Autor: Jorge Alfredo Baret

En las últimas horas, el embajador argentino ante la Organización de Estados Americano, Carlos Raimundi, aseguró que “hay una visión sesgada de la violación a los derechos humanos en muchos países” de la región y consideró que el régimen venezolano está bajo una “arbitraria presión internacional”.

Las declaraciones del embajador Raimundi constituyen en los hechos un respaldo al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La actitud de Raimundi resulta inseparable de recientes actitudes del gobierno argentino en la votación de autoridades de la OEA y el BID. En ambas elecciones, la diplomacia de la Administración Fernández-Kirchner optó por enfrentar las posiciones de nuestros socios del Mercosur y del gobierno norteamericano.

Raimundi aseguró que “hay una visión sesgada de la violación a los derechos humanos en muchos países” de la región y consideró que el régimen populista de Maduro está bajo una arbitraria presión internacional. Las palabras del embajador resultan curiosas toda vez que el gobierno dictatorial de Venezuela ha sido objetado por un reciente informe del Alto Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presidido por la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, una líder con credenciales indiscutidas en materia de derechos humanos y a quien su jefe, el Presidente de la Nación, dijo añorar hace algunos meses.

Dicho reporte señaló gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades de Caracas, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones por razones políticas. El informe que el embajador Raimundi y sus superiores parecen desconocer indica que en su accionar brutal, el régimen de Maduro ha aumentado la represión interna a partir de la pandemia del COVID-19 aprovechando las medidas restrictivas de las libertades para ejercer un mayor control del país. Entre las graves violaciones de derechos humanos, el informe señala la constatación de torturas mediante “fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; Cortes y mutilaciones; Descargas eléctricas; Uso de drogas para inducir a la confesión; Tortura psicológica”. E indicó que “algunos de estos actos provocaron lesiones físicas graves y/o permanentes. Esto incluyó la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, abortos, sangre en la orina y costillas rotas”.

La contundencia del informe, sin embargo, parece haber pasado inadvertida para el representante argentino ante la OEA quien optó por erigirse en abogado de la dictadura castro-chavista de Maduro. En su defensa, el embajador argentino llegó a sostener que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” y que “hubo amenazas de intervención, operativos y cortes de energía a las centrales que han generado serias cuestiones de violación a los derechos humanos”. También cuestionó, aunque sin nombrar a Estados Unidos de manera directa, que hay ciertos países que ejecutan “una situación de bloqueo a la principal renta de recursos (de Venezuela) que es el petróleo y el bloqueo a sus reservas en Londres”. Desde esta perspectiva, Raimundi llamó a los miembros de la OEA a “abandonar la lógica de estigmatización y lógica de escalada” hacia Venezuela. Al mismo tiempo, el embajador argentino puso en dudas la veracidad de las denuncias de violación a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro al sostener que el informe del Ministerio Público de Venezuela “no coincide en muchos de los relatos aquí escuchados”, por los testimonios que en conversatorio que hubo hoy en la OEA se escucharon a raíz del documento de la ONU.

Lamentablemente, las palabras del embajador Raimundi no constituyen una expresión aislada sino una representación cabal de un gobierno que ha optado por colocarse a sí mismo en una posición cada vez más cercana a la de los regímenes no democráticos de la región. Ello resulta indisimulable toda vez que sus posiciones son cada vez más próximas a las de Cuba, Nicaragua y Venezuela y cada vez más alejadas a las de nuestros socios del Mercosur y la mayoría de las capitales sudamericanas que mantienen su adhesión a la defensa de los ideales de libertad y democracia.

El autor es especialista en relaciones internacionales. Sirvió como embajador argentino ante el Estado de Israel y Costa Rica.

Fuente: Infobae.com    Mariano Caucino

Tras la aceptación de la Corte Suprema sobre el pedido del per saltum que solicitaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados habían sido revocados por el Senado, funcionarios y referentes del oficialismo denunciaron que los miembros del máximo tribunal fueron «presionados» e «intimidados». En ese sentido, Graciana Peñafort advirtió, además, que en el próximo fallo -donde se deberán pronunciar sobre la cuestión de fondo- se «pone en riego la República». Con el voto de Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema declaró la admisibilidad del recurso que plantea saltear todas las instancias judiciales previas y definir el futuro de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. De esta manera, la Corte se expide sobre la admisión del recurso, pero no sobre el fondo, ya que la sentencia debe dictarse después de que conteste el demandado Consejo de la Magistratura. Según explicó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, «una opción es que la Corte diga que (Mauricio) Macri hizo bien los traslados pero que otros presidentes no pueden. No creo que lleguen a eso. Si la Corte dice que los traslados estuvieron bien hechos, pasaríamos a tener dos tipos de jueces: unos por dentro y otros por fuera de la Constitución. La Constitución no acepta tanta interpretación. Es claro cómo se nombran jueces. Me parece una locura jurídica si confirman los traslados». «Ni la República estaba en riesgo ni el fallo de la Corte pone en riesgo la República. El fallo de ayer no implica un riesgo para la República. Pero si el próximo donde resuelvan los traslados. La Corte puede poner en riesgo la República con su próximo fallo, si se mete con las competencias de otros poderes», agregó en diálogo con El Destape Radio. Son cinco tipos que tiran el tablero al demonio si no cumplen lo que dice la Constitución Respecto a la situación actual de los tres jueces, Peñafort explicó que por el momento «estaría suspendida la vigencia de la resolución del Consejo de la Magistratura que inició la revisión de los traslados». «Hoy Bruglia, Bertuzzi y Castelli están de licencia. Si no lo estuvieran podrían regresar a la Cámara Federal y al TOF», agregó. La Corte Suprema puso en pausa los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli «El per saltum es un recurso excepcionalísimo. Y la Corte forzó una situación de gravedad institucional que no era», denunció la abogada y apoyó las declaraciones del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien acusó a los medios de comunicación y a la oposición de «presionar» a los integrantes del máximo tribunal. «No es Clarín el diario sino el establishment, el círculo rojo. Y la presión es clara. El establishment no acepta los límites democráticos y presiona sobre el menos democrático de los poderes», agregó.

Fuente: Perfil.com

Con el comienzo de un nuevo mes se renueva el cupo de USD 200 para compras con destino a atesoramiento, aunque con renovadas trabas y la nueva percepción del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales. Luego de que en agosto unos 4 millones de personas compraran divisas, se espera una caída en la cantidad de ahorristas que acceden a divisas debido a las restricciones cambiarias anunciadas el 15 de septiembre pasado. Con todo, y aun después del aumento en el costo que hay que pagar por cada billete luego del endurecimiento del cepo, hay grandes diferencias de precio en el mercado: se puede ahorrar hasta $1.700 entre los distintos tipos de cambio que existen.

Tras la imposición del recargo del 35%, el costo por dólar para los ahorristas está por encima de los $130, cuando un mes atrás rondaba los $100. Así, comprar el cupo completo requerirá entre $24.900 y $26.600 según el banco o la casa de cambio a la que se recurra, tomando precios del cierre de ayer martes.

Con un dólar mayorista en $ 76, la divisa es vendida en las entidades financieras con una comisión que puede llegar hasta el 5%, percibida por los bancos por su intermediación, a lo que se agrega el 30% del recargo “solidario” y otro 35% impuesto a mitad de septiembre.

Según el promedio de venta electrónica en bancos que informa el Banco Central, el billete verde es ofrecido a $133,16 en promedio, con precios en torno a los $131,92 en la banca pública.

¿Cuánto cuesta acceder al cupo mensual de USD 200 según el banco? Las diferencias entre las entidades se han vuelto más grandes luego de la imposición del 35% de percepción.

En el Banco Macro cada dólar al público se paga a $80,50, que se hace efectivo a $ 132,86. Por el cupo de USD 200 hay que desembolsar $25.565. En el Banco Santander la cotización es de $ 80, lo que luego del impuesto país y la percepción a cuenta de Ganancias significa un costo de $132 por dólar y el cupo mensual íntegro alcanza los $26.400.

Entre los bancos que más operaciones concentran, la cotización más barata es la del Banco Ciudad a $ 79,75, que luego de impuestos llega a $ 131,59 y el costo total a $ 26.317,50.

Las casas de cambio, por otra parte, son las que permiten algún ahorro significativo. La casa de cambio online Buen Dólar, a modo de ejemplo, sostenía el martes pasado una cotización de $ 75,48, lo que lleva a la cotización solidaria de $ 97,37 y a un costo por el cupo total de $ 19.474. Se trata, sin embargo, de entidades que requieren el uso de cuentas bancarias para operar.

Nuevas restricciones

Ante la confusión que generaron las nuevas trabas cambiarias al momento de su anuncio y también al momento de darse a conocer nuevas interpretaciones, como la que impide a los empleados de empresas que se beneficiaron con el programa ATP comprar dólares para ahorro, las entidades salieron a tratar de aclarar a sus clientes cuáles son las nuevas condiciones de acceso al mercado. Más allá de las normas, los propios sistemas de los bancos informarán los rechazos a quienes intenten comprar dólares.

Una entidad privada, por ejemplo, publicó en su página Web un instructivo para que sus clientes sepan qué motivos les pueden impedir acceder al cupo mensual de USD 200.

De acuerdo a las normativas vigentes no podrás acceder a la comprar de dólares si:

Fuente: Infobae.com

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, afirmó este miércoles 30 de septiembre que en el ámbito porteño se viene registrando un significativo descenso de casos positivos de COVID-19. «Mañana cumplimos un mes entero de descensos de casos de coronavirus en la ciudad», aseguró el titular de la cartera sanitaria porteña, durante su habitual conferencia de prensa de infirme de la situación sanitaria en la Capital Federal. Pero al mismo tiempo, alertó que «no es algo definitivo. Todo depende del comportamiento de la ciudadanía. Los rebrotes ocurren», agregó. Respecto a futuras reaperturas, tal como puede ser el caso de los grandes centros comerciales, el funcionario fue cauto al momento de declarar. «Todavía faltan muchos días para definir reaperturas. Estamos analizando diferentes propuestas para seguir avanzando y qué tipo de reaperturas se puedan hacer», aseguró, desde la sede comunal de Parque Patricios. Bares porteños | Infectólogos aseguran que «no responde a lo que pide la pandemia» En relación con la posible vuelta a clases, el ministro de Salud afirmó que continuarán evaluando la situación epidemiológica junto a la Nación. «Estamos evaluando indicadores objetivos que reflejen el grado de circulación viral que hay en la ciudadanía. Es decir, cuál es la intensidad de la situación epidemiológica», señaló el funcionario porteño. Tal como viene sucediendo en las últimas presentaciones, Quirós estuvo acompañado por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni. En nueve meses, el coronavirus ya mató a 1 millón de personas en todo el planeta En la Ciudad, en tanto, se registraron 967 nuevos casos de contagios en las últimas 24 horas, mientras que se produjeron 53 fallecimientos. Con estos cifras, el total de casos en el distrito asciende a 125.479 contagiados desde el inicio de la pandemia, con un total de 3.491 muertos. La ocupación de camas de terapia intensiva, por su parte, es del 49,1%, según informó este miércoles el Ministerio de Salud porteño. En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 221 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 34,2% (513 sobre 1.500 disponibles) y en los leves 18,8% (941 sobre 5.000).

Fuente: Perfil.com

El per saltum a favor de tres jueces desplazados por el oficialismo causó sorpresa y de inmediato malhumor en el Gobierno. Esa fue la primera reacción frente a una decisión de la Corte Suprema que hace apenas diez días consideraban de mínima improbable en el circuito de Olivos. Las respuestas iniciales estuvieron restringidas a figuras más ligadas a Cristina Fernández de Kirchner que a Alberto Fernández, mientras se hacía circular cierta expectativa sobre la resolución de fondo, tal vez en dos semanas. El enojo, de todos modos, asomaba persistente por su doble mensaje: el freno a la ofensiva oficialista, al menos inicial, y el sustento de la decisión, unánime aunque sin disimular internas en el primer escalón de la Justicia.

Precisamente, esa reacción de cuerpo pareció fruto del propio y mal evaluado juego del Gobierno. La fuerte presión colaboró mucho a desarmar el reflejo repetido de dilatar lo más posible una definición y generó espacio para la cita extraordinaria decidida por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, de difícil o mala relación con otros integrantes del tribunal. Conocedores del terreno judicial creen que las jugadas públicas y reservadas desde el poder político habrían provocado el “milagro” de una respuesta que no aparecía en la evaluación de la Casa Rosada aunque latía en la desconfianza del kirchnerismo duro.

La decisión de la Corte genera un cambio sustancial en esta pulseada, con expresión abierta en el reclamo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli, todos con participación en el trámite de causas por corrupción. Ese cambio es en rigor un desafío para el Gobierno, porque lo que hasta ahora fueron cuestionables declaraciones y presiones sobre la Justicia –y no sólo por este caso- puede transformarse en una verdadera batalla abierta con riesgo de conflicto institucional y con efectos nocivos en casi todos los planos, incluida la economía.

Cristina Kirchner, al frente de una sesión virtual en el Senado. Motorizó desde allí el desplazamiento de jueces.

Habrá que ver en las próximas horas si el propio Presidente y la primera línea oficialista aceleran o frenan la pelea, tal vez por cálculo, a la espera de la decisión de fondo. O si escalan, porque evalúan que el desenlace será la reposición de los jueces o porque creen que puede cambiar el curso de los acontecimientos. En cualquier alternativa, el resultado sería aún más grave que el registrado hasta ahora en términos de impacto.

El problema repetido en estos casos consiste en analizar de manera aislada el problema. En medios oficialistas, se considera que el tema judicial sólo afecta a una franja social si no reducida al menos no mayoritaria. Puede ser una subestimación, cierto desdén descalificador sobre sectores de clase media, pero a la vez es una mirada reduccionista. Ocurre que una batalla abierta con la Corte se sumaría a otros factores como la reforma del fuero federal y la “Comisión Beraldi” y podría ampliar las referencias ya crecientes al papel de los medios, como ingrediente de una repuesta categoría destituyente. Ecos del pasado, pero no sólo eso.

Una trepada de ese tipo sólo agregaría incertidumbre a la economía en general, y no sólo a los mercados, en el contexto de la crisis económica y social profundizada por la cuarentena. Es llamativo porque el Gobierno registra a su modo ese agotamiento, con el agregado de cifras de contagios y muertes significativas, y con varias provincias en ascenso cuando podría estar estabilizándose la situación en la Capital y en Buenos Aires. Esos números exponen el mal manejo de restricciones pasada la primera etapa de aislamiento. Y el recuento de víctimas en la Provincia provoca un descrédito que trasciende al coronavirus.

Pero aún negando el peso del contexto, el Gobierno se enfrenta a un período de dos o tres semanas, según trasciende desde Tribunales, antes de que la Corte resuelva la cuestión de fondo sobre los planteos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hay quienes dicen creer en un fallo que al final le daría la razón al trámite motorizado por CFK y coronado por un decreto presidencial. Más escépticas, otras opiniones consideran que la admisión del per saltum proyecta el fracaso de la movida que arrancó en el Consejo de la Magistratura, siguió en el Senado y terminó en el Boletín Oficial.

En esa línea, aunque en otra vereda, fuentes de la oposición destacan que la decisión de la Corte expresa un reconocimiento de la gravedad institucional del caso y consideran que su efecto suspensivo es un dato central. Agregan, por supuesto, los antecedentes de la propia Corte, la ahora famosa acordada 7 de 2018 que avaló el traslado de jueces.

El Gobierno defendió su decisión sosteniendo que fueron irregulares los pases de magistrados durante la presidencia de Mauricio Macri. No fue un hecho original de esa gestión. Pero además, la movida oficialista superó largamente la línea argumental y apuntó directamente a la Corte en conjunto.

Hubo de todo, hasta pasos desconcertantes, en medio de una disputa en la que también intervino la oposición y que tuvo estribaciones por afuera de la política tradicional: un par de concentraciones frente a Tribunales, consignas en los “banderazos”, y hasta algún escrache, práctica repudiable que no termina de ser desterrada.

Alberto Fernández apuntó directamente a Rosenkrantz, con frases insinuantes sobre alguna operación política, e incomodó a Elena Highton, de buen vínculo con el Gobierno, con una advertencia sobre las políticas de género en el ámbito de la Justicia. Nadie quedó afuera. Desde fuentes oficialistas se descalificó a Juan Carlos Maqueda, por su relación con el peronismo cordobés; se volvió a disparar con frases sobre deslealtades contra Horacio Rosatti y reaparecieron viejos recelos con Ricardo Lorenzetti.

En la decisión de ayer, la Corte expuso algo más que cuestiones de criterio. Pero emitió un único mensaje. Rosenkrantz fue con voto propio y los otros cuatro integrantes del tribunal lo hicieron en conjunto. Todos aceptaron el per saltum. La inquietud de los días previos anticiparía ahora días más densos.

Fuente: Infobae.com