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La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, precisó este martes que aquellos ciudadanos que dejaron sus respectivas jurisdicciones debido al fin de semana largo, pero sin el correspondiente permiso para circular, «podrán volver pero van a tener una infracción”.

Aun así, Sabina Frederic aclaró: “Con una única pasada sin permiso o con un permiso que no corresponde para la situación, depende de la jurisdicción, puede estar imputada la persona, puede haber un secuestro de vehículo o puede haber un acta de intimación”.

“La decisión no es de la Policía ni de la Gendarmería ni de la Prefectura”, concluyó la ministra de Seguridad de la Nación, quien el lunes se había mostrado ciertamente estricta respecto del cumplimiento de las normas establecidas por el gobierno de Alberto Fernández.

Sabina Frederic: “Quienes viajaron el fin de semana no podrán volver a sus casas hasta que termine el confinamiento”

“Los que se fueron de vacaciones el fin de semana no van a poder volver. Si lo intentan, van a tener que afrontar una causa penal”, expresaba Frederic la semana pasada en América TV. Su declaración se produjo luego de que una gran cantidad personas se movilizaran por las rutas.

Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal, respaldaba los dichos de la ministra: “Quienes se fueron lejos de su domicilio o tomaron acciones de turismo el fin de semana no van a poder regresar hasta el momento establecido en el decreto”.

Al decretarse los nueve días de confinamiento estricto en todos aquellos distritos del país que se encontrasen en Alarma epidemiológica, se especificó también que quienes no fuesen son esenciales, solo podrían circular hasta las 18 y en cercanías a su domicilio.

Fuente: Perfil.com

“Lamento que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede Juan Grabois”. Con ese mensaje, publicado en las redes sociales por el canciller Felipe Solá, el gobierno argentino se refirió al incidente que protagonizó el dirigente social, que no pudo ingresar a ese país para auditar la situación social y política en medio de las protestas.

El gobierno colombiano, a través de un comunicado de Migraciones, fundamentó la decisión de deportar al referente de la CTEP al señalar que agredió verbalmente a una oficial de Migración y presentaba irregularidades en su pasaporte.

En la misma publicación, el funcionario recordó que Grabois integraba una misión internacional en derechos humanos. No es la primera vez que el gobierno argentino toma una postura con relación a la situación que atraviesa el país presidido por Iván Duque: el 6 de mayo, el propio Alberto Fernández reclamó que cese la “violencia institucional” y se resguarden “los derechos humanos”, en el marco de las protestas que tenían lugar en diferentes ciudades.

Estos comentarios fueron rechazados por la canciller colombiana, Claudia Blum, que los calificó como “Una intromisión que alimenta la polarización”. “Desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”, explicó en un comunicado.

Con relación a la situación de Grabois, el referente social denunció ayer que le negaron el ingreso a Colombia. “Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡no tenemos miedo!”, publicó en sus redes sociales junto a un video.

“El señor llegó al país con una delegación de 19 personas más. Al momento de realizar el proceso de control migratorio el pasaporte presentaba una inconsistencia, razón por la cual se le pidió que acompañara al oficial a donde el Supervisor con el fin de realizar las consultas correspondientes”, explicó la oficina de Migraciones de Colombia.

Además, señalaron que Grabois comenzó a agredir verbalmente a una oficial diciéndole que no tenía por qué acompañarla a ningún lado y a argumentar que tiene todo el derecho de entrar al país y que lo que se quiere es secuestrarlo.

“En ese momento, debido a la falta de respeto del extranjero hacia el Oficial, se procede a no autorizar su ingreso al territorio nacional. Una decisión que le fue ratificada por la Supervisora, quien aparece en un video grabado por la delegación, y en donde de ve que el extranjero le dice que acaso quién es ella para decirle que no puede entrar a Colombia”, se completó en un comunicado.

El incidente entre Grabois y las autoridades de Colombia no quedó ahí. Luego de la primer denuncia, el dirigente argentino afirmó: “Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un “riesgo para la Seguridad de Estado” (decreto 1727/2020)”.

Y agregó: “Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adiós Colombia ¡Fuerza!”.

Fuente: Infobae.com

Con una lista de planteos y sin perder la buena sintonía política con el oficialismo, la cúpula de la CGT se reencontró hoy en Olivos con Alberto Fernández. Asado mediante, el sindicalismo le pidió al Presidente desde una silla clave en el organigrama del Gobierno -que finalmente no consiguió- hasta una mejora de la pauta salarial y el reparto vacunas para los afiliados de los gremios.

Uno de los puntos más sensibles de la agenda pasó por el lugar que quedó vacante en la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), tras la sorpresiva muerte de Eugenio Zanarini esta semana. Tal como anticipó LA NACION, los gremialistas pretendían que Fernández coloque a uno de los suyos en el organismo que controla a las obras sociales. Propusieron a David Aruachan, un médico que hoy ocupa el cargo de gerente general en el ente.

Pero el Presidente optó por otro nombre, confiaron altas fuentes oficiales a LA NACION. “No va a ser la persona que ellos quieren, pero lo entendieron”, dijo un portavoz oficial a la salida del encuentro. Para tranquilizar a los popes sindicales, Fernández les transmitió a los gremialistas que el futuro titular de la SSS será “alguien que viene del área, que conoce el funcionamiento del organismo y que trabajó anteriormente en el sector sindical”.

Según pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes sindicales, Fernández ubicará al frente de la SSS a Daniel Alejandro López, un médico cirujano amigo íntimo del eyectado ministro Ginés González García, que hasta ahora se desempeñaba al frente del Programa Federal Incluir Salud. Fue coordinador quirúrgico de la obra social Osecac y trabajó durante el primer kirchnerismo como gerente de Prestaciones Médicas del PAMI.

López no solo trabajó bajo el ala de González García en el Estado. La relación de ambos trasciende a los negocios, ya que ambos fueron socios en 2006 Tierra de Huanacache SA, una firma que controla una bodega y donde participaron también otros funcionarios que reportaron al ex ministro de Salud. Según fuentes gremiales, Fernández conversó en los últimos días de la sucesión en la SSS con Ginés, tras varios meses sin diálogo por el escándalo del vacunatorio VIP.

“Nosotros desde el día uno proponemos a David (Aruachan) para conducir la SSS, pero entendemos las necesidades de quien gobierna. Y David quedará en su cargo como gerente general”, dijo a LA NACION uno de los sindicalistas a la salida del convite, que mostró cierta conformidad.

“Alberto le tiene confianza”, resumieron cerca del Presidente. Fernández descartó así para la SSS el desembarco de nombres que orbitan en el kirchnerismo duro, como la santacruceña Liliana Korenfeld, o algún funcionario del riñón del viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Pedido de vacunas

Del asado en Olivos con el Presidente participaron Héctor Daer, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Antonio Caló, Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Armando Cavalieri, Sergio Romero, Roberto Fernández, Jorge Sola. Por el Gobierno se sumaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Más tarde se sumó a la partida la ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto a la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, las dos funcionarias clave en la gestión de las vacunas. Los sindicalistas reclamaron que se incluya a sus afiliados al plan de vacunación, sobre todo aquellosque se encuentran más expuestos a la pandemia.

Según fuentes sindicales, se acordó que los gremios le eleven al Ministerio de Salud una nómina con los trabajadores con más exposición y riesgo -como los colectiveros- para que sean contemplados en el cronograma. Fuentes oficiales, sin embargo, aclararon que “no se va a modificar el plan de vacunación” que prevé que se vacunen primero las personas mayores de 60 años y los pacientes de riesgo de entre 18 y 59, sin otro tipo de prioridades. “Todo depende de la afluencia de las vacunas”, agregaron.

Otro tema sensible de la agenda fue la situación financiera de las obras sociales, un reclamo permanente del sindicalismo. La CGT perdió la llegada que tenía en el Ministerio de Salud cuando estaba bajo el mando de Ginés González García. El ex ministro venía conversando con los gremios posibles reformas como la creación de una “canasta prestacional” con un número de prestaciones que reemplacen al Programa Médico Obligatorio (PMO), que hoy le genera un rojo de aproximadamente $1500 millones mensuales a la caja sindical más importante.

Por eso los cegetistas temen que, sin tener todavía una relación de confianza con Vizzotti, ganen terreno las ideas que emanan del campamento kirchnerista y que hablan de una “integración” de los tres sistemas de salud (el público, el privado y el de las obras sociales) con mayor injerencia del Estado.

En principio, el planteo que llevaron los gremialistas a Olivos estuvo vinculado a las prestaciones de transporte y educación a las personas con discapacidad. “No lo deberían cubrir las obras sociales, lo que pretendemos es que tenga financiamiento del Gobierno”, dijo un sindicalista a LA NACION, que aseguró que Presidente tomó nota del reclamo.

El último punto de la agenda pasó por la macroeconomía. Los sindicalistas advirtieron que ven peligrar la formula de Guzmán de cerrar las paritarias algunos puntos por encima de la inflación. “Hay que seguir con las reuniones sectoriales para contener precios”, insistió uno de los popes de la CGT. Desde la central gremial deslizaron que “se concertó un fuerte compromiso para trabajar sobre la escalada de precios para que no terminen licuando los aumentos salariales”.

Alberto Fernández visitará Lisboa, Madrid, París, Roma y Ciudad del Vaticano en cinco días corridos para reforzar su estrategia de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y protagonizar un cónclave con el Papa Francisco después del encontronazo político causado por la sanción de la ley del Aborto en la Argentina.

El Presidente considera que no es posible cancelar con reservas del Banco Central los vencimientos de capital que vencen en 2020, y diseñó una estrategia que apunta a lograr que los países más poderosos del FMI acepten los Derechos Especiales de Giro (DEG) como forma extraordinaria de pago.

Los DEG funcionan como una moneda que crea el FMI para asistencia financiera y el G7 en las últimas semanas autorizó una ampliación de emergencia como consecuencia del impacto económico y social de la segunda ola del COVID-19. En este contexto, Argentina recibió 4.700 millones de dólares que no estaban en los cálculos de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán.

El Presidente y Guzmán resolvieron en una reunión a solas que los 4.700 millones de dólares en DEG tenían que destinarse a los pagos de capital establecidos en septiembre y diciembre de 2020. Con esa decisión estratégica cumplían con el FMI y evitaban una caída abrupta de las reservas del Banco Central.

Pero la decisión de Alberto Fernández y su ministro de Economía fue puesta en jaque ayer por los senadores kirchneristas que responden con obediencia debida a las indicaciones de la vicepresidente. Oscar Parrilli, junto a otros colegas de la bancada oficialista, desconoció la estrategia presidencial y logró que se aprobará un proyecto de Declaración que asigna otro destino a los 4.700 millones de dólares en DEG aportados por el FMI.

“Los diferentes operadores a través de los medios están intentando imponer la idea de que como la Argentina tiene deudas tiene que utilizar esos fondos para pagarla. Frente a esto, nosotros -por los senadores- nos referimos al Fondo Monetario y le pedimos que sea coherente respecto de los destinos que se le tiene que dar a los fondos”, opinó Parrilli.

Lo que el exjefe de los servicios de inteligencia de CFK no dice es que si esos 4.700 millones de dólares no se usan para pagar los vencimientos del 2020, Argentina puede provocar una reacción política en el FMI y un efecto dominó en los mercados con graves consecuencias económicas y sociales.

Parrilli defiende su proyecto de Declaración solicitando que los Derechos Especiales de Giro (DEG) no se usen para cancelar los vencimientos de capital del FMI

La situación es fácil de explicar: si los DEG no se usan para refinanciar la deuda de capital que vence en 2020, a Alberto Fernández y Guzmán le quedan tres alternativas: negociar un acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo que debería iniciar en 2021, ordenar que Hacienda pague en septiembre y diciembre con reservas líquidas los 4.200 millones de dólares adeudados al FMI, o resolver que Argentina caiga en default pese al apoyo de los Estados Unidos, la Unión Europea y el Mercosur.

El kirchnerismo transformó en un pantano la negociación que planificó Alberto Fernández y que trata de ejecutar Guzmán. A pocas horas de viajar a Europa, el Presidente es cuestionado por la bancada oficialista que responde a Cristina, y una semana atrás el ministro de Economía convirtió su imagen internacional en un espejo roto cuando no pudo echar a un subsecretario de Energía que es protegido por Máximo Kirchner.

Con estas fuertes contradicciones políticas en la coalición oficialista, Alberto Fernández despegará mañana a la noche desde Ezeiza rumbo a Lisboa (Portugal). Allí mantendrá una reunión con su par Marcelo Rebelo de Sousa, y el lunes participará de un almuerzo organizado por Antonio Costa, primer ministro de Portugal.

A continuación, el presidente y su comitiva volará hasta Madrid (España) para mantener un encuentro con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, y luego irá en auto oficial hasta el Palacio de la Moncloa para almorzar con el premier Pedro Sánchez y mantener un reunión de trabajo vinculada a las relaciones bilaterales y a la negociación con el FMI.

Ese martes por la tarde, Alberto Fernández y su comitiva partirá a París. En la capital de Francia, ya miércoles, el presidente almorzará con Emmanuel Macron y mantendrá un encuentro con empresarios en la embajada argentina. La reunión con Macron es importantísima: fijarán posición conjunta sobre el Club de París, el FMI y la agenda de Cambio Climático, que es prioridad para ambos jefes de Estado.

Alberto Fernández y el Papa Francisco durante su encuentro en el Vaticano

Cuando caiga la noche en París, el presidente embarcará rumbo a Roma. Dormirá en la capital italiana, y el jueves protagonizará una audiencia privada con Francisco en el Palacio Apostólico. Alberto Fernández y el Papa se respetan mutuamente, pero la sanción de la ley del Aborto enfrío la relación entre ambos. Sin embargo, el diálogo secreto continuó y la audiencia a solas debería servir para cauterizar una herida ideológica que nunca cerrará.

Después de la reunión con Francisco, el jefe de Estado almorzará con Sergio Matarella -presidente de Italia- en el Palacio del Quirinale, y a continuación tendrá un encuentro de trabajo con Mario Draghi, primer ministro italiano. Draghi fue titular del Banco Central Europeo y conoce como pocos el entramado de poder en el FMI y el Club de París.

Sería la ultima actividad oficial de Alberto Fernández en Europa. Con su gira relámpago, el Presidente apuesta a fortalecer su estrategia de negociación con el Fondo Monetario Internacional, despejar las dudas respecto a los cuestionamientos que empuja el ala dura del kirchnerismo y ratificar la estabilidad política y la importancia de Guzmán al momento de lograr un acuerdo con los organismos internacionales de crédito.

La comitiva oficial estará integrada por la primera dama, Fabiola Yañez, el canciller Felipe Solá, el ministro de Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Alberto Fernández volará a Europa con un avión de Aerolíneas Argentinas, y por primera vez en 10 años una delegación periodística de medios privados y públicos viajará junto a la comitiva oficial. Fue una práctica institucional que abandonó Cristina Fernández de Kirchner y que es habitual -por ejemplo- en la Casa Blanca y la Santa Sede.

Si no hay cambios inesperados en la agenda oficial, el sábado 15 de mayo Alberto Fernández regresará a la Argentina.

Fuente>: Infobae.com

Martín Guzmán y Eduardo de Pedro convocaron al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a un encuentro para “acordar criterios comunes” en el proceso de traspaso de la Policía Federal. El llamado a la reunión se dio 48 horas después de que la Corte Suprema determinó que el presidente Alberto Fernández violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires con el decreto que había dispuesto el cese de las clases presenciales.

A través de un comunicado, Rodríguez Larreta confirmó que asistirá al encuentro con De Pedro y Guzmán, pero remarcó que esta “instancia de diálogo no significa una renuncia a la demanda” ante el máximo tribunal que presentó la Ciudad el año pasado por el recorte de los fondos. Además, pidió que la cita se reprograme para el martes 18 de mayo, una de las fechas alternativas ofrecidas por los funcionarios e Fernández, por “cuestiones de agenda” y para informar a la Corte sobre la reunión.

En las últimas reuniones que mantuvieron en la Quinta de Olivos, el Presidente le pidió a Larreta que retire la demanda ante la Corte, según fuentes porteñas. Pero el alcalde porteño se mantiene firme en su postura. De hecho, en el gobierno porteño son optimistas respecto de la posibilidad de que los jueces del máximo tribunal avalen la posición de la Ciudad en el conflicto con la Casa Rosada. Y especulan con que la Corte podría pronunciarse antes de las próximas elecciones.

En su respuesta a la invitación de Guzmán y De Pedro, la administración de Larreta recordó que denunció ante la Corte que la quita de fondos a la Ciudad impulsada por Fernández es “inconstitucional”.

Según expresó el Ejecutivo porteño, la invitación de la Casa Rosada representa “una instancia de diálogo” que Larreta vino “ponderando como la mejor vía para encontrar soluciones en temas centrales de la vida republicana”. Tras la resolución de la disputa legal con Fernández por la presencialidad escolar, el alcalde decidió reforzar su apuesta por la moderación con la intención de bajar el nivel de confrontación con el kirchnerismo, frente a la compleja situación sanitaria y la crisis económica. “Hay que aquietar las aguas. La gente está cansada”, repiten en el entorno del alcalde.

La convocatoria

Los ministros de Economía y del Interior buscan cumplir con la obligación que fijó la ley que se aprobó en diciembre último, que estableció el recorte de casi un punto de coparticipación a la administración porteña, fondos que, en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri le entregó a la Ciudad para financiar la transferencia Policía Federal a la Capital.

La norma también incluyó una cláusula por la cual se creo una comisión en la que la Nación y la Ciudad tendrán que discutir, en un plazo de 60 días, la suma que deberá recibir el distrito porteño para financiar los servicios transferidos. Es en este marco que Guzmán y De Pedro citaron al jefe de gobierno porteño.

Según pudo saber LA NACION, el titular del Palacio de Hacienda y el ministro político “cursaron una nota al jefe de Gobierno para sostener la reunión este viernes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en horario a confirmar, y ofrecieron como alternativa -en caso de que no pueda asistir- los días 17, 18 o 19 de mayo”. La Corte había fijado como fecha límite el 12.

“Es por ello que, como se expresara en la audiencia convocada ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, desde el Estado Nacional continuamos bregando por alcanzar puntos de acuerdo y reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones y al federalismo”, firmaron “Wado” De Pedro y Guzmán en un comunicado conjunto.

El último encuentro por este asunto entre la Ciudad y el gobierno nacional se dio hace 16 días. Fue en una reunión que convocó la Corte Suprema para abordar el conflicto por el recorte de los fondos coparticipables al distrito porteño. Ese fue el primer paso de un expediente que podría tener un trámite muy extenso.

Un día antes, el procurador de Tesoro, Carlos Zannini, había planteado que la Corte no era competente para intervenir sobre un conflicto entre la jurisdicción nacional y el distrito porteño, pero los ministros Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti rechazaron “in limine” esa moción, con la disidencia de Elena Highton de Nolasco.

La causa comenzó en septiembre cuando Rodríguez Larreta presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional, que acompañó de un reclamo económico para recuperar el dinero. La administración porteña advirtió que el recorte de fondos implica una quita de 65.000 millones de pesos anuales.

El presidente Alberto Fernández recorrerá hoy un centro de vacunación en el partido bonaerense de Pilar junto al intendente local, Federico Achaval, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Con la campaña por las elecciones legislativas en boxes, se trata del tercer evento público que comparten el jefe de Estado y el exministro de Economía esta semana, luego del acto del martes en Ezeiza y la «foto de unidad» del Frente de Todos del miércoles en Ensenada.

La actividad de Alberto Fernández y Axel Kicillof está programada para las 11.30 de este viernes 7 de mayo en el centro de vacunación «Pilar Bicentenario» de la localidad del norte del conurbano, indicaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas. El vacunatorio, ubicado en el kilómetro 46 de la autopista Panamericana, es uno de los de mayor capacidad de la región: puede otorgar unos 1.200 turnos diarios.

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Dentro de la agenda oficial, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; recibirán en Casa Rosada a con los titulares de los distintos bloques del Congreso, para «avanzar en un acuerdo para la postergación de las PASO y elecciones generales», en el marco de la pandemia. El encuentro, previsto para las 17 en el Salón de los Escudos de la planta baja de Balcarce 50, contará con la participación de presidentes de bloque de manera presencial y virtual.

Alberto Fernández y Axel Kicillof: una semana agitada para el Frente de Todos

Es la tercera vez en la semana que Alberto Fernández y Axel Kicillof comparten escenario en una semana difícil para el Frente de Todos, marcada por el fallo adverso de la Corte Suprema y la interna por las tarifas que debilitó al ministro de Economía Martín Guzmán.

La primera vez fue el martes, a pocos minutos del fallo del máximo tribunal en favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. En Ezeiza, el jefe de Estado, el gobernador bonaerense y el ministro de Educación nacional Nicolás Trotta, anunciaron el Plan Federal Juana Manso que pretende entregar 633.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.

En su discurso, Axel Kicillof criticó al gobierno de Mauricio Macri, al plantear que «4 millones de chicos hubiesen tenido computadoras si no hubiesen cortado el plan Conectar Igualdad».

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La segunda vez fue el miércoles en Ensenada. En un escenario compartido con Kicillof, Sergio Massa y Cristina Kirchner, el presidente destacó la «unidad» del Frente de Todos. «Acá estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. No va a haber tapa de los diarios ni sentencia judicial que nos deje hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Saquen esta foto. Grábense esta foto, esta es la foto de la unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina. Nadie va a hacernos ceder en eso», afirmó Alberto Fernández en un encendido discurso de campaña.

«Reivindico al estado de derecho, y le digo a la justicia ‘basta’, paremos. Ya han hecho mucho daño. Elijan al candidato a presidente que quieran pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos», manifestó el mandatario.

Fuente: Perfil.com

La Cancillería Colombia emitió un durísimo comunicado en respuesta a los dichos del presidente argentino Alberto Fernández quien por medio de su cuenta de Twitter había cuestionado el accionar de la administración de Iván Duque en la crisis desatada a partir de las múltiples manifestaciones que se dan en las principales ciudades colombianas. “Alimenta la polarización”, acusó la dependencia dirigida por Claudia Blum.

“Cancillería, en nombre del Gob. de COL, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández,que desconocen que miles de colombianos han tenido,conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”, comienza el mensaje emitido por la cuenta oficial de el ministerio de relaciones exteriores de Duque.

Fernández publicó su mención sobre la crisis colombiana en la noche del jueves: “Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia”, expresó el jefe de estado argentino en su cuenta de aquella red social. “Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social”, continuó y agregó que “instaba” al gobierno de Duque a que, “en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, lo que provocó la respuesta de Bogotá.

La cancillería colombiana continuó: “El Gobierno Nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país. La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”.

Cancillería Colombia rechazó las declaraciones Alberto Fernández sobre la crisis social en aquel país (Twitter)

La crisis que sacude Colombia fue el rechazo popular a la reforma tributaria impulsada por Duque. Pese a que el presidente anunció el retiro del proyecto impositivo y que estaba dispuesto a negociar uno nuevo con la oposición, el descontento de ciertos sectores continuó. Hechos vandálicos se viven en las principales ciudades colombianas con quemas de comercios y saqueos. Como resultado de la represión y excesos policiales que están bajo investigación ya son 26 las víctimas fatales.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez respaldó las conclusiones que hizo el presidente ecuatoriano Lenin Moreno luego de una investigación hecha por parte de autoridades colombianas y ecuatorianas y aseguró que Nicolás Maduro pretende exportar su modelo al país vecino.

Ayer mismo el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que dirige la dictadura venezolana emitió un comunicado condenando al gobierno de Duque. El PSUV dijo que “rechaza y condena al narcogobierno de Iván Duque y su mentor, Álvaro Uribe Vélez, que dieron la orden al Ejército y la Policía colombiana para masacrar al pueblo colombiano que hace uso de su legítimo derecho a la protesta pacífica contra medidas antipopulares y neoliberales”. El chavismo señaló además que el “hermano pueblo de Colombia sufre en sus calles el asesinato de sus hijos e hijas en manos de quienes manchan sus manos y conciencia con la sangre de quienes solo alzan su voz, pero reciben la descarga de fusiles”.

“Una briza (sic) bolivariana sopla en Colombia, un huracán bolivariano hará justicia y paz”, concluye el documento chavista.

Naciones Unidas en Colombia

En la mañana de este viernes, 7 de mayo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia emitió un comunicado frente a las jornadas de manifestaciones, que iniciaron el pasado 28 de abril, que iniciaron en protesta a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Duque.

En la misiva, la ONU en Colombia reconoce actos de violencia en los que se han perdido vidas humanas y, entre ellos, se destaca el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades locales. Esto ya había sido denunciado por Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quien denunció que policías abrieron fuego contra manifestantes en Cali, Valle del Cauca.

Manifestantes cerca de objetos en llamas mientras protestan contra la pobreza, la violencia policial y las desigualdades de los sistemas de salud y educación, en Bogotá, Colombia (Reuters)

Finalmente, la ONU observa de manera positiva la agenda de diálogo que estableció el Gobierno nacional para llegar a consensos que desmonten el paro nacional. Sin embargo, la organización espera que las mismas cuenten con pluralidad y resultados. “Espera que estos se lleven a cabo de manera inclusiva y con vistas a obtener resultados concretos que puedan brindar una solución pacífica a la actual coyuntura”, aseveró.

Fuente: Infobae.com

La Provincia de Buenos Aires prohibió la venta en farmacias de los tests rápidos para detectar coronavirus. Así lo determinó la resolución 1.533 publicada en el Boletín Oficial de la provincia. “Prohibir en las farmacias de la Provincia de Buenos Aires la venta de los productos con distintas denominaciones o marcas comerciales que son, en definitiva, para uso diagnóstico como pruebas rápidas de antígeno COVID-19 o test inmunocromatográficos para antígenos de SARS-CoV-2 en secreciones nasales y de garganta”, indicó el primer artículo de la resolución.

La normativa dejó establecido que los tests para detectar COVID-19 son “de uso profesional exclusivo y deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos habilitados por la autoridad de aplicación” y establece que esta medida tendrá vigencia “mientras perdure la declaración del estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires, a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), dispuesta por el Decreto N° 132/2020 y sus respectivas prórrogas”.

Asimismo, los establecimientos que incumplieren con lo dispuesto serán pasibles de la aplicación de sanciones.

Sobre las consideraciones de la disposición, el gobierno provincial recordó “que está claramente normado en los procedimientos sanitarios COVID19, que cualquier resultado debe estar cargado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) por un profesional inscripto que sea titular de un laboratorio habilitado por la autoridad competente según la jurisdicción” y que “en esa línea uno de los objetivos del SISA es crear la Ficha Única del ciudadano como eje central para el registro de la información sanitaria, que evidentemente podría violarse si el comprador del producto realiza por sí mismo la prueba”.

Por eso, indica “que corresponde a esta cartera sanitaria intervenir en la producción de información, y la vigilancia epidemiológica para la planificación estratégica y toma de decisiones en salud”.

“El problema no es el producto, sino que no puede ser un test que las personas se hagan en sus casas porque es un método diagnóstico para una enfermedad de notificación obligatoria y, entonces, tiene que ser realizado por un profesional y tiene que intervenir el sistema de salud para su notificación en SISA y aplicación de protocolos”, comentaron a Infobae fuentes de la Provincia de Buenos Aires.

Test rápido y económico

Hace un par de semanas, se había dado a conocer que, mientras muchos lugares habilitados para realizarse el test por PCR están saturados debido a la alta demanda para saber si las personas son portadoras y la Argentina registra récords de contagios por día, una nueva herramienta se sumaba para detectar posibles contagiados.

Se trataba de un nuevo Test Rápido de antígeno SARS-CoV-2 para conocer si una persona es positivo de COVID-19 y lo más novedoso del caso es que ya se vendía en varias farmacias argentinas.

El test chino Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd es el único autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la venta en farmacias y de uso profesional exclusivo. ¿Por qué? Porque el mismo producto así lo establece, ya que fue autorizado para ser vendido bajo ese concepto. Esto significa que se vende en forma libre en farmacias pero lo debería hacer un médico, enfermero o un bioquímico.

“Se trata de un test de COVID-19 muy eficaz y de muy alta sensibilidad, que fue autorizado por Anmat el 24 de febrero. Hay que aclarar que la persona que lo compre lo debe llevar a su médico de confianza para que le realice el hisopado a un costo menor que el testeo si se lo tuviese que pagar de su bolsillo. Tiene un nivel de especificidad del 98% y un nivel de sensibilidad de 96,8%. Hay menos de un 3% de falsos positivos o negativos, por lo que es casi tan eficaz como un PCR”, había explicado oportunamente a Infobae Alejandro Mansilla, socio gerente de Vyam Group, importador del producto.

El test tiene un resultado eficaz en sólo 10 minutos – REUTERS/Ralph Orlowski

Este test chino, que fue aprobado por varios países, como Alemania, brinda los resultados en 10 minutos y es más económico que uno por PCR. De hecho, en un laboratorio un test de antígeno por PCR puede costar entre $3500 y los $6000. En cambio, el test rápido de Immunobio se consigue a $2600.

El test de antígeno se realiza por medio de un hisopado que puede tomar secreciones de garganta humana y secreciones nasales para detectar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

“El producto está compuesto por una bolsa de aluminio con cassette de prueba y desecante, tampón de ensayo (buffer), hisopo estéril, reactivo y tubo de recolección de muestras e instrucciones de uso, por lo que es sumamente completo”, aclaró oportunamente Mansilla, quien especificó que la caja aclara: “Los resultados negativos no descartan infección por COVID-19”.

Fuente: Infobae.com

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, instruyó a sus colaboradores para que preparen una estrategia jurídica que le haga frente a las demandas que, según estiman en La Plata, no tardarán en plantearse en juzgados de toda la provincia tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la presencialidad escolar defendida por la ciudad de Buenos Aires, en detrimento de un decreto del presidente Alberto Fernández.

Según pudo saber LA NACION, los encargados de diseñar la estrategia defensiva de la provincia son el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario general de la Gobernación, Federico Thea. Antes del fallo de la Corte nacional, la administración de Kicillof festejó que ninguna de las presentaciones contra el decreto que suspendió las clases presenciales en el AMBA tuvo un resultado positivo para los demandantes en tribunales bonaerenses.

Aunque el pronunciamiento del máximo tribunal del país puede llegar a cambiar el escenario. En la Gobernación leyeron los votos de los jueces supremos y destacaron que “ninguno de ellos cuestionó la validez del DNU” del Poder Ejecutivo, sino que objetaron su aplicación jurisdiccional. Esto es, que el presidente haya avanzado sobre atribuciones del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Pero en el caso de la provincia, Kicillof emitió su propio decreto en sintonía con las restricciones que fijó Alberto Fernández para el Área Metropolitana de Buenos Aires, incluida la suspensión de las clases presenciales. De hecho, fue el propio gobernador el que reclamó -en sintonía con los principales sindicatos docentes- que se vuelva a las clases virtuales en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

“Nuestra estrategia ya está preparada, pero por ahora es un tema a resolver entre la Nación y la CABA. Si tiene rebote en la provincia, veremos”, deslizaron a este diario colaboradores directos de Kicillof. Pero admitieron que el fallo de la Corte no será inocuo y que los juzgados bonaerenses podrían empezar a recibir una catarata de presentaciones de padres de alumnos que reclaman la presencialidad escolar para sus hijos.

Hasta el momento, las demandas que se plantearon en los tribunales provinciales no avanzaron. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, se presentó primero en el juzgado federal de San Martín y después en el juzgado provincial de San Isidro, que se declaró incompetente y mandó la causa a la Suprema Corte de la provincia, la que devolvió el expediente para que resuelva el propio juzgado de San Isidro.

El intendente de Vicente López insistió ayer en “sostener el reclamo para que los chicos vuelvan a la escuela” y reprochó al gobernador Kicillof que mantenga “una decisión que no resuelve el problema”, a la que definió como “una incoherencia que salta a la vista”. Jorge Macri también sostuvo: “No vamos a abandonar el pedido por las clases presenciales; por eso insistimos con una nueva presentación judicial”.

Por cuerda paralela, un juzgado provincial de La Matanza rechazó un recurso de amparo en favor de las clases presenciales, también promovido por dirigentes de Juntos por el Cambio. En el distrito más grande de la provincia, el referente de la coalición opositora es el exministro de Educación bonaerense y luego nacional, Alejandro Finocchiaro. “Nunca entendí por qué el gobierno llevó su pretensión tan lejos”, dijo el ex funcionario.

Pero en la provincia, Kicillof seguirá plantado contra la presencialidad escolar. El gobernador decretó que 47 distritos que se encuentran en la “fase 2″ del “Sistema de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” se atengan hasta el 21 de mayo a la modalidad de enseñanza virtual. Entre ellos están todos los distritos del Conurbano y ciudades importantes como la capital bonaerense, La Plata, y Bahía Blanca en el sur provincial.

En una de las semanas más difíciles para el Frente de Todos, sus máximas figuras volverán a mostrarse juntas después de varios meses, para mostrar unidad ante la adversidad. El presidente Alberto Fernández compartirá un acto público en Ensenada, provincia de Buenos Aires, con la vicepresidenta Cristina Kirchner; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La excusa oficial es el lanzamiento en ese municipio bonaerense, del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas, con una inversión de 110 mil millones de pesos, motivo por el cual también estará presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Pero el acto será ante todo político, una muestra de unidad después del fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia por las clases presenciales, luego de casi tres semanas de disputa política y judicial con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, el encuentro apunta a cerrar las heridas que abrió este fin de semana la interna en el Ministerio de Economía por las tarifas, luego del pedido de renuncia de Martín Guzmán al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Respaldado por el Instituto Patria de Cristina Kirchner, la salida de Basualdo fue desmentida y por ahora permanece en el cargo.

Será el primer acto público de Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner desde la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo pasado. Para encontrar una foto que reúna al presidente, a la vice, a Sergio Massa y a Axel Kicillof hay que retrotraerse al 18 de diciembre de 2020, cuando compartieron el escenario del Estadio Único de La Plata. Fue el día que la vicepresidenta azuzó a los ministros del Gabinete (y al propio Alberto Fernández) al proponer que «todos aquellos que tengan miedo o que no se animan» vayan «a buscar otro laburo».

La reacción oficialista tras el fallo de la Corte Suprema

El fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires generó un enojo absoluto y una respuesta durísima por parte de todos en el oficialismo. El gobierno nacional no ocultó su fastidio por la decisión del máximo tribunal en contra del DNU 241/2021 que había firmado el presidente Alberto Fernández.

Las réplicas no tardaron en llegar. Primero fue una catarata de tuits de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que horas antes había pedido la nulidad de la causa Memorándum con Irán. Luego fuie el jefe de Estado, que dijo «me apena ver la decrepitud del derecho convertida en sentencia». Por último, habló el ministro de Justicia, Martín Soria, que habló de «golpe blando» por parte del máximo tribunal.

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Axel Kicillof también apuntó sobre el fallo de la Corte y cuestionó en duros términos a la oposición por “despreciar la educación” al suspender el programa Conectar Igualdad, al tiempo que aseguró que “no es un invento argentino interrumpir la presencialidad”, sino que es algo que sucede alrededor del mundo por la pandemia.

«La oposición, que dice que es muy importante la educación, debería empezar a explicar por qué le dejaron de dar las computadoras que necesitaban los chicos. Nos hubiesen venido bien en la pandemia», dijo el gobernador bonaerense durante el acto.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, también habló sobre el fallo: “Hay algunos que pretenden reducir, en el marco de una pandemia, la priorización de la educación con la presencialidad”, dijo Trotta, y agregó: “Cuando todos sabemos la complejidad que estamos atravesando”.

Fuente: Perfil.com