«Hemos incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre», anunciaron anoche desde la cuenta oficial de twitter de Cancillería argentina. Esto sucede luego de que la semana pasada, más de 200 organizaciones socioambientales de 23 provincias realizaran una jornada de expresión nacional bajo el lema #25A #BastaDeFalsasSoluciones y había otras convocatorias para esta semana ya que se había informado que el acuerdo se iba a firmar mañana martes. Al día siguiente del #25A, se realizó un encuentro virtual llamado «Producción porcina: un modelo nacional, cooperación internacional y soberanía alimentaria» con Felipe Solá, el senador provincial de Buenos Aires y titular del movimiento Arraigo, Paco Durañona, el ministro de Agricultura Luis Basterra, el exsecretario de Agricultura Gabriel Delgado y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme. Esa jornada recibió duras criticas por parte del ambientalismo por el título de la charla y porque se iba a trasmitir abiertamente por Youtube, pero finalmente fue por Zoom y varios participantes del público denunciaron que fueron quitados de la sala cuando empezó a hablar el canciller. China invertiría USD 27.000 M para producir cerdos en Argentina Cronología de la polémica. El 3 de agosto pasado, Cancillería recibió a ecologistas que se habían manifestado contra la cría industrial de cerdos de China como foco de futuras pandemias. Guillermo Justo Chaves y Jorge Neme, secretario de relaciones económicas internacionales de Cancillería, recibieron a Jóvenes por el Clima, a la periodista Soledad Barruti y al abogado ambientalista Rafael Colombo, en sus oficinas, quienes plantearon sus disidencias al acuerdo y pidieron un debate público en el Congreso sobre el tema. El origen. La polémica comenzó el 21 de julio, cuando comenzaron a reunirse firmas contra el acuerdo para producir 9 millones de toneladas de carne porcina. #EcoPerfil fue uno de los primeros medios en comunicar la noticia de que en menos de cuatro horas, se habían llegado a juntar miles y miles de adhesiones al documento »No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias», convocado por artistas, activistas, periodistas y red de abogados ambientalistas. El Gobierno quiere firmar en agosto el acuerdo de megaexportación de cerdos a China El 6 de julio pasado, la cancillería argentina difundió una comunicación entre el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, y el ministro de Comercio de la República Popular China, ZhongShan, donde se anunció una “asociación estratégica” entre ambos países, referida a la producción de carne porcina y una “inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas” para “producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad”, lo que “le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años”.
En simultáneo con la presentación de un proyecto de ley para gravar impositivamente (y por única vez) a las llamadas grandes fortunas (que como efecto del proceso de destrucción de riquezas vivido por varios lustros en Argentina las hay muy pocas si se compara con países similares), ha comenzado a correr en Argentina la versión de una posible elevación de la alícuota del impuesto a las ganancias de las empresas.
Argentina vive desde hace muchos años un movimiento de complejización de condiciones productivas. Y esto incluye una etapa reciente en la que aparecen la ley de nuevo consenso fiscal -que suspendió a fin de 2019 las bajas esperables en impuestos provinciales-, el incremento en las tasas de derechos a la exportación y la elevación de costos a importaciones -por vía de regulaciones cambiarias o de otras decisiones como la prórroga de la reducción de baja de la tasa de estadística- y hasta la injerencia administrativa en ciertos precios y tarifas, lo que actúa como una interferencia extracontractual.
Aunque, frente a todo ello, es el marco regulativo impositivo uno de las más relevantes para que las empresas decidan invertir, producir, desarrollarse y comerciar.
Hay cuatro condiciones que califican el marco regulativo tributario:
1- Su intensidad económica: la cantidad de recursos que las empresas deben transferir al fisco);
2- Su complejidad: la magnitud de los costos de diverso tipo que insume la administración del cumplimiento de las obligaciones, en razón de la mayor o menor rigidez procesal);
3- La estabilidad:el grado de previsibilidad de las condiciones, algo que resulta crítico para que un plan estratégico empresario pueda tener sustento; y
4- Su efecto político: los incentivos o desincentivos que genera, para alentar algunas o desalentar otras actividades, sobre los cuales reaccionan empresas y personas.
Las noticias referidas en el inicio de este texto en verdad no ocurren en el vacío: Argentina ya es uno de los países que más afectan por esta vía la acción de las empresas. Es por eso que, en este marco, tanto una modificación objetiva (agravamiento de las condiciones tributarias para actores económicos) como una afección subjetiva (creación de expectativas relativas a inminentes peores condiciones para la acción económica) alimentan el complejo contexto actual: tenemos una de las economías menos alentadoras para invertir, producir, desarrollar proyectos, crear empleo y comerciar.
Estudio del Banco Mundial
Los resultados la califican.
Fachada de la sede del Banco Mundial REUTERS/Yuri Gripas
Según el Banco Mundial la tasa total de impuestos y contribuciones pagados por los actores económicos como porcentaje de sus ganancias es en Argentina la segunda mayor del mundo (la primera es la de Comoros). Esa carga en Argentina es -en este registro- de 106,3%. Los dos citados son los únicos que arrojan tasas de tres dígitos. Y esto ocurre cuando en el mundo el promedio mundial es hoy 40,3%; y en el tiempo más o menos reciente (en el planeta) ha venido reduciéndose desde aquel 55% observado a inicios del siglo presente.
Según el Banco Mundial la tasa total de impuestos y contribuciones pagados por los actores económicos como porcentaje de sus ganancias es en Argentina la segunda mayor del mundo; la primera es la de Comoros). Esa carga en Argentina es -en este registro- de 106,3%. En el mundo el promedio mundial es hoy de 40,3%
En nuestra región los que siguen a Argentina en mayor carga a las empresas son Bolivia (83,7%), Venezuela (73,3%), Colombia (71,2%) y Brasil (65,1%); y los que menos carga generan a las empresas son Uruguay (41,8%), Perú (36,8%), Paraguay (35%), Ecuador (34,4%) y Chile 34%). Contrario sensu, se destacan en el mundo por tasas más bajas (entre otros) Singapur, Luxemburgo, Canadá, Israel y Tailandia.
El mundo ha ingresado hace algunos años en un proceso que podemos llamar “competivismo” en el que los países compiten entre sí para atraer y alentar inversiones, empresas, proyectos productivos. Los países -desde hace ya algunos años- pujan internacionalmente por hacerse más atractivos entre sí y lo hacen a través de diversos medios, entre los que pueden destacarse cuatro:
1- La celebración de tratados comerciales de apertura reciproca (hay vigentes 303 en el planeta);
2- Los acuerdos de protección recíproca de inversiones (hay 389 en acción en el mundo);
3- Los procesos de reducción de intervenciones distorsivas y regulaciones varias que al ser menguadas atenúan costos burocráticos y regulativos y flexibilizan el contexto emprendedor (el Banco Mundial detecta en su última medición -por 12 meses- 294 reformas regulatorias funcionales implementadas en todo el mundo en 115 jurisdicciones); y -especialmente-
4- La (referida) atenuación de la carga tributaria a las empresas.
Argentina padece una esclerosis económica como efecto de sus desarreglos varios que incluyen un gasto público desbordado, un sistema jurídico obstructivo, cierta deficiente infraestructura, una debilidad en el sistema institucional, una politización disfuncional de la economía y la ya vieja cerrazón internacional.
Pues ocurre ahora que sostener la elevada carga impositiva; y -más aun- debatir o aun decidir una elevación de la misma aparecen como un retroceso en la búsqueda de mayor y especialmente mejor actividad económica; especialmente en los actuales contextos local (economía que no crece desde hace muchos años) e internacional (países que incentivan a empresas a través de facilitaciones varias).
La alícuota del impuesto a las ganancias no es el único referente para analizar en esta materia: en Argentina por caso las empresas están además fuertemente gravadas por otros tributos federales (llamados nacionales), provinciales, municipales y en frontera. Pero surge de un trabajo de KPMG, que solo 19 países tienen una alícuota de impuesto corporativo más alta que Argentina en todo el mundo (y no son los países más desarrollados precisamente).
Según un trabajo de KPMG, sólo 19 países tienen una alícuota deimpuesto corporativo más alta que la Argentina en todo el mundo, y no son precisamente los países desarrollados
A través de evaluaciones y comparaciones internacionales se constata una tendencia global: según la Tax Foundation la tasa de impuesto sobre la renta corporativa legal promedio mundial (medida en 176 países) es del 24,18 % (sustancialmente más baja que la vigente en Argentina).
Y la fuente que mientras en 1980 las tasas de impuestos corporativos en todo el mundo promediaban el 40,38%; desde ese momento los países -que han reconocido el impacto que tienen las altas tasas impositivas corporativas en las decisiones de inversión empresarial- han procedido en su enorme mayoría (cada uno por su cuenta pero en el referido marco del llamado “competivismo”) a bajas paulatinas y graduales pero sostenidas; de modo que han llegado a que en 2019 el promedio mundial sea ya del citado 24,18 por ciento (y en descenso).
Dicho sea de paso, en la actualidad y según esta medición, analizando los promedios regionales, América del Sur tiene la tasa impositiva corporativa legal promedio más alta (27,6%) y Europa tiene el impuesto sobre la renta corporativo legal promedio ponderado más bajo (20,2%) en el planeta. Y todas las regiones experimentaron una disminución neta en las tasas estatutarias promedio entre 1980 y 2019. El promedio disminuyó más en Europa, desde 1980 con 44.6 % hasta caer al 20.27% actual, lo que representa una reducción de la tasa de casi el 55 %. América del Sur ha experimentado la disminución más pequeña en el planeta, con el promedio solo disminuyendo en un 25 % (del 36,66 % en 1980 al 27,63 % en 2019).
Y analizando países individualmente la mayoría de ellos siguen la tendencia y (computando las jurisdicciones medidas en el trabajo citado) en todo el mundo solo seis países han aumentado sus tasas de impuesto sobre la renta corporativa entre 2000 y 2019, mientras que diecinueve no han cambiado sus tasas, y más de 100 las han reducido.
La Argentina se encuentra hoy ante la necesidad de una profunda reforma en el entorno institucional, político y económico productivo. No se trata solo de poner en orden la macroeconomía sino de una pendiente profunda normalización integral y sistémica. Los sucesivos años de fracasos obligan a ello.
La reformulación, hacia un alivio y no hacia una mayor pesadez, del entorno tributario forma parte de esa reforma esperable.
Y más allá de preferencias ideológicas, la competencia internacional condiciona la acción. Nuestros problemas están a la vista y dice Shakti Gawain que los problemas son mensajes.
La genial película argentina Relatos salvajes muestra situaciones con las que es fácil sentirse identificado. Nadie quiere reconocer que las brutales reacciones y consecuencias ante los problemas sean buenas ni deseables. Sin embargo, es muy creíble.
La continuidad de la cuarentena-que-no-es-cuarentena plantea múltiples desafíos. A pesar de los muchos problemas que hay, debemos reconocer que es muy difícil tomar decisiones que dejen satisfechos a todos, tanto por el alcance como por las incertidumbres al iniciarse la cuarentena. Los sucesivos cambios en la implementación van mostrando algunos aprendizajes y avances en la coordinación, pero continúan grandes dificultades y se van creando problemas adicionales.
Estas dificultades pueden verse en la decisión de mantener impuestos en la pandemia y ayudar a empresas en crisis, lo que puede parecer muy razonable, pero en realidad no todos reciben ayuda o créditos. El cobro de impuestos para luego devolverlo en ayuda a la misma u otra empresa parece un loop innecesario. La idea de prohibir despidos aunque no tenga ingresos el empleador, por más ayudas que reciba, genera un difícil problema de incentivos.
Todos esos problemas son generados por las decisiones del Gobierno pero –nuevamente- es difícil encontrar decisiones que dejen satisfechos a todos. Lo que no es entendible son los problemas adicionales que se generan por malas decisiones. Las políticas de precios cuidados o congelamiento de tarifas o el decreto con normas retroactivas a telecomunicaciones claramente no son necesarias ni convenientes ni útiles. De esa forma no se controlan los precios ni mucho menos se incentivan inversiones.
También escuchamos de impuestos adicionales justificados en problemas fiscales como es el caso de la propuesta de un Aporte Solidario y Extraordinario. Cuesta creer que la suma de impuestos pueda ser positiva. Escuchamos de la necesidad urgente de reformar la Justicia pero no de mejorar la salud, de la necesidad de dólares pero se dificultan las exportaciones, del orgullo por nuestros científicos y técnicos pero está suspendida la ley del conocimiento. Somos un país enorme pero es muy difícil trasladarse en el país y casi imposible ir o venir a otro país. De nuevo, esas medidas pueden haber tenido alguna razonabilidad, pero seamos conscientes de que así no habrá inversiones ni crecimiento ni solución a nuestros eternos problemas.
Las empresas y familias argentinas están en modo supervivencia, tratando de resolver problemas inmediatos, pero no reciben el tipo de apoyo que necesitan. Las medidas que se han diseñado “arreglan aquí pero rompen allí” y afectan nuestro futuro. Posiblemente hoy ya estemos ante problemas mucho mayores y generalizados que los de Relatos salvajes. Esperemos que ese tipo reacciones odiosas sean sólo una ficción.
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, compartió un desayuno virtual con Virginia, Natalia y Graciela, tres choferes del Transporte Bicentenario, con quienes dialogó el cambio de roles en este contexto de pandemia y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y su compromiso y participación en el programa “Soy Parte”, de ayuda voluntaria a adultos mayores en el distrito.
Virginia Gonzales es vecina de Munro, tiene 50 años y trabaja como chofer en el Transporte Bicentenario hace un año, mientras que Natalia Licen tiene 58 años e integra el equipo desde hace cinco años. Por su parte, Graciela Graiño es supervisora del Transporte Bicentenario y desde hace un año se encarga del área administrativa. Las tres son vecinas de Munro y celebraron la posibilidad de servir de apoyo y asistencia para muchos adultos mayores del municipio que lo necesitan. Entre las tres, están manteniendo un contacto activo con un total de 22 adultos mayores.
“Son un ejemplo de solidaridad y empatía porque hacen siempre todo lo que está a su alcance para ayudar a los demás. Tanto arriba del colectivo como a través del voluntariado desde que empezó la pandemia, lo dan todo sin esperar nada a cambio”, subrayó el jefe comunal. Además, remarcó que valora mucho que “se hayan animado a adaptar sus tareas en función de esta realidad tan particular que nos toca atravesar para sostener a muchas más personas y que hayan buscado la forma de seguir tendiendo una mano a quienes más la necesitan”.
A su vez, en referencia a las distintas iniciativas y acciones que está desarrollando la municipalidad en este contexto, que puede significar una gran problemática para comerciantes barriales, trabajadores de la cultura y adultos mayores, particularmente, señaló que “nuestro desafío es no dejar a nadie atrás y es un enorme alivio para nosotros saber que contamos con tantos vecinos comprometidos para lograrlo. Nada de lo que estamos haciendo sería posible sin ustedes, que son nuestros ojos en cada rincón de Vicente López”.
En los últimos años, hubo reiterados intentos de resolver el hacinamiento carcelario desde una perspectiva excluyentemente abolicionista, liberando presos.
En 2013, un proyecto de ley promovido por la Procuraduría Penitenciaria pretendía fijar un cupo en cada cárcel por encima del cual sería obligatorio acortar los plazos para liberaciones anticipadas.
En aquel proyecto se esbozaba claramente la concepción que asimila la cárcel a la tortura, decreta la “inutilidad” del encierro y aplica el concepto de “víctima” de modo excluyente a la población penitenciaria. “Desde Beccaria sabemos que la pena es un mal que añadimos a otro”, decía la Procuraduría Penitenciaria, como si el primer mal -el delito- fuese equiparable al segundo -la pena-, un argumento que deslegitima todo castigo al que viola la ley.
En ambas ocasiones, en 2013 y ahora, la indignación de una ciudadanía que padece a diario el flagelo de la violencia delictiva impidió o morigeró la fiebre libertaria de los funcionarios.
Pero un nuevo intento –más solapado y más descarado a la vez, como se verá- se produjo la semana pasada en el Senado bonaerense. Con una demora de tres años, esa cámara se disponía a debatir por fin la adecuación del Código Procesal Penal de la provincia a la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nacional en 2017.
Esta Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos) es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien adecuar a ella su normativa; este último es el caso de Buenos Aires.
El kirchnerista Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado provincial pero domina una de las comisiones que debía tratar el tema, la de Legislación General, que preside el senador Francisco Durañona. El proyecto a debatir -que también había pasado por la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos- había sido elaborado en conjunto por legisladores de Juntos por el Cambio -los senadores Walter Lanaro, Lorena Petrovich, Lucas Fiorini, Franco Bagnato y María Belén Tapia, y la diputada Carolina Piparo-, previa consulta con otras fuerzas políticas y con las asociaciones de víctimas, promotoras de la Ley a nivel nacional.
Durante el debate, expusieron familiares de víctimas, representantes de asociaciones civiles, miembros del Poder Ejecutivo y Judicial y juristas.
El despacho de mayoría buscaba “garantizar y asegurar a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.
El proyecto también apuntaba a promover políticas públicas para fortalecer el protagonismo de las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y también a posteriori del mismo.
Hasta la sanción de esta ley, la persona víctima de un delito quedaba librada a su suerte. Si disponía de los medios suficientes para contratar un buen abogado, podía constituirse en parte querellante en el proceso, pero a su cuenta y cargo. Los familiares de un muerto por la delincuencia no están preparados para semejante contingencia; nadie los informa ni los asesora. Mientras tanto, el perpetrador del delito tiene derecho a un defensor público si es solventarlo. Antes de esta ley, si el damnificado no contrataba un abogado, no tenía ninguna participación en el proceso. Ninguna, ni siquiera derecho a interiorizarse de la evolución de la causa, ni a ser notificado, por ejemplo, en caso de que el victimario fuese beneficiado con una liberación anticipada o una morigeración de pena.
Los presos se amotinaron en Devoto para presionar por excarcelaciones ante la pandemia (Adrián Escandar)
Entre los objetivos del proyecto de Ley provincial se incluía la creación de centros de protección a las víctimas, asesoramiento psicológico y asistencia letrada gratuita; los familiares serían informados sobre el avance de las causas, podrían participar en la formación de las pruebas y, no menos importante, serían notificados durante la etapa de la ejecución penal, es decir, del cumplimiento de la condena y eventuales beneficios que reciba el interno.
La insólita huída del kirchnerismo
Ahora bien, en la sesión de la semana pasada, cuando se debía someter a votación el dictamen, el senador Francisco Durañona abandonó la reunión por zoom que él mismo presidía. Previamente, el kirchnerismo había elaborado un dictamen de minoría francamente desopilante que motivó durísimas críticas de las asociaciones de víctimas y la denuncia por parte del vicepresidente de la Comisión de Legislación General, Leandro Blanco (Juntos por el Cambio), de la “actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto”.
En vez de adecuar el código procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, el dictamen kirchnerista introducía una serie de normas para beneficiar a los victimarios.
Esto fue denunciado por el abogado César Mayer, que habló en representación de la asociación civil Usina de Justicia, y que calificó ese dictamen de “burla”, “engaño” y “atropello a la dignidad de las víctimas, aquéllas a las que el ministro y los senadores oficialistas debieran proteger”. Estaba aludiendo al ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, impulsor de estas modificaciones al Código destinadas a obtener la excarcelación de la mayor cantidad posible de presos.
El senador Francisco Durañona, Frente de Todos, presidente de la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense (Areco semanal)
Un verdadero caballo de Troya, dijo Mayer: bajo el título de Ley de Víctimas y con la forma de normas destinadas a darles derechos y protección legal, se escondía en realidad una reforma del Código procesal con el único objetivo de beneficiar más todavía a los delincuentes, a cuya impunidad las víctimas asistirían impotentes.
“Notable propósito del oficialismo -señaló Mayer-, en una provincia en la que la ola de delincuencia constituye la principal preocupación, y notable burla a la gente que salió meses atrás a los balcones para repudiar la excarcelación de presos con la excusa del Covid”.
En su intervención, Mayer destrozó el dictamen de minoría que, aunque “dice adecuar la legislación provincial a la ley de víctimas, no trata absolutamente nada, sobre las víctimas”. No las menciona. Peor aún, la única vez que se refiere a ellas, “no es para otorgarles un derecho sino para recortárselos, porque dice que las asociaciones de víctimas solamente podrán actuar en favor de éstas cuando se trate de: delitos de lesa humanidad, violencia de género, femicidios o delitos contra el medio ambiente”.
Las únicas víctimas que merecen compasión y asistencia estatal son las de la dictadura y las de femicidio o trata. Hasta los árboles y los animales merecen más compasión que el vecino asesinado en un robo
Un planteo que roza el cinismo y revela la ideología -o los preconceptos- de quienes promueven esta visión de la justicia: las únicas víctimas que merecen compasión y asistencia estatal son las de la dictadura y las de femicidio o trata. Hasta los árboles y los animales merecen más compasión que el jubilado asesinado por un delincuente para arrebatarle la jubilación, o la persona víctima de una salidera bancaria o el joven ajusticiado para robarle la moto. Sin embargo, la principal fuente de la inseguridad que vive la sociedad viene de estos delitos, fundamentalmente de los robos a mano armada. Pero como para el abolicionismo, el delincuente común es una víctima de la sociedad, y su delito una “rebelión” contra el “sistema”, sus víctimas no merecen ninguna consideración. Ni siquiera tienen categoría de tales. Se las ignora. Como lo hace el dictamen de minoría de la Comisión de Legislación.
El Gobierno tuvo que enviar efectivos federales a la provincia de Buenos Aires ante la ola de delitos. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos
Como lo hacía también el ya mencionado proyecto de la Procuraduría Penitenciaria de 2013: “El trato que le damos a quien cometió una falta, dice algo acerca de la persona del infractor, pero también dice mucho acerca de la comunidad que tenemos, de nuestra indiferencia frente al dolor ajeno”, decían los fundamentos. ¿No dice mucho también sobre la sociedad que somos la indiferencia frente al sufrimiento infinito que la violencia delictiva le ha infligido a tantas familias argentinas? Pero esta corriente ideológica reserva toda su compasión para el victimario, al que indulgentemente llama “infractor”.
“¿Cuál es el meollo del despacho de minoría? – se preguntó César Mayer en su intervención ante los senadores-. Conformar un combo bajo el título de Ley de Víctimas y meter por la ventana una cantidad de normas modificatorias del Código Procesal Penal, de características totalmente abolicionistas, que tienen por único propósito dejar a miles de presos en la calle”.
Y enumeró algunas “normas insólitas”, incluidas en el despacho kirchnerista: “Por ejemplo, al particular damnificado -la víctima que se ha presentado en el proceso-, para pedir la detención o la prisión preventiva de su victimario, le van a exigir que constituya una fianza, una contracautela. O sea, para pedirle al juez va a tener que poner plata, ofrecer un bien a embargo”.
Y siguió: “Si el fiscal pide una detención o una prisión preventiva, se le ordena al juez que siempre sustituya esa medida por otra menos gravosa, no importa el delito cometido, ni la prueba que haya contra el imputado: siempre la tiene que sustituir por otra que no implique la detención”.
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La intervención de César Mayer, abogado penalista, integrante de la asociación civil Usina de Justicia, ante los senadores bonaerenses
Ahora bien, siguió explicando Mayer, “si un fiscal solicita el cese de una detención o de una prisión preventiva, este pedido es inmediatamente vinculante –obligatorio- para el juez”.
La cosa va in crescendo. Otra de las normas insólitas del despacho, dijo Mayer, es que “si el imputado viola la prisión domiciliaria, el juez tampoco lo puede mandar a detención o prisión preventiva”.
Por si no bastara, otras cláusulas determinan la domiciliaria para todos los condenados a 6 años de prisión, una vez cumplidos 3; y lo mismo respecto de todos los condenados a 3 años de prisión, cuando hayan cumplido uno. “Esto -dijo Mayer- interfiere con el código penal, en virtud del cual se dictan condenas que son de cumplimiento efectivo, además de que estas detenciones domiciliarias no son ordenadas en función de características particulares de cada caso sino en forma general, lo cual implica una especie de amnistía encubierta, una reducción general de penas”.
La frutilla del postre es una cláusula que determina que cuando haya una audiencia para definir medidas cautelares, se prohíbe la lectura de la requisitoria y de cualquier información relativa al imputado. “Sólo se puede leer el número de causa y el nombre del imputado -señaló Mayer-; es decir, al juez que debe decidir sobre la excarcelación o morigeración de pena el delito se le oculta la calificación de conducta, el comportamiento del interno en prisión, si ha cometido nuevos delitos, etcétera”.
El fundamento de esto último es difícil de concebir desde el sentido común: ¿será para no estigmatizar?, ¿para no victimizar al victimario?
“Parece increíble que tal esperpento jurídico haya sido pergeñado por el kirchnerismo para ser incluido en un proyecto de Ley de Víctimas”, dijo César Mayer a Infobae. “Proponen todo lo contrario a la protección de los derechos de las víctimas”.
Después de la requisitoria del representante de Usina de Justicia contra el despacho de minoría, el kirchnerismo desertó la reunión.
“La gente no quiere a los condenados en sus casas o libres por la calle. La Ley de Víctimas es una deuda con la sociedad. Y la triste huida de los senadores kirchneristas al momento de votarla es un síntoma alarmante del estado de la clase política”, afirmó Mayer.
La actitud de la bancada oficialista, no fue impedimento para que el proyecto consensuado avanzara. En la Comisión de Legislación General, los senadores que quedaron tras la salida del Frente de Todos votaron el despacho de mayoría; la reunión estaba iniciada y solo se había hecho una pausa. Pero a posteriori los senadores kirchneristas objetaron el procedimiento. Se acordó entonces que este lunes haya una nueva sesión. Si hay acuerdo, hoy se volverá a votar el texto de mayoría, con la presencia de la bancada del Frente de Todos, y alguna leve modificación. Pero si no hay acuerdo, se dará por válida la votación de la semana pasada.
De todos modos, para las víctimas, la batalla está lejos de haber sido ganada. La sesión para la votación del proyecto tendrá lugar el 10 de septiembre.
“Para nuestro espacio es prioritario tener una ley que garantice el acompañamiento de las víctimas en la provincia de Buenos Aires”, dijo el senador radical Leandro Blanco. “Las víctimas no pueden seguir esperando, por eso avanzamos y decidimos aprobar este proyecto”, concluyó.
El senador Leandro Blanco, Juntos por el Cambio, vicepresidente de la comisión de Legislación general
César Mayer, por su parte, apuntó contra la irracionalidad del despacho de minoría: “Estas modificaciones al código procesal penal que introdujo el Frente de Todos, ¿qué tienen que ver con las víctimas? Nada. Absolutamente nada. Hay un despacho de minoría que se titula Ley de Víctimas y que lo único que propugna es la impunidad de los victimarios”.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, opinó que el Estado tiene que «desalojar» a quienes ocupen tierras al pronunciarse en torno al conflicto ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, por la toma de tierras por parte de miembros de la comunidad mapuche, mientras que también habló de la posibilidad de retirarle beneficios sociales a quienes las protagonicen. «El Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar», expresó Massa. Además, sostuvo que se podría incurrir en retirarle los beneficios sociales a quienes tomen en forma ilegal tierras, como ser el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asignación Universal por Hijo (AUH). «Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es que como que cada uno hace lo que quiere», indicó el dirigente al ser entrevistado en el canal América. El conflicto en la zona comenzó a fines de 2017, cuando integrantes de la comunidad Lof Lafken se asentaron en tierras que pertenecen a Parque Nacionales. Este sábado, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal por los posibles delitos de «instigación» y «apología del crimen» sobre una manifestación denominada «Banderazo Patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi», en medio de las denuncias por toma de tierras y presuntas agresiones en la zona. El Ministerio de Seguridad precisó que la denuncia se vio motivada por «la organización de una movilización que se desarrolla en ese departamento de Bariloche, Río Negro. «Según ha trascendido por medios de comunicación y afirmaciones de dirigentes políticos y vecinales, podrían derivar en ‘enfrentamientos’ y situaciones de extrema violencia», indicó el comunicado. En tanto, este domingo, el partido Juntos por Río Negro, del partido del gobierno de esa provincia, cuestionó a la titular nacional de Seguridad, Sabina Frederic, por la presentación de la denuncia. Sostuvieron que el Gobierno Nacional desconoce «la compleja realidad local» y los funcionarios cometen «lamentables errores de juicio».
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró este domingo que se siente “orgullosa” del proyecto de reforma que el gobierno nacional envió al Congreso y sostuvo que, si no se resuelve el problema de la Justicia, no podremos salir adelante “como país”.
La funcionaria aseguró que la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, no sólo viene a cumplir una promesa de campaña sino también un compromiso del Presidente consigo mismo.
“Lo conozco hace muchos años a Alberto Fernández y su preocupación por la Justicia es sincera. La base y la columna vertebral del proyecto es del Presidente, sabemos que es ‘su’ proyecto”, dijo en una entrevista con Romina Manguel, por América 24.
En concreto, la ministra explicó que la norma apunta a terminar con “el comportamiento pendular” de los jueces federales de Comodoro Py: “Esa Justicia que con cada gobierno parece que va haciendo un guiño es lo que hay que cambiar”.
Por otro lado, Losardo cuestionó la resistencia de Juntos por el Cambio a debatir el proyecto y calificó su actitud como una “irresponsabilidad”. También lamentó que la oposición vaya sumando “constantemente” nuevas objeciones como una forma de dilatar su aprobación: “Primero dijeron que era el proyecto de la impunidad, después que no era el momento por la pandemia, luego por los costos, también por la Comisión Asesora”, enumeró.
La ministra de Justicia, Marcela Losardo
Además, la ministra se detuvo particularmente en la cuestión de la impunidad -el principal reclamo opositor- y planteó que la idea de que la reforma apunta a proteger a funcionarios kirchneristas está “alejada de la realidad”.
“No hay un solo artículo del proyecto que establezca que es posible la impunidad hacia nadie”, argumentó Losardo. Y agregó: “Si hay un artículo que establece que los mismos jueces van a seguir llevando las causas, es decir que se conserva el juez natural, ¿de qué impunidad estamos hablando?”.
En esa línea, esgrimió que la verdadera impunidad se encuentra en el funcionamiento actual de la Justicia, que ha permitido, por ejemplo, que ciertos jueces demoren más de 20 años en resolver causas emblemáticas como la venta de armas a Ecuador y Croacia, la del atentado a la AMIA y la del escándalo de corrupción IBM-Banco Nación.
“Es normal tener un país donde una causa dura 20 años y a veces prescribe. Entonces, ¿dónde está la impunidad?”, se preguntó.
En ese sentido, destacó que la reforma, al unificar el fuero penal y crear más juzgados, le dará a los jueces más herramientas para que “se dediquen a mejorar su trabajo y no tengan excusas para tener un expediente durante 20 años”.
Al ser consultada sobre la conformación de la Comisión Asesora -integrada por once reconocidos juristas- y sobre la posibilidad de que ésta resuelva modificar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema, Losardo explicó que sus sugerencias al Ejecutivo no son vinculantes y que, en caso de ser utilizadas como base para una ley, esta saldrá por el Congreso.
“Nosotros no sacamos nada por decreto, ese es otro gobierno. Otro gobierno es el que quiso nombrar dos jueces por decreto”, ironizó.
Finalmente, Losardo explicó que la reforma integral de la Justicia que el país necesita no se agota con un solo proyecto de ley y adelantó también que “habrá que hacer otros cambios” en el futuro. A modo de ejemplo, dijo que es importante revisar la manera en que se designan los jueces.
Argentina quedó a un paso de integrar los 10 países del mundo con mayor número de contagios detectados en lo que va de la pandemia por coronavirus, con 408.426 positivos desde marzo pasado, cuando se dio a conocer el primer caso local. Este domingo 30 de agosto, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 7187 nuevos casos, con 104 fallecidos, de un total de 8457 decesos. En la última semana, Argentina ascendió un lugar entre los países con más infecciones. Por hora se encuentra en el 11º puesto, con 1548 casos menos que Chile (10º), y con algo más de 34.800 casos que Irán (12º). Estados Unidos, Brasil, la India, Rusia y Perú permanecen al frente del listado mundial, según un informe publicado por La Nación. Sin embargo, respecto al número de víctimas fatales, en la tabla general Argentina se mantiene en el 18º lugar, luego de Chile, Bélgica, Alemania y Canadá. En la región, se encuentra por encima en la cifra de decesos Brasil, México, Perú, Colombia y Chile, en ese orden. Por millón de habitantes, el país se encuentra ahora en el 29º lugar, con 190,1 muertes. Coronavirus: Argentina superó este sábado los 400.000 casos positivos San Marino es el Estado con más fallecidos por millón de habitantes en esta pandemia (1243,2), seguido de Bélgica y Perú. En países vecinos como Chile y Brasil también hubo un aumento de la mortalidad con respecto a la semana pasada, al informar, respectivamente, 600,3 y 576,8 muertos por millón de habitantes. En el plano internacional, a un ritmo de crecimiento aún acelerado, el mundo superó ayer los 25 millones de casos confirmados de coronavirus y se acercaba a los 850.000 muertos, en la misma jornada en la que India informó el número récord mundial para nuevos casos diarios de un país en lo que va de la pandemia, con más de 78.700 contagios en las últimas 24 horas. Estados Unidos, con cerca de seis millones de contagios y más de 182.000 muertos, encabeza ambas estadísticas, seguido por Brasil con más de 3,8 millones de casos y más de 120.000 fallecidos, pero India se acerca con más de 3,5 millones de infectados y casi 63.500 muertes. Mientras en Europa y Asia se viven algunos rebrotes importantes, en ninguno de esos países la segunda ola de contagios superó a la primera, e incluso el ministro de Sanidad español, Salvador Illia, descartó una vuelta al confinamiento total en el país.
Frente a estas declaraciones, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos, Fernán Quirós, utilizó evidencia científica para desmentirlo. “Tenemos una cantidad de casos cotidianos estables pero altos, alrededor de 1100 casos diarios hace 7 semanas a pesar de que fuimos abriendo las tres primeras fases de la cuarentena y ya hemos desandado la mitad del programa”, remarcó el funcionario porteño.
“Dado que Argentina tomó la decisión de una cuarentena tan precoz para evitar una catástrofe sanitaria, nos trajo el desafío de cómo gestionar una pandemia con un número alto de casos y una ciudadanía que ya le cuesta globalmente acompañar las medidas que le proponemos”, remarcó.
Y continuó con su explicación: “Creemos que el camino es el que estamos andando y proponiendo a la ciudadanía cosas que podamos hacer. En ese camino vemos un montón de nuevas actividades que pudimos liberar y la curva se mantiene estable, de manera que allí no podemos encontrar ningún motivo que explique que haya un aumento de los contagios porque las medidas que vamos liberando generan un descenso de la curva”.
Quirós sostuvo que “los datos de la curva (de la Ciudad) están a la vista y son estables”, consideró que “el peor momento ya ha pasado, que fue en agosto”, pero pidió no bajar la guardia: “Cuanto más nos cuidemos, más rápido van a descender los casos”.
Sin embargo, al igual que el gobierno nacional, desaconsejó hacer -por ahora- encuentros en las casas. “Es conveniente liberar las áreas donde el propio gobierno tiene control del espacio y hacer una observación del resultado. Hemos priorizado espacios abiertos (como parques, plazas, bares, restaurantes y clubes) donde podemos supervisar que se pueda cumplir la normativa. Luego, seguiremos por el resto”, admitió.
“Yo hubiera preferido que no abran bares y restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo Alberto Fernández este fin de semana volviendo a fijar distancia con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien pretende avanzar con la apertura de 8000 locales gastronómicos.
Las marchas contra el gobierno se sintieron con fuerza el 17 de agosto en las inmediaciones del Obelisco (Nicolas Stulberg)
Frente al pedido de algunos sectores de la sociedad para que vuelvan a permitir el trabajo de las empleadas domésticas, el Ministro dijo que para esas habilitaciones esperarán a la próxima etapa. “Vamos a avanzando paulatinamente. Ya hemos pasado el peor momento, que fue a principios de agosto, pero tenemos muchos casos por día. Todavía tenemos que tener un camino de descenso que va a ser lento y queremos ser prudentes en el avance de las actividades permitidas”, enfatizó.
De acuerdo a los últimos datos oficiales, la Ciudad registra 94.331 casos y 2.290 fallecidos desde el inicio de la pandemia, con una tasa de letalidad del 2,4% y 29.916 altas institucionales.
“Luego del pico, que fue la primera semana de agosto, hemos tenido siempre una media de 1100 y la semana pasada 1150, que luego descendió nuevamente”, detalló Quirós. Mientras que dijo que la situación en los barrios populares ya está controlada: “Hubo una curva de franco descenso luego del pico de mayo”.
Además, señaló que “la ocupación de camas es estable y en último mes hubo pocas variaciones”. Actualmente, el porcentaje de ocupación de camas es del 44%. De este total unas 280 se encuentran con pacientes graves (62%), unas 768 con moderados (51%) y unas 2.045 con leves (41%).
Gracias a la puesta en marcha del operativo Detectar, unas 62.587 personas ya fueron hisopadas en 38 barrios porteños; lo que representa el 86% del territorio porteño. Y en cuanto a los testeos realizados al personal de la salud, geriátricos, fuerzas de seguridad, desarrollo humano y transporte, ya alcanzaron a 422.488 personas.
Todo sucedió en sólo 24 horas. El jueves al mediodía, durante el encuentro virtual del Consejo de las Américas, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, declaró: “Una de las prioridades del Gobierno será conseguir que los argentinos reinviertan en el mercado local parte de los 170.000 millones de dólares guardados sin fines productivos”. Exactamente un día después, un grupo de diputados oficialistas anunció el envío al Congreso del proyecto para gravar las “grandes fortunas”, en abierta contradicción con la idea de salir a buscar esos dólares que están guardados debajo del colchón, en una caja de seguridad o incluso en cuentas en el exterior declaradas.
Es cuestión de días o quizás semanas para que aparezcan amparos contra este nuevo impuesto, que tendría un rápido tratamiento legislativo. La razón es obvia: estaría gravando de manera doble la misma base imponible. Primero, a través de Bienes Personales, ya elevado a fines del año pasado un inédito nivel de 2,25 por ciento. Y sobre ese mismo cálculo se aplicaría el nuevo gravamen, partiendo del 2% pero con una alícuota máxima de 3,5 por ciento.
No hay ejemplos de países capitalistas y democráticos que graven en un solo año un patrimonio con una tasa de más del 5 por ciento. El economista Fausto Spotorno lo planteó crudamente ayer en un comentario en redes sociales: “Nadie tiene en su caja fuerte el 3,5% de su patrimonio esperando que le cobren un impuesto. Ese dinero está invertido en algún lado, por lo tanto obligarán a la gente a desinvertir para poder pagar”.
Este nuevo invento argentino se plantea por “única vez”. De no ser así, se estaría planteando una situación que acercaría a la Argentina a un modelo comunista. En 20 años, todos aquellos que se vean alcanzados por el gravamen perderían la totalidad de sus patrimonios. Por las dudas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el llamado aporte solidario “es una medida excepcional en un momento excepcional”.
El nuevo impuesto a la riqueza, o aporte solidario, no es otra cosa que una doble imposición, porque el patrimonio ya está gravado por la elevada alícuota de Bienes Personales. Una vez que se transforme en ley, es probable que lluevan los amparos
La titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, agregó algo más de letra esta semana. Dijo que la reforma impositiva no plantea reducción de impuestos y por el contrario habrá mayor presión para los sectores de mayor capacidad contributiva.
Si el objetivo es captar inversiones para retomar el crecimiento, ninguna de estas iniciativas parece el mejor camino. Lo mismo ocurrió con la iniciativa para expropiar Vicentín (finalmente cajoneada por el propio Alberto Fernández) y con la decisión de declarar como “servicio público” a las telecomunicaciones. Un informe de la agencia Moody´s indicó que el congelamiento de precios es “un evento de crédito negativo” para Telecom y sus competidores. “En un país con elevada inflación, no podrán traspasar el efecto del incremento de costos a los usuarios por lo menos hasta fin de año”.
El Gobierno muestra muchas facetas al mismo tiempo. Lleva la presión impositiva a niveles insoportables, cambia las reglas de juego para sectores claves de la economía, pero al mismo tiempo hace “buena letra” para recuperar su reinserción financiera. Esta semana se anunciará una adhesión superior al 90% del canje internacional, lo que despeja vencimientos de deuda por los próximos años. Y el tramo local conseguiría un resultado similar o incluso superior.
En forma paralela, el Presidente, Alberto Fernández, dio el primer paso para negociar con el FMI. En la carta a la titular del organismo, Kristalina Georgieva, se compromete a “reducir el déficit fiscal primario de un modo que sea compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda como con la recuperación económica”.
El exitoso canje de deuda, el acercamiento al Fondo y la promesa de un ajuste fiscal muestran la cara más amigable del Gobierno para reinsertarse en los mercados financieros. El problema es que este enfoque convive con medidas intervencionistas y cero atractivas para captar inversiones
Se trata de comportamientos difíciles de decodificar para los mercados y para los inversores. La mayoría sigue percibiendo que detrás de estas señales tan contradictorias está la raíz del propio Gobierno y el famoso “doble comando”, compartido por el Presidente y su vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Ahora la apuesta del Banco Central es que el exitoso resultado del canje de deuda más el diálogo con el FMI ayuden para reducir la brecha cambiaria. Se trata de un tema acuciante, ya que la pérdida de reservas se viene acelerando. En julio la demanda de dólares para ahorro por parte del público llegó a U$S 740 millones, pero en agosto la cifra se ubicaría en un total de USD 1.100 millones.
La negociación con el Fondo Monetario, sin embargo, podría extenderse por muchos meses, quizás más de un año. En caso de que el nuevo programa sea de largo plazo, es decir de “facilidades extendidas”, implicaría el avance de reformas estructurales que la Argentina viene eludiendo hace décadas: un nuevo esquema impositivo, mayor flexibilidad laboral y barajar y dar de nuevo en el plano previsional.
“El Gobierno sabe que hoy su urgencia es frenar el drenaje de reservas. Si no cambia esta dinámica le quedan algunos meses más y se acaban. En este contexto, la baja del dólar contado con liquidación será transitoria”, señala el último informe del economista Fernando Marul. Por ahora se mantiene la ventana abierta de los USD 200 mensuales del dólar “solidario”.
Alberto Fernández mantiene la esperanza de un repunte de la economía al estilo 2003, cuando el impulso al consumo y una política que privilegió la producción interna permitió a la Argentina salir rápido de la crisis que generó el estallido de la Convertibilidad
Agosto terminó siendo un mes irregular, que no logró consolidar la mejora de la economía de los meses previos. Además, hubo un mayor salto de la inflación, que se acercaría al 3% y la presión sobre las reservas también generó incertidumbre. Una y otra vez, sin embargo, desde el Gobierno niegan que apoyen la idea de una devaluación del peso, entendiéndolo como un salto brusco y discrecional del tipo de cambio oficial.
Algunos indicios son alentadores. El mes pasado el Central realizó transferencias al Tesoro por “sólo” $ 40.000 millones contra $ 220.000 millones del mes anterior. Y a su vez el Tesoro consiguió financiamiento fresco en los mercados por $ 30.000 millones, que también ayuda a bajar la emisión monetaria.
La esperanza del equipo económico es que septiembre se transforme un punto de inflexión, una suerte de “nuevo comienzo” que vaya dejando atrás los peores efectos de la pandemia y que también se tranquilice el mercado cambiario. Quizás exageradamente, el Presidente sueña con un repunte al estilo 2003, cuando la economía logró recuperarse a tiempo récord del estallido de la Convertibilidad. Hoy luce como un escenario lejano, aunque no necesariamente imposible.
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Fachada de la sede del Banco Mundial REUTERS/Yuri Gripas
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Los presos se amotinaron en Devoto para presionar por excarcelaciones ante la pandemia (Adrián Escandar):quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/BY6U4VRSSVBXDLVQ7K6LKADE5I)
El senador Francisco Durañona, Frente de Todos, presidente de la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense (Areco semanal):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NTZTZNZSXFAB5BLRMOUJSEKSBA.jpg)
El Gobierno tuvo que enviar efectivos federales a la provincia de Buenos Aires ante la ola de delitos. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BWGE67YNOZHHBO2NDIZNHCNDP4.jpg)
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El senador Leandro Blanco, Juntos por el Cambio, vicepresidente de la comisión de Legislación general
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La ministra de Justicia, Marcela Losardo
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