El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció este jueves 27 de agosto un endurecimiento de la cuarentena en ese distrito bonaerense, del que forma parte Mar del Plata, con un retroceso a Fase 3, debido a un «aumento considerable» de casos de coronavirus registrados en los últimos días. La medida comenzará a regir el sábado próximo y se extenderá por 10 días, comunicó Montenegro, que aseguró que «ésta es la semana más crítica desde el comienzo de la pandemia» en Mar del Plata, localidad cabecera del partido. «En nuestra ciudad tenemos transmisión comunitaria, eso significa que el virus puede estar en cualquier lado», agregó el jefe comunal, en un mensaje difundido a la prensa. Con el retroceso a Fase 3 quedarán interrumpidas numerosas actividades en el distrito que se fueron reabriendo en los últimos días, como obras privadas, rubros comerciales y el sector gastronómico, donde solo se permitirá implementar el delivery y el sistema de comidas y bebidas «para llevar». Guillermo Montenegro reconoció que Mar del Plata está en «situación de transmisión comunitaria» En el nuevo esquema, también deberán permanecer cerrados gimnasios y shoppings, no se permitirán las salidas recreativas ni la práctica de deportes individuales al aire libre, según consignó el diario La Capital en su página web. Tampoco las actividades religiosas, el trabajo de personal auxiliar en casas particulares, la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes en comercios de cercanía, ferias itinerantes de alimentos, servicios de lavadero de autos, servicios de gestoría, ensayos de obras musicales o teatrales y asistencia a espacios culturales no podrán continuar en funcionamiento. De acuerdo con La Capital, Montenegro y su secretaria de Salud, Viviana Bernabei, mantuvieron varios contactos en las últimas horas tanto con el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, como con autoridades sanitarias bonaerenses antes de tomar la decisión anunciada este jueves. Se suicidó una enfermera de 38 años que tenía coronavirus En un mensaje a la ciudadanía, el intendente comentó: «Les dije que no me iba a temblar el pulso si teníamos que retroceder» y agregó: «Siempre dijimos que en una situación como la que estamos viviendo de pandemia, no teníamos ninguna posibilidad de especulaciones políticas». «Mi norte siempre fue el cuidado de los vecinos de mi ciudad», remarcó Montenegro. Hasta este jueves por la noche, en General Pueyrredón se registraban 2.979 casos confirmados de coronavirus, 1.208 de los cuales estaban activos, con 1.709 pacientes recuperado y 62 personas fallecidas a causa de la enfermedad. Ascendían a 58 las camas de terapia intensiva ocupadas en el distrito por diferentes patologías, de las cuales 24 corresponden a pacientes con Covid-19 y 12 de ellos estaban hasta este jueves por la noche utilizando respiradores automáticos, según datos suministrados por el municipio.
Finalmente el Gobierno dio luz verde y en los próximos días entrará formalmente el proyecto de ley por el que se instaurará un pago por única vez, conocido como impuesto a la riqueza.
Bajo el nombre de “Aporte Solidario Extraordinario”, el proyecto de ley de la autoría del diputado del Frente de Todos Carlos Heller y que cuenta con el apoyo del presidente del bloque, Máximo Kirchner, entrará en las próximas horas al Congreso para que sea tratado en las comisiones como paso previo a ser discutido en el recinto.
“En los próximos días va a entrar”, explicaron a Infobae desde el entorno del diputado autor del proyecto. “Hay luz verde para que se comience a tratar. Estuvieron reunidos Máximo Kirchner y Carlos Heller con Alberto Fernández y está todo listo”, señaló una segunda fuente con acceso al despacho presidencial.
El propio Heller reconoció esta mañana en un programa radial que es “inminente” el envío del proyecto y brindó algunos detalles respecto de lo que significaría y el universo de personas a las que alcanzará el aporte.
En abril, el presidente Alberto Fernandez, se reunió para hablar del impuesto a la riqueza con Máximo Kirchner, Carlos Heller y el ministro de Economia, Martín Guzmán.
“Íbamos a esperar el momento oportuno para presentarlo teniendo en cuenta las prioridades que nos planteó el Ejecutivo. Hoy es inminente, y en los próximos días vamos a darle entrada formal para que comience el derrotero que tiene que tener en la comisión. Supongo que es un tema de presupuesto que se pueda debatir y que se pueda tratar en el recinto”, señaló Heller.
El proyecto establece un aporte por única vez y es a las personas humanas, no a las jurídicas, es decir, no afecta a las empresas. “La ecuación se hizo sobre la base de sus declaraciones juradas, no es una comisión investigadora respecto de posibles fondos en paraísos fiscales”, señaló Heller. “Y va a alcanzar a quienes tienen una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos”, agregó.
La norma, de aprobarse, establece una escala progresiva que tiene un piso de 2% para fortunas de $ 200 millones y va creciendo según los montos, con un tope de 3,5% para quienes tienen más de 3.000 millones de pesos de fortuna personal declarada.
Según las estimaciones y proyecciones realizadas por el equipo del diputado que trabajó sobre las declaraciones de Bienes Personales y que, asegura, desconoce los nombres respecto a quiénes les podría tocar pagar, el aporte alcanzará a alrededor de un universo que ronda las 12.000 personas y que el Estado va a recaudar más de 300.000 millones de pesos.
Martín Guzmán, Sergio Massa y Máximo Kirchner
Respecto a la posibilidad o no de que sea tratado por la posición que tiene el bloque opositor de solo discutir temas relacionados a la pandemia, Heller señaló que el proyecto será enviado y que “el consenso no puede convertirse en un condicionamiento para poder actuar. Porque pareciera que el consenso es hacer lo que uno quiere o nada”.
La idea, que se hizo pública a comienzos de abril, recibió un amplio rechazo del mundo empresario. Por citar solo un ejemplo, el Foro de Convergencia Empresarial –que reúne unas 35 cámaras, asociaciones e institutos empresariales, como IDEA, ACDE, ABA, Amcham, Adecra y la Sociedad Rural, entre otras– destacó en un comunicado que “los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.
En lo que refiere a la posibilidad de que sea aprobado o no, el oficialismo necesitará de todos sus diputados y de los aliados, ya que por tratarse de un nuevo tributo la iniciativa requiere de una “mayoría especial”, no solo los 129 votos necesarios para alcanzar quorum, sino esa misma cantidad de votos para conseguir la mayoría sobre el total de miembros de la cámara, no solo los presentes al momento en que se vote.
Este punto será otro de los temas en discusión ya que el oficialismo entiende que no se trata de un tributo, sino de un aporte, y que el proyecto puede salir aprobado de diputados con mayoría simple.
Cristina Kirchner ha comenzado a desplegar su liderazgo a través de una auditoría obsesiva de las decisiones administrativas de Alberto Fernández. Ese control se ejecuta a través de prohibiciones que dinamitan los acuerdos alcanzados por el Gobierno en los más diversos campos de la vida pública. Es un regreso a la consigna «vamos por todo». Pero ahora no se trata de la convocatoria a una expansión. El movimiento es hacia adentro. Centrípeto. La vicepresidenta tiende un cerco cada vez más estrecho alrededor del Presidente. Los teóricos debatirán si esta dinámica no era inexorable. Si no estaba cifrada en el lanzamiento de Fernández como candidato, a través de un expeditivo mensaje de voz. Para la política el problema es más urgente. Como Martín Guzmán y Miguel Pesce explicaron en su carta a Kristalina Georgieva, el país se interna en una recesión cada vez más dolorosa, mientras en el puente de comando pelean a los manotazos por el dominio del timón.
La búsqueda de una salida para Vicentin, el acuerdo de precios con las empresas de telecomunicaciones, la negociación tarifaria con las de distribución eléctrica, el entendimiento para sancionar una ley para la economía del conocimiento, las tratativas con las empresas constructoras que no pueden cumplir con los contratos de participación público-privada (PPP) son algunos ejemplos de la facilidad con la que, desde la presidencia del Senado, se vetan decisiones del Poder Ejecutivo. La señora de Kirchner impone conflictos a Fernández allí donde él ensaya una fórmula de paz.
Ninguna impugnación fue tan significativa como la que la vicepresidenta lanzó contra la reforma judicial. Se trata del proyecto al que Fernández concedió más importancia desde que asumió la presidencia. Le dedicó pasajes enteros de su discurso inaugural y también del que pronunció en la apertura del Congreso. Sin embargo, ella aclaró que no es una reforma. Que reformas solo hay dos. Una, la que ella promovió, intentando atar la integración del Consejo de la Magistratura a las elecciones presidenciales. La otra fue, según la misma taxonomía, la que habría realizado, de facto, Mauricio Macri, para perseguirla a ella, a sus funcionarios y a algunos empresarios amigos. Para aceptar este sarcasmo hay que olvidar demasiadas cosas. Entre ellas, las decenas de millones de dólares acumulados por una legión de funcionarios, que incluyen a modestos secretarios privados. No es el único defecto de la coartada de la señora de Kirchner. Sus reproches hacia Macri ocultan que la principal disputa política que rodeó a su peripecia judicial fue con sus compañeros de partido. La vicepresidenta disimula algo que, sin dudas, sabe: el estímulo faccioso que puede sospecharse detrás de algunas decisiones judiciales provino más de la interna del PJ que de la Casa Rosada. Ella no ignora, por ejemplo, que Sergio Massa ha tenido una proximidad a Comodoro Py muy superior a la de Macri. Massa: el aliado de Margarita Stolbizer, autora de libros implacables contra la corrupción del kirchnerismo. Cristina Kirchner finge desconocer estos pormenores. Y hace bien. Porque en ellos aparece el rasgo más mortificante de su «genial» jugada para regresar el poder: debió allanarse a Alberto Fernández, que la denostó durante nueve años, y a Massa, que se comprometió ante sus seguidores a meterla presa.
La descalificación al proyecto judicial de Fernández es más agresiva por su oportunidad. La vicepresidenta dice que no es una reforma en el momento en que su ahijado trata de evitar una derrota en la Cámara de Diputados. Consciente de ese riesgo, el Presidente trata de saltar el corralito en el que lo va encerrando su vice. El viernes, invitó a almorzar a Martín Lousteau y a Enrique Nosiglia a la residencia de Olivos. Los esperó con Eduardo Valdés, uno de sus principales gestores políticos. Lousteau y Nosiglia integran la conducción de la UCR porteña. Ambos son aliados de Horacio Rodríguez Larreta, que no fue ajeno a estas conversaciones. Horas antes del encuentro, Fernández había hablado con él, una vez más, para rescatar la reforma judicial. Ya se habían producido otros contactos. Julio Vitobello, el secretario general de la Presidencia, conversó con Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR. El nexo entre ellos fue el senador Julio Cobos.
Fernández no tramita una agenda precisa. Tiende cabos. Sin embargo, la operación legislativa de la reforma está en todas las conversaciones. La expectativa del Presidente, procrastinador empedernido, es postergarla una quincena. Desde Juntos por el Cambio le explican que, si al cabo de ese lapso, no ofrece modificaciones, la demora sería ociosa. Es una solicitud capciosa. En la oposición saben que el problema no es el texto de la ley, que, por otra parte, se parece al que había imaginado Germán Garavano. La dificultad es el contexto: la discusión de traslados judiciales que se realizaron según directivas de la Corte, el hostigamiento al procurador Eduardo Casal, las versiones sobre una ampliación del tribunal supremo, la comisión Beraldi. A propósito de sus miembros, el Presidente aclara: «A Beraldi lo invité yo. Y Cristina está fastidiada porque la culpan a ella». Colaboradores estrechos de Fernández dan la misma versión: «Tuvo un arrebato, como suele ocurrir cuando siente que la prensa o la oposición le quieren marcar la cancha». Le alcanzaría con la vicepresidenta.
La declaración de Cristina Kirchner, denostando la reforma judicial y ensañándose con Macri, alejó las posiciones. En Juntos por el Cambio se dividen entre los que pretenden enterrar el proyecto con una votación y los que esperan que Fernández lo retire. Es decir: nicho o tierra. La hipótesis de que navegue un par de meses a la espera de un cambio de clima no cosecha demasiadas adhesiones. Mientras tanto, el Presidente intentará seguir presionando, sobre todo a través de los gobernadores, para alcanzar los 3 o 4 votos que le faltan. Massa, responsable formal del resultado, tiene la excusa de que, en otro error incomprensible, nadie lo consultó antes de enviar la iniciativa.
Fuente: Archivo – Crédito: Fabián Marelli
Con independencia de estos avatares parlamentarios, es relevante registrar un fenómeno: en la oposición son cada vez más los que creen que, con un país que navega hacia el centro de la tormenta, debe haber un canal de diálogo con el Presidente. Y, contra lo que podría esperar una lectura convencional, esta estrategia es liderada por Elisa Carrió. Desde su retiro de Exaltación de la Cruz, Carrió sostiene, con una combinación de preocupación y sentido del humor: «Si Duhalde fuera culto, estaríamos de acuerdo con que estamos ante un golpe de Estado. Pero él no sabe que la expresión se originó en Francia, en el siglo XVII, cuando se hablaba de Coup d’Etat para denominar las luchas de facciones en la monarquía. Coup d’Etat fue, por ejemplo, la decisión de Catalina de Medici de eliminar a los hugonotes en la matanza de San Bartolomé». Carrió se remonta casi cuatro siglos para explicar que hoy, en sentido etimológico, «la que está dando el golpe es Cristina. Está retirándole a Fernández el poder. Nosotros no podemos ser cómplices de esa maniobra. Tenemos que garantizar la gobernabilidad. Por eso yo estoy con Horacio en tender un puente que la asegure. También se lo digo a Mauricio. No auspicio confrontaciones ciegas. Ni en la Nación ni en Juntos por el Cambio. Para nosotros no debe ser ‘cuanto peor mejor’».
Carrió hace una interpretación sofisticada de una escena que Duhalde, alarmado, describió ante Cornejo la semana pasada: «Tenemos que rescatar al Presidente de las garras de Cristina». La incógnita mayor: Fernández, ¿quiere ser rescatado? Más aún: ¿se siente prisionero? La intervención del mercado de las telecomunicaciones, que es el significado del establecimiento de tarifas en lugar de precios, fue conversada con la vicepresidenta durante semanas. Pero la decisión fue de Fernández. Aun cuando significó pulverizar el acuerdo de los responsables del Enacom, Claudio Ambrosini y Gustavo López, con las empresas del sector. Ese entendimiento se produjo el miércoles de la semana pasada. Consistía en la fijación de nuevos precios hasta diciembre. Cecilia Todesca convalidó los números. Nadie habló de los chicos humildes que carecen de internet. Son los mismos chicos que tienen las escuelas cerradas mientras están abiertos los casinos.
Cuarenta y ocho horas más tarde, López, ligado a Oscar Parrilli, redactaba el DNU de intervención junto con Micaela Sánchez Malcolm. Los afectados se enteraron por un tuit. El jefe político de Malcolm es el sagaz Juan Manuel Olmos, jefe de asesores del Presidente. Olmos es un interlocutor de las empresas afectadas. Sobre todo, de Telefónica. ¿Sabía el golpe que estaba dando Fernández? A Olmos le escucharon decir que se enteró por el tuit del Presidente. Un crack.
El avance del Estado sobre el sector tendría su raíz en un arrebato de furia de Fernández contra el Grupo Clarín, al que atribuye movilizar los banderazos. Parece increíble, no solo por la presunción conspirativa. También porque, para neutralizar una presunta línea editorial, el Presidente desató una crisis en un sector estratégico de la economía. Y de las relaciones internacionales. Ayer, la cámara de empresas estadounidenses dirigió una carta a Santiago Cafiero expresando la preocupación por el cambio regulatorio. Es un gesto para registrar: Fernández y Guzmán abrieron ayer negociaciones con el FMI, donde los Estados Unidos son determinantes. Guzmán tal vez chequee una información que circula por algunos directorios de Buenos Aires: ¿Georgieva tiene un vínculo histórico con AT&T? Es la principal operadora del planeta. Dueña de DirectTV, una de las víctimas del decreto de Fernández. Son riesgos que, tal vez, refuercen las convicciones antiimperialistas del Presidente.
El frente de conflicto que se abrió en las telecomunicaciones no modificó el enojo oficial. Sergio Massa, el padrino de Ambrosini, almorzó con Fernández anteayer. Y ayer desayunó con Cafiero. Sus pedidos de prudencia no tuvieron eco. Eduardo «Wado» de Pedro, para quien el pragmatismo no tiene secretos, tampoco ofrece soluciones a sus amigos de Telecom, donde fue designado director. Tuvo visitas anteayer. Infructuosas.
El caso de las telecomunicaciones es uno en cientos. Anteayer, el Presidente debió vetar los artículos 18 y 19 de la ampliación del presupuesto que él mismo había enviado al Congreso. Allí constaba un acuerdo con las empresas de distribución eléctrica, sobre todo Edenor y Edesur. Tendrían facilidades para pagar las deudas con el sector público a cambio de restricciones tarifarias. Cristina Kirchner no quiso eliminar esas cláusulas para que la ley no volviera a Diputados. Pero ordenó al Presidente que las vetara. Habría sido por un consejo de Federico Basualdo, su delegado en el ENRE.
El Ministerio de Infraestructura avanzó en la negociación con las empresas constructoras que, por la devaluación, no pueden cumplir con los contratos de los PPP. Es una operación con riesgos judiciales, de ambos lados. En las compañías aseguran que, cuando se llegó a un entendimiento, Guzmán lo invalidó. Guzmán está cada día más alineado con la vicepresidenta. ¿Por eso se alejó Gerardo Otero, el jefe de Gabinete del ministro Gabriel Katopodis? En el ministerio lo desmienten. Y aseguran que la negociación sigue abierta.
¿Cristina Kirchner monta una empalizada alrededor del Presidente por razones conceptuales o políticas? Si se observa la encuesta de Poliarquía del mes pasado, Fernández registra una imagen positiva del 63%. Y una negativa de 17 puntos positivos. Su mentora, en cambio, tiene una imagen positiva de 33% y una negativa del 47%. La distancia es muy considerable. Y debe ser, para la autoestima vicepresidencial, muy molesta.
El acoso de la señora de Kirchner, que el dócil Fernández asimila, es eficaz. En abril, 67% de simpatizantes de Juntos por el Cambio aprobaba al Presidente. Hoy ese porcentaje descendió a 36. Asimilándose a su tutora, Fernández va perdiendo su capital diferencial. Su capacidad electoral para el año próximo depende de ese capital.
Cuando Cristina Kirchner va por todo, va sobre ese patrimonio de Fernández. No da la impresión de estar obsesionada por las elecciones. Vive, parafraseando a Balbín, «en nombre de sus viejas luchas». Defiende su gobierno. Que es aquel gobierno. El de 2007 a 2015. No este. Está fijada en ese pasado. Reniega por aquellos conflictos. Jorge Alemán, el Bucay del kirchnerismo, le aconsejaría «soltar y sanar».
El 24 de agosto el intendente Diego Valenzuela autorizó la vuelta de las actividades deportivas individuales en Tres de Febrero, en conformidad a la resolución 2093/20 de la Provincia de Buenos Aires. Por eso, reabrimos las puertas el CEDEM 2 de Caseros (Alberdi 5040) y, a partir del lunes 31 de agosto, las del CEDEM 3 de El Libertador (Miramar y Emancipador) para que las familias puedan volver a disfrutar de clases y deportes cumpliendo con un protocolo sanitario.
En los predios contarás con distintas actividades que se harán de lunes a viernes y para algunas tendrás que solicitar turno previo de manera telefónica. Como parte de las medidas preventivas, se estableció que todas las personas que quieran entrar deberán llegar con 15 minutos de anticipación y cumplir con el registro de ingreso que implica la medición de temperatura, la entrega de ficha de salud y la firma de una declaración jurada.
Te dejamos el cronograma de cada Centro Deportivo para que conozcas sus entrenamientos y horarios:
CEDEM 2
Actividades atléticas individuales: lunes a viernes de 8 a 17 h (sin turno)
Clases individuales de Funcional: lunes a viernes de 11 a 12 h (con turno previo)
Clases individuales de Ritmos/Gimnasia: lunes a viernes por la mañana de 9 a 10 h. Miércoles y viernes por la tarde de 15 a 16 h y de 16 a 17 h (con turno previo)
Clases individuales de Stretching: lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 h (con turno previo)
Entrenamientos individuales
Deportes individuales: patín, tenis de mesa
Rehabilitación en pileta y gimnasio: únicamente con prescripción médica
Para consultas y reserva de turnos 4716-0339.
CEDEM 3
Actividades atléticas individuales: lunes a viernes 10.30 a 18 h (sin turno)
Clases individuales de Funcional: lunes, miércoles y viernes de 17 a 17.45 h (con turno previo)
Clases individuales de Aerolocal: lunes y miércoles de 14 a 15 h (con turno previo)
Clases individuales de Stretching: martes y jueves de 10.30 a 11.30 h (con turno previo)
Clases individuales de zumba: lunes y miércoles de 18 a 19 h (con turno previo)
Clases individuales de Gym Total: lunes y miércoles de 18 a 19 h (con turno previo)
La reforma judicial es la nueva batalla política que está dando el kirchnerismo. Con diferencias internas, con estrategias distintas en las dos cámaras del Congreso, pero con la convicción clara de avanzar con el proyecto de ley que el presidente Alberto Fernández le envió al Poder Legislativo hace un mes. Una batalla política que le valió un nuevo enfrentamiento con el partido más grande de la oposición en el medio de la gestión de la pandemia, justo cuando el pico de contagios de coronavirus finalmente llegó.
El proyecto recibió en las últimas horas media sanción en la Cámara de Senadores. El Frente de Todos, que tiene mayoría en el recinto, la aprobó sin contratiempos y luego de varias horas en las que la tensión fue en aumento. Cristina Kirchner hizo valer su poder y alineó a todos los legisladores peronistas para acompañar la iniciativa. Justo dos días después de asegurar que el proyecto que se trataría no sería la “verdadera reforma judicial que necesita el país”.
El próximo paso será debatirla en Diputados. Y ahí entrará en juego la muñeca del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y del presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Un tándem que tiene un sistema aceitado de gestión luego de pocos meses de trabajar en conjunto. Una dupla que por lo bajo, sin hacer demasiado ruido, negocia acuerdos con el peronismo disidente cuando las negociaciones se tensan por falta de consenso.
Sergio Massa y Máximo Kirchner trabajen en tándem en la Cámara de Diputados
La reforma judicial será un nuevo desafío para ambos. Juntos por el Cambio no va a acompañar el proyecto tal cual está y como se aprobó anoche. Tampoco lo hará el interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca y que cuenta con el padrinazgo de Roberto Lavagna y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. En el interbloque que lidera el mendocino José Luis Ramón hay dos legisladores que tienen decidido no acompañar. En la Izquierda, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño adelantaron que tampoco respaldarán el proyecto. Con ese cuadro de situación los números se complicaron.
Massa busca dilatar el proyecto y estirar las negociaciones mientras el documento se discute en las comisiones de la Cámara baja. “Va a llevar mucho tiempo. No es un problema de correr o no correr, es un problema de cómo trabaja cada Cámara con realidades distintas”, justificó en público, marcando que los tiempos de gestión y negociación serán otros en la cámara que preside. En gran medida se debe a que los números son más ajustados y el oficialismo tiene que negociar hasta el quórum. El líder del Frente Renovador tiene un espíritu más negociador que el de Cristina Kirchner.
En el quórum reside el primer escollo que deben saltar en el Frente de Todos. Son 119 legisladores. Pero uno de ellos, José Ignacio De Mendiguren, está de licencia porque es parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En caso de ser necesario le pedirían que vuelva. Sería una jugada desprolija. Pero una última opción a tener en cuenta si deciden avanzar con el tratamiento de la ley y los votos no están.
Sin De Mendiguren, el oficialismo tiene 118 bancas. Necesitan 11 más para poder habilitar la sesión. En general, lo suelen hacer con el acompañamiento del interbloque Unidad Federal, en el que hay 8 legisladores, los dos de la Izquierda, el interbloque donde conviven cordobeses, socialistas, lavagnistas y peronistas disidentes, que en total suman 11 bancas, y algunos monobloque. Pero en esta oportunidad la situación será diferente.
El presidente del interbloque Federal, Eduardo «Bali» Bucca
La negociación para lograr habilitar la futura sesión que trate el proyecto de reforma judicial será extremadamente ajustada. Al día de hoy los 11 legisladores del interbloque Federal no bajarán al recinto. Tampoco lo hará Romina Del Plá, mientras que Del Caño, quien ya adelantó su rechazo, aún evalúa si prestar o no su banca para el quórum. En el interbloque Unidad Federal hay dos legisladores que no acompañarán la reforma y tampoco se sentarán. Son Antonio Carambia y Beatríz Ávila. Entonces, de ese espacio, el oficialismo puede contar solo con 6 legisladores.
Los 118 del Frente de Todos más los 6 del interbloque de Unidad Federal son 124. Los cinco restantes aún no están seguros. Intentarán convencer a Del Caño y llegar a 125. Después buscar a cuatro legisladores que están sueltos y podrían concretar el quórum. Allí surgen los nombres de la neuquina Alma Sapag y del rionegrino Luis Di Giacomo. Si ambos acompañaran llegarían a 127. Los números son finos. Muy finos.
Si pudieran asegurarse el quórum, el paso siguiente será buscar el acuerdo de un sector de la oposición para aprobar la ley, donde necesitarían la mitad más uno, ya que Juntos por el Cambio, una vez habilitada la sesión, bajaría al recinto para discutirla. Es en ese punto donde el oficialismo sabe que la cuenta no le da. No están los votos suficientes para lograr la aprobación. La única forma de hacerlo es negociar modificaciones, discutir punto por punto el proyecto y buscar consenso. Al menos con los interbloques que suelen arbitrar las discusiones en la Cámara baja, que son los de Bucca y Ramón.
Esa negociación implicaría estirar la discusión hacia adelante y tratar de limar asperezas. La situación parece por demás compleja. Una voz del lavagnismo expone esa dificultad en dos oraciones: “Lo que mejor puede hacer el Gobierno es dar vuelta la página. Hay que cambiar las condiciones contextuales. Cosas que no tienen que ver con los artículos del proyecto”.
El interbloque que conduce José Luis Ramón apoyará, en su mayoría, la reforma Judicial (@JoseLuisRamonOk)
¿Cuál es el factor contextual? Las formas. Entienden que la reforma judicial no es un trámite que se saca rápido. No les gustó la avanzada del Frente de Todos para discutirlo y aprobarlo en pocos meses. Además, advierten que el proyecto ya salió del Senado sin consenso, luego de que se tratara con un dictamen que no fue aprobado por la oposición. La importancia de la ley merece un consenso amplio, de todas las fuerzas. Esa es la idea que tienen y que los llevó a marcar su disidencia con la posibilidad de discutir el proyecto. Esa idea identifica a todo el interbloque Federal.
Los más negociadores dentro de ese espacio legislativoconsideran que el mejor camino que puede seguir el Gobierno es estirar la negociación, debatirla en profundidad y tratar la reforma sobre fin de año, después de recorrer un camino que le permita lograr algunas modificaciones en el texto. Barajar y dar de nuevo. Luego, discutir punto por punto con más tiempo.
En Juntos por el Cambio la posición es muy rígida. Ninguno de los 116 legisladores va a dar quórum ni acompañar el proyecto. Consideran que el oficialismo debe retirarlo y volver a empezar una negociación de consenso real. Para ellos no es una opción la modificación de artículos en la Cámara baja porque en esta oportunidad Diputados es una cámara revisora, lo que implica que el proyecto, al volver al Senado, corre el riesgo de ser aprobado tal cual estaba al principio y sin que el oficialismo convalide los cambios.
Juntos por el Cambio no está dispuesto a dar quórum ni a votar la ley (Gustavo Gavotti)
El discurso que bajan en el oficialismo dentro de Diputados es que no quieren apurar el tratamiento del proyecto. Que debe debatirse con tranquilidad en las comisiones y que se debe trabajar en los acuerdos parlamentarios. Una señal de que piensan llevar adelante la rosca legislativa de una forma diferente a la que tiene el Senado, donde no hay negociación y el vínculo entre las partes es friccionado. Advierten que los números no están.
El escenario a futuro está cargado de incertidumbre. ¿Será tratado el proyecto en Diputados? ¿El oficialismo apretará el acelerador e intentará aprobarlo con pequeños consensos que le permitan lograr la mayoría en el momento de la votación? ¿La negociación parlamentaria se estirará en el tiempo para poder gestionar acuerdos? ¿El presidente Alberto Fernández entrará en acción para gestionar él mismo los acuerdos que hagan falta?
El oficialismo aprobó en el Senado el proyecto de reforma judicial y logró enviarlo a la Cámara de Diputados tras un extenso debate en el que destacó que la iniciativa «fortalecerá» a la justicia federal en todo el país, mientras la oposición insistió en que se busca «impunidad» y cuestionó la creación de nuevos cargos. La iniciativa recibió los esperados 40 votos afirmativos y 26 negativos. La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, abrió la sesión a las 14:36 del jueves, mientras se desarrollaba una protesta contra la reforma en la periferia del Congreso, con más de 40 senadores anotados para hablar sobre el proyecto que apunta principalmente a la ampliación del fuero federal. Con la aprobación del proyecto sostenida por su mayoría de 41 votos, el Frente de Todos destacó que la iniciativa permitirá el «fortalecimiento de la Justicia Federal» en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en las provincias, y afirmó que apunta a «la necesidad de recuperar la independencia de los jueces». El proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno tiene entre sus puntos principales la unificación de los juzgados que entienden en delitos federales bajo la denominación de fuero Penal Federal. Parrilli cedió y aceptó eliminar la polémica cláusula: «Se tragaron el anzuelo» La iniciativa fue discutida en varias audiencias realizadas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, por donde pasaron unos 50 especialistas que realizaron varias objeciones, algunas de las cuales fueron tomadas para modificar la letra original. El punto central es la unificación de los 12 juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los 11 juzgados nacionales en lo Penal Económico en un fuero que se llamaría Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esto se vería ampliada de 12 a 23 la cantidad de jueces de la Ciudad -con base en Comodoro Py- con competencia en las causas sobre delitos federales como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y lesa humanidad, entre otros. No obstante, las causas actualmente en proceso en los tribunales y cámaras de apelaciones de esos fueros «continuarán su trámite ante esos mismos órganos, hasta su conclusión», según el proyecto. Patricia Bullrich le advirtió a Cristina Kirchner que la reforma «es clandestina» Durante el tratamiento en las comisiones la mayoría de los juristas y expertos consultados criticaron diversos aspectos de la iniciativa, con varias coincidencias sobre una posible «contradicción» con el objetivo que se plantea, de agilizar la adaptación del sistema judicial al modelo acusatorio, cuya aplicación empezó por Salta y Jujuy. En este sentido, cuestionaron la conveniencia de crear nuevos juzgados en distintos puntos del país cuando deberían fortalecerse y ampliarse las fiscalías para cumplir con el fin de adaptarse al sistema acusatorio. Tras esas audiencias, el oficialismo hizo varios cambios al proyecto, entre los que se destacó el hecho de dejar de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, algo que también había sido cuestionado por jueces de esos fueros. Otro fue que los sorteos de causas serán «grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad» para garantizar la «transparencia» y se mantendrá el examen escrito para los concursos de selección, conservando el anonimato. A pedido del oficialista Oscar Parrilli una cláusula que afianzó más el rechazo de la oposición y que exhorta a los jueces a denunciar «en forma inmediata» supuestas presiones «de los poderes mediáticos». Jorge Yoma criticó la «bochornosa» reforma judicial: «Solo está en la agenda del gobierno» Por otra parte, el proyecto establece la creación de nuevas Cámaras de Apelaciones y los respectivos distritos judiciales en distintas provincias, así como cargos para defensores oficiales y fiscales, al tiempo que mantiene las secretarías con competencia en causas de derechos humanos. También indica que una vez que se cuente con el presupuesto necesario para la habilitación de los nuevos juzgados que se crean y se encuentren en trámite los concursos para cubrir las vacantes correspondientes, se procederá a designar jueces subrogantes. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, dentro del plazo de 10 días de la entrada en vigencia de la ley, deberá elaborar y enviar al Consejo de la Magistratura una lista con los candidatos del fuero Criminal y Correccional Nacional a subrogar los juzgados del 24 al 46 del Fuero Penal Federal. El Consejo de la Magistratura elegirá de esa lista a los 23 jueces y juezas subrogantes -con atención a los antecedentes y a la paridad de género- y deberá aprobarlos con los dos tercios de sus miembros, tras lo cual la lista será remitida al Poder Ejecutivo, quien los designará con acuerdo previo del Senado.
Se acerca septiembre y, una vez más, el Banco Central espera una disparada de las compras de dólares por parte de minoristas que se concentran en su mayoría en los primeros días del mes. Aunque la mayor parte de los compradores son ahorristas cuyos movimientos no pueden ser objetados de ninguna manera por la entidad conducida por Miguel Pesce, aun así el regulador está en alerta para desincentivar maniobras que hagan aún más fuerte el impacto sobre las reservas.
Este mes el BCRA dio a conocer una lista de casi 5.000 personas que quedaron inhabilitadas para comprar dólares en el mercado formal y a las que se les armó un sumario que puede derivar en una causa judicial con multas de hasta 10 veces lo operado y hasta 8 años de prisión en caso de reincidencia. Cada caso es distinto, pero en el agregado los movimientos financieros de los ahorristas involucrados muestran patrones en común.
Se trata de cuentas en pesos y en dólares que fueron abiertas en simultáneo, en general sin historia previa de movimientos cambiarios relevantes, y muchos de ellos simplemente prestaron sus DNI. No se trata de personas que superaron el límite de transferencias mensuales ni otros incumplimientos menores, que tienen otro tratamiento.
Los 5.000 sumarios llegaron semanas después de la inhabilitación para operar en cambios de otros 360 CUIT, también por supuestas violaciones a la ley penal cambiaria.
Sin la posibilidad de cerrar esa canilla, en el Gobierno primaron los temores respecto al impacto político y financiero que tendría hacerlo, ahora la entidad trata de limitar el crecimiento de las compras desde lo regulatorio. Y de aumentar la percepción de riesgo de los que intentan distintos trucos para evadir los controles de cambio.
¿Por qué el BCRA investiga al “chiquitaje”? La preocupación de la entidad monetaria se basa en el sacrificio de reservas líquidas para equilibrar la oferta del mercado de cambios. El Central vendió en la plaza de contado más de USD 900 millones en agosto tras sacrificar USD 568 millones más el mes previo.
La preocupación de la entidad monetaria se basa en el sacrificio de reservas líquidas para equilibrar la oferta del mercado de cambios. El Central vendió en la plaza de contado más de USD 900 millones en agosto tras sacrificar USD 568 millones más el mes previo.
Según pudo conocer Infobae, el factor en común entre las personas inhabilitadas por el BCRA es que, en general, abrieron las cuentas sin la documentación correspondiente. La primera cuenta bancaria se puede abrir por “debida diligencia” con apenas la presentación digital de un DNI. Nuevas aperturas requieren medidas de seguridad más estrechas, más específicamente antilavado, que deben cumplir los bancos y entidades financieras, del tipo “conozca a su cliente”. Esto es, que los bancos deben ocuparse de exigir pruebas tangibles del origen de los fondos de sus clientes.
Por lo general, también, estas cuentas relativamente nuevas recibieron transferencias en pesos que usaron de inmediato para comprar dólares. Luego, remitieron los dólares a una cuenta recaudadora, de un tercero. En las operaciones los bancos digitales –entidades financieras sin sucursales que abren cuentas a distancia y permiten operar con mayor agilidad y menos costos– tienen un rol preponderante.
Los que están en la lista, técnicamente, son acusados por el BCRA por “falsas declaraciones en operaciones de cambio” y los organizadores, dueños de las cuentas recaudadoras a las que eran destinadas los dólares, por “operar en cambios sin autorización”.
La pandemia dejó desierta a la City porteña, pero el apetito por dólares se sostuvo a través de las compras electrónicas. Las trampas para eludir al cepo también se digitalizaron. Erica Canepa/Bloomberg
La sospecha es que muchos de los nuevos compradores prestaron sus DNI a terceros que abrieron las cuentas y las utilizaron para comprar divisas, aprovechando el cupo de USD 200 asignado a cada uno de ellos. Los prestanombres cumplieron el rol de “coleros digitales”, mientras que los segundos son “organizadores” o “recaudadores”.
La suspensión por tiempo indeterminado para operar en cambios no es la única medida que toma el BCRA contra estos usuarios. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, encargada de la regulación, arma sumarios y los deriva a la Justicia. Los casos quedan a cargo de juzgados penales económicos porteños, en el caso de ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de los juzgados federales en el caso de residentes del resto del país.
Las penas a las que están sujetos “coleros digitales” y “recaudadores” van desde multas que pueden alcanzar hasta 10 veces el monto de la infracción o, incluso, en caso de reincidencia, penas de prisión que en principio llegan a los 8 años. Además, el BCRA tiene la posibilidad de inhabilitar para operar en el mercado de cambios hasta por 10 años.
Este viernes 28 de agosto vence el plazo para que los tenedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera confirmen el ingreso al canje de deuda argentina y los analistas privados estiman una alta aceptación de la operación. A las 18 de Argentina (17 en Nueva York) cerrará formalmente el plazo, mientras que el 4 de septiembre, tal como lo establece el organigrama fijado por el Gobierno, los inversores tendrán en sus cuentas los nuevos títulos. De esta forma la Argentina intentará estirar vencimientos y reducir sus compromisos a través de nuevos títulos de deuda en dólares y en euros con vencimiento en los años 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046. El bono 2030 se contemplará para el pago de intereses corridos que no fueron abonados en los últimos meses, siempre que los inversores ingresen en esta etapa del canje que culmina este viernes. Este beneficio no correrá para los bonistas que se vean obligados a ingresar a la operación luego, una vez obtenidas las mayorías necesarias que activan las cláusulas de acción colectiva. De igual modo, los nuevos instrumentos comenzarán a devengar intereses desde el día de liquidación, el 4 de septiembre, aunque el primer pago se realizará al año debido al plazo de gracia. El Gobierno anunció un acuerdo con los acreedores por el canje de la deuda Con esta operación de canje, la Argentina logrará reducir el pago de intereses prácticamente a la mitad, ahorrándose unos 35.000 millones de dólares y el capital se contraerá al 5% en algunos bonos globales. Según algunos analistas privados, gracias al canje logrado la Argentina mejorará su perfil de deuda y los bonos nuevos tendrían una tasa de rendimiento de salida menor a la actual, de entre 10 y 11%. Esta semana los rendimientos de los bonos argentinos se ubican un poco más altos, entre 12 y 13,5%, pero los analistas advierten que a partir del próximo lunes bajaran y se ubicarán en el rango de 10%/11%, debido a que los tecnicismos que demanda la operación están influyendo en la baja de precios, según explicaron a Télam. Para Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, la actual «es una semana compleja por las cuestiones técnicas del canje, si bien vemos que va a salir bien se van a activar todas las CAC internacionales y luego, el canje de deuda local será súper exitoso, con una adhesión que estimamos arriba de 90%». «Los bonos argentinos hoy operan con un riesgo implícito de «alrededor del 12,5% los largo y los cortos están arriba de 13%, pero es una cuestión técnica de mercado que se van a solucionar la primer semana del lanzamiento de los bonos nuevos», consideró. Se espera recuperación en el mercado luego del canje de deuda El ex administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses opinó que «la tasa salida de los bonos descenderá el 13· al 11,5% en promedio, y luego habrá que ver el contexto internacional, pero somos positivos del contexto de mercados emergentes y la argentina va a tener el horizonte despejado en próximos años». El analista financiero Claudio Zuchovicki coincidió con López Alfaro en cuanto a las cuestiones técnicas de esta semana, «ya que no hay compras porque entras al canje y hay algunas ventas por necesidad de liquidez, además del parking, lo cual distorsionan los precios», a la baja. Pero, continuó, «indefectiblemente el canje será exitoso y mejorará el perfil de deuda, y la tasa de salida de los nuevo bonos tendrá un piso de 10%». Estiman que el nivel de adhesión al canje de deuda podría cerrar por encima del 80% Por último, Mauro Mazza, de Bullmarket Brokers, coincidió en las cuestiones operativas que distorsionan los rendimientos actuales. «La tasa salida de los bonos está entre el 13 y 13.5% para los ley argentina, y los extranjeros entorno al 12%, y vemos un upside (posibilidad de suba) de alrededor de 18-20% para los nuevos Bonar y de 10-12% para los nuevos bono globales», dijo el analista. Mazza opinó que «en los (bonos) ley extranjera estamos esperando un èxito total con los bonos globales, pero tenemos dudas aun con los indentures de 2005, ya que probablemente en este llamado no alcanzan el mínimo de CACs, eso afectaría al Discount y Par», consideró. Asimismo, expresó que «para el canje ley argentina el éxito está asegurado; más de la mitad de tenedores son entes del Estado y en algunos bonos, el BCRA tiene el 100%», concluyó.
El presidente Alberto Fernández se reunirá por primera vez en la semana con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof este mediodía en la Quinta de Olivos. Como ya lo hicieron otras diez veces, pulirán los detalles del anuncio que oficializarán un par de horas más tarde sobre el futuro de la cuarentena. Sin embargo, no todo será igual. Esta vez las autoridades eligieron no compartir un mensaje televisivo: los anuncios se harían a través de un comunicado de prensa que se difundirá a través de las diversas plataformas digitales de las tres administraciones.
Hay diferentes motivos que llevaron a los dirigentes a cambiar la tradición. El primero -y quizás el más importante- es el clima político. Esta semana se elevó la tensión entre la oposición y el oficialismo en medio de la reforma judicial y luego de las versiones cruzadas entre la Casa Rosada y Juntos por el Cambio sobre el contenido de un encuentro que mantuvieron Fernández y Mauricio Macri en marzo.
Parte de ese clima espeso se sintió en las reuniones que mantuvieron los equipos técnicos de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional para empezar a definir los anuncios que se formalizarán este mediodía. Funcionarios de las tres administraciones reconocen que el diálogo no fluyó en esta oportunidad como en las semanas anteriores. De hecho, generalmente el Presidente, el jefe de Gobierno y el gobernador se reunían los jueves -un día antes del anuncio de extensión de la cuarentena- para coordinar planes, algo que esta vez no sucedió.
De no haber cambios, el gobierno porteño intentará continuar con su plan de aperturas en etapas. Para esta nueva fase, prevé habilitar mesas al aire libre en locales gastronómicos (restaurantes y bares). Esta mañana se discutía si habilitará la venta de bebidas alcohólicas porque no son pocos los que temen un desborde en las cervecerías, rubro que sumó cientos de bocas de expendio en el último año.
“La propuesta es con mesas afuera y atención para evitar que la gente se amontone para retirar pedido en la puerta del local”, explicaron fuentes del gabinete de Rodríguez Larreta.
San Isidro, el primer municipio del Conurbano que habilitó la gastronomía, puso reparos a la venta de bebidas alcohólicas.
El jefe de Gobierno llegará a Olivos con una carpeta que incluye otro tema que generó discordia esta semana: la reapertura de escuelas. El dirigente del PRO volverá a pedir autorización para permitir que los chicos que perdieron contacto con el sistema educativo puedan acudir presencialmente a los gabinetes informáticos. El proyecto sobre el cual había un principio de acuerdo hace 15 días fue vetado esta semana por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.
El plan de etapas de la Capital Federal se sustenta en elementos sanitarios: la curva de contagios se mantiene estable. Esta mañana, el ministro Fernán Quirós advirtió que hay que tomar un promedio de los últimos siete días para tener estadísticas confiables y esos números continúan siendo positivos para la percepción del gobierno porteño.
La provincia de Buenos Aires también respiró más aliviada esta semana cuando notó por primera vez en mucho tiempo un descenso de la ocupación de camas de terapia intensiva, pero cree que todavía no es momento de tirar manteca al techo. Por eso, por el momento no propiciará nuevas aperturas, al menos en la próxima semana.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, aseguró hoy que es «inminente» la presentación del proyecto para gravar las grandes fortunas y sostuvo que la iniciativa «nunca dejó de estar arriba de la mesa». «El impuesto a las grandes fortunas nunca dejó de estar arriba de la mesa. Siempre dijimos que lo vamos a presentar cuando lo creamos oportuno», afirmó Heller, al sostener que su presentación «es inminente». «En los próximos días vamos a darle entrada al proyecto de impuesto a las grandes fortunas», anticipó en declaraciones a El Destape Radio, y sostuvo que la iniciativa busca «la mejor ecuación en cuanto a que sea la menor cantidad de gente la alcanzada y el máximo beneficio posible». Para avanzar más sobre la estructura del nuevo impuesto, Heller recordó que será por única vez, y se aplicará a «las personas y no a las empresas y sobre la base de sus Declaraciones Juradas, por única vez», dijo, y precisó que «esto no será una comisión investigadora sobre el dinero que las personas tienen en guaridas fiscales; eso habría que hacerlo pero no ahora». «El impuesto a las grandes fortunas será por única vez, es a las personas y no a las empresas y sobre la base de sus Declaraciones Juradas, por única vez», Carlos Heller. En ese sentido, el diputado nacional aclaró que el proyecto se denominará «Aporte Solidario Extraordinario para las personas que tienen fortuna declarada de más de 200 millones de pesos». En ese marco, afirmó que «el impuesto es progresivo y llega al 3,5% para los que tienen más de 3.000 millones de pesos» y precisó que «el universo de personas que pagarían el impuesto son 12.000». «No sé cómo evolucionó la fortuna personal de cada persona. No conocemos los nombres de nadie, trabajamos sobre segmentos», sostuvo Heller, al afirmar que «esto debería producir un ingreso superior a los 300.000 millones de pesos». Vale recordar que a comienzos del mes de junio el mismo Heller había mencionado que el proyecto estaba listo y se disponía a ser debatido. En las declaraciones radiales de este jueves, Heller dijo que presentará la iniciativa en los próximos días al bloque: «Creemos que este es el momento para presentar el impuesto a las grandes fortunas. Hubo muchas cosas que ocuparon la agenda y tuvieron prioridad», indicó. El impuesto apunta a recaudar unos 300.000 millones de pesos. Estarán alcanzadas alreredor de 12.000 personas. De igual modo Heller recordó que estuvo reunido dos veces con el presidente Alberto Fernández: «Una vez cuando le presentamos el proyecto y un tiempo después me llamó para preguntarme qué pasaba que no se presentaba», indicó. Finalmente, el diputado dijo que a su juicio «las sesiones virtuales no son un obstáculo para tratar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas» y afirmó: «esto no es contra nadie ni tiene nombres propios; por eso lo llamamos aporte solidario, para que se entienda».
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En abril, el presidente Alberto Fernandez, se reunió para hablar del impuesto a la riqueza con Máximo Kirchner, Carlos Heller y el ministro de Economia, Martín Guzmán.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/W4U7QUCBQ5GVXL3AOQNUMPYFO4.jpg)
Martín Guzmán, Sergio Massa y Máximo Kirchner
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Sergio Massa y Máximo Kirchner trabajen en tándem en la Cámara de Diputados:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UAHNVCI72BBDFJVVDLAYA54GLM.jpg)
El presidente del interbloque Federal, Eduardo «Bali» Bucca:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GORBMQGV2VH4DAZYHKM42JNWU4.jpg)
El interbloque que conduce José Luis Ramón apoyará, en su mayoría, la reforma Judicial (@JoseLuisRamonOk):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3ASC7SM2HNHOHCULXLRCJCL4KA.jpg)
Juntos por el Cambio no está dispuesto a dar quórum ni a votar la ley (Gustavo Gavotti)
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La pandemia dejó desierta a la City porteña, pero el apetito por dólares se sostuvo a través de las compras electrónicas. Las trampas para eludir al cepo también se digitalizaron. Erica Canepa/Bloomberg
