Autor: Jorge Alfredo Baret

La Corte Suprema de Justicia de la Nación culminó este mediodía de debatir el recurso de per saltum presentado por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los tres jueces que investigaban la corrupción K y que el Gobierno quiere desplazar.

La reunión extraordinaria del Máximo Tribunal arrancó pasadas las 11 con la presencia en el Palacio de Justicia de los magistrados Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. En tanto, la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, participaba de manera virtual. Una hora después, los ministros ya habría culminado el acuerdo y es inminente un pronunciamiento.

Así, los cinco ministros analizaron los pedidos de los tres jueces y en los pasillos del cuarto piso del Palacio se especula que el Máximo Tribunal habría abierto el per saltum, que implica la intervención directa de la Corte Suprema en la cuestión de fondo, que es determinar si sus traslados se ajustan al trámite de designación.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli

En marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires -primera instancia-, a la Sala I de la Cámara Criminal Federal -segunda instancia-, mientras que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

La Corte evaluó así si los argumentos de los tres magistrados para pedir la intervención tienen entidad, si se está ante una vulneración de la estabilidad de los jueces y si, como sostienen y denuncian, existe una maniobra detrás de la medida tomada por el Consejo de la Magistratura y el Senado.

En tanto, un grupo de personas se manifiesta frente a los Tribunales, en el centro porteño, en apoyo a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, desplazados por el Gobierno de los tribunales federales luego de haber investigado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a ex funcionarios en casos de corrupción.

Las personas que llegaron hasta el Palacio De Tribunales llevan banderas argentinas y carteles contra el gobierno nacional (Maximiliano Luna)

Desde ayer a la tarde manifiestan frente a la puerta principal del Palacio de Tribunales, por la calle Talcahuano, con el fin de repetir el reclamo que realizaron la semana pasada.

Los manifestantes, que pasaron la noche en el lugar, llevaron banderas argentinas y carteles con consignas contra el gobierno nacional. Entre ellas figuran cuestionamientos al proyecto de reforma judicial que logró media sanción en el Senado y críticas a Cristina Kirchner.

Las miradas de los manifestantes apuntan al cuarto piso del Palacio de Tribunales. Allí tienen sus despachos los ministros de la Corte, que tienen que tomar una decisión clave en las próximas horas.

Bertuzzi, Bruglia y Castelli presentaron recursos que buscan retrotraer sus desplazamientos. Con mayor o menor grado de participación, todos participaron en investigaciones contra Cristina Kirchner. Los dos primeros (desplazados de la Sala I de la Cámara Federal) entendieron en varias causas sobre la corrupción K.

Fuente: Infobae.com

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, denunció este lunes 28 de septiembre que el escrache que sufrió el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en su casa de Rafaela forma parte de «un plan sistemático» en el cual «se está generando violencia y atentando contra el sistema democrático». Además, dijo que «sería un escándalo» si el máximo tribunal falla a favor de los jueces desplazados por el Senado. «Si la Corte habilitara el per saltum y decidiera que sigan en sus lugares serían un escándalo, habilitaría a lo que no se quiere hacer, que el Ejecutivo traslade jueces», expresó la funcionaria nacional en declaraciones a radio FutuRöck y el canal C5N. Asimismo, consignó que ayer habló con Lorenzetti para solidarizarse ante lo ocurrido el fin de semana e indicó que «pareciera ser que los manifestantes están identificados» y «eran del partido de Cambiemos», según le señaló el magistrado. «Me dijeron que es gente del macrismo, del PRO, aunque, si no fuera así, también es lamentable, porque se está generando violencia y se está atentando contra el orden democrático», aseveró la ministra. En esa línea, agregó que, en su opinión, se trata de «una cuestión armada» como parte de «un plan sistemático que está haciendo parte de la oposición». «Cada vez que hacemos algo que empieza a poner a la Argentina dentro de la institucionalidad, corrigiendo errores, se produce esto», reflexionó Losardo, y afirmó que estas prácticas son «imposibles de tolerar, sobre todo en el momento que estamos viviendo». Para la funcionaria, esta clase de protestas tienen un «contenido de operación y cosas armadas». Al referirse a la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y Germán Castelli, cuyos traslados fueron rechazados por el Senado, dijo que «esto es corregir lo que se hizo de manera incorrecta». «¿Vamos a empezar con la Argentina del escrache? La gente tiene que entender que el Senado no se puede ignorar en la designación de un juez. Si el Senado dice no, no se puede. Ignorar el valor del Senado y desmerecer lo que representa es algo ilógico», subrayó. Alberto Fernández sobre el escrache a Lorenzetti: «Fue propio del fascismo» Sobre la decisión de la Corte Suprema, que mañana debe definir si autoriza el per saltum solicitado por los magistrados para que se resuelva su situación, la funcionaria dijo que le «gustaría» que en el máximo tribunal «decidan con tranquilidad y sin presión, al revés de lo que están viviendo» a causa del reclamo de los «opositores». Además, pidió recordar que el expresidente Mauricio Macri «mandó por decreto dos miembros de la Corte, lo que luego fue corregido», tras lo cual se preguntó: ¿De qué instituciones estamos hablando?». «No levantemos esas banderas de la República porque no son banderas reales», afirmó en relación a la postura actual de la dirigencia de Juntos por el Cambio y al modo en que tomó decisiones durante su gobierno. Ahora el Gobierno apuntó a la oposición por el escrache a Ricardo Lorenzetti Tras reconocer que durante los últimos días le «costó pensar cómo puede ser que estemos hablando de estas cosas tan obvias», Losardo sintetizó: «Nosotros no tenemos ni mesa judicial, ni operadores judiciales, ni vamos a hablar de que las cosas salgan de determinada manera; lo que queremos es que se respete la Constitución, que tengamos jueces probos y justos». Losardo se refirió también al posteo de Macri, quien el domingo por Twitter repudió el bocinazo en el domicilio particular de Lorenzetti, y consideró que «no sirve de nada solidarizarse en las redes», sino que «tienen que decir ‘esto no pasa más’». La funcionaria dijo que detrás de las protestas están los sectores que «que no quieren cambiar» e insistió que estas manifestaciones forman parte de «un plan sistemático». Asimismo, manifestó que lo notó «molesto y preocupado» a Lorenzetti por el escrache en su domicilio, aunque señaló que se trata de «un hombre firme».

Fuente: Perfil.com

El lunes pasado terminó el operativo de pago de la tercera edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $10.000 que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a trabajadores no registrados, monotributistas de las primeras categorías y otros sectores golpeados por el freno a la actividad económica que supusieron la pandemia de coronavirus Covid-19 y las medidas de distanciamiento social dispuestas para enfrentarla.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, manifestó que las prestaciones sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “tienen que estar asociadas al trabajo” como con “capacitarse en oficios y terminar la escuela”, y precisó que el pago del IFE 4, la cuarta edición del pago, “se está estudiando”.

“No puedo dar opiniones sueltas porque el Gobierno está estudiando las alternativas, pero está claro que los planes sociales deben estar asociados al trabajo, con capacitaciones en oficios y posibilidad de terminar el secundario”, agregó.

El cuarto pago, que arrancaría en octubre, todavía no está decidido. No obstante de haber un cuarto bono de Anses deberá ser definido antes del 8 de octubre, fecha en la que el organismo que conduce Fernanda Raverta abonará la Asignación Universal por Hijo (AUH) de acuerdo al calendario establecido.

En ese marco, el organismo previsional informó cuáles serán los calendarios de pago de octubre para jubilados y pensionados, Pensiones no contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).

El calendario de pago para jubilados y pensionados se dividirá en dos. La primera tanda —los que perciben menos de $20.374— cobrarán desde el jueves 8 hasta el jueves 22 de octubre. A partir del viernes 23 cobrará el resto de los beneficiarios.

En tanto, el ministro de Economía Martín Guzmán dijo en una entrevista con Infobae que medidas como el IFE seguirán si son necesarias. “La pandemia no cedió. Lo que tenemos al mismo tiempo son restricciones fiscales fuertes, pero dentro de esas restricciones seguiremos tomando las medidas factibles para proteger a quienes tengamos que proteger. Hoy no hay una respuesta unívoca, depende de cómo evolucione la pandemia”, aseguró.

La nueva etapa del programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se definirá “antes de fin de mes”, según confirmó la titular de la Anses, Fernanda Raverta, que sostuvo que se está evaluando “si existe un cuarto pago o se avanza en otra políticas social de acompañamiento con otras perspectivas”.

Antes de fin de mes se va anunciar cómo sigue el IFE porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo (Fernanda Raverta)

Concluido el pago de la tercera ronda del IFE, la posibilidad de que futuros pagos de la ayuda de $10.000 se circunscriban a un universo de jóvenes de entre 18 a 24 años es una de las opciones pero, por ahora, no está definido ya que la decisión del Gobierno es “no abandonar” a ningún argentino en medio de la pandemia.

“Antes de fin de mes se va anunciar cómo sigue el IFE porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo”, dijo Raverta en una entrevista con Télam.

«La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser», afirmó la titular de Anses, Fernanda Raverta. (Maximiliano Luna)

“Se está pensando dentro del Gabinete Económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los tres IFEs en las familias y en la economía. Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas”, aseguró la titular de Anses.

En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno piensa en la producción, el trabajo y el empleo como motor de la economía y quiere poner toda la energía y los recursos en generar más trabajo al acompañar procesos productivos”.

La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser (Fernanda Raverta)

Sin embargo, aseguró que, mientras se conviva con la pandemia, “tenemos que ver cómo hacer para no abandonar a ningún argentino o argentina”.

“La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones”, afirmó.

Y agregó: “Todo se piensa en base a la pandemia. Están todas las opciones sobre la mesa”.

Fuente: Infobae.com

Vaca Muerta, esa promesa eterna de autoabastecimiento y generación de divisas. La pandemia incrementó las crisis y las dudas respecto al potencial del yacimiento no convencional. A partir de la designación de Darío Martínez en la Secretaría de Energía, un dirigente neuquino de perfil productivista y buena línea con los gobernadores interesados en aumentar la inversión (y el 12% de las regalías provinciales que reciben), el oficialismo busca darle un nuevo impulso a la reserva de shale oil y gas. Hay otro dato político que también apunta al relanzamiento de Vaca Muerta: el repentino silencio del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, quien había hecho objeciones ecologistas hacia el fracking.  Pero la pandemia atenta contra ese despegue. También lo hace el congelamiento de las tarifas. Si bien el objetivo de ese freno de mano en las boletas es mantener a raya la inflación y pisos mínimos de acceso para la población y la economía, al mismo tiempo atenta contra la llegada de inversiones a Vaca Muerta. Tironeado entre ambos objetivos, el ministro Martín Guzmán ya anticipó una suba para el año próximo. Dijo que «las tarifas de servicios deben actualizarse de una manera que acompañe el crecimiento de los precios», al referirse al proyecto de Presupuesto 2021. En paralelo, Martínez todavía no asumió como Secretario. Recién el jueves pasado le tomaron la renuncia como diputado nacional por Neuquén. Así, la transición en ese área viene demorada: varios funcionarios presentaron su renuncia, pero todavía no les fue aceptada.  Economía paga intereses a los bonistas que no entraron al canje para evitar «holdouts» El recambio en el organigrama estatal (la Secretaría de Energía además pasó de la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo a la de Economía) agrega incertidumbre. Las proyecciones de desarrollo progresivo de Vaca Muerta para los próximos cuatro años también quedaron en stand by. El ministro Guzmán ya tiene en sus manos un plan a cuatro años, que generaría un ahorro de 10 mil millones de dólares al reemplazar importaciones de gas y de gasoil. Se trata de un objetivo ambicioso, sujeto a una serie de condiciones políticas: subir las tarifas y seducir nuevos inversores. Porque Vaca Muerta necesita un flujo permanente de capitales. Hasta el momento, las empresas que más invirtieron en esa zona fueron YPF y Tecpetrol. La primera de propiedad del Estado en un 51% de su capital accionario; la segunda es el brazo petrolero de Techint. Incluso existen voces que señalan los riesgos y la contracarta de yacimientos como el de Vaca Muerta. Una de ellas es la de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES), un colectivo de organizaciones especializadas en el debate energético y socioambiental de la Argentina. “Desde su creación, el sector del fracking no ha logrado producir suficiente efectivo para satisfacer su voraz apetito por el financiamiento. Desde 2010 hasta 2018, las compañías tuvieron un flujo de efectivo negativo agregado de US$ 181 mil millones. Debido a eso, muchas compañías de petróleo y gas han recurrido a la deuda y a la emisión de capital para mantener sus negocios a flote”, citan en un informe reciente. Por impacto de la cuarentena, la inversión bruta interna cayó en ocho meses 14,9% Los yacimientos hidrocarburíferos convencionales requieren una inversión inicial fuerte que después, una vez hechas las exploraciones y perforaciones, se amortiza en la etapa de extracción. En la producción no convencional, la fractura de la roca y realización de los pozos obliga a una inversión permanente. Y la caída del precio del crudo por la pandemia potenció el problema.  La dinámica de Vaca Muerta fue afectada directamente por la pandemia. El parate en el ritmo habitual de la Argentina y el mundo hizo caer el consumo: en concreto, empezó a sobrar petróleo. Especialmente porque el 95% del transporte todavía se mueve por derivados del petróleo.  Días atrás, la petrolera estatal YPF anunció la puesta en marcha de once equipos en Vaca Muerta, con una inversión de 50 millones de dólares. Eso aumentaría en un 50% la actividad que toda la industria desarrolla en Neuquén, corazón geográfico de Vaca Muerta.  El 4 de septiembre pasado, el CEO de YPF, Sergio Affronti, se había reunido en Neuquén con Darío Martínez y el gobernador Omar Gutiérrez. Ahí prometió activar la inversión. Lo hizo tras firmar un preacuerdo con el Sindicato de Petróleo y Gas, conducido por Guillermo Pereyra. La relación entre YPF y el sindicato, sin embargo, se mantiene tensa a raíz de las duras negociaciones paritarias en marcha. “Este es el primer paso del plan de YPF para la reactivación de la actividad y así retomar el sendero de crecimiento de la producción que necesita nuestro país”, afirmó ayer vicepresidente de Upstream No Convencional de la empresa petrolera estatal, Pablo Iuliano. Con la cuarentena se destruyeron 2,5 millones de empleos A mediados de mayo, con el desplome de los precios internacionales del petróleo, el gobierno fijó un precio sostén: el llamado barril criollo a 45 dólares. Ese monto establecido vía subsidios fue el de comercialización en el mercado local; es decir, el precio que pagan las empresas refinadoras a las productoras. El oficialismo buscó así preservar los niveles de actividad y producción. “Este año las inversiones de la industria no van a llegar a los 3 mil millones de dólares. Y para desarrollar Vaca Muerta se necesitan entre 7 mil y 10 mil al año”, opina el ingeniero y especialista Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Desde el gobierno de Cristina Kirchner, Vaca Muerta se mantiene como una suerte de esperanza blanca para empujar la entrada de dólares. Días atrás, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca se refirió a esa promesa eterna. La economista detalló que «necesitamos exportar más, que nos queden más dólares genuinos. Vemos que van a crecer pero esa proyección está atada a lo que pase en el resto del mundo. Tenemos capacidad para exportar más pero no sabemos bien qué va a pasar, por ejemplo, con el precio del crudo para que Vaca Muerta exporte».  La segunda de Santiago Cafiero a su vez bajó las expectativas: «Para el año que viene vemos algo intermedio. No vemos un boom exportador». El gobierno, sin embargo, no pierde las esperanzas. La reactivación de YPF va en esa línea. El Banco Central también tomó una decisión con más de un ojo puesto en Vaca Muerta, al permitir el giro de utilidades de las multinacionales a sus casas matrices. Ante este panorama, hay una voz que perdió efecto dentro del gobierno: la del ministro Cabandié. En mayo pasado, había dicho que eran «alarmantes» los residuos que deja la actividad hidrocarburífera y que las empresas «se manejan con total impunidad». Los gobernadores de las provincias que reciben regalías hidrocarburíferas rechazaron (o directamente ignoraron) la opinión del ministro.

Fuente: Perfil.com