La Corte Suprema se reunirá hoy vía zoom desde las 11 AM, y será un milagro que al cierre de las deliberaciones se conozca una posición mayoritaria sobre los pedidos de amparo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que fueron desplazados por un movimiento político oficialista que se inició en el Consejo de la Magistratura, tomó velocidad en el Senado administrado por Cristina Fernández de Kirchner y concluyó con tres decretos simples que firmó Alberto Fernández.
Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti consideran que el Gobierno inició una ofensiva contra la Corte Suprema, y que la suerte institucional de Bruglia, Bertuzzi y Castelli puede acelerar las intenciones políticas de Olivos y del Instituto Patria.
Los cinco miembros del alto tribunal asumen que la avanzada se aceleró por un pedido de juicio político contra Rozenkrantz -titular de la Corte Suprema- y una larga declaración mediática del diputado oficialista Leopoldo Moreau. El ex radical alfonsinista Moreau, que fatiga los despachos del poder desde fines de 1983, consideró que ya era hora de terminar con la actual composición de la Corte.
Rozenkrantz envió a Infobae una defensa escrita contra el juicio político que presentó la diputada kirchnerista Vanesa Siley. “Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, dijo el presidente de la Corte.
La defensa de Rozenkrantz fue informada por Infobae cerca de las 15.30 PM. Hasta la madrugada de hoy, momento en que se publicó este artículo, ningún otro integrante de la Corte había opinado a favor del titular del alto tribunal. Ni una linea. Nada.
El silencio de sus colegas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales demuestra la soledad de Rozenkrantz y su incapacidad política para articular un voto mayoritario que permita defender a los jueces desplazados y además exhibir ante la opinión pública que la Corte Suprema está en condiciones de actuar como balance de poder de Olivos y el Instituto Patria.
Esa funcional institucional -checks and balances- quedó de hecho en manos de Lorenzetti que medita en soledad su próxima jugada jurídica. Lorenzetti conoce como funciona el poder real y busca un argumento institucional que permita sumar a Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti. Se trata de una tarea compleja que hasta anoche seguía en estado gaseoso.
Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los tres jueces desplazados que presentaron amparos ante la Corte Suprema
La complejidad política que marca las relaciones de poder en la Corte se repite como una sombra en el Gobierno del Frente de Todos. Alberto Fernández no respaldó el pedido de juicio político de la diputada kirchnerista Siley, y ordenó desde Olivos que se explicitará su rechazo a esa iniciativa contra Rosenkrantz que fue instigada por la Vicepresidente.
La instrucción mediática del jefe de Estado era conocida por el Instituto Patria y los legisladores que participan de sus reuniones a puertas cerradas. Pero son un sector poderoso de la coalición gobernante que reconocen un sólo liderazgo: Cristina Fernández de Kirchner. El diputado Moreau participa de esas tertulias y estaba enterado de la instrucción presidencial.
No le importó.Y sumó con creces: además dedescalificar a Rosenkrantz avanzó sin diplomacia contra Highton de Nolasco, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. En sus declaraciones al periodista Ernesto Tenembaum, Moreau repitió en público lo que CFK arenga en privado.
La atomización del poder en la Corte, y las distintas miradas que tienen Olivos y el Instituto Patria, complican la resolución de los amparos presentados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El alto tribunal busca una ecuación jurídica que no afecte aún más su imagen pública, preserve los derechos de los jueces desplazados y evite un conflicto de poderes con Olivos y la Cámara de Senadores.
Esa ecuación todavía no pudo ser resuelta por los cinco miembros de la Corte. Y es poco probable que la solución jurídica-política se conozca al término de las deliberaciones vía zoom. Si no hay un milagro político, Alberto Fernández, CFK, Bruglia, Bertuzzi y Castelli deberán esperar hasta el próximo martes 13 de octubre.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, dijo hoy que se toman medidas para que los productores puedan cubrirse de eventuales devaluaciones y afirmó que «lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que al campo le vaya bien».
El sector, sostuvo Basterra en diálogo con radio Cooperativa, «a nivel mundial está muy bien, somos muy buenos productores, eficientes, y se generan divisas con el comercio exterior, que abastecen plenamente al mercado interno«.
Según el ministro, «hay un espacio de incertidumbre y para la hipótesis de que la devaluación está a la vuelta de la esquina», por lo que «en ese escenario la lógica de los productores que todavía tienen grano es no deshacerse de él».
«Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando instrumentos para que el productor comprenda que hay mecanismos que le permiten cubrirse de eventuales devaluaciones, que son menos riesgosos que tener el físico, el grano», agregó.
Basterra detalló que hay dos instrumentos para inducir al productor a que los tome y le permitan preservarse y cubrirse de una eventual e hipotética devaluación.
Por eso, explicó, «aparece el bono ligado al precio del dólar: si sube el dólar ese bono aumenta en la misma proporción, y estamos bajando temporalmente las retenciones para acelerar esa entrega».
Basterra observó que en el sector «hay heridas que no cicatrizaron y hay muchos que aspiran a que se profundicen los conflictos, y nosotros no lo vamos a hacer».
«Operan para que parezca que no han habido avances, pero nosotros no aumentamos las retenciones como habían dicho: el maíz y el trigo los dejamos en 12%; bajamos de 9 a 5% las del arroz y algodón; y de 12 a 7% las del girasol, nosotros bajamos las retenciones», remarcó.
El ministro sostuvo que «aumentamos 3 puntos en soja y lo distribuimos entre pequeños y medianos productores para darles más competitividad; no es una recaudación fiscal, sino una redistribución solidaria».
Fuente: Télam
Por otra parte, Basterra se refirió a la rotura de silobolsas y afirmó que «hay que desestimar una articulación o estrategia de un sector sobre otro».
«Cuando se quiera ver quién es el que genera el delito, hay que ver a quien afecta y a quien beneficia», sugirió, para preguntar finalmente «¿al Gobierno en qué lo puede beneficiar perder un producto que nosotros queremos que lo venda?».
Lo hizo mediante un comunicado en el que se indica textualmente que “el presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
“Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”, comienza el texto que luego.
“Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, se apunta en el documento.
En otro párrafo del comunicado, el gobierno de Alberto Fernández señala “la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiadas, liderando actuaciones complementarias que pueda estimar convenientes para tal propósito”.
La Cancillería argentina considera que “el diálogo y la cooperación con las autoridades, las respuestas eficaces a las exhortaciones manifestadas en los diferentes informes, sumados a los mecanismos de protección esenciales, son fundamentales para revertir la actual situación en derechos humanos en Venezuela”.
El presidente de Venezuela, Nicoás Maduro (Foto: EFE/Rayner Pena/Archivo)
En ese marco, se señala “Son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral. La República Argentina como integrante del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, votará acompañando su propuesta, preservando la posición que aquí se explícita».
En el cierre del documento, el gobierno argentino hace una salvedad y apunta algo que ya había anticipado que expresaría: “El presidente Fernández sostuvo una vez más que deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra”.
Una propuesta sin apoyo
A primer turno, la mayoría de los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se abstuvo o votó en contra de una resolución presentada por Irán, Siria, Turquía y el régimen de Nicolás Maduro, en la que se señaló que hay “progresos” en Venezuela.
En ese tema, Argentina se abstuvo junto a a otros 25 países, entre ellos los miembros de la Unión Europea, India, Japón, Libia, Nigeria y Togo. En tanto, Australia, Brasil, Chile, Islas Marshall, Perú, Ucrania y Uruguay votaron en contra.
El documento fue apoyado por países africanos y asiáticos, varios de ellos con regímenes autoritarios y severamente cuestionados por violaciones a los Derechos Humanos.
El embajador de Argentina, Federico Villegas, consideró: “Hay un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los derechos humanos en su territorio”.
La placa de votación que refleja el escaso apoyo a la propuesta de Irán, Siria, Turquía y Venezuela
A su vez, al momento de emitir la abstención de ese proyecto de declaración presentado por Siria, el embajador Villegas destacó que “la Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en así como la grave crisis política, social y económica que padece Venezuela agravada por las sanciones económicas y financieras y la pandemia COVID-19 como lo ha señalado la Alta Comisionada de Derechos Humanos”. Este fue el preludio del apoyo que dará Argentina a la resolución de la mayoría instando a cuestionar el bloqueo que impone Estados Unidos a Venezuela.
En este contexto, el embajador argentino ante organismos internacionales con sede en Ginebra, remarcó que “entendemos que los derechos fundamentales deben prevalecer sobre otras consideraciones. Corresponde a este Consejo apoyar todos los mecanismos para contribuir a dicho objetivo”.
Al halar de la carta de entendimiento que firmó la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michele Bachelet y el gobierno de Venezuela Villegas dijo que es dio inicio a una “hoja de ruta” que permitió fortalecer su oficina en Venezuela. “Ella abrió un espacio de dialogo, colaboración y asistencia técnica y tuvo resultados concretos, visitas a centros de detención, cooperación en áreas como reducción de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza, el intercambio sobre casos individuales en situación de derechos humanos”.
Por este motivo, al fundamentar su abstención sobre el proyecto de Siria y sus aliados el embajador argentino sostuvo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe apoyar el trabajo de la alta comisionada para “mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela”. Así, instó a todos los actores relevantes dentro y fuera de Venezuela a colaborar con Bachelet y confió en que se establezca una oficina permanente de Naciones Unidas en Venezuela, hecho que hasta ahora impidió el régimen de Maduro.
Para la Argentina, el proyecto de Irán y Siria “presenta un insuficiente reconocimiento de las autoridades venezolanas por su responsabilidad en la situación de los derechos humanos en su territorio reflejada en el informe de la alta comisionada”.
Así, el embajador argentino en Ginebra instó al gobierno venezolano a “cooperar plenamente en todos los mecanismos de este consejo así como implementar las recomendaciones hechas en sus informes y que con su llamado conduzca a investigaciones, prontas, independientes y transparentes sobre las violaciones a los derechos humanos llegue a los perpetradores a la justicia y garantice una reparación adecuada a las victimas”.
Lejos del entusiasmo inicial que alentó su creación, el Consejo Federal contra el Hambre empezó a trabajar “operativamente” luego de que se confirmaran el miércoles último los peores datos de pobreza desde el año 2004. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo encabezó esta semana tres comisiones especializadas junto a la titular del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz con el acceso, la producción y la calidad alimentaria como ejes.
Las reuniones tuvieron una importante asistencia de empresarios, referentes de organizaciones sociales y ONG’s, funcionarios provinciales y académicos. Estuvieron ausentes los “animadores” de la Mesa contra el Hambre, como el escritor Martín Caparrós, o la cocinera Narda Lepes o el conductor televisivo Marcelo Tinelli, quienes enviaron colaboradores de sus equipos en su representación. Pero hubo otros dirigentes de relevancia del sector privado y de la producción, como Miguel Acevedo (UIA), José Martins (Bolsa de Cereales), Vanesa Herrera Noble (Grupo Clarín) e integrantes de Coninagro, Federación Agraria y la cámara alimenticia Copal, entre otros.
La pandemia hizo retroceder “cinco pasos atrás” en la situación de los sectores más empobrecidos del país, según las definiciones del ministro Arroyo. La política alimentaria pretendía ser una de las vidrieras de la gestión de Alberto Fernández para poner a la “Argentina de pie”. Sin embargo, el COVID-19 modificó el mapa de los problemas de la población más vulnerable, por lo que el trabajo en las comisiones implicó una reevaluación de las necesidades y prioridades.
De la agenda de trabajo, que se dividió en tres jornadas el lunes, miércoles y viernes pasado, se desprenden tareas concretas vinculadas producción masiva de alimentos desde las organizaciones sociales, la reconversión de los comedores y merenderos, y políticas que aseguren la calidad nutricional. En ese escenario, el aumento de la inversión social alimentaria, que saltó de 8 a 11 millones de beneficiarios, aparece apenas como un contrapeso.
“Teníamos muy claro los datos de aumento de pobreza e indigencia. Coincidimos en que hay que reforzar la producción de alimentos, porque el costo de los productos hace aumentar estos índices”, señaló Daniel Arroyo a Infobae.
La transición de los comedores al hogar
La primera comisión tuvo como eje el “acceso a los alimentos”, con el estado de los comedores y merenderos como punto de discusión. Estos establecimientos pasaron de recibir 28 mil millones de pesos anuales a 80 mil millones en apenas seis meses, con el objetivo de afrontar la creciente demanda de miles de familias que perdieron sus ingresos y changas a raíz del parate ocasionado por la cuarentena. La mayor parte de la asistencia se instrumentó a a partir de la Tarjeta Alimentar, que consumió
El balance inicial fue la confirmación de una desigualdad dispar. La alimentación adecuada y segura depende de la instalación de servicios básicos, como el agua potable. En los barrios populares, volvió a corroborarse que los precios de los alimentos pueden ser muy distintos y la performance puede variar en relación a los ingresos.
El ministerio de Desarrollo Social calcula que hay más de 10 mil comedores en todo el país, entre los que existen merenderos y ollas populares informales con conexiones deficitarias. En ese marco, la aglomeración de personas tampoco es una salida ante el avance del coronavirus.
“Estamos apuntando para volver a la comensalidad en el hogar. Queremos que los comedores se conviertan en centros recreativos, deportivos o comunitarios”, apuntó Arroyo.
Con ese eje, hace meses fue anunciado el Registro Nacional de Comedores y/o Merenderos Comunitarios (Renacom), un dispositivo que busca apuntalar los comedores populares y centros de asistencia. El relevamiento tiene como objetivo la detección de la infraestructura deficitaria, entre otras condiciones institucionales, como el acceso a una cuenta bancaria, a partir de la cual podrán recibir las transferencias con las que pagarán los alimentos.
En última instancia, la intención del Gobierno es descentralizar las compras que realizan los comedores y articularlas con el desarrollo productivo local. En esa línea, las tarjetas que reciben los comedores habilitan la observación, en tiempo real, de los precios, el tipo de gastos y la calidad nutricional de las compras que afronta cada establecimiento.
La puesta en valor de los comedores y merenderos, junto a la información agregada de los gastos, permitirá establecer líneas de trabajo para “elaborar alimentos inocuos, seguros y con calidad nutritiva” que sean la base de las buenas prácticas en los hogares.
La calidad en jaque: más polenta, menos frutas
La segunda comisión especializada abordó el eje de la “Calidad y educación nutricional”, uno de los puntos críticos y más difíciles de resolver por el gobierno de Alberto Fernández. Es que la realidad de la pandemia convive con la obesidad en un extremo, mientras que la desnutrición crónica y aguda avanza en el otro.
“Empeoró la calidad nutricional. Antes de la pandemia, el 67% de las compras de la Tarjeta Alimentar eran carne, leche, frutas y verduras y hoy es menos del 50 por ciento. Para decirlo de manera brutal: se están comiendo fideos, harina y arroz y poca leche, carne, frutas y verduras”, graficó Arroyo.
La mesa de trabajo especializada fue creada para orientar el consumo alimentario, con especial atención en niños, niñas y adolescentes y demás grupos vulnerables. Una de las iniciativas apunta a la comunicación y promoción de prácticas alimentarias saludables, con hincapié en los sectores productores de la economía popular, pero también con un abordaje sobre las clases medias, que también recurren al mal consumo. El 16 de octubre será una de las fechas clave, ya que coincidirá con el Día Mundial de la Alimentación.
En esa línea, los integrantes de la comisión coincidieron en profundizar la vigilancia, investigación y la evaluación de la nutrición de la población como mecanismo para prevenir enfermedades, bajo la observación tanto de la dimensión “social” como la “biológica”, como la talla y el peso de las personas.
Por lo tanto, se concluyó en elaborar instrumentos para optimizar las elecciones a través de la capacitación en escuelas técnicas y rurales, entre otras instituciones, como el control de los proveedores escolares. “Los alimentos ricos y que rinden más y que son elegidos la población o los puede consumir no suelen ser los más saludables”, señalaron desde la cartera de Desarrollo Social.
La oferta de alimentos, entre dos visiones
De los tres encuentros, la comisión que enfrenta las visiones más disímiles fue la de “Producción y comercialización de alimentos para la soberanía alimentaria”, la última que se llevó en la semana pasada. El eje involucra a los miembros de las organizaciones sociales, de la economía popular y la agricultura familiar, con las cámaras alimenticias privadas, que controlan la cadena de la comercialización.
El punto de partida del cónclave fue el consenso de que el país está en condiciones de ser un gran productor de alimentos. En tanto, el déficit palpable es que esa producción no alcanza a garantizar la alimentación adecuada a toda la población.
Sin embargo, las diferencias de cosmovisión parecen ser antagónicas entre los actores en juego. Los representantes de sector agroindustrial, entre ellos Miguel Acevedo, de la UIA, y Diego Cifarelli, de la Federación Argentina de la Industria Molinera, escucharon las críticas sobre la “monopolización” en la producción, manufactura y comercialización de los alimentos. Además, se coló la discusión ambiental, ya que se problematizó la destrucción de los “socioecosistemas” con agroquímicos, factorías porcinas e incendios con el cual suelen ser apuntadas los sectores privados.
En esa línea, los productores de la agricultura familiar y de la economía popular tienen la ambición de competir con las grandes firmas en las góndolas de supermercados y otros puntos de abastecimiento. Sin embargo, para ello deberán sortear dificultades técnicas. Es que gran parte de los movimientos sociales que tienen sus emprendimientos productivos producen a pequeña escala y pueden no cumplir exigencias fitosanitarias exigidas. Ese problema les impide ser una opción de consumo en la mesa familiar.
– El programa “Sembrar”, que tiene un presupuesto de $1000 millones con la posibilidad de ser transferidos a organizaciones sociales, provincias y municipios para incentivar el desarrollo de proyectos vinculados a la agricultura familiar, huertas agroecológicas y también la red de abastecimiento de alimentos.
– La entrega de créditos no bancarios específicos para que los emprendimientos de la economía popular puedan comprar máquinas y herramientas a tasas del 3% anual.
– La adopción de la “Marca Colectiva”, un instrumento para escalar y reunir la producción de pequeños emprendimientos que no están accediendo a la economía formal por encontrarse en una situación de vulnerabilidad social. La herramienta se trata de un signo que permite identificar productos y servicios prestados por sectores de la economía social, de manera que sea más fácil comercializarlos en el circuito registrado. Además, brinda asesoramiento para los trámites para su registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).
– La certificación de calidad en los procesos productivos. En un plazo de dos semanas, la cartera de Arroyo comenzará con el financiamiento de esta línea para que sectores de la economía popular puedan acceder a una suerte de certificación con normas ISO.
– La creación de 400 mercados centrales, donde los productores locales puedan ofrecer sus elaboraciones de manera directa a los consumidores, sin intermediarios que acrecienten el precio de los alimentos.
En esa línea, una de las tareas que se desprendieron es avanzar en un mapeo con las trabas que existen para comercializar y garantizar la “soberanía alimentaria” en todo el territorio nacional. Y aunque la jerga de los movimientos sociales no coincide con la del sector privado, en el ministerio de Desarrollo Social confían que “hay mucho para avanzar” en materia de complementariedad.
“Hay un compromiso real del sector privado a participar, más allá de las miradas conceptuales diferentes, y mucha disposición en generar encadenamientos productivos entre los sectores”, concluyó Arroyo.
En el marco de un nuevo programa de asistencia financiera, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará este martes a la Argentina para avanzar en la renegociación de la deuda por u$s 44.000 millones. El primer objetivo será revisar las cifras del Presupuesto 2021 y las recientes medidas destinadas a fortalecer las reservas. El presidente Alberto Fernández dijo que busca alcanzar el acuerdo «lo antes posible», en declaraciones a Clarín. En tanto, indicó que un entendimiento con el Fondo le pone fin a «la mayor incertidumbre que tenía Argentina» en relación con la deuda con los bonistas y con el organismo internacional. En este sentido considera que un programa con el FMI «despeja muchas dudas, que yo no las tengo pero que algunos sectores de la economía la tienen». En plena tensión cambiaria, llega la misión del FMI para negociar el acuerdo La misión estará encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental; y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, y el primer objetivo será revisar las cifras del Presupuesto 2021 y las recientes medidas destinadas a fortalecer las reservas. «Ya está dando señales de mejora», dijo el presidente sobre la situación económica del país: «La economía argentina estaba en terapia intensiva y además nos contagiamos el coronavirus. Todo fue mucho más dificil», agregó. La misión estará encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental; y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina: «Lo que más aspiro es que sigamos trabajando tan bien como hasta ahora, que podamos encontrar respuestas rápidas a las inquietudes que tienen (los miembros del organismo) y que podamos alcanzar un acuerdo, un programa lo antes posible», remarcó el presidente. Solá y el embajador de Estados Unidos hablaron sobre el FMI y la vacuna del coronavirus El préstamo de u$s 56.000 millones con el organismo había sido acordado por el gobierno de Mauricio Macri, pero la administración de Alberto Fernández frenó los últimos desembolsos para evitar que el endeudamiento continúe en aumento. La llegada de los funcionarios de FMI será el primer paso de una serie visitas que realizará el organismo multilateral en el marco de las negociaciones encaradas con la Argentina, que tendrá instancias presenciales y virtuales. Kozack y Cubbedu se unirán al representante permanente del Fondo en la Argentina, Trevor Alleyne, para entrevistarse con miembros del Gabinete. Por su parte, el vocero del FMI Gerry Rice anticipó que el objetivo es conocer con un mayor detalle los planes económicos y las prioridades políticas de las autoridades argentinas que podrían sustentar un programa respaldado por el FMI. «El equipo estará en modo de escucha», indicó La comitiva del Fondo se reunirá también con representantes del Congreso, del sector privado, sindicatos y de la sociedad civil. El objetivo es contribuir a fortalecer la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, crear empleos y reducir la pobreza, que en el primer semestre afectó al 40,9% de la población.
La ciudad de Buenos Aires cumplió un mes con la curva de contagios de coronavirus en descenso. Así lo ratificó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en un nuevo reporte diario. Con este escenario epidemiológico, el funcionario insistió en el reclamo para que el gobierno nacional habilite la vuelta a las clases presenciales para un grupo reducido de alumnos.
“En la ciudad de Buenos Aires no estamos con la epidemiología controlada como para reactivar globalmente y normalmente las clases”, afirmó Quirós. Sin embargo, aseguró: “Hay diferentes niveles de gravedad y riesgo sobre los niños y creemos que podemos ir implementando actividades de revinculación social y escolar más allá de aún no abrir las escuelas de manera masiva; en eso insistimos y seguiremos insistiendo, porque cada día que pasa es un nuevo daño, y para algunos niños ese día es un daño irreparable”.
El gobierno porteño propone que un grupo acotado de alumnos tengan clases al aire libre
“Sabemos que grupos de 8 o 9 , en espacios abiertos, con reglas y normas puestas por un adulto, son escenarios más seguros que lo que ocurre con ese niño en su entorno familiar y barrial”, planteó el funcionario, en relación al protocolo que el gobierno porteño ya le presentó al Ministerio de Educación nacional, para 6.500 chicos que la Ciudad identificó como aquellos que perdieron todo contacto con la escuela.
Según Quirós, esta posibilidad “es una política de recuperación del futuro del niño”, pero “también es una política sanitaria, para que esos chicos y las familias adquieran el conocimiento de cómo manejarse en la pandemia, que nos requerirá varios meses más de trabajo, pero esperemos en una curva de mejora continua”.
La propuesta de la ciudad de Buenos Aires fue criticada por el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y también por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: «No podemos someter a los chicos a experimentos”, aseguró el mandatario provincial, que la semana pasada puso en marcha un programa para garantizar la continuidad pedagógica de unos 279 mil alumnos bonaerenses en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.
Por otro lado, Quirós se refirió a la evolución de los contagios de COVID-19 y las posibles reaperturas de actividades. Así, indicó que se han confirmado 129.664 pacientes, de los cuales se han recuperado 104.384, han fallecido 3.801, lo que hace una letalidad de 2,9%. También se informó que se alcanzó la cifra de 567.760 personas testeadas en la Ciudad, de los cuales el 60% son residentes, que en la última semana tuvieron una positividad de 27% y se alcanzó una tasa de test cada 100.000 habitantes de 11.089.
El ministro de Salud, Ginés Mario González García, junto a su par porteño, Fernán Quirós, y Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud (NA)
“Vamos a ir proponiendo actividades que no faciliten el supercontagio. Propusimos encuentros en espacios públicos, aperturas de bares porque reemplazaban a los familiares y, ahora, de pasar a espacios cerrados, si la curva lo permite, serán espacios cerrados muy grandes, de poca gente, y ventilados”, señaló el ministro de Salud porteño.
El próximo domingo 11 de octubre vencerá en el AMBA la etapa actual del aislamiento obligatorio y las autoridades del Gobierno porteño se preparan para una semana de arduas negociaciones con sus pares de Nación para resolver cuáles serán las próximas actividades en ser habilitadas.
Según adelantaron a Infobae, entre otros puntos, se evaluará en profundidad la posibilidad de abrir los shoppings con aforo limitado. Es decir, el mismo sistema que hoy por hoy rige para los supermercados: una vez que se alcanza la capacidad máxima, se cierra la entrada y solo pueden ingresar más público a medida que salen quienes están adentro.
La intención de habilitar los shoppings también obedece a las presiones del sector, que señala con énfasis la coincidencia entre la baja de la curva de contagios y la llegada del Día de la Madre, uno de los momentos de mayores ventas en el año.
Finalmente, la última actividad que podría ser incluida en las negociaciones es elservicio doméstico con la limitación del uso del transporte público.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este domingo 4 de octubre que «una brecha cambiaria amplia no es buena para la economía, pero esos mercados cambiarios como el contado con liquidación no son significativos para la macroeconomía y no reflejan la realidad argentina». En declaraciones al programa «Antes de mañana» que se emite por el canal América, aseguró que «la Argentina es un país de ingresos medios de unos 4.700 dólares por habitante si medimos el PBI per cápita por el dólar del contado con liquidación, pero la Argentina no es un país de 4,700 dólares por habitante, es un país de ingresos más altos». El jefe del Palacio de Hacienda manifestó que «hay otro problema que es lo que está llevando a que los dólares alternativos sean altos, y es el control de capitales que hoy está por una razón de que si se abrieran sería peor para la economía y habría más inflación». Guzmán, el dólar y la medida que falta Guzmán puso de relieve que «la primera condición para invertir es la estabilidad y la alternativa de no hacer nada terminaba en una situación de un salto cambiario. Estas no son medidas que nos ponen contentos pero sí nos permiten proteger la situación cambiaria que es un pilar de estabilidad». El ministro señaló que «hay pilares para la estabilidad económica para una economía tranquila, La Argentina necesita tener una deuda sostenible, necesita tener sostenibilidad fiscal y necesita que las exportaciones acompañen el crecimiento de la economía para no quedarse sin dólares, y en esa dirección se está avanzando». «El presupuesto 2021 es un presupuesto para lograr la recuperación económica», dijo Guzmán, para luego señalar que «siempre hay un elemento de discrecionalidad que puede ocurrir como es el caso que ocurrió este año con la pandemia». Guzmán dijo que ya se ven signos de recuperación de la economía Destacó además que había distintos caminos para seguir, «uno era el esquema de desdoblamiento cambiario, el otro era el esquema que se implementó, esto tiene que ver con una situación de que hay que cuidar las reservas porque es muy importante para la estabilidad cambiaria, es un pilar de la recuperación». Más adelante, Guzmán expresó que «el impuesto a la riqueza es un aporte extraordinario por una situación extraordinaria que no tiene precedente en la historia que nosotros conocemos; los números fiscales son duros porque hemos tenido que aumentar el gasto por la pandemia y cayeron los ingresos». El ministro descartó que se vaya a tratar algún proyecto de reforma laboral porque «la principal manera de recuperar el empleo es a través de la recuperación económica, pero hoy no está en la agenda del gobierno». Respecto de la reforma tributaria, Guzmán dijo que «la llamaríamos una ley de medidas tributarias que buscan corregir deficiencias en la estructura tributaria y hay que hacerla en los tiempos correctos porque hoy estamos viviendo tiempos de pandemia». El tenso cruce de Cristina Pérez con Martín Guzmán: «¿Piensa vender sus dólares?» Admitió también que «se está avanzando en el cambio del cálculo jubilatorio sobre la base de los principios del crecimiento compartido, la solidaridad y la sostenibilidad del sistema. Nosotros buscamos un esquema que va a estar atado al crecimiento económico». Guzmán puntualizó que «el objetivo central es la recuperación económica; en una economía que se recupera, los ingresos fiscales se recuperan, lo que sí hay que hacer con el gasto, hay que darle más racionalidad al gasto, gastar para lo que más importa, para la recuperación y el desarrollo de la economía, y eso es lo que refleja nuestra visión». El ministro fue enfático: «lo que necesitamos es que la economía se recupere; tenemos que normalizar las cuentas públicas».
“Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”, planteó el diputado nacional Leopoldo Moreau en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.
Llamativamente, para cuestionar a los integrantes actuales del tribunal el legislador -integrante del núcleo duro K en la Cámara baja- resaltó la figura del fallecido Carlos Fayt, un juez al que el oficialismo enfrentó y presionó para que renunciara durante los gobiernos de Cristina Kirchner.
“Yo tenía diferencias enormes con Fayt, pero la verdad que jurídicamente era un tipo impecable. Ni hablar de Argibay y de Zaffaroni. Yo veo que esta Corte está muy por detrás de esos niveles”, introdujo Moreau.
Y enumeró: “Veo una Corte con dos señores que aceptaron ingresar por decreto (en alusión a Rozenkrantz y Rosatti). Elena Highton de Nolasco tiene vencido su mandato y a diferencia de Zaffaroni que renunció y se fue, tiene un fallo a su favor… Lorenzetti ha tenido actitudes disruptivas permanentemente y se sacaba fotos con Moro (juez brasileño que investigó la corrupción en el gobierno). Y Maqueda, sobre quien tengo un gran respeto personal, está en una especie de zona de confort”.
Leopoldo Moreau quiere iniciarle juicio político a todos los magistrados de la Corte Suprema. En la foto, aplaude junto a Cristina Kirchner
Para entender los alcances de la polémica, hay que retrotraerse a una decisión adoptada por el Senado -que conduce Cristina Kirchner- y avalada por el presidente Alberto Fernández: el desplazamiento de tres magistrados que en mayor o menor medida habían participado en casos de corrupción contra ex funcionarios K. Ante esa jugada, los tres jueces afectados (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli) presentaron diversos recursos judiciales. Uno de ellos, el per saltum, un instrumento que permite saltar instancias e ir directamente a litigar a la Corte Suprema.
La ofensiva del kirchnerismo contra el máximo tribunal se inició el 25 de septiembre, cuando se esperaba una resolución de los ministros sobre el per saltum que finalmente fue habilitado el martes 29. La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra Rosenkrantz.
En el texto del proyecto de resolución 5039-D-2020, el oficialismo pide investigar a Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
“Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, publicó la diputada en sus redes sociales.
Rápidamente, la Casa Rosada trató de despegarse de la jugada. Habló de una iniciativa de carácter individual de Siley. Sin embargo, la irrupción mediática de este lunes de Moreau ratifica que no se trató de un plan airado, sino de un movimiento en bloque de diputados que responden a Cristina Kirchner contra los cinco integrantes del tribunal.
La Casa Rosada intentó despegarse de la ofensiva contra la Corte durante el fin de semana. Este lunes Moreau ratificó que no fue una jugada aislada de una diputada
Según explicó Moreau, el juicio político a Rosenkrantz surge porque no se expide sobre un caso vinculado a la familia Blaquier. “Sus familiares más íntimos forman parte de la Fundación y se debería haber excusado, no solo no lo hizo, sino que lo tiene congelado”, argumentó.
A la par, cree que existe una suerte de judicialización permanente de todos los actos de gobierno con el objetivo de no permitir que el Poder Ejecutivo ejecute la agenda prometida en las elecciones del año pasado a los ciudadanos. Esa estrategia -de acuerdo a la visión de Moreau- pone sobre discusión el rol de la Corte que muchas veces “neutraliza las facultades y la legitimidad que le ha dado el resultado” de los comicios al Frente de Todos.
“Todas las discusiones sobre el funcionamiento de las instituciones hay que darlas, haya o no un escenario de dificultad económica. Muchas veces esas dificultades económicas están vinculadas al desempeño de las instituciones. Si vos ganás las elecciones y la Corte te va a frenar tus políticas a pesar de que están legitimadas con el voto popular… No es la primera vez que le quieren dar un lugar institucional de esta naturaleza a la Corte”, analizó.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó esta noche a favor de los tres jueces federales trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para que continúen en sus cargos de los tribunales de Comodoro Py.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que así lo hizo al presentar dos dictámenes ante el máximo tribunal, que ya está en condiciones de resolver si avala los traslados de los magistrados o si los deja sin efecto, como hizo el gobierno nacional tras la decisión del Senado de no avalarlos. La opinión del Procurador no es vinculante para los jueces de la Corte.
Casal señaló que los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron revisados por el Consejo de la Magistratura de la Nación con una nueva reglamentación que debía aplicarse a futuro y no para analizar las decisiones que ya se habían tomado.
“El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”, sostuvo Casal en sus dictámenes.
Los tres jueces fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri. Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal -un lugar estratégico para la política y el poder económico porque por allí pasan todas las causas de corrupción- y Castelli al Tribunal Oral Federal 7, donde luego quedó radicada la causa de los cuadernos de la corrupción en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner. En julio, el oficialismo comenzó a revisar los traslados. Sostuvo que se habían hecho de manera irregular porque, entre otros motivos, no fueron aprobados por el Senado de la Nación, tal como establece la Constitución Nacional para la designación de jueces.
El Consejo aprobó la resolución 183 en la que revisó esos traslados -junto con los de otros siete jueces- y se lo comunicó al Poder Ejecutivo que los reenvió al Senado. La cámara alta no les dio acuerdo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli porque faltaron a la audiencia y luego el gobierno publicó los decretos que dejaban sin efecto sus traslados y regresaron a sus cargos anteriores. Bruglia a un tribunal oral de Comodoro Py, Bertuzzi a uno de La Plata y Castelli a otro de San Martín.
En su dictamen, Casal señaló que los tres magistrados fueron traslados “en la inteligencia de que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el Reglamento de Traslado de Jueces entonces vigente”. El procurador explicó que esos requisitos luego fueron modificados y que los cambios -principalmente que los traslados debían pasar por la aprobación del Senado- se aplicaron a Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
“Esto no implica desconocer la facultad del Consejo de la Magistratura de cambiar a su discreción los reglamentos en materia de traslado o incluso la interpretación que haga de ellos con efecto inmediato; pero, insisto, ello no autoriza a rev isar con carácter retroactivo decisiones ya adoptadas”, sostuvo Casal. Es la primera opinión de impacto político del Procurador -que está en el cargo de manera interina- en un contexto político en el que el oficialismo impulsa su juicio político en en Senado de la Nación.
Para Casal el Consejo de la Magistratura “violó el principio de legalidad, debido a que de esta manera desconoció sus propios actos dictados de conformidad con sus propias normas, con grave afectación a la inamovilidad de los jueces en los cargos que estaban desempeñando».
Por otra parte, el jefe de los fiscales nacionales y federales hizo referencia a las acordadas 4 y 7 del 2018 de la Corte Suprema en las que analizó los traslados. El Procurador señaló que “a la luz de las pautas establecidas por la Corte” no se puede aplicar una mirada retroactiva ante las decisiones tomadas.
Antes de Casal, el Consejo hizo su presentación ante la Corte Suprema. Fue el jueves pasado y sostuvo que en rigor no puede ser demandado por lo que hizo sobre los traslados fue solo emitir una opinión ya que la decisión final la tiene el Poder Ejecutivo y el Senado, por lo que en definitiva a esos organismos hay que dirigir la demanda. El Consejo le pidió a la Corte que rechace los per saltum.
Los jueces de la Corte Suprema (csjn)
Pero Casal tuvo otra postura. Dijo que lo del Consejo “no fue una mera recomendación, pues de manera obligada el Poder Ejecutivo y, en su caso, el Senado, debían revisar los actos de traslado de los jueces demandantes”. “El Consejo tuvo un rol activo y determinante en la actuación de los órganos políticos” y fue “el inicio de una serie concatenada de actuaciones que concluyó en la revocación de sus traslados”.
En sus presentaciones, el Procurador citó fallos de la Corte sobre la independencia judicial, señaló que los tres jueces “se encuentran hoy en la delicada circunstancia de haber sido removidos de la sede en que ejercían desde hace años su magistratura” y pidió que se haga lugar a sus per saltum, lo que significa que regresen a sus cargos en Comodoro Py.
Con la presentación de Casal y del Consejo -a quienes le Corte le había dado 48 horas para pronunciarse-, los cinco jueces del máximo tribunal –Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- quedaron en condiciones de dictar su fallo. Será la palabra final en la discusión jurídica. Deben decidir si avala los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y regresan a sus cargos en Comodoro Py o si rechaza sus planteos y entiende que los traslados fueron mal hechos.
La crisis económica que se potenció con la pandemia del coronavirus sigue golpeando fuerte a la Argentina y crece el temor en la sociedad a que se repita lo sucedido en la crisis económica y social del 2001. Así se desprende de la última encuesta de Giacobbe & Asociados, que indica que un 57% tiene miedo a que el Gobierno imponga un corralito a las cuentas bancarias. Ante la pregunta de si tiene temor a que el Gobierno de Alberto Fernández implemente un corralito, un 57,4% respondió afirmativamente, un 27,7% dijo que no y un 14,4% no sabe qué puede suceder. La consultora hizo este relevamiento de 2.500 casos entre el 27 y 29 de septiembre a dispositivos móviles con un margen de error del +/- 2%. En esa línea, la económica es uno de los temas que más preocupa. Es que sólo un 18% confía en el peso argentino para ahorrar, un 56,1% prefiere los dólares como moneda de ahorro, 12.9% confía en ambos por igual y un 12.7% en ninguno. Además, solo un 31.2% abriría una empresa o un emprendimiento en la Argentina actual, mientras que un 68.2% no lo haría. ¿Por qué hay temor sobre un corralito a los depósitos en dólares? «Los miedos sobre lo vivido en el 2001 se han activado, y en cierta forma logran trascender a generaciones que no han transitado esa experiencia. El 57.4% tiene temor a que el gobierno implemente un corralito, contra 27.7% que no registra miedo. Sucede también que, cuantos más estudios o más ingresos, crece la fobia. Apenas algo más de la mitad de los peronistas y los kirchneristas están seguros de que no habrá tal medida, el resto teme o, por lo menos, duda», explicó Jorge Giacobbe. En esa línea, agregó: «En una Argentina que necesita más proyectos, el 31.2% indica que abriría una empresa o un emprendimiento (guarismo que resulta ser 59% y 73% entre peronistas y kirchneristas). El entusiasmo es sectorial. En cambio, el 68.2% se niega a la idea. La voluntad de emprender, contraria a ahorrar en dólares o temor al corralito, crece cuanto menores los ingresos y menores los estudios. En términos generales, apenas el 18% de los argentinos indica confiar en el peso como moneda de ahorro, contra el 56.1% que confía en el dólar. Es brutal la diferencia». En caída libre: la imagen negativa de Alberto Fernández supera por más de 10 puntos a la positiva Alberto Fernández tiene más imagen negativa que Macri En cuanto a las imágenes de los principales líderes políticos, se observa que el presidente Alberto Fernández tiene más imagen negativa que su antecesor Mauricio Macri (52.8% contra 52.4%). De todas maneras, con respecto a la encuesta anterior de hace 15 días, la imagen negativa del mandatario nacional tuvo un considerable baja. «En términos de imágenes personales, durante los últimos quince días las figuras del oficialismo han tenido un respiro. Si bien la positiva de Alberto Fernández cayó un punto, también se descomprimió 2% su negativa. La positiva de Cristina Kirchner no se movió y hasta bajó un punto su negativa. Algo parecido para Axel Kicillof», explicó Giacobbe. En cuanto a la cuarentena por el coronavirus, ya un un 55,7% se niega a extenderla hasta medidos de octubre. Solo un 33,3% lo haría, mientras que un 10.8% no lo tiene en claro. De esta manera, se observa que la aprobación del aislamiento obligatorio cayó 50 puntos porcentuales desde marzo hasta octubre.
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Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los tres jueces desplazados que presentaron amparos ante la Corte Suprema:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4N2ZMOHKBFDZNCPKACJXKY4C4E.jpg)
El presidente de Venezuela, Nicoás Maduro (Foto: EFE/Rayner Pena/Archivo):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AISRWYGJYFDO5DIBZ5XQTYNPBM.jpg)
La placa de votación que refleja el escaso apoyo a la propuesta de Irán, Siria, Turquía y Venezuela:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ZAPVG2COZNHJXBKPXHMN4XE23Q.jpg)
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El gobierno porteño propone que un grupo acotado de alumnos tengan clases al aire libre:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/C4V6457WEFHMVO73UJ7AG5PK34.jpg)
El ministro de Salud, Ginés Mario González García, junto a su par porteño, Fernán Quirós, y Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud (NA):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/STYBETJBAJGMXPNZRLTPISSFDA.jpg)
Leopoldo Moreau quiere iniciarle juicio político a todos los magistrados de la Corte Suprema. En la foto, aplaude junto a Cristina Kirchner:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T7RUDO2335H7FFW2IFCAO4ZWVE.jpg)
La Casa Rosada intentó despegarse de la ofensiva contra la Corte durante el fin de semana. Este lunes Moreau ratificó que no fue una jugada aislada de una diputada:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IDO4UA2CZNFPTBG73HRA2U3RVI.jpg)
Los jueces de la Corte Suprema (csjn)