Autor: Jorge Alfredo Baret

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó con el voto del oficialismo y bancadas del panperonismo el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, iniciativa que promueve a los emprendimientos vinculados a la industria del tecnológica mediante incentivos fiscales. El proyecto, que volvió del Senado, recibió 133 votos positivos, 5 negativos y 88 abstenciones.

La iniciativa promueve fuertes incentivos a las empresas que inviertan en mejoras de servicios y productos tecnológicos, en capacitación de sus empleados e investigación y desarrollo y si aumentan las exportaciones.

Así, se beneficia a la industria del software, producción audiovisual, biotecnología, bioinformática, ingeniería genética, nanociencia, industria aeroespacial y satelital, y la ingeniería nuclear.

Entre los cambios más relevantes que trajo de la Cámara Alta se estableció que el bono fiscal que se entrega para cancelar deudas sea intransferible. También se dispuso una segmentación entre las empresas y se detallaron cuáles son los servicios profesionales alcanzados y que tendrán beneficios para exportar.

Este último punto había desaparecido en el despacho de Comisión pero, entre que se obtuvo el voto positivo de los senadores que participan de Presupuesto y Hacienda y llegó a ser tratado en el recinto, volvió a aparecer en el texto de la norma que se aprobó hoy en Diputados.

Según datos del Indec, en los seis primeros meses del año se mantuvo la tendencia declinante de las exportaciones en servicios basados en conocimiento, que registraron una caída interanual superior al 6,4 por ciento. El nuevo marco normativo para el sector podría significar un punto de inflexión que reposicione las exportaciones argentinas en el nivel promedio mundial.

En el artículo 2 del proyecto, a los servicios que estaban incluidos en la promoción, le suma las siguientes actividades:

e) Servicios Profesionales únicamente en la medida en que sean de exportación y que estén comprendidos dentro de los siguientes:

i) servicios jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, servicios gerenciales y servicios de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, asesoramiento impositivo y legal;

ii) servicios de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos (búsqueda, selección y colocación de personal);

iii) servicios de publicidad, creación y realización de campañas publicitarias (creación de contenido, comunicación institucional, estrategia, diseño gráfico/web, difusión publicitaria);

iv) diseño: diseño de experiencia del usuario, de producto, de interfaz de usuario, diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y calzado, diseño gráfico, diseño editorial, diseño interactivo;

v) servicios arquitectónicos y de ingeniería: asesoramiento sobre arquitectura (elaboración y diseño de proyectos y planos y esquemas de obras, planificación urbana); diseño de maquinaria y plantas industriales; ingeniería, gestión de proyectos y actividades técnicas en proyectos de ingeniería;

vi) otros servicios profesionales de exportación que por el uso intensivo de recursos humanos calificados considere la Autoridad de Aplicación.

El artículo 7, que se refiere a la Estabilidad Fiscal, se modificó en la Comisión y señala que los sujetos alcanzados por el régimen “gozarán de la estabilidad de los beneficios que el mismo establece, respecto de su/s actividad/es promovida/s, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, y por el término de su vigencia, siempre que cumplan con las verificaciones de las exigencias que dicho régimen prevé (realización de auditorías, controles anuales y revalidación bienal a la que hace referencia el último párrafo del artículo 4°, entre otros compromisos)”.

Uno de los puntos fundamentales de la norma es el artículo 8, que se refiere a las Contribuciones Patronales para las empresas encuadradas. En este caso, los beneficiarios de la presente ley “podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el setenta por ciento (70%) de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la Seguridad Social, respecto de los empleados debidamente registrados afectados a la/s actividad/es definidas en el artículo 2°”.

“No se trata de una cuestión discriminatoria sino de administrar recursos escasos, como los fiscales, para que los mismos vayan a los que más los necesitan, y por eso se orientó esa masa de recursos en ese sentido”, explicó el presidente de la comisión de Presupuesto, el kirchnerista Carlos Heller, al inicio del debate.

Por su parte, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, (Frente de Todos) afirmó: “No escuche ninguna Cámara que se quiera ir del país por el contenido de este proyecto. Celebro los cambios hechos por el Senado y le pido a la oposición que reconsidere su posición y acompañe este proyecto”.

El artículo establece que esos bonos “podrán ser utilizados por el término de 24 (veinticuatro) meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales, en particular el impuesto al valor agregado y otros impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de proceder, excluido el impuesto a las ganancias. Este plazo podrá prorrogarse por 12 (doce) meses por causas justificadas según lo establecido por la Autoridad de Aplicación”.

El régimen de Economía del Conocimiento fue aprobado en 2019 bajo la administración de Cambiemos, pero la gestión de Alberto Fernández lo suspendió y anunció que buscaría mejorarla para que su alcance llegue a las pymes. La aprobación de la ley dará mayor certidumbre a un sector competitivo en los mercados internacionales que, en algunos casos, desde enero de este año no recibe los beneficios impositivos que tenía desde hace muchos años.

La diputada del PRO, Silvia Lospennato, hizo referencia a que en el 2019 “votamos por unanimidad una ley que trabajamos con el sector privado porque hablar con el sector privado no es una mala palabra y es lo que hace cualquier país que quiere crecer porque la única vacuna contra la pobreza es crear empleo”.

“En lugar de continuar con esta política lo primero que hicieron fue suspenderla, luego mandar un proyecto que reducía los beneficios y luego el Senado termina de cercenar el proyecto” y lo “hace a espaldas del sector privado porque que está detrás es una mirada antiempresa”, cuestionó la legisladora opositora.

Por su parte, la radical Karina Banfi argumentó la abstención en el voto “para acompañar en solidaridad a nuestros senadores, y a la petición del Senado, en relación a la ilegitimidad que tienen las sesiones cuando no están bajo el reglamento que corresponde”, pero “también, nos abstenemos porque entendemos que la ley es muy mala”.

Fuente: Infobae.com

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, dijo este miércoles 7 de octubre que la Argentina está viviendo una «doble crisis» por la pandemia de coronavirus que afectó la economía del país y del mundo y por las dificultades de la balanza de pagos que se iniciaron durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, en 2018 y 2019. Además, defendió la política implementada por la administración de Alberto Fernández para paliar la grave situación económica, al tiempo que cuestionó la deuda contraída con el Fondo Monetario internacional por 44.000 millones de dólares y elogió la negociación con los fondos privados de inversión. «A la crisis de la balanza de pagos que se dio en 2018 y 2019, se sumó la crisis de la pandemia. Es una doble crisis la que estamos viviendo», expresó Cafiero al brindar su segundo informe de gestión ante la Cámara de Senadores. El jefe de Gabinete, quien utilizó cincuenta minutos de los sesenta que estaban estipulados para hablar ante el hemiciclo de la Cámara alta, aclaró que el gobierno «no viene a poner excusas diciendo que esto es una crisis global, que evidentemente lo es». «Lo que estamos buscando es que se reconozca con la gravedad que corresponde, la envergadura que tiene, el grado de esta crisis del coronavirus», afirmó. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete en Senado de la Nación. Cafiero también agregó que «es cierto que no vinimos a echarle la culpa a nadie, sino a poner las cosas en orden y ver cómo podemos salir adelante» y cuestionó al gobierno de Macri, al que describió como una administración que «abrazó ideológicamente, culturalmente y con una creencia de que ese era el modelo para la Argentina: chico y de exclusión». «El FMI asistió a la Argentina en 44 mil millones de dólares para tratar de salvar un modelo de especulación y de financialización de la economía. Nosotros vinimos a recuperar a la Argentina», sentenció. Al respecto, recordó que el país «tiene por delante la renegociación con el Fondo», mencionó que «se iniciaron conversaciones», pero dijo que se «necesita recomponer el tejido productivo y el desarrollo de los argentinos». «Necesitamos crecer para poder pagar. Vamos a negociar de cara a los argentinos y de cara al Congreso», anunció. Por otro lado, elogió la negociación llevada adelante por el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante los fondos privados de inversión que permitió una adhesión del 99 por ciento de los deudores al pago diferido de esa deuda. «Lo que se consiguió es histórico», aseguró Cafiero y apuntó contra quienes cuestionaban esa negociación. «El único fracaso que ven los que criticaban la negociación es cada mañana cuando se miran al espejo», fustigó. Asimismo, remarcó que el gobierno argentino «no reestructuró la deuda para volver a los fracasos que pusieron en peligro la soberanía de la Argentina» y elogió el gobierno de Fernández, a quien calificó como «un estadista» que «sabe cuáles son los intereses de la nación en lugar de deponerlos por los vientos de la política internacional». «Avanzamos con pie firme y negociamos con dureza, pero nunca claudicamos ni en la soberanía ni nos dejamos pisotear la autoestima», aseguró. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete en Senado de la Nación. Tras afirmar que la deuda adquirida durante el gobierno de Mauricio Macri sirvió «para sostener un modelo que sólo generó más pobreza y exclusión», recordó que «entre 2020 y 2024 la Argentina iba a enfrentar vencimientos por treinta mil millones de dólares». «Gracias a la reestructuración, la deuda tiene un perfil mucho más sostenible. En cuatro años debemos pagar sólo 4.500 millones de dólares», aseveró. Además, remarcó que según las proyecciones del gobierno anterior, se debían pagar en 2021 casi dos puntos del PBI en deuda pero agregó que, gracias a la reestructuración de la deuda «se pueden volcar esos recursos al Presupuesto Nacional». Al respecto, destacó que en el Presupuesto 2021 que aún debe aprobar el Congreso Nacional se destinarán 800 mil millones de pesos a infraestructura, un aumento en la inversión de la salud pública del 49 por ciento y del once por ciento en educación. «Todo esto es posible porque los recursos de la Nación no se fueron por la canaleta de la deuda», destacó. Finalmente, Cafiero dijo que «es central que se avance en el diálogo democrático de los distintos poderes» para la «articulación de la búsqueda de mejores proyectos para llevar adelante la agenda de desarrollo que aún está inconclusa». «En el camino, la pandemia a todos nos sacó algo. Nos empujó al desánimo social y personal. No la ayudemos en esta tarea buscando la ventaja política oportunista. Estamos en el camino indicado. Con nuestras disidencias podemos encontrar el camino adecuado para levantarnos, una vez más», sentenció.

Fuente: Perfil.com

Nicolás Maduro accedió a información clasificada del gobierno argentino que describía la posición de Alberto Fernández frente al informe de la ONU que condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Con ese secreto de Estado en su poder, el líder populista se propuso bloquear la posición institucional del Presidente y así desplegó una acción de lobby internacional y local que excedió la práctica diplomática y violó el concepto de no injerencia en los asuntos internos de los países.

La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez –ex vicepresidente– fueron los ejecutores del lobby ordenado por Maduro. Los hermanos Rodríguez, piezas clave del régimen populista, avanzaron sobre Felipe Solá para exigir que Alberto Fernández deseche su posición personal e institucional respecto a las denuncias realizadas por las Naciones Unidas.

El informe de la ONU, redactado bajo la responsabilidad de Michelle Bachelet, ratificó que en Venezuela grupos de tareas se han dedicado a asesinar, violar, secuestrar y torturar a opositores al régimen populista que aún se sostiene por los aportes financieros y económicos de China, Irán, Cuba y Rusia.

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, días antes de la votación en Ginebra, utilizaron sus cuentas de WhatsApp para enviar mensajes políticos a Solá que excedieron –con creces– las maniobras florentinas que se engloban en el concepto de diplomacia tradicional.

Los influyentes miembros del régimen populista calificaron al canciller como un traidor, citaron a Evita y al Che Guevara como referentes de la Revolución Chavista, y anticiparon una condena política en la región si la Argentina votaba a favor del informe de la ONU. Solá tiene años en el mundo del poder y la política, y ante las amenazas de la vicepresidente de Maduro, optó por la cortesía y los buenos modales.

Alberto Fernández posa junto a Jorge Rodríguez -viceministro de Comunicación de Venezuela- y Felipe Solá tras su asunción presidencial

Solá explicó a los hermanos Rodríguez que Argentina no soltaría la mano del gobierno de Maduro, que estaba en contra del bloqueo económico ordenado por Donald Trump, que apoyaba la realización de elecciones libres y transparentes sin la exclusión de Maduro, y que no se podía aceptar –bajo ninguna forma– que el régimen populista cometiera crímenes de lesa humanidad.

Frente los argumentos del canciller, la vicepresidente Rodríguez y el viceministro Rodríguez insistieron en una mirada del mundo que era la ideología dominante en épocas de la Guerra Fría. Es decir: se puede justificar la tortura y el asesinato político si se hicieron en nombre de la Revolución y la creación del Hombre Nuevo, como en su momento plantearon José Stalin, Fidel Castro y Pol Pot.

Alberto Fernández conoció la presión de Maduro y ratificó en Olivos que no se movería un centímetro. Tras protagonizar un Zoom con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, el Presidente junto a Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, terminó de pulir la posición argentina que un día más tarde se presentaría ante las Naciones Unidas.

“Instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, dice el texto diplomático que escribió el jefe de Estado en Olivos.

El fracaso del lobby desde Caracas determinó que Maduro utilizara a sus contactos en Buenos Aires para torcer la mano de Alberto Fernández. Alicia Castro, que solo recibe órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, ocupó el centro del escenario mediático para revelar que había renunciado como embajadora argentina en Rusia.

Castro ya había sido desplazada por Solá –después de cuestionar la política exterior del Gobierno– y su pliego en el Senado era una ficción que respetaba la Cancillería y el Presidente. Sin embargo, la ex embajadora en Venezuela anunció que rechazaba la nominación de Alberto Fernández por su apoyo al informe de la ONU.

Las declaraciones de Castro, pese a que hacían referencia a un puesto que ya no tenía, causó muchísima irritación en Olivos, Balcarce 50 y la Cancillería. Solá no quería contestar las acusaciones de Castro –sabía que era un eslabón más del plan urdido por Maduro en Caracas–, y aguardó expectante que jugara Alberto Fernández.

El Presidente tuvo el gesto político de llamar a Castro y le pidió que “revea” su decisión personal inducida por Maduro. La ex dirigente gremial cuestionó a Alberto Fernández, reiteró que ya no sería embajadora en Rusia y para terminar la afrenta contó la conversación a una agencia de noticias. Es decir: rechazó una sugerencia presidencial y después reveló su intransigencia política.

Las declaraciones públicas de Castro dispararon una ofensiva que completó Hebe de Bonafini. La titular de Madres de Plaza de Mayo repitió las palabras que, días atrás, habían enviado los hermanos Rodríguez al ministro Solá. Bonafini aseguró que la Cancillería estaba traicionando el legado de Néstor Kirchner, y en ningún momento de sus declaraciones ante el periodista Daniel Tognetti otorgó cierta verosimilitud al informe de la ONU.

El líder populista había cumplido su cometido: deteriorar la imagen presidencial cuando Argentina había asumido una posición diplomática respaldada por la comunidad internacional.

Anoche, el Presidente había pedido a la Cancillería que organizara una comunicación telefónica con Maduro. Su intención era explicar el voto argentino y sugerir que Venezuela acepte las investigaciones ordenadas por la ONU. En respuesta a esa actitud institucional, Maduro implosionó el diálogo con Alberto Fernández y utilizó sus relaciones políticas en Buenos Aires para avanzar contra la política exterior del Gobierno.

Es poco probable que el Presidente llame hoy a Caracas. Asume que Maduro no jugó solo en Buenos Aires –al margen de las declaraciones de Castro y De Bonafini– y prefiere hacer control de daños y actuar en consecuencia.

Cristina Kirchner se mantuvo en silenzo stampa. Tiene sesión en el Senado y su agenda política hoy está completa.

Fuente: Infobae.com

El gobierno nacional dijo este miércoles que no participará de la reunión virtual de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, conocida también como “Comisión Interpoderes”, convocada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. «A partir de la última reunión realizada —el 23 de septiembre de 2016—, el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso», dijo la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado firmado por Marcela Losardo, ministra de Justicia y DDHH y el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla. «En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos —que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia—, no deja de resultar oportunista», dijeron los funcionarios. El propósito del encuentro es coordinar el trabajo en los juicios por delitos de lesa humanidad en medio de las limitaciones que impuso el aislamiento social y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus. «Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio», por Carlos Rosenkrantz Además de funcionarios del gobierno, fueron convocados al encuentro representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Liga y la Asociación por los Derechos del Hombre, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS y la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Por el lado de los funcionarios, también fueron invitados a participar el procurador interino Eduardo Casal; la defensora Stella Maris Martínez; el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, y los jueces de la Cámara Federal de Casación Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Gustavo Hornos. » A criterio de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional convocados, no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado», dijeron Losardo y Pietragalla. El comunicado continúa diciendo: «Es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia». Félix Crous: «La Corte Suprema ya no tiene autoridad» «Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas —muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años— implica necesariamente la consolidación de la ‘impunidad biológica’: los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación», afirma. «Una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal de nuestro país medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos», reprocharon los funcionarios. «La respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería ser categórica», dijeron los funcionarios. «El proceso de memoria, verdad y justicia necesita una Corte Suprema realmente comprometida; que, por ejemplo, resuelva cuanto antes las decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años». La denominada «Comisión Interpoderes» comenzó a funcionar en el año 2009 como un espacio de coordinación de los juicios a represores y también como una reafirmación del Poder Judicial de su compromiso con estos procesos, informó Télam. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que en el encuentro virtual se analizará el curso de causas por crímenes de lesa humanidad que tramitan en el máximo tribunal, y consideró que «hay muchas sin resolver, que están muy atrasadas». «Vamos a tener una reunión virtual con los miembros de la Corte sobre nuestros pedidos sobre las causas de lesa humanidad que tramitan allí. Era un encuentro que teníamos pedido desde marzo pasado», informó Carlotto esta mañana en diálogo con radio El Destape.

Fuente: Perfil.com

“La extensión de la cuarentena agravó la movilidad de los trabajadores a sus fuentes de ingresos y con ello afectó la salida del cuadro depresivo. Las expectativas que recibió el Indec para el trimestre septiembre-noviembre se mantienen en la senda contractiva”, sintetiza el informe de la oficina de estadística de la Nación que dio cuenta de la 27° retracción de la producción fabril en los últimos 28 meses. La excepción fue el primer mes del actual gobierno, en diciembre, cuando con otro escenario debutó con un aumento de 1,4% en comparación con igual mes del año previo.

Así, el índice de actividad industrial, excluidos los mínimos niveles observados desde marzo último, retrocedió a valores de agosto de 2007, y mucho más atrás en términos por habitante, si se tiene en cuenta que desde entonces la población se estima que aumentó 15 por ciento.

El índice de actividad industrial, excluidos los mínimos niveles observados desde marzo último, retrocedió a valores de agosto de 2007, y mucho más atrás en términos por habitante

El informe detectó además que, por segundo mes consecutivo, en agosto se aceleró la caída del ritmo de actividad fabril agregado en comparación con el nivel del año anterior, de 6,6% a 7,1% de receso, con un saldo de 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera que presentaron disminuciones interanuales.

“En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron bajas en metálicas básicas, 25,2%; alimentos y bebidas, 4,9%; prendas de vestir, cuero y calzado, 30,7%; equipos, aparatos e instrumentos, 29,3%; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 17%; productos de metal, 12%; refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 13%; productos textiles, 19,4%; productos minerales no metálicos, 7%; madera, papel, edición e impresión, 3,1%; otros equipos de transporte, 42,5%; y productos de caucho y plástico, 3,7 por ciento”, señaló.

El conjunto de la industria metálica básica cerró agosto con una retracción de más del 25% respecto del nivel de un año antes (EFE)

Por el contrario, solo lograron superar el nivel de actividad de un año antes el agregado de los fabricantes de sustancias y productos químicos, 10,4%; muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, 10,2%; maquinaria y equipo, 5,2% y productos de tabaco, 8 por ciento.

Y el sondeo de expectativas que hizo el Indec para el trimestre que comenzó en septiembre arrojó un saldo negativo, siempre en comparación con igual tramo del año previo. Aunque la buena noticia respecto del testeo del mes anterior fue que en casi todos los casos se observó un resultado menos contractivo, con la excepción de las perspectivas de exportación, pasó de 25,2% a 27,2% de los consultados. Mientras que las importaciones mantuvieron un rango de contracción para 25% de las empresas.

La incertidumbre predominante en el mercado de cambios, con severas restricciones a las autorizaciones de pago de importaciones, bajas solo parciales en las retenciones sobre las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, y el forzoso refinanciamiento de las deudas con proveedores y filiales del resto del mundo, explicarían las muy malas expectativas de los industriales para sus operaciones con el resto del mundo.

Según un relevamiento especial realizado durante la emergencia sanitaria, 54,1% de los locales manufactureros operó con normalidad en agosto, mientras que 45,9% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva, principalmente por no poder contar con el personal por el aislamiento (Indec)

“Según un relevamiento especial realizado durante la emergencia sanitaria, 54,1% de los locales manufactureros operó con normalidad en agosto, mientras que 45,9% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva. Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva 51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento y 25,3% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos”, precisó el Indec.

Agregó el informe del organismo oficial de estadística: “La proporción de locales manufactureros que han visto afectada su actividad productiva por no poder contar con el personal necesario por el aislamiento se ha incrementado: mientras que en mayo un 27% operó parcialmente o no tuvieron actividad productiva declaró como principal causa no poder contar con el personal necesario, en junio esta proporción subió a 39% y en julio alcanzó 45 por ciento”.

De ahí que tanto el nivel de empleo esperado, como principalmente la proyección de las horas trabajadas en el trimestre septiembre – noviembre, se mantenga en la tendencia contractiva, más marcada en lo referente a la intensidad laboral en las fábricas.

El nivel de empleo esperado, como principalmente la proyección de las horas trabajadas en el trimestre septiembre – noviembre, se mantenga en la tendencia contractiva

Los pedidos de permisos para construir se mantienen con fuerte baja

Como en el caso del conjunto del sector manufacturero, el Indec también midió en agosto una nueva disminución del ritmo de actividad en la construcción más intenso que el observado en julio, la cual estuvo en línea con la caída de 49,6% en la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 60 municipios, cinco puntos porcentuales más intensa que la que acusó en los seis meses precedentes.

Y salvo la depresión registrada desde marzo, cuando se paralizó la actividad en el último tramo, con la declaración de la cuarentena preventiva del COVID-19, el índice de actividad del Indec retrocedió a niveles de agosto de 2009, y más aún en términos por habitante, dado que en los últimos 11 años la población total se estima creció un 12 por ciento.

Y pese a tan bajo registro, “los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción, realizada por el Indec a grandes empresas del sector, muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período septiembre – noviembre 2020, tanto se dediquen a realizar principalmente obras privadas como públicas”, sintetizó el informe oficial.

De todas formas, como en el caso de la industria, el balance de expectativas resultó notablemente menos contractivo que en el sondeo del mes previo, y ubica a las obras privadas con bajas levemente inferiores a las públicas, aunque, por el contrario, con recorte de la nómina, 7,5% de los casos, mayor que entre las que se concentran en los emprendimientos oficiales, 6,1% de los consultados.

Fuente: Infobae.com

La reunión de ayer a la tarde, entre los funcionarios del gobernador Axel Kicillof y los representantes de organizaciones sociales y de las familias que usurpan las 100 hectáreas de Guernica, comenzó tensa. No por el tono del diálogo, que fue distendido, sino por la inesperada llegada del ministro de Seguridad, Sergio Berni, el único integrante del gabinete que sigue sosteniendo que la mejor solución es no dilatar el diálogo y llevar adelante el desalojo el próximo 15 de octubre, tal como lo ordeno el juez de garantías número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo.

El coronel médico llego hasta la municipalidad de Presidente Perón montado en su moto. No estaba solo, sino que lo acompañaban otros tres hombres de civil. Se acercó hasta los gazebos instalados frente a la municipalidad, donde la charla se realizaba al aire libre. Al verlo llegar, Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, se levantó y mantuvo con él un breve diálogo, tras lo que el Ministro recién llegado se retiró.

Minutos antes, desde la toma, le hicieron saber a la abogada María del Rosario Fernández que un helicóptero y varios patrulleros de la policía bonaerense circulaban por el perímetro del predio.

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, llegó a la reunión en su moto, pero finalmente no participó del debate. (Gustavo Gavotti)

Después de la interrupción, calificada por los representantes de las familias como “intimidatoria”, continuó hasta pasadas las 20. “Por primera vez Provincia viene con las tierras sobre la mesa para reubicar a las familias de Presidente Perón”, le dijo a Infobae Fernández, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina que defiende a los usurpadores de Guernica. Y agregó: “Larroque y los otros integrantes de la mesa de diálogo muestran vocación de diálogo y se están moviendo para lograr una salida sin el uso de la fuerza, pero el problema es el mientras tanto ¿Qué hacer con las más de dos mil familias durante los seis meses que puede demorar el traslado a los nuevos terrenos?», se preguntó la letrada.

Hasta ahora el interrogante no tiene respuesta, pero en la provincia de Buenos Aires trabajan a destajo sobre ese tema. Ayer no hubo una propuesta única, sino que el abanico fue amplio: reubicaciones, planes de vivienda y autoconstrucción.

A otro grupo se se les ofreció que vuelvan al lugar de donde provenían con la promesa de ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida.

Grupos de izquierda, y algunas organizaciones que integran la toma de las 100 hectáreas, ya anunciaron una conferencia para hoy en el Obelisco porteño para fijar su posición en el conflicto porque y marcharán mañana a la Casa de Gobierno de La Plata, para pedir una reunión con Kicillof porque, según el comunicado que difundió el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) “no contestaron nuestro proyecto de barrio”, trazado en parte de la usurpación, y para reclamar al poder político y a la justicia “que se homologue en la causa las promesas que hacen los funcionarios del gobernador, un hecho que ya pedimos tres veces y tampoco tenemos respuesta”.

“Estamos más cerca de conquistar tierras para vivir”, es el encabezado difundido por la organización a través de sus redes sociales. Allí concuerdan en que la reunión de ayer con Larroque “puso de manifiesto que podría haber una solución a nuestro justo reclamo”; esto se ve desalentado porque “los funcionarios plantearon que los terrenos se podrían entregar recién en 6 meses y que deberíamos abandonar el actual territorio antes del 15 de octubre, fecha del desalojo”.

El comunicado, que le pide a la gobernación bonaerense “tierras para vivir”, la “suspensión del desalojo” y le dice “basta de aprietes”, a Berni, está firmado por los “delegados y delegadas de la recuperación de tierras de Guernica y organizaciones que apoyan”.

El principal problema con el que se encuentra Larroque, la principal espada negociadora de la provincia junto a Julio Alak, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, es que los representantes de los cuatro barrios de la toma, 9 de Julio, La Lucha, La Unión y San Martín, no creen en la palabra de los políticos.

En las próximas horas las asambleas de los 4 barrios que conforman la toma de las 100 hectáreas de Guernica deberán resolver si aceptan o no las nuevas propuestas de Axel Kicillof.

Así lo expresan en casa asamblea. Los funcionarios de Kicillof sostienen que esos lugares de debate están “copados por la izquierda” y señalan a varias organizaciones que fomentan la toma y dinamitan las negociaciones, desde dentro de la toma: Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie y la Corriente Darío Santillán.

Cierto o no, ellos también se sientan alrededor de la mesa que debe llegar a un consenso para un desalojo voluntario y pacífico. El gran avance de ayer estuvo centrado en que se anunció que en el partido de Presidente Perón habría disponibles unos tres mil lotes, que corresponden proporcionalmente al plan de hábitat para todo el municipio. Es decir que, si allí se deben quedar para su reubicación unas 700 familias, según el censo que se realizó, tierras hay.

De todos modos, tanto Larroque como desde la intendencia a cargo de Blanca Cantero se dejó en claro que esas tres mil parcelas “no es una oferta para todos los que están en la toma, sino el número de lotes que se va a tratar de generar en el distrito”.

La muestra de buena voluntad por parte de las autoridades llego hasta el punto en que ofrecieron que el fin de semana los representantes de las familias que viven en Guernica puedan conocer la ubicación de alguno de esos predios.

Igualmente, antes de seguir adelante -y del nuevo encuentro que aún no tiene fecha-, las propuestas de Kicillof deben ser puestas a consideración de las cuatro asambleas barriales que desde el 9 de julio se establecieron en las 100 hectáreas tomadas.

La propuesta que tiene mayor consenso en la toma es la de «tierra por tierra», pero aún no se resuelve dónde llevar a las familias hasta que los terrenos esten disponibles y se construyan las viviendas. (Franco Fafasuli)

“La propuesta que cuenta con mayor consenso es tierra por tierra. Esto es la posibilidad de retirarse del lugar y poder establecerse, de manera paulatina en otros lugares. Eso sigue avanzando. Pero va a llevar tiempo y la fecha del prorrogado desalojo es dentro de 9 días. Por eso la idea es que si antes del 14 tenemos un acuerdo, eso se presentaría por escrito ante el juez, se pediría homologación y entraríamos en la fase de ir desarmando el conflicto. La Gremial lo que quiere, en este conflicto, como en otros, es siempre desarmar todo tipo de violencia. Sea violencia de un lado, como la propia violencia que viene de las instituciones o de la aplicación del Código Penal. Esa es la situación en la que estamos ahora”, explica Eduardo Soarez, quien junto a Fernández representan a las familias de la toma e integra también la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.

La fórmula “tierra por tierra” ya había sido adelantada a Infobae por Roberto Perdía. El ex jefe Montonero también forma parte del colectivo de letrados que participa de las negociaciones con los funcionarios bonaerenses. De hecho, reveló que se reunió “dos o tres veces con Larroque” para intentar llegar a una solución pacífica en el conflicto.

Desde ese espacio observan con desconfianza los pasos de Sergio Berni. Especulan que el magistrado, al darle a las autoridades provinciales una fecha tan prolongada para el desalojo del predio, desde el 15 al 30 de octubre, el ministro de Seguridad podría intentar desalojar “en etapas” la mayor toma de tierras del conurbano bonaerense y dejar consignas policiales en los terrenos recuperados.

Para llevar adelante ese plan, el coronel médico debería contar con un aval político, algo que hasta el momento no ocurre, ya que todos buscan una salida de diálogo.

Fuente: Infobae.com

El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, calificó de “acto antidemocrático” la campaña de ruralistas bonaerenses que llamaron a cerrar las cuentas en el banco Credicoop, que él preside, debido a que es autor e impulsor del proyecto de ley que establece un “aporte extraordinario” sobre los contribuyentes de patrimonios declarados superiores a los $200 millones.

“Es una postura antidemocrática. Porque el proyecto se va a aprobar si tiene mayoría parlamentaria”, dijo este miércoles Heller, quien desmintió la campaña en las redes sociales de los trolls que indicaron que en una hora se cerraron más de 2000 cuentas.

“Llaman a sus asociados a cerrar cuentas que nunca abrieron. Esas rurales nunca tuvieron cuentas en el Credicoop, se dirigían a otros”, aseguró el diputado a radio Am 990, y agregó: “Decirnos que estamos en contra de los chacareros es una falacia absoluta. Las líneas de créditos para los productores, es de las más activas de la entidad. Y el 40% de nuestras filiales están en la zona agraria”.

La protesta es impulsada, entre otras, por las sociedades rurales de Rojas, Pergamino, San Pedro, Baradero y las asociaciones de productores de San Antonio de Areco (Arpa), Arrecifes, Carmen de Areco (Apaca) y la Asociación Rural de General Rodríguez. En un comunicado, plantearon su rechazo al “impuesto a las grandes fortunas” y pidieron a sus asociados que cierren las cuentas bancarias en la entidad. “Esta es una manera activa y legal de expresar nuestro rechazo ante este nuevo impuesto”, dijeron.

El reclamo de las asociaciones rurales es por el rechazo al proyecto de ley que establece un “Aporte Solidario Extraordinario” y obtuvo dictamen en la cámara de Diputados. Impulsado por el oficialismo, establece un pago “por única vez” con alícuotas crecientes (del 2% al 5,25%) para contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones. Según estimaciones de la AFIP, que Heller compartió en el debate de comisión, el proyecto alcanzará a 9298 contribuyentes, y podría recaudar $307.000 millones.

Frente a este panorama y tras el rechazo de legisladores de diversas bancadas, los secretarios general y de Prensa de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, repudiaron en representación del sindicato esa “campaña” contra Heller, originada en “su posición sobre el necesario impuesto a las grandes fortunas”, y también en perjuicio de la entidad cooperativa Credicoop, “una fuente de empleo para miles de trabajadores”, remarcaron.

“Las actitudes golpistas y antidemocráticas son promovidas desde el poder económico por el solo hecho de confrontar con el egoísmo de los muy ricos, quienes se niegan a asumir su responsabilidad social en el contexto de una emergencia sin precedentes”, afirmaron.

Los dirigentes explicaron que Credicoop, una entidad cooperativa con impronta de servicio público a la que se asocian sus usuarios, tiene “el 50% de las sucursales en áreas agrícola-ganaderas”, y señalaron que en “un 30% de ellas comparte presencia con la banca pública, y solo un 14% está en el área metropolitana Buenos Aires”. (DIB) FD

Fuente: Super Campo