En una nueva reunión – que se dará todos los lunes – los principales dirigentes de Juntos por el Cambio acordaron renovar sus críticas a la reforma judicial y hasta plantearán la inconstitucionalidad de la cláusula que incluyó el senador Oscar Parrilli para que los jueces denuncien presiones “mediáticas”. Con el ex presidente, Mauricio Macri, conectado desde Suiza, los referentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica pasaron más de una hora evaluando los alcances de la reforma de la Justicia y también sumaron el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la declaración de servicio esencial a la TV por cable e Internet. Según fuentes partidarias, se ratificó el “pedido de retiro del proyecto de Reforma de la Justicia”, que ya habían realizado la semana pasada y que incluyó una carta dirigida al presidente, Alberto Fernández. Reforma judicial: senadores oficialistas dicen que Alberto Fernández sabía de la «cláusula Parrilli» Y explicaron: “Ya no tan solo agrava la situación de la justicia en el nombramiento de jueces subrogantes, sino que además crea una cantidad de nuevos cargos, contrarios al sistema acusatorio que ha comenzado a regir”. Según datos de la oposición, se sumaron casi 600 cargos y el valor de la reforma pasaría de unos $1.900 millones a $4.000 millones. En este sentido, también se habló de la inconstitucionalidad de la “cláusula Parrilli”. Tras el encuentro, en el frente opositor explicaron que “busca limitar la libertad de expresión, algo inaceptable para los principios y valores de Juntos por el Cambio”. El DNU de Macri El otro tema que se abordó fue el rechazo al DNU del Gobierno nacional que declara servicio esencial a la TV por cable y al servicio de Internet. En ese sentido, se presentó una nota para impugnar su tratamiento en la Comisión Bicameral que preside el kirchnerista Marcos Cleri. La misiva no impidió su aprobación hoy. Esta vez, a diferencia de la semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta tomó la palabra y trazó un panorama relativamente positivo sobre la evolución del Coronavirus en la Ciudad. Le planteó a los dirigentes opositores que la tendencia a la baja en los casos se está comenzando a ver, que el índice de contagios ya bajó sostenidamente de 1 y que, para septiembre, la Ciudad podrá ingresar progresivamente en una nueva normalidad. Lo escucharon el titular de la CC, Maximiliano Ferraro, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, los diputados radicales Mario Negri y Alfredo Cornejo más los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau, también de la UCR, entre otros.
Al ritmo de la pandemia de COVID-19 y desde el inicio de la cuarentena, la pobreza en la Argentina se extendió a niveles que preocupan seriamente al Gobierno: un incremento de más de 3,5 millones de personas que empezaron a recibir ayuda alimentaria hasta llegar a 11 millones, el mapa de más de 11.335 niños menores de 6 años que están malnutridos y al menos 133 municipios en donde los problemas de alimentación son hoy algo cotidiano.
Es probable que el INDEC no pueda ofrecer en lo inmediato un porcentaje certero del incremento de la pobreza en la pandemia porque la cuarentena frenó toda la labor de los técnicos en la recolección de datos. Pero los números de aumento en ayuda alimentaria, la aparición de nuevos pobres y el volumen in crescendo de chicos menores de 6 años con bajo peso cristaliza una situación social cada vez más complicada según los datos oficiales que maneja la Casa Rosada.
En esta radiografía de la pobreza se pueden ver datos concretos que abonan este panorama desolador en términos de pérdida de ingresos, nuevos pobres y chicos con hambre en la Argentina.
Según un relevamiento que hizo el Ministerio de Desarrollo Social y al que accedió Infobae, el aumento de 8 a 11,2 millones de personas que en enero y febrero recibían la Tarjeta Alimentar y que ahora se potenció se concentra en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, sustancialmente. Según el Ministerio de Desarrollo Social esta entrega de tarjetas ya estaba prevista desde enero y sólo se completó en marzo.
El conurbano bonaerense es donde hay mayor concentración de planes alimentarios. Según el informe elaborado desde el ministerio que conduce Daniel Arroyo, la provincia de Buenos Aires completó en julio la entrega de $2.831.150 millones para este programa alimentario.
En Entre Ríos se completó la entrega de $226.076 millones para este plan y en Santa Fe se entregaron $551.234 millones en julio pasado.
El Ministerio de Desarrollo Social aclaró que el incremento en la entrega de esos fondos ya estaba prevista desde enero y que se hizo en forma escalonada.
A la vez, los voceros de Arroyo dijeron a Infobae que el aumento de 8 a 11 millones de personas que pasaron a recibir ayuda se debió al aumento de gente en comedores escolares y en merenderos pero no en la entrega de la tarjeta Alimentar.
El resto de las provincias mantuvieron desde que empezó la pandemia hasta ahora los niveles de recepción de la tarjeta Alimentar que se vio desde enero aunque la ayuda social se canalizó por otras vías: el incremento de comedores, merenderos o programas IFE y Asignación Universal por Hijo.
“Sostener esta situación implicó un esfuerzo del Estado pero también fue importante el rol de la red social. Y un rol importante del sector privado. Con todo el sistema de asistencia del Estado, más las redes sociales y el sector privado llegamos a 11,2 millones de personas”, dijo el ministro Arroyo a Infobae.
En lo que va de la pandemia, el Gobierno inyectó $68.747 millones para diferentes programas sociales. Esto incluye $2.277 millones en compras centralizadas de alimentos, $4.092 millones de fondos para provincias y municipios, $52.413 millones para la Tarjeta Alimentar, $3.345 millones para comedores y merenderos, $7.301 millones para comedores escolares y $319 millones en otros rubros de ayuda alimentaria.
La presencia de gente en los comedores creció en los últimos meses hasta dar de atención a 230.000 personas, los merenderos reciben hoy a unas 202.000 beneficiarios y los fondos descentralizados COVID alcanzaron a 232.000 personas. Los comedores escolares llegan ahora a 19.432 escuelas mientras que para los módulos COVID para los municipios se invirtieron $600 millones.
“Argentina demostró estar a la altura para sostener la situación. El Estado, la red social y el sector privado lo lograron. La reconstrucción tiene varias partes: mejorar la cobertura y la comensalidad en el hogar, producir alimentos y mejorar la calidad nutricional”, dijo Arroyo sobre el despliegue de todos estos programas de asistencia que crecieron exponencialmente en los últimos 160 días de cuarentena.
Mapa de malnutrición
En paralelo a todo esto, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que conduce Victoria Tolosa Paz elaboró junto con diferentes ministerios un “Mapa de Indicadores Múltiples Georeferenciados” en el marco del Plan Argentina contra el Hambre.
Ese mapa al que tuvo acceso Infobae describe que al día de hoy hay 11.335 niños menores de 6 años que tienen bajo peso o están malnutridos, aunque también hay allí chicos con problemas graves de hambre.
“Estos chicos quedaron totalmente excluidos del sistema y debemos garantizar su atención de manera inmediata”, explicó Tolosa Paz.
Ese trabajo articulado dio como resultado un mapa que tiene representado el registro de datos del programa SUMAR, donde se identifica la “prevalencia de baja talla/peso”, obtenidas desde centros de salud (CAPS y Hospitales Públicos) a nivel nacional y datos del registro de Renabap.
En total se identificaron 232 ubicaciones (centros de salud), que están distribuidas en 21 provincias y representan 133 departamentos o municipiosn distribuidos en todo el país.
De este análisis, que constituye un primer recorte para el abordaje territorial con una mirada integral, se identificaron 11.335 niños y niñas concentrados en estos puntos con problemas de baja talla/peso.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “baja talla” de un niño determina el retraso del crecimiento, o talla baja para la edad y se refleja en una estatura inferior a la esperable de acuerdo a su edad. “Se define cuando la talla se aleja en más de 2 desviaciones estándar de la mediana de los patrones de crecimiento infantil”, sostiene el organismo internacional.
Con este mapa de nutrición de la Argentina el Gobierno buscará ahora desde la Mesa contra el Hambre planificar políticas sociales específicas y su impacto en el territorio, ya que incorpora datos como vulnerabilidad educativa (registro por provincias de servicios educativo, analfabetismo, repitencia y deserción escolar), servicios Alimentarios escolares, registro de comedores PNUD, índice de carencias múltiples (accesos a servicios y condiciones de vivienda) y registros de Huertas Escolares y Comunitarias, con la idea de analizar desde que lugar se puede mejorar los alimentos en los comedores comunitarios.
Los 133 municipios donde están concentrados estos 11.335 chicos con problemas de alimentación y baja talla se ubican en mayoría de las provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.
Aunque prevalece un mayor número de municipios del conurbano bonaerense, el gran Córdoba, Santa Fe capital y varias comunas de Santiago del Estero.
Reclamo de los intendentes
En líneas generales, los intendentes sufren de manera directa el impacto de aumento de la pobreza. La ayuda nacional resulta insuficiente y deben contar con el respaldo de los gobernadores o el sector privado, la ONG y los movimientos sociales para poder atender tanto volumen de nuevos pobres.
La mayor parte de las transferencias para ayuda social está concentrada en el conurbano bonaerense. Según un informe de Desarrollo Social, el 46,8% de las transferencias monetarias de impacto territorial para sustentar a los sectores vulnerables va a parar al AMBA, el 19% a la zona centro del país, un 11% al NOA, el 9,4% al NEA, un 7,1% a Cuyo y el 5,7% a las provincias de la Patagonia.
Desde que comenzó la cuarentena el 19 de marzo pasado, el Ministerio de Desarrollo Social empezó a girar a los municipios un fondo de $10 millones para la compra de comida que luego se duplicó a $20 millones para cada distrito. Pero para muchos intendentes no resulta suficiente esa ayuda si se tiene en cuenta que cada bolsón de comida tiene un valor de unos $1.000 pesos y hay comunas donde se gastan hasta $80 millones por mes en compra de alimentos para los sectores vulnerables que aumentan diariamente.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, explicó a Infobae que la ayuda de esos módulos de alimentos sumada a los programas de asistencia de la Nación como el IFE o la AUH aliviaron un poco la situación social. Pero el jefe comunal no dudó en sostener: “Nunca hay nada que alcance”. Y graficó que antes de la pandemia había en sus distrito unas 55.000 personas que llegaban a los comedores a pedir alimentos y hoy son más de 110.000.
El intendente peronista de Ituzangó, Alberto Descalzo, expresó que actualmente la situación en los barrios está contenida por los aportes alimentarios que le gira la Nación o la gobernación bonaerense. Aunque destacó que la solución de atención a la pobreza debería pasar por unificar todos los programas en un ingreso único universal.
Desde la oposición del PRO, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, dijo a Infobae que “hasta ahora el gobierno nacional ha cumplido bien, en tiempo y en forma, con la entrega de dos fondos rotatorios uno de 10 y otro de 20 millones que estamos ejecutando para reforzar con alimentos secos los comedores sociales del municipio”. Pero está claro que en Lanús se incrementó la ayuda alimentario y con ello los niveles de pobreza como en gran parte del conurbano bonaerense.
Este aumento de la pobreza en la pandemia ocurre en todos los distritos bonaerenses sin diferenciación política alguna. Por ejemplo, en el municipio de Vicente López, Jorge Macri de Juntos por el Cambio, antes de la pandemia se asistía a 4.500 familias en su comuna y hoy la ayuda alimentaria llega a casi 19.000 familias, es decir, casi tres veces más. “Estamos asistiendo al 35% de la gente de Vicente López con alimentos o con elementos de limpieza”, dijo Jorge Macri. El intendente de Vicente López destacó que hay una buena coordinación con la Nación en la tarea contra el COVID-19 pero también recaló en que “hay mucho por hacer en materia económica y de seguridad”.
Fernando Gray lidera la comuna bonaerense de Esteban Echeverría donde los bolsones de alimentos se llevan más de $70 millones al mes. “Estamos trabajando en una línea de ayuda social directa del Ministerio de Desarrollo Nacional y los municipios, básicamente del conurbano. El Estado en sus tres niveles está presente pero la demanda social crece. Y estamos trabajando junto a la sociedad civil y las organizaciones para mitigar este momento”, expresó Gray a Infobae al hacer un análisis del aumento de pobreza.
En una línea similar se mostró el intendente peronista de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien remarcó: “estamos articulando muy fuerte con el Ministerio de Desarrollo Social para materializar la ayuda alimentaria. En Almirante Brown entregamos mensualmente 87.000 cupos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en las escuelas, recibimos fondos para la Asistencia Alimentaria Directa y desde enero contamos con la Tarjeta Alimentar que le permite a casi 25 mil familias acceder a los alimentos. En paralelo, ya estamos trabajando para potenciar la producción de alimentos y mejorar en forma considerable la calidad nutricional”.
En otros casos, los intendentes bonaerenses del PJ o de la oposición prefieren no hablar públicamente. Aunque en sus encuentros virtuales y en las reuniones últimas que mantuvieron con el gobernador, Axel Kicillof, dejaron traslucir el nivel elevado de preocupación que hay por el aumento de pobres desde la pandemia hasta hoy.
Es el mismo tono de alerta y preocupación que se percibe en la Casa Rosada aunque allí prefieren mantener la cautela y mantenerse activos. Tanto en el Ministerio de Desarrollo Social, como en el Consejo de Políticas Sociales o en la Jefatura de Gabinete se percibe un nivel de preocupación ante tanto incremento de pobreza.
Desde el presidente Alberto Fernández para abajo, en la Casa Rosada saben que la reactivación económica será el mayor reto que tendrá el Gobierno para salir de la crisis de la pandemia y empezar a reducir los niveles elevados de pobreza que la pandemia del COVID-19 elevó duramente y golpea a miles de argentinos.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N°690/20 determinó que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) serán considerados servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, interviniendo de esa manera el sector. Esto incluye a la telefonía fija y móvil, a Internet y la TV paga. Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro. La norma no deja de sorprender dado que siempre mantuvimos el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan. La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos. Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la Industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015) Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre. En forma equivocada se califica a esta industria como servicio público sin ninguna necesidad y menos aún urgencia. Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos. Eso es una Política de Estado de desarrollo. El Servicio Público, en cambio, es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a Internet, TV paga y la telefonía celular NO garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia. Los servicios TIC son servicios en competencia ►Las telecomunicaciones son una industria en competencia de más de 1200 prestadores, pymes y cooperativas que permiten a los usuarios optar por distintas ofertas de conectividad, en todas las provincias y municipios del país, bajo un régimen de licencias y no de concesión pública, que tienen un único prestador en cada zona. ►En este marco y en sus distintas modalidades –fija, móvil o satelital- la industria TIC logró una cobertura de hasta el 95% de la población del país. ►Según datos del Indec, a diciembre de 2019, el 82,9% de los hogares contaba con acceso a Internet. Además, hay más de 50 millones de líneas celulares en servicio. No hay otro servicio en el país con esa cantidad de clientes. ►La industria está comprometida con la expansión de los contenidos audiovisuales de producción nacional. Para ello desde hace años invierte y apoya películas y series de talentos locales, fomentando de esta manera el consumo tanto en cines y en el hogar de producciones argentinas. Como así también desarrollos nacionales para Internet de las Cosas. Gracias a ello, hoy millones de argentinos pueden disfrutar de diversidad de voces y opciones de entretenimiento desde series y películas hasta eventos deportivos. Certidumbre regulatoria para incentivar la inversión ►Para acelerar la inclusión digital se necesitan inversiones intensivas, de forma recurrente y a largo plazo para expandir los servicios. La industria TIC en su conjunto es el sector que más invierte en la Argentina, junto con el petróleo (20.000 millones de U$S durante los últimos diez años, con una contribución del 2.4% del PBI). ►Para continuar haciendo las inversiones que lleven a más hogares mejores servicios y llegar a quienes aún permanecen desconectados la industria necesita certidumbre. La intervención sobre el sector que representan las medidas anunciadas, en un contexto como el argentino, resultará negativo para continuar desarrollando el acceso y cobertura en los servicios de Internet, telefonía móvil y TV paga. El sector TIC durante la pandemia ►Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, la industria está comprometida con sus colaboradores, proveedores, y clientes con el objetivo de mantener conectados a todos los argentinos. Ha implementado voluntariamente facilidades y beneficios para los sectores más vulnerables como el diseño de Planes Inclusivos, no corte por mora, la retracción de precios, y la gratuidad en la navegación por portales educativos. Además, mantuvimos fijo , en acuerdo con el Gobierno, los precios de varios planes de servicios desde el mes de noviembre de 2019 ►Brindamos conectividad en hospitales, centros educativos y numerosas dependencias públicas. Hemos efectuado donaciones y campañas gratuitas de SMS. ►Además, ha venido sosteniendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tributarias y laborales, sin recibir ningún tipo de subsidio ni facilidades por parte del Estado. Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando, y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de Emergencia Sanitaria. Existe un acuerdo suscripto con el gobierno, vigente hasta el 31 de agosto, y en un diálogo constante hasta el inesperado anuncio por parte de las autoridades. Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todos los involucrados. Solicitamos que se reconsidere esta decisión para restablecer un diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos y seguir desarrollando una industria de alto valor agregado, generadora de empleos legítimos y con un enorme potencial para el país y su gente.
Patricia Bullrich, referente de Juntos por el Cambio (Foto: Gustavo Gavotti)
Alberto Fernández llegó a la Presidencia de la Nación ungido por Cristina Fernández de Kirchner. Es el presidente del cuarto gobierno kirchnerista con una legitimidad de origen tan indiscutible como cuestionables son sus procedimientos y resultados.
Por primera vez en la historia, desde 1983 en adelante, la Argentina cuenta con una fuerza política opositora que sacó más del 40% de los votos el año pasado. Ese es el electorado al que desde Juntos por el Cambio tenemos que escuchar y representar para seguir creciendo.
Me encantaría creerle al Presidente cuando invoca al diálogo. La Argentina necesita consensos para lograr una agenda que tenga como único objetivo ayudar a la sociedad en este momento de angustia extrema, pero a Alberto Fernández hay que creerle más por lo que hace que por lo que dice. Y lo que hace es desdecirse permanentemente.
Sostiene que quiere diálogo, pero acusa injusta y falsamente a Juntos por el Cambio de los problemas estructurales que tiene la Argentina desde hace décadas.
Dice querer una Argentina desarrollista y de progreso, convoca a los empresarios a Olivos y unos días después anuncia que expropiará Vicentín. Luego hace lo propio con la reforma judicial, y termina por declarar como servicio esencial la TV paga, cuando en Argentina faltan cloacas, asfalto, luz, y las tomas de tierras son moneda corriente.
Dice que quiere una Argentina pujante, con generación de empleo, pero se abraza con Hugo Moyano, le levanta el brazo en público y lo muestra como el modelo sindical a seguir. ¿La sociedad está dispuesta a avalar que Moyano sea el prototipo de sindicalista en Argentina? Yo, no.
Pero estas no son las únicas contradicciones del Presidente: alabó el régimen feudal de Insfrán; violentó a terceros países con datos comparativos sobre la pandemia de manera falsa y deliberada; dice que la cuarentena no existe más y la estira hasta el infinito; recomienda usar barbijo y desaconseja las reuniones sociales cuando él mismo incumple.
¿Pueden lograrse acuerdos mínimos con dirigentes así? Acordar es también ceder. Y nosotros no estamos dispuestos a ceder si nos quieren imponer un modelo de aislamiento internacional para un país feudal que genere a diario cada vez menos federalismo y más dependencia individual del aparato del Estado.
Cuando fui ministra, en el Consejo de Seguridad Interior discutíamos las políticas alrededor de una mesa todos los ministros, secretarios y miembros de las fuerzas federales y policías: lo hicimos a pesar de las diferencias, logramos acuerdos importantes y los resultados fueron evidentes: conseguimos que la tasa de homicidios sea la más baja de los últimos 20 años.
Claro que teníamos diferencias, pero jamás especulé políticamente con un gobernador o una provincia por no pensar como nuestro gobierno porque siempre supe que tras las decisiones compartidas estaba en riesgo la vida de millones de argentinos.
Pese a todo se puede plantear una agenda común, pero el desprestigio a nuestro gobierno, el agravio gratuito y la indiferencia absoluta hacia lo que piensa y desea el 40% de la sociedad complica las cosas. Es difícil sentarse a dialogar cuando lo que se pretende no es la búsqueda de consensos sino de complicidades para la impunidad.
En tanto el gobierno mantenga este rumbo inflexible será cada vez más difícil sentarse juntos a una misma mesa.Consensuar y dialogar, siempre. Ser funcionales a un plan de poder absolutista, jamás.
El gobierno argentino obtuvo en los últimos días dos logros muy importantes para el país: acuerdo con los bonistas para evitar el default y la fabricación de la vacuna anti Covid-19. Este haber naufraga ante otras incertidumbres que genera el mismo gobierno. Ambos logros se diluyeron en medio de un humor social en el cual predomina el inconformismo, expresado en un cóctel económico-social dentro del envase de la inseguridad.
El Presidente lidia entre los banderazos externos y explícitos, especialmente de una clase media a la cual el laboratorio político aún no le dio respuestas; y los internos (léase suelta de presos, Vicentin, enmienda Parrilli) también explícitos y desgastantes.
Si la sociedad política que llevó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner a gobernar Argentina en el 2019 fuera de carácter comercial, ante resultados no óptimos (caída en las encuestas) se impondría un cambio de estrategia. Como esto es política, se impondría un cambio de agenda.
El Gobierno en estos últimos días ha generado otro cambio de gabinete. Reemplazó al inexistente secretario de Energía, Sergio Lanziani. Reubicó a esta Secretaría dentro del área de Economía, al considerar que los subsidios definen la situación fiscal, el precio a la producción interna, la balanza comercial y el flujo de dólares. Los entendidos observan como auspicioso que un neuquino, Darío Martínez, haya sido designado en el cargo porque observan que es centrar la política a desarrollar en esta área donde está Vaca Muerta. Como en otros sectores, aquí también se deben definir políticas claras y no debieran gravitar las internas.
Al igual que lo acontecido con los planes reactivadores presentados por los sectores agroindustrial y mineros, para colaborar en la difícil coyuntura, el sector de los profesionales de Ciencias Económicas está ultimando un proyecto de simplificación tributaria, que en breve será acercado a consideración del Congreso y el Presidente. La Federación presidida por el Dr. Silvio Rizza está abocada en forma interdisciplinaria a trabajar en cambios en el corto y mediano plazo. En el corto plazo se proponen modificaciones urgentes en Ganancias: mejorar deducciones personales (mínimo no imponible), equiparar a los autónomos con los asalariados, gravar los conceptos no remunerativos del sector público, eliminar el tope de deducción de donaciones, permitir el cómputo de ajuste por inflación en un solo ejercicio. Establecer un puente entre monotributistas y contribuyentes de Ganancias. En los impuestos provinciales, eliminar los regímenes de recaudación anticipada (retenciones y percepciones). Devolver en forma inmediata los saldos a favor de los contribuyentes. Aplicar en forma estricta y sin dilaciones el consenso fiscal. En Bienes Personales disminuir las alícuotas y contemplar pasivos. Reducir gradualmente el impuesto a las exportaciones. En cuanto al mediano plazo: reformar la ley de Coparticipación a los efectos de simplificar la cantidad de tributos, sustituyendo ingresos brutos por un impuesto en la etapa minorista. Eliminar el impuesto a las exportaciones.
Con respecto a la reforma judicial, podríamos titular: “Otra reforma que cae presa de la grieta”, fundamentado en que si bien nadie duda sobre la necesidad de una reforma cuantitativa y cualitativa, una vez más hay que distinguir la mirada de CABA con el interior del país. Por empezar los miembros de la Justicia Federal del interior del país entienden que la reforma es totalmente necesaria y representa una mejora, un fortalecimiento producto de la multiplicación de juzgados, fiscalías y defensorías que se crearían. En la Justicia Federal santafesina, por ejemplo, hace 30 años que no se crea un juzgado nuevo en Rosario. Si a esta reforma se la complementa con la implementación del sistema acusatorio, las voces de la justicia federal del interior la consideran excelente. Pero, aquí la grieta. Puertas adentro todos los integrantes de la Justicia Federal, salvo CABA, quieren la reforma. La letra de la misma no consolida los argumentos de quienes la rechazan. Los que se oponen lo hacen fuera de la letra de la ley. Salvo la cláusula Parrilli que ha sorprendido al propio Presidente, quien al mencionarla dijo “es casi ociosa”. La senadora Sacnun ratifica: “La citada cláusula no va contra la libertad de expresión e investigación periodística, sino contra la maquinaria mediática que representa fuertes intereses económicos. La independencia de los jueces debe serlo tanto del poder político como del económico y mediático. Ahora bien, los magistrados tendrán que denunciar y dar prueba de ello. El accionar del periodismo está resguardado por los pactos internacionales y la propia Constitución Nacional”. Y afirma que “el dictamen está en condiciones de ser llevado al recinto esta semana”.
En Diputados consideran que los números a hoy serían los siguientes: 117 diputados del oficialismo, más 6 del bloque de Ramón, más 1 del bloque de Sapag: da un total de 124. La oposición contaría con 131 votos. La diferencia estaría en 5/7 votos. Las distintas voces consultadas aseguran que de ninguna manera esta reforma será de tratamiento rápido en Diputados. Es más: esta semana o la próxima la agenda marca el tratamiento del proyecto de aumento de multas y sanciones a la pesca ilegal en el Mar Argentino; y el tratamiento urgente de la Ley de Turismo.
La profesora María Cristina Gómez, de “Argentinos por la Educación”, me decía: “El mundo está demandando muchos millones de puestos de trabajo, para los próximos 25 años. ¿Cuáles serán las oportunidades de nuestros chicos sin acceder a una educación que los prepare para ese mundo? No vale llorar por los trabajos que se pierden por la tecnología, tenemos que trabajar para ganarnos los nuevos puestos de trabajo que ha multiplicado. Hoy el mundo ha cambiado, la escuela también debe cambiar, y ver como pasamos de la pizarra al cuaderno y del cuaderno a la computadora”. ¿Están nuestros dirigentes trabajando por este futuro que ya llegó?
El Presidente debería retomar el discurso moderado, sobre ética, moral, libertad y justicia que le permitió llegar a votantes ávidos de tales concreciones, así como también retomar el necesario camino de la concertación y el diálogo.
“A partir de denuncias particulares y de constatar la publicidad en redes sociales de proyectos no habilitados por la Comuna, desarrollamos diversos operativos de control y clausuramos 22 emprendimientos ilegales que avanzaban en tierras sobre las que no se puede construir”, detalló la Secretaria de Planeamiento Urbano local, María Botta.
Según explicó la funcionaria municipal, las empresas que los desarrollan “no sólo violan la normativa vigente, si no que su accionar responde al delito de estafa, teniendo en cuenta que ofrecen y venden un proyecto de vivienda a miles de familias en lotes que no se van a poder habitar”.
En ese sentido, precisó que “cada emprendimiento que se encare en la ciudad debe dar cumplimiento a la normativa vigente y encuadrar con el Plan Estratégico 2030, una condición fundamental para pensar y desarrollar la ciudad a futuro”.
En esa línea, Botta aseguró: “Vamos a seguir interviniendo, notificando y clausurando este tipo de construcciones ilegales que no sólo avanzan en zonas de riesgo, si no que también afectan a la gente que quiere construir su vivienda y termina siendo víctimas de estas estafas”, y solicitó: “Les pedimos a los vecinos que consulten con el área de Planeamiento municipal la situación de los lotes antes de comprarlos para evitar así ser víctimas de engaños”.
Vale destacar que los motivos de las clausuras responden a la prohibición de construir en zona rural intensiva, un ámbito territorial con localización de actividades de tipo agrícola; a la construcción en zonas de reserva urbana; y a la publicidad de proyectos urbanísticos que no tienen aprobación municipal porque no son factibles según la zonificación vigente.
Del mismo modo, infringen diversos artículos de las ordenanzas 10703, 10681 y 6147 (Código Contravencional), como comenzar una obra sin permiso, documentación y cartelería correspondientes y publicitar emprendimientos urbanísticos que no se encuadren en la normativa provincial vigente ni estén aprobados por la autoridad municipal, entre otras infracciones.
Quienes quieran consultar el estado y condiciones de un lote dentro del Partido de la Plata, deberán enviar la inquietud al correo electrónico de la Secretaría de Planeamiento Urbano: secplaneamientourb@laplata.gov.ar.
LOS 22 EMPRENDIMIENTOS QUE FUERON CLAUSURADOS
Según se informó, las clausuras se ejecutaron sobre desarrollos inmobiliarios ubicados en calle 509 y 208; 506 e/ 202 y 208; 513 e/ 202 y 208; 498 e/ 202 y Ruta 36; 467 y 155; 515 e/ 167 y 169; 159 y 515 (dos loteos); 506 e/ 202 y 208; 518 e/ 164 y 167 (dos loteos); 498 e/ 198 y 202; 699 a 704 de 22 a 24 (dos lotes); 137 a 30 e/ 90 y 602; 208 y 509; Av. 38 e/ Ruta 36 y 197; 158 y 470; 622 a diagonal 26 e/ 22 y 25; 672 y 673 de 16 a 17; 22 y 24 de 697 a 794; y en 13 y 18 de 98 a 605.
Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof deberán empezar a definir en estas horas la continuidad de la cuarentena en el Área Metropolitana que volverá a renovarse a partir del lunes en medio de una fuerte pulseada política entre el oficialismo y la oposición y con la atención centrada en iguales proporciones en la crisis sanitaria, la economía y el tratamiento de la reforma judicial, en la que el Gobierno buscará media sanción el próximo jueves.
Es la primera vez que la víspera de la extensión del aislamiento, con reaperturas y visibles señales de agotamiento social después de más cinco meses de su implementación, no está atravesada exclusivamente por negociaciones y tironeos entre las administraciones porteña y bonaerense y la Casa Rosada.
De hecho, como contó el sábado este medio, el jefe de Gobierno volverá a poner a prueba esta semana su vínculo con la Casa Rosada entre la administración de la pandemia y las tensiones internas. Este lunes, Rodríguez Larreta publicó en su cuenta de Twitter un hilo contra la reforma que defiende el Frente de Todos. “No es la forma”, resaltó frente a la sesión del jueves, fiel a su estilo, menos confrontativo que el sector más radicalizado de la oposición.
En Olivos dejaron trascender que, en verdad, era una forma del jefe de la Ciudad de buscar una instancia de diálogo.
Controles de tránsito (Adrián Escandar)
“Va a ser difícil”, reconocieron desde la mesa de decisiones del Gobierno porteño en alusión a la foto que Fernández, el jefe de Gobierno y el gobernador bonaerense protagonizarán sobre el filo del fin de semana. Según está previsto, unas horas después del debate parlamentario en la Cámara alta que tensó mucho más el vínculo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
En la agenda de Alberto Fernández, la cuarentena empieza a ocupar un espacio cada vez menos preponderante, a pesar de que el reporte oficial de ayer del Ministerio de Salud marcó 382 muertes, un nuevo récord. En al anterior anuncio, el propio Presidente había subrayado que “la cuarentena no existe más”, que había que redoblar los esfuerzos y evitar las reuniones sociales, y destacó que la circulación del coronavirus volvía a presentarse con preocupación en el interior del país, y no solo en el Área Metropolitana.
El fin de semana, el mandatario apareció sin barbijo ni distancia social en la residencia de Olivos en compañía de Hugo Moyano, la mujer, Liliana Zulet y el hijo Jerónimo, y su pareja, Fabiola Yáñez. Para conocer la esencialidad del encuentro habría que consultar a Zulet y a Yáñez, que fueron las organizadoras.
El Presidente, por el contrario, está ahora mucho más enfocado en la economía y en el tratamiento del proyecto de reforma de la Justicia, cuya suerte asoma incierta en la Cámara de Diputados.
Por estas horas, entre Olivos y la Casa Rosada se termina de pulir el anuncio de las “60 medidas económicas” que el jefe de Estado espera encabezar las próximas semanas. Una puesta en escena que aún es motivo de análisis y que está encadenada con el proceso de adhesión al canje de la deuda extranjera de los acreedores privados que vence este viernes. El oficialismo quiere empezar a mostrar otra iniciativa, vinculada a la “recuperación” económica. Por eso en el entorno presidencial hay quienes buscan mudar al mandatario de Olivos para esa foto: la quinta, dicen, quedó asociada a la cuarentena.
Cristina Kirchner buscará media sanción de la reforma judicial en la previa de la extensión de la cuarentena
En el Palacio de Hacienda descuentan que la aceptación de los bonistas, que entonces tendrán que canjear sus papeles el 4 de septiembre, será alta. En la Casa Rosada buscan cómo capitalizar mediática y políticamente el proceso. En especial porque la atención pública en torno al acuerdo preliminar que el Presidente y Martín Guzmán oficializaron el martes 4 de agosto duró un suspiro.
El anuncio de las 60 medidas, que buena parte son concentradas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, tiene tres patas: la fiscal-financiera, la del consumo y la de la obra pública. Incluye, por ejemplo, el relanzamiento del PROCREAR y paquetes destinados al turismo.
Ayer, en las oficinas de la calle Uspallata de la administración de la Ciudad, los colaboradores de Rodríguez Larreta daban cuenta de que la idea del jefe de Gobierno es habilitar a partir del lunes las mesas para gastronomía al aire libre, la regulación del espacio público para reuniones sociales -con un máximo de ocho personas- e insistir con la apertura de escuelas para “gabinetes informáticos”, que necesita sí o sí la aprobación del Ministerio de Educación nacional.
Esta vez, hay más coincidencias sanitarias entre los gobiernos porteño y bonaerense. En parte porque el sistema hospitalario del AMBA resiste la demanda. Por el hartazgo social. Por las necesidades económicas. Y porque la discusión en torno a la reforma judicial alteró la agenda pública.
Para la oposición, no hay diferencias, como trasciende, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
El Gobierno de Córdoba declaró la «emergencia agropecuaria» en las zonas afectadas por los incendios, con el objetivo de sumar fondos nacionales para asistir a los productores afectados por el fuego que, según datos oficiales, hasta el momento ya arrasó más de 30.000 hectáreas.
El ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso, adelantó a Cadena 3 que la emergencia agropecuaria se oficializará este martes y alcanzará a todas las zonas afectadas por los incendios, que particularmente desde hace una semana se extendió por las serranías del valle de Punilla, donde en noche del lunes se mantenían varios focos activos.
El funcionario precisó que con la declaración excepcional se pretende asistir a los productores agropecuarios afectados con créditos, diferimientos impositivos y condonaciones de deudas. “No habrá productores que no tengan el auxilio y acompañamiento del Gobierno», adelantó el funcionario.
Asimismo precisó que «el 90% son pequeños, con menos de 100 animales, y necesitan una mano muy grande”, manifestó Busso, y afirmó que los relevamientos satelitales preliminares reflejan que hasta el momento, “se quemaron entre 25.000 y 30.000 hectáreas” solamente en la zona del departamento Ischilín, sin contar el valle de Punilla.
Alberto Fernández avanzó contra Mauricio Macri para apaciguar ciertas críticas internas a su agenda política, que no termina de convencer a Cristina Fernández de Kirchner y sus aliados políticos en el Congreso y el Gabinete Nacional.
La vicepresidente tiene un odio visceral sobre Macri, y muchas veces cuestionó la languidez del Presidente para tratar al líder de Juntos por el Cambio. La embestida de Alberto Fernández contra su antecesor fue elogiada en la Cámara de Senadores y este enfrentamiento con la oposición puede enterrar la Reforma Judicial en Diputados.
En los últimos días, el Presidente remozó su agenda política para atenuar las críticas palaciegas a su programa de Gobierno. La decisión de congelar las tarifas de la telefonía celular y fija, internet y la televisión por cable, además de intervenir en la conformación de los precios por las empresas privadas, fue reivindicada por Cristina Fernández y su entorno.
Alberto Fernández no anticipó la jugada a su Gabinete, sorprendió a las compañías que brindan esos servicios esenciales y puso en falsa escuadra a Martín Guzmán. El ministro de Economía ya está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y una decisión intervencionista de semejante magnitud significó una emboscada ideológica para Kristalina Georgieva y su staff técnico.
Cristina Kirchner y Anabel Fernandez Sagasti, durante la campaña presidencial
Junto a la decisión de avanzar contra las empresas privadas de telefonía, internet y cable, Alberto Fernández hizo otro gesto político para consensuar ciertas diferencias de agenda con Cristina Fernández de Kirchner. Almorzó ayer con Anabel Fernández Sagasti, vicepresidente del bloque de senadores peronistas, y una ejecutora directa de todas las estrategias políticas que fija CFK en la Cámara Alta.
Fernández Sagasti,con su contertulio Oscar Parrilli, incorporaron la enmienda contra los periodistas que está en el artículo 72 inciso e) de la Reforma Judicial. Esa modificación del proyecto oficial se hizo a espaldas de Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, que se enteró por una llamada telefónica cuando el dictamen ya estaba firmado por la totalidad de los senadores peronistas.
Durante el almuerzo con Fernández Sagasti se trató la posibilidad de mantener la “Enmienda Parrilli”, pese a que el Presidente no coincide con su espíritu y ya la consideró una disposición “ociosa”. Para evitar un nuevo roce con CFK, el Presidente estaría dispuesto a aceptar que el esperpento redactado por Parrilli permanezca intacto en el artículo 72 inciso e).
En este contexto,si el proyecto llega alguna vez al recinto de Diputados, la “Enmienda Parrilli” se eliminaría junto a otras disposiciones jurídicas que no son compartidas por la oposición. Es decir: Alberto Fernández aceptaría in totum todas las modificaciones que hizo el kirchnerismo a su iniciativa oficial, y luego buscaría cerrar un acuerdo con Juntos por el Cambio para reformular la media sanción dada en el Senado con los propios votos de la bancada peronista.
Alberto Fernández y Mauricio Macri en el Congreso durante la entrega de la banda y el bastón presidencial
El plan de Olivos para sancionar la Reforma Judicial en Diputados es, al menos, incierto. Alberto Fernández castigó con vehemencia a Mauricio Macri, y sus socios políticos cerraron filas detrás del ex presidente, al margen de sus responsabilidades institucionales, sus miradas ideológicas o sus sueños de poder.
Juntos por el Cambio asume que si Alberto Fernández se animó a pegarle a Macri, no tendrá inconvenientes en continuar con Rodríguez Larreta, Elisa Carrió o Alfredo Cornejo, tres líderes clave de la oposición política. Macri ahora ocupa el centro de la coyuntura mediática, y ya consensuó con sus aliados que la Reforma Judicial debe encallar en Diputados si el Presidente no se aviene a un acuerdo con la oposición.
Alberto Fernández trazó una hoja de ruta que lo acercó a CFK y lo alejó de su programa político original que implicaba consenso con la oposición y una fluida relación institucional con las empresas nacionales y extranjeras.
El Presidente protagoniza ahora un juego de suma cero: crispó su relación con Juntos por el Cambio, aceptó modificaciones a la Reforma Judicial que no comparte y ya enfrenta una fuerte crítica en Estados Unidos y la Unión Europea por su decisión de intervenir en las compañías de telefonía y cable.
Todo es pura ganancia política para Macri y CFK, que otra vez ocupan el centro del tablero.
El ex presidente Eduardo Duhalde ratificó este martes 25 de agosto sus dichos respecto a la posibilidad de un «golpe de Estado», aunque reconoció que su «psiquis está alterada». «Digo lo que pienso y creo tener fundamentos para hacerlo», insistió. Ante este escenario, periodistas acreditados en Casa Rosada obtuvieron la palabra del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y calificó las declaraciones como «inapropiadas». «Las declaraciones son relaciones inapropiadas. Tengo un gran respeto por el expresidente. Lo que sí queremos manifestar es que la Argentina ya ha decidido hace muchos años vivir en democracia apostar el régimen democrático», remarcó el ministro coordinador del gabinete de Alberto Fernández. Y prosiguió: «El grito de Nunca Más que se escuchó ese durante el gobierno de Alfonsín, fue una bandera para todos nosotros después. Para nosotros es importante destacar esto. Todas las diferencias se dirimen en la arena democrática, toda diferencia política». Eduardo Duhalde: «No me arrepiento, llega una anarquía con olor a sangre» En cuanto a las argumentaciones que había esgrimido Duhalde, Cafiero fundamentó: «Nuestro país resolvió avanzar en una transición pacífica y democrática. (…) En ese sentido creo que está robustecido el régimen democrático en Argentina y no está puesto bajo ningún punto de vista en tela de juicio ni mucho menos». «También por otro lado rescatar como lo ha dicho nuestro Ministro de Defensa Agustín Rossi que las Fuerzas Armadas están realmente integradas a lo que es el régimen democrático argentino», apuntó. Luis Juez: «Duhalde que se quede cuidando a los nietos» Confirmó además que los comicios se realizarán con normalidad: «Va a haber elecciones el año que viene y PASO». ¿Se mantiene el diálogo con Duhalde?, se le preguntó. A lo que respondió: «Tiene aportes valiosos para hacer. Quizás no coincidimos en este punto, pero hay otros puntos de contacto con respecto a su mirada productiva.
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Cristina Kirchner buscará media sanción de la reforma judicial en la previa de la extensión de la cuarentena
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Alberto Fernández y Mauricio Macri en el Congreso durante la entrega de la banda y el bastón presidencial