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En Uspallata 3150 también sorprendió el mensaje de Alberto Fernández a las 9:05 de la mañana. Esperaban que fuera más tarde. Incluso había esperanza de algún llamado de último momento para dialogar sobre el alcance de las restricciones. Pero no sucedió: se enteraron que el Gobierno había decidido extender las restricciones vigentes en AMBA hasta el 21 de mayo igual que el resto de la ciudadanía.

El anuncio del jefe de Estado incluyó un tema sensible: la suspensión de las clases presenciales. Horacio Rodríguez Larreta había dado señales para consensuar algún tipo de esquema que permitiera dejar de lado las diferencias que provocaron tensión política entre ambas administraciones durante los últimos 15 días. Pero no sucedió. Alberto Fernández ordenó que las escuelas continúen cerrados en las zonas “de alarma”, entre las cuales se encuentra el Área Metropolitana en virtud del nivel de contagios y del porcentaje de camas ocupadas.

El jefe de Gobierno de la Ciudad prepara una respuesta. Reunió a su equipo de en la sede de Parque Patricios para elaborar un plan de acción. Sería anunciado a las 17 en conferencia de prensa. La única certeza es que las clases no se tocan en los jardines de infantes y en las escuelas primarias.

Las secundarias volverían al Zoom (Maximiliano Luna)

Así, Rodríguez Larreta mantendrá las escuelas abiertas al menos hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, que en las próximas horas debería expedirse sobre una acción declarativa de certeza presentada por la comuna porteña tras el cierre de las aulas dispuesto hace 15 días.

El mandatario podría tener un gesto con Fernández. Analiza cerrar las secundarias, donde van los chicos más grandes que logran una mejor experiencia en plataformas de educación a distancia.

Esta mañana, durante el mensaje presidencial, Alberto Fernández le transmitió (a su manera) dos mensajes claros al jefe de Gobierno porteño: primero, al mantener la suspensión de las clases presenciales, y segundo, al reclamar mayores controles de fiscalización para que se cumplan las medidas de prevención en todos los ámbitos.

Fuente: Infobae.com

Alberto Fernández anunció hoy un nuevo decreto que extenderá la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, justo cuando la Corte Suprema había quedado en condiciones de decidir si su decreto anterior era constitucional o no.

El máximo tribunal no está en condiciones de pronunciarse sobre el nuevo decreto; en primer lugar, porque todavía no fue publicado, pero además porque antes debería cumplir con un nuevo trámite, con intervención de los estados nacional y porteño, y de la Procuración.

¿Qué opciones tiene hoy la Corte?

“La Corte tiene un caso en condiciones de ser resuelto”, dijo a LA NACION el constitucionalista Alejandro Carrió. “Puede declararlo abstracto porque el decreto anterior fue reemplazado por este y esperar a que le llegue un nuevo planteo respecto de la validez del nuevo decreto. Pero en mi opinión puede resolver el planteo anterior echando mano a la doctrina de los casos susceptibles de repetición, que se ha utilizado en nuestro país en cuestiones electorales (caso Ríos) y de aborto (FAL)”.

“Así -sostiene Carrió- le daría a los poderes ejecutivos nacional y de las provincias lineamientos importantes sobre qué medidas restrictivas son válidas de acuerdo con la Constitución Nacional y cuáles no. Y con esos lineamientos el Poder Ejecutivo podría calibrar lo que está haciendo, porque ya se ha manifestado el máximo tribunal de la Nación.”

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que “a partir del momento de la publicación del nuevo decreto, la Corte puede declarar abstracta la cuestión [que hoy tiene para resolver] porque la norma impugnada dejó de existir”, pero consideró que el tribunal podría también “dictar un fallo exhortativo o indicativo” argumentando que si bien la norma quedó sin efecto, es procedente “generar grandes marcos” para que se desenvuelva el Gobierno durante la pandemia.

Los gobiernos de la Nación y la Ciudad esperan una definición de la Corte. Después, Larreta podría hacer una nueva presentación. El jefe de gobierno porteño analiza con su gabinete su respuesta al anuncio del nuevo decreto. Todo dependerá de si la Corte falla como espera Larreta. Si lo hiciera, aunque fuera referido al decreto a punto de expirar, el jefe de gobierno porteño vería allanado su camino para un nuevo pedido de declaración de inconstitucionalidad. Para acelerar los tiempos, podía volver a presentar una medida cautelar, con muchas chances de que, si la Corte ahora le da la razón, ese pedido prospere. El escenario sería el inverso si la Corte falla en contra de lo planteado por el jefe de gobierno.

Mientras tanto, si el escenario no cambia, el gobierno porteño no tendrá un instrumento jurídico que lo habilite a abrir las escuelas la semana próxima. Hasta hoy, hubo clases presenciales porque Larreta sostuvo que debía cumplir el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativa porteña, que suspendió el decreto presidencial que cerró las escuelas. “La situación no cambió. La Justicia [porteña] le reconoció sus atribuciones a la Ciudad, pero es cierto que falta un instrumento”, dijo un especialista en temas judiciales que asesora a Larreta.

En el gobierno nacional sostienen que lo que resuelva la Corte no tendrá mayores efectos. “Lo que diga ya es viejo”, afirmaron en la Casa Rosada.

El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra entiende que el decreto de Fernández cuestionado por Larreta es válido y no viola la Constitución. No obstante, él también cree que la Corte debería pronunciarse. “Pese a que la limitación del decreto 241 es razonable y por ende en principio ajena al control judicial, la Corte Suprema de Justicia debe pronunciar sentencia. Su fallo debe ser acatado por ciudadanos y autoridades, a condición que no provean nuevos argumentos para dejarla de lado. La Corte tiene el deber institucional de dictar sentencia en “plazo” racional y razonable”, afirmó.

El proyecto de ley que busca imponer cambios al cronograma electoral, postergando un mes las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por la pandemia de coronavirus, aún no tiene fecha de debate en Diputados y su plazo está por agotarse.

El ministro del Interior  dejó trascender a través de su entorno que no irá a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que se presumía que iba a convocarse este viernes, y en el cual iban a ponerse bajo tratamiento las iniciativas de reforma electoral.

En tanto, el funcionario tampoco enviará un proyecto propio del Poder Ejecutivo y delegará esa tarea en los bloques legislativos del oficialismo y de la oposición.

La Cámara Nacional Electoral pide vacunación para autoridades de mesa

De Pedro había negociado personalmente para postergar las PASO y las elecciones generales, logrando que hasta Juntos por el Cambio diera el visto bueno al borrador con las fechas tentativas.

Esta modalidad que el ministro aplicó como estrategia de consenso provocó el desconcierto entre los bloques, especialmente de la oposición, que esperaban que el Gobierno estuviera a la vanguardia del tema pero se ve demorado.

El diputado Pablo Ansaloni, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, presentó este jueves un proyecto cuyo contenido va muy en línea con el borrador de De Pedro y mantiene el corrimiento de las fechas de los comicios: 12 de septiembre para las PASO, y 14 de noviembre para las elecciones generales.

El Ministerio de Interior sigue de cerca las presentaciones de los legisladores y monitorea diariamente las negociaciones. Sin embargo, este cambio de estrategia, con los plazos próximos a vencer y luego de haber alcanzado un acuerdo sobre la discusión del tema, modifica la estructura con la que viene desenvolviéndose la cámara.

El oficialismo, con Sergio Massa a la cabeza, cuya habilidad para mover influencias y contactos políticos está más que probada, apelaría a legisladores de fuerzas aliadas para que presenten proyectos cuya aprobación le interesa al Frente de Todos. Una suerte de tercerización de la política parlamentaria, sin mostrar las cartas.

Así, el oficialismo busca convertir el debate parlamentario sobre las PASO en una supuesta tónica de transversalidad política, clave para darle mayor legitimidad a la reforma electoral, en caso de que la concrete.

«Desde el Ministerio del Interior, se insiste en que es el Congreso de la Nación es el ámbito donde se deberá dar el debate en torno a los tres proyectos», explican a NA.

Es en este contexto que lo más probable es que el presidente de la comisión de Asuntos Constituciones, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) convoque a un plenario en conjunto con la comisión de Legislación General para la semana que viene.

A la propuesta de Ansaloni se suman otras dos iniciativas: una, que fue presentada en octubre pasado por los diputados de Evolución UCR Carla Carrizo y Emiliano Yacobitti, y la propuesta para suprimir las PASO de los gobernadores, que en su momento había sido instrumentada por el tucumano Pablo Yedlin.

La única propuesta con chances reales de tratarse de los presentados es el de Ansaloni, quien pertenece al bloque «muletto» del oficialismo, pese a haber sido parte en el pasado de Cambiemos.

Votar por turnos y sumar clubes a los centros de votación: las medidas que analizan para las elecciones PASO

La iniciativa de los dos diputados radicales tiene el inconveniente de una separación entre una elección y otra de 45 días, y no de 60 días como exige la Cámara Nacional Electoral (CNE), ya que no alcanzaría con el mes y medio para completar el escrutinio definitivo.

«El único interés del Ejecutivo en el tema siempre fue el sanitario. Separar las elecciones lo más posible del invierno como recomendaron los sanitaristas y ganar el máximo de tiempo posible para vacunar más argentinos y argentinas», indicaron a NA fuentes del Ministerio de Interior.

A pesar de que el objetivo sea correr las elecciones del cronograma, la iniciativa debe superar el obstáculo del plazo máximo para tener aprobado el proyecto en ambas cámaras: vence el 10 de mayo. Fuentes parlamentarias del oficialismo consultadas por NA confía en que ese plazo podría extenderse un poco más y así tener margen para aprobar la iniciativa en ambas cámaras.

Sin fecha definida para su tratamiento, los legisladores de ambos bloques aguardan para el puntapié inicial del debate en el plenario de comisiones

Fuente: Perfil.com

Alberto Fernández sorprendió esta mañana y anunció las nuevas medidas para contener la segunda ola de coronavirus en un mensaje televisivo que grabó en la Quinta de Olivos. No fue el contenido de su discurso lo que llamó la atención, sino el horario del mismo, que se esperaba para más tarde, luego de una nueva ronda de consultas con gobernadores y funcionarios que finalmente no se concretó.

Según informó, a partir del nuevo decreto de necesidad y urgencia que comenzará a regir mañana, el país quedará dividido en cuatro zonas en virtud del riesgo epidemiológico y sanitario: bajo, medio, alto y alarma. Estará vigente durante tres semanas, hasta el 21 de mayo.

“En aquellas zonas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, es facultad y responsabilidad de los gobiernos locales adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los contagios”, introdujo.

“En aquellas zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitario, es decir, lugares donde hay una alta proporción de contagios o que ellos están aumentando muy velozmente, se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, casinos y discotecas. Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23. Y no se podrá circular entre 0 y las 06.00 de la mañana de cada día”, informó.

En las zonas de alarma epidemiológica y sanitaria, regirán las restricciones más duras porque allí -explicó- el sistema de salud está en tensión y la proporción de casos en la población es muy alto.

“Debido a esto se restringirá la circulación y otras actividades hasta el 21 de mayo. Los locales comerciales funcionarán hasta las 19 horas. Después de las 19 la gastronomía podrá continuar con envíos a domicilio. Durante el día, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. No se puede circular entre las 20hs y las 6 de la mañana del día siguiente. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia”, relató.

Si bien aún no se informó oficialmente, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es una de las zonas que será calificada de alarma en virtud de que allí se reportan la mayor cantidad de casos y de muertes, y la ocupación de camas en hospitales se encuentra al borde del colapso.

La definición sobre las clases introduce un nuevo conflicto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya se pronunció en contra y ordenó que las escuelas continúen abiertas. Las diferencias sobre las educación presencial están judicializadas y se espera una definición de la Corte Suprema de Justicia para los próximos días.

Este viernes, Fernández les envió un mensaje especial a las familias afectadas por su decisión: “Quiero decirles que sabemos las dificultades que esto plantea a los niños, niñas, adolescentes y a las familias. Lamentablemente, en estas zonas de alarma se trata de una medida necesaria para reducir la circulación”.

“Todo este esfuerzo lo estamos haciendo para retomar en estas zonas la presencialidad cuidada cuando los indicadores epidemiológicos y sanitarios lo permitan. Es el desafío de todos y todas lograrlo”, continuó.

“Hoy, en más de 20 provincias argentinas hay clases presenciales. Para nosotros la educación es un tema prioritario. Sólo se dictan clases a distancia allí donde la pandemia lo exige”, completó.

El cuadro que utilizó el jefe de Estado para explicar la gravedad de la situación epidemiológica

El mensaje presidencial incluyó dos definiciones políticas. La primera, destinada al Congreso. Alberto Fernández enviará un proyecto para que en función de criterios científicos se faculte al Poder Ejecutivo y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. La movida responde a las críticas de opositores y constitucionalistas que indican que el mandatario no puede seguir disponiendo medidas sanitarias por decreto siempre y cuando el Congreso esté reunido y en funciones, como sucede actualmente. Hasta ahora, la Casa Rosada siempre legisló con decretos de necesidad y urgencia para fijar y retirar medidas vinculadas a la pandemia.

La segunda fue un mensaje subliminal a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad, con quien protagonizó 10 días de fuertes tensiones en virtud de la suspensión de las clases presenciales que la Capital resiste. “Desde que asumí la presidencia he trabajado incansablemente para construir diálogos y acuerdos. Porque realmente estoy convencido que esto es lo que el país necesita. Y mucho más ante la pandemia. Necesitamos que todos y todas trabajemos en unidad”, dijo.

Y completó: “Las medidas que adoptamos son las que se han tomado en todo el mundo. Con el virus, es imposible negociar. Frente al virus, tenemos que tomar medidas firmes. He tomado y tomaré las decisiones que correspondan sin ninguna especulación política. Es imposible especular electoralmente y al mismo tiempo cuidar a la gente. Cualquier especulación que se haga terminará ayudando al virus y agravando el problema. Las medidas ante la pandemia son estrictamente para salvar vidas. Las normas que establecemos debemos cumplirlas todos por igual”.

Finalmente, le pidió compromiso a los gobernadores para que hagan cumplir las medidas que estarán vigentes hasta el 21 de mayo.

Otra vez los gobiernos nacional y el porteño debatirán por el tema de las clases presenciales

La fabricante de la vacuna de Oxford-AstraZeneca confirmó en un comunicado su retraso en las entregas de las vacunas acordadas con el Gobierno Nacional, que se habían firmado por un total de 22,5 millones de dosis. De acuerdo a lo que informó la compañía, las vacunas llegaran a partir del primer semestre del 2021.

En el día de ayer, el presidente Alberto Fernández, instruyó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la asesora de la Casa Rosada, Cecilia Nicolini, a reunirse con los representantes locales de AstraZeneca en el país para pedir información sobre la entrega de las dosis. Por un lado, de las que se fabrican en mAbxience y se envía el principio activo a México. Por el otro, de las 22,5 millones de vacunas que se firmaron en noviembre del 2020 y que se esperaban para marzo.

«AstraZeneca continúa en camino de suministrar 150 millones de dosis de la vacuna de Covid-19 en América Latina, excluyendo Brasil, en este año. Estamos entregando nuestra vacuna, sin ninguna utilidad financiera para nosotros durante la pandemia, a partir de la primera mitad del año tal como lo anunciamos en agosto pasado», comunicó la empresa luego de la reunión.

Además, desde la compañía informaron que no tienen un cronograma de entregas armado y que lamentaban «confirmar el retraso».

“Mantuvimos un nuevo encuentro con el presidente de Astrazeneca Argentina y representantes de la firma para pedirles que a la brevedad informen sobre las eventuales dificultades que atraviesa el proceso de producción de la vacuna y los tiempos en que podrá iniciar la recepción de las dosis que Argentina ha adquirido según el contrato firmado en noviembre del año pasado ya que está información es vital para la organización de la campaña de vacunación», sostuvo la Ministra de Salud luego de la reunión con la empresa.

Sobre la vacuna producida en el país

Respecto al principio activo que se fabrica en el laboratorio del empresario Hugo Sigman, AstraZeneca explicó que se habilitó un segundo sitio en Estados Unidos (el proceso era sólo en México), para que la vacuna sea envasada.

«Conforme el proceso de Producto Final avanza, AstraZeneca también ha habilitado un segundo sitio en los Estados Unidos para complementar el proceso de llenado del Producto Final y alcanzar así el objetivo de entregar 150 millones de dosis a partir del primer semestre de 2021. Más del 80% de las dosis terminadas serán llenadas y empacadas en México», explicaron en el comunicado de AstraZeneca.

También remarcaron el acceso limitado a insumos críticos, rendimientos inferiores para los procesos iniciales y un estiramiento en los tiempos para cumplir con las calificaciones del sitio en la liberación de los primeros lotes.  «Esto retrasará el lanzamiento de nuestra vacuna en los países de América Latina que recibirán esta cadena de suministro. Si bien lamentamos este retraso, nuestro compromiso con los protocolos de fabricación y con los más altos estándares de calidad requiere que demos este paso adicional», detalló la empresa.

Más allá de los retrasos, indicaron que a partir del primer semestre se entregarán en América Latina un total de 150 millones de dosis. «La producción de esta cadena de suministro suplementará las dosis de la vacuna de AstraZeneca que ya han llegado a 25 países de América Latina y el Caribe a través del mecanismo COVAX», concluyó el comunicado de la compañía.

El contrato

Argentina firmó un contrato con AstraZeneca el 6 de noviembre del año 2020, donde acordó una adquisición para el país de 22,5 millones de dosis de la vacuna fabricada por la compañía de Reino Unido.

En ese marco, el Estado abonó el 60% del contrato por adelantado, y hasta el momento, no recibió ningún cargamento. El precio de cada dosis fue pautado en 4 dólares y el total del pago rondaba los  US$89,6 millones, de acuerdo a la información de ElDiarioAr.

Hasta el momento, las únicas dosis de la multinacional farmacéutica fueron recibidas por el mecanismo COVAX y la India, que en alianza con AstraZeneca, fabricó la vacuna Covishield. Del mecanismo COVAX, Argentina recibió 1.017.000 dosis, en tanto que desde la India llegaron al país 580 mil, el 100% de la entrega.

Fuente: Perfil.com

La saturación de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y las clínicas privadas mantiene en alerta máxima al gobernador Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Daniel Gollan. Por esa razón, ambos mantienen de forma periódica comunicaciones telefónicas o videoconferencias para relevar la situación en cada distrito. No hay distinción de color partidario. Está claro que el COVID-19, como cualquier otro virus, no distingue partidos políticos, ni límites geográficos.

Por primera vez desde que comenzó la segunda ola, jefes comunales del conurbano bonaerense solicitan mayores medidas de restricción para disminuir intentar los contagios diarios que se mantienen en un nivel muy alto. En las últimas 24 horas se registraron 23.718 casos y se notificaron 348 fallecidos.

“Los intendentes compartimos la preocupación del gobernador. La circulación del virus se encuentra en el punto más alto desde que comenzó la pandemia. En Merlo, en la primer ola, tuvimos un día de 185 contagiados, y ahora estamos teniendo un promedio de de 300, 350 casos por día. Esto va camino al colapso sanitario si no tomamos medidas”, le dice a Infobae el intendente Gustavo Menéndez.

El dirigente del PJ aseguró también que, “si esto sigue así, no nos va a quedar otra que tomar medidas más duras. Ojalá que las primeras medidas que tomó Alberto (Fernández) por 15 días hayan servido para descomprimir camas de hospitales. Eso se va a observar en unos días más. Ahí se va a evaluar la eficiencia. Yo creo que no hay chances de abrir, sino que hay más posibilidades de que se profundicen”, remarca.

En Merlo la situación es compleja. Desde el año pasado se robusteció el sistema de salud, por ejemplo, duplicando las camas de terapia intensiva. Sin embargo, la ocupación de plazas en ese sector fluctúan entre el 90 al 80 por ciento, tal como publicó este medio. En el sector privado, afirma Menéndez, la situación es de colapso: “Las seis clínicas privadas ya no tienen capacidad para aceptar más pacientes, desde hace varios días tienen sus camas UTI ocupadas al 100%”, ratifica.

En Merlo la municipalidad realiza testeos entre los vecinos tres veces por semana. A los operativos se acercan personas con síntomas o con contactos estrechos. Según Menéndez, la positividad es muy alta, entre el 40 y 50 por ciento.

Por lo general es Gollan y los secretarios de Salud de las alcaldías los que intercambian datos estadísticos, analizan la situación sanitaria, necesidades y las medidas que se implementan. De hecho, desde la Gobernación se mantiene informada a cada jurisdicción sobre cuál es la ocupación de camas de alta complejidad que existe en la zona. Son los datos que de manera exclusiva publicó Infobae.

La situación sanitaria es de tal magnitud que cada jurisdicción está tratando de ampliar la ocupación de camas, anexan carpas a los hospitales para realizan testeos, o internación de enfermos leves, amplían las burbujas de suministro de oxígeno medicinal y de internados leves.

Intendentes oficialistas y opisitores contra el COVID-19

Como Menéndez, Diego Valenzuela, el intendente de Juntos por el Cambio del partido de Tres de Febrero, aseguró que en su distrito también “estamos arriba del pico de 2020. En los últimos días tuvimos más de 340 casos confirmados y una positividad en los testeos del 50%. Esto es decir de cada 2 casos que llegan con síntomas, 1 en promedio da positivo”.

Valenzuela también confirmó que la ocupación de camas UTI es de un 85%. Por esa razón, explicó a este medio, expandieron el número espacios en terapia intensiva y además reactivaron el hospital modular que habían realizado el año pasado con el Ministerio de Obras Públicas.

En el partido bonaerense de San Fernando, se realizan testeos a través de un dispositivo especial ubicado al lado del hospital. En caso de dar positivo, el vecino es ingresado al nosocomio para ser evaluado.

“En La Matanza la situación sanitaria sigue estando contenida”, dice su intendente Fernando Espinoza y reconoce que “estamos con una ocupación de camas del ámbito privado del 90% y una ocupación del 70% en el sector público”. Horas antes de dialogar con Infobae, Espinoza aseguró que se reunió con las autoridades de los hospitales Simplemente Evita, Balestrini y Paroissien, quienes trabajan en conjunto “reforzando y reformulando las acciones para tener más alcance para que a nadie le falte atención médica”.

En ese distrito se registran la mayor cantidad de contagios detectados de COVID-19 y también de fallecidos, casi el 10% de la provincia. Sobre eso Espinoza opinó: “En cuanto a la cantidad de contagios con relación al número de habitantes, La Matanza se ubica en el puesto 38 entre los municipios de la provincia de Buenos Aires con 4.877,45 casos cada 100.000 habitantes, en una población de 2.281.194 habitantes”.

En la municipalidad de Lanús, se decidió reacondicionar un predio en la localidad de Monte Chingolos en el cual por lo general se lo utiliza para eventos sociales y culturales para aislar a pacientes que no necesitan internación, o que están a la espera de una derivación a un hospital.

Néstor Grindetti, el intendente de Lanús también tiene las camas de terapia intensiva, tanto privadas como públicas de su distrito, saturadas. Durante los días 17 de abril al 23 fluctuaron entre el el 86,7% y el 69,3%. Desde la secretaría de Salud de ese distrito se decidió reacondicionar un predio en la localidad de Monte Chingolo, que se utiliza para eventos sociales, culturales y de educación. Allí ahora se aísla a pacientes que no necesitan internación, o que están a la espera de una derivación a un hospital.

Con sus iniciativas, los alcaldes intentan aportar recursos propios para descomprimir la saturación del sistema sanitario pero parece no alcanzar.

Esteban Echeverría, el distrito gobernado por Fernando Gray, tiene a sus hospitales en color naranja. La ocupación de las camas UTI era del 73,9%. La Municipalidad abrió 5 centros de testeo rápido gratuitos que funcionan toda la semana. Gray, en diálogo con Infobae, recordó también que se abrió el Hospital del Bicentenario para la atención exclusiva de pacientes COVID-19 en estado crítico. También inauguró un centro de atención para enfermos leves de covid-19 en el predio del Sindicato de Pasteleros. Está equipado con 400 camas, tecnología de doble filtrado de aire y sistema eléctrico independiente.

En el Sindicato del Plástico se abrió un centro de aislamiento para pacientes sospechosos de coronavirus con camas individuales y aislamiento. Entre otros insumos, se adquirieron 22 nuevos respiradores, camillas herméticas para el traslado de pacientes y equipos de desinfección germicidas de radiación ultravioleta para reducir la circulación de virus intrahospitalarios.

(Foto: Franco Fafasuli)

Desde el inicio de la pandemia en el municipio de San Fernando se invirtió más de 300 millones de pesos en crear en el Hospital Municipal San Cayetano una sala de terapia intensiva con 15 camas y respiradores solo para casos de Covid, además de poner a disposición centros de aislamiento y diferentes operativos en todos los barrios, como el “Detectar”.

Según le explicó a este medio el intendente Juan Andreotti ante esta segunda ola “se readecuaron las instalaciones de dicho hospital, creando nuevos espacios con 13 camas de cuidados intermedios y 14 de guardia respiratoria, mientras que en guardia general hay 12 camas para otro tipo de patologías. También se puso en marcha un Centro de Hisopado Municipal en el Polideportivo N° 6,que realiza unos 200 hisopados diarios con la modalidad de test rápido”

San Fernando es uno de los distritos que tiene a sus hospitales saturados, pero en los últimos días, bajó el porcentaje de internaciones en las camas UTI. Pasó de un 81% al 69%, por esa razón desde otros distritos se derivan pacientes a esa localidad.

En san Fernando (foto) y otros distritos, la municipalidad realiza operativos de desinfección de espacios públicos para reducir la circuulación del virus.

Oxígeno y restricciones

La falta de oxígeno medicinal, uno de los principales insumos para los pacientes más graves, se trasformó en un problema para el gobernador Kicillof y los intendentes. Según el ministro Gollan, el insumo de este gas enriquecido aumentó un 300% comprado al mes de abril del año pasado.

Por esa razón reforzó la reserva de oxígeno medicinal en los principales centros asistenciales. En Ensenada, el fin de semana último se terminó de instalar una planta móvil de producción de oxígeno “para abastecer a los hospitales, que sufren una alta demanda en estos momentos críticos y evitar que los bonaerenses se queden sin ese recurso vital, tal como sucedió en distintos países de Europa y de la región”, opinó Gollan.

En Escobar, Ariel Sujarchuk, siguió el mismo camino, aumentó la capacidad de burbuja de oxígeno al triple. Una decisión similar tomó Julio Zamora, el alcalde de Tigre. Allí aumentaron al triple la capacidad de oxígeno medicinal en la tres Unidades de Diagnóstico Precoz ubicadas en el centro del municipio, en Don Torcuato y Benavídez.

A estos inconvenientes se suma que, tras la saturación de camas de terapia intensiva en el conurbano, aumentaron las derivaciones en el resto de la provincia de Buenos Aires y que estas pueden demorar entre 10 y 15 horas. Según los registro del Ministerio de Salud bonaerense realizó en lo que va del mes 1.940 derivaciones de pacientes a establecimientos sanitarios públicos y privados de otras localidades. De esta manera, podría cuadruplicar las 538 realizadas en abril del 2020 cuando comenzó la pandemia.

La gravedad de la situación sanitaria ante el avance de la segunda ola derivo también en que ayer Intendentes e intendentas de la Tercera sección electoral que integran el Frente de Todos mantuvieran un encuentro para apuntalar un plan en común en medio de la tensión del sistema sanitario, producto del sostenimiento de casos de coronavirus. Acordaron pedir medidas más severas para limitar la circulación en los distritos.

Fuente: Infobae.com

Alberto Fernández hizo un fuerte llamado de atención a los gobernadores, a los que les pidió un mayor compromiso. “Si estamos de acuerdo en restringir circulación me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas. Hay que reforzar los controles”, fue el tono del mensaje del Presidente ante los mandatarios provinciales entre los que se encontraban el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras el enfrentamiento de las últimas semanas.

Así, mientras se encamina a anunciar las nuevas restricciones el viernes, el gobierno nacional buscó cerrar filas para encarar la próxima etapa. En el encuentro, que duró casi dos horas, Rodríguez Larreta reconoció que el distrito atraviesa una “meseta” de casos, con un promedio de 2700 nuevos contagios diarios, lo que obliga a reforzar las medidas para reducir ese número. “Es muy alta, lo que no es sostenible en el tiempo”, dijo el jefe de gobierno.

Preocupado por la elevada circulación del virus en gran parte del país, el Presidente sostuvo que la única forma para bajar el número diario de contagios es reducir la circulación. “Hay que ver cómo nos ayudamos para hacer cumplir las restricciones. No solo hay que cuidarse a la noche, hay que cuidarse de día”, manifestó Fernández, que estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Y agregó: “El virus no sale a las 20, el virus está todo el día. Hay que recordar que los cuidados deben estar de día también, hay que hacer esa tarea docente con la sociedad. Está claro que hay un epicentro en el área metropolitana, pero hay alertas en varios lugares del país”.

La reunión marcó el regreso del diálogo entre el Presidente y Rodríguez Larreta después de la tensión que atravesaron las últimas semanas y que incluyó una presentación ante la Corte Suprema por la suspensión de la presencialidad de los alumnos en las escuelas. En este punto, cerca del mandatario porteño resaltaron la necesidad de coordinar las medidas.

Según detallaron fuentes oficiales, Larreta destacó que las últimas medidas que tomó el jefe del Estado sirvieron para bajar la circulación en el transporte público y de particulares. “Estamos atentos y preocupados y vamos a reforzar las medidas. Estamos de acuerdo con todo lo que podamos hacer para restringir la movilidad”, aseguró el mandatario porteño.

En este punto destacó que se acordaron medidas con el ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, para cerrar 25 accesos a la Capital; además, se incrementarán los retenes.

En una línea parecida se pronunció Kicillof. “Las medidas que tomaste Alberto evitaron un desborde sanitario en el AMBA. Si seguimos en [esta] meseta es un desastre, hay que reducir los casos”, describió el gobernador bonaerense, quien contó que en el último mes se dio un crecimiento “exponencial” de casos y pidió “aplanar urgente la curva”.

Kicillof además defendió la interrupción de la presencialidad en los colegios. Según dijo, “las escuelas implican una movilidad muy grande, bajar la circulación implica bajar los contactos y los contagios”. Y añadió: “Hoy tenemos una urgencia: hay que liberar camas en los hospitales”.

Después de hablar con los 24 mandatarios, el Presidente se tomará mañana para terminar de definir la próxima etapa. Hasta el momento, según pudo saber LA NACION, no habría modificaciones significativas sobre las actuales restricciones, sino una mayor presión para su cumplimiento efectivo.

Uno de los puntos en discusión que aún no se resolvió es la presencialidad de los alumnos. Entre las opciones que están en la mesa se destaca la posibilidad de avanzar con el regreso administrado en la Ciudad y los 40 municipios del Gran Buenos Aires. Según lo que estableció el consejo nacional de educación, para el retorno a las aulas tendrán prioridad los niños de sala de cinco, el primer ciclo de primaria, que incluye primero, segundo y tercer grado, y el último año de secundario.

Así, sin reunión a solas, Alberto Fernández volvió a juntar a Kicillof y Rodríguez Larreta a las conversaciones previas a las inevitables nuevas medidas restrictivas contra el coronavirus que regirán a partir del próximo sábado. Al igual que lo hizo ayer con 12 mandatarios provinciales, la mayoría de ellos del norte del país, el Presidente analizó las eventuales medidas.

Hoy, participaron del encuentro Mariano Arcioni (Chubut), Juan Schiaretti, (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rodolfo Suarez (Mendoza), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Por su parte, el mandatario cordobés trazó un panorama complicado en el distrito. “El virus va a llegar y vamos a estar complicados. Estamos en meseta alta para la llegada del invierno. Agradezco Alberto que trabajemos juntos, a todo el gobierno nacional, vamos tocando la sinfonía con las particularidades que tiene cada región”, dijo Schiaretti.

Uno de los que también se mostró muy preocupado por la actual situación fue Perotti. El santafecino detalló que el 86% de las camas de terapia intensiva están ocupadas y que ya se superó el pico del año pasado. “Suspendimos cirugías, desde las 21 no tenemos circulación”, sostuvo y, como dato de color, propuso al Presidente “liberar la transmisión del clásico entre Newells y Central para no generar circulación”.

En pleno recrudecimiento de la segunda ola de COVID-19 en Argentina, finalmente el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los movimientos sociales para suministrar 70.000 vacunas que se destinarán a los colaboradores de comedores y merenderos populares. La idea es evitar el cierre de estos centros de asistencia alimentaria con el fin de contener la crisis social.

En este marco, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, describió cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación durante una reunión que mantuvo con dirigentes del Movimiento Evita y de Barrios de Pie, tras el pedido realizado ante el presidente Alberto Fernández. De la solución del reclamo también fue parte el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, luego de un planteo que se evaluó en la Casa Rosada.

¿Pasó el pico de la segunda ola?: suman 23.718 nuevos casos de Covid-19 y 378 muertos

En este sentido, desde el Gobierno aseguran que la inmunización de los trabajadores de los merenderos y comedores populares trasciende la «lógica epidemiológica» por su «importancia social», al garantizar que miles de familias de sectores carenciados reciban alimentos a diario.

70.000 vacunas para contener la crisis social

De esta forma, y en vistas de los últimos datos de pobreza, el Gobierno Nacional y los movimientos sociales se pusieron de acuerdo para evitar el cierre de los comedores y merenderos populares, que constituyen piezas fundamentales para contener la crisis social que se vive en los barrios. Esto representa una preocupación constante en medio de la crisis sanitaria, que se suma al pedido «urgente» para que más alimentos lleguen a los barrios populares.

A partir de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, se organizó el cronograma de vacunación para los colaboradores de comedores y merenderos populares en plena pandemia, que desde el año pasado afectó a varios de los más de 1.200 comedores por contagios de varios de sus dirigentes, de los cuales algunos hasta perdieron la vida. Tal es el caso de la dirigente social de La Garganta Poderosa, Ramona Medina, quien trabajaba en La Casa de las Mujeres en la Villa 31 y murió de Coronavirus cuando aún no había vacuna.

Fuente: Perfil.com

La imagen es recurrente en las últimas semanas, a pesar del avance de la segunda ola de coronavirus y la emergencia del sistema sanitario: grandes grupos de personas que reclaman frente al ministerio de Desarrollo Social, o en la sede de Trabajo, ambos en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, por asistencia alimentaria y salarial. Hace dos días, organizaciones sociales y movimientos de izquierda bloquearon el tránsito en la avenida 9 de julio durante más de 10 horas.

“No vamos a permitir movilizaciones que entren en bloque a la Ciudad , señaló Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. “Es un tema complejo, nos lleva varias horas por día. Les estamos pidiendo a las organizaciones una responsabilidad. El derecho a la protesta está vigente, la constitución está vigente, no hay estado de sitio, pero lo que no se puede es no cumplir lo que cumplen otros ciudadanos, y esto vale para una protesta piquetera o para Patricia Bullrich en las murallas de Olivos en su grito libertario”, indicó el funcionario a radio Futurock.

En sintonía, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, indicó que “no es tiempo de movilizaciones ni de amuchamiento de gente en las calles; todos vemos cantidad de casos (de Covid-19), de gente que se ha reinfectado”. “Siempre le presto atención a los reclamos, tienen que ver con asistencia alimentaria y nosotros reforzamos todas las partidas, y con mucha gente que se quedó sin ingresos, pero es tiempo de ser muy cuidadosos”, planteó.

En este sentido, el funcionario aseguró el Gobierno “tiene diálogo todo el tiempo” con las organizaciones sociales, pero advirtió que “los barrios populares están muy mal, y no hay gente que no conozca a alguien que la pasó mal”.

“No vamos a permitir movilizaciones que entren en bloque a la Ciudad», señaló Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad

Por otro lado, y en diálogo con radio La Red, se refirió a las nuevas medidas de restricción que anunciará el Gobierno en las próximas horas. “Está claro que no es el esquema de abril, mayo y junio del año pasado, que fue de cierre completo de la actividad; ahí claramente la pobreza se fue al 47% y subimos a 11 millones las personas que recibieron asistencia alimentaria. No es esa situación, pero sí es una situación crítica”, indicó.

Ayer, el presidente Alberto Fernández mantuvo una charla virtual con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y 11 gobernadores del centro y sur del país, en donde ratificó la necesidad de reducir la circulación de personas para bajar los números de contagios. Por estas horas, las máximas autoridades nacionales evalúan la continuidad de las medidas vigentes (mañana vence el DNU presidencial) y, sobre esa base, sumar más controles en el transporte público y reducir algunos puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y Emilio Pérsico (Prensa ministerio Desarrollo Social)

Antes de este encuentro, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, consensuó con el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, dónde focalizar las nuevas restricciones para contener el impacto del rebrote de coronavirus. En ese encuentro se coordinó unificar las denuncias e intensificar la revisión de permisos.

En líneas generales, tanto Casa Rosada como el gobierno porteño trabajarán en la unificación de las líneas de denuncias 911 y 134: los dos sistemas funcionan como dispositivos de alerta temprana por incumplimiento del DNU. La intención es articularlos y cruzar la información de los registros para dar una respuesta rápida ante las infracciones sanitarias.

“No es tiempo de movilizaciones ni de amuchamiento de gente en las calles», afirmó Daniel Arroyo

También en intensificar los controles en transporte público y privado para el personal esencial y exceptuado. El objetivo es “optimizar los controles vehiculares y de transporte de pasajeros” y encauzar la circulación en los controles ya establecidos.

Además, en la mesa de trabajo se puso en consideración reforzar los dispositivos policiales en los ingresos junto a los centros de transbordo de la Ciudad y, eventualmente, establecer el cierre de algunos ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, puntualizando sobre el horario de nocturnidad. La medida es similar a la adoptada en las fases más restrictivas de 2020, cuando se cerraron algunas bajadas de la avenida General Paz para redirigir el tránsito hacia los puestos de control policial.

En cuanto a las protestas callejeras, el acuerdo es evitar que los manifestantes ingresen a pie en la Ciudad, e impedir bloqueos en accesos neurálgicos como el Puente Pueyrredón. Todas estas medidas deberán ser oficializadas por el Presidente entre hoy y mañana.

Fuente: Infobae.com

Con una extensa y detallada lista de pedidos, las autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) se reunirán hoy, a las 14, con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, para abordar cuestiones operativas de las elecciones. De Pedro pidió la reunión la semana pasada, tras varios oficios que enviaron las autoridades de la justicia electoral tanto a su cartera como al Ministerio de Salud.

El presidente de la CNE, Santiago Corcuera, y sus colegas, los jueces Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, recibirán al ministro del Interior para insistir en su planteo para que 500 empleados del tribunal sean vacunados como esenciales, junto a varios aspectos que consideran indispensables para el desarrollo de las elecciones en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Desde la justicia electoral enviaron varios oficios al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior con pedidos para vacunar a los agentes que deberán intervenir en las elecciones; la mayoría no obtuvo respuesta.

El protocolo diseñado por la CNE en junio del año pasado plantea “el aumento de la cantidad de mesas y/o establecimientos de votación –con el correlativo incremento en la cantidad de autoridades de mesa, delegados de la justicia nacional electoral y de agentes del Comando Electoral-, la provisión de elementos de higiene y seguridad, entre muchos otros”. Ahora se discutirán los detalles de ese protocolo.

“Será una elección peculiar y sin dudas será más cara que otras elecciones”, reconocieron fuentes de la CNE a LA NACION. El presupuesto calculado para el desarrollo de estas elecciones es de 17 mil millones de pesos.

Según reconstruyó este medio, no hay mayores diferencias entre el Ministerio del Interior y las autoridades de la justicia electoral sobre estos requisitos. El tema a debatir será, principalmente, el planteo para vacunar al personal de la CNE, en total unas 500 personas, que participarán de tareas tales como el armado de urnas y organización de los comicios.

Con el consenso político para postergar un mes las elecciones, el cronograma también se volvió un ítem a conversar. La justicia electoral aprobó el mes pasado el cronograma que podrá ser modificado después de que el tema sea tratado y aprobado en el Congreso.

El proyecto de ley de modificación del cronograma electoral todavía no entró al Congreso. La iniciativa fue plasmada en un borrador elaborado por el Ministerio del Interior y propone celebrar las PASO el 12 de septiembre y las elecciones generales, el 14 de noviembre.

La Cámara Nacional Electoral planteará como condición aumentar la cantidad de centros de votación en los distritos, con un máximo de ocho mesas por sede. Además, buscará establecer horarios para que los grupos de riesgo vayan a votar -para evitar aglomeraciones de gente-, y la provisión de elementos de higiene como barbijos, alcohol y la colocación de mamparas. Todos estos cambios implican un mayor despliegue, con un impacto sobre los costos logísticos, la seguridad y los locales de votación.

En enero, el tribunal le había pedido al Ministerio de Salud, entonces conducido por Ginés González García, que el personal que interviniera en las elecciones legislativas fuera incluido en la campaña de vacunación. Los planteos no tuvieron respuesta.

En otro oficio enviado por Corcuera a De Pedro se insistió en que aproximadamente 200.000 personas que deberán desempeñarse como autoridades de mesa deberían ser incluidas dentro del cronograma de vacunación como personal estratégico esencial.

“Resulta vital, para la pureza de todo el proceso electoral, el adecuado funcionamiento de las mesas de votación, lo cual requiere, naturalmente, que sus autoridades cuenten con las garantías mínimas para desempeñarse, de modo de tutelar el efectivo ejercicio del derecho constitucional de sufragio por parte de quienes acuden ante ellas”, sostenía el oficio enviado a De Pedro.

El tribunal pidió además la nómina de personas vacunadas “para priorizar entre ellas la modalidad de designación” y solicitó que “se arbitren los medios para prever que, con anticipación suficiente, se incluya al cronograma de vacunación como personal estratégico esencial a los aproximadamente doscientos mil ciudadanos y ciudadanas que serán convocados como autoridades de mesa”.

No solo la Cámara Electoral pidió vacunas para sus empleados. La jueza federal de primera instancia con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini, también solicitó vacunar al personal de su juzgado y condicionó el desarrollo de las elecciones a ese pe