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La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, pidió este martes 16 de febrero «garantizar la presencialidad de los chicos» en las escuelas, que comenzará mañana miércoles 17 de febrero en el distrito porteño, y garantizó que para ello «todas las áreas del Gobierno» se pusieron al servicio de la educación.

Según Acuña, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta «tomó la decisión de declarar la educación como actividad esencial por lo que todas las áreas de gobierno tienen que ponerse al servicio de la educación para que pueda salir de la mejor manera».

En este sentido, explicó que desde las áreas de Tránsito y Transporte se organizó el aumento de la frecuencia de los servicios y dijo que personal de Espacio Público «trabajó en la limpieza de todos los entornos escolares«.

«Hemos identificado cuáles son las escuelas que tienen más sectores estrechos para el ingreso, tal vez allí se cortarán las calles. También se están preparando los ingresos, aumentando la gente en los senderos seguros y en las bicisendas«, detalló en diálogo con TN sobre la organización para el regreso presencial a las aulas.

Vuelta a clases presenciales: cómo será en cada Provincia de Argentina

Asimismo, destacó el trabajo «durante meses en el armado de este protocolo», aprobado a nivel local y luego reemplazado por otro nacional «que sigue los mismos lineamientos».

«Con esos criterios generales que tienen que ver con el distanciamiento y los cuidados, cada una de las escuelas armó su propuesta de organización, comunicó el horario, el grupo y la modalidad de cómo van a trabajar», señaló la ministra porteña.

En tanto, destacó que se apunta a «ir con lo básico que es garantizar la presencialidad de todos los chicos dentro de las escuelas».

Acuña reiteró que los comedores no están habilitados y que solo se podrá almorzar «en los patios, al aire libre«, por lo que «la comida en los comedores se reemplazó por la canasta nutritiva alimentaria, que se seguirá entregando a quien solicite la beca alimentaria como se dio durante la pandemia».

Cómo es el protocolo de la Ciudad para volver a clases presenciales

«El momento de la comida es el momento más complejo porque es donde nos sacamos el barbijo, donde se relajan las pautas de conducta«, explicó la funcionaria, y dijo que «volver a la escuela es algo ordenador, pero es algo distinto a lo que conocíamos hasta el 20 de marzo pasado con formas de enseñar diferente, de organizarnos diferente».

Por último, Acuña aseguró que la Ciudad decidió iniciar mañana el nuevo ciclo lectivo para que «en esta primera etapa (los docentes) puedan trabajar sobre un diagnostico profundo y claro sobre cada uno de los niveles y el punto de partida de sus estudiantes«.

«Luego cada docente tiene que armar una planificación nueva, retomando los contenidos del año pasado e incorporando los de este año. No queremos nivelar para abajo, queremos que se aprenda lo que se espera para el nuevo ciclo, pero entendemos que hay contenido que hay que recuperar «, concluyó.

Fuente: Perfil.com

La tradición de la lista única en el Partido Justicialista podría terminarse en las próximas elecciones, incluso habiendo una lista que postula al propio presidente Alberto Fernández para dirigir el histórico Partido Peronista. Se trata de la lista del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que obtuvo los avales y sin favoritismo propuso una lista diferente que incluye a importantes dirigentes y exfuncionarios disidentes.

Si bien desde la lista del jefe de Estado aseguran que hasta el viernes podría haber impugnaciones y que podría terminar habiendo una lista única como marca la tradición, lo que está claro es que hay un sector relegado en el oficialismo, en la coalición gobernante, que quiere debatir y disputar el rumbo de la Argentina. La dirigente de la organización social Tupac Amaru detenida, Milagro Sala, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, la exsíndica de la Sigen y esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, y el exjefe de la Unidad de Información Financiera José Sbatella, son algunos de los nombres que integran la lista alternativa.

También es cierto que está clara la diferencia entre ambas listas en el armado, donde Máximo Kirchner y el propio Alberto Fernández decidieron la conformación que también tendrá gobernadores como Kicillof y Manzur y que está descontada su victoria de darse finalmente una disputa.

En tanto la especulación del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se terminó y decidió bajarse de otra lista que proponía disputar la conducción del PJ nacional. Ese acuerdo no pareciera estar llegando con la otra lista a pesar de las reuniones que viene manteniendo Rodríguez Saá y Alberto.

Mariotto sobre las elecciones del PJ: «Somos un frente electoral, queremos que sea un frente político»

«Presos políticos»

Entre las diferencias con la lista de Fernández que marcó Mariotto en una entrevista con PERFIL, hay una perspectiva clara en cuanto a si en la Argentina hay o no hay presos políticos. Para Mariotto, el lawfare del que habló el Presidente en su discurso de asunción aquel 10 de diciembre de 2019 incluye las detenciones de Boudou, D’Elía, Sala, De Vido, entre otros, más allá de las causas que aquejan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, el Frente Renovador de Sergio Massa acordó mantenerse aislado de esta elección y no estará vinculado políticamente con la lista del oficialismo, a pesar de integrar la coalición.

Es cierto que desde la lista alternativa no se sienten «opositores a Alberto» ni del oficialismo, porque lo que buscan es «marcar reglas de juego para dejar de ser un frente electoral», hay aspectos en los que se notan las diferencias. A pesar de ser candidatos más afines al kirchnerismo más relegado de los últimos años, no buscan abrirse del partido como en su momento hizo la vicepresidenta al crear el frente de Unidad Ciudadana.

Y, a pesar de que sea Cristina la política que más represente a este sector, los hombres de ella con más poder y responsabilidad de gestión como Axel Kicillof, Máximo Kirchner o Eduardo «Wado» De Pedro jamás han salido a hablar de los presos políticos o de algunas diferencias como el pago de la deuda al FMI que critica el sector ultrakirchnerista.

Sin Sergio Massa, quienes son los nombres en la lista de Alberto Fernández para presidir el PJ

Borrados del PJ

Ahora Minnicelli denunció que ella y su marido Julio de Vido fueron borrados de los registros de afiliados del PJ, luego de la presentación de listas para las elecciones partidarias. Tras la presentación de las listas el pasado lunes por la noche, Minnicelli envió una nota al actual titular del PJ, José Luis Gioja, en la que denunció haber detectado «una gravísima irregularidad» sobre su filiación partidaria y la de su esposo, quien se encuentra detenido.

«Revisando los registros de afiliación verifico que hemos sido ‘borrados’ de los listados, motivo por el cual recurro a la página web del Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos y advierto que ‘no figuramos en el registro nacional de afiliados’», indicó la esposa del ex ministro.

Minnicelli solicitó al PJ que «tome de inmediato las medidas conducentes a corregir esta flagrante violación al derecho constitucional de afiliarse o desafiliarse que tienen todos los ciudadanos argentinos» y que tanto ella como De Vido vuelvan a ser incluidos «en el listado de afiliados» del Partido Justicialista.

Y es que en caso de no figurar como afiliada al partido la dirigente no solo no podría votar en las elecciones internas del 21 de marzo sino que tampoco podría ser candidata en la lista que encabeza Rodríguez Saá, la cual está sujeta a revisión de la Junta Electoral del PJ.

Fuente: Perfil.com

El oficialismo da vueltas otra vez sobre la forma de convertir en hechos lo que el Presidente definió ahora como “imperioso”: un giro sustancial en el terreno judicial para desarmar las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios. No lo resuelve la difusión de un gráfico de una encuesta para descalificar la Justicia ni una andanada de adjetivos contra jueces, fiscales y la propia Corte Suprema. Es una presión enorme, de alto riesgo institucional, pero no alcanza. Tampoco, el par de proyectos que pasaron por el Senado y siguen frenados en Diputados, que acaba de recibir por eso duros reproches kirchneristas. Eso no hace más que ahondar el problema. Y Olivos debe resolver entonces de qué le sirve meter presión pública, con sus costos, cuando ese recurso ni siquiera convence al kirchnerismo duro.

Oscar Parrilli puso ayer en palabras el malestar de ese sector por lo que consideran inacción del propio oficialismo para darle un corte a la situación que presentan como fruto del lawfare. Ese malestar había crecido con la resolución de la Corte Suprema que dejó firme una de las condenas que enfrenta Milagro Sala. Se sumó el propio disgusto presidencial, expresado en declaraciones muy duras vía Twitter. Y el senador que sólo reporta a CFK le agregó combustible por la falta de resultados –¿de voluntad política, también?- en Diputados para avanzar con la reforma del fuero federal y con el cambio a las reglas para elegir al jefe de los fiscales.

La declaración de Parrilli cayó mal porque apuntó además contra algunos “aliados”, imprescindibles para el oficialismo que no cuenta en Diputados con mayoría propia. Dijo que por momentos actúan como “cómplices del macrismo”. Se entiende que la referencia apuntó especialmente al Interbloque Federal, que no vota automáticamente con el Frente de Todos y que ya expresó de manera formal o reservada su rechazo a los proyectos referidos. Allí juegan legisladores del PJ de Córdoba, allegados a Roberto Lavagna y un par de santafesinos de origen no peronista.

Resulta claro que no le hizo un gran favor a Sergio Massa, que tiene en su agenda varios temas complicados, como las PASO, y busca dar señales de distensión en la línea de tratar proyectos con consenso: el cambio en Ganancias es el capítulo por escribir. Fuentes legislativas afirman que los proyectos judiciales no han sido insinuados en ningún contacto.

Ese cuadro no es sólo una señal de tensión por los dos proyectos en cuestión. La reforma con eje en el fuero federal fue muy reescrita en el Senado, con reparto de juego a los gobernadores en materia judicial. Y la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal lleva el sello de CFK. Los dos textos están hace rato en Diputados. Es un mensaje en sí mismo y un aviso frente a otras especulaciones sobre la misma materia.

El aviso sería claro. Nadie quiere escuchar siquiera algo sobre la alternativa de una ley de amnistía. Massa la descartó. No asoma sencillo tampoco el panorama para la creación de un tribunal que atienda cuestiones de arbitrariedades procesales, con inspiración en la “Comisión Beraldi” y que buscaría restarle atribuciones y espacio a la Corte. Esa idea circula en Olivos, por ahora sin horizonte claro aunque con acciones en ascenso.

Por lo pronto, la simple descalificación de la Justicia -salvo que se espera una reacción social a favor de los planes oficialistas, según acaba de advertir Eugenio Zaffaroni- sólo agregaría sombras sobre el juego de poder. Alberto Fernández se refirió a “unos pocos jueces y fiscales” que desacreditarían el sistema judicial. Y desde el Ministerio de Justicia se hicieron acusaciones sobre graves comportamientos, delitos. De ser así, el Gobierno debería poner en marcha los mecanismos institucionales para enfrentar la cuestión.

Oscar Parrilli, senador que emite directamente a CFK. Se enojó porque no avanzan proyectos en Diputados

La propaganda oficial sobre el tema fue más genérica. A través de una serie de tuits, avalados por el Presidente, fue difundido un gráfico de una encuesta encargada por el Gobierno a un grupo de consultoras. Allí se anota que la desconfianza en la Justicia trepa entre los encuestados hasta casi el 88 por ciento. Por supuesto, no se incluyen valoraciones sobre otros poderes, instituciones, sectores y referentes sociales.

Es sabido que en tiempos de crisis y de deterioro económico social trepan las calificaciones negativas en todos los rubros señalados. No existe en estos días encuesta que no indique cuestionamientos fuertes sobre la imagen del Gobierno. Y la valoración de las instituciones ni siquiera tuvo los picos positivos que sí registraba el Presidente en la mayoría de los sondeos durante la primera etapa de la cuarentena. Vale un ejemplo: un trabajo de Management & Fit realizado a fines de abril pasado indicaba que el Gobierno anotaba 55,8% entre poca y nada de confianza, los jueces 56,% y los legisladores 64%.

Pero restan al menos dos cuestiones centrales a tener en cuenta. En primer lugar, diversas consultoras -entre ellas Synopsis, D´Alessio-Berensztein y M&F- vienen señalando que la mayor preocupación registrada en sus sondeos es economía (incluyendo inflación, desempleo, pobreza), seguida por la corrupción y de manera creciente desde mayo, la inseguridad. Son temas persistentes. La pandemia anota subas y bajas.

El segundo tema se puede formular como interrogante. ¿Por qué la Justicia genera altos niveles de cuestionamiento? Algunos sondeos incluyen un alto rechazo a la impunidad, entendida en sentido amplio. Desde los grandes casos de corrupción que se dilatan eternamente sin resultado a la vista, hasta la difundida imagen de la puerta giratoria para muchos delitos. El dato es seguramente parte central de la respuesta.

La encuesta recortada en el mencionado tuit del Gobierno no hace referencia alguna a tales interrogantes. Al menos, es lo que fue difundido.

Pero la cuestión no se agota allí. Al contrario, muestra al Presidente en conflicto con otro poder y pone el foco en la propia reacción del Gobierno frente a lo que denuncia. Por las razones expuestas, ninguno de los proyectos encarados termina de ajustarse a la condición “imperiosa” adjudicada al tema. La presión sobre la Corte, grave y persistente, parece recorrer el mismo círculo vicioso. Cada embate, vuelve a colocar la tensión en Olivos y en la interna oficialista. Acaba de ocurrir. Parrilli y Zaffaroni, que volvió a hablar de amnistía, apenas lo expresan en público.

Fuente: Infobaae.com

Con la llegada del primer envío de las vacunas de AstraZeneca, en un contrato por 1.160.000 dosis que se prevé completar en los próximos días con un segundo arribo, el ministro de Salud, Ginés González García, hizo un nuevo pronóstico sobre la vacunación en el país: «Si todo va a bien, en agosto, septiembre tendremos vacunados a todos los argentinos, menos los menores de 18 años».

En medio de presiones por la necesidad de acelerar el esquema de vacunación -que en un principio estipulaba inocular a 10 millones de personas entre enero y febrero, pero cuya cantidad de dosis disponibles son mucho menores- el funcionario insistió: «Con las vacunas que hemos comprometido y con las acciones que estamos haciendo, estimamos que en agosto, septiembre, tenemos vacunados a todos los argentinos que están en condiciones de ser vacunados». Sin embargo, aclaró que eso cambiaría «si dicen que a los menores de 18 años hay que vacunarlos», porque se ampliaría la población para inocular.

«Estamos empezando otro ritmo de vacunación, mucho más acelerado, que tiene que ver con un camino que con los distintos proveedores de vacunas vamos a seguir acelerando día a día», comentó González García y agregó: «Hay un programa que no depende solo de nosotros, sino también del aprovisionamiento. Tenemos por eso tantos proveedores, por eso ven que el ritmo se está acelerando: llegó uno el viernes, otro hoy, en febrero otro de AstraZeneca y estamos terminando los aspectos con Sinopharm, estamos con un ritmo acelerado en todo el país».

A las 1.220.000 dosis de la vacuna Sputnik V -la única que había llegado al país, hasta hoy- se sumó este nuevo cargamento de la vacuna de AstraZeneca, fabricada en India, a través de un «contrato adicional» al convenio inicial que el Gobierno firmó con la farmacéutica para recibir 22,4 millones de dosis.

Según explicó el funcionario de Salud, esta vacuna, como la Sputnik V, también es de dos aplicaciones; pero la característica es que contempla una ventana más amplia de tiempo entre dosis. «Después de las cuatro semanas, con una sola dosis, sigue aumentando la efectividad; por eso tenemos mucho margen para la segunda aplicación», explicó.

«Es un gran día, lo hemos sacado inmediatamente de la Aduana. ¿Recuerdan cuando demoraban nueve meses en salir las vacunas de la Aduana?», dijo González García, en una clara referencia a las millones de dosis de la vacuna contra el sarampión que el ministro acusó al exsecretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein,de haber dejado inutilizadas allí por un largo tiempo.

«Ahora sigue un proceso muy rápido. De aquí va a otras cámaras donde se empacan según cada provincia, con la cantidad que les corresponde. Se organiza un operativo logístico con seguridad, que va a cada uno de los lugares de nuestra patria», señaló el ministro, quien aseguró que, en 48 horas, la vacuna estará en todas las provincias para «finalizar con la vacunación del personal sanitario, que queda muy poco, y comenzar con los mayores, los más vulnerables».

En cuanto a ese esquema, recordó que se vacuna primeramente a los «más vulnerables», para así «evitar las consecuencias graves» y, después, a aquellos con menos riesgo. «Ahí, el sentido que tendrá la vacunación es que estemos vacunados los mayores de 18 para que no haya circulación», indicó.

Fuente: La Nación

Los alumnos porteños regresarán hoy a las aulas de manera presencial, con un protocolo estricto y de manera «escalonada y progresiva» para reducir el riesgo de contagios de coronavirus.

Según la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña,, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta «tomó la decisión de declarar la educación como actividad esencial por lo que todas las áreas de gobierno tienen que ponerse al servicio de la educación para que pueda salir de la mejor manera».

En este sentido, explicó que desde las áreas de Tránsito y Transporte se organizó el aumento de la frecuencia de los servicios y dijo que personal de Espacio Público «trabajó en la limpieza de todos los entornos escolares«.

«Hemos identificado cuáles son las escuelas que tienen más sectores estrechos para el ingreso, tal vez allí se cortarán las calles. También se están preparando los ingresos, aumentando la gente en los senderos seguros y en las bicisendas«, detalló en diálogo con TN sobre la organización para el regreso presencial a las aulas.

Este miércoles regresarán a las aulas los alumnos de Nivel Inicial (45 días a 5 años de edad, incluyendo la Modalidad de Educación Especial), de Primer Ciclo de Nivel Primario, de Primer Ciclo de la Modalidad de Educación Especial, estudiantes del Ciclo Básico de Nivel Secundario y Primer Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional, de Nivel Secundario.

Centro de Coordinación móvil

Con el objetivo de controlar el posible incremento en la cantidad de pasajeros y pasajeras por la vuelta a las clases presenciales El Ministerio de Transporte de la Nación dispuso un Centro de Coordinación Movil en Constitución en el cual se fiscalizarán mañana, junto con Seguridad y Educacion, los servicios de transporte público.

El Centro de Coordinación Móvil estará ubicado en la Estación de Constitución y será el lugar de partida de los diferentes vehículos y fiscalizadores que brindarán apoyo y asistencia a todos los pasajeros y pasajeras que utilicen el transporte público.

Además, para que todos viajen de forma segura, desde el Centro de Coordinación se realizará el control y seguimiento de los servicios de transporte público, la distribución de las unidades de colectivos a través del sistema SUBE, y las frecuencias de los servicios ferroviarios.

A su vez, agentes del Ministerio de Transporte fiscalizarán a los que viajan en transporte en diferentes puntos estratégicos, como paradas de colectivos y estaciones de trenes, para brindar las recomendaciones sanitarias, verificar los permisos de circulación y controlar las frecuencias de las unidades de los servicios de transporte público.

Cómo es el regreso a clases

1. Distanciamiento social.  Se deberá cumplir con la medida de distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Para el caso de Nivel Inicial, teniendo en cuenta el grado de autonomía de las/os niña/os, cuando no sea posible dar cumplimiento a dicho distanciamiento, “se deberán intensificar las restantes medidas establecidas: uso de tapaboca, máscara facial, ventilación, lavado frecuente de manos, limpieza, desinfección, etc”.

2. Tapabocas. “Es obligatorio, para el ingreso y permanencia en los establecimientos educativos, el uso de tapaboca en todo momento, que debe cubrir por completo la nariz, boca y mentón”.

3. Control de temperatura. Se deberá tomar la temperatura a todas las personas que ingresen al establecimiento educativo, y en caso de que alguien tenga 37,5 o más, no podrá entrar a la escuela.

4. Baños. Con respecto al uso de baños, se recomienda reducir al mínimo la cantidad de personas y el tiempo de permanencia, no superando los quince minutos, y “siempre se deberá tener el tapaboca colocado de manera correcta”. También se deberán mantener las puertas y/o ventanas abiertas en forma permanente para evitar contacto con herrajes y permitir la ventilación adecuada y se restringirá el uso de ascensores: solo podrán ser utilizados por personas con dificultad de movilidad.

5. Ubicación. Para el desarrollo de las clases presenciales en el aula o espacio destinado, además, a cada estudiante se le asignará un lugar fijo cuya disposición no podrá ser modificada durante el desarrollo de las mismas.

6. Traslado.  El personal docente, no docente y las/os estudiantes -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales, quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto.
Por este motivo, quienes usen el transporte público deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID- 19”, denominado “ESCOLAR” habilitado en el link: www.argentina.gob.ar/circular.

7. Ingreso. Desde el gobierno de la Ciudad recomiendan que el escalonar cada 10/15 minutos los horarios de ingreso y egreso a los establecimientos educativos, llevar un registro de todas las personas que ingresan, controlar que toda persona que entre al establecimiento educativo lo haga con el tapaboca colocado de manera correcta, y que, siempre que sea posible, el ingreso y egreso de la escuela se haga por accesos diferenciados.

8. Higiene En los establecimientos deberá haber «provisión suficiente de insumos para la higiene de manos (jabón y papel descartable) en los baños y lavabos», como así también contenedores/dispensadores con alcohol en gel, o alcohol al 70% en todas las instalaciones.

9. Recreos.Serán programados por turno, y no se permitirá entrar en contacto con las/os estudiantes de otros grupos. «Si la escuela no cuenta con espacios suficientes para evitar el contacto entre grupos burbuja, se podrán escalonar los horarios para el desarrollo de los mismos», se establece. En todo momento, además,  las/os estudiantes serán supervisados por un docente, quien constatará el cumplimiento de las medidas y, por último, «no se permitirán juegos de pelotas ni de contacto físico entre estudiantes ni se podrán compartir elementos o materiales de juego»

10 Qué hacer ante un caso confirmado de covid.  En estos casos, el protocolo establece que si el caso confirmado es un docente, «se deberá aislar, durante 10 días corridos, a las burbujas a las que dicho docente ha impartido clases hasta 48 hs. antes de confirmarse dicho caso (el caso se confirma por test, para determinar la fecha de aislamiento se toma la fecha de inicio de los síntomas o, si es una persona que es asintomática, pero se identificó por test, se toma la fecha de testeo), sin perjuicio de la investigación epidemiológica a efectuar por parte del equipo responsable del Ministerio de Salud».

Fuente: Perfil.com

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), informó que “imputó” a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, a las que acusó de retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. Hay que remontarse varias décadas atrás para encontrar otros casos de aplicación de sanciones por desabastecimiento a las compañías.

“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, aseguró un comunicado difundido por el ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde el ministerio, explicaron que se trata de un proceso administrativo, a partir del cual se abre un expediente de oficio. La medida se tomó en el marco de la resolución 100/2020, publicada el año pasado, que estableció el marco legal para la implementación del programa de Precios Máximos. Durante las fiscalizaciones en los comercios, los inspectores de la subsecretaría identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Por eso, más tarde, realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en pedidos de información sobre stocks e inventarios de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.

Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción (Comercio)

En los casos en que se verificó una reducción en la producción o distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, las imputaciones consisten en darle a las empresas un plazo de cinco días hábiles para que acrediten ante la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) haber dado cumplimiento a la norma. También se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y “arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”.

“Para encontrar medidas similares hay que remontarse al primer peronismo, cuando la inflación llega a dos dígitos, y a la década del ‘70, cuando en 1974 se sancionó la ley de abastecimiento. Luego, en el segundo Gobierno de Cristina Fernández, con las amenazas a las empresas durante la gestión de Guillermo Moreno”, recordó el economista Iván Carrino, de la consultora Carrino & Asociados.

Históricamente, el hecho más reciente de aplicación de Ley de Abastecimiento —que fue sancionado en 1974 y modificada en 2014— fue en 2007, cuando Guillermo Moreno estaba al frente de la secretaría de Comercio y abrió una causa judicial contra el entonces presidente de Shell, Juan José Aranguren, por desabastecer el mercado de gasoil. Hubo, incluso, un pedido de arresto contra las máximas autoridades de la empresa multinacional en el país.

En agosto de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando se negociaba con las empresas petroleras un congelamiento de los precios de los combustibles, se apeló a esa vieja ley para lograr frenar los aumentos. Finalmente, no fue necesaria su aplicación y se llegó a un acuerdo con las compañías del sector.

En noviembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández también habló de aplicar la Ley de Abastecimiento, luego de que se registraran faltantes de materiales de construcción. Aunque finalmente esa idea no se concretó. La ley mencionada faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

“El ministerio de Producción siempre habla de diálogo y buen vínculo con las empresas. Pero detrás de eso, está toda la fuerza del Estado para imponer precios. Le pedían a las empresas que vendan a tal precio y que no haya faltantes. No se puede controlar precio y cantidad al mismo tiempo. La empresa cuando no tienen rentabilidad, sacrifica cantidad en haras del precio. No se puede hacer magia”, agregó Carrino.

Según el especialista, el Gobierno tiene una idea de que la producción y los precios dependen de una firma de un ministro. “El control total es una utopía. Si se llega a las últimas consecuencias con esto, vamos a ver muchas empresas que dejen el país. También hay una cuestión de demagogia absoluta. Donde más que un interés en resolver el problema de la inflación se busca un título en los diarios”, indicó.

El economista Roberto Cachanosky también coincidió en que este tipo de medidas buscan generar titulares, pero que terminan siendo poco efectivas. “Buscan un efecto de impacto en la población pero no tienen resultados concretos. El mercado ajusta por precio o ajusta por cantidad. Todos los controles de precios fracasan”, agregó. Y recordó el plan del ministro de Economía José Ber Gelbard durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, que también proponía acuerdos de precios, que luego no lograron sostenerse y generaron una crisis peor.

Para encontrar medidas similares hay que remontarse al primer peronismo, cuando la inflación llega a dos dígitos, y a la década del ’70, cuando en 1972 se sancionó la ley de abastecimiento (Carrino)

“Las imputaciones a las empresas se basan en la resolución de emergencia. Cuestionan la baja de producción en momentos de violenta caída de los ingresos. Muchas veces, en las recesiones, las compañías prefieren mantener márgenes achicando stocks y producción y aumentando precios. En general, si se llega a sanciones terminan en multas que se apelan. Para resolver el problema macro de la inflación aportan poco, pero son señales políticas hacia las empresas y al interior de la coalición de Gobierno”, indicó el economista Ricardo Delgado, socio de la consultora Analytica.

Las acusaciones del Gobierno

“Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, detallaron desde el ministerio de Desarrollo. Según la información oficial, en el caso de la multinacional Unilever —productora de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal— detectaron una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos.

En tanto, en la compañía alimenticia Danone, se comprobó una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado. Y en Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas de pañales y detergentes.

Según el detalle oficial, la panificadora y elaboradora de pastas Fargo tuvo una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades. En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones. Mientras que en la empresa Molinos Río de la Plata se relevó una reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.

En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas. Por último la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo.

Fuente: Infobae.com

Recalentando las acusaciones oficialistas contra la Justicia, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este domingo que pone «absolutamente las manos en el fuego por la inocencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner» en las causas de corrupción que la ex mandataria en su contra, al tiempo que sostuvo que «es absolutamente falso todo lo que le están imputando, y (Mauricio) Macri la persiguió políticamente»

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Cafiero fue consultado sobre si pondría las «manos en el fuego» por la presidenta del Senado, y contestó con firmeza: «Absolutamente, ahora que soy jefe de Gabinete y cuando no era jefe de Gabinete, también».

En este marco, el funcionario insistió en que los procesamientos obedecen a que «Macri la persiguió políticamente», y afirmó que aunque las causas contra Cristina Kirchner «ya tienen cinco años, en ese tiempo el macrismo no pudo demostrar todas las mentiras que quiso inventar».

Alberto Fernández apuntó contra la Justicia: «Es imperioso abordar cambios que le devuelvan su prestigio»

«¿Por qué no avanzan las causas si tuvo el macrismo todo a favor? Es porque no tienen posibilidad de demostrar todas las mentiras que le quisieron inventar en este tiempo», indicó el jefe de ministros. A su entender, los procesos judiciales no llegan a su fin porque para algunos «es preferible tener a Cristina ahí, con las causas abiertas».

«La quieren tener en estado de sospecha permanente, porque hasta acá no demostraron nada ¿Qué esperan?», recalcó. Cafiero se refirió también al caso del ex secretario de Obras Públicas José López, al dar un ejemplo de un caso de «corrupción» dentro de la administración kirchnerista.

«Si hay un tipo que revolea 9 palos…», aseguró el funcionario nacional, que dijo no saber de dónde salió ese dinero y expresó: «Eso está todo en la causa, habrá coimeado empresas, no se».

Nueva embestida del Gobierno contra la Justicia por «corporativista» y «partidaria»

«Que haya funcionarios corruptos no tiene que ver que sea un gobierno corrupto«, enfatizó. Asimismo, Cafiero cuestionó la decisión de la Cámara Federal de Casación que delegó la causa de espionaje ilegal contra el macrismo a Comodoro Py y afirmó que «es difícil de explicar».

«Delegan la investigación de la causa de espionaje contra el Instituto Patria en un fiscal que está imputado por maniobras de espionaje, es difícil de explicarlo», subrayó en diálogo con Radio Rivadavia.

«Me gustaría que alguien de la oposición opine de la figura de (Carlos) Stornelli, un fiscal que se mantuvo en rebeldía, que no asistió a la misma justicia, y que ahora tendría la posibilidad de ser un imputado que investiga la causa», destacó Cafiero. Y agregó: «Hay que preguntarle a (Ricardo) Casal qué pasó, por qué sostuvo a un fiscal que no se ajustaba a derecho».

Casación ordena que la causa por espionaje ilegal pase de Lomas de Zamora a Comodoro Py

Los dichos de Cafiero se dan luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación Federal decidiera este viernes que las causas por espionaje ilegal que tramitaron hasta ahora en Lomas de Zamora, pasen a la justicia federal de Comodoro Py.

El máximo tribunal penal del país también validó todo lo actuado hasta ahora en los dos expedientes que corren en paralelo y en los que se investiga el espionaje al domicilio privado de Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, por un lado, y a dirigentes opositores y oficialistas, por otro.

La investigación tiene bajo la lupa la gestión en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, encabezada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes están procesados en el caso, entre otras personas. Tras la decisión de Casación el expediente será instruido por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli.

Fuente: Perfil.com

Las listas de las postergadas elecciones del Partido Justicialista (PJ) cierran hoy en medio de una silenciosa interna para ocupar los espacios de poder en la estructura partidaria. Alberto Fernández cerró un acuerdo político con Máximo Kirchner y encabezará la nómina oficial, mientras su círculo más cercano trabaja para evitar que Alberto Rodríguez Saá presente una lista alternativa con referentes del kirchnerismo duro que se quedaron afuera del acuerdo que selló el Presidente y el líder de la Cámpora.

La mayoría de los espacios se encuentran encolumnados detrás de la lista que encabeza el Presidente, excepto el Frente Renovador, que no presentó candidatos y se mantiene al margen de la elección partidaria. Mientras tanto, las aspiraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a presidir el PJ, no prosperaron por la falta de apoyos.

Sigue en carrera por fuera de la lista del Presidente un grupo conducido por Rodríguez Saá que hizo ruido en noviembre al presentar una propuesta independiente, llamada “17 de Octubre Fuerza Argentina”, junto a dirigentes del kirchnerismo duro que aspiran a ocupar las vicepresidencias partidarias. Entre ellos se encuentran el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, la polémica dirigente social jujeña Milagro Sala, la exsíndica de la Sigen y esposa del exministro de Planificación Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, y la rectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), Ana Jaramillo.

Hoy vence el plazo para la presentación de listas y las fuerzas tienen tiempo hasta el miércoles para impugnar. Las aspiraciones de Rodríguez Saá para competir en la interna del PJ podrían verse frustradas por la Junta Electoral. Según pudo saber Infobae, la lista podría ser impugnada por cuestiones normativas. La principal objeción que se le haría es que Sala, quien se encuentra procesada y con prisión domiciliaria en Jujuy, no está afiliada. En el grupo de Rodríguez Saá prefirieron no hacer comentarios ante la consulta de este medio respecto del eventual rechazo. “Estamos esperando que la Justicia se expida”, dijeron. Si la lista fuera objetada, dijeron, evaluarán una respuesta. La oficialización de nóminas es el 19.

La mayor parte del PJ se encolumnó detrás de Alberto Fernández

En las próximas horas se conocerán los nombres de los dirigentes que ocupan las candidaturas del oficialismo partidario. Aunque por ahora no hay definiciones, la ambición en las negociaciones era lograr una lista integrada por referentes del albertismo, La Cámpora, el PJ “ortodoxo”, intendentes, representantes sindicales, estudiantiles y juveniles. “Están subiendo y bajando nombres y no hay ninguna certidumbre”, dijo anoche una fuente al tanto de las negociaciones.

Como en cada elección, las figuras más importantes buscan ocupar las cinco vicepresidencias del esquema partidario. Es la intención de Rodríguez Saá y compañía. En tanto, en los últimos días corrió el rumor de que la vicepresidenta nacional, Cristina Kirchner, luego del corrimiento de Máximo Kirchner en el PJ de la provincia de Buenos Aires, podría tomar uno de esos lugares. Las fuentes consultadas al respecto por este medio negaban esa posibilidad o mantenían la reserva. El nombre de Alberto Fernández al frente es el único dato firme. Mientras tanto, en los últimos días, la rosca política peronista bailó en una danza de nombres con las habituales modificaciones minuto a minuto.

En las últimas semanas, los principales dirigentes del PJ acordaron mantener el perfil bajo con respecto al cierre de listas y a la elección partidaria, prevista para el 21 de marzo. La mayor parte de los referentes se mantuvieron en silencio para evitar una eventual “irritación” entre los ciudadanos en el marco de la pandemia de coronavirus, según describió una fuente del peronismo a este medio.

Para el presidente Alberto Fernández, el liderazgo del PJ es clave para contribuir a mantener unido al peronismo de cara a las elecciones legislativas de este año. Pero también con la mira en 2023, cuando espera buscar la reelección, en un eventual desafío al diputado nacional Máximo Kirchner. Los mandatos en el PJ también son por cuatro años, de manera que para los comicios presidenciales continuaría al frente del partido.

Según pudo saber Infobae, en las negociaciones tuvo un rol central el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se mantuvo al margen. Fuente del Frente Renovador dijeron que el massismo no se presenta en la lista porque son un partido diferente y remarcaron que “su aporte llega desde otro lado”, con “las propuestas para la clase media”, por ejemplo, el reciente proyecto para modificar Ganancias.

El presente proceso electoral del PJ se celebra tras varias prórrogas por la pandemia. La fecha de finalización del mandato del exgobernador de San Juan José Luis Gioja estaba fijada en mayo de 2020. En plena crisis del coronavirus, los comicios se pasaron a agosto, luego a diciembre, y ahora el nuevo calendario marca que se realicen en marzo. Gioja asumió en 2016, poco después de la derrota nacional contra Mauricio Macri. Su mandato estuvo marcado por la implosión del peronismo y la posterior unión de los pedazos bajo el paraguas del Frente de Todos, en 2019. Hoy, la unidad está vigente en la coalición de gobierno, pero asoman grietas que esta elección podría contribuir a subsanar.

Fuente: Infobae.com

En sintonía con el discurso del Gobierno, que atravesó semanas de alta tensión con el sector agropecuario, los últimos movimientos del organismo encargado de prevenir y perseguir el lavado de dinero, bajo la conducción del abogado penalista Carlos Cruz,tuvieron un destinatario común: el campo.

La mira del organismo antilavado apunta a las grandes operaciones del campo, alrededor de las cuales la Unidad de Información Financiera (UIF) promovió querellas penales con delegaciones de distintos puntos del país, según reconstruyó LA NACION.

En el organismo conducido por Cruz, según dijeron a este medio, consideran que las grandes empresas agroexportadoras deberían ser investigadas por retención injustificada de granos en silo, sobrefacturaciones, subfacturaciones y contrabando.

Antes de iniciar su gestión, Cruz había dicho que la evasión y el contrabando causan un perjuicio mayor a la sociedad que los delitos de corrupción. Las querellas de la UIF en casos de corrupción redujeron su actividad. De hecho, se cerró una causa por lavado de dinero que había sido iniciada por una denuncia de la propia UIF y este organismo no apeló. Ahora se pone el acento sobre unas aproximadamente diez cerealeras exportadoras. Vincetin y Bunge son dos de ellas y ya fueron querelladas por la UIF.

Tanto en las últimas semanas como durante el año pasado -cuando el organismo intervino en el expediente judicial del caso Vicentin-, el foco de la UIF se ubicó sobre el corredor Litoral, por donde pasan las exportaciones argentinas.

La Unidad de Información Financiera pidió constituirse como querellante en una causa que involucra a directores de la empresa Bunge y al exministro de Agroindustria del macrismo Luis Miguel Etchevere, para acusarlos por presuntas maniobras de fraude cometido contra la administración pública, delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de ese expediente junto al fiscal Carlos Stornelli, rechazó dos veces la intervención de la UIF en la causa, al argumentar que no se investiga el delito de lavado. La UIF presentó un recurso de reposición y la Cámara de Casación deberá definir si acepta que el organismo intervenga en la causa o no.

El caso Vicentin

El organismo también es querellante en la causa Vicentin, donde solicitó no solo ir detrás de las presuntas maniobras de lavado de los directivos de la empresa, sino que también pidió la inhibición de bienes del expresidente Mauricio Macri.

Otro de los expedientes en los que ya fue tenida como querellante la UIF se tramita en Misiones, donde se investiga el contrabando de cereales y soja con relación a mercaderías que fueron secuestradas mientras eran transportadas en camiones en algunas localidades limítrofes con Brasil.

Sin embargo, cuando a Cruz le preguntan por la impronta de su gestión en la UIF, responde que «nadie habla del campo». En este sentido, afirma: «Gran parte de las exportaciones se encuentran concentradas en un tradicional núcleo oligopólico de empresas transnacionales que operan a lo largo del corredor litoral fluvial y terrestre. Ello en un contexto donde por sobre el trabajo leal de los empresarios interesados en el crecimiento del país, algunos sectores voraces vienen desarrollando e impulsado históricamente distintas prácticas para manipular las ventas de productos y la oportuna liquidación de divisas».

Y agrega: «Estas prácticas, a través artimañas como la retención injustificada de granos en silo, sobrefacturaciones, subfacturaciones o el contrabando, presionan sobre el ingreso de divisas, fomentan devaluaciones de la moneda, acarrean evasión tributaria, inciden sobre los precios de productos de la canasta básica de alimentos y, también, conforme indica la experiencia, son utilizadas por políticos inescrupulosos para generar desabastecimiento, mercado negro e inestabilidad social y política».

La Argentina será evaluada este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para medir el nivel de efectividad de su régimen contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se evaluarán la efectividad de las políticas de prevención y el nivel de cumplimiento técnico del sistema antilavado.

En una serie de posteos coordinados en Twitter desde sus cuentas oficiales, el presidente Alberto Fernández y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, cuestionaron el funcionamiento del sistema judicial por su connivencia con los actores políticos y su conducta corporativa.

El presidente Alberto Fernández consideró que “es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”. Y añadió que “es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”.

El jefe de Estado se montó en las redes sociales a un hilo de tuits publicados por Losardo, referidos a la escasa confianza que los argentinos tienen en el proceder de los funcionarios judiciales. La ministra encabezó su hilo de tuits con una encuestra sobre el nivel de confianza de la sociedad en el Poder Judicial donde el 87,9 por ciento expresaba poco (48,8) o nulo (39,1) crédito.

Las publicaciones de Fernández y Losardo se produce tras la decisión adoptada el viernes por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que la causa por espionaje ilegal que involucra a exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri pase a ser instruida en los Tribunales Federales de Comodoro Py. El Presidente y su ministra coordinaron la respuesta política en una reunión previa, como suele suceder cuando Losardo tuitea sobre temas sensibles.

La decisión del máximo tribunal penal del país se produjo antes de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a cargo de la investigación, pudiera resolver la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.

El expediente estará ahora en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y tendrá como fiscal a Carlos Stornelli, quien se encuentra procesado por espionaje ilegal en una causa que se tramita en el juzgado federal de Dolores. Ahora, sólo una improbable intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente definitivamente en los Tribunales de Retiro. El abogado Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta Cristina Kirchner –querellante en esa investigación– formulará un pedido en ese sentido.

En su cuenta de Twitter, Losardo advirtió que “es más que evidente” que los funcionarios que integraron el gobierno de Mauricio Macri “consolidaron una justicia que los protege” y “les evita el deber de rendir cuentas” y aseguró que eso ocurre “con la anuencia de un conjunto de medios” de comunicación que “tapan aquellas inconductas”.

Agregó que “causa una profunda indignación” ver que un fiscal procesado (en referencia a Stornelli), “que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió”.

“Argentina necesita jueces que vuelvan a ocupar el lugar que la República les reclama. Jueces decentes y capaces, que dejen de servir al poder político de turno”, destacó Losardo en su extensa cadena de mensajes y pidió “que no cedan a las presiones corporativos y que se dediquen simplemente a impartir justicia”.

“Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el Presidente de entonces (Mauricio Macri) , que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, acusó la titular de Justicia y Derechos Humanos. Y remarcó la existencia de “detenciones arbitrarias y juicios que se prolongan en el tiempo sin que se obtengan sentencias jurídicas razonadas” lo que conduce a que “la República se degrade inexorablemente”.

Fuente: Perfil.com