El Gobierno nacional define por estas horas la nueva etapa de la cuarentena a partir del 21 de septiembre, que tendrá el foco puesto en el interior del país y apelará a la responsabilidad individual. Sin embargo, todas las miradas pasan por si habrá una reunión del Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof tras las fuertes tensiones por la coparticipación. En ese escenario, todavía no está definido cuándo van a ser las reuniones entre Nación, Provincia y Ciudad para puntualizar los pasos a seguir, algo que habitualmente se cumplió en la previa de los anuncios anteriores, pero que ahora podría cambiar en medio de la tensión entre el presidente y el gobernador bonaerense contra el jefe de Gobierno porteño. Fuentes de Casa Rosada afirmaron que «van a seguir coordinando la situación en el AMBA, pero aún no hay fecha y no está definido quiénes se van a reunir» en representación de los tres distritos. Cambio de relación entre Fernández y Larreta En ese marco, fuentes del Gobierno porteño anticiparon a la agencia NA que está previsto que «este martes o el miércoles» se reúnan el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y sus pares de Ciudad, Fernán Quirós, y provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, para analizar la situación epidemiológica del AMBA. Si bien desde la Ciudad destacan que «se lesionó el diálogo entre Nación y Ciudad», dejan entrever que las reuniones por la pandemia continuaron su curso normal. «Siempre se juntaron y hablan habitualmente. No sabemos si quedará sólo a ese nivel el diálogo», respondieron desde la Ciudad, ante la consulta de cómo será la comunicación con Nación luego del conflicto que se generó tras la decisión del Gobierno nacional de traspasar un punto de los fondos de coparticipación de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires. En cuanto a la situación epidemiológica, fuentes oficiales indicaron a NA fuentes oficiales reconocieron que no hay «margen para cerrar» en el AMBA, y afirmaron que «ahora la lupa está puesta en el interior». «Los controles se siguen haciendo, pero hay muchas cuestiones que dependen de la responsabilidad individual», describieron las mismas fuentes a Noticias Argentinas. Por qué Alberto Fernández se divorcia de Rodríguez Larreta y los porteños En tanto, en el gobierno bonaerense aseguran que «no se van a realizar más aperturas». «La realidad es que en la Provincia la situación está estable. De hecho en las últimas semanas hubo un descenso en la velocidad de los contagios», señalaron en el entorno de Axel Kicillof. «En el AMBA, en las últimas tres semanas el nivel de contagios bajó de 35.350 a 31.470, y de ahí a 26.610. Ahora los casos crecen en el interior de la Provincia», describieron. Por último, fuentes del gobierno santafesino indicaron a la agencia NA que el sistema sanitario de esa provincia está «apretado», dado que el 70% de las camas de terapia intensivas están ocupadas, mientras que en la ciudad de Rosario la ocupación es del 85%. «La mayoría de los contagios se registran en el sur de Santa Fe, con Rosario como epicentro. Hay contagios derivados del AMBA y crecimiento propio», explicaron.
El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció este mediodía la extensión del bono de $5.000 por 90 días para personal de la salud, que alcanzará a 700 mil personas, y que comenzará a incluir a más trabajadores.
“Es un estímulo necesario para el enorme esfuerzo que están haciendo”, dijo el ministro en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto a su par de Trabajo, Claudio Morini, y el secretario general de la CGT, Héctor Daer.
En ese contexto, Moroni precisó que se ampliará también el universo de trabajadores beneficiados con el bono, de unos 450 mil a 700 mil, según indicó. A partir de ahora, además, quedan contemplados en la medida el personal de los gerátricos, de traslado de ambulancias, del sector de atención primaria de la salud y de análisis clínicos.
Cabe recordar que el 27 de marzo, a través del decreto 315, el Gobierno estableció el pago de un plus de $5.000 para los meses de abril, mayo, junio y julio para “trabajadores de la salud, profesionales y técnicos, auxiliares, ayudantes y a toda persona expuesta y abocada a controlar la pandemia provocada por el COVID-19”.
El Gobierno hizo el anuncio en conferencia de prensa
Asimismo, el ministro González García afirmó que no está de acuerdo con las “actitudes aperturistas del Gobierno de la ciudad” de Buenos Aires en el marco del aislamiento social, ya que “no condicen con el grado de la pandemia en Argentina”.
“El control en los bares no está funcionando, a mi modo de ver. Es muy difícil controlarlos”, dijo el funcionario nacional durante la conferencia de prensa.
Claudio Morini, ministro de Trabajo de la Nación
Asimismo, Moroni adelantó que el martes de la semana que viene comenzará la discusión sobre la paritaria de los empleados públicos.
El expresidente Mauricio Macri apareció en una reunión por Zoom de Juntos por el Cambio y respaldó la posición del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respecto del reclamo que presentará en la Justicia luego de que el gobierno nacional de Alberto Fernández traspasara un porcentaje de fondos coparticipables de la Ciudad a la Provincia, para mejorar las condiciones salariales de la Policía del distrito bonaerense. «Nos dejó muy bien parados a todos», dijo Macri en el encuentro en donde además del jefe de gobierno porteño también estaban los dirigentes más importantes del espacio opositor como el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la presidenta del PRO Patricia Bullrich, el titular del interbloque Cambiemos en Diputados Mario Negri, su par del Senado Luis Naidenoff, el jefe del bloque PRO en Diputados Cristian Ritondo, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo, los legisladores Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, allegados a la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y los senadores Humberto Shiavoni y Martín Lousteau, entre otros. Roríguez Larreta agradeció «la solidaridad y el acompañamiento» uniforme de su espacio y adelantó que en los próximos días se presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar «los derechos de la ciudad» y la «incostitucionalidad» del decreto presidencial que le quitaría un 1,18% de su presupuesto. Larreta apura la respuesta porteña: decreto y «antes del miércoles» el amparo judicial Mauricio Macri venía de escribir una columna en La Nación, titulada “Para defender el presente y ganar el futuro”, en donde se refirió a un «ataque sistemático contra la Constitución» por parte del gobierno nacional y una «indignante presión» sobre la Ciudad. Y solicitó dar «una discusión profunda los principios que deben regir Nuestro Orden Social”. «Es la República o la republiqueta», concluía su artículo. En ese marco y tras la reunión virtual de este lunes, los líderes de Juntos por el Cambio manifestaron su preocupación por «la creciente tensión política y social» en el país, y le reclamaron al gobierno de Alberto Fernández que cese con su «estrategia de confrontación». «Reiteramos nuestra preocupación por la creciente tensión política y social que se ha visto agravada por los hechos sucedidos en la última semana. El país necesita, y reclama, sensatez política y cordura institucional», señalaron los referentes del frente opositor. Según subrayaron, «el Gobierno Nacional debe cesar de inmediato en su postura y comprender que si persiste en su estrategia de confrontación, la solución de los problemas que afectan a los argentinos será más difícil y llevará más tiempo, un tiempo en el que la incertidumbre económica y el daño sobre el tejido social se harán más profundos y visibles».
La primera señal de alerta se encendió hace poco menos de un mes, en pleno debate sobre la reforma judicial, cuando la bancada kirchnerista del Senado intentó instaurar un condicionamiento directo a todos los medios de comunicación de la Argentina mediante un artilugio jurídico conocido como “enmienda Parrilli”. Ese intento no prosperó, pero desde la misma Cámara Alta asoma ahora otra iniciativa inquietante.
En la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que se celebró el lunes por la tarde, el senador Alfredo Luenzo (Frente de Todos) habló de “los riesgos de una internet libre” y propuso que se abra un debate para avanzar con la regulación de las plataformas digitales.
La reunión había sido convocada para charlar sobre la temática “Democracia, libertad de expresión y odio”, que contó con la presencia del antropólogo social e investigador del CONICET, Alejandro Grimson, quien habló de las desigualdades y de los crecientes discursos violentos.
La exposición del intelectual fue utilizada por el senador Luenzo -titular de la Comisión- como disparador de un debate que pondrá en la mira a internet: “Me quedo pensando si hay más discurso del odio ahora o es un discurso del odio que siempre existió y que se ha visibilizado con mucha más intensidad a partir de las plataformas digitales, de lo que es la virtualidad, lo que es internet, la globalización de la conectividad”.
“A veces uno tiene la sensación que desaparece en este ámbito el Superyó y que no hay límites a las condiciones morales que tiene que tener el ser humano para hablar con el otro”, reflexionó el senador kirchnerista, antes de apuntar que por eso debería ponerse en marcha “el debate de la regulación o no de las plataformas digitales y hasta dónde llegar”.
“Ahí está un poco la pregunta, porque parece que una internet libre, abierta, democrática e inclusiva también tiene sus riesgos cuando digamos… cuando la libertad no tiene un límite, como lo tiene en la vida cotidiana de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo”, analizó Luenzo sin filtro, ante el gesto de aprobación de Grimson, hombre de confianza del presidente Alberto Fernández.
En ese marco, el legislador por la provincia de Chubut apuntó que se trata de «un debate imperioso que esta comisión tendrá que dar en algún momento, que es regular o cómo regular las plataformas digitales”.
El tuit de la cuenta oficial del Senado que minutos después fue eliminado
El control de internet que propuso Luenzo tuvo un efecto casi inmediato en la cuenta de Twitter del Senado: allí suelen postear en tiempo real las frases que pronuncian los legisladores mientras debaten, pero esta vez se decidió eliminar un posteo.
“’¿Hay más discursos del odio ahora o la globalización de la conectividad y las redes los amplían? Una internet libre, abierta, democrática e inclusiva es un riesgo cuando la libertad no tiene límites. Tenemos que ver cómo regular las plataformas digitales’, dice @senadorLuenzo». Ese mensaje apareció publicado a las 15.42 en la cuenta de la Cámara Alta. Minutos después fue eliminado de la red social.
La reunión de Comisión dejó otra apostilla porque en la apertura del debate, antes de que comenzara a exponer Grimson, el legislador Luenzo le envió unmensaje directo al ex presidente Mauricio Macri. “En las últimas horas habló del cercenamiento supuestamente de algunas libertades. Si hay algún tema vinculado a la libertad de expresión, aquí tiene un ámbito para poder discutirlo y podremos intercambiar opiniones acerca de la mirada que tiene”.
La Comisión Unicameral de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión está integrada por Luenzo (presidente), Juan Carlos Marino (vice), Oscar Parrilli, Alberto Weretilneck, Guillermo Snopek, José Mayans, Lucila Crexell, Beatriz Mirkin, Norma Durango, Ana Almirón, María Eugenia Duré, Dalmacio Mera, Mariano Recalde, María Eugenia Catalfamo, Juan Carlos Romero, Pablo Daniel Blanco, Stella Maris Olalla y Oscar Aníbal Castillo.
Para el economista Carlos Melconian, el anuncio de la salida de la empresa Falabella del país debe ser un “punto de inflexión” que abra los ojos sobre la situación de la Argentina, con un colapso del stock de capital y trabajo. También criticó el mal diagnóstico económico que está llevando adelante el Gobierno.
“Es un tiro en el corazón al capital y al trabajo. Esta destrucción va a determinar el crecimiento económico del futuro. Me preocupa que lo entienda la gente. Ninguna facultad del mundo explica que regalando plata los países crecen. Este credo de capital y trabajo son mandamientos que no tienen raza, credo o religión. La sociedad tiene que ser demandante a la política, a los gobernantes, de capital y trabajo”, dijo el ex presidente del Banco Nación en declaraciones a Radio Mitre.
Ninguna facultad del mundo explica que regalando plata los países crecen. La sociedad tiene que ser demandante a los gobernantes de capital y trabajo
Según su visión, Falabella es una muestra del colapso en el stock de capital productivo, que incluye la inversión en maquinarias, equipos, infraestructura en general, construcciones no residenciales —los llamados “fierros”— que determinan el crecimiento económico y que son impulsadas por el sector privado.
Melconian detalló que actualmente el stock de capital productivo está cayendo, en tasa de variación, al triple que en la época de la hiperinflación y al doble que durante la crisis de 2002. “En la Argentina hay una trayectoria de caída ininterrumpida, con excepción de 2017”, señaló.
El economista habló sobre la salida de Falabella de la Argentina
También señaló que la inversión sobre el PBI representa la mitad que en 2011. “Al caer el flujo de inversión en una trayectoria, que no es solo Falabella, cae el stock de capital. La decadencia es cuando ni siquiera invertís para lo que se deprecia. Y estamos ahí. El 2020 va camino al récord”, anticipó.
“Es ineludible. Desde Adán y Eva, el capital y el trabajo llevan a que una economía crezca. Si estás destruyendo, si no estás reponiendo, lo que lo hace resurgir no son ni los planes, ni la emisión monetaria, ni el subsidio. No hago ideología: es el capital y el trabajo”, resumió.
Desde Adán y Eva, el capital y el trabajo llevan a que una economía crezca. Si estás destruyendo, si no estás reponiendo, lo que lo hace resurgir no son ni los planes, ni la emisión monetaria, ni el subsidio
El economista recordó dos fenómenos fuertes de inversión: a principios de los años 90, cuando hubo un shock genuino de inversión, y entre 2003 y 2008, cuando fue menos genuino porque se basaba en una “descomunal” licuación fiscal, con un superávit fiscal de 3 puntos del PBI.
“Me preocupa la destrucción de hoy porque la destrucción de hoy es el no crecimiento de mañana. O tenés los pantalones largos y traés de nuevo a la inversión o tenes el culo roto de que venga alguien y te haga un ajuste como en 2003”, advirtió el economista.
Melconian opinó sobre la negociación de la Argentina con el FMI
Además del capital, el otro punto clave que destacó Melconian fue el trabajo. Y señaló que la Argentina no crea empleo privado desde 2017 y que se perdieron casi 1 millón de puestos de trabajo en 2019. “No es todo responsabilidad de este gobierno”, dijo. Un dato preocupante es que solo un cuarto (25%) de la Población Económica Activa son asalariados formales, esto no incluye monotributistas, sector público ni trabajo doméstico. “De la gente que está en condiciones de trabajar, solo un cuarto está como corresponde. Tienen mil quilombos las relaciones laborales en la Argentina”, agregó.
“A este Gobierno lo mató la pandemia. No es 100% responsable, porque esto es una trayectoria y la pandemia blanqueó este quilombo argentino. Pero el Gobierno es responsable del pésimo diagnóstico que tiene en la cabeza”, aseguró.
En este contexto, criticó que el Gobierno vea como algo positivo que en una futura negociación con el FMI, el organismo le permite tener un 4,5% de déficit fiscal, en lugar de bajarlo de 8% a 2%. “Pasaste de recibir a 20 presidentes del G20 a tener que manguear al Fondo un 4,5% de déficit fiscal”, concluyó.
El oficialismo presentó en Diputados un proyecto para congelar alquileres y suspender desalojos hasta marzo de 2021. El Senado tiene otra iniciativa similar. Hasta el 30 de septiembre rigen esas medidas por DNU. Lo que buscan los dos proyectos es prorrogar el decreto. La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, autora de la iniciativa que entró en la Cámara baja, advirtió a Télam: “Es fundamental y necesario extender por lo menos hasta el mes de marzo de 2021 dicha medida, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos y la necesidad de continuar resguardando la situación habitacional de las personas y familias que alquilan”. El argumento principal para extender el DNU es la crisis económica que desató el coronavirus y que hace muy difícil a los inquilinos la posibilidad de hacer frente a las obligaciones en los términos pactados. El presidente de la asociación inquilinos agrupados, también en diálogo con Télam, pidió que si el gobierno está trabajando en prorrogar el decreto “lo haga público para frenar la presión de las inmobiliarias y los propietarios sobre los inquilinos. Los niveles de angustia e incertidumbre son enormes”. Qué dice la nueva Ley de Alquileres En caso de que no se extienda el DNU que firmó Alberto Fernández en abril, las relaciones entre inquilinos y locadores entrarán a regirse por la nueva ley de alquileres (en caso de contratos nuevos). El principal cambio de la ley es que los contratos deberán ser de tres años y que establece por escrito que los aumentos no podrán ser semestrales. Además, crea una fórmula para computar los aumentos, que no quedarán librados al azar, sino a un cálculo entre el poder adquisitivo del inquilino y la inflación. Muchas cámaras de propietarios critican la nueva ley. Dicen que genera un incremento en los precios, producto de que el propietario traslada al precio lo que no quiere absorber.
Patricia Bullrich se convirtió en una de las primeras referentes de la oposición en cuestionar este martes la intención del kirchnerismo de avanzar sobre la libertad en internet y en las plataformas digitales.
La idea intervencionista fue expresada en la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que se celebró el lunes por la tarde por el senador Alfredo Luenzo (Frente de Todos), quien habló de “los riesgos de una internet libre” y propuso que se abra un debate para avanzar con la regulación de las plataformas digitales.
La presidenta del PRO planteó: “El único riesgo para la libertad es llevársela puesta disfrazándola de servicio básico esencial. Frente a cada atropello fuimos enérgicos en su defensa y haremos lo mismo si prospera el recorte al acceso y el control a internet. Menos modelos soviéticos y más apertura”.
Play
Alfredo Luenzo en el Senado sobre libertad de expresión
La primera señal de alerta se encendió hace poco menos de un mes, en pleno debate sobre la reforma judicial, cuando la bancada kirchnerista del Senado intentó instaurar un condicionamiento directo a todos los medios de comunicación de la Argentina mediante un artilugio jurídico conocido como “enmienda Parrilli”. Ese intento no prosperó, pero desde la misma Cámara Alta asoma ahora otra iniciativa inquietante.
La reunión había sido convocada para charlar sobre la temática “Democracia, libertad de expresión y odio”, que contó con la presencia del antropólogo social e investigador del CONICET, Alejandro Grimson, quien habló de las desigualdades y de los crecientes discursos violentos.
La exposición del intelectual fue utilizada por el senador Luenzo -titular de la Comisión- como disparador de un debate que pondrá en la mira a internet: “Me quedo pensando si hay más discurso del odio ahora o es un discurso del odio que siempre existió y que se ha visibilizado con mucha más intensidad a partir de las plataformas digitales, de lo que es la virtualidad, lo que es internet, la globalización de la conectividad”.
“A veces uno tiene la sensación que desaparece en este ámbito el Superyó y que no hay límites a las condiciones morales que tiene que tener el ser humano para hablar con el otro”, reflexionó el senador kirchnerista, antes de apuntar que por eso debería ponerse en marcha “el debate de la regulación o no de las plataformas digitales y hasta dónde llegar”.
“Ahí está un poco la pregunta, porque parece que una internet libre, abierta, democrática e inclusiva también tiene sus riesgos cuando digamos… cuando la libertad no tiene un límite, como lo tiene en la vida cotidiana de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo”, analizó Luenzo sin filtro, ante el gesto de aprobación de Grimson, hombre de confianza del presidente Alberto Fernández.
En ese marco, el legislador por la provincia de Chubut apuntó que se trata de “un debate imperioso que esta comisión tendrá que dar en algún momento, que es regular o cómo regular las plataformas digitales”.
El tuit de la cuenta oficial del Senado que minutos después fue eliminado
El control de internet que propuso Luenzo tuvo un efecto casi inmediato en la cuenta de Twitter del Senado: allí suelen postear en tiempo real las frases que pronuncian los legisladores mientras debaten, pero esta vez se decidió eliminar un posteo.
“’¿Hay más discursos del odio ahora o la globalización de la conectividad y las redes los amplían? Una internet libre, abierta, democrática e inclusiva es un riesgo cuando la libertad no tiene límites. Tenemos que ver cómo regular las plataformas digitales’, dice @senadorLuenzo”. Ese mensaje apareció publicado a las 15.42 en la cuenta de la Cámara Alta. Minutos después fue eliminado de la red social.
La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó para el próximo miércoles a una sesión en la que el oficialismo tratará el rechazo de los traslados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruiglia, y del juez Germán Castelli. En paralelo, los camaristas presentaron este lunes 14 de septiembre por la noche un recurso en la Corte Suprema de Justicia en el que le pidieron su «inmediata intervención». El Frente de Todos, que tiene mayoría en el Senado, dará marcha atrás con los traslados de los tres jueces, que deberán volver a los tribunales que integraban antes de ser camaristas. La semana pasada, el oficialismo aprobó los dictámenes de rechazo y ahora los llevará al recinto para hacer formal la vuelta atrás. Ante el avance del tratamiento en el Congreso, los tres magistrados abrieron una disputa en la Justicia y presentaron un recurso extraordinario «per saltum» ante la Corte Suprema, que ahora analizará la cuestión y podría dejar en suspenso la medida que planea el oficialismo. La Justicia favorece con un fallo a los jueces Bruglia y Bertuzzi cuestionados por el Gobierno En el documento presentado, los jueces insistieron en se trata de un hecho que denota la gravedad institucional de la situación. «Ante dicha circunstancia, y el inminente riesgo de que se frustre la tutela solicita por los actores a través del presente recurso extraordinario por salto de instancia, solito a V.E. su inmediata intervención en los términos del art. 257 ter del CPCCN», sostiene la nota de cuatro párrafos que presentaron los jueces. La Corte debe decidir primero si acepta o no el per saltum que los jueces iniciaron y, en caso de aprobarlo, evaluar si hace lugar a su pedido de continuar en sus cargos o si lo rechaza y deben volver a sus tribunales anteriores. Los nombres de Bruglia y Bertuzzi, que entre otros casos sensibles para el kirchnerismo intervinieron en los cuadernos de la corrupción, forman parte de la lista de magistrados que el oficialismo pidió revisar, dado que sus traslados no pasaron por el Congreso. Ambos integran la Sala I de la Cámara Federal, a la que llegaron para cubrir vacantes durante el gobierno de Mauricio Macri. El tema empezó en el Consejo de la Magistratura, luego pasó por el Ejecutivo, y ahora ya está en el Senado.
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dio una pista ayer al ratificar lo que el gobernador Axel Kicillof ha dicho en algunas oportunidades durante los últimos días. La idea de pasar de la cuarentena a una etapa de distanciamiento social y cuidados bajo estrictos protocolos. Un camino de bajada después de llegar al pico de contagios.
“Nuestro Gobernador decía los otros días que probablemente pasemos de una etapa de lo que se llama cuarentena a una etapa de ciertas restricciones”, explicó el titular de la cartera de Salud, quien remarcó en la mañana del lunes que “hay que tener cuidado ya que si se abre mucho la circulación pueden volver a crecer los contagios”. Gollán pide ir paso a paso. Despacio. Pero acepta que hay una disminución de casos en el Gran Buenos Aires.
En La Plata tenían el mes de septiembre agendado desde hace tiempo como el posible punto de inflexión para que la curva de contagios comience a descender y los bonaerenses desanden, con lentitud, el camino hacia una vida protocolizada pero sin tantas restricciones como las del último medio año.
Pacientes internados en un hospital de Ezeiza. Lo peor en el conurbano parece ya haber pasado ( REUTERS/Agustin Marcarian)
Pasar el invierno era el primer desafío. Porque al Covid-19 se le podía sumar las enfermedades respiratorias tradicionales, lo que generaría que las consultas se multiplicaran diariamente. Ese escenario estaba planteado en mayo como un momento de absoluta tensión en el sistema sanitario. Cuando llegó ese tiempo los hospitales estuvieron al borde de la saturación pero no llegaron al límite. Los médicos no tuvieron que elegir a quién darle una cama o un respirador. La proyección política y sanitaria se ajustó bastante a la realidad.
Con la primavera por delante y una curva que, según estiman en el gobierno bonaerense, debería empezar a descender en el corto plazo, en la hoja de ruta que tienen ya se ve con claridad el comienzo de una nueva fase. Una etapa en la que deje de existir la cuarentena tal cual se está cumpliendo ahora y en la que los bonaerenses comiencen a vivir bajo estrictos protocolos de distanciamiento e higiene. En la gobernación tienen en claro que el aislamiento no solo tiene fecha de vencimiento, sino que la medida ya sufrió un desgaste que redujo su efectividad como método para frenar los contagios.
Sin embargo, la decisión de avanzar hacia la nueva normalidad no está íntegramente atada al incumplimiento de la sociedad, sino a los datos epidemiológicos. La meseta de contagios, que desde hace tres semanas marcan en el gobierno porteño, ahora también la están divisando en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, donde estuvo la mayor cantidad de casos.
El ministro de Salud, Daniel Gollan, aseguró que el nivel de contagios está estabilizado en la zona del AMBA (Télam)
Si bien saben que en el interior de la provincia aumentaron los casos, por los datos que tienen no hay ningún municipio que esté en un estado alarmante. La situación más delicada quizás la tenga Mar del Plata. Allí pondrán la atención en los días que vienen. En el resto de las ciudades, confían en el trabajo que han estado realizando hasta ahora los intendentes y en la muñeca que tuvieron para abrir o cerrar las actividades según las circunstancias.
Después de julio, cuando los casos se concentraron en el conurbano, Kicillof le dio a los intendentes del interior la potestad de manejar las restricciones en el ámbito local. Siempre en línea con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, pero con la libertad de avanzar o retroceder según los casos que haya en los municipios. El gobierno provincial bajaba o subía el pulgar si veían que la cantidad de contagios y la capacidad de respuesta sanitaria no coincidían con la fase en la que estaba el municipio y defendía el intendente. Esa confianza será uno de los sostenes de la etapa que proyectan.
La intención del gobernador es dar un paso hacia adelante la próxima semana y habilitar nuevas actividades comerciales o sociales. Le queda dar luz verde a la construcción privada, a la atención al público en los restaurantes y bares, a las reuniones sociales al aire libre y a los espectáculos por streaming, además de un puñado de comercios que aún esperan habilitación.
El gobernador bonaerense volverá a acordar con Rodríguez Larreta la próxima etapa de la cuarentena en el AMBA
Aún no están definidas cuáles serán las actividades que se abrirán. El mandatario provincial lo hablará durante los próximos tres días con los intendentes y el grupo de expertos que lo asesoran. Va a medir el impacto, el riesgo y la necesidad. También con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con el que se comunicó en las últimas horas para programar una reunión y comenzar a definir la próxima etapa.
Si bien el vinculo entre ambos se tensó en los últimos días luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, la intención de Kicillof y Rodríguez Larreta es seguir consensuando las medidas sanitarias en el AMBA. El tiempo que sea necesario.
La negociación que tengan en estos días será el primer acercamiento formal después del clima espeso que se generó la semana pasada en la relación entre el oficialismo y la oposición. Ambos buscan un acuerdo para seguir adelante. Lo que aún no está definido es si lo harán ellos en un encuentro personal o sus equipos de ministros.
La potencial apertura de actividades de la próxima semana sería la terminal previa al comienzo de la nueva normalidad en Buenos Aires. O, al menos, el inicio de ese camino. Sería en veinte días.Cuando culmine la fase que se va a resolver esta semana. Esa es la idea que hoy tiene Kicillof. El cumplimiento de esa medida dependerá de que los contagios se sostengan o, en el mejor de los casos, disminuyan.
También quieren esperar el impacto que tenga en la curva de contagios la protesta de la Policía Bonaerense. Estiman que puede tener algún tipo de rebote porque muchos no estaban usando barbijo o no aplicaron el distanciamiento social. La referencia que tienen, aunque más masiva, fue la marcha anticuarentena del 17 de agosto. Diez días después los casos subieron. Más allá de ese dato, creen que están en condiciones de comenzar a transitar el camino hacia una etapa marcada con menos restricciones, pero en la que es esencial la responsabilidad individual y la conciencia social.
Axel Kicillof hablará con los intendentes en la semana para definir que actividades flexibilizar la próxima semana
“No es algo que hay que sufrir. Es un aprendizaje para poder trabajar, vivir y recobrar cosas que hemos perdido mientras el virus todavía no se fue”, aclaró. Dio una clara señal de que su voluntad era avanzar en ese sentido en el corto plazo porque, como dijo en esa conferencia, “la pandemia terminará pero no sabemos cuándo”.
Lo que tiene en claro el mandatario es que no puede mantener la cuarentena hasta que salga la vacuna. Porque al día de hoy es imposible saber cuándo estará realmente y cuánto tardará el proceso de vacunación. Es una utopía pensar en una cuarentena que tenga como punto final la vacuna. Hasta allí los argentinos tendrán que llegar transitando una vida repleta de protocolos. No hay otra opción para cuidarse del virus. Lo que resta saber es el comienzo de esa nueva normalidad en territorio bonaerense.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación concentra por estas horas todas las miradas, luego de que el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunciara que llevará allí las diferencias por la coparticipación con el Ejecutivo. El pedido llegará en un momento clave para el máximo tribunal, cuyo funcionamiento comenzará a ser analizado en breve por el Consejo Consultivo creado por decreto por el presidente Alberto Fernández en el marco de la reforma judicial. Ese consejo está compuesto por once miembros, entre ellos el penalista de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, y tiene 90 días de plazo para elevar un informe a la presidencia sobre eventuales cambios en el funcionamiento del máximo tribunal. El Gobierno adelanta la pelea electoral y calienta el vínculo con la oposición El reclamo de Ciudad no es el único expediente de impacto político sobre el que tiene para decidir la Corte. Desde hace pocas semanas tramita allí un per saltum presentado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, así como un reclamo del juez Germán Castelli, quienes llegaron hasta allí en busca de respaldo luego de que el oficialismo avanzara sobre sus traslados, concretados durante el macrismo. En ese sentido, se expidió el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien esta semana, afirmó al diario La Nación que los planteos de los magistrados son “de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento”. El titular de la Corte agregó que “los ministros hemos estado intercambiando opiniones, como parte de la necesaria deliberación que precede a la resolución de casos de esta envergadura. Ello en modo alguno debería generar suspicacias ni motivar ninguna conjetura acerca del modo en que la Corte habrá de decidir. La Corte va a decidir”. Por las manos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli pasaron expedientes sensibles para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los dos primeros tuvieron que resolver en una de las causas más complejas para el kirchnerismo como son los cuadernos de la corrupción; en tanto, Castelli integra el tribunal que tiene a su cargo el juicio oral y público del caso, en el que la propia ex presidenta está acusada de haber liderado una asociación ilícita. «Vamos viendo»: el plan para calmar a todos en Buenos Aires Los tres forman parte de un conjunto de diez magistrados cuyos traslados eran cuestionados por el Ejecutivo Nacional. Los otros siete ya pasaron por el Senado en busca de Acuerdo. Los mayores cuestionamientos del oficialismo están sobre Bruglia y Bertuzzi, a quienes incluso en el viernes Cristina Kirchner les apuntó con dureza desde su cuenta de la red social Twitter. Los acusó de “garantizar la impunidad” del ex presidente Mauricio Macri. Al igual que en todos los casos que llegan al máximo tribunal, este no tiene ningún tipo de plazos para expedirse. Coparticipación. En el caso del reclamo de Ciudad también hay cautela y se desconoce cómo podría fallar el máximo tribunal, aunque nadie ignora el impacto que puede tener su posición sea cual sea. “Hay que esperar a ver qué presentan y a partir de eso, se verá cómo se trata el tema”, deslizan sin mayores datos en el Palacio de Tribunales, donde creen que uno de los factores de mayor importancia será ver quién es el estratega detrás de la presentación. Fuentes del edificio de la calle Talcahuano insisten en la importancia clave de un constitucionalista detrás de la presentación.“No cualquiera puede litigar en la Corte Suprema de Justicia y eso es parte del enojo que hay en varios sectores contra el tribunal”, sostienen. Esta semana la Corte ordenó a las provincias de San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta que presenten informes en el marco de las restricciones a la circulación dispuestas por la pandemia. A casi seis meses de instaurado el aislamiento, no son pocos los que leen que la intervención de la justicia en el caso -tras varias presentaciones particulares- demuestra el fracaso de la política, que no logra solucionar conflictos en su órbita y debe judicializarlos. En ese sentido, también enmarcan los últimos movimientos, a uno y otro lado de la grieta.