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A última hora del viernes, el presidente Alberto Fernández incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el discutido proyecto para suspender de manera extraordinaria las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para agosto, invocando la pandemia de coronavirus, tal como habían solicitado algunos gobernadores. Como se sabe, el Poder Ejecutivo tiene la potestad exclusiva para decidir el temario de las sesiones extraordinarias, y las autoridades parlamentarias ya fueron notificadas sobre los nuevos asuntos que deberán debatir. El jefe de Estado firmó el decreto el viernes 22 de enero, en el cual precisó las iniciativas y temas que deberán tratar los legisladores en el Congreso de la Nación. El punto más importante es el que se refiere a la «Emergencia Sanitaria y Calendario Electoral 2021″. De esta forma, el presidente estaría cumpliendo con uno de los principales reclamos que recibió de varios gobernadores, los cuales manifestaron que “la pandemia de coronavirus y la consecuente crisis económica los obliga a tener otras prioridades», durante la reunión que tuvieron con él la semana pasada en la ciudad riojana de Chilecito. PASO: los radicales proponen abaratarlas y hacerlas en septiembre Del encuentro participaron Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Juan Manzur (Tucumán), todos oficialistas, junto a los opositores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Sin embargo, según anticiparon a Infobae, Alberto Fernández accedió a autorizar el tratamiento del proyecto para suspender las PASO con la condición de que sean los propios mandatarios provinciales los que se encarguen de conseguir los votos necesarios para que esta iniciativa avance en el recinto. La posibilidad de que se suspendieran de manera extraordinaria las PASO fue puesta sobre la mesa del debate político a principios de diciembre pasado, cuando un proyecto de ley del diputado tucumano del Frente de Todos, Pablo Yedlin, había plasmado el pedido de algunos gobernadores. Casi dos meses después, el Presidente aceptó el pedido de los mandatarios provinciales y amplió el temario de las sesiones extraordinarias que el Congreso lleva adelante hasta el 28 de febrero. Desde Juntos por el Cambio, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, rechazaron la suspensión de las PASO, dado que sostuvieron que es “producto de especulación política” y busca alejar al país “de la reforma electoral que tanto necesita”. Por su lado, Diego Santilli y Jorge Macri difundieron a través de sus redes sociales el comunicado en el que oficializan no estar conformes con la cancelación de las primarias. Dentro de dichos escritos se hacen presentes también el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.  Asimismo, en la ampliación también incluyó: El tratamiento de los pliegos de las autoridades del Banco Central (quienes ya se encuentran en funciones pese a la falta del acuerdo) La reactivación de la obra pública para vivienda La implementación del Código Procesal Penal Federal Un proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, bautizado «Diana Sacayán-Lohana Berkins» Una iniciativa para que se apruebe un acuerdo con la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación El proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo mediante Mensaje N° 158/20 de fecha 27 de diciembre de 2020

Fuente: Perfil.com

El conflicto por la reducción de la coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires continúa trabado a la espera de que la Corte Suprema resuelva la demanda por inconstitucionalidad presentada por la administración porteña o de una negociación política entre la Casa Rosada y Horacio Rodríguez Larreta.

Ante este panorama, el gobierno nacional deslizó extraoficialmente la posibilidad de armar una mesa de negociación paralela en la que ambas partes lleguen a un acuerdo que luego sea homologado por la Corte Suprema.

Fiel al estilo dialoguista que busca imponer al bloque opositor, Horacio Rodríguez Larreta les hizo saber que está dispuesto a sentarse a conversar. Sin embargo, aclaró que el acuerdo no se discutirá en el marco de la ley 27.600.

Esta norma, aprobada en el Congreso por el Frente de Todos y sus aliados, le quita a las arcas porteñas un 1,18% del dinero que recibe de parte del Estado nacional, que pasará del 3,5% de coparticipación, a un 2,32%.

En su artículo 2, la ley también establece que el gasto anual que demande el traspaso de la Policía serán acordados en forma bilateral por los gobiernos nacional y porteño en un plazo de 60 días corridos a partir de su sanción. Por esa razón, durante los últimos días de diciembre la Casa Rosada convocó a la Ciudad a negociar formalmente. No obstante, Rodríguez Larrecha rechazó la invitación para no “legitimar” una ley que denunció por inconstitucionalidad ante la Justicia.

Tal como quedó plasmado en el texto de la demanda, en la sede de Uspallata consideran que la invitación a este acuerdo bilateral es simplemente “un simulacro” de consenso.

“La CABA debe negociar desde una posición desfavorable ya que le aplican, desde la vigencia de la ley y mientras no se llegue a un consenso, los montos dispuestos en el artículo 3”, dice la demanda.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli (Maximiliano Luna)

Sin embargo, esta situación deja abierta la posibilidad de una negociación informal. De hecho, otra de las condiciones expresas del Gobierno porteño fue que el debate no sea público.

Los interlocutores encargados del delicado pacto serían el jefe de asesores presidenciales Juan Manuel Olmos, histórico dirigente del PJ porteño y hombre muy cercano a Alberto Fernández, o en su defecto el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Por la parte porteña, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, quien también tiene a su cargo la seguridad del distrito, cuenta con la confianza de Rodríguez Larreta para este tipo de negociaciones políticas.

Las autoridades porteñas aseguran que el recorte de recursos alcanza los $65.083.500.000. Según pudo saber Infobae, hasta el momento no existe una cifra en torno a la cual se pueda llegar a una acuerdo de antemano.

El gobierno porteño ya hizo el ajuste de su Presupuesto y pagó el costo político de aumentar ABL, Patentes e Ingresos Brutos a los bancos. A su vez, también capitalizó cierto rédito por la visibilidad que Rodríguez Larreta obtuvo por su enfrentamiento con el gobierno nacional y el lugar de referente de la oposición en el que se vio colocado.

Por ahora, ambas partes apenas han dado señales sutiles de sus intenciones de destrabar el conflicto de manera concertada. Mientras tanto, la Corte Suprema no dejó entrever para qué lado se inclinará ni cuándo dará una definición.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno dispuso este jueves 21 de enero dar inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica en todo el país, con el objetivo de establecer un «Régimen Tarifario de Transición», a través de de dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial. La medida se tomó hasta tanto se arribe a un «Acuerdo Definitivo de Renegociación». El documento convoca a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor) y la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur) a participar de este régimen, que busca «una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias». A su vez, involucra Transener, Transba, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y Epen, encargadas del transporte de energía. El ENRE garantizó la continuidad de la normal prestación de los servicios, al tiempo que aseguró la implementación de mecanismos de participación ciudadana, en los que convocará a usuarios y asociaciones de defensa del consumidor, para que sean «informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información». La medida se basa en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1.020 del 16 de diciembre de 2020, mediante el cual se determinó el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica que estén bajo jurisdicción federal. Energía: El gobierno dice que «no habrá tarifas dolarizadas» ni «congelamiento permanente» El Ejecutivo encomendó, así, al ENRE a realizar el proceso de renegociación de las revisiones tarifarias, considerándose necesaria la reestructuración tarifaria determinada en la Ley N° 27.541 de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva», sancionada a fines de 2019. Esa ley facultó al Gobierno a dar inicio a una revisión de carácter extraordinario, «propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias». El ente regulador aseguró que en las adecuaciones tarifarias transitorias «se deberá atender a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, como así también la implementación de los mecanismos de participación ciudadana correspondientes».

Fuente: Perfil.com

Una vez más el Gobierno Nacional volvió a otorgar por decreto ayuda financiera a las obras sociales para mitigar el impacto de la crisis económica que profundizó la pandemia de COVID-19 a lo largo del 2020. Esta nueva asistencia se da mientras la CGT se encuentra en estado de alerta ante las versiones sobre una reforma del sistema de salud impulsada por el kirchnerismo.

A través de la Resolución 163/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud otorgó “un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de diciembre de 2020, con relación al mes de marzo de 2020″. Como en las anteriores oportunidades, el objetivo es “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.

En los considerando el Gobierno justificó que a raíz de las medidas de aislamiento y distanciamiento “se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo”. En este marco, la merma productiva “se ve reflejada asimismo en la recaudación tributaria, y consecuentemente, en los recursos destinados a los Agentes de Salud”.

“La situación descripta amenaza la cadena de pagos del Sistema de Salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios”, agregó el texto oficial. Por ello, el Poder Ejecutivo continúa asistiendo financieramente a las obras sociales con la mira puesta en “garantizar el adecuado servicio de los sanatorios, clínicas y demás prestadores de salud”.

El Ministerio de Salud volverá a destinar recursos a los Agentes del Seguro de Salud que permitan “compensar la disminución de la recaudación de sus recursos habituales como consecuencia de la emergencia sanitaria”, sostiene la resolución.

En su artículo 2, la norma establece que el monto del apoyo financiero para cada Agente será el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones durante marzo de 2020 y la recaudación percibida durante el último mes. Según precisó el Gobierno, la diferencia total entre todas las obras sociales supera los 220 millones de pesos.

Alberto Fernández y la CGT, en su último encuentro en Olivos

Al igual que ocurrió a lo largo del 2020, el dinero saldrá de un Fondo de Emergencia y Asistencia creado en 2016, destinado al Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los Agentes de Seguridad Social.

Este fondo fue creado por pedido de la CGT para financiar “la asistencia en casos de epidemias o emergencias”, programas de prevención aprobados por las autoridades, la adquisición de equipamiento tecnológico y de efectores propios (como clínicas y sanatorios) y los proyectos de fortalecimiento institucional de las obras sociales. El dinero que el Gobierno destinó originariamente para ese fin, alrededor de 4.500 millones de pesos, fue creciendo por los intereses financieros y una parte del mismo ahora se usa para un caso de epidemia, tal como fue concebido. En esta ocasión, el monto a cubrir es de $227.705.825.

La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Eugenio Zanarini, avanzó con la presente resolución mientras la CGT continúa en alerta ante las versiones de que el Estado podría apropiarse de los fondos de las obras sociales.

El temor de la central obrera surgió luego de un acto que protagonizó Cristina Kirchner en La Plata el pasado 18 de diciembre. Allí la vicepresidenta afirmó que “tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”. Luego el Gobierno anunció un incremento del 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga, que poco después fue dejado sin efecto. Este gesto que interpretado por la CGT y empresarios como una señal de avance del kirchnerismo sobre el sistema de salud para que el Estado tome control de las obras sociales. Ningún miembro del oficialismo desmintió públicamente la existencia de ese plan.

Fuente: Infobae.com

Tras la reunión entre los diputados oficialistas de la comisión de Salud y el ministro Ginés González García, se envió ayer por la mañana un documento a todos los legisladores detallando información referida al plan de vacunación.

Si bien ya había sido visto por los diputados del Frente de Todos, recién ahora llega a manos de los opositores, que habían rechazado la invitación a la reunión. LA NACION accedió a este informe, que refleja los recursos que serán destinados a cumplir las metas de inoculación de la población.

En primer lugar, el ministro puntualizó que cada provincia armó su propio plan de vacunación más allá de las pautas que sugirió el ministerio nacional en cuanto a las condiciones de los establecimientos, la cantidad de equipos necesarios para emprender la tarea, entre otros factores.

Esto significa que, a pesar de que el Ministerio de Salud definió un orden de prioridad para los grupos de vacunación, cada provincia tiene la potestad de definir a quienes vacunará inicialmente. «Si la ciudad quiere vacunar primero a los docentes, puede hacerlo. Si la provincia quiere vacunar primero a funcionarios, como hizo Axel, puede hacerlo», comentaron desde el Ministerio.

El Gobierno aportaría los siguientes recursos:

1. Las vacunas.Desde el Ministerio reafirmaron que, por el momento, se han adquirido 22.431.000 dosis de AstraZeneca, 9.000.000 del fondo COVAX (no se detalla cuando llegan) y 20.000.000 Sputnik V. Las primeras recién llegarían entre marzo y julio.En su conjunto, alcanzarían para un poco más de 25 millones de personas. Además, advirtieron que están en negociación con los siguientes laboratorios: Pfizer y Moderna (ambas de EE. UU.); Butantan/Sinovac Biotech y Sinopharm (ambas chinas); Johnson & Johnson y CanSino Biolgics.
2. Personal voluntario.Serán 10.000 voluntarios a través del programa ACTIVAR (Acompañamiento Territorial Integral del Voluntariado Argentino).Estos serán estudiantes universitarios de carreras de la salud u otras, de 54 casas de estudio, que prestarán asistencia a los equipos médicos.Los jóvenes darían apoyo de forma gratuita.
3. 3.500 millones de pesos.Este monto sería destinado a la compra de equipamiento, logística, recursos humanos y otros insumos. Según fuentes oficiales,estos presupuestos fueron ya transferidos a las provincias, que son las responsables de su ejecución en función de sus necesidades.
4. Capacitaciones.El Gobierno ofreció capacitaciones específicas para vacunadores y registradores.

Además, el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas prestarían servicios durante el transporte y almacenamiento de las dosis y también ofrecerán personal para ser registradores, debido a que habrá un padrón de vacunación, como fue adelantado.

También estarán avocados a estos operativos empleados del Ministerio de Desarrollo Social. El encargado de articular todas las jurisdicciones será la cartera de Interior, a cargo de Eduardo «Wado» de Pedro.

Los equipos de vacunación estarán conformados por 116.000 personas en total, entre las cuales habrá 36.000 vacunadores y 80.000 administrativos o «personal de apoyo». Habría un vacunador cada 1250 personas, aproximadamente.

Según el Ministerio, 7.749 establecimientos fueron acondicionados para vacunar. De estos, solamente 56 en todo el país cuentan con la tecnología para almacenar vacunas de ultra frío. Estos serían los únicos habilitados para vacunar con las Moderna o Pfizer, debido a que deben ser almacenadas entre -20°C y -70°C, respectivamente. En segundo lugar, 1.873 establecimientos cuentan con freezers -18°C, para vacunas como la SputnikV. Por último, casi el 75% de las instalaciones, en realidad, podrían almacenar vacunas que deban ser refrigeradas entre 2°C y 8°C. La AstraZeneca podría darse en esos puntos.

Esta cantidad de centros representa un punto de vacunación cada 5.800 personas, aproximadamente. Sin embargo, en el caso de los establecimientos con mayor tecnología de refrigeración, el número cae a uno cada alrededor de 24.000 personas.

El Gobierno recibió ayuda financiera para llevar adelante los acondicionamientos y la compra de insumos. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento otorgaron 4.346 millones y 82 millones de pesos, respectivamente, en préstamos. Serán para construir almacenes regionales, obras y equipamientos, provisión de energía, entre otros conceptos.

En términos de la logística, fuentes oficiales del Ministerio explicaron: «La Nación se encarga de que la vacuna llegue a Ezeiza y del aeropuerto a un punto en cada provincia. Luego cada una se hace cargo de que lleguen a los vacunatorios».

Según diversas fuentes, el documento fue presentado en la reunión con diputados oficialistas, y luego Pablo Yedlin, presidente de la Comisión, lo envió al resto de los legisladores. También planteo que se llevaría a cabo una reunión con todos los miembros de la Comisión y el ministro Ginés González García en la primera semana de febrero.

Respecto al plan presentado, Carmen Polledo, vicepresidente de la Comisión, comentó a LA NACION: «Sigue siendo muy general, los 9 millones de vacunas COVAX no se sabe cuando van a llegar, se necesita mucho más detalle presupuestario. También saber dónde están distribuidos los equipos y los centros de vacunación. Sigue habiendo interrogantes que me gustaría plantear en la reunión por venir.»

El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, rechazó este jueves 21 de enero el regreso de las clases de modo presencial en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, al sostener que el anuncio del Gobierno porteño «es irresponsable» ante «el avance de la pandemia», y calificó la medida de «criminal». “Nos da la sensación de que dicen ‘insistamos que los vamos a convencer de que esto es posible’. Quieren empezar el 17 de febrero relativizando de manera irresponsable el avance de los contagios y de la pandemia en el país en general y en la Ciudad en concreto”, dijo Adaro. En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente docente porteño señaló que antes que poner una fecha y una determinación, el gobierno de Rodríguez Larreta debería plantear «un plan, un programa». “Si sos Gobierno y planteás un esquema de presencialidad desde el 17, tenés que armar un plan, un programa. Ellos dicen que cada escuela se va a hacer cargo. Cada escuela le tiene que presentar un plan a la ministra (de Educación, Soledad Acuña). Es una locura”, sostuvo. Cuándo empiezan las clases presenciales, provincia por provincia Interpretó que con esta actitud, el Gobierno porteño «está delegando de manera inconsulta la responsabilidad a los directores de las escuelas». «Son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar”, consideró el gremialista, que agregó que “tiene que haber elementos de prevención y de higiene al tiempo que recordó que durante el 2020 «ni siquiera se pudo garantizar el alcohol en gel para los docentes y los auxiliares en las escuelas porteñas”. Para Adaro, “la decisión del Gobierno porteño es una decisión irresponsable». «Rodríguez Larreta debe hacerse cargo de solventar los gastos, ofrecer micros escolares para los traslados de los niños y niñas, pero se negaron», se quejó. «Dejan a la voluntad de la ciudadanía la solución del transporte. Nos llevan a un escenario complejo en el aumento de la circulación del virus. Creo que es una política criminal para los pibes y para todos los que intervenimos en la escuela pública”, afirmó. Clases presenciales: punto por punto, cómo es el plan de Horacio Rodríguez Larreta Consultado sobre la decisión de los docentes nucleados en Ademys, Adaro no descartó medidas de fuerza: “Vamos a reunirnos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir lo que vamos a hacer». «No descartamos tomar medidas de fuerza que confronten con estas políticas del Gobierno. Lo vamos a resolver de modo democrático. Tenemos una gran preocupación por estos anuncios y por el camino que está tomando el Gobierno de la Ciudad”, dijo. En la misma línea, el Secretario General de los Metrodelegados, Roberto Pianelli, alertó sobre la situación del transporte con el inicio de las clases presenciales y argumentó que «esperemos que no tomen la decisión de habilitar a todo el mundo. Habilitar el Subte en medio de la segunda ola sería criminal». En diálogo con El Destape Radio, el dirigente indicó que «la ministra Acuña decía que los chicos pueden ir al colegio en bicicleta. Es un bochorno. Va a ser todo una discusión. Teóricamente, los alumnos no podrían viajar en transporte público porque son no esenciales». Vuelta a clases: Axel Kicillof anticipó una «presencialidad combinada con virtualidad» La ministra de Educación porteña precisó este jueves que el dictado de clases en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo regreso fue anunciado para 17 de febrero próximo, será en principio los cinco días de la semana y mínimo 4 horas diarias. De acuerdo al esquema anunciado esta mañana, el 17 de febrero iniciarán cuatro grupos de estudiantes: los chicos de los jardines maternales, el nivel inicial, primer ciclo de primaria (primer, segundo y tercer grado) y primer ciclo de secundaria (primer y segundo año). Luego, el 22 de febrero se sumará el resto de los alumnos de la primaria y una semana después, el 1 de marzo, será el turno de todo el nivel secundario.

Fuente: Perfil.com

El miércoles a la tarde, Alberto Fernández regresó de La Rioja a Olivos y pidió a su staff un tiempo a solas. La televisión repetía una y otra vez la asunción de Joseph Biden, y sonrió con inocultable alegría política: Donald Trump ya era historia y se aprestaba a escribir una carta personal al flamante Presidente de los Estados Unidos para describir su optimismo respecto a las posibles relaciones bilaterales entre la Casa Rosada y la Casa Blanca.

El humor presidencial se transformó en un vendaval cuando recibió este comunicado de la Cancillería posteado en la cuenta oficial de Twitter:

El tuit de la Cancillería saludando la asunción de Biden-Harris que causa un vendaval en la quinta de Olivos

“Cómo le va a pegar a Biden, si firmó diecisiete decretos cambiando toda la política de Trump. ¿Estamos todos locos?”, se preguntó el Presidente respecto al tuit de la Cancillería posteado por instrucción de Solá.

Alberto Fernández y su vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, chatearon con distintos funcionarios de la Cancillería para saber porqué se había escrito esta frase en el tuit oficial: “(Argentina) espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior”.

En el Palacio San Martin sólo respondieron con evasivas. Y hubo un dato clave que no pasó desapercibido para el círculo cercano de Alberto Fernández en Olivos. El Presidente evitó hablar con el canciller en esta compleja crisis diplomática, y fue informado de este affaire por familiares que trabajan al lado de Solá.

Y no es la primera vez que el Presidente no contesta las llamadas y los chats del ministro de Relaciones Exteriores.

Solá ya había mentido en un reportaje acerca de los términos de la conversación que mantuvo Alberto Fernández con Biden antes de su asunción como presidente 46 de los Estados Unidos. El jefe de Estado no podía creer cuando le llegó la transcripción de sus declaraciones públicas, y optó por un cuestionamiento leve en los medios y el frío glaciar en el trato cotidiano.

Pero el tuit del Ministerio de Relaciones Exteriores instando a no repetir la agenda geopolítica de Trump para la región fue -quizás- el último capítulo de una relación institucional que nunca funcionó como se aguardaba en Balcarce 50 y el Instituto Patria.

Alberto Fernández y Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos

Cuando recuperó el ritmo cardíaco, Alberto Fernández se olvidó de Solá y se puso a redactar su carta personal a Biden. Durante la primera conversación con el sucesor de Trump, había intentado explicitar su voluntad de diálogo abierto con la Casa Blanca.

Pero Biden contuvo la iniciativa del jefe de Estado con una frase que se repite de memoria en Olivos: “Un Presidente a la vez”, dijo para explicar en estilo diplomático que su gestión empezaba tras su asunción frente al Capitolio.

Con el recuerdo de esa frase, Alberto Fernández se puso a leer un informe reservado que hizo Gustavo Beliz sobre la trayectoria política del presidente 46 de los Estados Unidos. El secretario de Asuntos Estratégicos recordó que Biden había viajado “más de treinta veces” a América Latina, y ese dato fue aprovechado al máximo por el jefe de Estado.

“Lo sé conocedor en cuerpo y alma de la realidad de América Latina, y su experiencia y sensibilidad serán también muy importantes para nuestra región, asediada como Ud conoce por múltiples desafíos de inequidad, violencia y endeudamiento insostenible”, escribió el Presidente sobre la base del dossier redactado por Beliz.

Alberto Fernández también rescató la importancia de los foros multilaterales y el impacto del Acuerdo de París para evitar que se profundice la tragedia del cambio climático. Y ratificó su decisión de luchar contra el crimen organizado, preservar los derechos humanos en la región y alcanzar una agenda de trabajo “creativa” e “innovadora”.

La carta personal de Alberto Fernández a Biden llegará por carriles oficiales hasta Washington. Pero su contenido ya es conocido en el Ala Oeste de la Casa Blanca, adonde trabajan los funcionarios más importantes de la administración de los Estados Unidos.

No debería sorprender que Alberto Fernández reciba en las próximas semanas una invitación oficial de Biden para formalizar la relación bilateral entre ambos presidentes. Cuando eso suceda, si lo permite la pandemia, el Presidente deberá decidir si viaja acompañado por Solá o es la coyuntura perfecta para cambiar a su ministro de Relaciones Exteriores.

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández felicitó este miércoles 20 de enero a Joe Biden por su investidura como presidente de los Estados Unidos en un mensaje con más diplomacia que el saludo de la Cancillería argentina a cargo de Felipe Solá y sin chicanas a la gestión de Donald Trump. «Felicito a @JoeBiden por su investidura como presidente de los Estados Unidos y también a @KamalaHarris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia. Estoy seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre nuestros países se fortalecerá. Les deseo a ambos mucha suerte», expresó el mandatario argentino en su cuenta de Twitter. El mensaje de Fernández tras la ceremonia de asunción de Biden, realizada en la ciudad de Washington DC, se realizó tres horas después del tuit de Cancillería que generó polémica y críticas en las redes sociales. Es que la diplomacia comandada por Felipe Solá manifestó que espera que «no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior», aludiendo a la gestión de Donald Trump. Cancillería le marca la cancha a Biden y pide que «no se apueste a la desunión de nuestras naciones» Al acto en la Casa Blanca asistió en representación del gobierno argentino el embajador ante ese país, Jorge Argüello, quien en la jornada anterior subrayó que la Argentina está «expectante» y con una «mirada positiva» ante el cambio de administración. Argüello celebró la decisión de Biden de que su país «reingrese al multilateralismo», ya que -señaló- era lo que quería escuchar de él la gestión de Alberto Fernández. Las reacciones al tuit de Cancillería que felicita a Biden: «Deberían hacer un cursito de inglés» Al respecto, expresó su deseo de que el presidente argentino pueda tener una reunión bilateral con el flamante mandatario estadounidense «ni bien se pueda». Además el diplomático se mostró muy optimista respecto de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «dentro de pocos meses». Y destacó como una de las principales prioridades de su gestión la recuperación del mercado de biodiesel en Estados Unidos, perdido para la Argentina durante la gestión Trump. Con la llegada del demócrata Biden al poder, la gestión de Fernández busca un acercamiento a Washington, luego de la distante relación que guardó en su primer año de gestión con Trump, quien cultivó una relación mucho más estrecha con el gobierno de Mauricio Macri, e incluso jugó un rol clave para que el FMI desembolse los préstamos a la Argentina durante la administración de Cambiemos.

Fuente: Perfil.com

Luego de que fuera suspendida la semana pasada, el Gobierno retomará hoy la reunión de rutina del gabinete económico. En ese marco, los ejes centrales girarán en torno al rebrote de coronavirus y la posibilidad de tener que volver a implementar una ayuda económica por parte del Estado para el sector privado, sobre todo considerando que podrá haber medidas restrictivas en el corto plazo.

Desde el Ejecutivo no descartan que la economía vuelva a resentirse ante un nuevo aislamiento social que se podría implementar en los próximos días para morigerar los contagios de covid-19.

De esta manera, el equipo económico encabezado por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero discutirá este jueves la posibilidad de relanzar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y adecuar la ayuda a las empresas a través del Repro II, un nuevo esquema de asistencia para el pago de sueldos que tiene un alcance más acotado que el plan que implementó el Poder Ejecutivo al inicio de la pandemia.

El diagnóstico oficial es que la probabilidad más alta es la de reimplementar un programa similar al bono de Anses de $10.000, mientras que la ayuda para el pago de salarios como el ATP quedaría circunscripta a sectores aún golpeados

Lo que no habrá es una continuidad del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) tal como estuvo diseñado el año pasado. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, ese programa específico ya no volverá a implementarse.

El propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró ayer en una entrevista radia que el ATP terminó a fin de año. “Fue pensado como un programa en el peor momento de la pandemia, tuvimos un momento con la mitad de la economía paralizada y había que pagar salarios del sector privado para que no tuviéramos un derrumbe, mayor daño”, remarcó.

“Si se vuelven a paralizar algunas actividades por un rebrote vamos a tomar políticas sociales excepcionales”, aseguró el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo.

Los niveles de actividad no terminan de recuperarse desde el primer impacto de la pandemia en marzo. El diagnóstico oficial es que la probabilidad más alta es la de reimplementar un programa similar al bono de Anses de $10.000, mientras que la ayuda para el pago de salarios como el ATP quedaría circunscripta a sectores todavía golpeados, como el turístico o el de entretenimiento, y se implementaría mediante el Repro II.

El programa Repro (Recuperación Productiva) ya existía antes de la crisis sanitaria, pero el Gobierno decidió renovarlo y adaptarlo a una coyuntura en que algunos rubros particulares de la economía continúan con números de ventas o facturación deprimidos. Para eso, implementó el esquema que implica un pago de $9.000 por cada empleado y que está sujeto a distintos requerimientos, tal como lo hacía el ATP.

Según detallaron fuentes oficiales a Infobae, en diciembre, el primer mes de Repro II, unas 3.400 empresas pudieron acceder a la ayuda oficial para el pago de sueldos, lo que representó en total unos 110.000 trabajadores.

El último día de este mes vencerá el decreto que dispuso el congelamiento de los montos de alquileres y los créditos hipotecarios UVA

El programa estaba abierto a empresas de cualquier rubro, mientras que los sectores críticos eran atendidos por el ATP. Ahora esos rubros, los más golpeados por la pandemia, pasarán a engrosar los números del Repro II.

Por ejemplo, está previsto en la próxima ronda sumar a las prestadoras de salud. Incluso se asistirá en el pago de salarios de trabajadores temporales de rubros como turismo, gastronomía, salud y espectáculos, entre otros.

Días atrás, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dijo en Infobae que “si se vuelven a paralizar algunas actividades por un rebrote vamos a tomar políticas sociales excepcionales”.

«El ATP terminó a fin de año», aseguró ayer Matías Kulfas (REUTERS/Agustín Marcarián)

De acuerdo a un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el conjunto de medidas de ayuda económica que implementó el Gobierno requirió unos $917.000 millones. Poco más de la mitad estuvo explicado por el IFE ($262.281 millones) y por el programa ATP ($226.853 millones).

Asimismo, el IFE tuvo un alcance de 9 millones de personas durante tres pagos bimestrales de $10.000 que realizó el Gobierno entre abril y noviembre. El programa incluyó a sectores que quedaron desprotegidos por la irrupción de la pandemia y las restricciones a la circulación, como desocupados, trabajadores y trabajadores informales, personal de casas particulares, y monotributistas sociales o de las categorías A y B.

En tanto, El ATP llegó a cubrir, en el peor momento de la pandemia y con las restricciones de actividad y movimiento más rígidas en todo el país, los salarios de empleados de unas 234.000 compañías, principalmente comercio e industria. En esa primera ronda del Programa ATP, según estimaciones oficiales, la ayuda salarial incluyó a 2,3 millones de empleados en relación de dependencia.

Alquileres y créditos hipotecarios UVA

El equipo económico también discutirá hoy qué va a pasar con los alquileres y los créditos hipotecarios UVA.

El último día de este mes vencerá el decreto que dispuso el congelamiento de los montos de alquileres y los créditos hipotecarios con esta modalidad de unidades de valor que lanzó el macrismo.

Según la disposición, hasta el 31 de enero de 2021 los inquilinos tienen la opción de pagar el monto mensual que se abonó en marzo del año pasado y se suspenden los desalojos por falta de pago. Sin embargo, desde la jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat están trabajando en una posible extensión del decreto, que podría ser de uno o dos meses.

El congelamiento de los alquileres se dispuso en marzo del año pasado, en el marco de varias medidas de alivio del impacto económico de la pandemia. El primer decreto (320/2020) mantenía los precios vigentes a marzo hasta el mes de septiembre de 2020. Luego, un segundo decreto (766/2020) prorrogó la medida hasta fines de enero de este año.

Fuente: Infobae.com

Casi al mismo tiempo en que el Fondo Ruso de Inversión Directa solicitaba la aprobación de emergencia para su vacuna Sputnik V ante la autoridad regulatoria europea (EMA), ayer al mediodía la Anmat difundió un comunicado en el que informa que, «luego de analizada la nueva información aportada (…), se estableció que la misma se encuentra en un margen aceptable de seguridad, inmunogenicidad y eficacia para el grupo etario de mayores de 60 años» y recomienda su uso al Ministerio de Salud de la Nación.

La decisión del organismo técnico, indispensable para poder administrar cualquier producto farmacológico en el país, elimina todo obstáculo para seguir adelante con la campaña de vacunación tal como estaba prevista justo cuando se espera el arribo de un envío de cinco millones de dosis más a partir de la semana que viene.

Según detalla la Anmat, en su análisis inicial de diciembre del año pasado ya había destacado que los datos de eficacia, inmunogenicidad y seguridad respecto de la población total del estudio, entre los 18 y los 87 años, reportaba un perfil aceptable y que no se habían registrado eventos adversos inesperados hasta ese momento. Pero considerando la cantidad de sujetos mayores de 60 que deben recibir esta vacuna se sugirió un nuevo análisis de seguridad para verificar si, en mayor número de individuos, surgían otros.

El fabricante presentó nueva documentación específicamente sobre sus efectos en mayores que reportó un «rango de eficacia del 91,8%»; «formación de anticuerpos en el 98,1% el día 28 después de la vacunación» y un perfil de seguridad «que no difiere del observado en el resto de la población».

Eficacia

«Esta autorización es una buena noticia -comenta Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e integrante de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva)-. En el hospital había personal de salud que no se podía vacunar por haber sobrepasado ese límite de edad. Había ansiedad por comenzar con el grupo de riesgo».

Acerca de la eficacia de la vacuna en esta franja de edad, la especialista explica que se sabe que, a medida que aumenta la edad, la respuesta inmune es menor. «El resultado final de la fase 3, en ésta y en todas las vacunas, lo vamos a tener a mediados de año. Por los datos que hay, con dos dosis la eficacia parece muy buena -destaca-. Seguramente cuando terminen los estudios vamos a tener datos más ajustados. Si superan el 90%, son muy buenos; recordemos que a mediados del año pasado la FDA había dicho que un 50% de eficacia o más ya era suficiente en una pandemia».

«La información adicional de Gamaleya indica que con un universo de 2144 mayores de 60 años tuvieron una eficacia del 91.8%; es decir análogo a los resultados presentados de los voluntarios en general en el análisis interino presentado el 23 de noviembre, que indicaba 91.4% -subraya el virólogo del INTA, Humberto Debat-. Son excelentes noticias, porque se espera en general alguna reducción de la eficacia ya que el funcionamiento del sistema inmune puede declinar con la edad. No indican sobre la base de qué numero de eventos se verificó esa eficacia, pero el intervalo de confianza y p-valor (la probabilidad de que los resultados de un ensayo clínico se den por azar) se ven bien».

Impacto

«En los informes adicionales que envió el Instituto Gamaleya, la eficacia fue muy alta, no solo para prevenir la enfermedad, sino también sus formas graves -dice el reconocido experto en vacunas Eduardo López, infectólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez-. Este es uno de los beneficios más importantes que ofrecen todas las vacunas. La de Oxford/AstraZeneca tiene una eficacia combinada del 70% para evitar el contagio, pero es mayor para disminuir las formas graves».

Según el especialista, otro punto importante de esta inmunización, a diferencia de las desarrolladas con tecnologías más novedosas, es que prácticamente no tuvo efectos efectos adversos ni provocó alergias graves. La formación de anticuerpos específicos contra el coronavirus se registró en el 98,1% de los voluntarios el día 28 después de la vacunación.

Por eso, López subraya que sería importante que se den las dosis en la secuencia analizada durante el ensayo. «Yo trataría de darlas en un lapso lo más cercano posible a los 21 días -afirma-, como se estudió. Especialmente teniendo en cuenta que la estrategia de inmunización nacional, como ocurre en otros países, es apuntar a los adultos mayores, que son más de siete millones de personas».

En el ensayo clínico de la vacuna Cansino, cuenta, están inmunizando a personas desde los 18 años en adelante, pero como la Sputnik se estudió hasta los 87, los mayores de esa edad deberán consensuar si se vacunan o no con su médico de cabecera para evitar que en pacientes frágiles provoque efectos adversos. Todavía no se estudió en inmunosuprimidos, pero está indicada en personas con comorbilidades, como hipertensión, diabetes y dislipidemia.

«Si se extiende la vacunación, en la Argentina no vamos a ver disminución rápida del número de casos, pero sí menor internación y menor pasaje a terapia intensiva -aventura López-. Y es posible que también impacte en la mortalidad».

Además de Rusia, ya aprobaron la vacuna Sputnik V la Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Argelia y Serbia, entre otros. Como el ensayo clínico en mayores de 60 demostró una eficacia de más del 90%, ahora ese grupo de edad se incluye en las pautas de vacunación de todos los países.