El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi instó al fiscal Carlos Stornelli a informar “con carácter de urgente” y en 48 horas si cuenta con registros fílmicos o digitales de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, revelaron fuentes judiciales. El pedido de Martínez de Giorgi responde al requerimiento de la Cámara Federal de Casación Penal (que Infobae anticipó el domingo) y que tiene que ver con los pedidos de las defensas para que se declare la nulidad de la causa. La vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada en el expediente en el que se investigó una asociación ilícita de recaudación ilegal sobre empresarios que hacían negocios con el Estado.
Según dejó asentado Martínez De Giorgi, por secretaría se informó que “no surge” del expediente “que se cuente con registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco del acuerdo de colaboración previsto en la ley 27304”.
“En función de lo informado en la constancia que anteceden lo requerido por la Sala primera de la Cámara Federal de Casación Penal, corrase vista al titular de la fiscalía Federal 4 a fin de que informe con carácter de urgente y en el plazo de 48 horas sí cuenta con registros fílmicos digitales y otros medios técnicos en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en estas actuaciones en el marco de acuerdo de colaboración previsto en el artículo 6 y 7 de la ley 27.300”, dispuso el subrogante del juez Claudio Bonadio, fallecido en febrero pasado.
La orden, firmada en el día de ayer, recién fue notificada hoy en el expediente, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Ahora, Stornelli deberá dar una respuesta. En función de eso, los pasos a seguir dependen de la Sala I de Casación, que está presidida por la jueza Ana María Figueroa e integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
El domingo, Infobae reveló el pedido de Casación en busca de esas grabaciones, consecuencia directa de la audiencia que había tenido lugar el jueves pasado en donde cuatro defensas, entre ellas la del ex ministro de Planificación Julio de Vido, dispararon sobre la causa cuadernos y reclamaron la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, su aplicación en este caso concreto y también la nulidad de todo lo actuado a partir de la declaración del primer arrepentido.
Oscar Centeno, el autor de los cuadernos
No es un detalle al pasar. Precisamente, el primer arrepentido fue Oscar Centeno, el autor de los cuadernos que escribió datos minuciosamente durante años cuando trabajaba a las órdenes de Roberto Barattta, mano de derecha de De Vido, y lo describía juntando dinero entre empresarios que tenían negocios con el Estado o pretendían tenerlos.
Con la detención de Centeno, el 1 de agosto de 2018, Bonadio ordenó una docena de allanamientos y arrestos para ex funcionarios y empresarios. Ahí explotaba el caso cuadernos, que derivó en que otros hombres de negocios y del ex gobierno de Néstor y Cristina Kirchner convocados a declarar como imputados, eligieran arrepentirse para evitar ser arrestados o conseguir la libertad si ya habían sido detenidos.
El artículo 6 de la Ley 27.304 establece: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. El artículo 7 prevé los requisitos formales, en donde asegura que “el acuerdo de colaboración se celebrará por escrito, y deberá consignar con claridad y precisión” qué hecho se le atribuye, las pruebas que aportó y el beneficio que se le otorgará en función de la colaboración prestada.
En estos dos años de juicio, las filmaciones de las declaraciones de los arrepentidos nunca aparecieron. Los protagonistas de esos acuerdos aseguran, en voz baja, que nunca los grabaron. El fiscal Jorge Di Lello, que intervino en una investigación contra Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro, por los fondos que recibió La Cámpora y que habrían salido de los viajes de Centeno, terminó dictando el sobreseimiento. Dijo que la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas José López -condenado por los bolsos millonarios que llevó a un convento- no había cumplido con las formalidades de la ley del arrepentido porque no había registros de sus dichos y por lo tanto no se podían contrarrestar ni conocer el contexto de su declaración. El sobreseimiento de Máximo Kirchner y Wado de Pedro fue firmado en diciembre último por la jueza María Servini.
Hasta ahora, ni el juez Bonadio ni la Cámara Federal habían permitido los cuestionamientos de las defensas al rol de los arrepentidos. Pero el caso llegó a Casación y su debate estaba pendiente de análisis desde hace tiempo. Incluso, hubo un tironeo entre salas de Casación sobre quiénes eran los jueces que debían analizado el expediente cuadernos, una discusión que fue detallando Infobae mientras ocurría. Pero cuando finalmente la causa 9608/2018 quedó en manos de los jueces de Sala I y la jueza Figueroa fijó una audiencia para los primeros días de abril para escuchar a las defensas, llegó la pandemia y la audiencia se demoró más de medio año.
Finalmente, el jueves en una audiencia en la que participó este medio, hicieron oír sus quejas las defensas de De Vido, Hernán Gómez -ex funcionario de Planificación que estuvo preso cinco meses-, Gerardo Ferreyra -el ex dueño de Electroingeniería que fue incluido en la asociación ilícita- y Juan Lascurain -el ex titular de la Unión Industrial Argentina ya condenado en la causa Río Turbio y quien estuvo presente frente a los jueces de Casación-.
Los defensores de De Vido, Maxiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, sostuvieron que esa ley nunca se debió haber aplicado, entre otras cosas por la retroactividad: la ley se aprobó en 2016 y los hechos investigados fueron entre 2003 y 2015. Pero además, afirmaron que no se cumplió con otro requisito como son los registros fílmicos. Y solicitaron que se requiera al juzgado 11 las copias de esas grabaciones para que quede expuesto en el caso. Figueroa, en su rol de presidenta, formalizó el pedido que ahora Martínez De Giorgi hizo extensivo a Stornelli, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
Sergio Massa corrió hacia los canales de televisión, sobre todo hacia América tv, a defender la dignidad de la Cámara. Claro, porque lo que pasó con Ameri resultó muy inconveniente desde muchos puntos de vista. No solamente por el desarrollo de las sesiones virtuales, que fueron motivo de una gran polémica. También porque nos enteramos de la existencia de Ameri, quien antes de ser diputado fue barrabrava de un club.
¿Cómo llegó a diputado? Esa es la pregunta. No lo que hace con su señora. Y ese interrogante todavía no tiene una respuesta. Se trata, además, de algo mucho más amplio. ¿Cómo es que los partidos seleccionan a aquellos que nos proponen como representantes?
Aparentemente Ameri era el segundo del senador Sergio Leavy, quien tampoco explicó cómo es que lo llevaba en la lista. Se desprende, entonces, una gran incógnita sobre el Congreso en general. Porque el episodio del legislador salteño termina abriendo, o debería hacerlo, una avenida de preguntas acerca de quiénes nos representan en el Congreso y cuáles son las prácticas que se desarrollan ahí adentro. Habría que preguntarse por algunas tradiciones del Senado respecto de la vida erótica, también dentro de la Cámara. Y no solamente de la época de Amado Boudou, sino antes también. Por ejemplo, algunas contrataciones.
Ameri era el segundo del senador Sergio Leavy
Todo esto se recorta sobre un clima institucional enrarecido por temas muchísimo más importantes que la vida sexual del diputado Ameri. Se está discutiendo la estabilidad de tres jueces. Dos camaristas federales, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y un juez del Tribunal Oral Federal que debería juzgar a Cristina Kirchner por el escándalo de los cuadernos de la corrupción, Germán Castelli.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal, que es la que tiene en consideración este tema, se pronunció. No sabemos cómo votó cada uno de los dos jueces que la integran. Hay un tercer juez que no participa porque es trasladado, es decir, le caben las generales de la ley. Sin embargo, los camaristas Guillermo Treacy y Jorge Alemany se pronunciaron y no votaron del mismo modo. Se presume que Treacy votó a favor del Gobierno, es decir, que sostiene que los jueces deben ser devueltos a su situación originaria. Y que Alemany votó para garantizar la continuidad de ellos en los puestos que hoy ocupan.
Va a haber que sortear un tercer juez. El sistema falló, pero mañana [por hoy martes] va se va a elegir a las 11.30 de la mañana. Al respecto, mucha gente dice: «Mejor que los abogados defensores de los jueces controlen el sorteo porque, al ser manual, a veces la mecánica es, por decirlo elegantemente, «azarosa». Menos elegante sería decir que se puede hacer trampa con el bolillero.
El fiscal de Cámara, Rodrigo Cuesta, que debe pronunciarse sobre este caso, ya lo hizo con mucha contundencia, en línea con lo que sostiene el Gobierno: que estos jueces fueron trasladados sin el correspondiente acuerdo del Senado. Cuesta desarrolló una cantidad de argumentos que son los del Gobierno y uno debería presumir, a lo mejor incorrectamente, que era previsible que actuara así, porque antes de ser fiscal de Cámara era uno de los encargados legales de YPF durante la gestión de Miguel Galuccio, puesto por Axel Kicillof. En 2015 pasó a la Justicia. Es decir: es un hombre que viene de las entrañas del oficialismo. ¿Esto lo condiciona? Deberíamos pensar que no, pero no deja de ser un dato en un país donde el expediente judicial, cuando se trata de cuestiones políticas vale cada vez menos. En un país donde los funcionarios judiciales más que decidir qué pasa en los expedientes se convierten en administradores de conflictos políticos.
Paralelamente, este martes a las 11 de la mañana, la Corte se reúne, obviamente vía Zoom, para tratar si acepta o no el per saltum que pidieron los tres jueces afectados. Ellos ven que el Gobierno va tomando resoluciones administrativas muy rápidas respecto de su situación, y dicen que cuando este tema llegue por la vía normal a la Corte, su suerte ya va a estar echada. Por lo tanto, piden a la Corte que suspenda algunos pasos procesales para hacerse cargo de su tema.
Están pidiendo algo extraordinariamente excepcional, y es que la Corte acepte acelerar un trámite y se salte instancias, en este caso la de la Cámara Contencioso Administrativo. Pero, ¿esto lo ha hecho la Corte otras veces? Sí, en épocas en que el per saltum no estaba reglamentado, y en momentos en que lo estaba. Inclusive hubo regulaciones sobre el per saltum que primero se pusieron y luego se sacaron porque no convenía que la Corte recurra a este mecanismo. Por ejemplo, en la época de Duhalde, cuando la Corte tomó para sí algunos temas ligados al corralito, con el riesgo de tomar decisiones que afectaran las arcas públicas.
¿Se va a tratar este martes el tema? Algunos jueces podrían decir que no lo tienen decidido y que lo pasan para más adelante. Hay un enorme hermetismo dentro de la Corte. Ningún juez sabe a ciencia cierta lo que hará el otro. Hay, por supuesto, una tensión política muy grande sobre este tema. Sencillamente, porque son los jueces que han juzgado o van a juzgar la corrupción del kirchnerismo. Y a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, que también tienen que hacer el recorrido por la Justicia. Además, si quedan libres esas vacantes el Gobierno va a tener bastantes posibilidades de cubrirlas. Por lo tanto, va a tener la posibilidad de ejercer algún control nada menos que sobre la Cámara Federal Penal, que es la que juzga los casos de corrupción.
La tensión es tan grande que muchos jueces de la Corte dicen que es mejor sacarse el tema de encima porque, en la medida en que los temas se postergan, la ansiedad aumenta y el problema también. Por lo tanto, habría que presumir que este martes la Corte lo aceptaría. Si eso ocurre, ya es más difícil saber qué van a decidir sobre la cuestión de fondo. El único indicio concreto que existe es un indicio inseguro. Se trata de una acordada del año 2018, ya célebre para los que siguen este tema, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, que expresó que estos traslados habían sido hechos correctamente. ¿Pueden dar vuelta su posición? Sí, pero esa acordada es una atadura importante.
Mientras tanto, se va generando un clima político desagradable alrededor de esto. Hubo un escrache en Rafaela contra Lorenzetti. No se entiende muy bien, porque la posición del juez es una gran incógnita. Una cantidad de vecinos autoconvocados a través de las redes fueron a desfilar con autos por la casa del juez. Obviamente es repudiable cualquier hecho de esta naturaleza. Manifestaciones en los domicilios particulares de las personas. El Presidente de la Nación se solidarizó con Lorenzetti. Dijo que era una conducta «fascista». Y tiene razón.
Al mismo tiempo, Fernández se preguntó por qué habían admitido tratar el per saltum este martes, en lo que, se supone, que es una presión sobre Rosenkrantz. Hoy la ministra de Justicia indicó cómo debería fallar la Corte en este problema, donde el Poder Ejecutivo es el que quiere retrotraer el traslado de los jueces. Alberto Fernández dijo también cómo deben fallar. Y volvió a cometer un error jurídico, él que tiene 30 años de profesor. Se preguntó: «¿Y si traslado a un juez que a mí me gusta para cubrir el juzgado de Bonadio?». Él dice: «Sería un canalla». Pero, en realidad, si son para la misma tarea, la misma jerarquía, no se necesita el acuerdo. Más aún, el juez Bertuzzi, antes de ser trasladado a la Cámara Federal, había sido trasladado de un tribunal oral de La Plata a uno de la Capital, sin acuerdo. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 2010. Lo trasladó Cristina Kirchner.
Alberto Fernández repudió la protesta en la casa de Ricardo Lorenzetti: «Es propio del fascismo y del nazismo» Crédito: Presidencia
El Presidente confesó a dos interlocutores, un hombre de Cancillería y un periodista, que criticó a Rosenkrantz porque creía que el juez se había reunido con Mauricio Macri a coordinar la estrategia de defensa de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. A esos interlocutores les dijo que el que le había dado esa información era Lorenzetti. Rosenkrantz le hizo saber después, a través de dos emisarios, que el dato era falso.
Lo interesante es que el mismo Fernández, el mismo presidente que repudia la presión sobre Lorenzetti, presiona a Rosenkrantz. La mejor declaración que vi sobre este tema es del jurista Andrés Rosler, un profesor de derecho muy inteligente, que escribió un tuit diciendo que «no hay que confundir fascismo en el mal sentido de la palabra (ataque a Lorenzetti) de fascismo en el buen sentido de la palabra (ataque a Rosenkrantz)». Parece que para el Gobierno habría un fascismo bueno y un fascismo malo, según quién sea la víctima.
¿Por qué es tan importante esto desde la política de poder? Porque el kirchnerismo está mirando, en la decisión que tome la Corte, el futuro de Cristina Kirchner. La vicepresidenta está mirando si la Corte va a ser complaciente o no con ella en todas las causas que tiene en el tribunal. Causas en las que ella ha pedido pronunciamientos adelantados con recursos extraordinarios. Este es el significado duro de lo que se está discutiendo y de lo que se va a discutir hoy respecto de estos tres magistrados: no es solamente cómo va a fallar en adelante la Cámara sino qué conducta, qué receptividad hay dentro de la Corte Suprema de Justicia a las necesidades penales de Cristina Kirchner.
Obviamente, todo este manejo institucional tiene una característica rara, que es la urgencia. ¿A qué se debe la urgencia en tratar estos temas? ¿Cuál es la agenda? Se lo preguntó Martín Lousteau en el Senado: en un país que tiene un problema económico como el que estamos viendo, con un derrumbe en el empleo, una incertidumbre cambiaria pavorosa, ¿esta es la urgencia del Gobierno o es la urgencia de la vicepresidenta? ¿Cuánto se proyectan estos desmanejos institucionales sobre la falta de confianza que hay en la administración de la economía? Este es el puente que une el problema de la Corte con, si se quiere, el problema del dólar. La falta de confianza que se manifiesta en la brecha cambiaria y en el precio de los bonos. Estamos ante un caso histórico de una reestructuración de deuda. Si uno mira el riesgo real que hay de que un vencimiento financiero de la Argentina no se cumpla tenemos que ir a mirar el año 2028. Sin embargo, cuando vemos el precio de los bonos, la tasa de interés que paga la Argentina el mercado presume que va a haber un default el año próximo. Cuando no hay vencimientos. Eso se llama desconfianza y lo registran las últimas encuestas. Una de Poliarquía, de este mes, indicó que desde el mes pasado a este los que creen que este Gobierno ya está jugado y no puede resolver los problemas que se propone, pasaron del 35% al 45% de los consultados.
Esto que muestran la encuesta y el precio de los bonos es lo que está manifestándose en el mercado cambiario. Allí aparece una desconfianza estructural en la orientación del Gobierno y en la capacidad que tenga para resolver los problemas económicos. Sobre todo uno: el desborde de pesos que hay en la Argentina. ¿Cuánta inflación va a haber? Y por lo tanto, ¿cuánto atraso cambiario va a haber? A este problema objetivo se le suman los desmanejos en las regulaciones cambiarias. Es decir, un problema de mala praxis que llevó a discusiones dentro del Gobierno este fin de semana, con el Presidente de árbitro, entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central.
Una anécdota. La semana pasada, si alguien compraba un departamento y quería pagarlo transfiriendo de una cuenta en dólares de la ciudad de Buenos Aires a otra cuenta en dólares de un banco porteño, el sistema no lo dejaba. Aunque esa transferencia no implicaba que el Banco Central perdiera reservas. ¿Qué se podía hacer en cambio? Transferir esos dólares a otra cuenta en el exterior, donde sí caen las reservas, y desde ahí transferirle al que le vendió el departamento para pagarlo afuera. Irracional por completo. Se estimulaba a sacar dólares del país. Es una señal que se interpreta así: «Si hay semejante problema para hacerse de los propios dólares, mejor los retiro de la caja de ahorro». Es lo que está pasando desde la semana pasada. El Gobierno se encargó de asustar a los que tienen dólares en bancos argentinos, que forman parte de las reservas que el mismo Gobierno teme que caigan.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió el fin de semana con el Presidente y Miguel Pesce
Los números: el jueves pasado, los depósitos en dólares cayeron US$220 millones. Los cinco días hábiles anteriores, cayeron US$490 millones. Y el viernes, la cifra no está clara, pero se calcula que hubo una pérdida de US$300 millones, de gente que retira sus depósitos. Esto fue provocado por el Gobierno. No es el «acoso y derribo», no es la desestabilización de Fernández. Lo hizo el Gobierno con regulaciones que gente del Gobierno sabe muy bien que están mal hechas.
Ahora están tratando de mejorar la oferta de dólares, intentando y discutiendo una baja en las retenciones. Es muy difícil que el sector agropecuario, el sector exportador crea que, porque se bajan las retenciones, conviene liquidar dólares. Hay una expectativa de devaluación que está en la brecha cambiaria. Entonces, el productor que sabe que esta soja de hoy en dos o tres meses va a valer más, porque son dólares en forma de granos en un silobolsa, la conserva. Es un razonamiento financiero. Si el Gobierno además me garantiza que va a seguir emitiendo moneda; más estímulo hay para que yo conserve mis dólares en billete, o cosas que equivalen a dólares. Y el Gobierno da la señal de que va a seguir emitiendo. Concretamente, este mes se pagó muy poco por parte del Tesoro, pero todo lo que se devengó lo van a pagar el mes que viene. Por ejemplo: no se pagaron los subsidios energéticos. Pero ahora sí y fueron $49 mil millones a Cammesa en concepto de subsidio. Todo eso es emisión, que hace pensar que va a presionar sobre el dólar. Por lo tanto, el dólar va a subir.
Este es un razonamiento que está en el corazón del Gobierno y que está mirando mucha gente del oficialismo. Por eso hay un debate sobre el Banco Central, sobre estas regulaciones y sobre la falta de un plan que indique hacia adónde va la economía. Esto se suma a otras incertidumbres mucho más prácticas o concretas: la caída del empleo y la caída de la actividad.
Este martes llega una misión del Fondo Monetario Internacional a mirar todos estos temas. Importantísimo lo del Banco Central, porque si recordamos la larga crisis de Macri en materia económica, no tuvieron que renunciar los ministros de Economía o de Hacienda. Las cabezas que cayeron por los problemas económicos fueron las de los presidentes del Central. Porque la Argentina tiene un problema monetario y cambiario que está en el corazón de su problema económico. Y ahí es donde va a mirar el Fondo. Y ahí es donde vemos que el Gobierno trastabilla.
Todo esto lleva a una gran inquietud, no solamente del mercado, que somos todos, sino también dentro del oficialismo. Y es una inquietud inocultable, por más de que se diga que todo esto es parte de un proceso de desestabilización de la prensa hegemónica, los bancos, las empresas exportadoras y la oposición. No. Dentro del oficialismo hay gente muy preocupada. No solamente en los bordes, como se notó en la entrevista que hizo Jorge Fontevecchia en Perfil con Guillermo Moreno, una voz identificada como pocas con el pensamiento económico del kirchnerismo.
Martín Guzmán está inquieto, por eso hubo una reunión este fin de semana en Olivos con Pesce y Fernández. Por eso se habla de reemplazarlo a Pesce. Y Fernández lo sostiene porque es parte de su equipo. Es uno de los blancos que se ha propuesto voltear el kirchnerismo más duro desde hace meses. Y ahora más, por eso circuló el nombre de Carlos Heller para el Banco Central, que, con independencia de su ideología sabe de bancos. Por eso circula el nombre de Sergio Chodos, el representante en el FMI, ligadísimo a Guzmán. Es decir, sigue habiendo una incertidumbre respecto de la política económica y de la política cambiaria.
Cristina Kirchner está inquieta, y cualquiera de las personas que hablan con ella, a pesar de que habla con poquísima gente, sabe eso. En el oficialismo llama mucho la atención, hay todo un misterio, sobre una conversación telefónica que ella mantuvo hace dos viernes con Sergio Massa. Dio para que muchos pensaran que en la cabeza de Cristina debería haber una intervención sobre el gobierno de Alberto Fernández tomando la jefatura de Gabinete a través de Massa. Hay un coro de críticas a Santiago Cafiero, tanto en el Instituto Patria como en La Cámpora. Cuando el problema no es Cafiero. Para ellos es Fernández.
Hay un inconveniente que, muy probablemente, Cristina Kirchner se plantea cuando piensa en estas martingalas para salvar a un Gobierno que ella cree que está en problemas: «¿Y si Alberto me renuncia porque lo presiono demasiado?». Grave problema. Massa también habló. No solo con Cristina, también con Alberto, hace más o menos 15 días. No le dijo, como dice Diego Guelar, «game over, este Gobierno está agotado». Pero le dijo: «Tenés que pensar mucho todo, de nuevo». Claro, los amigos de Massa le dicen que él no está tan mal. Las encuestas dicen que tiene un 33% de imagen negativa y 33% positiva. Está ahí, boyando. Los amigos le dicen que espere, porque son gente del conurbano, la mayoría viene del duhaldismo. «Esperá, crisis, crisis, crisis… estás en la línea sucesoria». Por supuesto, Massa no se permite esa fantasía.
Alberto Fernández mismo se siente víctima de un ajedrez que no es el suyo y le ha confesado algo inconfesable a un par de amigos: «Finalmente, si miro el cuadro y sintetizo, soy víctima de un conflicto sin solución entre Cristina y Clarín. Yo estoy en el medio». Es una escena compleja porque Fernández tampoco está tan mal. Hay dos personas que están por encima de la clase política hoy en la Argentina: Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. El problema de Fernández es que está cayendo. El Gobierno en los últimos cinco meses cayó de una consideración positiva de 79% a una de 43%. Ese es el dato que le preocupa a Massa. Esto es lo que está mirando Cristina. Más allá de otros datos que tienen que ver, sobre todo, con una forma de tomar decisiones. En el último mes, la imagen positiva del Gobierno, según un consenso de las principales encuestadoras, cayó más o menos del 50% al 43%. Del mes pasado a este.
Esto se proyecta sobre un temor electoral. Y tal vez ahí está la clave de por qué tanta presión de Cristina sobre los temas judiciales. No está claro qué va a pasar en las elecciones del año que viene. En las únicas que importan, que son las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Esa es la gran batalla, porque obviamente el Gobierno supone que la Capital la va a perder; Córdoba es básicamente de Macri o de algo que se le parezca a Macri; en Santa Fe, más allá de que Omar Perotti pueda compensar la caída del kirchnerismo, están heridos y se vio con el caso Vicentin. La gran batalla es la provincia de Buenos Aires, donde están los votos de Cristina, que tiene muchísimos. Muchos más de los que registran las encuestas. Hay un voto de Cristina Kirchner al cual es muy difícil acceder con el aparato de observación que existe hoy en la Argentina. Pero igual eso está amenazado. Ahí está la tensión y por eso se empieza a especular con algún tipo de manipulación del calendario electoral. Por ejemplo, que se suspendan las PASO. De tal modo que, si hay una recuperación de la crisis, ésta sea más fructífera en términos electorales en las elecciones generales de octubre y no en las primarias de agosto. Claro, para el Gobierno las primarias son un instrumento inocuo. El poder ordena las listas. Las primarias son un instrumento de selección de candidatos para la oposición.
En la atmósfera reina el pesimismo. La gente que cree que vamos a estar peor el año que viene que este año, pasó de más o menos el 30% al 50% en dos meses. La gente que dice «no me gusta Cristina, ni Macri, pero tampoco me gustan Alberto Fernández o Rodríguez Larreta», es decir, «no me gusta nadie», en una encuesta de Isonomía, en los últimos cinco meses pasó de 0 a 6%. ¿Es mucho? No, 6%. Pero era 0 hasta hace unos meses. Es muchísimo si se mira la velocidad de ascenso de ese número.
En la Argentina nadie es de derecha. Alguien muy jugado dice «centro-derecha». Pero ahora no. Esa encuesta descubre que un 9% se declara de derecha. Algo que también le sorprendió a la consultora. Abren esa caja, miran adentro y ¿qué hay ahí? Gente que quiere muchísima libertad de mercado y mucho orden en la vía pública. El tema es «seguridad y que el Estado no se meta en mi propiedad». En la encuesta de Poliarquía apareció algo raro. Por primera vez aparece, espontáneamente, José Luis Espert, con 1%. Es el mismo 1% que tiene en la misma encuesta a Elisa Carrió. Insisto: menciones espontáneas. Espert, que antes no registraba peso en la balanza, expresa ese 9% que dice que es de derecha. Con todos estos datos el establishment político empieza a estar interpelado. Asoma un germen de antipolítica. Una presión sobre la clase política en su conjunto. El tema de la corrupción pasó de estar en quinto lugar a estar tercero. En este contexto riesgoso, inquietante se inscriben las escenas eróticas de Ameri.
A un paso de sus casas, los vecinos tienen la comodidad de sacarse dudas médicas, hisoparse (en caso de ser necesario) o vacunarse contra la gripe o neumonía. Así es el operativo “Detectar SI”, que con sus puestos sanitarios móviles recorre todo el distrito en una intensa búsqueda activa de casos positivos Covid-19.
Los resultados de los operativos en La Horqueta y Martínez fueron los siguientes: se acercaron 356 personas; hubo 197 consultas; 105 hisopados y se aplicaron 54 vacunas contra la gripe y neumonía.
“Hay gente que no quiere o no puede acercarse a los hospitales o CAPS para atenderse. Por eso, el Municipio se acerca a ellos para que puedan evacuar sus dudas y, en caso de ser necesario, ser hisopados. Además, muchos vecinos aprovechan para completar las vacunas que les faltan”, señaló el Dr. Gustavo Flores, director de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Cómo es el operativo
Hay dos filas; una es para pacientes con dudas o síntomas compatibles de Covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto); y la otra fila es para completar calendario de vacunación contra la gripe y neumonía.
A su vez, en los gazebos de Acción Social, a cada paciente se le hace una minuciosa encuesta sobre su conformación familiar, domicilio y lugar de trabajo.
Luego de completar una ficha epidemiológica en caso de ser necesario se realiza el hisopados en las unidades de testeo móvil del Municipio.
Según especificó el informe, con la contracción interanual del 13,2% el EMAE acumuló en los primeros siete meses del año una caída de 12,6% con relación al mismo período de 2019. Por su parte, la suba de 1,1% en la medición de la serie desestacionalizada en relación con junio estableció que el EMAE de julio “siguió recuperando parte de la retracción acumulada en el período marzo-abril”. En marzo, esa caída fue del 10,31% mientras que en abril llegó al -17,3%.
Solamente dos actividades económicas mostraron cifras positivas de actividad: Intermediación financiera (2,9%) y Electricidad, gas y agua (4,4%). El resto de los sectores registró caídas en julio con respecto al mismo mes de 2019.
Las bajas más agudas en la comparación interanual fueron en sectores como Pesca (-67,1%), Hoteles y restaurantes (-65,4%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-60,3%), un resultado esperable dadas las medidas tomadas desde marzo para enfrentar la pandemia de coronavirus que, en muchos casos, no fueron flexibilizadas.
“Las restricciones globales a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la COVID-19 afectan a un conjunto significativo de actividades económicas en todos los países. Dado este fenómeno excepcional, el proceso de estimación de la serie tendencia-ciclo para julio de 2020 fue adaptado siguiendo las recomendaciones internacionales sobre el tratamiento de valores atípicos para el ajuste estacional”, aclaró el informe del Indec.
Otros sectores que registraron caídas de relevancia fueron Construcción (-30,1%), Transporte y Comunicaciones (-23,2%%), Impuestos netos de subsidios (-14,7%) y Explotación de minas y canteras (-14,4%).
También bajaron en julio otros segmentos de la economía como Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler (-10%), Administración pública y defensa (-9%), Servicios Sociales y de Salud (-8,5%) e Industria manufacturera (-8,1%).
Según Nadin Argañaraz, economista del IERAL, el rebote de la economía “parece haberse agotado a mitad de camino. La actividad se recuperó 9,4% en mayo y 7,5% en junio, para solo rebotar 1,1% en julio. El nivel de observado en julio quedó 1,7% por debajo del nivel de marzo, y es equivalente al observado en el primer trimestre 2007”.
“En materia macroeconomía, existe incertidumbre sobre cómo se ajustarán los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. Esto empeora las expectativas. Es difícil proyectar un sendero de actividad en estas condiciones. La consistencia macroeconómica debiera ser asegurada en la discusión y sanción del proyecto de ley de presupuesto 2021. Es clave esa señal que que la economía argentina se encamina a recuperar los niveles pre pandemia de actividad recién en 2023″, apuntó el analista.
Asimismo, un informe de la consultora LCG señala que para este año pronostica que la actividad económica “se contraiga alrededor de 13%, la caída más alta desde que se tienen registros. Si bien la contracción más severa se espera que haya pasado debido a que en el segundo trimestre se concentro el confinamiento más estricto, no esperamos una fuerte reactivación de la economía en los meses que siguen”.
“El importante desplome en sectores mano de obra demandantes, como la construcción y la gastronomía sumado a la caída de los salarios reales en el contexto de aceleración inflacionaria podrían amortiguar la recuperación del consumo privado”, apuntó LCG.
La consultora tampoco espera que la recuperación se acentúe por el lado de las exportaciones, en virtud de la caída en el volumen del comercio mundial: “La recuperación de China y un aumento en la demanda podrían, sin embargo, comenzar a traccionar al sector externo en el margen”.
El desempeño del campo
Otro informe, de la consultora ACM, destacó que pese a haber caído un 4,8%, el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura mostró cierta recuperación con respecto a junio pero “continúa teniendo variaciones considerablemente negativas, en línea con las actividades correspondientes a la cosecha fina”.
“En julio se observó una continuidad en la dinámica de recuperación de la economía, aunque de forma heterogénea dada las características del shock de oferta que estamos evidenciando. Cabe esperar una continuidad durante los meses siguientes aunque de forma atenuada producto de las mayores habilitaciones mencionadas. Por otro lado, la dinámica del sector agropecuario (influenciada por las condiciones climáticas) es un factor importante a seguir no sólo por su importancia dentro de la economía argentina sino también por la oferta de divisas que brinda”, concluyó el informe.
El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes 28 de septiembre una reunión en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada con el grupo de expertos médicos e infectólogos que asesoran al Gobierno nacional sobre la pandemia de coronavirus. Los especialistas advirtieron por la explosión del virus en el interior del país y pidieron el endurecimiento de la cuarentena Según pudo saber PERFIL, en la reunión los expertos informaron que ya el 60% de los contagiados son del interior a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses cuando el problema se centraba en el AMBA. Por eso, los especialistas piden a los gobernadores el endurecimiento de la cuarentena debido a que hay varias ciudades con sistemas de salud precarios. Con apoyo de los gobernadores propios y opositores, Fernández retoma la agenda del COVID-19 y mañana viaja a Santa Fe, una de las provincias más complicadas en este momento. Según informaron a este medio, el mandatario expresó en la reunión que «si tiene que endurecer» la cuarentena, «se hará el esfuerzo que se tenga que hacer en esta etapa también». Alberto Fernández: «La pandemia nos dejó más muertos de los que creíamos tener» Además, en el encuentro, los infectólogos criticaron las medidas que se tomaron en Mendoza donde cerraron solo por dos días para evitar descontroles por el Día de la Primavera. También incentivaron a que desde el AMBA explicar que el esfuerzo vale la pena ya que ahora en la Ciudad y Conurbano hay señales a la baja. Del encuentro participan el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; los asesores presidenciales Cecilia Nicolini y Alejandro Grimson; y los especialistas Pedro Cahn, Javier Fariña, Gabriel Kessler, Santiago Levin, Tomás Orduna y Alicia Stolkiner. El presidente visitará mañana la provincia de Santa Fe, donde encabezará una «agenda de actividades» junto al gobernador Omar Perotti. Así lo indicaron a la agencia NA fuentes de Casa Rosada, que precisaron que el jefe de Estado tiene previsto arribar a la ciudad de Rosario a las 11:30. Si bien no trascendieron detalles de la agenda que mantendrá el Presidente durante su visita a Santa Fe, fuentes oficiales afirmaron a NA que estará «vincula a la cuestión sanitaria» por la pandemia del coronavirus. Kicillof, sobre las cifras de muertos por coronavirus: «No venimos a esconder, venimos a mostrar» La visita fue anunciada hoy por el propio Alberto Fernández durante el acto de inauguración del Hospital Néstor Carlos Kirchner en la localidad bonaerense de Escobar. «Querido Omar Perotti, vamos a estar allá en Santa Fe, porque lo que estamos viendo es que el problema que inicialmente se concentró en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ahora está irradiando al Interior del país», resaltó Fernández. Por último, el Presidente precisó: «Me preocupan los porteños y los bonaerenses tanto como los santafesinos, los mendocinos o los cordobeses que hoy estuvieron presentes en este acto, o los neuquinos».
Este lunes por la mañana los senadores de Juntos por el Cambio se ausentaron de la comisión de Acuerdos donde se presentó una decena de candidatos para ocupar defensorías, fiscalías y juzgados federales. Sin embargo gastaron minutos de celular en intensos intercambios después de que terminó la reunión de la mesa nacional que se realiza todos los lunes por la mañana. Para las 18 habían convocado a una reunión de interbloque que finalmente se pospuso para esta tarde a la misma hora. El objetivo es definir qué postura adoptarán los senadores frente al posible llamado a sesión para el viernes. Si bien no hay decreto de convocatoria ni agenda oficial, dicen en la oposición que el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, comunicó a las autoridades del interbloque que la sesión se realizará ese día. En paralelo y en un intento por encontrar una salida política a las diferencias respecto al funcionamiento del Senado volvieron a conversar el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, y su par oficialista José Mayans.
Juntos por el Cambio no convalidó en su momento la audiencia pública que tuvo por objetivo desplazar de sus cargos a Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y en el marco de su estrategia no avalará tampoco las tres agendadas para esta semana: cuestionan que se use la modalidad remota para audiencias públicas vinculadas con la designación de funcionarios judiciales y exigen mayor presencialidad para las sesiones. Hoy definiría su postura al respecto la Corte, un dato no menor para la principal bancada opositora. Un dato que probablemente haya influido en el silencio del lunes y en la postergación de una decisión.
En paralelo y cuando se vencía el protocolo de funcionamiento remoto la principal oposición presentó un amparo judicial en contra de la renovación de ese reglamento. Y ahora, a la espera de una definición judicial que se dilata respecto a su legitimidad, enfrenta un gran dilema: en la próxima sesión se tratará el convenio entre Nación y Ciudad que determina una baja en la coparticipación porteña y la tan reclamada ley de Economía del Conocimiento. Si son consecuentes con su postura los senadores no podrán votar en contra de la primera ni a favor de la segunda. Pero además en estas horas hay un debate sobre cómo plantarse frente a la inclaudicable postura del kirchnerismo que defiende la mayoría con la que se aprobó el reglamento de sesiones por teleconferencia. Juntos por el Cambio exigió los dos tercios y se empantanó el debate. El Frente de Todos mantuvo la agenda de comisiones.
Como ya contó Infobae, el interbloque viene hablando desde hace un par de semana sobre cómo fundamentar sus posturas sin convalidar lo que consideran “atropellos” del kirchnerismo. Hay distintas posiciones. Están quienes quieren desconectarse y quienes por el contrario consideran un error dejar las bancas vacías y no expresar durante toda una sesión la postura en contra. Pasó justamente en la última sesión cuando cuatro senadores (Luis Naidenoff, Martín Lousteau, Humberto Schiavoni y Laura Rodríguez Machado) marcaron el rechazo al tratamiento de los pliegos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y a la votación del reglamento sin consensuarlo y luego dejaron en soledad al Frente de Todos. El oficialismo entonces pudo fundamentar sin disidencias durante el resto de la sesión. Y luego hasta Cristina Kirchner se dio el lujo de reprocharles un intento por paralizar el Congreso con el amparo presentado en Tribunales.
En esa última sesión el presidente del interbloque, Luis Naidenoff, reclamó un llamado del Frente de Todos para sentarse a conversar y acordar la modalidad de sesiones remotas. Pidió “un gesto” a favor del diálogo a la vicepresidenta de la Nación. Le alcanzaría ese llamado (o simplemente el llamado de José Mayans como jefe de la bancada peronista) y alguna mínima concesión para volverse a sentar sin cuestionamientos. Por ejemplo piden una rotación de senadores en el recinto o al menos que se permita estar físicamente presentes a los jefes de bloques. El mismo Naidenoff viajó por primera vez en 120 días a Buenos Aires y se instaló en la Capital.
Hay quienes además querrían hacer una movida como la de los diputados el 1 de septiembre cuando sentaron a 90 legisladores de Juntos por el Cambio en el recinto. La gran duda es que los únicos senadores que se contagiaron de COVID-19 pertenecen a esa fuerza política. En intercambios de llamadas y chats durante todo este lunes hubo quien recordó que primero se enfermó Humberto Schiavoni, jefe del bloque del PRO, y ahora la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez. “Nos van a decir que queremos sesionar en forma presencial y que ponemos en riesgo la salud de otros”, indicó un histórico funcionario parlamentario del interbloque opositor. Y tiene razón: el kirchnerismo ya apunta ese dato en contra de una mayor presencialidad.
Esteban Bullrich expresa una de las posiciones más duras pero pide dar los debates
Durante toda la semana pasada los senadores de Juntos por el Cambio participaron de las reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto donde se discutió el “Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”. Prácticamente fueron las voces más escuchadas en cada reunión con decenas de preguntas a todos los expositores. Los senadores del Frente de Todos participaron visiblemente mucho menos. Por eso cuando la presidenta de la comisión cabecera, María de los Angeles Sacnun pasó a la firma el dictamen y Esteban Bullrich reclamó que se siguiera con más oradores a partir de hoy y reprochó la falta de diálogo, la santafesina le indicó todo lo que habían hablado. Lo mismo hizo el jefe del Frente de Todos, José Mayans, sorprendido de que la principal oposición considerara que no había espacio para el intercambio. Lo que no hubo fue acuerdo: cada bloque manifestó su postura sin claudicar ni una coma.
Para Juntos por el Cambio hay intencionalidad política en el recorte a la Ciudad. Para el Frente de Todos es un acto de “Justicia”.
José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
El convenio en cuestión estableció el traspaso de 17.000 y 19.000 efectivos federales al ámbito de la Ciudad; la transferencia de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal. También de una serie de edificios y dependencias por un valor de 300 millones de dólares. El dato más conflictivo es que en lugar de un acuerdo sobre las partidas, a partir de la sanción de la ley será el Poder Ejecutivo Nacional el que determine cada año el monto a transferir desde el Presupuesto General en forma mensual y con una actualización trimestral. Juntos por el Cambio alegó que el convenio exige un acuerdo entre las partes y no una imposición de la Nación.
Las organizaciones sociales administran 570 mil planes sociales desde el Ministerio de Desarrollo Social. La más poderosa de todas es el Movimiento Evita, enfrentada con el kirchnerismo desde 2016, tras más de una década de alianzas. Hoy la disputa en el territorio entre esa organización, dirigida por Emilio Pérsico, y La Cámpora pasa por el control y administración de esos fondos. La pelea tiene dos puntos centrales. En primer lugar, el manejo de los listados para inscribir nuevos beneficiarios. Desde julio comenzó el Registro de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP). Al 21 de agosto, según el informe publicado por Página/12 en base a datos oficiales, ya había 461.810 inscriptos. Pero estiman que el número total será el doble. Se trata de trabajadores que generan ingresos pero están fuera del mercado formal. En segundo lugar las ya anunciadas Unidades Ejecutoras, cooperativas y asociaciones que tendrán a cargo los proyectos de trabajo. Quien maneje esas unidades tendrá el control de los planes y los presupuestos para cada iniciativa. No son pocas las organizaciones que cuentan con empresas propias o vinculadas a ellas para llevar adelante las obras. Por último, y no menos importante, el manejo territorial y el poder que implica administrar los planes sociales para todo tipo de actividades. Según pudo reconstruir PERFIL, por eso pelean el Movimiento Evita y el kirchnerismo. El Evita forma parte de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que dirige Esteban «Gringo» Castro, un dirigente que también es de la organización. Emilio Pérsico y Fernando «Chino» Navarro. Foto: Pablo Cuarterolo. Historia de una disputa en la calle y en las urnas La organización que dirige Pérsico y el kirchnerismo llegaron juntos al final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 aunque la relación ya estaba quebrada desde 2014 cuando el peronismo debatía quien tenía que ser el sucesor de CFK. El Evita creció bajo la protección de Néstor Kirchner, pero luego tomó vuelo propio. En 2016, a los pocos meses de haber asumido Mauricio Macri la alianza se terminó de romper. El macrismo entregó casi el total de los planes sociales a la CTEP, y Pérsico y el «Chino» Navarro tuvieron un rol fundamental. Según cifras del Evita, la CTEP administró en total casi 350 mil planes nuevos. En 2017 el Evita apoyó y militó la campaña de Florencio Randazzo, de la cual Alberto Fernández, hoy Presidente, fue su más importante armador. Esa división del peronismo fue clave para que Cambiemos ganara las legislativas. Las disputas en el territorio siguieron tensándose. Dos años después, con la unidad del peronismo, el Evita se posicionó bien cerca de Alberto. Por esa razón Cristina Fernández de Kirchner impulsó, entre otros, un mayor liderazgo de Juan Grabois con el aval del Papa Francisco. Quien lidera la urbanización de los barrios populares es Fernanda Miño, militante que responde a Grabois y desde este lunes pasó a reportar dentro de Desarrollo Social tras la quita del programa al ministerio de Desarrollo Territorial Hábitat que conduce María Eugenia Bielsa. La discusión también es ideológica. Desde el Evita consideran a los dirigentes de La Cámpora como jóvenes de clase media que dicen saber «cómo resolver el problema de los pobres». Sus principales dirigentes cuestionan al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por considerarlo soberbio y «sentirse un iluminado». En medio de tanta rivalidad, hay algo que sí comparten ambos sectores y es la desconfianza hacia los intendentes del PJ. Los ven como lo peor de la política argentina. «Explotadores y al mejor postor», dicen desde el Evita. Para el kirchnerismo representan la vieja forma de hacer política, la de los barones del conurbano. Hoy el Evita administra el municipio de Moreno con la intendenta Mariel Fernández. Pero tiene presencia en todos los distritos. Y es una de las organizaciones más temidas de todas. Muchos repiten una frase que llegó en varias ocasiones a los oídos de Pérsico: «El Evita te incendia el país en 10 días». El exfundador de Quebracho no se ofende con la definición. Es más, utiliza esa amenaza como su mejor arma para negociar. Mal no le fue.
A las nueve de la mañana, una línea telefónica encriptada conectó Olivos con Beijing. Alberto Fernández dijo buenas noches a Xi Jinping y durante al menos treinta minutos, interprete oficial de por medio, el Presidente conversó con el líder de China, que ha desplegado una política de seducción diplomática con Argentina que incluyó un swap por 18.500 millones de dólares, 36 vuelos sanitarios repletos de insumos para combatir el COVID-19 y el apoyo explicitó a las negociaciones con los bonistas de Wall Street.
Estados Unidos fue clave para cerrar la negociación con los acreedores privados y controla la toma de decisiones en el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) que diseña un programa de ajuste a cambio de postergar los pagos de una deuda externa que asciende a 44.000 millones de dólares. Desde esta perspectiva, Donald Trump tiene suficiente poder para transformar a la economía nacional en un aquelarre.
Sin embargo, Alberto Fernández optó por profundizar sus relaciones bilaterales con la Unión Europea (UE), México y China, que está en una guerra comercial sin cuartel con la Casa Blanca. Desde que asumió en reemplazo de Mauricio Macri, el jefe de Estado jamás habló por teléfono con Trump, nunca chateó a su número personal y al momento de elegir su primer viaje oficial decidió embarcar rumbo a Israel y a continuación visitar cuatro capitales europeas.
Xi es un maestro de la diplomacia y la geopolítica y exprime las diferencias personales e ideológicas que Alberto Fernández tiene con Trump, y las necesidades financieras y comerciales que exhibe la Argentina tras la administración de Macri y los efectos devastadores del COVID-19. El líder comunista pretende colocar a China como primera potencia mundial, y necesita anclar sus sueños y su vocación de poder en todas las regiones del planeta.
En este contexto, XI apoyó al país en su momento más duro de la pandemia, ratificó el swap por 18.500 millones de dólares que revitalizaron las reservas del Banco Central y reiteró en todos los foros multilaterales que Argentina es un socio estratégico para Beijing y su ascenso vertiginoso a la cima del globo.
Alberto Fernández conoce las intenciones de Xi y no le preocupa la distancia que ya impuso frente a la Casa Blanca. El Presidente convalidó tratados con China que eran impugnados por Washington y apuesta a consolidar un vínculo comercial, tecnológico y militar con Beijing sin antecedentes en América Latina.
El canciller Felipe Solá participará del diálogo telefónico que mantendrá Alberto Fernández con Xi Jinping
La conversación formal entre Alberto Fernández y Xi tiene un guión preestablecido y su duración mínima iba a ser de treinta minutos con interpretación consecutiva prevista -hablan los jefes de Estado y a continuación se traduce- e iba a abarcar cuatro ejes centrales que fueron acordados por las cancillerías de Argentina y China.
Al principio, el Presidente agradecerá a su colega comunista las donaciones chinas que llegaron al país en el peor momento de la pandemia. Un ayuda memoria escrito en el Palacio San Martín consigna que XI autorizó 36 vuelos sanitarios a cargo de Aerolíneas Argentinas y 4 barcos desbordantes de insumos médicos.
En este capítulo del guión diplomático, el jefe de Estado también expresará su agradecimiento a XI por enviar sin demoras 8.500 millones de dólares -segundo tramo del swap chino- cuando las reservas del Banco Central se evaporaban y aún no había concluido al negociación con los fondos de Wall Street.
“Alberto Fernández tiene gratitud eterna con China, y se lo va a decir a Xi Jinping no bien comience la charla entre ambos”, confió un miembro del Gabinete que estuvo en todos los detalles de la llamada telefónica que conectará Olivos con Beijing.
A continuación, bajo el título “Intereses de Estado”, Alberto Fernández confirmará a Xi que viajará a China a principios de 2021 y explicitará su apoyo al régimen comunista frente a las contiendas geopolíticas que mantiene con Estados Unidos respecto a Hong Kong y Taiwan.
Xi aguardará este momento para reiterar el respaldo de Beijing al reclamo histórico de la Argentina sobre la soberanía nacional en las Islas Malvinas. Un ejemplo básico de quid pro quo diplomático que refleja la sintonía geopolítica entre el Palacio San Martín y la cancillería de China.
Estación del Espacio Lejano, operada por el Ejercito de China, en la Provincia del Neuquén
En el tercer tramo del diálogo bilateral, Alberto Fernández y Xi tratarán las relaciones políticas y comerciales entre ambos países. China tiene un proyecto gigantesco de influencia global que se llama La Ruta de la Seda, y la intención de Xi es que Alberto Fernández anuncie su incorporación.
Estados Unidos rechaza esa iniciativa en América Latina, y por eso jugó fuerte para quedarse con la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una manera coyuntural destinada a balancear el poder crediticio que ya está desplegando Beijing sin limite ni control.
La Ruta de la Seda, (One Belt, one Road) como se conoce a nivel global, implica un programa de asistencia financiera para obras de infraestructura con fondos infinitos. China cree en el ascenso pacífico a la cima del mundo, y considera que ese objetivo estratégico se puede cumplir satisfaciendo las necesidades estructurales de la mayoría de los países del planeta.
One Belt, One Road, (OBOR, en sus siglas en inglés), pretende recrear la legendaria ruta comercial marítima uniendo China con Europa, Medio Oriente, África y América Latina. Hasta ahora, Xi logró sumar a más de cien países en 7 años de persistencia diplomática. En la región, Panamá, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Perú, ya dijeron que sí.
La intención de XI, que pretende consumar hoy en su diálogo bilateral con Alberto Fernández, es que Argentina se sume a la Ruta de la Seda. Sería el primer país con verdadero volumen en América Latina -aún dudan México y Brasil-, y un formidable éxito diplomático para el régimen comunista.
Si Alberto Fernández acepta integrar OBOR, la distancia geopolítica con Washington se multiplicaría hasta el infinito. Estados Unidos considera a América Latina su área de influencia y su castigo bilateral respecto a la Argentina podría alcanzar la economía, las finanzas y las líneas de crédito, entre otros capítulos de la agenda común de la Casa Rosada y la Casa Blanca.
-En la charla entre el Presidente y Xi, ¿Argentina confirmará que entra en la Ruta de la Seda?-, preguntó Infobae a un miembro del Gobierno que pasa mucho tiempo en Olivos.
-Después de la charla, te cuento-, respondió enigmático.
Alberto Fernández durante su exposición en las Naciones Unidas
Cuando promedie la conversación entre ambos mandatarios, habrá un capítulo para analizar la agenda global y proponer una hoja de ruta común vinculada a la diplomacia multilateral. Alberto Fernández y Xi comparten la necesidad de profundizar la cooperación mundial, respaldan -por ejemplo- el Acuerdo de Cambio Climático de Paris, y quieren mejorar las relaciones entre China y el Mercosur.
En este sentido, Xi tiene un warning previo para plantear al jefe de Estado argentino. El líder comunista aguardará que Paraguay rompa relaciones con Taiwan y finalmente reconozca a la República Popular China, antes de avanzar en un entendimiento formal entre Beijing y el Mercosur. Es una condición sine qua non queescapa a la voluntad política de Alberto Fernández.
Junto a la frialdad diplomática que impuso a su relación con la Casa Blanca, el Presidente ahora hace una movida geopolítica que lo acerca a China cuando aún no cerró la negociación con el FMI, escasean las inversiones extranjeras y la economía cruje por la pandemia. Un riesgo asumido en plena guerra comercial entre Washington y Beijing, a 35 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Tal como trascendió tras el encuentro del fin de semana de gran parte del gabinete económico en la quinta de Olivos, el Gobierno trabaja en un paquete de medidas tendientes a aflojar las tensiones cambiarias que permanecieron aún con las mayores restricciones a la compra de divisas. ¿En qué se está pensando en los despachos oficiales para aflojar la demanda de dólares y aumentar la oferta en los próximos tres meses?
Fuentes del sector privado y de Gobierno confirmaron a Infobae que una de las medidas en estudio tiene que ver con los derechos de exportación al campo, que podrían bajar de forma temporaria para impulsar a los productores a vender y generar mayor oferta de divisas entre octubre y diciembre. Hoy, las retenciones a la oleaginosa se ubican en 33% y las de maíz, en 12%.
Lo que analizan en el gabinete económico es que si se redujeran por un tiempo algunos puntos estos derechos, los productores venderían porque necesitan fondearse para la próxima campaña, precisó una fuente del sector. En el caso del maíz, los productores vendieron el 71% de la cosecha, mientras que en el caso de la soja, se comercializó el 62% hasta el momento.
La tasa de interés, sostiene el ministro de Economía, <b>Martín Guzmán</b>, debe ser lo suficientemente atractiva para el ahorro, pero sin descuidar la producción.
En la industria afirmaron que el gobierno espera duplicar las ventas de septiembre: llevarlas de 2 a 4 millones de toneladas, entre soja y maíz. Sostienen que si el gobierno le mejora el precio al productor por algunos meses, lograría que muchos vendan y aumentaría así la oferta de dólares. Por un lado, porque pensarían que luego volverán a tener un precio más bajo. Y por otro, porque las autoridades vienen defendiendo el tipo de cambio oficial a rajatabla, a pesar de las expectativas de devaluación que existen en el mercado.
Otra de las medidas llegaría desde el Banco Central por el lado de la política monetaria. Fuentes oficiales remarcaron el fin de semana que luego de la reunión de directorio del Banco Central, que suele realizarse los jueves, podrían comunicarse las novedades. Según trascendió, uno de los anuncios de la entidad monetaria podría ser una suba de la tasa de interés, que hoy se ubica en 38%.
Si bien desde el comienzo de la gestión, el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, insistió en la reducción de la tasa de interés para dinamizar la actividad, hoy el problema es que los pesos sobrantes se van al dólar y ello presiona no sólo el tipo de cambio oficial, sino también el resto de las cotizaciones. La tasa de interés, sostiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, debe ser lo suficientemente atractiva para el ahorro, pero sin descuidar la producción.
El jueves se reúne el directorio del Banco Central; podría definir una suba en la tasa de interés
Tras el encuentro en la quinta de Olivos, trascendió también que los ministros trabajaron sobre medidas que apuntan a sectores como energía y minería. “Lo que se busca es brindar reglas de juego que impidan que esos sectores queden dañados por el esquema de regulaciones cambiarias”, dijeron en el Gobierno.
Por otro lado, se anunciaría también esta semana el Fondo de Compensación para el sector agrícola, que estaba establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre y que nunca fue puesto en práctica. Concretamente, se había estipulado que parte del aumento de las retenciones a la soja sería devuelto a los pequeños productores a modo de subsidio. En ese momento, los números que se manejaban ascendían a USD 350 millones, pero fuentes oficiales afirmaron que finalmente terminarán recibiendo USD 44 millones.
En la reunión del sábado por la tarde, estuvieron presentes el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejefa Cecilia Todesca; Guzmán; el canciller Felipe Solá; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Pesce y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. La cumbre duró más de tres horas y se hizo en el quincho de la quinta presidencial.
“Nos veremos el próximo jueves» se despidió José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, el último jueves, 24, cuando en comisión y tras escuchar por tercer día a varios expositores citados por los distintos bloques, el oficialismo dictaminó a favor del convenio de traspaso de competencias federales y sus respectivas partidas. En los hechos, será una nueva quita para la Ciudad que se agrega al decreto presidencial que bajó en un punto las partidas asignadas por Mauricio Macri, también por la misma vía.
Mayans se cerró de esa manera su discurso, anticipándole a sus colegas senadores de Juntos por el Cambio que la intención del Frente de Todos era llevar rápidamente el tema al recinto. La principal oposición no convalida los dictámenes ni votaciones aunque asisten a las reuniones de comisión y participaron activamente del debate del convenio. Incluso el jueves reclamaron que se escuche a más especialistas antes de dictaminar, casi olvidando que no están de acuerdo con el funcionamiento remoto y la votación del reglamento que impulsó Cristina Kirchner sin aceptar modificaciones. Juntos por el Cambio quiere mayor presencialidad mientras el Frente de Todos quiere mantener la actividad a distancia, más aún después de que este fin de semana la senadora radical Silvia Elías de Pérez confirmó su contagio por COVID-19.
«Hasta que no se vote, se puede modificar en el recinto”, ofreció Mayans a Juntos por el Cambio la posibilidad de encontrar algún punto de acuerdo. El formoseño volvió a fundamentar que las sesiones y dictámenes “son absolutamente válidos” y reprochó a la oposición su rechazo sin propuestas a algunos proyectos, como el convenio en cuestión.
De la misma manera se dictaminó el miércoles pasado a favor del Régimen de Economía del Conocimiento, una ley que incluye una larga lista de beneficios para el sector y que estaba ‘congelada’ desde junio, tras su paso y consenso por la cámara de Diputados.
El apuro del oficialismo para dictaminar tuvo una sola razón: llevar esta semana al recinto ambas leyes y para hacerlo, sin los dos tercios de los votos, el reglamento exige siete días desde la firma y el tratamiento en sesión.
En el caso de Economía del Conocimiento una vez que se vote volverá a Diputados, cámara de origen, que deberá ratificar o rectificar los cambios introducidos por los senadores fundamentalmente el agregado de los servicios de exportación y los beneficios graduales según el tamaño de cada empresa.
Lo que está garantizado para el próximo jueves en el Senado es una profunda discusión. Más allá del planteo sobre la validez del reglamento de funcionamiento remoto que Juntos por el Cambio judicializó, el oficialismo buscará aprobar el convenio entre Ciudad y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía. El texto fija en $ 24.500 millones anuales las transferencias que se actualizarán cada tres meses.
Esa actualización se hará, marca la ley en debate, a partir de un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires.
María de los Angeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, y el senador Esteban Bullrich
Por el interbloque de Juntos por el Cambio intentaron en vano hacer desistir al oficialismo los dos senadores de la Capital, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, y paradójicamente también los dos bonaerenses, Esteban Bullrich y Gladys González, aún cuando parte de lo que Nación reste al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta será transferido a la provincia de Buenos Aires a través del nuevo Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal.
El “Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, estableció el traspaso de 17.000 y 19.000 efectivos federales al ámbito de la Ciudad; la transferencia de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal. También de una serie de edificios y dependencias por un valor de 300 millones de dólares.
El proyecto del Ejecutivo determina que a partir de la sanción de la ley se fijará, cada año, el financiamiento de gastos a transferir desde el Presupuesto General en forma mensual y con una actualización trimestral. Juntos por el Cambio alegó que el convenio exige un acuerdo entre las partes y no una imposición de la Nación.
Funcionarios del Ministerio del Interior y del de Seguridad, además de senadores del oficialismo, consideraron una decisión “justa” en busca del equilibrio entre los distritos. Y recordaron que Mauricio Macri incrementó la coparticipación del 1,4 a 3,75%. “Quiso beneficiar a un dirigente de su propio partido político transfiriéndole recursos injustamente”, expresó el cordobés Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En cambio los senadores de la oposición y algunos constitucionalistas, como Daniel Sabsay, Antonio María Hernández y Ricardo Gil Lavedra, insistieron en que Nación no puede imponer y fijar los gastos de la policía.
La ley de Economía del Conocimiento
Martín Lousteau (Evolución-UCR) reclama desde hace tres meses el tratamiento de la ley de Economía del Conocimiento
El proyecto de ley que beneficia a las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, de la industria del conocimiento, llegó a la Cámara alta en junio, con media sanción de los diputados. Tras intensas negociaciones sufrió modificaciones que fueron presentadas el miércoles último en comisión. Sin dificultades para aprobarla el próximo miércoles, el Frente de Todos obligará a un nuevo tratamiento en Diputados, donde deberán validar las modificaciones o ratificar el proyecto original que tuvo consenso con el amplio abanico opositor.
La iniciativa establece una serie de incentivos fiscales con vigencia hasta el año 2029 para empresas vinculadas con el software, producción audiovisual, industria aeroespacial y satelital, bioinformática, investigación, robótica, desarrollo creativo, servicios afines a las nuevas tecnologías y de exportación, entre otras actividades.
Para acceder a los beneficios, las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación total del último año se genera a partir de alguna de estas actividades y también demostrar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un 1% para las micro empresas, un 2% para las pymes y un 5% para las grandes.
Carlos Caserio, senador del Frente de Todos y presidente de la comisión de Presupuesto
El Estado quedará habilitado para supervisar a los beneficiarios el cumplimiento de las condiciones para acceder a los beneficios como por ejemplo convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. El bono, a diferencia del proyecto original, será intransferible si se mantiene el nuevo criterio.
También se supervisará que las empresas mantengan o aumenten el número de empleados ya que el objetivo de la ley es impulsar la generación de empleo y el ingreso de divisas al país.
Habrá más beneficios para quienes contraten desocupados menores de 25, beneficiarios de planes, mayores de 45 años, mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, personas con alguna discapacidad, residentes en zonas desfavorables, graduados con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales, y personas transgénero, transexuales o travestis.
A diferencia de lo votado en Diputados, se puso mayor atención en el impulso a las empresas más chicas que recibirán mayores beneficios.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KOY47WP4AZCINNMVXVYTQILTEU.jpg)
Oscar Centeno, el autor de los cuadernos:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MSNWH4T745G27AMSZQMJEBL5OU.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IR7SW4YFNZERFBNS45GOQ7VGDE.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DR34I7ECPFCQJFASA2334TBS34.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/JY5WGPDHKRD7XEZSYYOP7PBLNU.jpg)
Esteban Bullrich expresa una de las posiciones más duras pero pide dar los debates:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Q2K2UEQQ5VFXLEYLK47MVXR22M.jpg)
José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3XLPGRMOQJCVPNLYOUCLWLTMOU.jpg)
El canciller Felipe Solá participará del diálogo telefónico que mantendrá Alberto Fernández con Xi Jinping:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/V3DVR7VAWFCJLOQY77B3YAKBXU.jpg)
Estación del Espacio Lejano, operada por el Ejercito de China, en la Provincia del Neuquén:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LQZIOT3BHI5Q4JVT2MYGRVAQBA.jpg)
Alberto Fernández durante su exposición en las Naciones Unidas
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/J6J56IIOHBAJO54XKAASI5UKTA.jpg)
El jueves se reúne el directorio del Banco Central; podría definir una suba en la tasa de interés
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/I2IEYNQX6JA6BDKGGYXPSTK7PQ.jpg)
María de los Angeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, y el senador Esteban Bullrich:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FOSJC2GMIVBNTFZXZ2UZLZYT4U.jpg)
Martín Lousteau (Evolución-UCR) reclama desde hace tres meses el tratamiento de la ley de Economía del Conocimiento:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HGKVOD7PIFEV5JYVW4ICXTHSOM.jpg)
Carlos Caserio, senador del Frente de Todos y presidente de la comisión de Presupuesto