En paralelo a la discusión en el Congreso de la reforma judicial, el Gobierno busca avanzar también con el proyecto para crear un impuesto a las grandes fortunas. Según el diputado Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el texto ingresará a la Cámara Baja en los próximos días.
“Buscamos la mejor ecuación en cuanto a que sea la menor cantidad de gente la alcanzada y el máximo beneficio posible; será por única vez, es a las personas y no a las empresas y sobre la base de sus Declaraciones Juradas”, afirmó el diputado en declaraciones a El Destape Radio, y agregó: “Esto no será una comisión investigadora sobre el dinero que las personas tienen en paraísos fiscales. Eso habría que hacerlo pero no es este el ámbito”.
Todavía no circuló el borrador del proyecto, que se elaboró con aval de Casa Rosada, entre los diputados del bloque del Frente de Todos, pero Heller adelantó que será un “aporte solidario extraordinario para las personas que tienen fortuna declarada de más de 200 millones de pesos”. “El impuesto es progresivo y llega al 3,5% para los que tienen más de 3.000 millones de pesos y el universo de personas que pagarían el impuesto son 12.000 personas”.
Con esta iniciativa, que el Frente de Todos analiza desde mayo pero dilató la presentación oficial en el Congreso, el Gobierno busca recaudar un ingreso superior a 300.000 millones de pesos. “Esto no es contra nadie ni tiene nombres propios. Por eso lo llamamos aporte solidario, para que se entienda”, añadió.
La fachada del Congreso, ayer, en la vigilia previo a la discusión de la reforma judicial en el Senado (Franco Fafasuli)
“Estuvimos dos veces con Alberto Fernández. Una cuando le presentamos el proyecto y un tiempo después me llamó para preguntarme qué pasaba que no se presentaba, si había algún problema. Ahí nos volvimos a encontrar y le expliqué que teníamos que perfeccionar el funcionamiento remoto para que no haya ningún problema”, señaló Heller.
Cuando se comenzó a discutir la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas, y más allá de la característica de extraordinario, varios tributaristas consideraron que las nuevas escalas sumadas a otros impuestos que ya gravan el patrimonio pueden provocar que el impuesto sea “confiscatorio”, lo que permitiría en algunos casos avanzar con reclamos en la Justicia.
“Lo real es que ya existe en la Argentina un impuesto que grava lo mismo que este nuevo proyecto. Es el impuesto a los Bienes Personales que a fin de año pasado ya ha tenido un aumento exorbitante. Gravar nuevamente la misma capacidad, con algunos supuestos, se torna confiscatorio”, explicó César Litvin, titular de Lisicki, Litvin & Asociado, en aquel momento, ante la consulta de Infobae.
Sin embargo, los especialistas adviertieron que probar la existencia de la inconstucionalidad per se de un impuesto en este contexto político y económico es remota. Y que los planteos judiciales que puedan promoverse una vez que el impuesto sea sancionado deberán efectuarse para cada caso concreto de un contribuyente en particular.
“La judicialización del caso y su posibilidad de éxito está directamente relacionada con el concepto de confiscatoriedad, para lo cual cada contribuyente debe bajo pericia contable demostrar que se está lesionando su propiedad privada”, coincidió Iván Sasovsky, de Sasovsky & Asociados.
El presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, insistió hoy con que el tipo de cambio que tiene la Argentina «es competitivo», por lo cual, aseguró, «no se necesitan devaluaciones adicionales». Para el titular de la autoridad monetaria, «la inestabilidad de nuestra economía y nuestra moneda ha llevado a un proceso de dolarización muy importante. Debe ser uno de los países con mayor cantidad por billetes de dólar per cápita, incluso creo que debemos superar a varios Estados norteamericanos en esa relación». Además, consideró que «el mayor desafío es canalizar la inversión y al crédito con el ahorro interno». Al disertar en una nueva edición del Consejo de las Américas, Pesce sostuvo que desde 2011, la Argentina «no puede encontrar un proceso de crecimiento sostenido. Y esta circunstancia llevó a que haya niveles de pobreza y desigualdad difíciles de soportar». A su criterio, el país «tiene un problema en el sector externo que se agudizó desde ese año. Estamos muy conectados con el mundo y eso nos fuerza a ser una economía abierta». «El país necesita exportar más. Y en ese sentido tiene ventajas, ya que es un gran productor de alimentos. También hay gran potencial en hidrocarburos y sus derivados», enfatizó. «El campo es importantísimo para exportar», Felipe Solá, Canciller Argentino. Con respecto a la inflación, comentó: «es un problema crónico. Y es otro desafío: estabilizar la moneda y estabilizar los precios». «Cuando se dan procesos inflacionarios sostenidos en un país, los instrumentos tradicionales de macroeconomía no sirven para cortarlos. Entonces, nuestro planteo, al asumir, fue enfrentar esta situación para mejorar la estabilidad de precios», añadió. En ese sentido, Pesce indicó: «no nos fijamos en metas cuantitativas de inflación, sino en una serie de principios. Uno de ellos es que la tasa de interés ea real, por ejemplo para que las personas que ahorran en pesos no vean deteriorados sus ingresos». Por otra parte, el funcionario afirmó que la Argentina «tiene uno de los sistemas financieros más pequeños del mundo», por lo cual abogó por su crecimiento, al igual que el mercado de capitales. El presidente del BCRA aprovechó el evento para remarcar el “éxito” que tuvo el proceso de emisión monetaria realizada para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, que alcanzó a $ 1,5 billón, al subrayar que esa decisión “no generó un crecimiento de la inflación, sino todo lo contrario”. “La emisión fue importante, pero podemos decir que también tuvimos éxito en el sentido que la mayor emisión monetaria no se tradujo en aumentos o aceleración de la inflación, sino que todo lo contrario, hubo una morigeración del proceso inflacionario”, puntualizó Pesce al disertar en la reunión anual del Consejo de las Américas que se realiza en forma virtual.
Sin una fecha oficial definida para el reinicio de las operaciones de vuelos regulares, algunas de las aerolíneas internacionales que vuelan a la Argentina comenzaron a programar un cronograma de emergencia, con vuelos especiales, en general destinados a repatriaciones, ciudadanos residentes o viajes por trabajo o estudios. Sin embargo, otras empresas directamente decidieron dejar de operar las rutas que tenían como destino el aeropuerto de Ezeiza.
Es el caso de Air New Zealand, Qatar Airways y Emirates, que antes de la pandemia tenían rutas que unían sus países con la Argentina y que ya anunciaron que no las retomarán una vez que finalicen las medidas de restricciones a los vuelos. En este contexto, también se produjo en junio la salida del mercado local de Latam, luego de 15 años de operación en el mercado doméstico y más de 1.700 empleados.
Cada una de estas empresas internacionales cuenta, además, con una pequeña base en la Argentina y contratan servicios a firmas locales, que no tendrán ahora esos ingresos
Cada una de estas empresas internacionales cuenta, además, con una pequeña base en la Argentina y contratan servicios —como empleados de atención al pasajero o de rampa— a firmas locales, que no tendrán ahora esos ingresos. También se pierden ingresos por los hoteles donde se aloja la tripulación, las tasas y las tarifas que pagan al sistema aeroportuario.
¿Por qué dejan las empresas de volar a la Argentina? En el sector aseguran que las causas son muchas y que varían según la situación particular de cada empresa. Pero coinciden en que el mercado local se achicó y que el menor peso del turismo emisivo —argentinos que puedan viajar al exterior— le impide a las líneas aéreas volver a sus destinos con el “avión lleno”.
Qatar confirmó su decisión de cancelar su ruta a Buenos Aires
“En un contexto global de pérdidas millonarias para la industria, las empresas aéreas tienen que enfocarse en donde tengan mayor rentabilidad y cerrar en donde tienen pérdidas. Tienen que enfocarse en lo que les rinde”, explicó una fuente. A esta situación se suma el contexto de falta de definiciones sobre la fecha de reinicio de las operaciones en la Argentina.
Más allá del contexto, hay situaciones propias de cada empresa. La decisión de Air New Zealand no afectó solo a la Argentina. En el caso de Qatar Airways también puede haber influido un acuerdo de desgravación impositiva que no llegó a concretarse, describen en el sector. También estiman que “el fantasma” de una vuelta a la situación de 2014, cuando las empresas no podían girar remesas a sus casas matrices, puede haber pesado en la balanza a la hora de tomar decisiones.
El mercado local se achicó y el menor peso del turismo emisivo le impide a las líneas aéreas volver a sus destinos con el avión lleno
“Esto es un fenómeno fundamentalmente global. Todas las líneas aéreas están sufriendo por el importante parate que tuvo la industria y se están reestructurando. Esto significa menos aviones, menos personal y por lo tanto menos vuelos. Para estas aerolíneas, la Argentina es un destino remoto y no central en su estrategia, por lo tanto es lógico que hoy dejen de volar al país. Posiblemente cuando el mercado se recupere, en tres o cuatro años, vuelvan”, señaló Mariano Ansaldo, especialista en el sector aerocomercial.
“A esta situación, se suma la coyuntura local y la incertidumbre económica y sanitaria. Somos uno de los pocos países que aún no reiniciaron vuelos domésticos ni internacionales. Los vuelos internacionales anunciados para septiembre no están abiertos para extranjeros y no hemos comunicado ninguna política de control sanitario para quienes vienen a la Argentina. En Europa hay 14 días de cuarentena al ingresar o un test de COVID-19 en el aeropuerto”, agregó.
La crisis por la pandemia provocó pérdidas millonarias en las empresas aeronáuticas (REUTERS/Daniel Munoz/File Photo)
En el sector también remarcan el daño que la salida de estas líneas aéreas pueden provocar en la economía, ya que sus rutas servían de contacto para llegar a China y toda la región Asia-Pacífico. “Menos conectividad significa menos oportunidades para negocios internacionales. Afecta la política nacional de acercamiento en las relaciones internacionales con China”, indicó Ansaldo.
También tendrá su impacto en la llegada de turistas del exterior, aunque no sea un número muy alto dentro del volumen general. Entre Qatar Airways, Air New Zealand y Emirates sumaron en 2019 unos 115.000 turistas extranjeros (entre ellos muchos brasileños que venían por la escala en San Pablo) sobre un total de 3,1 millones de extranjeros que ingresaron por vía aérea al país, según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). El turismo que recibe la Argentina viene fundamentalmente de países de la región (Brasil, Chile y Perú), y luego de Europa y los Estados Unidos.
Para estas aerolíneas, la Argentina es un destino remoto y no central en su estrategia, por lo tanto es lógico que hoy dejen de volar al país
Por la incertidumbre sobre la fecha de reapertura de los vuelos regulares internacionales, Air Europa —que conecta Madrid con varias ciudades de América— fue una de las compañías que reemplazó su operación prevista con un vuelo especial semanal. “Todas las aerolíneas necesitamos previsibilidad para entender cuándo se van a reabrir los vuelos regulares. Tenemos una programación muy light ahora, con un vuelo semanal a Madrid”, explicó a Infobae Diego García, director de Air Europa para América.
Previo a la pandemia, la empresa tenía 13 vuelos semanales (7 vuelos a Buenos Aires y 6 a Córdoba) y dos vuelos a Iguazú en la temporada alta europea. Su plan para septiembre era empezar con tres vuelos a Buenos Aires y tres vuelos a Córdoba, pero mientras las restricciones se mantienen, la empresa seguirá con un solo vuelo semanal.
El Gobierno argentino no definió una fecha oficial para el regreso de los vuelos regulares
“La Argentina siempre está en el top 3 de nuestros destinos. Nunca pensamos en dejar de volar. Pero pedimos que haya certezas con las fechas de las aperturas. Hay una demanda que está insatisfecha, cuando más nos demoremos en arrancar, se va a tardar mucho más en recuperar esa ruta”, señaló el ejecutivo.
La Argentina es uno de los pocos de América que aún mantiene medidas estrictas de restricción para la actividad aerocomercial, con sus fronteras prácticamente cerradas. Las empresas esperaban el regreso de los vuelos para comienzos de septiembre, según una resolución de Anac que había habilitado la venta de pasajes a partir de esa fecha. Pero en las últimas semanas, diversos funcionarios descartaron esa posibilidad.
El último informe de ACI-LAC, la oficina para la región del Airports Council International que representa a más de 270 aeropuertos en 34 países, destacó que la actividad en Latinoamérica cayó un 73% si se compara agosto de 2020 con el mismo mes del año anterior.
En el medio de la pandemia —y con una actividad limitada de los escribanos— el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires continúa con un escaso número de operaciones de venta de inmuebles. Durante el mes de julio se registraron 573 escrituras, según los datos del Colegio de Escribanos porteño.
Esta cifra representa una caída de 82% con respecto al mismo mes del año anterior. Pero, además, consolida una caída interanual en las operaciones de 26 meses consecutivos. También una baja del 41,9% en el monto en pesos de las operaciones.
“Si claramente el 2019 había sido el peor indicador desde que llevamos registros, este año será muchísimo peor. En el afán de encontrar soluciones nos estamos reuniendo con entidades afines al sector inmobiliario y hemos acercado propuestas al Gobierno local y nacional en cuanto a promociones o regímenes especiales, la posibilidad de algún blanqueo y otras soluciones impositivas”, señaló Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos.
En la comparación con junio de 2020, la cantidad de operaciones tuvo una baja de 59,2%, ya que el mes anterior se habían firmado 1.405 escrituras. Pero durante julio los escribanos no estuvieron habilitados para trabajar por algunas semanas, durante la vuelta a una fase más estricta de la cuarentena.
Durante julio, el monto promedio de las operaciones fue de algo más de $19 millones (unos USD 280.000 de acuerdo al tipo de cambio oficial). En este período, hubo apenas 32 escrituras formalizadas con hipotecas bancarias, con una caída de 86,4% con respecto al mismo mes del año anterior.
Si claramente el 2019 había sido el peor indicador desde que llevamos registros, este año será muchísimo peor
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, durante el pasado mes de julio se realizaron 4.260 compraventas, de acuerdo con las estadísticas que elabora mensualmente el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Esto representó una caída interanual del 37,1%, ya que en julio de 2019 se habían contabilizado 6.771 escrituras.
A su vez, los montos totales mostraron una variación negativa del 22,1 % con respecto a julio del año anterior ($12,6 millones en 2020 y $16,2 millones en 2019). El valor del acto de compraventa promedio tuvo un alza interanual del 23,8 % ($2,9 millones en julio de 2020 y $2,4 en julio de 2019).
Los representantes del sector reclaman medidas al Gobierno para incentivar la actividad (Adrián Escandar)
Una de las propuestas fue un modelo de construcción basado en el régimen de “viviendas promovidas”, con desgravación de impuestos para la construcción de propiedades para sectores medios y bajos, que se desarrolla en Uruguay desde 2017. La propuesta del sector, en el caso de la Argentina, es que haya una baja de impuestos para la construcción privada cuando el propietario se comprometa a alquilar la propiedad en los primeros ochos años, por ejemplo.
Los profesionales del sector inmobiliario también pidieron que se reimplementen los Certificados de Depósito para la Inversión (Cedin), porque consideran que permitirían reactivar el mercado en el corto plazo. Los Cedines nacieron en 2013, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como medio de pago para inversiones en el mercado inmobiliario o proyectos de construcción de viviendas. El certificado se obtenía a través de un blanqueo de capitales y quien lo recibía podía cambiarlo por dólares en el momento de la operación.
A pesar de que los funcionarios e infectólogos ven que la curva de contagios de coronavirus entró en una meseta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el coronavirus sigue avanzando y 30 de los 35 municipios del AMBA sumaron más casos la última semana que la anterior. Y la Ciudad de Buenos Aires también. En ese marco, ya son once los distritos bonaerenses que tuvieron una incidencia de casos superior a la que se dio en la Ciudad. El relevamiento semanal realizado por PERFIL muestra que la presencia activa de casos de Covid-19 ya es pareja a ambos lados de la avenida General Paz. Mientras la Ciudad tuvo 266 casos cada 100 mil habitantes en los últimos siete días, el promedio de los 35 municipios del AMBA dio 240. Apenas 8 distritos tuvieron una tasa de menos de 200 casos; en la primera semana de agosto eran 24 los que estaban en esa situación. Ahora hay cinco que esta semana superaron la tasa de 300 casos cada 100 mil: Quilmes (388), Avellaneda (358), Almirante Brown (313), General Las Heras (310) y Lanús (307). También tuvieron más presencia de casos que la Ciudad los municipios de San Vicente (297), San Martín (292), San Isidro (290), Esteban Echeverría (282), San Fernando (281) y Malvinas Argentinas (268). La estadística muestra que las cifras se fueron emparejando a medida que fueron subiendo los niveles de testeo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, por más que esta semana el ritmo de testeos se volvió a acelerar después de una semana de retroceso, solamente dos municipios lo hicieron a un nivel superior al de la Ciudad. Son San Isidro (743 personas testeadas cada 100 mil habitantes) y Avellaneda (723). La última semana, en territorio porteño se dio una tasa de 676 hisopados. El promedio del AMBA creció, pero sigue lejos: 486. La OMS puso una fecha estimativa para el fin de la pandemia del coronavirus La Matanza, el distrito por lejos más populoso del Conurbano y el que más se asemeja en cantidad de habitantes a la Ciudad, tira el promedio para abajo. En la última semana fue uno de los 4 que menos testeos hizo, con 374 cada 100 mil habitantes. Solo Merlo, Presidente Perón y Las Heras hicieron menos. En lo que va de la pandemia, la Ciudad de Buenos Aires lleva realizados 7.162 pruebas cada 100 mil habitantes, el promedio del AMBA llega a 3.931 y La Matanza queda en el fondo de la tabla, con 2.924 (solo supera a Presidente Perón). Ese bajo nivel de testeo tiene su correlato en la cantidad de casos: en el ranking semanal el distrito quedó séptimo desde abajo para arriba, con 190 casos confirmados cada 100 mil habitantes. Positividad El alza en la cantidad de testeos vino aparejado, una vez más, con una nueva suba de la tasa de positividad, que había caído levemente la semana anterior. Así, en el AMBA, entre el lunes 17 y el 24 de agosto, un 49% de las personas testeadas recibieron como resultados que estaban infectados de Covid-19. Es la cifra más alta de la serie: mayo lo había terminado con un 12% y se fue elevando hasta terminar en un 34% en junio y un 47% en julio, para después estabilizarse en esa franja durante agosto. La tasa de positividad también se elevó en la Ciudad, donde había bajado a 35% la semana anterior y ahora volvió a subir al 39%. En el Gobierno porteño veían con optimismo los números de una positividad en baja con más testeos realizados. Sin embargo, ahora ese análisis deberá entrar en un impasse. El propio Fernán Quirós se muestra optimista pero cauto. En 24 de los 35 municipios del AMBA también la tasa de positividad semanal volvió a elevarse. Encabeza el ranking Quilmes, con un disparatado 72%. Lo siguen Presidente Perón (64%), Esteban Echeverría (58%), Lanús (55%), José C. Paz (55%), Luján (54%), General Rodríguez (54%), Berazategui (53%), San Fernando (52%) y La Matanza (51%). Ritmo de aumento Lo que se mantuvo constante de una semana a la otra es la velocidad en la que vienen aumentando los casos. En la Ciudad creció un 10% y en el AMBA un 18%, en ambos casos, casi igual que la semana anterior. En el Conurbano, están encabezando el listado de mayor ritmo de aumento municipios chicos, que todavía tienen menos de mil casos confirmados, como Campana (34%), San Vicente (31%) o Las Heras (27%). Entre los distritos más grandes (y con más de mil casos), lidera Malvinas Argentinas (29%), Luján (27%), Berisso (26%), José C. Paz (25%) y Pilar (25%). El caso de José C. Paz es especial. Si se cuentan solamente los casos de cada semana, y no el acumulado, pegó un salto fuerte del 60%. La semana anterior había registrado 482 casos nuevos; esta fueron 772.
¿Cuál es el verdadero Alberto Fernández? ¿El que fue mano derecha de Néstor Kirchner? ¿El que cuestionó severamente a Cristina Fernández cuando se fue del gobierno? ¿El mismo que al ser votado Presidente prometió un futuro con grandes posibilidades, pese a la herencia, y que además insistió que haría lo imposible para cerrar la dramática “grieta” que castiga a la Argentina?
La actualidad contradice las expectativas de muchos de lo que lo votaron. En sus últimas manifestaciones se parece más a un odiador que a un hombre coloquial. Y pareciera que busca pretextos para condicionar y arrinconar a opositores y a empresarios, y ajustar asuntos pendientes de Cristina Kirchner.
Entretanto, el “albertismo” ha perdido presencia y voz en el Gobierno. Fernández reitera una y otra vez todos los problemas que heredó de Macri y afirma que el expresidente dijo lo que el expresidente niega haber dicho.
Hubo un comienzo: la voluntad de expropiar Vicentin. Luego dejó todo en manos del gobernador de Santa Fe y del juez que maneja los desaguisados de esa compañía. Siguió la idea de nacionalizar Edesur, pero tampoco se concretó. Ahora decidió, por decreto, sin pasar por el Congreso, el congelamiento de las tarifas de telefonía, cable e Internet. Una especie de nacionalización temporaria o no. La Reforma Judicial pasó a un segundo plano y es muy probable que se diluya por la alta oposición en Diputados, donde es mayoría el “no”.
El Gobierno embiste, de paso, a empresarios que han mostrado buena voluntad con el Gobierno. Uno de ellos colaboró en la solución de la deuda y otro, el más poderoso empresario de América Latina, unió fuerzas con el oficialismo para tener cuanto antes la vacuna de AstraZeneca en el país
Muchos ven el tema de las telecomunicaciones como un ajuste de cuentas con un poderoso grupo mediático, un asunto que quedó pendiente del segundo gobierno de la vicepresidenta.
Pero es el total de las compañías del sector las que advierten sobre una pronunciada desinversión y apelarán a todos los ámbitos de la justicia nacional e internacional. El Gobierno embiste, de paso, a empresarios que han mostrado buena voluntad con el Gobierno. Uno de ellos colaboró en la solución de la deuda y otro, el más poderoso empresario de América Latina, unió fuerzas con el oficialismo para tener cuanto antes la vacuna de AstraZeneca en el país. Las acciones del sector de telecomunicaciones cayeron en Buenos Aires y en Nueva York.
¿Por qué tomó esta decisión Fernández? ¿Cómo se explica que busque tener al frente empresarial argentino en contra en estos momentos? El sector privado ha entrado en una especie de pánico y zozobra, en medio de una pandemia que no termina de ceder. Con fábricas que siguen produciendo a media marcha, con la perspectiva que se pierdan un millón de puestos de trabajo, en medio de una crisis nunca vista desde 1929/1930. ¿Habrán empezado con las comunicaciones para seguir con otros sectores?
Mauricio Macri en la Fundación FIFA (Prensa Mauricio Macri)
La movida trae al escenario la cuestión de las tarifas de todos los servicios públicos. Cuando se las congeló no se miró las consecuencias en la segunda administración de Cristina. La rentabilidad se paralizó, no se hicieron nuevas inversiones. Hubo falta de electricidad, el precio de los combustibles se mantuvo estático y las pérdidas fueron millonarias. Gran parte del todo dejó de funcionar normalmente.
La población no previó los efectos de esta decisión. Mauricio Macri asumió sin hacer un arqueo contable de la herencia recibida y comenzó a actualizar las tarifas. El resultado: la inflación se desbordó y los distintos ministros y presidentes del Banco Central no pudieron o no supieron frenarla. Fue tal el golpe a la clase media que generó su inestabilidad permanente. La pobreza aumentó según los registros del Indec y del Observatorio Social de la Deuda Social de la UCA. Se espera una pobreza del 50% para fin de este año.
Ahora, la administración de Fernández no maneja con seguridad el proceso inflacionario donde una de sus manifestaciones es el valor del dinero. Los bancos reclaman billetes de más alto valor para manejar sus negocios. Como la Casa de la Moneda emite billones de pesos por mes y no da abasto hubo que recurrir a imprentas del exterior. Se pensó en billetes de 5.000 pesos pero la Casa Rosada cambió de opinión. De los casi 300 millones de billetes de 500 pesos se pasaría a una producción de los 1.000 pesos. Importados de Brasil, Chile o Alemania.
A partir de la semana próxima seguramente se conocerán nuevas flexibilizaciones frente a la pandemia. Mientras los porteños desesperados por el encierro agradecen, en el Conurbano más profundo, en el segundo y tercer cordón, los contagios siguen avanzado
Durante la pandemia se agrandó el número de ayudas a distintos sectores de la población. A uno de cada cuatro ciudadanos el Estado le da asistencia alimentaria. La cantidad de personas que reciben ese respaldo pasó de 8 a 11 millones de personas.
¿Qué están recomendando los economistas para escaparle al drama nacional? Argentina está a la cabeza del ranking de países con más años de recesión. Todos coinciden en ponerle freno al incremento del gasto público, con un plan de crecimiento que desvié la estanflación. Pero en realidad ninguno sabe por dónde empezar.
El Gobierno está estudiando una reforma impositiva mínima: tendrán que pagar los de gran capacidad distributiva. Esto lo confirmó Mercedes Marcó del Pont, quien está a cargo de la AFIP. La propuesta oficial es como un balde agua en el océano. Porque lo que se requiere desde hace tiempo es un cambio a fondo de toda la estructura impositiva. Es tan alta la presión fiscal que existe una economía en negro tan importante como la economía en blanco. La actual imposición no ecuánime fomenta la ilegalidad.
Mercedes Marco del Pont, directora de la AFIP (Télam)
Sólo se piensa en el campo para que ingresen la mayor cantidad de divisas porque la industria necesita de insumos que no dejan ingresar. Pero las zonas rurales productivas padecen una seria sequía. Ya se estima que ingresarán 700 millones de dólares menos sólo por la cosecha de trigo. Es la misma sequía que motivan los furiosos incendios como los que se dan en Córdoba en estos días.
A partir de la semana próxima seguramente se conocerán nuevas flexibilizaciones frente a la pandemia. Mientras los porteños desesperados por el encierro agradecen, en el Conurbano más profundo, en el segundo y tercer cordón, los contagios siguen avanzado. Al mismo tiempo continúa la ocupación de tierras, en cualquier descampado.
Tiempos muy complejos. No hay en vista muchas posibilidades de revertir las enfermedades del presente.
Con la recaudación tributaria por el piso, y una cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19 que se alarga en el tiempo, el gobierno volvió a definir una nueva partida presupuestaria, en este caso por 5.800.000 de pesos para hacer frente al coronavirus. Vale recordar que, ayer, 25 de agosto, el Gobierno promulgó la ampliación del Presupuesto nacional para este año, aprobada por el Parlamento, a través del Decreto 696/2020 y publicado este martes en el Boletín Oficial. La nueva ampliación se realiza a través de la Decisión Administrativa 1552/2020, que en su Anexo establece una nueva ampliación del Presupuesto por $5.800 millones para responder a las necesidades de gastos del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, para Acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar. Ese programa unifica a los programas «Hacemos Futuro» y «Salario Social Complementario» en una única iniciativa. Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica, según el Poder Ejecutivo. La recaudación fiscal caería más que en la crisis de 2001. Se perderían ingresos por US$ 10 mil millones. De acuerdo con estimaciones oficiales, la iniciativa proyecta la creación de empleos para 40 mil personas y una inversión inicial de 2 mil millones de pesos. Entre otras cosas, vale recordad que el Presupuesto 2020 original nunca llegó a ser tratado por el Congreso por una decisión del Ejecutivo. Por otra parte, el proyecto de Presupuesto se presenta el 15 de septiembre de cada año, con lo cual en un par de semanas deberá ser presentado el Presupuesto 2021 en el Congreso.
Una reunión del gabinete económico conducida por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero
Este miércoles, como todas las semanas, habrá una reunión el gabinete económico, que buscará definir cómo seguirá el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante septiembre, en un contexto con más actividades productivas habilitadas pero con importantes caídas de la facturación y sectores que siguen siendo críticos, como gastronomía, la hotelería, deportes o espectáculos.
Dentro del Gabinete Económico están los titulares del ministerio de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; y de la ANSES, Fernanda Raverta. Las reuniones son encabezadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la vicejefa Cecilia Todesca Bocco.
El Gobierno mantendría un esquema similar al anunciado para el ATP 4, que incorporó el criterio de facturación para la definición del tipo de ayuda, con el agregado de que los créditos a tasa subsidiada (destinados a todas las empresas con incremento de facturación de 0% al 30% junio 2020 versus junio 2019) puedan convertirse en subsidios “siempre y cuando se conserven y creen nuevos puestos de trabajo”, como recordó esta semana la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en un evento pyme.
Los créditos tienen una tasa de 0% para las empresas que hayan facturado entre 0% y 10% más que en junio de año pasado; del 7,5%, si la facturación se incrementó entre 11% y 20%; y del 15%, si la empresa vendió entre 21% y 30% más que el año pasado. Según anunció el Gobierno el mes pasado, aquellas firmas que cumplían con estos parámetros estaban habilitadas para solicitar el crédito, que podía ser tomado en forma total o parcial. Su destino obligado es el pago de los salarios.
El Gobierno mantendría un esquema similar al anunciado para el ATP con el agregado de que los créditos a tasa subsidiada puedan convertirse en subsidios siempre y cuando se conserven y creen nuevos puestos de trabajo
Los sectores con caída en su nivel de facturación interanual y los críticos seguirán recibiendo la ayuda por parte del Estado para el pago de parte de los salarios. En el caso de los rubros críticos, sus trabajadores percibirán el salario complementario por hasta dos unidades del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que equivale a $33.750, hasta diciembre.
Mientras que en los que no son críticos pero que hayan sufrido una merma en su facturación entre junio de este año y el mismo mes del año pasado recibirán hasta 1,5 SMVM. Además, los sectores más afectados por la pandemia seguirán percibiendo el beneficio de la reducción del 95% de las contribuciones patronales.
Esta semana también se reunió el Gabinete de Promoción Federal (uno de los nuevos gabinetes temáticos), donde se analizaron propuestas de políticas e incentivos para el turismo y la cultura y la vinculación con las provincias. También la definición de protocolos para vuelos de cabotaje y para el transporte terrestre de mediana y larga distancia.
“Estamos analizando la proyección de inversiones en el ámbito federal para lo que queda del año y para el 2021″, señaló el ministro de Transporte Mario Meoni. También adelantó que se está trabajando en unprotocolo para viajeros para poder fijar una fecha de regreso de vuelos comerciales. “Por ahora estamos pensando en la recomposición del cabotaje, y espero que haya muchos vuelos antes del verano, hay gente que necesita viajar porque se le dificulta movilizarse”, explicó.
Con la pandemia, las cuarentenas ligadas a la pandemia, estamos aprendiendo una cantidad de cosas y estamos advirtiendo o verificando informaciones que ya teníamos. Es decir, estamos entendiendo aspectos de la realidad social y económica que ya presumíamos, sobre los que sabíamos mucho, pero que quizá no hubiéramos advertido de manera tan contundente.
Entre esas dimensiones de la realidad está el papel de las telecomunicaciones. No nos estamos refiriendo solamente al papel que cumple la televisión o la radio, que son actividades clásicas o ya antiguas de las telecomunicaciones. Vamos más allá: el papel que cumplen las redes digitales, para ver películas, transmitir datos, para trabajar. Se descubrió, y ahora se intenta regular, el teletrabajo. El mundo de las redes digitales, la transmisión de datos satelitales y su papel en la economía, en los movimientos de dinero, en la producción.
Todo esto lo sabíamos. Se viene escribiendo desde hace mucho. Pero la pandemia lo puso muy en evidencia. Tenemos una experiencia fáctica de lo que significa para la economía el mundo de las telecomunicaciones. O de lo que significa esta nueva economía, que es la economía de la información.
Sobre este universo acaba de realizar un avance muy importante el Estado a raíz de un decreto que suscribió el Gobierno, el presidente Alberto Fernández, con todos sus ministros, es decir, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Es un decreto breve que establece un cambio que es que todo aquello que tiene que ver con las telecomunicaciones (televisión por cable, internet, telefonía celular y fija) se transforma en un servicio público. Esto quiere decir que el Estado tiene ahora sobre estos mercados, sobre estas actividades mucha mayor influencia. Puede condicionarlos, regularlos mucho más que antes. Y, además, esta influencia creciente modifica la ecuación del negocio, porque al transformarse un servicio en servicio público, y depender por lo tanto mucho más de la regulación del Estado, el precio que se fija por oferta y demanda pasa a ser una tarifa. No necesariamente la fija el Estado, pero sí debe ser autorizada por él. Y esto cambia notablemente todas las condiciones del negocio de las telecomunicaciones y, por lo tanto, significa un cambio fenomenal en la lógica de la economía argentina.
Hay actividades que son estratégicas, por ejemplo, la energía, que no es un negocio más. Es un negocio que determina otros negocios. Bueno, las telecomunicaciones están en este orden de cosas. Este cambio es importante no solamente por su significado económico, sino por su significado político. Obviamente, Alberto Fernández no lo va a admitir en estos términos. Pero él interpreta que tocando la regulación de las telecomunicaciones, está tocando a la industria telefónica. Y, haciendo eso, también toca a una industria que se ha integrado con la telefonía, que es internet y la TV por cable. Si dice «telefonía, internet y cable» está hablando de Clarín.
Se repone, entonces, un conflicto entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. Conflicto que Fernández venía a resolver, por lo que dijo en la campaña, y por lo que fueron sus relaciones históricas con los medios de comunicación. Aparentemente esta era la promesa tácita que él le había realizado al peronismo y a Cristina Kirchner. Bueno, esa resolución o fue imposible o no está en su vocación hacerla. O el Gobierno, la política, entraron en una dinámica que hace que el kirchnerismo piense otra vez que su contrincante no es un partido político, sino que es un medio de comunicación. O los medios de comunicación críticos.
Fuente: Archivo
Esto es así porque es incomprensible este decreto, que se estuvo conversando desde hace más de una semana dentro del oficialismo, sin la manifestación del 17 de agosto. El Gobierno cree que las manifestaciones, que tienen que ver con el malestar de una parte de la sociedad con determinados comportamientos institucionales del kirchnerismo, con la reforma de la Justicia, con todo lo que se está haciendo en materia de Justicia, con el malestar por una forma de administrar la pandemia ligada a una cuarentena muy rigurosa y, por lo tanto, a una recesión muy dramática, para el Gobierno, todo esto, las críticas, las movilizaciones, las protestas, son en realidad generadas, no reveladas o publicadas, generadas por los medios. Y, sobre todo, por el Grupo Clarín. Fernández cree, como creía Cristina durante su gobierno, que detrás de estos problemas que tiene con la sociedad están los medios y que serían problemas que él no tendría si no fuera porque los medios los generan. No los publican o los informan.
Vuelve a pasar algo que ya conocimos en 2008 cuando se inició, en medio de la protesta del campo, el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner vivo en aquel momento, y también los medios de comunicación, y Clarín. La historia tiene estas coincidencias, ironías, bromas: ¿Cómo nació el conflicto entre el gobierno y Clarín en medio del entredicho con el campo? Había una concentración oficial de protesta contra el sector agropecuario. En esa manifestación estaba Hugo Moyano, que llevaba adelante un conflicto particular por los temas de distribución de diarios con los medios de comunicación. Moyano, solito en una tribuna, con un cartelito que decía «Clarín miente», por publicaciones que estaba haciendo el diario Clarín sobre problemas que tienen que ver con la vida de los Moyano desde siempre. En general, temas de violencia. ¿Cuál fue el cambio ese día? Que Néstor Kirchner, un poco en broma y bastante en serio, se sentó al lado de Moyano y agarró él el cartelito. A partir de ese momento se desata un conflicto que sigue hasta hoy.
El jefe de los camioneros fue junto a su mujer, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo. En la foto, que fue criticada en las redes sociales, posan junto al Presidente y la primera dama, Fabiola Yañez, sin barbijo ni distanciamiento social Crédito: Twitter
La explicación que tiene este decreto nos lleva a una lógica que ya vimos en 2008 con la ley de medios. Cuando el kirchnerismo tiene un problema con la gente que vive en el departamento 6º B de un edificio decide prender fuego todo el edificio, como una forma de regular sus relaciones con el 6º B. No suficiente con eso, sigue con la cuadra. Y después, con el barrio. Al final, todo está destruido, salvo el 6º B, que sigue con la luz prendida. Con este nuevo decreto la lógica es la misma. Se explica por un conflicto con un medio de comunicación, pero para corregir las relaciones con ese medio, o eventualmente atacarlo, se decide cambiar la lógica económica de todo un sector y de uno especialmente estratégico en la economía, como son las telecomunicaciones.
El principal argumento que usa el Gobierno para establecer este decreto, no es «tenemos un problema con Clarín». Usa una razón muy habitual en el oficialismo que es: «Queremos ampliar derechos, tenemos que intervenir en un mercado para llevar los beneficios de ese mercado a más gente, y por supuesto a los que menos tienen». Pero hay una curiosidad: todos los que usan teléfono celular, consumen internet o tienen teléfono fijo pagan el 1% de la facturación destinado al Fondo del Servicio Universal, que es administrado por el Estado. De esta manera, puede hacer uso por sí de esos recursos, o a través de compañías privadas, para llevar el servicio a los que no podrían acceder por la vía del mercado. Porque no les alcanza la plata o porque viven en zonas donde ese servicio no llega.
Es decir: para corregir la imperfección del mercado se genera un fondo, que hoy debe tener acumulado 12 mil millones de pesos, por el cual el Estado da subsidios a muchas empresas a lo largo del país que están estimuladas por esta vía a llevarles el servicio a los que no tienen.
No es la única forma que tiene el Estado para lograr lo que Fernández quiere con este decreto. Existe también una empresa estatal que se llama Arsat, Argentina Satelital, que empezó siendo una empresa de satélites, a la que después se agregó una gran red federal de fibra óptica para hacer un tendido en todo el país, iniciado por Julio De Vido. Se trató de un tendido de grandes cables, que puede transportar muchos datos, a lo largo de las rutas nacionales que conectan las principales ciudades del país. Y luego, muchas localidades fueron pidiendo que Arsat les haga tendidos locales.
Se generó un problema, estaban las redes troncales y después las redes desconectadas de esos pueblitos. Macri, desde Arsat, conectó las grandes rutas con los pequeños tendidos que habían quedado desconectados. Así es que hoy la Argentina tiene una red de 36 mil kilómetros de fibra óptica, administrada por el Estado. Muchas empresas privadas se conectan a Arsat, usan la red para dar sus prestaciones de telefonía, de internet, transmiten televisión por cable, entre otras cosas. Y por todo este uso, el Estado cobra. Ahora, gracias al DNU, empezará a cobrar una tarifa, no un precio.
La demanda de muchas empresas tecnológicas sobre esta empresa del Estado, que ha funcionado muy bien y está bastante bien conducida, ha hecho que se tenga que expandir la tecnología de Arsat. Está provista por dos empresas chinas, la finlandesa Nokia y una empresa canadiense. Ahora hay tensiones internas para ver si no se agrega alguna otra empresa, ayudadas por lobbistas ligados al Gobierno. Se ignora cuánto sabe Alberto Fernández de este negocio que se está generando en Arsat, con bastantes dificultades, porque está encareciendo muchísimo el presupuesto previsto para la mejora de tecnología. Todo bastante opaco.
Balance: se corrobora, entonces, que el Estado tiene dos instrumentos para corregir las distorsiones del mercado. Uno es el fondo de servicio universal y otro es la empresa Arsat, que puede negociar precios y regular a aquellos que se conectan a ella.
El desarrollo de la tecnología ha sido bastante anárquico en todo el mundo, pero en la Argentina aún más. Sin embargo, al cabo de muchos años, terminó siendo competitivo. Todo nació con Entel, una empresa estatal que permitía la comunicación de la telefonía fija. Luego nació la televisión, que captaba la imagen mediante una antena, lo cual dio lugar -con el tiempo- al nacimiento de las antenas comunitarias y, más adelante, a la televisión por cable.
Samuel Liberman y Eduardo Eurnekian fueron pioneros a nivel regional de este negocio de la televisión por cable, por lo que casi se podría decir, exagerando un poco, que se inventó en la Argentina. Ellos armaron dos redes: Cablevisión (CV) y Video Cable Comunicación (VCC), que finalmente fueron compradas por grandes empresas, lo que dio pie a la expansión del cable en la Argentina. En esta instancia fueron clave empresas como Cablevisión y Multicanal, que terminaron fusionándose.
En cuanto a la telefonía, se privatizó Entel y se crearon dos compañías: Telefónica y Telecom. La telefonía móvil, en tanto, nace como una combinación entre esta industria y la radio. En este contexto, aparece el empresario Alberto Pierri, quien se adelanta a algo que iba a ocurrir: por un mismo cable podían confluir el cable, el teléfono e internet. Así nació el triple play, que fue inaugurado por Pierri con su empresa Telecentro.
La industria se volvió cada vez más competitiva. Hoy en el negocio de las telecomunicaciones dentro de la ciudad de Buenos Aires están Iplan, Metrotel, Telecentro, Telecom, Telefónica, Claro, Orbits, InTV, entre otras. Esto quiere decir que el mercado ha sido eficiente en la distribución de este servicio, mientras el Estado compensa aquello que el mercado no hace por no ser rentable. En este desarrollo la rentabilidad es muy importante porque requiere grandes inversiones, mientras que el servicio es muy barato.
El decreto del Gobierno supone un avance estatal que plantea un problema: estas compañías obtuvieron sus licencias e hicieron su inversión en un marco que ahora se modifica. Las firmas extranjeras ahora podrán ir al Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (Ciadi) para iniciar una querella contra la Argentina porque se les ha modificado el marco regulatorio. Y reclamar económicamente. Aún no se sabe cuánto le va a costar este decreto al país en el largo plazo.
Entre los empresarios perjudicados por esta medida están:
-Carlos Slim, dueño de Claro, quien está involucrado en la producción de la vacuna contra el coronavirus liderada por Hugo Sigman. Tal vez Slim esté buscando a Sigman para que le explique lo que le hizo su amigo Fernández.
-Telefónica, de España, por lo que esta decisión podría despertar un conflicto entre Fernández y su par español, y amigo, Pedro Sánchez.
-Telecom, que es una empresa de Clarín asociada al fondo Fintech. El líder de ese fondo americano es David Martínez, un hombre que fue clave en la negociación de la deuda porque fue uno de los primeros en plegarse a la oferta de Martín Guzmán
Esto podría significar un problema de lealtades y una ruptura de alianzas. Y puede abrir un frente de conflicto internacional con este decreto. Las empresas del sector publicarán una solicitada, que es un milagro a escala internacional: en Buenos Aires se unen China y Estados Unidos dado que este mensaje está firmado por la AmCham (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos) y Huawei (la principal empresa de telecomunicaciones china). Fernández lo hizo.
No solo el decreto dice que se declaran de servicio público a todas aquellas empresas que aportan al servicio universal, sino que -por una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)- se incluye a todos los servicios vinculados a las telecomunicaciones que puedan ser considerados de interés público. ¿Puede ser que un día nos digan que el Estado regulará Netflix, Spotify o WhatsApp? Seguramente Fernández no quiera hacerlo, pero, a partir de este decreto, podría, lo cual puede ser una advertencia para quienes invierten u operan estas firmas.
Fuente: LA NACION – Crédito: Hernán Zenteno
Esto hay que vincularlo con el nivel de reservas y la falta de dólares que hay en el Banco Central, que llevó a dos almuerzos la semana pasada del Presidente con Martín Guzmán y Miguel Pesce. Esas aplicaciones se pagan en dólares. El Gobierno podría exigir que se empiecen a pagar en pesos y esas compañías decidir, entonces, irse del país. No se sabe si pasará, pero este camino ya está habilitado por el DNU.
Por el hecho de que es un avance del Estado y por el modo en el que se gestó, este decreto tiene similitudes con lo que ocurrió con Vicentin. El miércoles pasado los empresarios del sector participaron de un Zoom junto al titular de la Enacom, Claudio Ambrosini, y su segundo, Gustavo López, para fijar los nuevos precios, dado que el congelamiento de tarifas que habían pautado para la cuarentena vencía el 31.
En esa reunión tanto Ambrosini como López dijeron estar de acuerdo con lo que se había acordado. Hay empresas que grabaron ese Zoom. Sin embargo, dos días después se conoció el decreto. Tanto en este caso, como en Vicentin, nadie les avisó antes de la medida. También Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, se enteró por los diarios.
Alberto Fernández y Cristina Kirchner vienen conversando sobre este decreto desde hace tiempo. Micaela Sánchez Malcolm es una de las personas del entorno de Cristina que redactó este decreto junto a López. Ellos sostienen que hay una ley de 2014, impulsada por la expresidenta, donde ya se había establecido que todos estos negocios eran un servicio público, y que Mauricio Macri había derogado esta ley por decreto. Por lo tanto, sostienen que este decreto tiene el respaldo de una ley anterior.
En este proceso no intervino Ambrosini, que es un hombre del círculo de Sergio Massa. En sus declaraciones, él da a entender que no sabía de esta iniciativa. Incluso, hay una versión muy brumosa que dice que quiso renunciar y Massa le dijo que no lo hiciera.
El siguiente paso será en el Congreso, donde el kirchnerismo presentará un proyecto de ley de defensa de la competencia tomando iniciativas de la oposición: una de Elisa Carrió y otra de Martín Lousteau, hechas en la época de Macri. Allí, establecen que cualquier empresa, no solo las de telecomunicaciones, que supere el 40% de un mercado, tiene una postura dominante y, por ende, debe ser regulada por el Estado. El Gobierno aspira a una mayor regulación, especialmente en el negocio del cable e internet. Detrás de todo: Clarín. La idea de Fernández es golpear al negocio y a los ingresos de esta empresa.
Desde el entorno de Carrió dicen que, en su momento, retiraron el proyecto no por Clarín, sino por el concepto mismo. Además, se preguntan por qué, si Fernández está tan interesado en garantizar la libre competencia, retiró los pliegos de los nuevos titulares de un tribunal de competencia que nunca se estableció en el país, pero que estuvo a punto de desarrollarse.
En este contexto, Massa quedó desairado. Habría que mirar con lupa su relación con el Presidente. Massa sentía que era el interlocutor con las empresas de telecomunicaciones, las compañías de medios, y sobre todo Clarín. La señal que da Fernández con este decreto es que el interlocutor es él mismo.
Ya hubo ruido entre ellos cuando el Presidente celebró el acuerdo con los acreedores privados por la deuda y agradeció, principalmente, a Martín Guzmán; luego, a Lavagna; y al Papa Francisco. Entre los agradecimientos, no hubo ninguno a Massa, que se ufana de haber sido muy importante, sobre todo por su amistad con David Martínez, de Fintech y Telecom.
No es el conflicto más importante que podríamos presumir entre Alberto Fernández y Massa. El verdadero conflicto está en San Isidro, que tiene que ver con una investigación de la Justicia Federal con una banda de abogados y fiscales conducida, se presume, por el fiscal de la provincia Claudio Scapolán, muy ligado al fiscal Julio Novo, muy cercano a Massa. Massa puede sentir que el avance sobre esta banda en algo lo perjudica porque son amigos de él.
Scapolán es un hombre clave. Según se comenta en la Justicia de San Isidro, para que el fiscal Washington Palacios no avanzara en un tema de detalle, pero muy importante, que es el acta que se labró cuando la policía llegó a la casa del Prefecto que le había robado a Massa. Hubo una investigación de Palacios sobre si ese acta realmente decía lo que el Prefecto había robado o si había robado muchas más cosas, o sumas mucho más importantes que las que aparecieron en el acta. Todo esto, que fue materia de discusión, lo tiene a Scapolán en el centro y es algo que a Massa lo preocupa. Detrás de la investigación contra el fiscal está la Policía Federal y está Fernández. ¿Hablarán entre ellos de este tema? No lo sabemos, pero es un caso complicado.
Más allá de esto, lo que hay es un interrogante de nuevo que se va despejando cada vez más sobre la orientación general de Fernández y su gobierno. Acaba de decidir algo muy importante, que mucha gente festeja, que es llevar Energía al área de Martín Guzmán. La saca del Ministerio de Producción, donde había 20 familias manejando la cuestión energética, nombra a un nuevo Secretario de Energía, se va Sergio Lanziani que era un hombre ligado a la política de Misiones, un ingeniero de energía atómica, viene un hombre de Neuquén, no necesariamente de Parrilli, Darío Martínez, y se alinea Energía con la política de Guzmán. Guzmán cada día más es Cristina Kirchner. No quiere decir que no sea Alberto Fernández. Pero es la vicepresidenta. En alguna medida, lo liberan a Matías Kulfas de que termine como Marcela Losardo, la ministra de Justicia, a quien Cristina Kirchner va minando por abajo, porque no defiende sus proyectos.
¿Por qué Fernández quiso hacer esto ahora? Por qué quiere después anunciar grandes subsidios a la empresas explotadoras de gas. Es curioso porque la vicepresidenta acaba de voltear un subsidio de Macri a las mismas empresas del año 2018. Parece que hay subsidios buenos y malos. En esta dirección vamos, es una dirección mucho más ligada a Cristina que la anterior.
Estamos en un conflicto frente con el gobierno de Trump que tiene que ver con la conducción del BID. Fernández lidera la posición de los que dicen que no se debe elegir ahora, ni debe ser un americano. Del otro lado está el candidato de Trump, Claver-Carone, que quiere ser electo, y tiene los votos para lograrlo, el 12 de septiembre. La Argentina está tratando de juntar el quórum para frenar esa elección. En todo esto, Gustavo Cinosi, un hombre bastante opaco, argentino, viejo amigo de Carlos Zannini, que es la mano derecha de Luis Almagro, secretario general de la OEA, fue a ver al canciller uruguayo, Francisco Bustillo, intimo amigo de Alberto Fernández. Fue a decirle que era el jefe de campaña de Claver-Carone y le pedía que se alineara con el gobierno de los Estados Unidos. Bustillo lo despidió: «Para hablar con los Estados Unidos hablo con las autoridades de ese país».
¿Qué importa de todo esto? Que la agenda de Fernández se va pareciendo a la agenda de Cristina en 2011-2015. ¿Esta es la agenda que el Presidente tenía pensada desde el comienzo? No lo sabemos. Lo importante es que sin China traccionando, con un problema enorme de falta de dólares, con una economía en recesión que va a salir gracias a la palanca de la inversión privada, en camino a una negociación con el Fondo, donde los Estados Unidos y las grandes potencias tienen una enorme importancia: ¿hay un contexto favorable para esta agenda? ¿O Fernández está llevando una agenda, ajena o propia, fuera de contexto? Como si saliera a la calle, ya grande, con el traje de la primera comunión.
Como parte de las obras realizadas en el marco del programa nacional “Argentina Hace”, el iniciamos tareas de puesta en valor de corredores de transporte público. Las tareas se desarrollarán durante un plazo de 150 días en 11 cuadras de Centenario Uruguayo y 19 de Ramón Cabrero (de 29 de Septiembre hasta Salcedo), en Lanús Este.
“Este nuevo frente de obra se suma a las tareas que ya comenzamos en Valentín Alsina y Remedios de Escalada«, detalló el intendente Grindetti y añadió: «La idea es trabajar en la puesta en valor de un total de 250 cuadras del distrito a lo largo de este segundo semestre, esto se suma a las 1600 cuadras intervenidas en nuestra primera gestión«.
Este mismo frente de obra incluirá obras en Salta, Boulevard de los Italianos, Méndez y Dardo Rocha, calles y avenidas en donde también se registra un importante número de colectivos. Se proyecta un total de 16.000 m2 de hormigón y 7800 m2 de carpeta asfáltica.
Todas estas obras y las que están proyectadas son financiadas con un monto superior a los 340 millones de pesos, y se prevé que en lo que queda de 2020 la puesta en valor llegue a un total de 250 cuadras.
La semana pasada y mediante este mismo programa, iniciamos obras en el sector oeste del distrito. Se trata de 62 cuadras de Valentín Alsina, ubicada en el radio de las calles Remedios de Escalada de San Martín, Manuel Quindimil, Rucci y Balcarce.