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El legislador de Juntos por el Cambio Waldo Wolff confirmó que esta semana un grupo de funcionarios de la oposición viajará a la provincia de Formosa, envuelta en un escándalo tras las denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán, a quien acusan por sus maltratos a los positivos, el cierre total de dos ciudades y la creación de centros de alojamiento irregulares que no respetan las medidas de sanidad.

«Vamos a ir a recabar testimonios, recibimos decenas de mensajes de la gente que no se anima a hablar. Vamos a ir a los lugares a los que Horacio Pietragalla no fue», dijo en diálogo con radio Mitre Wolff en relación al viaje del secretario de Derechos Humanos, quien visitó la provincia y defendió las políticas de Insfrán.

«Vamos a tratar de que la gente pierda el miedo», añadió.

Asimismo el legislador de la oposición destacó que Formosa no es propiedad de los funcionarios, habló de «bravuconadas» por parte del Gobierno y afirmó que lo que buscarán es hablar con las personas que temen represalias si cuentan las cosas que les suceden. «Es un miedo que tienen después de 25 años de un feudalismo que los oprime, que les da miedo a perder el empleo».

Respecto a las declaraciones de Pietragalla, quien afirmó que «no hay centros clandestinos de detención en Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia «, Wolf retrucó la frase y agregó: «Hay centros a la luz del día de detención. Si uno tiene síntomas o le da positivo, lo confinan en un centro sin preguntarle si puede recluirse en su casa».

Al ser preguntado si el grupo de la oposición que viajará esta semana, aún sin fecha fija, se reunirá con el gobernador o con alguna autoridad provincial, confirmó que no pidieron ningún tipo de audiencia: «No tenemos que tener testimonio del oficialismo, que nos va a llevar a un city tour».

«Han vaciado la provincia. Cuando nos dicen que Formosa es un ejemplo es porque cerró, pero para eso hay que tener plata. Es un sistema feudal y puede cerrar porque se lleva 10 veces más de la coparticipación que aporta. Con nuestra plata encierran a nuestra gente y encima te enrostran en la cara que uno quiere que en Formosa no haya salud. Todos los que trabajamos mantenemos a Formosa con impuestos», dijo Wolff.

Por último, el legislador denunció de una manera general la forma en que se manejan desde el Gobierno y cerró: «Solamente pueden gobernar con un criterio fundamentalista de que son superiores a los demás».

Fuente: La Nación

El Boletín Oficial publicará mañana la designación de Eduardo Antonio Zuain, alias “El Chango”, como embajador argentino ante la Federación Rusa. Zuain fue vicecanciller de Cristina Fernández de Kirchner, tuvo un papel clave en la redacción del Memorándum con Irán, convenció a Mauricio Macri para continuar su carrera diplomática en Paraguay, y asegura que Nicolás Maduro es un líder democrático que enfrenta al poder global de la Casa Blanca.

Vladimir Putin, junto a los regímenes de China, Irán y Cuba, sostienen a Maduro por los millones de barriles de petróleo que tiene Venezuela, sus reservas infinitas de minerales raros para el uso secreto en defensa militar, y la posición geopolítica que ocupa en el área de influencia de los Estados Unidos.

Alberto Fernández apoya una transición ordenada en Venezuela con participación de todos los protagonistas en conflicto, incluido Maduro. Joseph Biden, sucesor de Donald Trump en el Salón Oval, considera que Maduro es un dictador y que se debe mantener el bloqueo y las sanciones económicas sobre Venezuela. Putin, Xi Jinping, la nomenclatura cubana y los ayatollahs iraníes tomaron a Maduro como su aliado regional.

La posición diplomática del Presidente va en línea con la estrategia diseñada por el Grupo de Contacto -sostenido por la Unión Europea- y apunta además a aplacar las posiciones explícitas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, que consideran al régimen populista de Venezuela una dictadura cívico-militar.

Alberto Fernández también afirma en Olivos que puede liderar una agenda regional que apacigüe a los halcones de Washington y encuentre una posible equidistancia con los intereses de Moscú, Beijing, Teherán y la Habana. Esta construcción diplomática del jefe de Estado es una tarea solitaria que recibe aportes políticos de un número limitadísimo de ministros y secretarios del Poder Ejecutivo.

Eduardo Zuain, embajador designado en Rusia

Zuain es un soldado de Cristina Fernández de Kirchner. Compartió su estrategia geopolítica al momento de negociar el Memorándum con Irán y considera que Maduro es un blanco móvil de la Casa Blanca por su perspectiva ideológica del sistema internacional.

El futuro embajador en Rusia piensa igual que Alicia Castro y Carlos Raimundi respecto a la situación en Venezuela. Y como Castro y Raimundi, Zuain cree que es una calamidad la estrategia de Alberto Fernández planteada para lograr una transición acordada desde el régimen populista de Maduro a la democracia liberal que se aplica en la mayoría de los países de América Latina.

Pero Zuain es más inteligente que Castro y Raimundi, y conoce cómo funciona el poder detrás de los cortinados. El embajador ante Rusia jamás hubiera tuiteado en contra del Presidente y su Canciller, y menos aún hubiese desobedecido órdenes secretas del Palacio San Martín sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.

La perspicacia de Zuain y la protección que detenta de CFK colocarán a la diplomacia argentina en una peculiar posición institucional. El futuro embajador en Moscú cumplirá órdenes formales de Alberto Fernández y Solá, pero frente a Putin y la nomenclatura rusa ajustará sus conversaciones reservadas a las instrucciones de la Vicepresidente.

Será otra complicación en política exterior para Alberto Fernández. Ya tiene un Canciller que interpreta sus conversaciones con Joseph Biden. Y ahora designó en Rusia a un embajador de carrera que responderá sin titubeos a Cristina Fernández de Kirchner.

Zuain jura que ya está alineado con Felipe Solá y que cumplirá las instrucciones del Presidente. En Gobierno pocos le creen y aseguran que hará un doble juego con la Casa Rosada y la Cámara de Senadores. Doble juego: la disciplina política que Putin practica desde sus épocas de la Unión Soviética y la KGB.

Fuente: Infobae.com

La vacuna rusa Sputnik V ha generado un debate que desde un lado entienden ideológico y político y, desde el otro, una cuestión sanitaria. Allí, la oposición, Juntos por el Cambio, manifestó reiteradas críticas respecto de la vacuna que ya arribó con 820 mil dosis a lo largo del último mes en la Argentina. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, ahora el reclamo no es por la eficacia de la Sputnik V, ni por las demoras en la entrega (un conflicto internacional de todos los laboratorios que producen la la vacuna contra el covid), sino por irregularidades en la distribución de las dosis que, en algunos casos, ya se hicieron públicos.  Es por eso que ayer jueves 28 de enero, el bloque de JxC de la legislatura bonaerense presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Salud que dirige Daniel Gollán, a quien también pretenden interpelar a raíz de una presunta intromisión de organizaciones políticas del oficialismo con «campañas paralelas» de vacunación, una distribución desigual en los municipios y los casos mediáticos de las concejalas que se vacunaron en San Andrés de Giles y las dosis desperdiciadas en Olavarría.  «El pedido tiene la firma de prácticamente todo el bloque», aseguraron a PERFIL, y es un proyecto que encabezó el legislador Luciano Bugallo, quien ya en algunos tuits había manifestado su repudio por la presencia de La Cámpora en las campañas de vacunación.  Desde el Ministerio de Salud advirtieron a este medio que responderán a ese pedido «como lo venimos haciendo siempre», pero que aún no recibieron dicha solicitud, aunque están enterados. A su vez, prefirieron no responder desde los medios a dichas acusaciones de la oposición porque «son operaciones», y destacaron que la campaña de vacunación en geriátricos y docentes «recién comenzó esta semana».  El avión de Aerolíneas Argentinas llegaría con menos de la mitad de las vacunas esperadas A su vez, el ministro Gollán, en diálogo con C5N, destacó que el personal sanitario ya fue vacunado y pidió a la oposición que «no politice» ni trate de «sacar un rédito político» con una cuestión sanitaria. Asimismo, sobre la intervención de asociaciones políticas en la campaña, reconoció que es cierta, pero la elogió ya que se trata de un «acto solidario» que ayuda a registrar abuelos y abuelas para que se vacunen. «No politicen esto, es un proceso de vacunación que viene siendo impecable. Están tratando de sacar rédito político. Les diría que manden una sola foto de una vacunación que se haya hecho fuera de un hospital. Nosotros sí hemos llamado a la Cruz Roja, organizaciones políticas, sociales, religiosas, a que ayuden solidariamente a difundir y registrar para anotarse a la vacunación, es un acto solidario para elogiar. Les diría que se pongan a ayudar, es más productivo».  Los 9 puntos del reclamo de Juntos por el Cambio En el escrito de JxC, enumeró nueve puntos para solicitar información de la aplicación de la vacuna: Logística de distribución de la vacuna Sputnik V, empresa y/u organismo estatal responsable de la distribución, discriminado por municipio. Funcionarios encargados de la inoculación del personal de la Salud, discriminado por municipio.  Listado de personas vacunadas por distrito, con nombre y apellido e indicando en qué establecimiento de salud desarrolla sus funciones.  Criterios elegidos para la publicación de datos en el portal de “sala de situación” del Ministerio de Salud.  Listado de establecimientos elegidos por municipio para la aplicación de vacuna contra el Covid-19, detallando los respectivos procedimientos y protocolos pertinentes.  Existencia de agrupaciones sociales y/o políticas con tareas de armado de listados, solicitando datos a los habitantes de la Provincia para otorgar la vacuna Sputnik V y con participación en la distribución de las vacunas. Criterios utilizados para indicar orden de prelación en los habitantes para la inoculación contra el covid-19, mecanismo de control y cumplimiento de estos; detallando si se tiene en cuenta para las inoculaciones el número del Documento Nacional de Identidad de la persona que recibirá la vacuna, el domicilio que consta en el mismo y/o el domicilio real y actual de esta. Se nos indique proporción de personal de salud encargado de la aplicación de las vacunas, por cantidad de habitantes y detalle si está previsto algún tipo de colaboración y/o refuerzo del personal mencionado, para aquellas ciudades de mayor densidad poblacional. Cantidad de equipos de frío para la conservación de las vacunas contra el Covid-19 Sputnik V (cuya temperatura de conservación es – 18º) que se cuentan por cada municipio, y su procedencia.

Fuente: Perfil.com

“Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Esa es la realidad. Es la historia de la pandemia”. El sincericidio de un funcionario del gobierno nacional expone, en pocas palabras, el sentimiento que atraviesa al oficialismo por estas horas respecto la demora en la llegada de las vacunas rusas Sputnik V. El plan de vacunación tardará más de lo esperado y el motivo es uno solo: no hay vacunas.

Rusia no cumplió con el contrato firmado para proveer de vacunas a la Argentina y esta semana hizo oficial la demora en su producción. Según el compromiso firmado que tenían ambos países, antes de que finalice enero deberían haber llegado a Ezeiza 5 millones de dosis. A un día de que termine el mes el número que arribó es de 880 mil dosis, contando las 300 mil que llegaron en diciembre.

El CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kirill Dmitriev, fue entrevistado el último martes por la cadena norteamericana CNBC. Allí reconoció las demoras en la fabricación de la vacuna al marcar que “puede haber un delay en una parte de nuestra producción” y sostuvo que “es comprensible que pase porque las vacunas utilizan muchos componentes”. La aceptación de la demora le brindó tranquilidad al Gobierno. Lo desligó de responsabilidades y redujo el costo político de la tardanza.

En el último vuelo de Aerolíneas Argentinas llegaron al país 220 mil dosis de la vacuna Sputnik V (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Desde hace varios días en el Gobierno asumían en silencio que el contrato no se iba a poder cumplir. Los días pasaban, Rusia no daba respuestas sobre la cantidad de dosis que podían enviar en un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas y el posible cronograma de vuelos, con una tardanza de 40 horas entre la ida y vuelta, dejaba en claro que era imposible que los millones de dosis comprometidas para enero llegaran al país.

“Sabíamos que era una posibilidad que la demora se concretara. Esperamos que vengan más en febrero. Somos optimistas”, reconocieron a Infobae en el Ministerio de Salud. La información que manejan en la Casa Rosada es que habrá una demora de entre dos y tres semanas y que luego la producción aumentará exponencialmente en pleno febrero. La especulación está atada a los escenarios posibles que se construyen en base a las proyecciones de Rusia.

En el Frente de Todos consideran que la tardanza de los rusos es parte de un contexto de híper demanda global. La necesidad de la vacuna es imperiosa y la capacidad de producción de todos los laboratorios no alcanza para cumplir con los tiempos pautados. En Balcarce 50 repiten una y otra vez que lo que le sucedió a la Argentina con la Sputnik V, también le pasa a otros países con otros laboratorios.

La presencialidad en las escuelas se concretará sin la mayoría de los docentes vacunados

Pese a la demora, la expectativa del primer gran paso del plan de vacunación se mantiene vigente. El Gobierno espera vacunar a los 14.492.299 de personas, que están dentro de los grupos de riesgo, antes de que finalice abril. El plan B es tener vacunado por los menos a 10 millones. Las expectativas se modificaron en base a las posibilidades de contar con más dosis en el corto plazo. El objetivo parece ser demasiado ambicioso debido a la incertidumbre permanente que reina sobre el envío de vacunas.

Para que la vacunación empiece a tener un impacto más fuerte en la sociedad es necesario aumentar el volumen de vacunados. Eso solo ocurrirá si durante febrero Argentina logra tener, al menos, las 4.780.000 de dosis que quedan pendientes de enero. Si las vacunas llegan a cuentagotas durante el próximo mes, entonces el plan de vacunación volverá alterarse y las expectativas se derrumbarán.

Hasta mediados de marzo el Gobierno dependerá exclusivamente de la producción del Instituto Gamaleya. Recién en ese mes comenzarían a ingresar las dosis de Astrazecana. Lo pautado para marzo son 1.091.000 dosis. La mayor cantidad de los 20 millones de dosis que están en el acuerdo con el laboratorio recién llegarán al país entre abril y julio.

Hasta el momento la Argentina recibió 820 mil dosis de la vacuna rusa (REUTERS/Agustín Marcarian)

En paralelo, hay 9 millones de dosis del fondo COVAX que están comprometidas para los próximos meses, pero que no tienen una fecha de arribo concreta. Frente a ese escenario inundado de incertidumbre, el proyecto sanitario de gobierno de Fernández depende, a corto plazo, exclusivamente de las vacunas que Rusia pueda enviar.

La próxima semana podría haber novedades en la negociación por la vacuna china generara por el laboratorio Sinopharm. El acuerdo aún no se cerró, pero luego de largas semanas de idas y vueltas para ajustar el precio de compra, el Gobierno podría cerrar la compra de 2 millones de dosis.

A la par intenta avanzar en negociaciones con Moderna y Janssen, y darle un final a la historia con Pfizer. La potencial llegada de esas dosis mejoraría el escenario de vacunación. Pero aún no hay nada cerrado. Hay gestiones pero, por ahora, faltan resultados.

La demora en la llegada de la vacuna también duplica el riesgo de cumplimiento del proyecto de presencialidad educativa. La intención del Gobierno era vacunar la mayor cantidad posible de docentes antes de marzo para comenzar las clases con un porcentaje relevante de vacunados. Las modificaciones del calendario alteraron el proyecto. Sin embargo, existe la voluntad política de que las clases vuelvan a ser presenciales en el porcentaje que cada provincia y que cada municipio pueda.

Alberto Fernández fue vacunado con la Sputnik K luego de que la ANMAT la autorizara para mayores de 60 años

Sin vacunas en el corto plazo para las 1.417.310 personas que integran el sistema educativo de la Argentina, la clave está en la aplicación de protocolos, la coordinación del transporte público y la decisión de las autoridades educativas de cada colegio para poder determinar, de acuerdo a la situación sanitaria contextual, que cantidad de alumnos pueden recibir con la infraestructura que tienen.

El Gobierno asume que la presencialidad ya no es un tema que esté en discusión. Las clases deben volver y van a volver. No hay dudas sobre esa decisión en la Casa Rosada. El debate pasa por los protocolos que se implementen y por la circulación de las personas.

En ese ítem entra en juego la utilización del transporte público. Las autoridades de Educación y Transporte acordaron armar un esquema de horarios escalonados en los ingresos a clases con el fin de que los padres y los alumnos no viajen en colectivos, trenes y subtes todos en el mismo horario.

El plan de vacunación se alteró debido a la tardanza en el envío de vacunas

El plan de acción del Gobierno fue trastocado por la demora, pero no cambiará en lo que respecta a prioridades. Los tiempos de vacunación se extenderán. Nadie lo niega. Pero las expectativas se mantienen vigentes atadas a la esperanza de que Rusia empiece a enviar más vacunas en febrero.

En la Casa Rosada revindican la decisión de haber firmado el contrato con los rusos pese a la demora y relativizan el incumplimiento excusándose en el contexto mundial. Se abrazan a los datos concretos. Argentina tiene, por contrato, 51.431.000 dosis comprometidas que deberían llegar entre febrero y julio.

El plan de vacunación se modificará tantas veces como sea necesario. En el Gobierno lo único que quieren por estos días es que lleguen vacunas. Esperan el llamado desde Rusia y aprenden a vivir con la incertidumbre del segundo año de pandemia.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo hoy que tiene una mirada «altamente positiva» respecto del retorno a la presencialidad en las aulas de una forma «segura» y que espera que en los primeros días de marzo haya una «buena base» de asistencias que permita «recuperar esa normalidad arrebatada» por la pandemia.

«Yo tengo una mirada altamente positiva de que vamos a lograr que todas las escuelas estén abiertas con el reinicio del ciclo lectivo en el marco de la presencialidad, y en los primeros días de marzo tengamos una buena base de presencialidad segura, que con los indicadores epidemiológicos, podamos ir intensificando», señaló el funcionario en declaraciones a CNN Radio.

Del mismo modo, consideró que de esta forma se apunta a «poder recuperar esa normalidad que nos ha «arrebatada» la pandemia». Trotta reafirmó así la idea de «priorizar la presencialidad cuidada y ordenada con el cumplimiento de los protocolos» y en un trabajo «conjunto con los gobernadores». Trotta también resaltó la importancia de los protocolos y la vacunación a los docentes.

«Los protocolos permiten el ingreso seguro y además, en cada provincia también planteamos que la decisión se debe tomar no solo en función de esa provincia sino en función de la minina unidad geográfica de cada territorio», diferenció el ministro.

Consultado sobre si avalaba que le descuenten a los maestros porteños los días que no asistan a clases tal como anunció el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Trotta respondió: «Yo no estoy de acuerdo a que se llegue a una instancia de tanta tensión cuando todavía tenemos tantas semanas por delante para fortalecer el diálogo».

«Llegado el momento cada jurisdicción puede tomar su decisión pero hay que poner lo mejor de cada uno», sostuvo el ministro. Y, agregó: «La descalificación esta a flor de piel y eso no corresponde».

Del mismo modo, resaltó que también existen conflictos en otras jurisdicciones como Neuquén pero que hay que priorizar espacios de encuentros. Frente al conflicto, no pierde la ciudad de Buenos Aires ni los sindicatos, sino los chicos en la escuela», consideró.

«No es momento de plantear posiciones extremas sino hacer un esfuerzo para que haya dialogo, y le pido al jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) que se pueda involucrar él mismo, así como se lo pido a cada uno de los gobernadores», concluyó al respecto.

Fuente: La Nación

Como ya se había adelantado, este sábado 30 de enero el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 67/2021, que extiende hasta el próximo 28 de febrero el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en todo el país. A través de esta nueva prórroga, confirmó la potestad de cada provincia para aplicar restricciones de circulación si lo consideran necesario, pero la gran novedad es la habilitación para el regreso a clases presenciales, que se instrumentará en cada distrito de acuerdo con los parámetros del Consejo Federal de Educación. En este sentido, según explica el documento firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y el resto de los ministros, continuará en todas las jurisdicciones de todo el país la modalidad del DISPO, el cual vence este domingo 31 de enero. De esta manera, se mantendrá la libre circulación en todo el territorio nacional, aunque los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán reglamentarla como consideren, estableciendo días, horas y zonas por razones epidemiológicas. En este aspecto, las provincias deberán tener en cuenta dos parámetros sanitarios. Por un lado, cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20. Por el otro, cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150. A su vez, las reuniones sociales seguirán estando permitidas siempre y cuando se realicen en espacios públicos al aire libre con una distancia mínima de dos metros, con utilización de tapabocas y cumplimiento de los protocolos y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias locales y nacionales. También permanecerán en funcionamiento todos los sectores económicos, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria de las jurisdicciones (según las recomendaciones de la autoridad sanitaria nacional). Sin embargo, para los establecimientos gastronómicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la ocupación de superficies cerradas será de un máximo del 30% del aforo, mientras que en el resto del país será de hasta el 50%. Con respecto a los deportes y actividades artísticas, se podrán realizar con cumplimiento de las pautas de higiene y cuidado y respetando los protocolos de cada una de ellas. En los lugares cerrados, la concurrencia no podrá ser superior a 10 personas. En cambio, los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de 20 personas en espacios cerrados y en espacios privados al aire libre permanecen prohibidos. Incluso se mantendrán vetados, los eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a 100 sujetos, y la práctica deportiva en lugares cerrados con más de 10 participantes o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros, y los cines, teatros, clubes y centros culturales. Por último, el documento estableció que Cafiero podrá disponer excepciones a las prohibiciones según la situación epidemiológica y sanitaria del lugar debiendo darse cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Vuelta al Cole: el plan de Banco Nación para comprar notebooks en 24 cuotas En cuanto al regreso a las aulas y demás actividades educativas no escolares, el texto cuenta con un artículo especial en el que determinó que se podrán reanudar de forma presencial siempre que se cumplan los parámetros definidos por el Consejo Federal de Educación. Esto regirá tanto para el DISPO como para el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Además, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberán decidir la forma en la que se implementará el regreso a las aulas y, eventualmente, su suspensión de acuerdo con la situación epidemiológica de cada lugar. Asimismo, para facilitar la movilidad a las escuelas, tanto los docentes como todo el personal escolar, y los alumnos y sus acompañantes, quedaron exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de pasajeros. Todos deberán tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación para poder utilizarlo. Por su parte, las autoridades expresaron que, en aquellos casos en que resulte necesario disminuir la circulación de personas a fin de moderar la propagación del coronavirus, “se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales”.

Fuente: Perfil.com

La larga y agotadora secuencia del coronavirus viene escribiendo desde hace rato en Formosa el capítulo seguramente más crudo de la falta de límites a las restricciones sociales e individuales para enfrentar la pandemia. Ahora, acaba de sumar otras líneas de alto impacto. El oficialismo cerró filas en la defensa de Gildo Insfrán pero la visita del funcionario Horacio Pietragalla Corti agregó la mayor exposición conocida hasta ahora de la sectarización y distorsión del valor de los derechos humanos. Por debajo, además, el jefe formoseño mostró un tejido interno que excede a Olivos y que remite antes a Cristina Kirchner.

El secretario de Derechos Humanos sintetizó en buena medida ese cuadro. Pietragalla responde sin intermediarios a la ex presidente y fue al mismo tiempo la voz más calificada del Gobierno para respaldar al gobernador. La actuación del funcionario superó por mucho la defensa hecha por el propio PJ, que descalificó las denuncias sobre la situación formoseña como una “feroz campaña” desatada por la oposición.

Las señales alarmantes sobre el manejo de Insfrán arrancaron en los primeros momentos de la cuarentena y se extendieron hasta ahora. Las imágenes de formoseños varados en la frontera, difundidas por los medios, sumaron crónicas sobre arbitrariedades en distintas ciudades de la provincia con testimonios que circularon básicamente por las redes. En el último mes, tomó dimensión política con las denuncias directas de la oposición -local y nacional- sobre las condiciones impuestas en los centros de “asistencia sanitaria” y arbitrariedades en el confinamiento de personas en esos sitios de aislamiento.

La primera reacción del Gobierno fue el silencio. La conducción del PJ hizo un primer pronunciamiento, calificando como ejemplo sanitario la política del gobernador. Un documento que trascendió la formalidad, porque reconoció a Insfrán en un lugar nacional poco vistoso pero de fuerte peso en el entramado interno.

Alberto Fernández con Gildo Insfrán. El gobernador tiene un amplio tejido en todo el oficialismo

Isnfrán lleva veinticinco años en el poder local. Es el titular del Congreso Nacional del PJ, bastante más que un cargo formal cuando debe alinearse la estructura partidaria en función de alianzas o con autoridades en discusión. Maneja como jefe indiscutido su provincia y aporta a la campaña más que votos. Estableció una relación directa con CFK antes incluso del armado que coronó a Alberto Fernández. Y un hombre suyo, José Mayans, conduce el bloque oficialista en la Cámara dominada por la ex presidente.

La primera señal potente de defensa, ya no sólo una declaración de apoyo irrestricto de la conducción partidaria, surgió precisamente de esa alianza y entonces involucró al Gobierno. Hasta el momento, eso es lo que expresó el viaje de Pietragalla a la provincia.

Era esperada la negación del cuadro local, que según denuncias registradas incluso por Amnistía Internacional fue acondicionado previamente con “traslados y liberaciones repentinas”. Una manera de “responder” a las denuncias opositores sobre hacinamiento y condiciones “inhumanas” en los centros de aislamiento en la capital provincial. Allí estuvo centrada la visita del funcionario, que en boca de opositores escuchó además descripciones dramáticas sobre algunas comunidades indígenas.

Pietragalla fue frontal en sus declaraciones a los medios una vez concluida su misión. No tuvo un discurso muy elaborado, lo cual hizo más evidente el modo en que forzó el tema. Dijo que no registró violaciones “sistemáticas” de los derechos humanos, que no se han producido secuestros, que no se cometieron delitos de lesa humanidad y que las condiciones de los centros de aislamiento son buenas. En síntesis, y luego de referir a la “excepcionalidad” de la época y a las “restricciones” de libertades individuales en todo el mundo, dijo que no podría hablarse de dictadura.

Así fue detenida en Formosa la concejala Gabriela Neme

En otras palabras, puso la respuesta en términos extremos que adjudicó de hecho a las denuncias. Y mostró una matriz conocida y sectaria, además de un giro de intencionalidad ajustada al cálculo político. En esa línea, el tema de los derechos humanos remite al pasado hasta como vara para medir el presente. Y en este caso, las violaciones a derechos esenciales quedarían convertidas en datos menores o anecdóticos frente a las atrocidades de la dictadura. El confinamiento obligatorio y arbitrario con ribetes policiales no sería un problema. Y la violencia institucional, tampoco.

De todos modos, la cuestión no parece cerrada. Es probable que exista alguna recomendación, medida, a la provincia. Las críticas sobre la visita del funcionario que hizo en las última horas Amnistía Internacional tendrían algún impacto. Y Juntos por el Cambio enviará la semana próxima un grupo de tres o cuatro legisladores a Formosa. La exposición del secretario de Derechos Humanos tal vez cierre el círculo interno, pero no el debate.

Fuente: Infobae.com

En la sede del Ministerio de Educación en el Barrio 31, Ciudad de Buenos Aires, el viceministro del área, Manuel Vidal, recibió a representantes de los gremios docentes para presentar el borrador de regreso a clases presenciales que armó la Ciudad. Por su parte, los gremios trajeron propuestas que Educación se comprometió a analizar con la mesa estratégica de covid junto al Ministerio de Salud.  “La reunión fue muy buena”. El resumen de un funcionario de Educación dista de lo que venía dándose públicamente entre el el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los 17 gremios docentes. El tema educativo, y en especial el regreso de las clases presenciales, fue una máxima que se impuso Horacio Rodríguez Larreta desde septiembre de 2020.  Según pudo saber PERFIL, la semana que viene el Ministerio de Educación y los gremios docentes de la Ciudad volverán a reunirse para delinear la vuelta a las clases presenciales e intentar acercar posiciones. Clases presenciales: Trotta insistió en que serán «escalonadas» y con «alternancia» Qué propone el borrador del regreso a clases presenciales en la Ciudad En este contexto, comenzó a debatirse un documento con los gremios docentes: un borrador de regreso a las aulas. El documento plantea como criterio general: Cada curso o grado es una burbuja. Medidas de distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Control de temperatura al ingreso y luego otro adulto que lleva a los chicos a su aula. Uso de tapabocas obligatorio en todo momento, durante las clases y hasta en el recreo. El Gobierno extenderá el DISPO con la vuelta a clases en la mira «Las/os niñas/os menores de 2 años de edad se encuentran exceptuados del uso de tapaboca. Y las/os niñas/os de salas de 3 a 5 años de edad que cuenten con la autonomía suficiente para colocarse y quitarse”, plantea el documento. Los recreos serán exclusivos para una misma burbuja. Es decir los estudiantes no van a tener contacto con estudiantes de otros cursos. Si el patio no lo admite, la orden será que se diagramen horarios escalonados para los recreos. Tanto los alumnos como todo el personal docente estarán habilitados, mediante un certificado, para utilizar el transporte público en el horario escolar.   Otras cuestiones que se plantearon fueron que los grupos de riesgo podrán continuar estudiando o dando clases de manera remota: trabajadoras embarazadas, quienes padezcan de enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunodeficiencias, discapacitados o personas con una obesidad grado 3. Las 5 etapas del regreso a las aulas Paralelamente, habrá cinco etapas para la vuelta a clases: Clases presenciales | Roberto Salvarezza calificó a Macri de «irresponsable y poco inteligente» Etapa 1 – 17/02/2021: Estudiantes de Nivel Inicial (45 días a 5 años de edad, incluyendo la Modalidad de Educación Especial). Estudiantes de Primer Ciclo de Nivel Primario. Estudiantes de Primer Ciclo de la Modalidad de Educación Especial. Estudiantes del Ciclo Básico y Primer Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional, de Nivel Secundario. Etapa 2 – 22/02/2021: Estudiantes de Segundo Ciclo de Nivel Primario. Estudiantes de Segundo Ciclo de la Modalidad de Educación Especial. Etapa 3 – 01/03/2021: Estudiantes de Ciclo Orientado y Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario. Los restantes estudiantes de la Modalidad de Educación Especial. Etapa 4 – 08/03/2021: Estudiantes de la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos. Etapa 5 – 22/03/2021: Estudiantes de Nivel Superior. Mejoras de infraestructura educativa Otro capítulo tiene que ver con la infraestructura. En ese marco, en la Ciudad plantearon una serie de “acciones” para el regreso a clases: Señalización de espacios (ingresos y egresos, pasillos, aula/espacios destinados al desarrollo de clases presenciales, espacios al aire libre, etc.) para cumplimentar con las medidas del presente y el sentido unidireccional de circulación. Acondicionamiento de un espacio físico para aislamiento, preferentemente con puerta, ventana y baño propio. Colocación de cartelería que brinde información respecto de las medidas y protocolos vigentes, en lugares accesibles y visibles Provisión suficiente de insumos para la higiene de manos (jabón y papel descartable) en los baños y lavabos. Provisión de contenedores/dispensadores con alcohol en gel, o alcohol al 70% en todas las instalaciones. Provisión suficiente de elementos de limpieza y desinfección.

Fuente: Perfil.com

Si bien este jueves por la mañana trascendió que el Gobierno extendería por dos semanas el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), finalmente decidirá prorrogarlo por cuatro semanas. La decisión la tomó el presidente Alberto Fernández luego de reunirse en el primer piso de la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El decreto que se vence el 31 de enero había sido publicado el 21 de diciembre y fue el primero en el que el Gobierno, en un acuerdo con los gobernadores, decidió disponer la implementación de la DISPO en todo el país.

Luego, el 8 de octubre, el Gobierno publicó un decreto reglamentario que le brindó a los mandatarios provinciales nuevos criterios epidemiológicos y les dio herramientas para restringir la circulación nocturna frente al aumento de casos de coronavirus.

El Presidente mantuvo una reunión con Santiago Cafiero y Vilma Ibarra en el primer piso de la Casa Rosada

En esta nueva etapa cada provincia seguirá controlando las medidas restrictivas de acuerdo a la situación epidemiológica que tenga y cumpliendo, en base a la reglamentación del artículo 4 del 1033/2020 que deja en manos de los gobernadores la potestad de limitar los horarios de circulación, con los cierres nocturnos.

Luego de que los casos de coronavirus aumentaron como consecuencia de las fiestas, el Presidente aprobó el 8 de enero un decreto reglamentario que estableció indicadores técnicos para argumentar la restricción en la circulación. El decreto estableció dos indicadores diseñados por el Ministerio de Salud: un coeficiente de contagiados que debe comparar los contagios actuales con los de la última quincena, y la prohibición de circulación nocturna en las ciudades con más de 150 contagios cada 100.000 habitantes.

Si la suba de afectados por COVID-19 superaba el coeficiente elaborado por Salud, y se contaban más de 150 contagiados en una localidad con más de 100.000 habitantes, el gobernador respectivo debería “dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas”. Hasta el momento, esa reglamentación seguirá vigente. Cada mandatario deberá seguir ajustando las medidas según su contexto sanitario.

Las medidas sanitarias seguirán siendo la mismas que hasta el momento

Después de las fiestas los casos de coronavirus comenzaron a crecer a gran velocidad. Ese movimiento de la curva de contagios llevó al Presidente a tener que plantearle a los gobernadores la necesitad de restringir la circulación con el fin de bajar el nivel de movimiento del virus. En la Casa Rosada entienden que la decisión de cerrar la circulación durante la noche en algunas provincias dio un buen resultado. Los números de contagios empezaron a bajar, aunque en la actualidad la meseta de contagios esté muy alta.

Durante el mes de febrero el gobierno nacional irá midiendo la situación del escenario epidemiológico y, en paralelo, avanzará en el diseño de protocolos para concretar el retorno de las clases presenciales a los colegios, uno de los temas claves que tiene el Presidente en la agenda del próximo mes. La definición sobre el regreso a las aulas no solo es parte de una de las prioridades de gestión, sino también de la discusión política con la oposición.

La intención oficial es avanzar en un esquema de presencialidad y que la mayor cantidad de chicos puedan volver a las aulas. El método y los protocolos dependerán de cada provincia. Para que eso ocurra las autoridades educativas están trabajando en un acuerdo con los gobernadores de todo el país para poder implementar el regreso de los chicos a las aulas en el mayor porcentaje posible.

La presencialidad será uno de los temas centrales de la agenda de Alberto Fernández en el mes de febrero

El acuerdo entre el Ministerio de Educación y los gobernadores implica que cada mandatario acuerde con sus intendentes la aplicación de los protocolos de presencialidad. “La idea es que la unidad territorial sea lo más chica posible”, explicaron a Infobae desde el Palacio Pizzurno. Es decir, que sean los intendentes quienes definan qué porcentaje de presencialidad puede aplicarse en cada una de las escuelas de sus municipios y que luego reporten la situación a sus gobernadores.

Lo que buscan evitar con ese nuevo sistema es que provincias enteras se queden sin clases frente a un posible brote de contagios en las ciudades más grandes. El ministro de Educación les pidió a los gobernadores que en caso de que sea necesario dar marcha atrás con las restricciones epidemiológicas, que lo último que cierren sean las escuelas.

A diferencia de otras oportunidades, Alberto Fernández no se reunirá con los gobernadores para implementar la extensión de la DISPO. No habrá videoconferencia con los mandatarios como había trascendido. En las próximas horas saldrá un decreto y la medida se oficializará. Cuando venza, a fines de febrero, el escenario será otro. El Gobierno espera, para ese entonces, tener una mayor cantidad de vacunas en el país y un calendario de vacunación más preciso.

Fuente: Infobae.com

A días de que se cumplan dos meses de que el kirchnerismo convirtiera en ley el impuesto a la riqueza, este viernes finalmente el Gobierno reglamentó el «Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia» a través de su publicación en el Boletín Oficial.

La iniciativa de Máximo Kirchner y Carlos Heller para recaudar fondos para enfrentar la pandemia de coronavirus, conocido como el impuesto a las grandes fortunas, entra en vigencia y esperan recaudar $300.000 millones.

La ley 27.605, que prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2% y el 3,5% a los patrimonios de las personas físicas superiores a los $200 millones: abarcará a 12 mil contribuyentes.

En esta oportunidad, bajo el decreto 42/2021, el Gobierno oficializó que la aplicación, percepción y fiscalización del aporte estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad que dirige Mercedes Marcó del Pont.

El aporte fue cuestionado por empresarios y por expertos en materia tributaria al considerarlo un obstáculo para emprendedores e inversores.

El decreto

En su primer artículo, el documento señala que a los fines de la valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades, los sujetos mencionados en el artículo 2° de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario podrán optar por considerar:

• A) La diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad correspondiente al 18 de diciembre de 2020, conforme la información que surja de un balance especial confeccionado a esa fecha, o
• B) El patrimonio neto de la sociedad del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad a la fecha indicada en el inciso precedente.

La opción prevista en el párrafo anterior no podrá ser ejercida si la incorporación de las acciones o participaciones valuadas de acuerdo con el inciso b) precedente no arrojare aporte a ingresar, debiendo, en ese supuesto, valuarse en los términos del inciso a).

El o la accionista, socio o socia o partícipe que hubiera modificado el porcentaje de su participación entre la fecha de cierre del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18 de diciembre de 2020 y esta última fecha, no podrá ejercer la opción descripta en el inciso b) del primer párrafo.

En el supuesto que un mismo sujeto tuviera participaciones en distintos entes, una vez ejercida la opción de este artículo, esta será de aplicación para la totalidad de su tenencia accionaria o participación en el capital de las sociedades.

Las sociedades o entidades emisoras estarán obligadas a suministrar la información requerida para la valuación, de conformidad con el presente artículo. Las disposiciones del mismo, en lo pertinente, también resultarán de aplicación cuando se trate de los sujetos mencionados en el inciso d) del artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que confeccionen balances en forma comercial.

En su artículo 2, se explica que los sujetos deberán declarar como propios e incluir en la base de determinación del aporte, los bienes aportados a las estructuras allí previstas, por un porcentaje equivalente al de su participación en estas. A esos efectos deberán considerarse las participaciones indirectas a que alude la norma legal, hasta el tercer grado, inclusive.

Mientras que el 3° artículo señala que los sujetos mencionados en el segundo párrafo del inciso a) o en el inciso b) del artículo 2° de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario deben designar un único o una única responsable sustituto o sustituta a los efectos de cumplir con las obligaciones pertinentes a la determinación e ingreso del aporte.

Por otra parte, el artículo 4 remarca que los bienes a los que se refiere el inciso g) del artículo 22 del Capítulo II del Título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, no se considerarán a los fines de determinar los bienes comprendidos en las disposiciones de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario.

En tanto, el artículo 5 fijan el plazo de repatriación al que hace referencia el artículo 6° de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario debe computarse en días hábiles administrativos.

El artículo 6 informa que quedan exceptuados de las disposiciones del artículo 5° de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 2° de ese texto legal, que hubieren repatriado fondos en el plazo señalado en el artículo anterior, que representen, por lo menos, un 30 % del valor total de los activos financieros en el exterior.

Además, el artículo 7 dispone que en el caso de participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior incluidas las empresas unipersonales, se entenderá que no constituyen activos financieros cuando las entidades, sociedades o empresas constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, en forma directa o indirecta, realicen principalmente actividades operativas, entendiendo que dicho requisito se cumple cuando sus ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas.

Por último, en su artículo 8 indican que tratándose de sucesiones indivisas iniciadas a partir del 1° de enero de 2020 inclusive, «estas deberán regirse, a los fines de la determinación del aporte, por la residencia del o de la causante al 31 de diciembre de 2019».

Fuente: La Nación