Los centros de detención de personas que Formosa impuso para luchar contra el coronavirus siguen generando controversia por las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Tras la cuestionada visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el gobierno de Gildo Insfrán sigue defendiendo la medida y cuestiona a los medios porteños por los «prejuicios» y el «relato» sobre el tema. Jorge Abel González, ministro de Gobierno de Formosa, sostuvo hoy que «en una pandemia que nos sorprendió a todo el mundo y en la que todos los Estados han intentado llevar adelante una política de salud para cuidar la vida de la mejor manera posible, se exploraron distintos caminos». Pietragalla, Formosa, el ataque de sus padres montoneros y el pago a los soldados «Nosotros tomamos algunas opciones que a los ojos de personas que están lejos parecen absurdas o duras; y quizás lo sean, pero el resultado es el que a nosotros nos importa», agregó el funcionario este viernes 29 de enero en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. A modo de autocrítica, Jorge Abel González sostuvo: «Si usted me pregunta qué hice mal, hablaría de cuidar la vida de las diez personas que fallecieron. Muchas de estas personas no concurrieron a la atención de manera temprana; hicimos mal en no trabajar con más ahínco en la población para que concurran en forma temprana a la atención médica». Decenas de formoseños permanecen bajo aislamiento por el coronavirus. El funcionario formoseño cargó luego contra los medios de la Ciudad de Buenos Aires por la cobertura del tema. «Hay una carga de un relato que se montó alrededor de un hecho concreto; hubo personas que reclamaron y eso está bien, pero existió un gran montaje y muchos se comieron ese viaje… es muy fácil llenar con prejuicios una impresión anterior», planteó González. «Quien está emitiendo los prejuicios es la gran prensa porteña», agregó el ministro. Y sostuvo que la curva de contagios de coronavirus «está siendo demolida» gracias a las acciones del Gobierno. Aislada contra su voluntad en Formosa: «Me quebraron física, mental y emocionalmente» Cruce de chicanas, centros de detención y aborto Durante la entrevista, Jorge Abel González cruzó en varias ocasiones a los periodistas Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia por las preguntas que plantearon y les cuestionó la «mirada etnocentrista». El funcionario discutió permanentemente que lo que hay en Formosa son «centros de alojamiento» y no de «detención», lo que provocó varios intercambios con los conductores. Sin embargo, el momento más álgido se vivió cuando Grabia le preguntó por los votos de legisladores formoseños sobre la legalización del aborto. «No me venga con una mirada, yo lo sentí como una chicana, usted no sabe cómo yo pienso sobre la cuestión del aborto. Yo tengo dos hijas, no me venga a chicanear con estas cuestiones», reclamó González, que a su vez chicaneó a Grabia como «periodista deportivo». Más tarde, mientras el funcionario defendía una vez más las medidas de aislamiento, Tenembaum planteó: «Ministro, si cada pregunta va a ser una discusión sobre la pregunta de 20 minutos… ya está saldado, no podemos terminar una pregunta, terminó esa discusión». Ante una nueva interrupción, González replicó: «Pero papá, dejame terminar por favor». «Yo no soy su padre», retrucó el conductor. «Pero sabés que hablamos tantas veces que me siento amigo tuyo, y a todos mis amigos les digo ‘papá’; perdoname, si te sentiste enojado te pido mil disculpas, ¿entendés?», cerró el ministro de Gobierno.
El fin de semana pasado, Alberto Fernández aprovechó la soledad de Olivos para escribir su discurso en Davos. El Presidente sostiene en la intimidad del poder que la pandemia concede una oportunidad de crear un nuevo orden mundial y apuntala ese pensamiento en la perspectiva global de Francisco, Angela Merkel y Emmanuel Macron.
Alberto Fernández utilizó la oportunidad de Davos para explicitar su política exterior ante los protagonistas más importantes del capitalismo moderno y tomar distancia del kirchnerismo duro que todavía propone una agenda ideológica vinculada a los antiguos cánones estatistas del siglo XX.
El Presidente escribe sus discursos a solas, pero en esta circunstancia debatió sus ideas con Martín Guzmán y Gustavo Béliz. El secretario de Asuntos Estratégicos, Béliz, tiene cercanía ideológica con Francisco y es su amigo personal. El Papa organizó un seminario de economistas en Asis, y allí hizo un aporte notable Luigino Bruni, profesor de Economía Política en la LUMSA (Libera Universita Maria Santissima Assunta) de Roma.
Bruni tituló su último libro Capitalismo infeliz, que tiene 170 páginas y se puede leer en tres horas. Béliz leyó Capitalismo infeliz e hizo una referencia a Alberto Fernández. El presidente elogió la mirada de Bruni y Béliz le regaló un ejemplar que Alberto Fernández tenía a mano cuando hizo su discurso en Davos.
“Un mal común (el COVID-19) nos reveló qué es el bien común y la pandemia nos ha hecho ver que con los bienes comunes son necesarias las comunidades y no solo el mercado. La salud, la seguridad, la educación no pueden quedar libradas al juego del lucro”, sostuvo Bruni cuando le preguntaron sobre la actual situación del mundo.
Esta perspectiva sobre las consecuencias sociales y económicas de la pandemia impactaron sobre el Presidente, y por eso refirió a Bruni y su libro Capitalismo infeliz ante los más poderosos CEO, banqueros y líderes políticos del mundo que todos los años participan del Foro de Davos.
Alberto Fernández y sus ministros Martín Guzmán y Matias Kulfas durante su exposición en el Foro de Davos
“La pandemia nos demostró una vez más que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y privados”, enfatizó el jefe de estado en sintonía con la mirada del profesor Bruni.
Como ministro de Economía, Martín Guzmán aportó la última información sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y Alberto Fernández utilizó esa información para ratificar a banqueros e inversores globales que Argentina tiene intenciones de pagar la deuda externa contraída durante la administración de Mauricio Macri.
Además de los datos aportados por Guzmán y el libro recomendado por Béliz, Alberto Fernández leyó los discursos de Angela Merkel y Emmanuel Macron en Davos. La canciller alemana y el presidente francés hicieron una defensa explícita del multilateralismo y la importancia de la cooperación internacional en épocas de pandemia, muerte y desolación.
“No nos engañemos: la pregunta de quién recibe qué vacuna y qué tan rápido creará una nueva narrativa, si se quiere. Porque cuando uno recibe ayuda en un momento de tanta necesidad, lo recordará mucho más que la ayuda que recibió en mejores tiempos. Esta es la hora delmultilateralismo”, opinó Merkel.
Y Macron fue más allá: aseguró que la agenda multilateral había sido bloqueada por Donald Trump y su mirada fuera de tiempo en el siglo XXI.
Alberto Fernández respalda la perspectiva de Merkel y Macron, y en Olivos elogió con generosidad el discurso del presidente francés. Por eso, al momento de su propio discurso, Alberto Fernández reivindicó y compartió la posición geopolítica de Merkel y Macron.
Alberto Fernández y Emmanuel Macron durante su encuentro en París
“Esta crisis es un momento único para repensar las modalidades de desarrollo y los esquemas de cooperación internacional. En este escenario es necesario vincular el multilateralismo con un concepto de multisolidaridad, que involucre Estados, empresas y también a trabajadores”, aseguró el Presidente en Davos.
Alberto Fernández también defendió la vigencia del tratado de Cambio Climático de París, que apoyan Francisco, Merkel y Macron, y manifestó su voluntad de vincular al Mercosur con el mundo a través de “una agenda que promueva una integración más profunda e innovadora”
Davos se observa como un punto de inflexión en la política exterior de Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner siempre repudió ese foro económico, y el discurso presidencial contradijo la esencia misma del kirchnerismo duro y su agenda geopolítica, adonde el enemigo siempre es el capitalismo y poco importa si es salvaje o infeliz.
El presidente, Alberto Fernández, arribó al país este miércoles tras su visita oficial a Chile y se espera que este jueves 28 de enero retome su agenda para realizar una exposición en el Foro Económico Mundial de Davos. El Presidente llegó durante la noche del miércoles al país, de regreso de su viaje de Estado de dos días a Chile, en el avión que lo trasladó junto a su comitiva, que aterrizó en el aeropuerto de El Palomar a las 20:20. Según fuentes oficiales, Alberto Fernández realizará su alocución en el Foro Económico Mundial de Davos a las 14.30, por videoconferencia y desde la Quinta Presidencial de Olivos. Alberto Fernández en Chile Durante su visita al país vecino, el Presidente encabezó una conferencia magistral en la sede chilena de la CEPAL, en la que insistió: «La pandemia dejó al descubierto el problema de la desigualdad y de la pobreza. Las condiciones injustas en las cuales se pretende que el mérito se haga valer». También se reunió con el mandatario anfitrión, Sebastián Piñera, y, según fuentes oficiales, «compartieron experiencias de cómo se viene trabajando (ante la pandemia de Covid-19) en cada uno de los países». Además, analizaron «la accesibilidad de los insumos». En este sentido, Santiago Cafiero, parte de la comitiva, destacó que la delegación argentina contó a sus pares chilenos que acompañaban a Piñera detalles del apoyo del Estado argentino a la empresa que fabrica respiradores mecánicos en el país. Alberto en Chile: cena con Enríquez-Ominami fuera de agenda y «clase» a la oposición chilena Además, se refirió al acuerdo con la compañía farmacéutica AstraZeneca y el Estado mexicano para producir «más de 200 millones de dosis de vacunas entre Argentina y México». Sobre el formato de producción de las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y, subrayó: «Argentina arma el activo y lo envía a México, que lo termina envasando y generando las dosis específicas con todos los cuidados, y a partir de ahí se va a distribuir en toda Latinoamérica, con la excepción de Brasil». TEMAS Alberto FernándezChileDavos COMENTARIOS
En el primer año del gobierno de Alberto Fernández en el poder, Argentina empeoró su posición en el ranking anual de la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) que mide cómo es percibida la corrupción en el Estado, según expertos, inversores y empresarios. Nuestro país descendió 12 lugares, al pasar del puesto 66 en el ranking de 2019 al 78 el último año, entre los 180 países medidos por TI para la elaboración del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020.
Este descenso en el ranking se da después de que, en el último año de la gestión de Mauricio Macri, Argentina escalara 19 posiciones en el Índice 2019 y tuviera su mejor desempeño desde 2012.
En el IPC 2020 que difundió hoy la organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel global, Argentina obtuvo 42 puntos sobre 100 máximos posibles, 3 menos que en 2019. En la escala utilizada, 0 puntos implican que un país es percibido como muy corrupto, y 100 puntos corresponden a aquellos con corrupción inexistente.
Con este puntaje, Argentina se ubica justo por debajo del promedio global en materia de percepción de corrupción que, al igual que el año pasado, es de 43 puntos, y continúa entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos sobre el máximo de 100, de acuerdo al indicador de TI.
La peor performance del país había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 107 sobre 168 países, mucho más cerca del final de la tabla que hoy.
(Infografía: Marcelo Regalado)
Corrupción y pandemia
En su análisis, TI vinculó estrechamente los resultados de la medición de este año con el manejo de la pandemia del COVID-19. “El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático”, advirtió la organización no gubernamental (ONG) que lidera la lucha contra la corrupción a nivel global desde hace más de 25 años.
Y destacó que “los países con buenas puntuaciones en el Índice invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas e instituciones democráticas o el estado de derecho”.
“El COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, advirtió por su parte Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. “Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los países que ocupan los primeros puestos del Índice, tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países, agregó esta abogada argentina que preside la organización desde 2017 y fue reelecta el año pasado.
Los estudios realizados por el programa Sanidad Global de Transparencia Internacional encontraron que la corrupción priva al sector sanitario global de USD 500.000 millones al año. Entre las prácticas documentadas figuran demandas irregulares de pago a pacientes, malversaciones de fondos, robos, ausentismo, inflación de precios, favoritismo y manipulación de datos.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI, opinó en diálogo con Infobae: “Indudablemente el análisis de la corrupción durante 2020 estuvo cruzado por la pandemia. No es que la pandemia hizo más o menos corruptos a los países, pero mostró las debilidades y las fortalezas existentes. Nosotros decimos que la emergencia genera medidas excepcionales como la compra urgente de insumos, y la inversión en infraestructura. Esas medidas excepcionales deben estar acompañadas por medidas excepcionales en materia de transparencia”.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
“Hoy, el gran desafío, más allá de controlar lo que sucedió durante 2020, es prestar especial atención a la compra de vacunas, a los acuerdos firmados, y a los contratos que deben cumplir las farmacéuticas”, agregó el directivo de esta ONG fundada en 1989, principal referente en materia de lucha contra la corrupción en el país y la encargada de presentar los resultados de Argentina.
Uruguay, al tope en América
En relación a los 32 países medidos del continente americano, Argentina se ubica en el puesto 14, uno más abajo que el año pasado. El ranking lo encabezan – al igual que en 2019 – Canadá con 77 puntos sobre 100, Uruguay con 71, y Estados Unidos y Chile con 67 ambos.
Para TI, “la corrupción constituye una gravísima amenaza a la vida y al sustento de los ciudadanos, especialmente cuando se combina con una emergencia sanitaria. Existe una correlación entre la ausencia de corrupción en el sector público de un país y un mayor gasto en sanidad”. Y citó el ejemplo de Uruguay que obtuvo la puntuación más alta de América Latina, “realiza una fuerte inversión en sanidad y cuenta con un buen sistema de seguimiento epidemiológico que ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla y el zika”.
Respecto de Estados Unidos, que mantiene su tendencia descendente y obtuvo su peor puntuación desde 2012, la ONG internacional analizó: “Aparte de los presuntos conflictos de interés y abusos de autoridad existentes al más alto nivel, en 2020 han saltado las alarmas por la débil supervisión del billón de dólares destinado a la lucha contra el COVID-19, en un país con una larga historia de normas democráticas que promueven la rendición de cuentas por el gobierno”.
En el otro extremo de la tabla, los países percibidos como más corruptos son Nicaragua con 22, Haití con 18 y Venezuela, en último lugar de América en el puesto 173, con solo 15 puntos sobre 100.
(Infografía: Marcelo Regalado)
El ranking global
En un calco de lo ocurrido el año pasado, el ranking global en 2020 lo lideran nuevamente Nueva Zelanda y Dinamarca con 88 puntos sobre 100, seguidos por Finlandia, Suecia, Suiza y Singapur, con 85. El top ten lo completan Noruega con 84, los Países Bajos (ex Holanda) con 82, y Alemania y Luxemburgo con 80.
Y también al igual que en 2019, los países percibidos como más corruptos de los 180 analizados son Sudán del Sur y Somalia con 12, Siria con 14 y Venezuela y Yemen con 15.
“Cerca de la mitad de los países llevan casi una década estancados en la misma posición dentro del índice, lo que sugiere que los esfuerzos de sus gobiernos para llegar a las causas primarias de la corrupción se han paralizado. Más de dos tercios tienen una puntuación por debajo de 50”, advirtió la ONG cuya sede central está en la ciudad alemana de Berlín.
Para TI, en 2020, “las actuaciones de emergencia en respuesta al COVID-19 han revelado profundas grietas tanto en los sistemas sanitarios como en las instituciones democráticas, poniendo de relieve que, en multitud de casos, las personas que están en el poder o controlan las finanzas del Estado sirven a sus propios intereses, en lugar de los de las personas más vulnerables. En la fase de recuperación tras la crisis, es esencial que la lucha contra la corrupción no se quede atrás en sus esfuerzos por lograr un resurgimiento justo y equitativo en toda la comunidad global”, concluyó TI al difundir el informe que acompaña el Índice.
Cómo se elabora el Índice
El IPC mide anualmente la percepción de la corrupción de empresarios y expertos pero sólo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo. Se calcula tomando 13 fuentes de datos de 12 instituciones que registran percepciones de corrupción en los últimos dos años, en base a encuestas de distintas instituciones internacionales realizadas a inversores y especialistas sobre cómo perciben la corrupción en el Estado.
Para incluir un país o territorio en el índice es necesario que haya sido evaluado por un mínimo de tres fuentes. La puntuación de cada país se determina calculando la media de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país, redondeada a un número entero.
En el caso de Argentina, la medición se hizo en base a ocho encuestas de distintas entidades internacionales: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.
Las preguntas se refieren, entre otros aspectos, a la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos con el Estado, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos públicos, entre otros aspectos.
Los pronósticos vacunatorios de la Casa Rosada sumaron un nuevo traspié. Por «problemas logísticos» admitidos por Rusia, el vuelo de Aerolíneas Argentinas que debía ir hacia Moscú el pasado fin de semana en busca de 600.000 dosis de la vacuna Sputnik V se reprogramó este martes por la mañana sin fecha confirmada. Finalmente, el avión despegó anoche y regresará mañana, pero solo con 220.000 dosis, poco más de un tercio de lo que se había anunciado.
La seguidilla de idas y venidas con la vacuna rusa comenzó el 7 de noviembre pasado. «Podríamos cubrir con las dos vacunas a 10 millones de personas si todo va bien sobre finales de diciembre», prometió ese día Alberto Fernández.
El 12 de noviembre llegaron las primeras dudas desde Rusia. Denis Logunov, a cargo del equipo de desarrollo de la vacuna declaró ante la prensa que el volumen de producción en diciembre sería 1,5 millones de dosis. Recién en enero alcanzarían entre 3 y 5 millones de dosis mensuales. En la Argentina podrían suministrar el suero en el primer trimestre de 2021 con la previa autorización de la Anmat.
El ministro de Salud Ginés González García junto al presidente Alberto Fernández Fuente: LA NACION – Crédito: Marcelo Manera
Tanto Fernández como González García comenzaron a hablar de enero como la nueva fecha para el inicio de la vacunación. «Yo calculo que, con poco volumen, vamos a empezar en la primera quincena de enero, pero eso está absolutamente subordinado a que tengamos la vacuna», dijo el ministro de Salud al culminar una reunión del Comité de Vacunación.
«Quisiera que al culminar febrero tengamos 10 millones de argentinos ya vacunados», sostuvo el 28 de noviembre el Presidente. Febrero era el nuevo mes para cumplir su objetivo.
Finalmente, el 10 de diciembre firmaron el acuerdo con Rusia y la provisión de vacunas quedó garantizada. Fue en esa oportunidad que Fernández afirmó que él sería el primero en aplicarse la vacuna rusa, «para que nadie tenga miedo». «No tengo ninguna duda de su calidad», agregó. Además, consignó que antes de fin de año vacunarían solamente a 300.000 personas.
Cinco días más tarde, el proceso de vacunación otra vez estaba en duda. «No puedo decir si se va a vacunar este año. Estamos haciendo todo, pero hay variables que son difíciles y hay dificultades con los aviones», dijo González García en una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Carla Vizzotti, la segunda en la cartera comandada por Ginés González García, quien se encuentra a cargo del plan de vacunación Fuente: LA NACION – Crédito: Anibal Greco
Un nuevo problema llegaría dos días después, cuando el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien tiene 68 años, afirmó que aún no se había vacunado porque la Sputnik V todavía no se recomendaba para personas mayores de 60 años.
««Estamos a la espera de esa información», respondió la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien había viajado a Rusia de manera secreta. Recién el 26 de diciembre Rusia aprobó el uso para este rango etario. Casi un mes después, el 20 de enero, la Anmat recomendó su uso para los mayores de 60. Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, se vacunó ese mismo día. Alberto Fernández lo hizo al día siguiente y se convirtió en el primer presidente en recibir la vacuna Sputnik V. González García también se aplicó la vacuna rusa ese 21 de enero.
El 12 de enero, dos días antes de que el segundo vuelo de Aerolíneas Argentina viajará a Moscú en busca de las 300.000 dosis con el segundo componente de la Sputnik V, Vizzotti dio a entender que el Gobierno estaba evaluando aplicar una sola dosis de la vacuna rusa a 20 millones de personas y no las dos dosis para 10 millones de personas, como se había anunciado. Tras la polémica generada, aseguró que aplicarían las dos dosis.
El Presidente dijo que había cometido una «imprudencia», pero aseguró que Vizzotti seguiría al frente del operativo. El avión con las segundas dosis finalmente arribó al país el 16 de enero y su aplicación comenzó tres días después.
La vacuna Pfizer
El Gobierno también estaba ilusionado con la posibilidad de inmunizar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer en diciembre, pero el acuerdo aún no se firmó. «Tengo la sospecha de que hay un problema de disponibilidad y no se animan a firmar un contrato que tenía que ver con una temporalidad», declaró González García.
Este laboratorio fue el primero en hacer ensayos clínicos en Argentina, sus directivos fueron recibidos por el Presidente y fue la primera vacuna autorizada por el Anmat.
El acuerdo aparentemente está demorado por un problema en la ley pedida por Pfizer y ya aprobada por el Congreso. La norma establece que los laboratorios pueden tener indemnidad «excepto en casos de negligencia» de las empresas. Pfizer pidió que se quitara esa excepción, pero el Gobierno no quiere modificarla por las posibles consecuencias penales.
«No entendemos por qué tienen tantas exigencias de inmunidad y prevención, es como si no le tuvieran fe a la vacuna», sostuvo González García en diálogo con la radio AM 750.
La vacuna de AstraZeneca-Oxford
En el caso de la vacuna británica, los números finalmente fueron favorables. Aunque su aprobación se vio demorada en los Estados Unidos y Europa con respecto a otros competidores, comenzó a fabricarse en el país en septiembre y fue aprobada por el Anmat el 31 de diciembre.
Alberto Fernández había declarado que la Argentina recibiría alrededor de 4 millones de dosis a partir del mes de marzo. Aquel 7 de noviembre, además, la Presidencia confirmó que adquirió 22 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca-Universidad de Oxford. Tal como habían anunciado, estaría lista en los primeros meses de este año y quizás ayude a cumplir la «epopeya» que había prometido el presidente.
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificó hoy en Tierra del Fuego que implementará un esquema de semi presencialidad en el dictado de clases a partir del ciclo lectivo que comenzará el 1 de marzo, pero garantizó que el regreso a las aulas será «escalonado», «con alternancias para sostener el distanciamiento social» y con una «evaluación cotidiana» de los contagios por coronavirus. Recibido por el gobernador fueguino Gustavo Melella en la ciudad de Ushuaia, Trotta habló sobre un retorno paulatino de la actividad en las escuelas que sea «cuidado» y «seguro», dado que «la pandemia no se ha superado y tenemos que mantener los controles». Además, el funcionario señaló que «habrá que garantizar desde el distanciamiento social hasta el uso de tapabocas, la ventilación y las medidas de higiene” y que con todo eso “podremos recuperar en 2021 la normalidad que nos arrebató la pandemia». Luego de mencionar que los protocolos sanitarios constituyen la base de la nueva modalidad, y que la realidad del país implica tomar decisiones distintas en cada lugar debido a su diversidad, Trotta advirtió que el «grado de presencialidad» dependerá de dos factores: «la mejora de la situación epidemiológica y el proceso de vacunación de los docentes». En ese sentido, explicó que el sistema de semi presencialidad en las aulas requerirá una «evaluación cotidiana», de donde surgirá su intensificación con «mayor presencialidad cuidada», pero también la posibilidad de efectuar restricciones por el «mínimo plazo posible» para priorizar la salud de alumnos, docentes y no docentes. A su vez, confirmó que este año se cumplirán los 180 días efectivos de clases (que corresponden al ciclo lectivo anual mínimo) «siempre dentro de este proceso de presencialidad y no presencialidad», con decisiones tomadas «dentro de la mínima unidad geográfica» y teniendo en cuenta «las notorias desigualdades que todavía sufre el país». Por su lado, la ministra de Educación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Analía Cubino, resaltó que el esquema de clases semipresenciales en la jurisdicción forma parte de un trabajo que se realiza «desde hace varios meses», a la vez que subrayó el «profundo sentir federal que se está construyendo desde el Ministerio a nivel nacional». Con el fin de diagnosticar la situación del sistema educativo, el ministro de Educación remarcó que ya visitó las 6 provincias del noroeste (NOA) las 4 de noreste (NEA) y las 3 de la región de Cuyo, además de varias de las provincias patagónicas como Santa Cruz y Tierra del Fuego. Neme contra Trotta: «Cómo volvemos al aula si son centros de detención ilegítimos» Trotta a Rodríguez Larreta: “Haga un esfuerzo por mantener un diálogo” En diálogo con Radio AM750, Trotta se refirió a «un distanciamiento histórico entre la cartera educativa porteña, los sindicatos y docentes» y volvió a pedirle al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que «haga un esfuerzo» por mantener un diálogo que garantice las clases presenciales en el distrito. «Creo que es importante el diálogo, como hacen la mayoría de los gobernadores, pero en la Ciudad de Buenos Aires hay un distanciamiento histórico entre el Ministerio de Educación porteño, sindicatos y docentes. Le pido un esfuerzo al jefe de Gobierno porteño para que se genere un diálogo», solicitó. Con respecto a la vuelta a las clases presenciales en el país, el titular de la cartera educativa aseveró que «nuestra agenda es un regreso cuidado, el de las 24 jurisdicciones, con protocolos, porque es lo que acordamos en una mesa». «Muchas veces se dicen cosas en los medios de comunicación para tener cierta iniciativa política, pero luego en la mesa de trabajo y en la propia realidad efectiva del despliegue de las políticas educativas, la Ciudad de Buenos Aires hace otra cosa», comentó sobre el comienzo del ciclo lectivo en ese distrito. Finalmente, Trotta hizo hincapié en que «la Ciudad de Buenos Aires planteó una agenda en el Consejo Educativo completamente distinta, con debates innecesarios lo que genera confusión en nuestra sociedad, en un momento de trabajo mancomunado».
El Gobierno avanzó hoy con la aplicación de la Ley de Góndolas con la publicación de una resolución que precisa cuál es la superficie mínima que deberá tener un comercio para estar alcanzado por la normativa, cuáles serán los productos involucrados y cómo estarán conformadas las categorías alrededor de las cuales se clasifican. Tal como se esperaba, la norma deja afuera a comercios barriales y a supermercados de cercanía, más allá de si son o no parte de grandes cadenas.
A través de la Resolución 110/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio estableció las primeras especificaciones para la implementación de la Ley que tiene como objetivo brindar una mayor oferta en las grandes cadenas de supermercados y busca un trato equitativo con las pymes, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar.
El texto determina la superficie mínima que deben tener los comercios alcanzados por las disposiciones establecidas por la Ley, cuáles serán los productos y cómo estarán conformadas las categorías. Además, se estableció que la Subsecretaría de Acciones Para la Defensa de las y los Consumidores será la encargada del control y vigilancia.
La superficie mínima de venta al público que deben tener los comercios alcanzados por la Ley será de 800 m2, medidos desde la línea de cajas, y descontando los depósitos y espacios exclusivos para su personal
A través de un comunicado, Comercio explicó que “la superficie mínima de venta al público que deben tener los comercios alcanzados por la Ley será de 800 m2, medidos desde la línea de cajas, y descontando los depósitos y espacios exclusivos para su personal. Con estos criterios, se apunta a que los establecimientos comerciales alcanzados por la Ley sean aquellos de formatos de comercialización medianos e hipermercados”.
Asimismo, “la normativa establece que serán alcanzados por la ley todos los productos alimenticios -excepto carnes, pescados y mariscos-, bebidas, productos de higiene y cuidado personal, y de limpieza del hogar. La resolución también define cómo será el agrupamiento de esos productos en categorías -o góndolas”.
Según prometió la comunicación oficial, en los próximos días ambos listados serán publicados en la página web de la Secretaría de Comercio Interior y serán actualizados periódicamente.
La normativa establece que serán alcanzados por la ley todos los productos alimenticios -excepto carnes, pescados y mariscos-, bebidas, productos de higiene y cuidado personal, y de limpieza del hogar
La resolución aclara, por último, que los productos que se comercialicen bajo el programa Precios Cuidados quedan excluidos de estas especificaciones y tendrán criterios particulares de exhibición que elaborará la Secretaría de Comercio Interior.
“Los comercios tienen un plazo de 90 días contados a partir del 15 de diciembre -la fecha en que se reglamentó la Ley- para adaptar sus estructuras a las condiciones que se determinan en esta resolución y así cumplir con las exigencias de la Ley”, recordó el comunicado oficial,
Entre otras cosas, la Ley de Góndolas establece que los comercios alcanzados deberán ofrecer al menos cinco productos de distintos grupos económicos por categoría; que la exhibición de los productos de un mismo grupo económico no debe superar el 30% de la superficie en su categoría; que se destine al menos un 25% del espacio de exhibición para productos de pequeñas y medianas empresas; y que como mínimo un 5% del espacio de las góndolas sea para productos de empresas de agricultura familiar, campesina, indígena y de la economía popular.
Mientras recorre el conurbano, Máximo Kirchner recibió este fin de semana el apoyo de Axel Kicillof para asumir al frente del PJ bonaerense. El gobernador de la provincia de Buenos Aires afirmó que hay «un acuerdo bastante amplio» para que el diputado nacional y dirigente de La Cámpora sea el próximo presidente del Partido Justicialista en ese distrito. En este sentido, Kicillof destacó que Máximo Kirchner es una «figura» que «es muy convocante», y, en un reportaje con Página/12 publicado este domingo, afirmó: «Después, la vida del partido tiene sus propios tiempos, la idea es consolidar el Frente de Todos, y un oficialismo que viene de cuatro años de ser oposición y que por la pandemia vio suspendido todo». Tras el aval de Alberto Fernández, Martín Insaurralde respaldó a Máximo Kirchner para el PJ bonaerense Axel Kicillof fue consultado además sobre el pedido de varios gobernadores para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2021 por la pandemia. «En la provincia tenemos una ley propia de PASO y no tenemos mayoría en las cámaras. Es decir que necesariamente la discusión involucra a la oposición. Es un debate que para mí no depende ni del tema costos ni de la conveniencia política, básicamente hay una ley y un tema epidemiológico», dijo. El mandatario provincial se refirió también a la polémica generada por la presencia de un grupo de efectivos de la Policía bonaerense en un local de Villa Gesell donde la exministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich presentó un libro: «Termina siendo medio payasesco y bochornoso este intento de usar a trabajadores de fuerzas de seguridad que están para cuidar gente, no para actos políticos», señaló. El plan de Máximo Kirchner, el hijo empoderado. Las palabras de Kicillof sobre Máximo Kirchner se dan en el marco de una gira del diputado nacional desde el 30 de diciembre con una serie de reuniones con los intendentes de la provincia de Buenos Aires para conocer la situación particular de la pandemia de Covid-19 en cada distrito, analizar la actividad económica e intercambiar información sobre la campaña de vacunación con Sputnik V. La saga de reuniones coincide con una suba del perfil y un creciente protagonismo de Kirchner entre la dirigencia peronista del principal distrito electoral del país y tiene como correlato el acuerdo generalizado, a formalizar entre febrero y marzo, para que el jefe legislativo del FdT asuma al frente del PJ bonaerense mientras que el presidente Alberto Fernández encabece el justicialismo nacional.
La convivencia es compleja. Nadie lo niega dentro del Frente de Todos. Lo asumen con naturalidad, aunque, la mayoría de las veces, buscan bajar el tenor de los conflictos internos relativizando la importancia de las diferencias que tienen. El último fin de semana en el Gobierno volvieron a exponerse dos caminos distintos y bien marcados. Un mismo gobierno, diferentes posiciones y un Presidente que busca el equilibrio con obsesión.
En el plano político consideran que la suspensión de las PASO evita la polarización en las elecciones generales y los beneficia como oficialismos provinciales. Desde que se instalaron en el sistema electoral, las primarias se convirtieron en una especie de encuesta que anticipa con fidelidad cuál será el resultado de la elección general. En segundo término, entienden que si sacan las PASO obligan a la oposición a discutir una candidatura de unidad para hacer frente al oficialismo. Esa discusión puede – ya han ocurrido casos – derivar en dos candidaturas del mismo espacio político.
Alberto Fernández junto a Sergio Uñac, uno de los gobernadores que impulsan la suspensión de las PASO (Presidencia)
En el plano sanitario, advierten que la circulación masiva de personas para cumplir con el acto electoral multiplicará el riesgo de contagio. Para agosto, cuando se llevarían a cabo las elecciones, Argentina estaría en pleno proceso de vacunación. Un operativo llevado adelante durante el invierno, cuando las enfermedades respiratorias vuelvan a recrudecer, ya es de por sí una complicación logística. Sobre todo teniendo en cuenta que la intención del Gobierno es dejar atrás, a través del avance de la vacunación, la posibilidad de implementar aislamientos estrictos, lo que implica que el movimiento de gente sea casi normal.
Además, se agrega la necesidad de reducir los gastos que implica la logística del sistema electoral. En el caso de que se hagan las PASO, el gasto es doble. Los mandatarios le pidieron al Presidente suspender las elecciones en dos oportunidades. Se plantaron en la escena política con unas posición conjunta. En el peronismo la postura es mucho más que una simple objetivo estratégico o sanitario. Hay una disputa de fondo con el kirchnerismo, que pretende que los comicios se hagan sin contratiempos. Ellos también tienen sus motivos. Quieren ganar lugares en los distintos escalones del Estado y crecer territorialmente a nivel federal.
Los gobernadores del PJ y La Cámpora son socios por conveniencia, no por convicción. No creen en la misma forma de hacer política. Tienen distintas miradas sobre la política exterior que debería llevar adelante Argentina e interpretan el vínculo con el círculo rojo con matices bien diferentes, por poner solo dos ejemplos. Son dos proyectos políticos diferentes que se unieron para poder desbancar a Mauricio Macri del poder. El objetivo se cumplió. Pero, como sabían de antemano que iba a suceder, la convivencia se complica con el paso de los meses.
Los gobernadores no hubiesen intentado expropiar la empresa Vicentin, ni buscarían definiciones condescendientes para describir al gobierno autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela. Tampoco cuestionarían con crudeza a los empresarios en forma pública ni librarían una batalla contra el sector agropecuario. No pedirían la libertad de Amado Boudou, que está condenado en diferentes instancias judiciales, ni hablarían de presos políticos. Son dos miradas diferentes sobre una misma realidad. Son dos gobiernos dentro de uno.
El líder del Frente Renovador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (Maximiliano Luna)
Un año antes de las elecciones cerca de 10 gobernadores, junto a Sergio Massa, crearon Alternativa Federal, un espacio político, con sello peronista, que buscaba transformarse en una alternativa política a Cambiemos, pero sin tener el liderazgo de Cristina Kirchner. Los mandatarios provinciales se encolumnaron en ese esquema con la intención clara de dejar sepultada en el pasado a la actual vicepresidenta. No compatibilizan con sus formas ni con sus ideas. Todos la respetan intelectualmente, pero no se sienten kirchneristas de Cristina.
La decisión de elegir a Alberto Fernández como presidente fue determinante para que esos mismos gobernadores respaldaran a la fórmula del Frente de Todos. Fueron pragmáticos, aún habiendo librado pequeñas batallas con el kirchnerismo en sus provincias para la conformación de las listas locales y en los comicios. En esta oportunidad se pararon en la vereda de enfrente al kirchnerismo y están esperando que el Presidente los respalde. No quieren que La Cámpora les cope las provincias.
La discusión por la suspensión de las PASO fue uno de los puntos de conflictos en la coalición durante el fin de semana. El otro lo tuvo Massa como protagonista. El líder del Frente Renovador y dueño de un porcentaje importante de acciones en la coalición de gobierno, marcó la cancha con una definición sobre el indulto.“Una amnistía para los casos de corrupción sería absurdo y un gran error”, sostuvo en una entrevista con El País.
La declaración fue un mensaje bien claro para el sector del kirchnerismo que presiona para que sean liberados el ex vicepresidente Amado Boudou y la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala.“De mi parte no hay ninguna chance ni de poner en discusión una amnistía así como creo que el Presidente no tiene ninguna vocación de discutir un indulto. La justicia es quien absuelve o condena”, afirmó. Sentó una postura importante dentro del Frente de Todos para contrarrestar el peso de la voluntad K. Un juego de palabras y discursos reflejado en los medios.
La protesta que llevaron adelante organizaciones vinculadas al kirchnerismo pidiendo la liberación de Milagro Sala (Nicolas Stulberg)
Quince días atrás dirigentes del kirchnerismo, ex presidentes de distintos países de Latinoamérica, actores, periodistas y funcionarios del gobierno nacional firmaron una solicitada para reclamar la libertad de Boudou. “La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”, indicaron en la carta que fue publicada y que llevó la firma, entre otros, de Mayra Mendoza, Jorge Ferraresi, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Leopoldo Moreau, Andrés “Cuervo” Larroque, Eduardo Valdés, Norma Durango y Daniel Gollán.
El texto reclamaba “la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas” para que “en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos”. La condena del ex vicepresidente por el caso Ciccone fue confirmada por la Corte Suprema el 3 de diciembre del año pasado. El 31 del mismo mes el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado ordenó su regreso a la cárcel. La decisión desató el enojo en el sector K.
Antes de las fiestas agrupaciones kirchneristas pidieron una“navidad sin presos políticos”y reclamaron la liberación de ex funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner detenidos por causas de corrupción. Más cerca en el tiempo, durante la semana pasada, organizaciones sociales y políticas vinculadas al kirchnerismo hicieron una marcha a los Tribunales para pedir la liberación de Milagro Sala. Fue bajo la consigna “La Corte, basurero de la democracia”. Por eso decidieron arrojar cientos de bolsas de basura en la entrada de la sede judicial.
En ese contexto se debe interpretar la definición de Sergio Massa, que, al igual que los gobernadores, siempre ha tenido grandes diferencias con el sector K. La decisión de explicar públicamente su posición sobre una posible amnistía no es más que un puñal para las ambiciones del kirchnerismo más duro. Cada uno fija su postura en el terreno político y trata de influir en la opinión o, de mínima, evitar que la imagen de todo el gobierno quede asociada a una sola idea.
Alberto Fernández junto a Máximo Kirchner y Sergio Massa
Alberto Fernández ya se pronunció sobre la amnistía a lo que en el kirchnerismo consideran que son presos políticos. Fue a principio de enero. “Yo a la palabra le asigno un valor central y yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más los remedios y lo cumplí, prometí la ley de interrupción voluntaria del embarazo y lo cumplí, y dije que no iba a dictar indultos y lo voy a cumplir”, precisó. Fue contundente para intentar dar el tema por cerrado.
Las diferencias dentro del Frente de Todos volvieron a florecer en dos temas centrales de la agenda política. Se multiplicarán a lo largo de los próximos años. Lo importante no son las miradas distintas, sino cuáles prevalecen en el andar de la gestión. Esas señales son, en definitiva, las que define la identidad del gobierno y el proyecto político que intenta plasmar el Presidente.
El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó sobre una «segunda ola» de coronavirus en el invierno, que -estimó- será «de una enorme magnitud», y reparó en la importancia de vacunar a las personas de riesgo.
«Tenemos muchos casos y el rebrote que vimos a fin de año es preocupante, porque muestra que, cuando no hay cuidado, podemos subir aunque estemos en pleno calor», sostuvo el viceministro sobre los contagios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).«Eso habla de una segunda ola del invierno que seguramente va a ser de una enorme magnitud», completó Kreplak, en diálogo con Radio 10.
«El tema es que lleguemos con las personas de riesgo vacunadas; cosa de que, si tenemos una gran magnitud de contagiados, no haya letalidad», consideró el funcionario bonaerense. E insistió: «Si recibimos en las próximas semanas cuatro millones de dosis, vamos a tener más vacunas que inscriptos. Necesitamos que todo el mundo se inscriba así podemos vacunar primero a las personas de más riesgo».
En ese sentido, Kreplak destacó la vacunación de Cristina Kirchner y consideró que, en término de inscripciones, el accionar público de la vicepresidenta «sirve» para fomentar una mayor concurrencia.
Kreplak, quien le aplicó la dosis a Cristina, calificó como «un orgullo» que ella haya elegido vacunarse «en un hospital público de la provincia de Buenos Aires», por el Hospital «Presidente Perón», ubicado en la localidad de Sarandí, Avellaneda.
«La vacunación es un acto solidario y de amor colectivo que Cristina demuestra, una vez más, que los tiene para con el pueblo», resaltó el viceministro.
En la entrevista, Kreplak minimizó los efectos adversos de la vacuna y contó su propia experiencia. Tanto él como el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya se dieron la primera dosis. «Cuando me la apliqué tuve un poco de dolor muscular por la noche, como si me hubiese estado por subir la fiebre, pero enseguida se pasó», relató. Y siguió: «Algunos tienen que tomar un analgésico, no más que eso. Tenemos un seguimiento de los efectos adversos y llamamos por teléfono a parte de la población».
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Alberto Fernández y sus ministros Martín Guzmán y Matias Kulfas durante su exposición en el Foro de Davos:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/C2SDMIFW2BFBFD5QIPMM4DCFTM.jpg)
Alberto Fernández y Emmanuel Macron durante su encuentro en París:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/46KMJJYZ5JD7ZNS4HL5VUHJ5S4.jpg)
(Infografía: Marcelo Regalado):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/2275GLYMEBH3XIXVUAKSWL6RQI.jpeg)
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EN5G5VOUYJFIVHO6O2SK6RGCA4.jpg)
(Infografía: Marcelo Regalado)
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Alberto Fernández junto a Sergio Uñac, uno de los gobernadores que impulsan la suspensión de las PASO (Presidencia):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Y34OVLXEMFHE3FNVDTSU2H6AAU.jpg)
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Alberto Fernández junto a Máximo Kirchner y Sergio Massa