión constitucional, supieron poner el fiel de la balanza de cuándo un traslado de un magistrado con su consentimiento es constitucional sin necesidad de requerir un nuevo acuerdo del Senado.

-¿Esto se puede tomar en forma aislada o tiene algún tipo de relación con un plan en el que pueden confluir la reforma judicial y la embestida contra el procurador general interino Eduardo Casal?

-Efectivamente esto no es un hecho aislado, esto es la colocación de un ladrillo nuevo en esta pared del palacio de la impunidad que se está construyendo para la señora Cristina Fernández de Kirchner y otros de los integrantes de su gobierno del 2007 al 2015. No podemos divorciar esta intención de afectar la inamovilidad constitucional de jueces por parte del núcleo duro del kirchnerismo con la reforma de impunidad judicial que están promoviendo, sin consensos, con vacíos groseros en su supuesta fundamentación y con datos objetivos de la realidad que incluso muestran absolutos desaciertos en algunas pretensas argumentaciones con la que quieren vestir de mejora del servicio de justicia esta reforma. Nadie puede desconocer que el sistema de justicia necesita mejorar, pero es claro que el camino elegido lejos está de constituirse en una herramienta para ello.

-¿Es necesario crear más juzgados federales en la Capital Federal?

-Hoy, avanzada ya la segunda década del siglo 21, donde se impone cada día más la presencia de un sistema acusatorio, esto es, en donde investigan los fiscales y los jueces se convierten en lo que siempre debieron ser, que es ser garantes de los derechos y libertades de las partes, no el responsable de investigar, es increíble que se pretenda crear 46 juzgados federales nuevos en el ámbito de la Capital Federal, donde no solamente excede en abundancia la cantidad que va a existir por millón de habitantes en relación a lo que son por ejemplo los juzgados federales del conurbano, y sin embargo en nada se mejora la dotación de magistrados, secretarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Estos serían aquellos que en un nuevo esquema controversial sean las partes que estén en el día a día de una investigación y que el juez de garantías se reserve ese rol esencial. Es increíble que esta reforma, que supuestamente quiere mejorar y habla de extraer el manejo político de la Justicia en Comodoro Py, con un claro e inadmisible agravio a tantísimos jueces, fiscales, defensores, secretarios y empleados que día a día ejercen con absoluta honestidad y pasión la vocación dentro de Comodoro Py, crean que este supuesto objetivo se va a conseguir con tantísimos jueces que van a estar por lo menos un año en situación de subrogantes. La Corte en precedentes sobre situaciones similares que creó el kirchnerismo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el máximo tribunal dijo que la figura de un juez subrogante viola la garantía de inamovilidad de un magistrado, que no es sólo una garantía para un magistrado sino especialmente establecida en favor de todos los ciudadanos porque es la forma de tener jueces imparciales, que no estén sujetos al humor de los poderes de turno. Esta reforma tiene un claro nombre y apellido, es una reforma que tras un argumento cierto, que sería mejorar el sistema de justicia, lo que en realidad viene a coronar es un traje a medida hecho por la sastrería del núcleo duro kirchnerista en favor de su líder Cristina Fernández de Kirchner.

Esto se enlaza con la persecución inaceptable contra el procurador general Eduardo Casal, que no solamente lleva intachables décadas de extraordinarios servicios en función de la consolidación del Ministerio Público Fiscal como un órgano extrapoder autónomo para las garantías de la política criminal del Estado, sino que es un señor que no merece los ataques indignos a los que está siendo expuesto con finalidades absolutamente mezquinas y argumentos falsos y arteros. Pero esto es necesario en la construcción de impunidad que se está percibiendo por cuanto el núcleo duro del gobierno y el propio presidente Alberto Fernández y su socia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, carecen de los dos tercios para designar al candidato por ellos propuesto, el Dr. Daniel Rafecas. El espacio de Juntos por el Cambio ya ha expresado que no hay voluntad para apoyar en el Senado a ese candidato. Frente a ello se alzaron las críticas al procurador general de la Nación con una única finalidad que es intentar un juicio político carente de todo dato cierto y objetivo para poder destituirlo constitucionalmente, o bien, horadar su voluntad y su firmeza personal e institucional queriendo generar una sensación de vacío en su persona para que él sea expuesto y obligado a renunciar.

-¿Hay algún precedente de una situación como esta?

-Todo lo que estamos viviendo, el kirchnerismo ya lo ejecutó en Santa Cruz antes de ser gobierno nacional. Me refiero al precedente del procurador Sosa. El kirchnerismo lo echó para designar en ese lugar al actual procurador del Tesoro Carlos Zannini. Y tiene que tenerse bien en cuenta de la importancia de la medida cautelar que dictó la Dra. Biotti a favor de los jueces Bruglia y Bertuzzi en el sentido que el procurador Sosa -con el patrocinio del Dr. Daniel Sabsay- llevó su inconstitucional remoción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya habiendo sido destituido y encontró innumerables fallos favorables para que la provincia de Santa Cruz lo restituyera en su cargo, cosa que pese a las multas que se le impusieron a la provincia por incumplir la orden del máximo tribunal, Santa Cruz nunca restituyó a Sosa en el cargo. Si el Congreso y el Poder Ejecutivo deciden desobedecer la orden de la jueza Biotti, los jueces Bruglia y Bertuzzi van a correr la misma suerte y con ellos los ciudadanos vamos a también correr la misma suerte, esto es tener jueces que no son designados por mérito, por antecedentes, por situaciones que hacen a la vigencia del estado de derecho sino a la construcción de un Poder Judicial como ya dijera algún alfil de Cristina Fernández de Kirchner, un Poder Judicial integrado por jueces militantes, que es el otro objetivo que tienen con esta reforma de impunidad que es destruir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta Corte debe reconocerse como un poder más dentro del Estado argentino, dentro de la vigencia de la República en la que nos manejamos. El kirchnerismo siempre fue reacio a la existencia de un poder como el Poder Judicial que pueda controlar los aciertos o desaciertos de los demás poderes para poner equilibrio en favor de las libertades de toda la sociedad.

-¿Cuál cree que es el objetivo que se busca al modificar la conformación de la Corte Suprema?

-Hoy quieren atacar y destruir a la Corte, y quieren inventar una supuesta e innecesaria creación de salas, que dicen sería más efectiva. Nada más alejado de la Constitución Nacional, de lo que es necesario. Acá lo que se persigue realmente es armar una Corte acomodaticia a este poder para terminar de consagrar lo que yo creo que es el objetivo final de todo este plan de impunidad, venganza y persecución que es la reforma de la Constitución nacional sin ningún tipo de control o freno de constitucionalidad por parte de un verdadero Poder Judicial. Con ello van a terminar de armar y modelar la actual Argentina al espejo de la dictadura chavista de Venezuela en la que este gobierno se mira con tanta simpatía. Por eso la situación es de extrema gravedad. Tenemos que estar todos muy alertas con esto que está ocurriendo, y entiendo que este 17 de agosto honraremos más que nunca las palabras del General San Martín, que dijo que había que ser libres, que lo demás no importa nada. Francamente están en riesgo nuestras libertades, nuestro patrimonio. Ya lo vimos con Vicentin. Están en peligro nuestras libertades, lo hemos visto con el Decreto de Necesidad y Urgencia que dictó el Presidente estableciendo delitos como fue prohibirnos mantener reuniones privadas dentro de nuestros domicilios. Todo eso es digno de un gobierno autoritario, de un gobierno que solamente quiere disciplinar y arremeter con el miedo y el terror, y quiere encauzar la sociedad con el Código Penal y el castigo en la mano, lejos de promover una sociedad libre, responsable, plural y que trabajemos en función de valores y no del terror y del miedo.

Fuente: Infobae.com

Luego que el Gobierno nacional informará, vía Anses, que los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán un aumento del 7,5% en septiembre, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino consideró este sábado 15 de agosto a ese incremento como «una vergüenza, ya que representa una mejora de solo 42 pesos por día». «Que alguien del Gobierno me explique como un jubilado puede sobrevivir si le aumentan 42 pesos por día», destacó Semino, calificando a la suba anunciada por la Anses para el mes próximo como «absurda y absolutamente insatisfactoria». El informe oficial dado a conocer este viernes 14 de agosto con las mejoras había destacado que en lo que va del año las jubilaciones mínimas aumentaron un 28,9%, lo que si se mide contra la inflación dada a conocer por el Indec, representa una mejora en términos reales del 5,5 por ciento. Sin embargo, Semino fue muy crítico con la cuestión, remarcando que «más allá de lo que se diga, los que cobran la mínima reciben un importe de ajuste de alrededor de 1.200 pesos, eso implica 42 pesos por día en plena cuarentena, cuando el adulto mayor es el más afectado», fustigó en declaraciones a Radio Mitre. «Le habíamos pedido al Presidente al comenzar la cuarentena llevar el mínimo a valores de alrededor de 30 mil pesos para que le permita al jubilado no tener que salir a realizar su trabajo extra para comer», agrego Semino, señalando «que digan que los jubilados le ganan a la inflación con sus haberes es una falta de respeto». «No tienen vergüenza cuando hay funcionarios que dicen que con esto se supera la inflación», apuntó Semino, recordando que las jubilaciones «ya habían perdido 20 puntos de su poder adquisitivo entre 2018 y 2019 y ahora están perdiendo 10 ó 15 puntos más». Finalmente el defensor de la Tercera Edad señaló que el reajuste es «bastante menos de lo que ya se tenía como derecho adquirido a partir de los índices de la ley suspendida». En junio, la administración de Alberto Fernández decidió extender hasta el 31 de diciembre próximo la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria por medio de un DNU.  En ese escenario, las subas sobre los haberes previsionales fueron aplicadas por decreto ante la Ley de Emergencia Económica. Respecto de esa cuestión, aseguró: «Tenemos cuestionados ambos reajustes de marzo y junio ante la Corte Suprema de Justicia»,

Fuente: Perfil.com

Hay reformas laborales buenas y reformas laborales malas. Sólo así se explica que las leyes laborales del gobierno de un peronista como Carlos Menem fueran respaldadas por dirigentes políticos y sindicalistas que luego rechazaron los intentos de otras administraciones de aplicar normas similares. Entonces, ¿por qué en la Argentina es mala palabra querer cambiar una legislación de hace 40 años? ¿Por qué no discutirlo al menos si, pese a que han fracasado las reformas “neoliberales” de las normativa laboral, el trabajo no registrado en la Argentina supera el 40%?

Es obvio que hay cambios legislativos que tienden a desproteger al trabajador, pero existen leyes ultraprotectoras que también lo terminan desfavoreciendo porque desalientan el sostenimiento o la generación de empleo. El tema es digno de un amplio debate, pero lamentablemente, aun con la destrucción de los puestos de trabajo y de los altos niveles de informalidad que tenemos hoy, cualquier propuesta de tocar el sistema laboral es una herejía que se paga con las peores estigmatizaciones para quienes se animan a meterse con este tema tabú.

Le acaba de pasar a Roberto Lavagna, un economista de prestigio al que consulta Alberto Fernández y al que todavía se le reconoce su tarea como ministro durante las presidencias de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, pero que cuando presentó esta semana un plan de reactivación con ideas distintas en materia laboral recibió críticas lapidarias por parte de la CGT, por ejemplo, que rechazó su “intento de volver al pasado individualista y liberal del sálvese quien pueda”.

¿Cuál fue su imperdonable pecado? Haber insinuado la necesidad de algún cambio en la sacrosanta legislación laboral en medio de una de las peores crisis socioeconómicas de la historia reciente de la Argentina, pero no para los actuales trabajadores sino para tratar de darles una oportunidad a los que están hoy en la calle o en la informalidad.

La CGT le apuntó a Lavagna: ¿fue una sobreactuación?

En un documento llamado “Pilares de un programa de crecimiento con inclusión”, Lavagna propuso este martes un plan de reactivación y desarrollo con especial énfasis en el mundo del trabajo. Allí, señaló, deben “convivir dos sistemas: el actual y uno nuevo que contemple los cambios ocurridos en el presente siglo”. Hizo hincapié en que el sistema actual, “que emplea en blanco y con normas propias de la economía del bienestar de la segunda post guerra mundial al 49,5% de los asalariados privados” debe ser “respetado integralmente por el principio de los derechos adquiridos”.

Pero planteó que lo más importante es que “se permita que el otro 50%, el de los trabajadores que actualmente están desempleados, subempleados, pseudo empleados -parte importante de monotributistas- pueda trabajar dignamente”, para lo cual propuso “un sistema nuevo, en blanco y con normas precisas, que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos del siglo actual”. Concretamente, la creación de un fondo de desempleo similar al que tiene la industria de la construcción como una forma de incentivar las nuevas fuentes de trabajo.

Lavagna, por otra parte, era hasta ahora el candidato que tenía en mente Alberto Fernández para presidir el futuro Consejo Económico y Social que proyecta el Gobierno para instaurar el diálogo social con los empresarios y los sindicalistas. Nadie sabe aún si su acto de coraje y de honestidad intelectual no habrá sepultado ese nombramiento.

Pero, ¿por qué no se puede aceptar una propuesta laboral de este tipo para debatirla, aunque sea? Seguramente la CGT sobreactuó su cuestionamiento a Lavagna para evitar que la sigan corriendo por izquierda desde el kirchnerismo duro o sectores sindicales cercanos a Cristina Kirchner, como sucedió con el acuerdo que firmó con la UIA para suspender trabajadores sin tareas o con un mero documento rubricado con la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

La videoconferencia de AEA y la CGT

Sin embargo, el acuerdo que fija un piso de negociación con los sindicatos para aquellas empresas en crisis que deben suspender trabajadores sigue siendo una herramienta válida y pragmática que, al menos, permite que se les pague una asignación económica equivalente al 75% del sueldo neto. O, mirado al revés, sólo un descuento salarial del 25%.

¿No es mejor tener un acuerdo marco que establece esas condiciones mínimas que apostar a que las empresas estén obligadas a pagar el 100% de los sueldos aunque no trabajen y no puedan pagar los salarios? Porque, además, el paraguas del acuerdo UIA-CGT se complementó con el programa ATP por el cual el Estado paga una parte de los sueldos.

Para el fundamentalismo que piensa que los empresarios son salvajes y voraces por definición, la actitud de la CGT fue una traición a los trabajadores. En realidad, les garantizó la mayor parte del sueldo a muchos empleados sin tareas.

Con la reforma laboral sucede algo similar. Esos mismos sectores fanatizados parten de la base de que todo cambio de las leyes que rigen el trabajo en la Argentina es, por definición, perjudicial para los trabajadores y beneficioso para los empleadores que, según el estereotipo que cultivan, son todos malos. Una verdad revelada que no admite disidencias.

Facundo Moyano propuso debatir el sistema laboral y nadie le contestó

Uno de los que se animó a hablar del tema dentro del peronismo fue el diputado Facundo Moyano cuando, en una entrevista con Infobae, dijo lo siguiente: “La palabra reforma no es mala en sí misma, pero no quiero una reforma que venga a quitar derechos, a flexibilizar en el mal sentido. ¿Hay que modificar el sistema laboral? Claramente hay que modificarlo. Porque la realidad está marcando que hay aspectos que hay que modificar. Si no, no tendríamos un 40% de trabajo no registrado que no depende de que la Argentina crezca o no: tuvimos diez años de crecimiento económico continuado, a tasa chinas, pero, sin embargo, el trabajo no registrado nunca bajó del 30%”.

¿Algún dirigente político o sindical lo habrá llamado a Moyano para escuchar de su boca por qué cree que hace falta debatir el sistema laboral, impositivo y previsional si los malos resultados están a la vista? Para colmo, el legislador del Frente de Todos también mencionó en la entrevista que se podía discutir “una propuesta de un régimen de indemnizaciones parecido al de la construcción, donde no hay litigiosidad”. Lo mismo que ahora planteó Lavagna.

Ante una nueva consulta de Infobae, el ex sindicalista de los peajes consideró que la propuesta de Lavagna, “más allá de que no incluye precisiones acerca de cómo sería el sistema, plantea un problema y dos cosas en las que coincidiría, que es el sistema mixto y algo parecido a un fondo de desempleo”, aunque planteó que en el caso de los despidos “tiene que haber un peso para el empleador porque si no tendría implicancias negativas para el trabajador en el contexto de una Argentina con una caída del Producto Bruto Interno y de falta de generación de empleo”.

Aunque destacó que en estos temas “hay que tener en cuenta la idiosincrasia, la cultura, la historia y la cuestión práctica del sindicalismo”, Moyano aseguró que “la Ley de Contrato de Trabajo es la ley del trabajo en blanco, pero después, cuando hay vaivenes económicos, algunos trabajadores no cobran la indemnización por despido, como es el caso de la industria textil, donde no la cobró el 70% de los que quedaron sin trabajo”.

Héctor Recalde, contra Lavagna

El diputado, de todas formas, sostuvo que “es bueno que otra voz se sume para opinar sobre la cuestión del cese laboral porque tenemos más de un 40% de trabajadores que está fuera de cualquier sistema legal de trabajo”.

En cambio, para el abogado laboralista Héctor Recalde, director de YPF cercano a Cristina Kirchner, “Lavagna propone violar la Constitución Nacional a partir del reemplazo de la indemnización por despido a través de un fondo de desempleo” y advirtió a BAE Negocios que “el artículo 14 bis establece la protección contra el despido arbitrario y la ley por ello fija la indemnización”.

“Alberto Fernández y Cristina Kirchner creen que sólo la politica economica va a generar empleo”, dijo el ex diputado, para quien “una solución (para distribuir el empleo actual entre más trabajadores) es la reducción de la jornada, ya que se puede trabajar menos para distribuir el empleo existente”.

Una propuesta similar para reducir la jornada laboral impulsa la CTA de los Trabajadores, que encabeza el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky, que también propone una ley de trabajadores de servicio de reparto a través de plataformas, una ley de constitución de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y una ley de participación de los trabajadores en las utilidades del sector empresario, entre otras. ¿Esta es la reforma laboral “buena”? ¿No merecerían estas ideas la oportunidad de un debate democrático y profundo, de la misma forma que las propuestas de Lavagna?

En medio de un gigantesco silencio de la dirigencia, la propuesta de Lavagna fue respaldada por Armando Caro Figueroa, ex ministro de Trabajo de Carlos Menem y uno de los principales expertos en temas laborales del país: afirmó que esa “minirreforma podría producir algún efecto positivo en términos de empleo cuando se inicie el ciclo de recuperación o crecimiento económico porque mejoraría la relación empleo-producto”.

Armando Caro Figueroa

Destacó que “el eje central (de Lavagna) es similar al utilizado en el primer tramo de los años 90” porque “propone segmentar los contratos de trabajo, abriendo una suerte de segundo estamento para las nuevas contrataciones, cuya principal característica es un modelo de despido que sigue el camino del régimen vigente para la industria de la construcción” y dijo que “tiene analogías también con la llamada mochila austríaca”, que es un fondo de ahorro pagado por el empleador que el empleado puede utilizar si es despedido, sistema aplicado en ese país europeo desde 2002.

Caro Figueroa sostuvo que “la idea de dividir o segmentar contratos de trabajo contó en los años 90 con el consenso de los sindicatos moderados de la Argentina y también de la Unión Europea”, que, según recordó, fueron partidarios de “un principio que era: no toquemos las reglas que protegen a nuestros empleados afiliados y abramos normas flexibles para quienes están fuera del círculo de tutela”.

De todas formas, señaló que “un cambio de estas características está lejos de la reforma estructural que ponga en sintonía las relaciones laborales y sindicales con nuestra Constitución y con los principios de equidad y eficacia”.

Claro que a Lavagna podría perjudicarlo que una de las pocas voces en su favor sea la del ex ministro que quiso llevar adelante la flexibilización laboral. O quizá no: las leyes flexibilizadoras de Menem fueron apoyadas en su momento por gran parte de la dirigencia política y sindical del peronismo. Fue la reforma laboral buena que luego pasó a ser mala.

Fuente: Infobae.com

En una larga entrevista concedida a Radio La Red, el presidente Alberto Fernández se refirió este sábado 15 de agosto a diversos temas de actualidad, mostrándose sumamente crítico con la oposición, fustigó a quienes promueven y van a participar de la marcha de este lunes 17 de agosto contra su gestión, y defendió la reforma judicial que ya está bajo análisis en el Senado. El Mandatario también se refirió a la reciente renegociación de la deuda, acusando a «algunos diarios de atacar al ministro (Martín) Guzmán y defender los mismos intereses de los bonistas», al tiempo que también tocó el tema de la vacuna de Oxford, que se hará en el país y en México, destacando que «es falso decir que el Estado no interviene en el tema y vincularlo solamente al sector privado». «Esa marcha (17A) es una invitación al contagio», sostuvo Fernández, «ahí los tienen a los anticuarentena que aparecen muertos y otros enfermos por esas marchas». Asimismo, apuntó sin mencionar a Horacio Rodriguez Larreta en forma particular, que «el control de esas manifestaciones es responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires y las distintas provincias». Para el Presidente, los sectores críticos de su gestión «son una minoría intensa, una suerte de terraplanistas». «La sociedad nos sigue. Hay un número muy importante de gente que nos acompaña y nos sigue. Hay una minoría intensa, que son esta suerte de terraplanistas, que son muy poca gente», destacó el Mandatario. «Decir que somos la cuarentena más larga del mundo sólo es para confundir a la gente», agregó Fernández, insistiendo que «mal que le pese a quien corresponda, la cuarentena no existe: cuarentena supone que todo el mundo esté aislado. La Argentina desde hace muchos meses ha ido abriendo paso a la actividad económica», añadió. Sobre el dólar ahorro el Presidente admitió que «eso es un problema, los pequeños ahorristas van sumando y son un problema y vamos a tener que analizarlo», señaló sobre la sangría de divisas que soporta el Banco Central. «Hay una oposición muy carente de ideas que lo único que sabe hacer es denuncias y denuncias», dijo el Presidente, cuestionando que los referentes de Juntos por el Cambio «hicieron marchas reclamando que el Congreso sesione y ahora dicen que no se puede sesionar así. ¿Qué hacemos entonces?», se preguntó Fernández, defenbdiendo el proyecto de reforma judicial que ya ingresó al Senado. «Es necesario aprobar esa reforma, porque no nos podemos hacer los distraidos sobre las cosas que ocurrieron con los jueces en la época de Mauricio Macri», dijo el Presidente en La Red, También el tema de la vacuna de Oxford que se producirá en el país mereció un párrafo en la entrevista con el Presidente, que volvió a destacar el papel cumplido por el Estado en ese tema, que en los anuncios de esta semana se había señalado como «un acuerdo entre privados». «Es falso decir que el Estado no interviene en la producción de la vacuna», precisó esta mañana Fernández, destacando que «el acuerdo es con los Gobiernos de Argentina y México». «Lo de la producción de esa vacuna debe ser un orgullo nuestro; no estoy diciendo que es un orgullo de Alberto Fernández, sino que lo es de toda la Argentina», dijo el Presidente   Sobre la relación que mantiene con el ministro de Economia, Martín Guzmán, sostuvo que «somos un equipo que funciona perfectamente» y lamentó que el titular del Palacio de Hacienda «tuviera que soportar distintas operaciones en diarios argentinos, diciendo que estaba para irse». «Algunos diarios terminan defendiendo los mismos intereses que los bonistas», acusó el Mandatario. Refiriéndose a la larga cuarentena que soporta el país desde marzo pasado, Fernández destacó que durante el aislamiento social por la pandemia de coronavirus «el mayor esfuerzo fue ayudar a los más necesitados» y, en ese sentido, destacó que «no hubo un solo saqueo, una sola reacción social». «Hoy el alimento llega a todos. A unas nueve millones de personas fuera del sistema. El Estado se acordó de ellas», indicó Fernández, que consideró «no sé si estamos comunicado bien o mal, pero la realidad es esa y está muy minimizada en el discurso de algunos medios y sectores altos». Finalmente también tocó el tema de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, recalcando que «le he pedido a la ministra de Seguridad y a todos los funcionarios que participan del caso que es necesario aclarar lo que ocurrió, porque el Estado está para protegernos».

Fuente: Perfil.com

El presidente Alberto Fernández admitió hoy que el gobierno estudia la posibilidad de limitar o cerrar la ventanilla del “dólar-ahorro”, el cupo mensual de USD 200 que los ahorristas pueden comprar a través de los bancos, pagando un 30% adicional de “impuesto PAIS”.

En declaraciones pór radio La Red, el primer mandatario dijo que Macri “dejó sólo USD 10.000 millones” de reservas, señaló que la compra de dólares “solidarios” en los bancos es un problema y que el posible cierre de esa canilla de pérdida de reservas del Banco Central “es algo que tenemos que hablar”.

La agudización de la presión sobre las reservas y la cantidad record de personas que compran el cupo mensual “solidario” a través de los bancos ya había sido abordada, en otra entrevista radial, por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, quien reconoció que el gobierno “tiene un ojo en el mercado de cambios” dado el carácter “bimonetario” de la economía argentina.

«No podemos seguir gastando dólares en ahorros que van al colchón, los necesitamos para la producción», dijo Todesca NA: DAMIAN DOPACIOzzzz

“No podemos seguir gastando dólares en ahorros que van a parar al colchón y salen del sistema; necesitamos dólares para producir”, dijo la funcionaria, en una admisión que podría anticipar el endurecimiento de los controles cambiarios, al punto incluso de la eliminación de la cuota mensual de compra de 200 dólares.

En declaraciones a radio Mitre, Todesca dijo que en una economía bimonetaria como la argentina el dólar funciona como moneda de ahorro y sirve además como referencia del sistema de precios. “Por eso es importante seguir el mercado y el valor del dólar, explicó la vicejefa de Gabinete, quien reconoció que “la Argentina necesitará regulaciones por un tiempo, por cuánto no sabemos, pero no será hoy ni mañana que liberemos el mercado cambiario.

La Argentina necesitará regulaciones por un tiempo, por cuánto no sabemos, pero no será hoy ni mañana que liberemos el mercado cambiario

Luego, en lo que fue la admisión más explícita acerca de la dificultad que enfrentan el gobierno y el Banco Central, Todesca señaló la necesidad de “ir evaluando lo del dólar ahorro, porque necesitamos dólares para producir y las empresas tienen que comprar insumos y maquinarias; no podemos seguir gastando los dólares en ahorros que van a parar al colchón y salen de circulación”.

“Esos dólares podrían transformarse en crédito; si se guardan salen del sistema”, explicó la funcionaria. De hecho, en las cuentas del Banco Central, ese concepto está incluido en “formación de activos externos” que funcionarios kirchneristas asimilan sin más a la “fuga de capitales”.

Según Todesca, la intención del gobierno es “hacer girar el ahorro hacia el sistema productivo”. En ese sentido, agregó. el control de cambios “no es un castigo, sino una condición para la estabilidad macroeconómica”. La funcionario concluyó recordando que el límite de compra de 200 dólares (aunque en ese momento sin impuesto adicional del 30%) la impuso Macri. Pero lo hizo “tarde”, dijo Todesca. “Si lo hubiese hecho antes la historia hubiera sido otra”.

Fachada del BCRA: la caída de reservas, aún con controles cambiarios, pone al gobierno ante una disyuntiva REUTERS/Agustín Marcarián.

Los efectos positivos del anuncio del reciente acuerdo con los acreedores privados, cuyo resultado se conocerá el 24 de agosto, al cierre de la oferta de canje, cuando se conozca el porcentaje de aceptación a la oferta oficial, lo que eventualmente despejaría el calendario de vencimientos y también de posibles litigios en los tribunales de Nueva York, duraron poco.

En los últimos días, la atención se centró en la escasez de reservas internacionales del Banco Central, que en la primera semana de agosto debió vender USD 477 millones y en la semana que pasó habría vendido otros USD 100 millones, según estimaciones privadas.

Las “reservas netas” del Banco Central son ya inferiores a los USD 10.000 millones. En ese contexto, en el gobierno hay un debate interno acerca de la conveniencia o no de cerrar la canilla del dólar-ahorro (al que se refirió precisamente Todesca); son apenas USD 200 mensuales por ahorrista, pero el número de personas que recurrió a esta posibilidad se acercó en los últimos meses a los 4 millones. Con ese nivel de reservas y semejante nivel de “goteo” el gobierno se ve ante una disyuntiva: si cierra esa canilla, estará dando una señal de alamar que podría redirigir la presión de los ahorristas a la compra de dólares alternativos y, eventualmente, poner presión sobre los precios y la inflación. Pero si no la cierra, las reservas del Banco Central podrían seguir adelgazando hasta un nivel peligroso, que también pondría presión sobre los mercados alternativos y sobre los precios.

Quien primero marcó la necesidad de cerrar la filtración del “dólar-ahorro” fue el presidente del BCRA, Miguel Pesce, a cargo de la administración de las reservas internacionales. Varios economistas plantearon ayer a Infobae la difícil ecuación costo-beneficio que tiene que evaluar el equipo económico ante la reducción de las reservas, incluso después de acordar con los acreedores privados, que suponía sería de gran alivio financiero, y de la renovación del “canje de monedas” con China, que explica cerca del 40% de las reservas brutas del Banco Central.

Fuente: Infobae.com