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El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, celebró el fallo de la Corte Suprema que confirmó una condena por amenazas a la dirigente social Milagro Sala. En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, el mandatario aseguró: “Es una señal muy importante que reafirma que hay causas concretas sobre hechos concretos de violencia y corrupción”.

“Acá se dice que armamos todo y que hay manipulación de la Justicia. En otra causa, la de “Pibes Villeros”, intervinieron 27 jueces. El 80% designados durante 32 años de gobiernos justicialistas. El fallo de la Corte es importante en ese punto. Avala lo que ha actuado la justicia jujeña en un tema muy fuerte, que fueron 15 años de mucha violencia y mucha corrupción por parte de Milagro Sala”, analizó.

La Corte confirmó el jueves pasado una de las condenas contra la militante kirchnerista luego de rechazar un recurso de queja presentado por su defensa. Por unanimidad, el tribunal ratificó la sentencia a dos años de prisión por amenazar a policías de una comisaría de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta sentencia había sido confirmada por la Corte Suprema de Jujuy.

“Contrariamente a lo afirmado por la defensa, la sentencia apelada examinó las cuestiones sometidas a su conocimiento”, sostuvieron los jueces Carlos Rosenkrantz (presidente), Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. “Resulta un claro déficit de fundamentación del recurso que el agravio se haya presentado a partir de premisas abstractas y genéricas”, agregaron.

Es la primera condena que queda firme contra Sala, quien estuvo detenida en una cárcel en Jujuy y luego bajo prisión domiciliaria. El expediente estaba cerca de prescribir. La fecha límite era el próximo lunes.

El tuit de Morales con una dedicación a Verbitsky

Una vez conocida la decisión del máximo tribunal, Morales publicó un mensaje en redes sociales que generó polémica. El posteo estaba dedicado al periodista Horacio Verbitsky y decía: “Feliz cumple, y hablando de bombas, que la pases bomba”.

Este viernes, Morales explicó su enojo con el comunicador: “Él fue quien montó el aparato difamador y de defensa de la violencia y de la corrupción en Jujuy”. Además, detalló el alcance de la ironía que había escrito en Twitter: “Él sabe mucho de bombas porque ha sido uno de los responsables de la bomba en la Policía Federal”.

La frase alude a un atentado realizado el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal que provocó la muerte de 24 personas. La preparación y colocación del artefacto explosivo se le adjudicó a la organización Montoneros y a dos de sus líderes, Verbitsky y Mario Fimernich. El periodista fue sobreseído durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner por la Cámara de Casación Penal. En su blog periodístico, Verbitsky mantiene una mirada muy crítica sobre Morales, a quien suele calificar como el “Trump de la Luna”.

“Él ha sido un doble agente. Le escribía los discursos a la Dictadura. Es un personaje muy nefasto. Por eso fue el tuit, dedicado a una persona muy oscura, que sigue siendo servicio y no le ha hecho bien al proceso de recuperación de paz en Jujuy”, dijo el gobernador en la entrevista radial concedida este viernes.

Horacio Verbitsky (Foto: Martín Rosenzveig)

Las elecciones

El mandatario jujeño dijo que está a favor de la suspensión de las elecciones primarias promovida por varios gobernadores. No obstante, aclaró que va a acompañar la decisión orgánica que adopte Juntos por el Cambio. De mínima, planteó, es necesario retrasar el cronograma para evitar que se vote durante el invierno, en pleno pico de la segunda ola de pandemia de coronavirus.

“Yo no he definido el cronograma en Jujuy porque no se pueden hacer elecciones con un pico fuerte. Estamos con el tema de cuidar la vida y de luchas contra la muerte. En Juntos por el Cambio hay una mayoría que plantea que no se deben derogar las PASO y nosotros con Valdés (el gobernador de Corrientes) estamos en contra, pero vamos a acatar”, puntualizó.

Pese a su reivindicar su pertenencia a la coalición opositora, marcó cierta distancia con algunas posiciones ideológicas adoptadas recientemente: “Tenemos la convicción desde el radicalismo de fortalecer Juntos por el Cambio, pero tiene que ser algo serio, no podemos ser tirabombas nada más… Necesitamos un proyecto serio, que la gente vea que si llegamos al gobierno no vamos a volver a hacer las macanas que hicimos”.

Volvió a marcarle la cancha a Mauricio Macri, a quien no reconoce como líder del espacio: “El radicalismo no va a ser furgón de cola de nada, el radicalismo va a tener su candidato a presidente y no vamos a dejar que el PRO nos transforme en el patio trasero del partido; nuestro presidente es Alfredo Cornejo”.

Fuente: Infobae.com

Luego de sus declaraciones públicas, el presidente del consejo consultivo participativo de los pueblos indígenas (CCPPIRA), el líder Qom Félix Díaz denunció ante la Justicia al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla por «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público«.

El martes 3 de febrero, el líder se había reunido en la sede de la Secretaria, el predio de la ex ESMA con el secretario y otros funcionarios nacionales. Sin embargo, debió retirarse antes debido al comportamiento de Pietragalla quien, según Díaz, le impuso como condición para ser escuchado que milite para que no vuelva a gobernar Mauricio Macri en 2023. Por su parte, el funcionario lo desmintió argumentando que «jamás» podría decirle que milite en una campaña «que todavía ni sabemos si va estar».

Ahora, el líder se presentó en los Tribunales de Comodoro Py y abrió una causa judicial que por sorteo recayó en el Juzgado Correccional Federal 8 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Según la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, Pietragalla dijo: «Félix como querés que avancemos juntos si te fuiste a la marcha del millón de Macri» haciendo referencia a la marcha de octubre de 2019. En este punto, acusan al secretario de desconocer y «violentar deliberadamente» la normativa internacional sobre Derechos Humanos que prohíbe, en la ley 17.722, cualquier acto de discriminación por orientación o ideas políticas.

El líder Qom aclara que no representa a ningún partido político, ni le interesa la cuestión partidaria. «Solo defiendo el espacio conseguido luego de la lucha de mis hermanos indígenas» agregó respecto al Consejo Consultivo, el cual según denuncian no recibe financiamiento desde 2019.

«Militen para La Cámpora para la campaña y le damos todos los recursos que necesiten, trabajen con nosotros y no van a tener ningún problema» habría dicho también Pietragalla en aquella reunión de la cual también participó Magdalena Odarda, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otros funcionarios del INAI.

Díaz relata que se retiró de la reunión «por considerar que esta ‘propuesta’ era indigna» acusando a Pietragalla de «utilizar los fondos del Estado Nacional como fuente de poder para reclutar adeptos a las filas de La Cámpora a cambio de determinados beneficios, en menoscabo de las comunidades indígenas«.

Además del testimonio de Félix, como elementos de prueba en la denuncia ofrecen otros testigos que habrían escuchado las declaraciones del secretario de Derechos Humanos: Elma Toledo, miembro de la comunidad wichi 4 de Julio; Marcelo Velis, asesor del consejo consultivo; Faustino Lencina, de la comunidad Qom Elhuac Aso Aguai en la provincia de Buenos Aires y Carol Soae, de la Ñanku, Neuquén.

El líder Qom dijo que desde la secretaría de Derechos Humanos no lo habían contactado luego de la reunión y de la denuncia. «No quieren saber nada, nos bloquearon todos» agregó en diálogo con este medio. LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse hoy con Pietragalla.

«No nos quieren escuchar. Nos dicen estamos trabajando pero no hay ninguna demostración en la realidad. No hay una respuesta concreta ni escrita» reclamó Díaz. El líder Qom solicita ayuda porque muchos indígenas están muriendo por otras enfermedades que el coronavirus al no ser tratadas. Díaz reclama otro mecanismo que los habilite a circular ya que desde la comunidad no puede solicitar los permisos de circulación necesarios.

El líder indígena también envió una carta a Alberto Fernández solicitando una reunión urgente «reiterando el pedido de audiencia realizado el 26 de diciembre de 2019». «Hoy nos vemos sumidos en un grave conflicto y controversia con el Secretario de DDHH, debido a la intención manifestada de disolver el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, situación que resulta inadmisible para nosotros como también el ofrecimiento de ayuda a cambio de militancia partidaria» señala la carta firmada por Felíx Díaz como presidente del CCPPIRA donde manifiestan también la «voluntad de colaborar» con el Presidente.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó en la noche del martes que la economía en 2020 cayó un 10% y que «no habrá devaluación». Asimismo, Guzmán señaló que el dólar tendrá una depreciación nominal del 25% durante este año. «No habrá devaluación porque es una política que no sirve más que para afectar a la gente y no lo vamos a hacer» continuó a la vez que estimó que el dólar tendrá durante este año una depreciación nominal del 25%. En diálogo con Todo Noticias, el funcionario reconoció que la economía de 2020 tuvo «una contracción del 10%, que es menor al 12,5% que muchos pronosticaron», y reiteró que la inflación se ubicará en torno al 29% estimado en la ley de presupuesto. Guzmán detalló que la inflación en el último trimestre del año pasado y en el primero del actual «reflejan factores que no deberían estar presentes a lo largo de este año» , al pronosticar una desaceleración de precios a partir de abril.  «Hay factores como los precios internacionales que repercuten en la Argentina», indicó, a la vez que consideró que el campo «tiene hoy un shock positivo por ese aumento de los precios de los commodity».También señaló que el Gobierno está buscando «que ese shock no sea regresivo, y que se beneficien unos pocos y perjudiquen a muchos». Al referirse al acuerdo de precios y salarios que está buscando el Gobierno, y concluyendo con la entrevista, manifestó: «Lo que buscamos es que, por esa suba de los precios internacionales, no haya una gran parte de la sociedad que salga perjudicada».

Fuente: Perfil.com

“Se despejó el fantasma de más retenciones y más intervención en los mercados”. Así se retiró de Casa de Gobierno, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, tras la reunión de hoy a la tarde de la Mesa de Enlace con el presidente Alberto Fernández y funcionarios de su gabinete. Desde la Mesa de Enlace ratificaron su compromiso de seguir dialogando con el Gobierno y formar parte del debate sobre la conformación del precio de los alimentos, aportando propuestas para resolver la problemática inflacionaria.

En el encuentro, el Gobierno descartó una suba de las retenciones e intervención en los mercados, para controlar la suba del precio de los alimentos. Hay que recodar que el último fin de semana y en declaraciones al diario Página 12, Alberto Fernández dijo que la suba de las retenciones o la implementación de los cupos para exportar eran herramientas con las que contaba la administración nacional para frenar la suba de precios. Según dijo en la reunión el presidente, sus afirmaciones no fueron interpretadas correctamente y comentó que su intención fue generar un espacio de diálogo para debatir el problema inflacionario.

“Lo concreto es que no hay retenciones, no hay cupos y lo que va a existir es un acuerdo, un diálogo para establecer una agenda de trabajo. Necesitamos que no haya más impuestos. El sector productivo se comprometió a mostrar sus costos, de ver el abastecimiento”, comentó el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

Por su parte, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo que el diálogo con Alberto Fernández y funcionarios del gabinete, “fue muy franco, donde pudimos expresar una visión muy diferente a la que tiene el Gobierno sobre lo que sucede en la cadena de comercialización de los alimentos. Además, hablamos sobre la transferencia comercial, especialmente de ingresos de los sectores de la producción a otros eslabones de la cadena”.

Alberto Fernández junto a los dirigentes del campo y funcionarios de su gabinete, en Casa de Gobierno (Presidencia)

Además, los representantes de los productores agropecuarios expresaron su conformidad por la apertura al diálogo que mostró el presidente y sus funcionarios, para profundizar el análisis de las distorsiones en las diferentes cadenas de comercialización de los alimentos. Una problemática que afecta, especialmente, a los pequeños y medianos productores de las economías regionales.

De acuerdo al último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en enero pasado la participación del productor en los precios finales de las frutas y verduras fue del 25% y el Estado tuvo una participación en los mismos de entre el 32 y el 40%. Además, los precios se multiplicaron por más de 6 veces desde que salieron del campo y llegaron a manos de los consumidores.

“Hay que investigar donde están los desfasajes y actuar de inmediato para proteger a los consumidores”, dijo el titular de CRA. A lo que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, agregó: “La voluntad de todos los actores es ser parte del análisis de la parte que le cabe a cada uno para hacer que los alimentos esenciales en Argentina sea accesible para la población. Buscábamos un espacio de diálogo como el que se generó para ver qué puede aportar cada sector, y ese fue el ánimo que primó’.

Diálogo

Sobre la próxima etapa de diálogo en lo relacionado a la conformación del precio de los alimentos, Carlos Iannizzotto, dijo tras la reunión: “Vamos a centrarnos en el trigo, maíz y carne. Ojalá que podamos seguir construyendo de este modo. Hablamos con el Presidente ciertos puntos que necesitamos para construir una mayor productividad. A todos nos preocupa la canasta familiar y veremos cómo podemos colaborar”.

Según pudo saber este medio, los dirigentes aportaron datos durante la reunión que demuestran que los productores no son formadores de precios y que la materia primera que ellos elaboran tiene una baja incidencia en el precio final de los alimentos.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina

A todo esto, en diálogo con Infobae, Daniel Pelegrina, comentó que “el presidente manifestó su preocupación por el maíz, por una incidencia que según ellos es mucho más grande que la que nosotros sabemos en el precio del cerdo y pollo. La contribución a los aumentos de precios es muy baja, como en cualquier otro producto. La inflación se alimenta fundamentalmente de las malas expectativas”.

Según pudo saber este medio, en la reunión desde el Gobierno aseguraron que la incidencia del maíz en el precio de los alimentos es del 50%, mientras que desde la Mesa de Enlace señalaron que no supera el 15%.

Propuestas

Durante la reunión la Mesa de Enlace volvió a presentar el documento de propuestas con 14 puntos, que los representantes del campo elevaron a Alberto Fernández en 2019 en dos oportunidades para su correspondiente análisis.

Los dirigentes del campo volvieron a hablar con el Gobierno sobre la posibilidad de implementar una política agroindustrial de largo plazo que permita mejorar la competitividad del sector, mediante una baja de los costos laborales y la presión impositiva, que permita realizar inversiones y generar empleo de calidad.

Daniel Pelegrina, presidente de la SRA, dijo al respecto: “El aumento de las retenciones o los cupos no es la solución. Para generar expectativas la economía se tiene que sanear, aquí hay falta de ingresos por la inflación, hay que sanear la economía”.

En el documento de la Mesa de Enlace se apuntó a la estabilidad económica como uno de los pilares para aumentar el nivel de inversiones en el país, mediante el control de la inflación, sin cepo al dólar y una baja de la presión impositiva. Además, se reclamó por una mayor previsibilidad e interacción público y privada.

También se hizo hincapié en la seguridad jurídica. Sobre este último tema, según pudo saber este medio, en la reunión se plantearon las diferencias que hay entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, sobre la decisión de Alberto Fernández de intervenir y expropiar la empresa Vicentin. Desde el campo han expresado en más de una oportunidad su preocupación por lo que esa situación se interpretó un avance sobre la propiedad privada.

De ahora en más hay un compromiso de ambas partes de potenciar el diálogo para superar los problemas actuales del país. Mientras tanto, en el interior las bases estarán atentas a cómo avanza la relación de la Mesa de Enlace con el Gobierno nacional. Hay mucho malestar y desconfianza de los productores con la administración de Alberto Fernández. El tiempo dirá si la reunión de hoy sirvió para avanzar o retroceder en la búsqueda de un entendimiento y de una política agropecuaria muy diferente a la actual.

Fuente: Infobae.com

En medio del debate por la intención del Gobierno de modificar el calendario electoral por la situación sanitaria, un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio impulsa un proyecto de ley para implementar de manera excepcional el sistema de boleta única de papel en las legislativas de este año.

La iniciativa fue presentada ayer por Facundo Suárez Lastra (UCR-CABA) y recibió el acompañamiento de varios integrantes del interbloque opositor, como Pablo Torello, Mónica Frade, Dina Rezinovsky, Camila Crescimbeni, Gabriela Lena y Alicia Terada, entre otros.

Para Suárez Lastra, la boleta única de papel, que se utiliza en las provincias de Córdoba y Santa Fe, no solo es «el método más económico y transparente», sino que permitiría reducir los riesgos de contagios en los lugares de votación en las primarias y en las elecciones generales.

«Hay varios proyectos que plantean la boleta única como régimen de votación, pero lo estoy poniendo como excepción en ocasión de la pandemia», explicó ante la consulta de LA NACION.

El diputado radical considera que el sistema de boleta única «es el más adecuado en términos de efectividad e higiene» para aplicar en este contexto sanitario. «Evita la necesidad del despliegue logístico de los partidos políticos, que lleven gente a repartir boletas, a custodiarlas. Simplifica mucho el trámite y lo hace más acorde a un comicio cuidado por la pandemia», justificó Suárez Lastra.

Ese mecanismo, señaló el dirigente radical, permitiría reducir «el tiempo de votación, los contactos de los votantes con las boletas y el espacio que se necesita destinar para los cuartos oscuros».

El proyecto establece que la Cámara Nacional Electoral «aprobará el diseño uniforme en tamaño y características de la boleta de papel y el diseño con la nómina completa de candidatos». «Esa nómina deberá exhibirse de modo obligatorio en cada establecimiento de votación. Cada Junta Electoral adaptará dichos modelos a la oferta electoral de su distrito», indica.

«Debemos velar por el pleno ejercicio de los derechos políticos y garantizar la integridad de todo el proceso electoral en este año que se presenta tan desafiante», apuntó Suárez Lastra. Y añadió: «Con este proyecto buscamos sumar un elemento más para garantizar la transparencia y evitar el oportunismo partidario».

A diferencia de otros proyectos de ley de la oposición que proponen implementar la boleta única, un sistema que no cuenta con el aval del oficialismo, la iniciativa de Suárez Lastra establece que ese régimen de votación será aplicado de forma excepcional por la pandemia de coronavirus en las PASO y en las generales de este año.

«En cada comicio, en vez de que haya varias boletas, se oficializan todas las listas. Luego, se realiza una boleta única de papel, una experiencia que ha funcionado muy bien en Córdoba y Santa Fe. Sería muy oportuno aplicarlo en este contexto», afirmó el diputado de Juntos por el Cambio.

En su presentación, Suárez Lastra recordó que diversas entidades de la sociedad civil, como Poder Ciudadano, Transparencia Electoral, la Red Ser Fiscal y ACDE, entre otras, apoyan la implementación de la boleta única.

Debate por la postergación

Durante los últimos días el Gobierno sumó presión para forzar a la oposición a consensuar un cambio en el calendario electoral, debido a la pandemia de coronavirus y las demoras en torno al plan oficial vacunación. El oficialismo contempla tres opciones: suspender las PASO, unificar las primarias y las legislativas, en un mecanismo similar al de la ley de lemas, o postergar las fechas de la elección.

Antes los cuestionamientos de Juntos por el Cambio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, defendió la eventual suspensión de las PASO con un argumento sanitario: «Entre gastar en boletas y gastar en vacunas, en este contexto prefiero gastar en vacunas», aseguró el tigrense.

En diálogo con LA NACION, Suárez Lastra rechazó «el argumento demagógico» de Massa y remarcó que implementar la boleta única de papel en las próximas elecciones le generaría un ahorro «muy importante» a las arcas del Estado.

En los fundamentos de su proyecto, Suárez Lastra señala que «está comprobado que la boleta única reduce el gasto destinado a las elecciones por la menor cantidad de impresiones necesarias». «Está en línea con la idea de gastar lo mínimo posible en pandemia», dijo.

Anteayer, durante una nueva reunión virtual de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, las principales figuras de la coalición opositora expresaron su rechazo a la intención del Ejecutivo de celebrar las PASO y las legislativas el mismo día, con la excusa de la emergencia sanitaria. Y acordaron resistir el intento del oficialismo de cambiar «las reglas de juego» durante el año electoral.

En la principal fuerza opositora rechazan la posibilidad de unificar las elecciones y la idea de suspender las PASO, una jugada que promueven los gobernadores del PJ, pero estarían dispuestos a explorar un acuerdo con el Gobierno sobre la posibilidad de postergar las fechas de los comicios. Hasta ahora, sostienen desde el campamento de Juntos por el Cambio, no recibieron un pedido formal de la Casa Rosada para discutir el tema.

El próximo miércoles 17 de febrero la ciudad de Buenos Aires será el escenario de la vuelta a clases de forma presencial. En este marco, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dio a conocer el protocolo final con las medidas que se implementarán contra el covid en las escuelas. Acá, los detalles.  Clases y presencialidad escalonada Según el gobierno porteño, los chicos volverán a las aulas todos los días al menos en una jornada simple de 4 horas. Lo van a hacer de manera progresiva: El 17 de febrero vuelven los chicos de 45 días a 5 años, los primeros tres grados del primario y de modalidad Especial y los primeros dos años del secundario. El 22 de febrero, los estudiantes de los últimos cuatro grados del primario y de la modalidad Especial. El 1 de marzo, los estudiantes de los tres últimos años del secundario y de los últimos cuatro años de escuela técnica. El 8 de marzo los estudiantes de la escuela de adultos. Y el 22 de marzo los terciarios y los institutos de formación profesional y de docentes.   El 17 de febrero empiezan las clases y la vacunación a los docentes aún no arrancó El protocolo dentro de la escuela De acuerdo a la información oficial, se implementará de acuerdo a la realidad de cada escuela. El uso de tapabocas y la toma de temperatura al ingresar será común a todas. El protocolo establece que: El ingreso a las escuelas va a ser escalonado cada 10 minutos.  Las burbujas van a ser el grado, sala, curso o año. La distancia social tendrá que ser de 1,5 metro como mínimo y para eso se hará una redistribución del mobiliario. Al entrar se les va a tomar la temperatura a todos los chicos y van a limpiarse las manos con alcohol en gel. El tapabocas va a ser obligatorio desde sala de cinco en adelante y vamos a darles máscaras de acetato a los docentes. Es clave la renovación del aire y se mantendrán abiertas puertas y ventanas. Va a haber recreos pero sin contacto entre las distintas burbujas. Pueden ser en horarios escalonados o en diferentes espacios, por ejemplo.  Algunas actividades, como las clases de educación física y de música, van a tener su protocolo específico. Y van a quedar suspendidos por el momento los grandes actos, incluido el de inicio de clases. El transporte público Según se informó de manera oficial, el transporte público será prioritario para estudiantes y docentes en los horarios de ingreso y egreso a las escuelas. Para eso se va a reforzar la señalización en 1.700 paradas y refugios de colectivos. Además, el Gobierno porteño trabaja con el Gobierno Nacional para aumentar la frecuencia de los colectivos durante el horario escolar para que chicos y docentes puedan viajar respetando las distancias y llegar más rápido. Los micros escolares van a tener que circular con las ventanillas abiertas, a todos los chicos se les va a tomar la temperatura antes de subir y por supuesto todos van a tener que usar tapabocas. Se reforzarán las medidas de higiene, los conductores deberán estar separados por un plástico divisorio y sólo se admitirán chicos sentados. Va a volver a funcionar el programa Sube y Baja en 140 escuelas, con el que se organiza el tránsito para aquellas familias que llevan a sus chicos en auto y se evita que los chicos suban o bajen de vehículos estacionados en doble fila. Y en las escuelas más grandes habrá cortes de calles parciales o totales durante la entrada y salida, con un grupo de concientizadores coordinando este tema. Además, Agentes de Prevención para cuidar a chicos, padres y docentes en esos momentos del día. Vuelta a clases y el debate presencialidad o virtualidad Quienes necesiten usar el transporte público, destinado solamente a trabajadores esenciales, deberán sacar el permiso correspondiente que requiere el Gobierno Nacional. Se tramita así: Ingresar a la página www.argentina.gob.ar/circular.  Señalar si se posee DNI argentino. Consignar el lugar de destino. Seleccionar la opción «Ir a un establecimiento educativo a trabajar o estudiar” y detallar el motivo (trabajo, estudiante o adulto responsable). Será necesario informar el número de la tarjeta SUBE para traslados en transporte público de pasajeros urbano, interurbano o interjurisdiccional. El plan de testeos a docentes  Esta semana se puso en marcha el plan de testeos exclusivo para la comunidad educativa, para trabajadores de escuelas públicas y privadas, que pueden testearse cada dos semanas. Se testea en: La Rural (Comuna 14), Palermo, funciona de 8 a 20 de lunes a domingos. Se puede hacer el test tanto en forma peatonal con entrada por Av. Santa Fe 4201, como vehicular, con acceso por Av. Sarmiento 2704. Usina del Arte (Comuna 4), Agustín Caffarena 1, La Boca. Testeo peatonal, de lunes a viernes de 9 a 15. Sede Comunal 7 (Av. Rivadavia 7202), Flores, que hará testeo peatonal de 9 a 15 de lunes a viernes. Los turnos se sacan en la dirección web de la Ciudad https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/noticias/testeos-gratuitos-para-el-personal-docente-y-no-docente. ️Resultados. Serán informados entre las 12 y 24 horas a través de mail o comunicación telefónica o mediante el chat Boti (11 50500147). En caso de resultar positivo será informado por personal de Salud mediante un llamado telefónico para poder transmitir el procedimiento sanitario a seguir. Hasta anoche desde el lunes 8 testearon a 3.251 docentes y no docentes, con 15 casos acumulados positivos y 407 de personas que mostraron tener anticuerpos de Covid 19.

Fuente: Perfil.com

YPF concluyó exitosamente su canje de deuda obteniendo la participación del 60% de los tenedores del bono 2021, según pudo saber Infobae esta mañana. El plazo venció hoy a las 00 de Estados Unidos.

YPF tenía un horizonte cercano de incumplimiento con un vencimiento por 413 millones de dólares en marzo.

“Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares”, destacaron allegados a la negociación.

De esta manera, la compañía logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera el requerimiento de renovar del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021, detallaron las fuentes.

Además, aclararon que “el logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás”.

Blackrock, uno de los principales acreedores de la empresa (EFE/Justin Lane/Archivo)

Después de un cierre negativo en el día de ayer para el ADR de la empresa en Wall Street (-3,42%), en el pre market de hoy, y antes de conocerse el anuncio, la acción subía 0,03 por ciento.

El ok de los fondos

El arduo camino de la negociación de la petrolera, con idas y vueltas en las últimas semana –y en medio de un proceso de cambios en la cúpula directiva– comenzó a despejarse el domingo pasado por la noche.

Ese día, por medio de un comunicado oficial, la empresa anunció que extendía el plazo de la negociación para reestructurar una deuda total de USD 6.200 millones y que haría enmiendas “a los términos y condiciones de su oferta de canje modificado y reformulado” las anteriores y con la idea de conseguir apoyo de bonistas que hasta entonces rechazaban su oferta.

Se trataba del grupo representado por el bufete de abogados Clifford Chance, el mismo que nuclea a grandes fondos institucionales como BlackRock y Fedelity y que tenía el 45% de tenencias que vencen este año.

Vista general de la fachada del edificio del Banco Central (EFE/Cristina Terceiro/Archivo)

Según pudo saber Infobae el fin de semana pasado, el viernes 5 de febrero YPF había alcanzado un nivel de aceptación global cercana al 30% del total de bonos elegibles. Se esperaba que mañana la empresa informara oficialmente el nivel de adhesión alcanzado en su discutido canje con acreedores externos. “Formalmente, la operación tiene preestablecida una fecha de aceptación que sería el lunes próximo, momento en el que se divulgará el resultado de la propuesta de YPF”, había trascendido al cierre de la semana pasada.

Las principales modificaciones de la oferta que aceptaron los bonistas –con dinero en efectivo ofrecido a los tenedores– tuvo dos tramos:

– Consideración anticipada de cambio para las notas antiguas de 2021: Según se detalló: “serán elegibles para recibir, por cada monto de capital de USD 1.000 de los Bonos Antiguos así presentados, un monto de capital de USD 699 de Pagarés garantizados de 2026 y pago en efectivo de 408 dólares”. Esta es la oferta que aceptaron BlackRock, Fidelity y otros y que alejó a la compañía del default.

– Consideración de cambio tardío para las notas antiguas de 2021: “por cada monto de capital de USD 1.000 de los Bonos Antiguos 2021 así licitados, el monto de capital de USD 824 de los Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de USD 283”.

En septiembre pasado, el Banco Central restringió el giro de dólares a las empresas para pagar sus deudas, lo que obligó a una reestructuración que no estaba planeada. Ayer, la autoridad monetaria autorizó divisas por unos USD 165 millones, o el 40% de vencimiento de marzo.

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández advirtió este martes 9 de febrero que hay que prestarle menos atención a «los profetas del odio», en alusión a un sector de la oposición, en especial, a Juntos por el Cambio. «Hace 20 días yo era un envenenador serial y ahora me piden veneno para todos los argentinos», dijo sobre la vacuna Sputnik y la denuncia de la ex diputada Elisa Carrió. También resaltó que la misma actitud tiene ese espacio con el conflicto con el campo. «Yo digo que hay que cuidar la mesa de los argentinos y ellos leen que promovemos una pelea con el campo», aseguró. Fue durante un acto en el Noroeste argentino. Fernández se reunirá este miércoles 10 de febrero con la Mesa de Enlace, en plena tensión por una posible suba de retenciones. El presidente argentino solicitó a los dirigentes rurales que bajen los precios para el consumo interno, pero las entidades contestaron que ellos no son formadores de precios. «Mi deber es cuidar la mesa de los argentinos. Estamos orgullosos de que el precio del maíz, de la soja, de la carne y el trigo crezcan, pero hay que producir más y exportar más. Pero tenemos que garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en contra de los argentinos», indicó.   El jefe de Estado agregó que no es posible que haya una discusión circular en torno al campo y al precio de los alimentos. «Quiero creer que vivimos en una sociedad a la que le preocupa la gente que menos tiene. ¿No nos alcanza enfrentar una pandemia que se lleva la vida de la gente para saber que algo hay que cambiar?», se preguntó. El gobierno busca producir la vacuna Sputnik V en un laboratorio argentino Sobre el coronavirus, añadió que su gobierno le puso el cuerpo a la pandemia «que era algo desconocido para todos. Pero no nos apichonamos». «Nunca nos apichonamos. Pusimos el cuerpo, nuestro esfuerzo, ante un enemigo invisible», indicó. Sobre los profetas del odio agregó: «Cuando decimos que queremos una nueva ley de biocombustibles, ellos leen que queremos terminar con los biocombustibles». «Lo que queremos nosotros es que produzcan más y den más trabajo», agregó.

Fuente: Perfil.com

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, analizó la actualidad política y presagió el fin del kirchnerismo. “El 70% de la sociedad no está en ese pensamiento”, aseguró una de las figuras más representativas de la oposición en el último tiempo.

En declaraciones televisivas en el canal de cable TN, Bullrich se refirió a la posibilidad de llegar a algún tipo de consenso con el gobierno pero puso una clara condición: “El peronismo tiene que moderarse, ser razonable y no ser un peronismo con un proyecto extremo”.

“Yo veo el fin del kirchnerismo porque está viejo y sus ideas no son tan masivas; el 70% de la sociedad no está en ese pensamiento”, señaló Bullrich.

En tal sentido, la dirigente añadió: “Sería bárbaro que Argentina salga de esta permanente traba. Nosotros nos encantaría poder tener actores racionales en frente que entiendan que Argentina tiene que modernizarse, que no hay que apretar más al campo, que no hay que crear más impuesto”.

Patricia Bullrich, presidenta del PRP

“Nosotros sí tenemos que pelear peleamos, si no hay otra posibilidad, pero si podemos acordar un plan de modernización como hizo Irlanda o España, eso es lo mejor. Por supuesto que estamos de acuerdo con eso, con un acuerdo para el futuro, no para administrar la miseria, para administrar la nueva posibilidad de crecimiento’, enfatizó.

Por otro lado, Bullrich se mostró a favor de subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias aunque admitió que “hay situaciones extrañas”. La dirigente respaldó la adhesión de Juntos por el Cambio al proyecto del oficialismo aunque advirtió: “Siempre hemos defendido que el salario no tiene que pagar Ganancias, pero cuando comenzamos a mirar la realidad, nos damos cuenta que hay situaciones extrañas”.

“Visten un santo para desvestir otro: al aumentar los impuestos a las empresas, van a crear un elemento totalmente contrario a lo que se necesita para la reactivación en la Argentina”, enfatizó respecto a la idea del oficialismo de aumentar la presión fiscal sobre las empresas.

En ese sentido, Bullrich habló del “impuesto inflacionario” como principal problema de los argentinos en materia económica: “Es muy importante analizar que en la medida en que la inflación siga comiéndose parte del salario, el que menos gana va a perder mucho más que el que más gana. Por ende, es fundamental terminar con la inflación como un mecanismo de degradación permanente de los salarios”, concluyó.

Fuente: Infobae.com

Legisladores kirchneristas pusieron en vigor seis artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal que permiten revisar condenas, aún cuando hayan sido confirmadas por la Corte Suprema. La resolución 1/2021 fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Los cambios establecen que una pena solo se puede ejecutar cuando queda firme, tras un fallo de la Corte Suprema, y no antes como se venía haciendo hasta ahora.

La resolución puede generar un fuerte impacto en las causas por corrupción, como en el caso de Amado Boudou.

Los artículos que entraron en vigor establecen que la revisión de una sentencia firme es posible «en todo tiempo y únicamente a favor del condenado», cuando otra sentencia hubiera determinado hechos diferentes. Para dar por tierra una sentencia, la modificación sostiene que las razones pueden ir desde que las pruebas o los testigos fueron falsos, cuando la condena fue dictada por un juez actuando en contra de la ley o porque cobró coimas o hubo cohecho o si después de la condena sobrevinieran o se descubrieran nuevos hechos o elementos de prueba que garanticen la inocencia del acusado.

Además, se establece que corresponde aplicar retroactivamente un cambio en la legislación que favorezca al condenado y revocar una condena se hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado internacional.

Podrá disponerse la libertad provisional del condenado, con o sin caución, durante el procedimiento de revisión.

La decisión lleva la firma de los legisladores kirchneristas o aliados del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, María de los Angeles Sacnun, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda.

La resolución parece tener nombre y apellido y se vincula con las causas que enfrenta el kirchnerismo. A partir de ahora, por ejemplo, podría revisarse la condena firma contra Amado Boudou, si es que prosperan algunos de los argumentos de los kirchneristas que los defienden, que señalaron que fue víctima del lawfare, o de un fallo ilegal, por ejemplo.

Y como puede disponerse la libertad del condenado durante la revisión, Boudou podría intentar acogerse a este beneficio.

Además, al considerar que una condena se ejecuta cuando se pronuncia la Corte, impide que, por ejemplo, vayan presos los condenados, a pesar de que la Cámara de Casación hubiera rechazado todos sus recursos, como ocurre hasta ahora. Este criterio era aplicado a partir de un plenario de la Cámara de Casación, llamado Agüero y de un precedente de la Corte en el caso Olariaga. Ya no será así.

Ahora, por ejemplo, si Cristina Kirchner es condenada por asociación ilícita o Lázaro Báez es sentenciado por lavado de dinero, sus condenas no se ejecutarían hasta que la Corte analice sus casos, lo que puede demorar años. Antes, alcanzaba con que la Casación rechazara sus recursos para que la sentencia quedara en condiciones de ser ejecutada.

Esta decisión afecta también la causa por la Tragedia de Once. Actualmente se está revisando la condena contra Julio de Vido a cinco años y ocho meses de prisión. En caso de que se rechacen sus recursos extraordinarios en Casación y dejen el fallo en condiciones de ser ejecutado, no se ejecutará y De Vido seguirá en su casa hasta tanto se pronuncie la Corte Suprema de Justicia. Y aún así, si lo hace, esta sentencia firme puede ser revisada, nuevamente.

El mecanismo que se prevé para esta revisión es que sean sorteados tres jueces con funciones de Casación para revisar condenas firmes.

Con la entrada en vigor de estos artículos se aleja en el tiempo la posibilidad de que los fallos queden firmes y que los condenados, si están en libertad, cumplan su condena en prisión.

El nuevo Código Procesal Penal Federal fue aprobado por el Congreso, con los votos de la oposición, aún no entró en vigencia en su totalidad. Solo rige en Salta y Jujuy. Y el gobierno fue activando diversos artículos según sus necesidades.

Por ejemplo cuando estaban presos funcionarios kirchneristas por corrupción, puso en práctica los artículos que limitaban la aplicación de la prisión preventiva, y establecían un menú de medidas alternativas a la prisión, antes de decidir dejar a un procesado preso. esto permitió fundamentar las excarcelaciones de los exfuncionarios que estaban detenidos.

También recientemente pusieron en vigor otra norma que señala que obliga a revisar una condena en la Argentina debe revisarse si hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En los fundamentos de la decisión de la bicameral se señala que se busca unificar criterios, defender el principio de inocencia, y «evitar errores de interpretación de la normativa procesal vigente que puedan desembocar en perjuicios irreparables en materia de los derechos de los justiciables y/o posturas contradictorias respecto del alcance del derecho a la revisión».

Al avance del kirchnerismo en la Cámara Federal y lo intentos de controlar a los fiscales con una nueva ley de Ministerio Público se suma esta decisión de la Bicameral.

Los artículos que entran en vigor son el 366, 367, 368, 369, 370 y 375 y dicen lo siguiente.

REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA FIRME

ARTÍCULO 366.- Procedencia. La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado, por los motivos siguientes:

a. Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueran inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable;

b. La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable, o resulte evidente aunque no exista un procedimiento posterior;

c. La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada como consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable;

d. Después de la condena sobrevinieran o se descubrieran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hicieran evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió, que el hecho cometido no es punible o encuadra en una norma penal más favorable;

e. Corresponda aplicar retroactivamente un cambio en la legislación que favorezca al condenado;

f. Se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual.

El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá un nuevo pedido fundado en motivos distintos.

ARTÍCULO 367.- Legitimación. Podrán solicitar la revisión:

a. El condenado o su defensor;

b. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a favor del condenado;

c. El cónyuge, conviviente, ascendientes o descendientes del condenado, si éste hubiese fallecido.

ARTÍCULO 368.- Interposición. El pedido de revisión se interpondrá por escrito ante la oficina judicial quien sorteará a tres jueces para que lo resuelvan exceptuando a aquellos que hubieran intervenido en el caso. Deberá contener la concreta referencia de los motivos en que se funda, las disposiciones legales aplicables y copia de la sentencia de condena. Junto con el escrito se ofrecerán las pruebas y se agregarán los documentos.

ARTÍCULO 369.- Procedimiento. Para el procedimiento regirán las reglas previstas para las impugnaciones, en cuanto sean aplicables. Los jueces podrán disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. Podrá disponerse la libertad provisional del condenado, con o sin caución, durante el procedimiento de revisión.

ARTÍCULO 370.- Decisión. Si los jueces hicieran lugar a la revisión, pronunciarán directamente la sentencia definitiva y dispondrán las medidas que sean consecuencia de esta.