Autor: Jorge Alfredo Baret

El Gobierno de Alberto Fernández envió esta semana al Congreso el proyecto que fija, por única vez, un aporte extraordinario sobre grandes fortunas, con el cual se pretende recaudar más de $300.000 millones para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, según estimaciones del oficialismo.

La iniciativa impulsada y redactada por los diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner y Carlos Heller, que tiene el visto bueno del Ministerio de Economía, consiste en la aplicación de una tasa que va del 2% al 3,5% a las fortunas de entre $200 millones y $3.000 millones.

Desde el oficialismo lo denominaron “<b>Aporte Extraordinario Solidario</b>” y requiere para su aprobación por tratarse de un nuevo tributo de una “mayoría especial”, esto es el voto positivo de 129 diputados, número exigido para dar quórum a la Cámara

Según cálculos realizados dentro del Gobierno, este aporte podría alcanzar a entre 12 mil y 15 mil grandes contribuyentes, y la recaudación estimada superaría los $300.000 millones.

El aporte no constituye un impuesto en términos legales ni técnicos, y tiene carácter progresivo: mayor riqueza, mayor alícuota.

Desde el oficialismo lo denominaron “Aporte Extraordinario Solidario” y requiere para su aprobación por tratarse de un nuevo tributo de una “mayoría especial”, esto es el voto positivo de 129 diputados, número exigido para dar quórum a la Cámara.

El borrador fue públicamente difundido en abril y rápidamente recibió el rechazo de diversos sectores de la oposición pero principalmente de cámaras empresariales como el Foro de Convergencia -que agrupa a 35 entidades de todo el país- y de otras ligadas a las finanzas y el agro.

En un comunicado, alegaron que “los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.

Quiénes deberán pagar el aporte extraordinario y cuáles serán las alícuotas

De acuerdo a la iniciativa, aportarán quienes hayan declarado al 31 de diciembre de 2019 un patrimonio superior a los 200 millones de pesos y la alícuota dependerá de la riqueza de cada uno.

En el caso de bienes en el exterior, el tributo tendrá un recargo del 50% sobre la alícuota, pero si el poseedor decide repatriar un 30% de las tenencias financieras, se elimina este diferencial.

Se trata de un aporte por única vez con una alícuota que varía entre el 2% y el 3,5%, dependiente del volumen de la fortuna. Alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre $200 millones a $400 millones y la mayor tasa alcanza a menos de 300 personas.

Lo recaudado se destinará de la siguiente manera: un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Un 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y otro 20% destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación.

En tanto, un 15% a los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) y un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de manera exclusiva con YPF.

Una medida sin parangón en el mundo

“Esta medida se está evaluando en muchos países como una herramienta necesaria para enfrentar este duro momento que afecta a toda la población mundial: España, Rusia, Italia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, EEUU, Dinamarca”, destacó un paper que difundieron desde el oficialismo para defender el proyecto.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus circularon en varios países proyectos para gravar a las grandes fortunas. Sin embargo, a diferencia de la Argentina, en la mayoría de los casos fueron presentados por partidos opositores al Gobierno y no lograron avanzar. Incluso en la mayoría de los países del primer mundo ya no existen los impuestos al patrimonio.

En Estados Unidos la ex candidata demócrata Elizabeth Warren propuso un impuesto del 2% para aquellos patrimonios que superasen los USD 50 millones y un 3% para los que superasen los USD 1.000.

Asimismo, en España la propuesta del partido Podemos es de un 2% para patrimonios netos a partir de un millón de euros (con una exención de para la primera vivienda) y luego 2,5% a partir de 10 millones de euros, 3% a partir de 50 millones de euros y 3,5% a partir de 100 millones de euros.

Según el tributarista César Litvin, ninguno llegó a prosperar. “Además, muchos de los países en los que se evaluaron esos impuestos no tienen uno a los bienes personales como ya existe en la Argentina. Si se aprueba un impuesto a las grandes fortunas, aunque sea por única vez, estará gravando la misma base imponible que el impuesto a los Bienes Personales. Es una duplicación de impuesto sobre el mismo patrimonio”, explicó.

En la Argentina ya existe un impuesto que grava el patrimonio, que es el impuesto a los Bienes Personales, que se estableció en 1991. Hay pocos países que tienen algo similar, entre ellos Uruguay y España, pero en ninguno de esos dos países el piso del mínimo no imponible es tan bajo como en la Argentina, donde se tributa a partir de los $3 millones.

En el caso de Chile, por ejemplo, no existe un impuesto similar a los bienes personales. Los principales impuestos que pagan los contribuyentes chilenos son los que gravan la renta y el consumo.

Mientras que en Brasil existe un impuesto sobre la renta de las personas y también un impuesto sobre algunos bienes y donaciones, con un máximo de 8%, y que se aplica, por ejemplo, a las transferencias de patrimonio inmobiliario.

Puntos controvertidos y posibilidad de litigio

De acuerdo al tributarista Iván Sasovsky, se fija como fecha de corte y foto del patrimonio el 31 de diciembre de 2019, siendo que a este momento el patrimonio era diametralmente diferente a que puede establecerse al momento de la sanción de la ley de su creación, afectando la base imponible y llevando este aporte a ser análogo y complementario con el impuesto sobre los bienes personales.

«Si se aprueba un impuesto a las grandes fortunas, aunque sea por única vez, estará gravando la misma base imponible que el impuesto a los Bienes Personales. Es una duplicación de impuesto sobre el mismo patrimonio”, explicó el tributarista César Litvin.

Para Sasosvsky, uno de los aspectos más peligrosos es la incorporación del concepto de “nacionalidad” a efectos que si un Argentino es residente en un país de baja o nula tributación, o un país no cooperante, debería pagar por el sólo hecho de haber nacido en esta bendita tierra.

“Se vulneran a los tratados internacionales, y se cambiaría el principio general del sistema tributario argentino, pasando de “residencia” a nacionalidad, con el problema adicional que esta nacionalidad resulta irrenunciable”, sostuvo.

Y agregó: “Si bien no veo posible ni razonable hoy esta aprobación, se demuestra un sendero y la gravedad de la argentina ante la crisis actual, puede convertirse en una bomba de tiempo y el espectro de lo posible se va ampliando cada vez más”.

En otro orden, el tributarista Sebastián Domínguez, sostuvo que ante la posibilidad de litigio, en el contexto actual, la Corte puede ser más flexible ya que se trata de una situación de crisis por la pandemia y que el tributo es presentado como un beneficio para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, hay varios aspectos que pueden ser tenidos en cuenta para determinar si el nuevo tributo se convierte en confiscatorio.

Y agregó que este nuevo impuesto, si se aprueba, no debe ser analizado solo, sino en conjunto con el resto de los impuestos, como Bienes Personales, Ganancias. En ese caso, se puede llegar a puede plantear la confiscatoriedad.

Fuente: Infobae.com

Es un robo escandaloso”, así, sin eufemismos, Elisa Carrió volvió a irrumpir en la arena política para dar su postura sobre el aumento de impuestos que según trascendidos, el Gobierno planea llevar adelante. Junto a la Coalición Cívica y el ARI, se emitió un comunicado donde se afirma: “Es una locura que el Gobierno esté pensando en aumentar impuestos en este escenario de crisis económica”. Carrio misma salió en la tarde de este viernes a tuitear. “Argentina ya es uno de los países con la mayor presión tributaria del mundo. Más impuestos es más pobreza”, expresó en la red linkeando el comunicado de su espacio. Allí expresaron: “No les alcanzó con suspender en diciembre la baja gradual de impuestos votada por el Congreso en 2017, sino que ahora intentan avanzar con un impuestazo que imposibilitará cualquier posibilidad de recuperación y crecimiento económico”. Desde la Coalición Civica y el ARI sostuvieron que no se pueden cambiar las reglas de juego constantemente. “Necesitamos equilibrio fiscal, pero no en base a aumentos de impuestos permanentes que ahuyentan el capital, la inversión y a las empresas que generan riqueza y empleo. El Gobierno se equivoca si piensa que aumentando impuestos tendrá más recursos para redistribuir. No se puede distribuir una riqueza que no se genera. Y para generarla necesitamos sacarle el pie de encima al sector privado. Hay que bajar impuestos, como lo sostuvimos siempre y lo votamos en la Reforma de 2017”, añadieron. El Gobierno desmiente una suba del impuesto a las Ganancias para los trabajadores “Argentina ya es uno de los países con la mayor presión tributaria del mundo. Más impuestos es más pobreza. Este nuevo aumento de los porcentajes en ganancias es un nuevo golpe a la clase media, comerciantes, trabajadores y pymes””, concluyeron En otro tuit, la ex legisladora hizo referencia a la designación que se hizo ayer en el Senado de los nuevos representantes de la Cámara alta en los Tribunales de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. “La remoción y nuevo nombramiento que hizo el Senado en el jury de enjuiciamiento solo con el objetivo de atacar a Casal, es nulo insanablemente nulo y es un golpe institucional de Cristina contra un tribunal natural para el juzgamiento de los fiscales”, expresó la referente política.

Fuente: Perfil.com

La demora para anunciar otra prórroga de la cuarentena fue tal que prácticamente coincidió con la difusión de nuevas cifras alarmantes sobre el coronavirus. Alberto Fernández optó esta vez por un video, muy editado, de cinco minutos y medio. A la par, el registro del Ministerio de Salud anotaba 11.717 contagios –marca máxima desde la llegada de la pandemia- y 222 muertes. El mensaje presidencial, esta vez sin conferencia de prensa en compañía de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, oxigenó versiones sobre un giro tensionante en la relación con el jefe de Gobierno porteño. Y, vía voceros informales del oficialismo, se explicó como un gesto para despegarse del tema omnipresente de la pandemia y tratar de ir armando otra “agenda política”.

Eso último está vinculado a la evaluación de los costos de una cuarentena que, a pesar de los mensajes esperanzadores sobre algunos indicadores en Capital y GBA –cuidadosos, por cierto-, se ha convertido en un camino difícil de desandar. La enorme fatiga social, admitida desde hace algún tiempo públicamente, aparece expresada de diferente modo en sondeos que circulan periódicamente y que no escapan al menos ahora al sentido común. El anuncio presidencial de ayer, en forma y extensión, sugirió estar más atado a los números de encuestas que a las cifras de la pandemia.

Las encuestas exponen mensajes claros y también contradicciones, pero como siempre importan los números tomados como tendencia. Y desde fines de mayo, la mayoría de los trabajos difundidos y otros más reservados coinciden en algunos puntos sobre el desgaste social, pero también sobre la persistencia del temor a la enfermedad. Hay, con todo, un creciente vuelvo hacia la necesidad de mayor flexibilización o incluso de fin de la cuarentena.

En paralelo, se registra un crecimiento de las preocupaciones económicas, que algunos sondeos colocan ya sobre el rubro sanitario. Pero también es significativa la reaparición y ascenso del temor y malestar por la inseguridad. Ese conjunto corre a la par del desgaste de la figura presidencial, muy lejos de los valores que los mismos trabajos le adjudicaban a Alberto Fernández a principios de abril, en la etapa más dura de restricciones. Algunas postales de la vida diaria coinciden más allá de los números, siempre discutibles: son un recuerdo lejano los aplausos a las nueve de la noche.

Horacio Rodríguez Larreta, en conferencia de prensa. Ayer anunció nuevas flexibilizaciones de la cuarentena en la Ciudad.

Con todo, pareciera al menos extraño sino contradictorio que justamente ahora, con cifras por encima de los diez mil contagios, el Presidente haya estrenado un formato de anuncio que podría sugerir la intención de correrse del lugar ocupado hasta ahora como jefe directo y hasta paternal del plan sanitario. Visto al revés, quizá no hubiera cambiado mucho si repetía la puesta de los anuncios anteriores, pero habría evitado profundizar la sensación confusa que arrancó con la negación de la existencia de la cuarentena cuando ya llevaba cinco meses.

Pero los mensajes contradictorios, sobre todo en sentido político, no se agotan allí. Alberto Fernández, según se repitió desde sus cercanías, tendría una estrategia de fondo que buscó hacer coincidir con el manejo de la pandemia, al menos en un punto. Se sostuvo que una columna fundamental sería algún tipo de acuerdo político con el peronismo tradicional y, hacia fuera, con el sector “moderado” o dialoguista de Juntos por el Cambio. En el cuadro de la cuarentena y no sólo por necesidades sanitarias en el ámbito metropolitano, la traducción llevaba el nombre de Horacio Rodríguez Larreta. Junto a eso, buscaría ir rearmando un punteo político que sirviera a la vez para generar iniciativas post cuarentena o más allá de la cuarentena. Y en ese renglón apareció finalmente el postergado proyecto de reforma de la justicia federal.

Ayer, el día estuvo marcado por especulaciones sobre la demora del mensaje presidencial, que produjo una entrega hasta ese momento inédita: el jefe de Gobierno porteño hizo sus anuncios antes de la presentación del Presidente. Rodríguez Larreta evitó cualquier costado de confrontación, aunque fue visible su incomodidad frente a preguntas sobre lo extraño de esta secuencia de anuncios. También fue notorio el malestar por el rechazo del ministro Nicolás Trotta al planteo de reapertura muy parcial de actividades educativas en el país. Rodríguez Larreta no da por agotada la pelea.

No fue lo único. Menos visible, operaba como cortinado una declaración de apenas un rato antes hecha por el Presidente durante un acto oficial en Santa Fe. Alberto Fernández contrapuso el cuadro económico de las provincias con la situación de la Capital, que según su calificación sería opulenta. Pareció una referencia al menos vieja sobre la Ciudad y más bien limitada a circuitos como Puerto Madero. Pero fuera de eso, la inquietud fue producida por el eco de frases parecidas de Cristina Fernández de Kirchner, antes del coronavirus y cuando se producía una carga para podarle fondos al distrito porteño.

Cristina Kirchner, al frente de la sesión virtual del Senado. La reforma judicial fue aprobada con muchos agregados.

Ese discurso apareció en momentos que desde las cercanías del Presidente se vuelve a hablar de la necesidad de acuerdos políticos con el “ala blanda” de JxC. No sólo palabras, sino además gestiones para acercarle interlocutores al Presidente. También habría algún guiño a un sector radical que en la provincia de Buenos Aires, sin cuidar el contrasentido de ir contra la conducción partidaria del distrito, aliada firme de María Eugenia Vidal. Señales de explicación difícil para la relación con el jefe de Gobierno porteño y la ex gobernadora, figuras de peso en el bando considerado moderado de JxC.

Más complejo es el cuadro que se avecina en Diputados con la llegada del proyecto judicial ya sancionado por los senadores. El texto dejó en el camino la “cláusula Parrilli” contra el periodismo –un dato importante para el Presidente-, pero incluyó de manera bastante llamativa una serie de añadidos supuestamente acordados con gobernadores. Bajo la conducción de CFK y minutos antes de la votación, se agregaron a granel jueces y tribunales que más que triplican el presupuesto de la inciativa.

Legisladores cercanos a Sergio Massa consideran que el texto es desprolijo y hasta un mamarracho. Y en la oposición lo resumen así para reforzar su rechazo: “Era muy malo y quedó peor”. El presidente de la Cámara y Máximo Kirchner deberían recuperar aliados antes que explorar caminos para vencer resistencias opositoras. Se verá y una señal surgirá del ritmo del trámite.

Por lo pronto, Massa llamó a una sesión para la semana que viene con temario limitado a proyectos para reanimar el turismo y combatir la pesca ilegal. Es tanto el recelo, que en la oposición no lo ven como una diagonal para salir del tema judicial, sino como una jugada para allanar el camino a sesiones virtuales sin aval de todos los bloques.

Fuentes cercanas a “moderados” de JxC dicen que no hay margen de acuerdo para la reforma judicial, asociada a presiones sobre la Corte Suprema y otras movidas. Creen que otra discusión sería posible con el Presupuesto, aunque prefieren ser cautos frente al clima político dominante con la Justicia como eje. El punto es que consideran que el Presidente está envuelto en las propias internas del poder. Y eso ha dinamitado ensayos previos de acercamiento, alguno que otro público y otros tantos reservados.

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández pasó por Santa Fe este viernes 28 de agosto, y reunido con gobernadores dejó una frase filosa: «Argentina dice ser un país federal pero es profundamente unitario, pero Buenos Aires es una ciudad que nos llena de culpa por verla tan opulenta”, situación que consideró «injusta», Y esta mañana en una nota en Radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se vio obligado por las preguntas a referirse al asunto, señalando sobre la «opulencia» porteña que «primero quiero decir que no me lo tomo así (como que el Gobierno nacional escala los ataques contra su gestión porque lo ve crecer en las encuestas), no me quiero enganchar en discusiones que no sean constructivas, ahora si en la Capital nos ha ido bien, yo creo que lo que tenemos que buscar es nivelar para arriba». «Si la Capital se pone como ejemplo, que en todo el país se trabaje para lograr un mismo nivel de desarrollo, creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, y eso necesita un consenso», señaló Rodríguez Larreta, que se negó a señalar a la Ciudad como opulenta, indicando que «si hay alguna diferencia, creo que hay que buscar que todos se desarrollen, que se consiga un desarrollo lo más equilibrado posible». «Yo estoy para ayudar, en mi rol de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde mi rol en la oposición», insistió el líder porteño tratando de evitar los roces. «Estoy convencido de que para lograr ese desarrollo tan postergado, porque venimos de años de problemas, tenemos que tener un nivel de consenso y el diálogo que venimos teniendo con el Presidente, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, eso es lo que tenemos que hacer, con convicciones claras, pero lo tenemos que seguir haciendo, más allá si después si la comunicación de hace juntos o separados, lo importante, el espíritu, es que como fue esta semana y las anteriores, podamos trabajar juntos», afirmó apuntando en la última frase a la particularidad que tuvieron esta vez los anuncios de extensión de cuarentena, sin la habitual foto junto a Fernández y Axel Kicillof. Cuarentena: Alberto F. anunció que sigue hasta el 20 de septiembre y habrá reuniones al aire libre «Los sectores ultras no nos van a llevar a ningún buen camino, yo no me voy a enganchar hagan lo que hagan o digan lo que digan los sectores ultras, porque no creo en eso, porque solo nos van a conducir a más pelea, a más grieta, yo no me voy a sumar a eso, no tenemos que dejarnos llevar por eso, tenemos que insistir en juntarnos con los sectores que podemos sentarnos a negociar, a consensuar», remarcó varias veces Larreta en el diálogo con Marcelo Bonelli «incluso cuando hay que discutir, poque en muchos asuntos no estaremos de acuerdo porque somos de espacios políticos distintos, hay que hacerlo con altura, discutiendo ideas, sin llevarlo a lo personal». Larreta se refería a los choques que se están dando entre su administración y el Ministerio de Educación de la Nación, respecto al «acercamiento de miles de chicos que perdieron contacto con las escuelas porteñas en la pandemia», con los que la Ciudad había planeado reabrir algunos establecimientos usando un protocolo que fue rechazado por el área a cargo del ministro Nicolás Trotta. Sobre Mauricio Macri, Larreta se limitó a destacar que «sus ocupaciones en Europa son un tema personal», evitando por supuesto deslizar nada que pudiera ser tomado como una crítica, sólo dijo «estamos en el mismo espacio» cuando le preguntaron sobre las acusaciones kirchneristas que lo apuntan diciendo «Larreta es Macri», y en otro punto de la charla señaló «no tengo ningún tipo de diálogo con Cristina Kirchner». Luego el jefe de Gobierno porteño se refirió a los nuevos anuncios de cuarentena, contando «estamos trabajando en el tema de los oficios religiosos, trabajando para ver que puedan hacerse con un número determinado de personas, lo estamos viendo con el Gobierno nacional», y también destacó «estamos viendo como sumar algo más de lugar a los bares o restaurantes que tienen pocas mesas en la calle», y enfatizando como es habitual que «seguimos apelando a la responsabilidad de todos para que podamos seguir avanzando, ya que los casos están estabilizados, altos pero estabilizados, y si todos colaboramos no habrá que volver atrás». Y también le preguntaron de la reforma judicial, tema sobre el que volvió a marcar sus diferencias con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que esta semana obtuvo media sanción en el Senado. «No es una ley para sacar con los votos de un solo partido», dijo el funcionario porteño, «ya fue votado por el Senado, entonces hay un nueva oportunidad de rechazarlo en Diputados, porque estoy convencido que una reforma judicial requiere un debate más profundo y un consenso más amplio, lo dije públicamente, y lo vuelvo a sostener», concluyó Rodríguez Larreta en Mitre.

Fuente: Perfil.com

“Más allá del nombre que le dieron, esto es un impuesto, no hay vuelta que darle”, señaló a Infobae el tributarista Humberto Bertazza, profesor de la Universidad de Belgrano, socio del estudio Bertazza, Nicolini y Corti y durante dos períodos presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, al referirse al proyecto de ley de “Aporte Extraordinario Solidario” del diputado Carlos Heller que se presentó en el Congreso, con el impulso político del titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Baja, Máximo Kirchner, y del Poder Ejecutivo.

“La justificación en el momento actual, por la pandemia, es razonable., pero cuando uno lleva esto al campo tributario, la cuestión se complica”, dijo Bertazza, que se detuvo en tres aspectos.

En primer lugar, señaló, “hay que ver que en la Argentina la presión tributaria ya es altísima; no da para aumentar o sumar tributos”.

En segundo lugar, Bertazza dijo que, al igual que con la Moratoria y el Impuesto a los Bienes Personales, el nuevo tributo “plantea una marcada desigualdad entre la situación de quienes tienen bienes en el país y quienes tienen bienes en el extranjero”.

“Creo que ése es el reproche constitucional más fuerte de todos, porque termina siendo discriminatorio”, dijo Bertazza, quien recordó que el artículo 75, inciso 29 de la Constitución Nacional obliga al Estado a preservar el valor de la moneda. “Ahí arranca todo. Cuando los argentinos llevan la plata al exterior es porque la Argentina no tiene una política que cumpla con ese precepto constitucional. Y si como consecuencia de esa falla, para protegerse, alguien lleva parte de sus bienes al exterior y es castigado de modo discriminatorio, surge lo que para mí es el principal reproche”.

El tributarista Humberto Bertazza, en una visita a Infobae.

En tercer lugar, el nuevo tributo no debe verse en forma autónoma, sino en forma conjunta con el impuesto a los bienes personales. Los autores del proyecto, indicó el tributarista, hicieron un esfuerzo para evitar planteos de inconstitucionalidad. “Si esto se gravaba al 31 de diciembre de 2019 vendrían cuestiones constitucionales, entonces para evitarlo fijaron el 31 de marzo como fecha base del hecho imponible. En cualquier caso, está clarísimo que es una carga adicional sobre bienes personales; de hecho, toma todos los elementos e información de bienes personales. Desde ese punto de vista, es claramente violatoria, es una doble imposición. Por eso es probable que esto termine en la Justicia, aunque desde el punto de la solidaridad y la emergencia luzca razonable”.

Hay dos textos que circulan, señaló por su parte el tributarista Sebastián Domínguez, uno que fija la fecha de determinación de la base imponible en el 31 de diciembre de 2019 y otro en el 31 de marzo de 2020. “En ambos casos, es un tributo retroactivo”, dijo Domínguez. “Como cuestión general, hay que llamar esto por su nombre, es un impuesto extraordinario. No es un aporte ni es solidario. El Congreso puede crear impuestos, pero deben respetar principios y derechos constitucionales, así que lo primero que hay que ver si el tributo vulnera o no los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad”.

En principio, observó Domínguez, el tributo no parece violar el principio de igualdad, porque se aplica a todos los que tienen más de $ 200 millones. Pero sea con fecha 31 de diciembre de 2019 o 31 de marzo de 2020, es un impuesto retroactivo, recalcó, y por lo tanto no tiene en cuenta la variación de los bienes que puede haber habido desde entonces al momento de vigencia de la ley.

“Puede que una persona tuviera 200 millones al 31 de diciembre de 2019 y hoy tiene 100 millones y debe pagar. Y otra que hoy tiene 300 millones, pero tenía entonces menos de 200 millones, no paga. Ahí sí habría afección de los principios de equidad e igualdad”, dijo Domínguez.

Por otra parte, prosiguió, está la cuestión de las alícuotas. Para quienes tienen bienes en el país, la alícuota es progresiva, pero para quienes tienen bienes en el exterior es proporcional. “Si un contribuyente tiene bienes por 299 millones debe pagar el 3%. Pero si tiene $300.000.001 millones tiene que pagar 3,375 sobre el conjunto. Por un peso paga una alícuota más alta sobre todos sus bienes”, observó Domínguez.

El tributarista también señaló que el nuevo impuesto afectaría el principio de capacidad contributiva, porque no contempla los pasivos. “Si una persona tenía personas por 201 millones, pero tiene deuda por 50 millones, su patrimonio neto es de 156 millones, pero como no se contemplan pasivos debe pagar sobre 201 millones. Ahí se afectan principios de capacidad contributiva, igualdad y equidad”, destacó.

El impuesto puede, además, afectar también el principio de no confiscatoriedad, que está relacionado con el derecho de propiedad consagrado en nuestra Constitución, siguió Domínguez, porque si entre diciembre pasado y el momento en que se le impone el tributo, el contribuyente perdió parte de su patrimonio, tendría que pagar sobre algo que ya no tiene.

Por otra parte, siguiendo con el principio de no confiscatoriedad, dijo Domínguez, las alícuotas son muy altas. “Si esto prospera, una persona que ya pagó el impuesto a los Bienes Personales por 2,25% ahora, suponiendo que esté en el escalafón más alto (más de $ 3.000 millones), debería pagar otro 5,25%, con lo cual terminaría pagando 7,5% de impuesto sobre un patrimonio que tal vez le rindió 2% o menos, o nada”. Y podría verse obligado a vender parte de sus bienes para poder pagar el impuesto. Allí habría que analizar casos particulares, dijo Domínguez, y verificar si el tributo termina siendo confiscatorio, analizándolo en conjunto con Ganancias y Bienes Personales.

Según algunos tributaristas, la nueva ofensiva tributaria podría impulsar aún más el éxodo de argentinos a Uruguay (Shutterstock)

Retroactividad

Sobre la cuestión de la “irretroactividad”, Domínguez señaló que el Congreso puede crear impuestos, pero el contribuyente tiene que conocer qué impuestos tiene ante sí para saber qué hacer con sus bienes. Pagar en función de lo que tenía antes implica, por caso, la imposibilidad de una persona de adelantar la herencia o donar sus bienes si conocía bien los impuestos que lo alcanzaban”. Al respecto, el tributarista recordó un fallo (“Insúa, José Pedro”) de la CSJ, en el que se sostuvo que si una persona ya tributó (Bienes Personales) sobre ese mismo patrimonio, no se le pueden aplicar nuevos impuestos.

Estas observaciones se podrían salvar si, por ejemplo, el impuesto tomara como base una fecha futura, como el 31 de octubre, en vez de aplicarse retroactivamente. “Alguna gente se desapoderaría de bienes para no pagar, lo que afectaría su efectividad, pero es la forma en que debe funcionar un impuesto”, dijo Domínguez.

El tributarista concluyó reconociendo, sin embargo, que realmente estamos ante una situación extraordinaria, de pandemia y ante una posible judicialización, la Corte Suprema puede tener una posición más flexible respecto de la afectación de todos estos principios. El máximo Tribunal, recordó Domínguez, falló más de cien veces a favor de los contribuyentes en reclamos por la falta de ajuste en el pago del Impuesto a las Ganancias (lo que puede hacer que se termine pagando sobre ganancias ficticias o inexistentes), “pero en el marco de la pandemia podría ser más flexible y considerar que en una situación de excepción es válido aplicar un tributo de este tipo; no hay que perder de vista lo extraordinario de la situación”.

En tanto, Bertazza señaló que “el tema de fondo es la carga tributaria”. “Todos estamos viendo la cantidad de argentinos que están dejando el país -explicó-. Hay que pensar seriamente que la Argentina no da para nuevos o más altos impuestos. Lo que se requiere es reconstruir la economía. Eso lo puede hacer el sector privado, pero si en vez de incentivarlo lo obstaculizan con nuevos tributos, más gente de va a ir del país”.

El actor francés Gerard Depardieu, uno de los famosos que fijó domicilio fiscal fuera de Francia, para escapar de su alta tributación. La mayoría de los países europeos terminó eliminando el impuesto sobre el patrimonio, dijo Bertazza

Por último, el académico y tributarista recordó que en los 90s casi todos los países europeos miembros de la OCDE tenían impuestos sobre el patrimonio y los fueron eliminando. “Hoy sólo quedan España, donde es muy cuestionado, algunos cantones suizos y algún caso más. Históricamente este impuesto fue muy importante en Francia y pasaba que muchos franceses se iban de Francia. El caso de Gérard Depardieu es conocido, por ser un artista, pero hubo muchos. Y por eso terminaron eliminando el impuesto”, recordó.

Por último, Bertazza marcó el contraste entre la tendencia de los países de Europa Central, que están bajando las alícuotas del impuesto a las ganancias corporativas, mientras en la Argentina el gobierno piensa en aumentarlas. “Estamos fuera de foco: el sector privado tendrá a su cargo la reconstrucción post-pandemia y no podrá hacerlo si le aplican más impuestos”, dijo. “Hay que enfocarse en reducir la economía informal, que es de cerca del 40%, una barbaridad. La presión tributaria se siente más si hay una gran economía informal, sumergida, que no paga impuestos. Ahí hay que poner los esfuerzos”.

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