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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) apeló este jueves 4 de febrero la sentencia de las pensiones de Cristina Kirchner. El organismo que dirige Fernanda Raverta presentó una apelación simple a la medida judicial. «La vicepresidenta podrá seguir cobrando una sola de las asignaciones», reveló Antonio Laje en América TV. De acuerdo al periodista, «esto traba» la decisión avalada semanas atrás por la Justicia y «ahora va a segunda instancia». Según explicó, «no se debate el fondo, sino la forma en la que el Estado hizo todo el tramite. Para ANSES está mal hecho por ende ahora está todo trabado otra vez». Es por eso que Cristina Kirchner tendrá que esperar segunda instancia y «mientras tanto cobrar una sola pensión».  Las dos pensiones de Cristina Kirchner La decisión del organismo se da luego de que el 29 de diciembre, el mismo día en que el oficialismo aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, un fallo judicial habilitó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a cobrar dos pensiones: la jubilación como ex mandataria nacional y la pensión que le corresponde por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner. La Coalición Cívica le pidió a Alberto Fernández que impugne las pensiones de Cristina Kirchner El fallo también obligó a pagarle intereses retroactivos y hasta la excluye de pagar el impuesto a las Ganancias. De esta manera, el juez federal de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami le dio el aval a CFK volver a cobrar la doble pensión que le había quitado la gestión de Mauricio Macri. En ese marco, surgió la pregunta sobre cuánto cobraría Cristina Kirchner con las dos pensiones más su sueldo de vicepresidenta. Según explicó en diálogo con PERFIL el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, el monto rondaría los $ 420 mil debido a los «plus». «Equivalente a lo que cobra el juez de la Corte. Pero después están los plus. La ley 24.018 es nominativa, la última lista que vi estaba más o menos en 420 mil. El vice cobra un poco menos», argumentó. En ese sentido, una fuente del oficialismo comentó a PERFIL que esos adicionales podrían ser «título y antigüedad». A esos $ 375,880,95 hay que sumarle la que ahora corresponde por la pensión de Néstor que es de un 75% del sueldo de un juez de la Corte. De esta manera, sumaría otros $ 281.919,71. Y por último, como vicepresidente tiene un sueldo de $ 315.591. De esta manera, en total sumaría $ 973.390 brutos. Casi 1 millón de pesos mensuales, que serían más con los «adicionales». El pedido a la Anses para frenar las pensiones de Cristina Kirchner Tras la medida judicial, un conjunto de agrupaciones le pidió a la Anses que apele la decisión del juez Pérez Nami. El espacio Acción Conjunta Republicana lanzó una campaña que apunta al organismo que conduce Fernanda Raverta pero también al Ministerio de Desarrollo Social y la Procuraduría del Tesoro, en el reclamo para que apelen el fallo.

Fuente: Perfil.com

La negociación entre el Ministerio de Salud y la empresa Sinopharm se empantanó por tres exigencias que Alberto Fernández decidió no aceptar por su volumen económico y financiero. El presidente ahora espera un gesto político de Xi Jinping que se comprometió a facilitar la provisión masiva de vacunas a la Argentina. Si el líder comunista no opera con rapidez, las dosis chinas contra el COVID-19 no llegaran en febrero como estaba previsto por la Casa Rosada.

La información reservada que maneja Alberto Fernández describe tres obstáculos que ahora traban la firma del contrato con Sinopharm:

1. El precio fue fijado en 40 dólares, el doble del valor de la vacuna rusa Sputnik V.

2. Se condiciona la provisión a la compra en bloque de 30 millones de dosis (son dos por vacuna).

3. El estado chino exige que se pague por adelantado cada embarque que se fleta de Beijing a Buenos Aires.

Esa información fue acercada al presidente por Ginés González Garcia, que en nombre de la Argentina negocia con los gerentes de Sinopharm, una gigantesca compañía farmacéutica china que responde a las órdenes de Xi Jinping.

“No. No firmamos nada”, respondió Alberto Fernández cuando le preguntaron -hace pocas horas- qué estaba sucediendo con el contrato por 30 millones de dosis de la vacuna china. El jefe de Estado evalúa que Sinopharm aprovecha la escasa provisión de Sputnik V para forzar un precio que no está dispuesto a pagar.

“Mi idea era que nos enviaran un millón de dosis antes del 15 de febrero. Y ellos quieren que compremos 30 millones de dosis en bloque. No estoy de acuerdo. Quiero comprar lotes a medida que vayamos necesitando las vacunas, y no como quieren ellos. En estas condiciones, vamos a seguir negociando. No firmo por todo”, completó el presidente en la intimidad de Olivos.

Alberto Fernández durante su última conversación con Xi Jinping en la quinta de Olivos. (Presidencia)

La discusión con la empresa china no termina en el precio de las dosis o en la cantidad de vacunas a comprar. Sinopharm también exige que la Argentina liquide cada compra parcial antes que las vacunas aterricen en Ezeiza. Se trata de una condición extraordinaria que Ginés González García tampoco tiene intenciones de aceptar.

Alberto Fernández tiene buena relación personal con Xi y aguarda que el líder comunista abra la mano para cerrar la compra con Sinopharm. Sabino Vaca Narvaja, el embajador argentino en China, ya se mueve en la nomenclatura de Beijing para aceitar una decisión política que sólo depende de Xi y su mirada sobre la relación bilateral con la Argentina.

Si el líder comunista considera que bajar el precio de la vacuna mejorará su correlación de fuerzas en el país y América Latina, González García podrá anunciar a Alberto Fernández que todo se encarriló. Y al contrario, si Xi evalúa que ya esta haciendo suficiente con los millones de dólares aportados a las reservas del Banco Central y el apoyo explícito a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno argentino deberá optar en comprar a Sinopharm o no.

Alberto Fernández pidió una llamada con Putin cuando comprendió que estaba en peligro la provisión de la Sputnik V. Y el presidente de Rusia prometió desde Moscú que las vacunas rusas llegarían inexorablemente. En este contexto, podría ocurrir que el jefe de Estado solicite una comunicación urgente con Xi para destrabar un acuerdo que podría acelerar el plan de vacunación contra el COVID-19.

Hasta ahora, el Gobierno no puede confirmar oficialmente que lleguen nuevas vacunas durante febrero. Sólo tiene promesas de Putin, la Organización Mundial de la Salud (OMS-COVAX), AstraZeneca-Oxford, y el eventual acuerdo con Sinopharm. En stock quedan apenas las 110 mil vacunas que llegaron hace unos días desde Moscú. Y nada más.

Fuente: Infobae.com

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, volvió a apuntar esta semana contra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien negó días atrás que haya “violación sistemática de derechos humanos” en la provincia de Formosa. “Ya no tiene palabra que lo sostenga”, expresó el líder de la bancada opositora. “No sé cómo va a poder seguir en el cargo, ya no tiene palabra que lo sostenga”, expresó Negri, y agregó: “(Desde la oposición) nunca dijimos que habían centros de detención clandestina. Eso lo hizo el señor Pietragalla que no tiene ningún tipo de vergüenza para cambiar el eje de discusión. Lo que dijimos fue que habían centros de aislamiento que se convirtieron en centros de detención, pero públicos”. El diputado cordobés sostuvo además que “el gobierno de Formosa se desplazó con toda comodidad mostrando los rasgos de la concentración de poder, el mayor autoritarismo que hayamos conocido, y de violación de los derechos humanos”. Pietragalla, Formosa, el ataque de sus padres montoneros y el pago a los soldados Y, en diálogo con radio Rivadavia, apuntó contra el presidente, Alberto Fernández. “No hace mucho tiempo puso al Gobierno de Insfrán como ejemplo”, expresó. “Eso nos preocupa como también el silencio aterrador de las organizaciones de los Derechos Humanos. Si gobernaba otra fuerza política, hubieran prendido fuego la provincia”, opinó. Por último, le respondió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien continuó la polémica al decir “a nosotros no nos tienen que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos”. En este marco, Negri aseveró: “Aprende cosas de memoria. Está lejos del abuelo y del padre. Cuando dice ‘somos los hijos y nietos de las abuelas y madres’ deberían preguntarle a qué se debe ese silencio. Qué piensan de lo que pasa en Formosa”. Los dichos de Pietragalla sobre Formosa Días atrás, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, sostuvo, tras su recorrida por los centros de aislamiento en Formosa, que no se puede «hablar de violaciones sistemáticas o centros clandestinos de detención» en esa provincia. Luego de las denuncias de la oposición por supuestas irregularidades en los centros de aislamiento que dispuso Formosa para contener la pandemia, Pietragalla visitó la provincia y tras reuniones con el gobierno local y con representantes de la oposición, dio una conferencia de prensa en la que expresó sus conclusiones. «Pudimos constatar que se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no podemos hablar de violaciones sistemáticas o centros clandestinos de detención», afirmó.

Fuente: Perfil.com

El Gobierno explicó el resultado comercial deficitario de diciembre (de USD 364 millones) por el paro de tres semanas del gremio de aceiteros, pero la foto del cierre de 2020 preocupa. Sin esa situación particular, la balanza ya venía en franco deterioro desde agosto del año pasado, por lo que el foco hoy está puesto en lograr un crecimiento de las exportaciones y en frenar las importaciones que no sean destinadas a la producción local. El principal problema hoy es que no hay dólares y, en la visión oficial, la recuperación de las reservas será un camino gradual.

En este contexto, que ya se viene explicitando desde el año pasado pero que con el rebote de la economía comienza a sentirse más por la necesidad de las empresas de importar más, es que el Gobierno comenzó a reunirse con el sector empresario para fijarles cuál será la pauta de comercio exterior 2021. Con el formulario que deben completar ante la AFIP lleno, los funcionarios de la Secretaría de Industria comenzaron a hacer la devolución. Con algunas firmas se está reuniendo de forma presencial, mientras que con otras sólo basta con un llamado telefónico.

De hecho, con varias de las terminales automotrices ya hubo encuentros, en tanto que esta semana será el turno de los supermercados, según confirmaron fuentes empresarias. La línea que están bajando los funcionarios es que no autorizarán un cupo mayor al efectivamente concretado en 2020, o en algunos casos un leve excedente; por lo tanto, un salto más importante en el nivel de compras al exterior deberá estar compensado por un aumento en la exportación. Otra opción es avanzar con una mayor localización de insumos locales para liberar cupo para otros productos.

“Nos habían pedido en diciembre nuestro plan anual de producción, exportación, localización e importación para este año y tuvimos una reunión el mes pasado en la que nos dijeron que estaban de acuerdo en todo, pero que en cuanto a las compras al exterior, lo iríamos viendo mes a mes”, dijeron fuentes de una automotriz. Como gran importador, no sólo de piezas sino también de autos terminados, el sector ya venía desde el año pasado con fuertes restricciones en la aprobación de las licencias no automáticas. Para este año, la preocupación es mayor, ya que la industria arrancó el 2020 con importantes stocks, que hoy ya no existen; y la proyección de patentamientos asciende a los 450.000, que representa 30% más en términos interanuales.

Los funcionarios niegan los planteos de los empresarios en cuanto a que no se aprueban los permisos para importar; por el contrario, afirman que el nivel de autorizaciones fue alto

Fuentes de esta terminal valoraron que durante enero el Gobierno autorizó las licencias que se había comprometido -que igualmente eran menos que las pretendidas- y están a la espera del encuentro de febrero para que les avisen cuál será el nivel de aprobación de este mes. Según les dijeron los funcionarios -del equipo del secretario de Industria, Ariel Schale-, el monitoreo será permanente durante el primer trimestre, ya que en marzo podría haber un fuerte aluvión de dólares por la cosecha gruesa y eso descomprimiría la apretada situación actual.

“Este año empezamos con un cupo limitado de importaciones. El 2020 lo habíamos empezado sin limitaciones. Hay que ver cómo sigue. Lo importante acá es si vamos a poder alcanzar los objetivos de negocios con los niveles que nos están aprobando. Y yo no creo”, admitió un importante directivo de otra automotriz, y agregó: “Los que más exportan podrán importar más”.

El presidente de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), Rubén García, confirmó a Infobae que “algunas empresas han tenido llamados de la Secretaría en los que les avisaron que les darán bastante menos de lo que habían pedido en el plan presentado”.

“Te hacen un aviso protocolar de algo que en 2020 no cumplieron. Una vez que presentaste las proyecciones, te llama una persona y te dice ´te vamos dar X’, siempre menos, y en 2020 ya había sido menor que en 2019. Hoy te piden igual que el año pasado que bajó abruptamente el trabajo. Lo único que están haciendo es achicando el comercio y el trabajo”, se quejó el directivo.

El sector del supermercadismo es otro que suele importar cantidades importantes de mercadería y ha sufrido las consecuencias del regreso de la administración del comercio. Los mayor inconvenientes se detectan en los rubros de juguetes, textil y electrónica/electrodomésticos, ya que además del cuidado de los escasos dólares que hoy tiene la Argentina, el Gobierno busca proteger la producción nacional. Fuentes de una cadena precisaron que pudieron importar mercadería por unos USD 40 millones cuando el objetivo era hacerlo por USD 50 millones y tuvieron problemas con mercadería que quedó demorada en la Aduana y que “seguramente será descontado del cupo previsto para 2021″.

Las terminales automotrices presentaron sus planes 2021 y a la gran mayoría le dijeron que podrán importar igual o menos que en 2020, salvo que exporten más

Las empresas que reciben el llamado del Gobierno con la buena noticia de que “el plan presentado fue aprobado” son aquellas que prevén un aumento en las exportaciones y una disminución de las importaciones, el esquema ideal para el equipo que lidera Matías Kulfas. Le ocurrió a una importante firma de consumo masivo, que recibió ayer el llamado esperado, pero que al mismo tiempo tiene licencias no automáticas sin aprobar desde hace cinco meses.

Frente a estos planteos de los empresarios de que no se aprueban los permisos para importar, los funcionarios lo niegan y afirman, por el contrario, que el nivel de autorizaciones fue alto. De hecho, las compras al exterior entre noviembre y diciembre del año pasado tuvieron un aumento interanual superior al 20% y eso hizo que, conjuntamente con una caída superior de las exportaciones, el superávit se fuera consumiendo. Pero ya diciembre mostró déficit y la situación hacia adelante no se presume alentadora en materia de exportaciones -más allá del efecto cosecha-, por lo que el sector empresario imagina un 2021 igual o más restrictivo que el año pasado.

Fuente: Infobae.com

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, opinó que debe rechazarse el recurso que intentó Milagro Sala ante la Corte Suprema de Justicia para revisar una pena a dos años de prisión efectiva que le fue impuesta por amenazas. Si el máximo tribunal comparte la opinión de Casal podría dejar firme, por primera vez, una condena contra la dirigente, que cumple arresto domiciliario.

Este caso está a punto de prescribir -si no hay un fallo, podría prescribir en doce días-, por lo que está en la agenda del máximo tribunal, que dictaría sentencia la semana próxima.

En 2018, Sala fue juzgada y absuelta por el delito de amenazas. Se trató de una causa en la que llegó a juicio porque llamó por teléfono a una comisaría, que estaba haciendo un procedimiento policial contra otra dirigente social, y les dijo a los policías que la atendieron que abandonaran el operativo. Supuestamente, les dijo: «Son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer. Los voy a hacer volar a la mierda».

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, por mayoría, la absolvieron porque dijeron que las únicas pruebas de las amenazas eran el relato de los policías. Y otra mujer, que escuchó la charla mientras Sala hablaba, dijo que no recordaba que se hubiera expresado de manera amenazante.

La fiscalía apeló y la Casación provincial revocó la absolución de Sala y le impuso una condena de tres años y dos meses de prisión. Evaluó que el testimonio de los dos policías era creíble y a ello se sumó una anotación en un parte diario de la comisaría donde se anotó que «con palabras obscenas con insultos hacia el of. de servicio y la jefa titular de esta unidad amenazó con tomar represalias en cuanto al destino de trabajo». Además entendieron que la mujer que dijo no recordar las amenazas era justamente allegada a Sala y quien le pidió ayuda por el procedimiento policial.

Con estos elementos, revocaron la absolución y la condenaron a tres años y dos meses de prisión por amenazas. El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que revisó el asunto y decidió imponer a Sala una condena de dos años de cárcel de cumplimiento efectivo en arresto domiciliario.

La defensa de Sala presentó un recurso extraordinario que le fue rechazado y ahora llegó a la Corte con un recurso de queja. El procurador Casal, que actúa como fiscal ante la Corte, entendió que debía rechazarse el recurso de queja porque no estaba suficientemente fundado.

Los argumentos de Sala son que la revisión de su caso no fue integral por lo que se violó su derecho de defensa; que el parte policial no había sido mencionado por la acusación en el juicio, que los principios de oralidad e inmediación de los testimonios no pueden reemplazar la evaluación de los jueces que no asistieron al proceso y que existió arbitrariedad en la valoración de la prueba.

Casal rechazó todos esos argumentos. Las cuestiones de prueba no son de índole federal, sino local, expresó. En cuanto a la falta de revisión integral, defendió los puntos en los que la Casación se apoyó para dar credibilidad a los testimonios de los policías y dijo que existe una falta de fundamentación de Sala en cuanto a que el uso del parte diario policial implica una violación al derecho de defensa. Sostuvo en cambio que ese documento era parte de las pruebas admitidas en el juicio.

Con estas razones dictaminó que debe rechazarse la queja. Si los jueces de la Corte comparten su punto de vista, por primera vez quedaría firme una condena contra Sala, que además tiene varias causas abiertas por diferentes delitos.

Algunas ya cuentan con sentencia aún no firmes y otras están todavía en plena investigación. Fue acusada de haber conformado una asociación ilícita, de fraude y de agresión. El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó una condena a 13 años de prisión por el caso conocido como «pibes villeros», en el que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desvió fondos estatales por unos 60 millones de pesos entre 2011 y 205.

El dinero fue recibido a través de cooperativas para la construcción de viviendas sociales, que finalmente nunca se hicieron. La investigación forma parte de una «megacausa» que investiga el desfalco de 700 millones de pesos y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo exfuncionarios provinciales.

Además, la Justicia condenó a Sala a tres años de prisión por ser la instigadora de un ataque con huevos contra el gobernador, Gerardo Morales, cuando era senador por Jujuy, en 2009. Fue también condenada a cuatro años de cárcel por el delito de «lesiones graves» contra otro dirigente social, en 2006.

El ministro de Salud, Ginés González García, hará una exposición esta tarde en la Cámara de Diputados acerca de la política que lleva adelante el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia de coronavirus y sobre la campaña de vacunación. La reunión está prevista para este miércoles a las 17:00 durante un encuentro de la comisión de Salud de la Cámara baja, que preside el dirigente del Frente de Todos Pablo Yedlin. «Hay mucha expectativa por la visita de Ginés, además de que iniciamos la actividad de las sesiones extraordinarias del Congreso con esta reunión», afirmó el tucumano en declaraciones radiales. La asistencia del ministro al Congreso era un reclamo de la oposición de Juntos por el Cambio, que la semana pasada se negó a participar de un encuentro que encabezó González García en su despacho con otros legisladores. Se espera que el funcionario nacional hable para que brinde detalles sobre los acuerdos alcanzados con distintas empresas para la llegada de vacunas contra el COVID-19 al país, además de la campaña de inmunización. DT TEMAS Ginés González GarcíaCámara de DiputadosCororavirusCovid-19 COMENTARIOS.

Fuente: Perfil.com

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, defendió este miércoles el regreso de las clases presenciales frente a la amenaza del juez Roberto Gallardo, que convocó a funcionarios porteños a una audiencia para analizar el comienzo del ciclo lectivo.

Si bien no quiso confrontar políticamente con el magistrado, Quirós aseguró que la falta de escolaridad presencial provoca “un daño irreparable” y planteó que no hay motivos para pensar en una suspensión de las clases en virtud de los protocolos de testeos aplicados por la Ciudad de Buenos Aires, que son de una “altísima calidad técnica”.

“La Justicia nos está preguntando sobre la estrategia de testeo y estamos dispuesto a explicarle (al juez) los detalles académicos y sanitarios por los cuales es correcto hacer una estrategia intensiva de testeos”, añadió.

Gallardo citó este martes a los ministros Fernán Quirós y Soledad Acuña para que den detalles de los protocolos sanitarios que permitirán el regreso a clases

Quirós recordó que la misma estrategia se ha implementado con los trabajadores de la salud, de la seguridad y de los geriátricos y es muy particular dentro de las ciudades del mundo. “Hemos publicado científicamente esa experiencia porque es muy relevante e innovadora”, enfatizó.

“Si la Justicia requiere información para darle tranquilidad a los trabajadores y a los padres de cómo van a ser testeados, y estos sepan quienes en cuanto se enfermen sean identificados y se puedan aislar, desde ya para nosotros es importante hacerlo”, añadió el ministro.

Quirós se refirió a la importancia de cuidar la salud integral de nuestro niños, porque “son el futuro de nuestra Nación”.

“Lo que ha pasado con la pérdida de sociabilización y de presencialidad en la escuela ha sido un daño que para muchos niños ha sido importante, y se recuperará con el tiempo, en algunos quedarán secuelas, pero para muchos otros niños seguramente va a ser irreparable, sobre todo para los más vulnerables”, advirtió.

El gobierno porteño recusará a Roberto Gallardo, el juez que quiere impedir el regreso de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires

Ayer, tras conocida la intervención de la justicias, el gobierno porteño anunció que recusará al juez por su “manifiesta parcialidad” luego de que el magistrado citará al ministro Quirós, y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, para que brinde explicaciones sobre los protocolos sanitarios que se implementarán para el reinicio del ciclo lectivo.

El ministro ratificó que la estrategia aplicada es la mejor posible, y que sin ninguna duda aumente el nivel de cuidado para identificar rápidamente a un potencial enfermo y aislarlo, evitando riesgos.

En este sentido, Quirós aseguró que “todos los planes del Gobierno tienen el mismo objetivo: poder evitar el daño, a veces irreparable, que se genera con la falta prolongada de la escolaridad presencial, y al mismo tiempo cuidar a los involucrados”.

“Necesitamos la presencialidad para cuidar y acompañar a nuestro niños a su normal desarrollo y que tengan las oportunidades por igual. Esa estrategia es fundamental. Todo esto hay que hacerlo de manera cuidadosa, porque ambas cosas son esenciales: hay cuidar a los niños, a los trabajadores y a las familias”, concluyó el ministro.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo este lunes 1 de febrero que aspira a que el 2021 «sea un año de recuperación de aprendizajes», a la vez que reiteró que el Gobierno promueve «el regreso de manera segura» a las clases presenciales. A ecasos días del comienzo del ciclo lectivo 2021, Nicolás Trotta dialogó con el programa radial Lanata sin Filtro y afirmó que “al menos 3 veces por semana será la presencialidad” de los alumnos en un primer regreso a clases. “Hemos visitado 16 de las 24 jurisdicciones educativas para que todos tengamos la misma mirada. Que todas nuestras escuelas estén abiertas en el inicio del comienzo del clase”, aseguró. Los detalles del protocolo que la Ciudad presentó a los docentes En esa línea, el ministro dijo: “En cualquier inicio del ciclo lectivo tenemos la tensión salarial. Estamos convocando a la paritaria nacional docente. Creemos que donde hay mucha tensión le pedimos a las provincias que lleguen a un acuerdo”. Nicoláss Trotta visitó Santa Fe: su entrevista con Omar Perotti Durante una visita a Santa Fe, Trotta se entrevistó con el gobernador Omar Perotti, a quien le agradeció por acompañar «en cada una de las decisiones que se adoptaron» durante la pandemia. «Junto a Santa Fe trabajamos por un regreso seguro a las aulas. Con el gobernador y la ministra (de Educación, Adriana Cantero) conversamos en cómo garantizar una vuelta a la presencialidad cuidada, que ponga en valor todo lo que nos dejó el 2020», señaló el funcionario a la prensa. En esa línea, agregó que reconoce «el trabajo de todos los docentes y familias santafesinas para sostener el aprendizaje desde casa». Al ser consultado sobre la modalidad de trabajo en las escuelas y en los hogares, Trota recordó que «no hemos superado la pandemia, que sigue impactando en el mundo». «Por eso, tenemos que cuidar la escuela, y los protocolos elaborados son los que nos permitirán garantizar distanciamiento físico, uso del tapabocas, ventilación. En ese marco, este será un año de recuperación de aprendizaje, marcado por una realidad de alternancia en la presencialidad», añadió. En ese sentido, dijo que desde el Gobierno quieren «llevarles a todas las familias la tranquilidad de que somos promotores del regreso a la presencialidad de manera segura de los chicos y los docentes en todas las aulas». En cuanto al nivel superior, Trotta dijo que «dentro de la autonomía propia del sistema universitario, hemos pedido a rectores y rectoras que, en base a los protocolos que rigen desde junio pasado, tengan en cuenta dos aspectos prioritarios para las actividades académicas con presencialidad». Finnochiaro: «Muchos queremos dar clases, lo de Ctera de vacunarse es una excusa» «Por un lado, todas las prácticas profesionalizantes que no se puedan realizar a la distancia, que muchos jóvenes esperan realizar para poder egresar. En segunda instancia, poner el foco en los ingresantes de este año, ya que el primer año es el más complejo en cuanto al abandono de los estudios», completó. Perotti, a su turno, destacó que desde la administración provincial tienen la «tranquilidad» de haber obtenido una experiencia positiva con clases presenciales sobre finales del año pasado. «Tenemos tranquilidad, pese a la inquietud de algunos sectores. Desde octubre, los directivos y docentes saben cuál es la disposición del Gobierno en cuanto a la vuelta a clases. En el 2020, pusimos a prueba los protocolos nacionales en más de 150 establecimientos, y claramente han funcionado», agregó. Y ratificó que «el 15 de marzo es la fecha de inicio del ciclo lectivo 2021 para todos, con las modalidades y protocolos que cada establecimiento requiera». Sobre las paritarias, Perotti dijo que «es la voluntad (del Gobierno) desde el inicio, de no esperar a marzo sino ponernos a conversar ya» con los gremios docentes. Nicolás Trotta critica a Mauricio Macri Nicolás Trotta aseguró hoy también que «Mauricio Macri fue un mal presidente, y como expresidente intenta obstruir la reconstrucción educativa», al tiempo que consideró que el proyecto de un sector de Cambiemos para declarar servicio esencial a la educación apunta a que no haya paros docentes. «Ellos lo que pretenden es que no haya posibilidad de medidas de fuerza por parte de los docentes», indicó el funcionario al hablar por la radio de la Universidad de Entre Ríos. Trotta agregó que «se vuelve a poner por parte de Cambiemos el conflicto en los maestros. Si ellos están tan preocupados porque la educación sea esencial, ¿porqué permitieron que su Gobierno desfinanciara las escuelas?». El titular de la cartera educativa afirmó que «el Gobierno de Macri incumplió tres normas educativas: la ley de educación nacional, la de financiamiento educativo y la ley de educación técnico-profesional». Tras resaltar la necesidad de que haya un «diálogo» con los sindicatos de maestros, Trotta opinó que desde Juntos por el Cambio «piensan que peleando con los docentes iban a tener un rédito electoral. Yo les pediría que reflexionen sobre la forma de priorizar la agenda educativa». «Macri fue un muy mal presidente, y como expresidente intenta obstruir el desafío de reconstrucción educativa que llevamos adelante», concluyó.

Fuente: Perfil.com

Siete u ocho votos son los que le faltan al Frente de Todos para poder sancionar las leyes de Reforma Judicial y de Reforma del Ministerio Público Fiscal. La falta de consenso posterga una vez más un debate que el kirchnerismo logró aprobar en menos de dos meses en el Senado. Por la misma razón tampoco se trataría en Extraordinarias la reforma del calendario electoral que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Altas fuentes del oficialismo, de distintos sectores internos de la alianza gobernante, coincidieron en el punteo de votos ante Infobae: si el tratamiento fuera hoy, el Frente de Todos no podría reunir ni el quórum para iniciar la sesión ni mucho menos podría lograr la sanción de las leyes que buscan modificar la Justicia Federal y la que baja a una mayoría calificada (la mitad más uno de los votos del Senado en lugar de los dos tercios) la exigencia para la designación del jefe de los fiscales.

La oposición a ambas leyes que impulsó el kirchnerismo alcanzaría unos 127 votos, número en el que se incluye a Juntos por el Cambio, Córdoba Federal, Consenso Federal y varios bloques con un diputado como el Socialista; el Frente Progresista, Cívico y Social; Producción y Trabajo; el Frente Cívico y Social; el Partido por la Justicia Social y los dos diputados de izquierda. A favor sólo estaría el oficialismo y algunos diputados de partidos provinciales. En cambio la cuenta arroja seis indefinidos hasta el momento.

En este contexto aún si el Frente de Todos lograra sumar a quienes no saben o no dicen qué votarán, apenas llegaría a 128 diputados, uno menos que los 129 necesarios para abrir una sesión.

Entre quienes no creen conveniente tratar las reformas, aún cuando las consideran necesarias, la diputada Graciela Camaño dijo ayer que “Argentina necesita una reforma judicial” pero aclaró que “requiere de un enorme consenso”. En declaraciones a Diputados TV, la legisladora de Consenso Federal, la fuerza que lideraron Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, recordó que sobre el final del segundo mandato de Cristina Kirchner se impulsó una reforma judicial “ambiciosa” y “realmente interesante” pero lamentó que “como tenían el número para sacarla sin otros partidos políticos la votó y luego la Justicia la declaró inconstitucional”. “Los consensos que se requieren para ordenar el servicio de Justicia son un consenso amplio”, agregó en tono reflexivo. También apuntó que es difícil avanzar cuando las dos fuerzas mayoritarias, que gestionaron el país durante los últimos años, “tienen ex funcionarios con causas penales” en referencia tanto al kirchnerismo como al macrismo.

En el oficialismo varios diputados coinciden en que es necesario el consenso para votar las reformas judiciales. Juntos por el Cambio ya avisó que no accederá ni siquiera al debate y hasta pide garantías por escrito.

Pablo Yedlin propuso la suspensión de las PASO en nombre de los gobernadores (@pyedlin)

Con respecto a las PASO, no sólo la principal oposición rechaza la suspensión, también La Cámpora y los diputados más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Es un pedido de varios gobernadores al que sólo accederían gran parte de los legisladores si se acordara, también ley mediante, que haya primarias para quienes necesiten resolver sus diferencias internas. También hay quienes desde el PRO o desde el Interbloque Federal piden aprovechar la situación de pandemia y avanzar con la Boleta Única de Papel, lo que evitaría la manipulación de sobres y boletas.

De todos modos es el propio oficialismo el que hoy reconoce que el proyecto de ley que firmaron junto con el tucumano Pablo Yedlin varios diputados nacionales de distintos distritos y al que ven con buenos ojos hasta algunos gobernadores opositores, no logra aún el respaldo necesario para arrancar su debate.

Además para la reforma judicial se presenta otro trámite que frena el avance: la próxima salida de Pablo González de la cámara de Diputados para asumir como presidente de YPF obligará a buscarle un reemplazo en la comisión de Asuntos Constitucionales que sería justamente cabecera del debate. Para reemplazarlo mencionan al rionegrino Martín Soria, ex candidato a gobernador, que trabaja en temas judiciales con el kirchnerismo. El cambio y la búsqueda de consenso, dijeron las fuentes consultadas, prorrogarían el inicio del tratamiento en comisión para después del 1° de marzo, ya en Ordinarias.

Fuente: Infobae.com

Luego de haber decretado la licencia forzosa de la mayor parte del personal durante todo el mes de enero, Cristina Kirchner ya comenzó a mover sus alfiles en el Senado para diseñar la agenda de los primeros dos meses del año y retomar en los próximos días la actividad legislativa en el Senado.

Al tope de la lista de tareas de la vicepresidenta figuran la modificación de la ley de Defensa de la Competencia y el acuerdo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para ocupar el Juzgado Federal 1 de La Plata, cargo estratégico ya que tiene competencia electoral sobre la provincia más poblada del país.

Junto a estos dos temas, en la carpeta de la vicepresidenta también se incluye la continuación de su ofensiva por hacerse con el control de la Procuración General de la Nación. Si bien en esta nueva etapa tendrá mayor énfasis en buscar el desplazamiento del fiscal Carlos Stornelli, la vicepresidenta no se olvidará del procurador interino Eduardo Casal.

Tanto los cambios en la Agencia Nacional de la Competencia como el pliego de Ramos Padilla cuentan con dictamen de comisión desde fines del año pasado y fueron incluidos por el Poder Ejecutivo entre los temas habilitados para ser discutidos en sesiones extraordinarias en febrero.

Sólo el hecho de que otros temas se convirtieran en prioridad de la agenda oficialista -la necesidad política del Gobierno de sancionar la legalización del aborto y el regreso al Senado en segunda revisión de la quita de fondos a la Ciudad-, modificaron la agenda de diciembre del kirchnerismo en la Cámara alta.

Esas urgencias ahora ya no están, por lo que Cristina Kirchner podrá avanzar sin demasiados inconvenientes hacia la consecución de sus objetivos.

El más preciado es la modificación de la ley de Defensa de la Competencia. El proyecto fue presentado por la kirchnerista Ana Almirón (Corrientes) el 13 de noviembre y apenas cinco días después obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación General, que preside la senadora correntina.

La iniciativa es de exclusivo cuño kirchnerista y su sola mención genera polémica en torno al impacto que su sanción podría tener sobre la seguridad jurídica y las inversiones en el país.

La intención del kirchnerismo es colonizar el tribunal que debe resolver los conflictos de defensa de la competencia, para lo cual pretende que sus integrantes sean elegidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo y no por concurso, como lo dispuso la ley sancionada en 2018.

El primer paso en esta jugada la dio el año pasado Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, cuando dejó sin efecto la terna para integrar el tribunal que, tras haberse realizado los respectivos concursos, había sido presentada ante el Senado en 2019.

En la lista de nuevos candidatos aparecen anotadas dos mujeres de fuerte ligazón con el kirchnerismo. Son los de María Laura Manín, vinculada al ministro del Interior, Eduardo De Pedro; y el de Johanna Cristallo, exsecretaria privada de Alejandra Gils Carbó.

Ofensiva judicial

Prioridad uno en la agenda política de la vicepresidenta durante todo el año pasado, la cuestión judicial no estará ausente en el reinicio de la actividad legislativa en el Senado este año.

El pliego de Ramos Padilla no escapa a esa lógica. Su nombre fue impulsado para el juzgado federal 1 de La Plata como parte del proceso de revisión de los nombramientos judiciales impulsados por el gobierno de Mauricio Macri, que habían quedado congelados en el Senado en el último año de la administración de Cambiemos.

El nombre del postulante fue motivo de una fuerte pulseada entre el kirchnerismo, que impulsaba al juez federal de Dolores, y el sector que responde a Alberto Fernández, que pretendía mantener la postulación de Laureano Durán que había elevado al Senado el macrismo.

Como suele ocurrir con cada choque de opiniones en el Gobierno, Cristina Kirchner impuso su criterio.

Ramos Padilla guarda estrecha vinculación con otro de los objetivos judiciales que tiene en la mira la vicepresidenta. Fue él quien llevó adelante y procesó al fiscal Carlos Stornelli en la causa por el supuesto espionaje ilegal que involucraría, también, a periodistas con el falso abogado Marcelo D’Alessio.

La persistente negativa del fiscal a comparecer ante Ramos Padilla es la causa que esgrime el kirchnerismo para remover a Stornelli de su cargo, para lo cual en diciembre pasado inició una ofensiva en la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal.

Presidida por el senador ultrakirchnerista Martín Doñate (Río Negro), la comisión le tomó testimonio a un abogado en diciembre pasado antes de entrar en receso. Todo indica, como lo prometió el legislador, que el caso Stornelli continuará este año.