(Enviado especial a Glasgow, Escocia) Alberto Fernández propuso hoy ante la cumbre de cambio climático de Glasgow (COP26) utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que emite el Fondo Monetario Internacional (FMI) para establecer un Pacto de Solidaridad Ambiental que permita modificar los plazos de pago de la deuda y las tasas que se aplican.
“Es necesario aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya a los países de bajos ingresos y renta media, y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas”, indicó el mandatario en su discurso en el marco de la cumbre que comparte con los principales líderes del mundo.
“Se trata de instrumentos y decisiones importantes en las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico; y para fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los Bancos Regionales de Desarrollo”, amplió.
Alberto Fernández terminó de ajustar su discurso anoche, después de cenar con sus funcionarios en la brasserie Bread ST. La comitiva argentina se hospeda en el hotel DoubleTree, de Edimburgo. Se levantó temprano, desayunó en la habitación con la primera dama, Fabiola Yañez, y pasadas las 8 (hora de Gran Bretaña), se dirigió al centro de convenciones en Glasgow en un auto eléctrico. Atrás del Presidente, en otro auto eléctrico, lo siguieron el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Medio ambiente, Juan Cabandie.
Alberto Fernández propuso, entre otras cosas, la creación de un comité político y técnico sobre financiamiento climático, con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo (Reuters)
En otro pasaje de su discurso, retomó la propuesta que también planteó en la cumbre del G20 en Roma sobre la necesidad de “crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.
También enumeró las acciones que tomó Argentina en materia de política ambiental, como la presentación al Parlamento de un proyecto de ley sobre electro movilidad, y anunció “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental” y “un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.
Em esta línea, resaltó la importancia de “fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los Bancos Regionales de Desarrollo”, y propuso la creación de un “comité político y técnico sobre financiamiento climático, con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo, que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social”.
El Presidente durante su primera intervención el COP26
“Debemos comprometer aportes concretos que deben estar acompañados por medios para su implementación que nos permitan una transición hacia una economía limpia, con menos carbono y resiliente a los impactos del cambio climático”, explicó, al tiempo que advirtió que “el impacto sobre los recursos y bienes naturales comunes ha superado límites que plantean desafíos concretos que deben ser atendidos”.
Así, pidió que se cumplan “los compromisos y obligaciones asumidas por las economías desarrolladas y garantizar el acceso a los 100 mil millones de dólares destinados a impulsar la acción climática”.
Ayer, en su primer discurso ante la COP26, Alberto Fernández ya había sugerido que el FMI acepte canjear deuda por proyectos que respeten el medio ambiente. En esa intervención también propuso que se utilicen los Derechos Especiales de Giro (DEGs) para financiar iniciativas contra la emisión de carbono y planteó crear un comité político y técnico para dirimir qué países van a recibir créditos verdes para la defensa del medio ambiente.
Mientras la AFIP activa ejecuciones fiscales a casi un centenar de contribuyentes que todavía no pagó el llamado impuesto a la riqueza, la ejecución de lo que se recauda por dicho tributo muestra llamativas disparidades. Por caso, rubros sensibles como educación, viviendas populares y vacunación muestran un bajo porcentaje de cumplimiento, mientras otras áreas, como energía, ya cumplieron su porcentaje de gasto.
El Aporte Solidario y Extraordinario –conocido como impuesto a la riqueza- se aprobó hace casi un año en el Congreso a instancias del jefe del bloque de diputados Máximo Kirchner y del presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, a los efectos de recaudar fondos destinados a mitigar los efectos de la pandemia. En la norma se estableció que lo recaudado por el aporte será aplicado en cinco puntos claves: equipo médico; becas Progresar; programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación; subsidios a MIPyMES; y el Fondo de Integración Socio Urbana, enfocado a la salud y las condiciones habitacionales de los barrios populares.
En virtud de la norma, en mayo pasado se incorporaron al presupuesto $191.250 millones de la recaudación estimada por el impuesto. Según el informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), a octubre pasado se devengó el 70,9% ($135.561 millones). No obstante, dos ítems continúan sin ser ejecutados: vacunas del calendario nacional y el programa integral de becas Progresar a cargo del Ministerio de Educación.
Este último rubro obtuvo un crédito del 20% de la partida ($45.000 millones); sin embargo, aún no se ejecutó. Lo mismo sucede con la partida destinada a la compra de vacunas dispuestas en el calendario nacional ($2175 millones). Por contrapartida, el porcentaje de la recaudación del tributo destinado a la compra de vacunas contra el Covid-19 está sobreejecutado: ya se gastaron $43.435 millones (104.8%).
Máximo Kirchner, uno de los impulsores del impuesto a la riquezaLa Cámpora
También viene lenta la ejecución de los fondos destinados al funcionamiento Hospital Posadas: de los $276 millones asignados, sólo se ejecutaron 93 millones (33%). Asimismo, fue escaso hasta ahora el uso del porcentaje destinado del Fondo de Integración Social Urbana (FISU), que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social, otro de los rubros al que va dirigido la recaudación del impuesto a la riqueza. El FISU, que está bajo el ala de la Secretaría de Integración Socio Urbana que dirige Fernanda Miño, una dirigente cercana a Juan Grabois, recibió hasta el momento unos $49.304 millones de los que se comprometieron $15.179 millones (30%), según publicó el portal de noticias de TN.
Por contrapartida, de acuerdo al informe de la OPC se observó una ejecución total de los programas y proyectos de Energía (IEASA). El crédito vigente es de $56.250 millones, un 25% del total recaudado. En tanto, los subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron una ejecución del 77,8% ($35.000 millones).
El bloque oficialista del Congreso aseveró que no está en sus intenciones prorrogar el Aporte Solidario y Extraordinario y que sólo se aplicará por única vez este año. Afecta a aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones y si bien el 80% de los contribuyentes afectados cumplió con sus obligaciones, la AFIP detectó un universo de 88 personas físicas que aún no pagaron el tributo; sobre ellos recayeron acciones legales que fueron iniciadas por la DGI en los distintos juzgados del país.
En un camino paralelo y de menor visibilidad al que lleva la campaña electoral camino a las generales, en el plano judicial estalló un conflicto que mantiene enfrentados no sólo al oficialismo y la oposición, sino que también a constitucionalistas y representantes del derecho. Se trata de la ley que aprobó la Legislatura porteña el mes pasado para dotar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) de facultades revisar causas nacionales. La iniciativa que fue convalidada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y que la semana pasada recibió dos amparos que la rechazan por considerarla “inconstitucional”. En el plano político, el Frente de Todos sostiene que la ley favorecería a la familia Macri en la Causa Correo.
Una de las presentaciones lleva la firma de Eduardo Awad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de la jueza María Cecilia Gilardi Madariaga, que debe definir en los próximos días si hace o no lugar. Allí sostienen que “vemos azorados como en la Legislatura de la Ciudad, una mayoría circunstancial de legisladores ha decidido avanzar y votar un proyecto de ley que resulta absolutamente violatorio de la Constitución Nacional y de las más elementales normas del derecho y de la tan mentada ‘seguridad jurídica’”.
A su vez, en la medida cautelar advierten que la supuesta violación a la Constitución “podría aparejar innumerables consecuencias” para la Ciudad de Buenos Aires. También reiteran que la Legislatura porteña no era el lugar en el que se debía haber tratado la posibilidad de que el TSJ pueda revisar causas nacionales como instancia previa a la Corte Suprema de Justicia.
“La Ciudad no tiene competencia para dictar ese tipo de normas, el Congreso debe hacerlo. Pero tampoco estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión porque creemos que hay un espíritu secesionista porque parece que se quiere tener un país dentro de otro”, dijo a PERFIL Jorge Rizzo, abogado en representación de Awad y autor de la otra presentación que busca detener la aplicación de la ley.
Causa Correo: la denuncia contra Mauricio Macri en el centro de la controversia por la constitucionalidad de la ley.
A fines de septiembre, la Legislatura aprobó la modificación de la ley 402 de procedimientos ante el TSJ y le dio la posibilidad de expedirse sobre fallos o presentaciones provenientes de Juzgados nacionales con asiento en la Capital Federal. El oficialismo porteño argumentó que la idea buscó garantizar la autonomía de la Ciudad mientras que la oposición denunció que por medio de la ley se intenta favorecer a la familia Macri para que avancen sus pretensiones en la Causa Correo.
“En el rechazo a la ley no hubo grietas: la Asociación de Magistrados la rechazó al igual que sus adversarios de Justicia Legítima; (Julio) Piumato de la Unión de Empleados Judiciales también lo hizo al igual que sus antagónicos del Sindicato de Trabajadores Judiciales. El procurador (Eduardo) Casal también advirtió que no se puede, lo mismo con la Asociación de Fiscales, es decir, se ha unificado el rechazo y del otro lado quedaron solo los abogados del PRO y los radicales”, agregó Rizzo.
Desde la óptica porteña, la Ley viene a cumplir con una deuda relacionada al proceso de traspaso de la Justicia a la Ciudad, algo que se fijó en la Reforma Constitucional de 1994 y se fijó dos años después en la Constitución porteña pero que aún no se ha cumplimentado del todo. Es decir, se decidió que la Capital Federal debía intervenir y controlar causas de diferentes materias y Juzgados pero sólo se ha instrumentado parcialmente a partir de diferentes convenios.
Anteriormente, el legislador de Vamos Juntos Gastón Blanchetiére, quién propuso la modificación que introdujo la posibilidad de que el TSJ trate causas nacionales, dijo a este medio que la iniciativa “busca saldar de una vez por todas una cuestión que se viene planteando hace rato”. En esa línea descartó que se trate de la creación “de una nueva vía o tercera instancia”, sino que “estamos aclarando algo que se establece en la Ley 48 que regula el acceso a la presentación de recursos ante la Corte, algo que en el caso de las provincias, para llegar a esa instancia siempre hay que pasar por los Tribunales Superiores de Justicia”.
En cambio, desde el Frente de Todos se multiplicaron las voces que rechazaron la ley por considerar que la Legislatura no tiene las facultades para instrumentarla y esgrimieron que se trata de una estrategia del oficialismo porteño para que la familia Macri tenga a disposición una estrategia de “fórum shopping” o elección del Tribunal más conveniente. En ese caso sería el TSJ, apuntado por estar conformado en su mayoría por jueces vinculados al PRO como la presidenta Inés Weimberg de Roca, candidata del ex presidente Mauricio Macri para ocupar la Procuración General; el vocal Santiago Otamendi ex secretario de Justicia durante la gestión de Germán Garavano en esa cartera nacional y Marcela de Langhe, ex directora del Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad.
Hace algunas semanas, el procurador interinoEduardo Casal dictaminó que el TSJ no tenía facultades de revisión de decisiones de causas nacionales. Fue en el “Caso Levinas”, después que la Sala A de la Cámara de Apelaciones frenó la pretensión de los acusados para que el TSJ revise las decisiones de los camaristas nacionales. A pesar de eso los jueces del Máximo Tribunal porteño decidieron hacer lugar a la presentación en una medida que llevó la firma de todos los integrantes. Algo similar ocurrió en la Causa Correo, cuando la familia Macri había recurrido al TSJ para que revise una decisión de la Cámara que les era desfavorable.
En el plano cotidiano, los detractores de la iniciativa sostienen que puede afectar a los vecinos y vecinas de la ciudad. Aseguran que se trata de “una tercera vía” que insumiría el gasto de más dinero y mayor cantidad de tiempo al emprender un proceso judicial.
Ante el avance de las manifestaciones de rechazo a la medida, PERFIL consultó al abogado constitucionalista Daniel Sabsay, cercano al macrismo, quien reconoció que en los términos formales Casal tuvo razón al rechazar esa posibilidad. Sin embargo, defendió la ley al asegurar que “alguien tiene que hacer” que se cumpla con la Constitución en relación al traspaso.
Sabsay justificó la modificación de la ley que le da facultades al TSJ.
“Al no haberse hecho el traspaso de la Justicia local, es decir, sólo se han pasado algunos tribunales, no se ha cumplido con la Constitución en la medida que en la Capital Federal ocurra lo mismo que en la Justicia de las provincias. Es lógico que en todas las causas de naturaleza local haya un Tribunal Superior que decida antes de ir directamente a la Corte Suprema”, opinó.
“Formalmente, si uno se atiene a las formas, Casal tiene razón (NdR: en su dictamen de rechazo). Pero es una manera de avalar que nunca se solucione el tema y que la Capital Federal esté permanentemente con su Tribunal Superior devaluado”, añadió Sabsay.
Consultado respecto de si considera que el Congreso debería haber sido el poder encargado de modificar una cuestión del orden nacional como la que está en juego, el constitucionalista sostuvo que “es algo muy relativo”. “Lo que pasa es que ante una omisión de tantos años por parte del Congreso y sin voluntad de tratarlo, el mismo distrito interesado activa una forma de exigirlo porque vamos a 25 años sin que se cumpla con el traspaso que dice la Constitución”, expresó.
Otro de los constitucionalistas que se expresó públicamente fue Andrés Gil Domínguez, habitual crítico de las medidas judiciales vinculadas al macrismo, quien consideró que “es una ley ostensiblemente inconstitucional”.
Para Gil Domínguez la Justicia debe ser transferida a la Ciudad, pero no «de manera unilateral».
“Es inexplicable que en la carrera prolija que tiene Larreta, que es muy prolijo en su construcción de poder, haya validado una medida inconstitucional desde el punto de vista formal. Es algo que podría haberse resuelto con una ley nacional o a través de la vía jurisprudencial esperando el pronunciamiento de la Corte Suprema”, opinó en declaraciones a la radio Cooperativa AM 770. “Lo que nunca se puede hacer es tratarlo de manera unilateral a través de la Legislatura como ocurrió en este caso”, remató.
Gil Domínguez está de acuerdo en el fondo de la cuestión pero no en la forma. “La Justicia tiene que ser transferida, no hay dudas. Pero hay que saber que la Justicia provincial de Córdoba es pagada por los ciudadanos cordobeses y la de La Pampa por los pampeanos, no así en la Ciudad de Buenos Aires, que la pagan todos los argentinos”, dijo.
A pesar de las opiniones, la última palabra la tiene la Corte Suprema, que tras pedirle la opinión a Casal debe sentar su postura en torno al tema y lo más probable es que eso ocurra después de las elecciones.
Esta vez, ni las expectativas de un mal resultado electoral para el Gobierno terminan de entusiasmar a los inversores. Aunque las encuestas marcan que las legislativas podrían deparar un resultado incluso peor que el de las PASO para el oficialismo, los mercados prefieren esperar un poco más. La mayoría de los grandes jugadores ya se quemó con la Argentina apostando a Mauricio Macri y no quieren que se repita la historia.
Las principales dudas de los grandes bancos de Wall Street y brokers locales no pasa tanto por el resultado de las elecciones el 14 de noviembre, sino por el rumbo que seguirá la economía en los meses posteriores. El endurecimiento del cepo cambiario y los congelamientos de precios fueron, en ese sentido, malos indicios de lo que puede estar por venir.
Tanto el tipo de cambio como los bonos reflejaron claramente ayer, y lo vienen haciendo hace ya varias semanas, estos temores. Ayer el dólar libre finalizó levemente abajo del cierre del viernes, pero el “contado con liquidación” llegó a un nuevo récord de $ 213. Los bonos también reflejaron la falta de interés total del mercado por incorporar activos argentinos y el riesgo país se instaló la semana pasada por encima de los 1.700 puntos básicos, el mayor nivel desde la reestructuración de la deuda de hace poco más de un año.
Las apuestas tímidas que aparecen se canalizan en acciones. El motivo es bastante obvio: el posible impacto positivo de un cambio de clima político tendría un efecto mucho más favorable en el mercado accionario que en el caso de la deuda. Sin embargo, la mayoría de los papeles tampoco consigue despegarse demasiado. El índice Merval hoy tiene un valor equivalente a solo 410 dólares, pero en el mejor momento del gobierno de Macri, antes que estallara la crisis de 2018, había llegado a 1.800. Por lo tanto, existe un margen enorme de recuperación desde niveles muy bajos.
Hoy ya existe un desacople bastante notable entre acciones y bonos, que podría profundizarse luego de las elecciones legislativas. Para los inversores, la posibilidad de una nueva reestructuración es muy factible más allá de un cambio de signo político en 2023
Este panorama podría dar más impulso al “desacople” que hoy ya existe entre el comportamiento algo más firme de las acciones y la debilidad extrema que muestran los bonos.
Para un mercado que apuesta en contra del kirchnerismo, no deja de resultar llamativo que faltando menos de dos semanas para las elecciones no haya cierta euforia por colocarse en activos locales. Sobre todo considerando que ya hubo un resultado contundente en contra del Gobierno, que fue en las PASO del 12 de septiembre. Todo indica que le resultará extremadamente difícil al oficialismo dar vuelta aquel resultado, aunque el final es aún abierto en distritos como la provincia de Buenos Aires.
¿Qué hay detrás, entonces, de la cautela de los inversores? Básicamente lo que está pesando ahora es el temor a una situación financiera y cambiaria mucho más compleja después de las elecciones. Las escasas reservas líquidas en poder del Banco Central, la fuerte emisión monetaria que lleva adelante el BCRA –y que se acelerará en los dos últimos meses del año- y las demoras para llegar a un acuerdo con el FMI complican mucho más el panorama.
“Es posible que se produzca una crisis cambiaria o financiera en los próximos meses. Más motivos aún para comprar Argentina, porque se van a evaporar las chances de este Gobierno de seguir en 2023″, señalaba uno de los analistas de Wall Street más optimistas.
¿Qué hay detrás, entonces, de la cautela de los inversores? Básicamente lo que está pesando ahora es el temor a una situación financiera y cambiaria mucho más compleja después de las elecciones
La caída de los bonos también refleja el pesimismo sobre la capacidad de pago futura de la Argentina. El canje que llevó adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, permitió estirar tres años el vencimiento de los bonos, pero no achicó el volumen de deuda. Hasta ahora, no pasó nada que permita ser más optimista sobre la capacidad de pago de la Argentina en 2025, cuando ya hay vencimientos millonarios de los nuevos títulos emitidos en la última reestructuración.
La apatía de los inversores con los activos argentinos también puede estar relacionada, al menos parcialmente, con el mal momento que atraviesa Brasil. El dólar trepó a 5,65 reales, hubo salida de capitales y también caída de las principales acciones de ese mercado, en un contexto de mayor inflación y también dudas políticas por las elecciones del año que viene.
Un acuerdo con el FMI podría ayudar a encauzar las expectativas, pero la reunión del G-20 en Roma dejó en claro que todavía falta mucho para un arreglo. En el mejor de los escenarios, sobre finales del primer trimestre del año próximo podría estar sellado un compromiso que le permita a la Argentina patear los millonarios pagos que debe realizar.
Pero hoy pensar en tres o cuatro meses por delante es demasiado tiempo y así lo refleja la apatía de los inversores y el comportamiento del dólar, que empezó a despegar a mediados del mes pasado y siguió tomando velocidad en la apertura de esta semana.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, rechazó la posibilidad de sentarse a dialogar con el oficialismo para tratar de acordar puntos en común y terminar con la grieta. También se refirió al llamado a indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en Dolores el pasado jueves y lo calificó de «payasada». Por otro lado, el dirigente destacó que desde la campaña electoral de Juntos por el Cambio no se esconde a la figura del ex mandatario y está «activo» de cara a las legislativas del 14 de noviembre.
El alcalde porteño volvió a cuestionar el llamado al diálogo que el oficialismo hizo trascender a través del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y remarcó que esas interferencias en las conversaciones se deben a diferencias en diversas temáticas. “Con gente que cree que controlando los precios con militantes va a bajar la inflación, que piensa que no hay problemas de derechos humanos en Nicaragua, Venezuela o Cuba, o que no hay que ayudar a Río Negro en un problema de inseguridad no veo ninguna posibilidad de ponernos de acuerdo”, manifestó Rodríguez Larreta este domingo 31 de octubre en diálogo con LN+.
Por eso, el jefe comunal subrayó que desde el Frente de Todos se llamó públicamente a acordar puntos en común y bajarle la temperatura al enfrentamiento político pero se reflejó lo contrario. “No han mostrado ninguna vocación de conversar de nada”, criticó
Larreta también recordó declaraciones que la semana pasada realizó la primera candidata a diputada del Frente de Todos en Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien había cuestionado a la oposición por querer realizar un «golpe blando» al gobierno nacional de cara a las elecciones. Y criticó además al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien había catalogado como «anti-argentinos» a los dirigentes cambiemitas. «La semana pasada el ministro de Economía dijo que éramos anti-argentinos, y la candidata Tolosa Paz dijo que estábamos detrás de un golpe blando. Ahora, el presidente lo que único que hace es cuestionar a la oposición cada vez que agarra un micrófono, y lo mismo que la vicepresidenta”, cuestionó.
El dirigente opositor habló de tener como objetivo «terminar con la grieta» de cara a las presidenciales del 2023 y apuntar a «la unidad nacional» mediante un país más federal, un discurso similar al que el presidente Alberto Fernández mencionó al comienzo de su gestión.
Negado a dialogar con quienes hacen “apología del cierre de escuelas”, Larreta abrió una pequeña puerta a futuro. “Creo que, del otro lado, puede haber una mayoría de argentinos con la que podemos discutir cómo bajar la inflación y combatir la inseguridad”.
El pasado jueves el expresidente Mauricio Macri viajó hasta Dolores para ser indagado en la causa que investiga el presunto espionaje a familiares del submarino ARA San Juan. El hecho fue catalogado por el oficialismo como político por la convocatoria que dirigentes de Juntos por el Cambio realizaron en apoyo al exmandatario. La indagatoria debió suspenderse porque el ex presidente de Boca no estaba relevado de contar secretos de inteligencia, lo que originó que fuera convocado nuevamente para el 3 de noviembre.
“Lo llamaron a indagatoria sin estar mencionado en el expediente ni una sola vez, de la nada”, cuestionó Larreta, plegado a la figura de Macri y seguro de su inocencia. Por eso afirmó que se trató de una «movida política» a semanas de las elecciones y calificó el llamado del juez Martín Bava como una «payasada». “El juez lo volvió a llamar en minutos para seguir insistiendo con que sea antes de la elección. Nadie lo puede creer”, expresó.
Rodríguez Larreta también fue consultado por la participación de Macri en la campaña de Juntos por el Cambio de cara a las legislativas de noviembre. “Es parte activa de la campaña”, justificó el alcalde porteño. “Es miembro de la mesa de Juntos por el Cambio y parte activa de la campaña”, justificó.
Por último, aseveró que el creador del PRO estará junto a María Eugenia Vidal, la candidata a diputada cambiemita en la Ciudad de Buenos Aires, para hacer campaña mientras avanza la carrera hacia el 14 de noviembre.
(Enviado especial a Glasgow) Alberto Fernández abandonó Roma con una sonrisa de satisfacción: había logrado que el G20 recomendara al Fondo Monetario Internacional (FMI) que revisara su política vinculada a los sobrecargos, un castigo financiero que causa al país un pago extra de 1.000 millones de dólares anuales.
Cuando llegó al aeropuerto de Glasgow, cerca de las 21 (hora local), el presidente subió a un auto oficial y se dirigió al hotel Hilton Double Tree de Edimburgo, el único lugar disponible para dormir a pocas horas de iniciarse la Cumbre de Cambio Climático (COP26). Se lo notaba cansado, pero dispuesto a contestar las preguntas de los 15 medios que cubren su gira por Europa, incluido Infobae.
A continuación, el reportaje que Alberto Fernández concedió antes de cenar con la comitiva en la Brasserie Bread St.
— Teniendo en cuenta la reunión con Kristalina Georgieva, más el comunicado emitido por el G20 que reconoce la posición del gobierno argentino sobre los sobrecargos, la aplicación de los DEG que pertenecen a los grandes países y quizás la creación de tres fondos especiales, ¿cuán cerca está la Argentina de lograr el acuerdo con el Fondo Monetario?
— El proceso de negociación está ocurriendo en este momento. Martín Guzmán y Gustavo Beliz se quedaron en Roma negociando con el equipo. Así que eso está funcionando. Yo lo que creo es que lo que tuvo mucho sentido en el G20, para Argentina, es que nosotros vinimos con un planteo de llamar la atención sobre lo que está pasando en el mundo. El mundo de la post pandemia es un mundo sufriente, donde hay muchos países endeudados, donde hay muchos países en crisis. Y lo que nosotros hicimos, que fue una suerte de común denominador de mis tres discursos en el G20, fue llamar la atención sobre los problemas de financiamiento que va a enfrentar el mundo después de la crisis de la pandemia. Entre ellos el de Argentina. Yo planteé el de Argentina sólo en el primer discurso. Pero es una constante en los tres discursos: advertir que estamos con un problema económico de gran seriedad, de enorme desigualdad, que esa desigualdad reclama financiamiento y que ese financiamiento el mundo desarrollado lo tiene que advertir.
— Por el crédito que firmó Mauricio Macri, Argentina tiene que pagar a lo largo de todo el 2022 cerca de 19.000 millones de dólares, además del acuerdo atado con el Club de París. ¿Desde su perspectiva, Argentina llega a cerrar la negociación para cumplir con esos plazos?
— Es evidente que la Argentina no puede pagar 19.000 millones de dólares el año que viene. No hace falta que nadie lo pregunte. Nosotros estamos trabajando para poder encontrar un acuerdo que sea sostenible. Esto quiere decir que no postergue el crecimiento y el desarrollo que la Argentina está sintiendo, que no nos imponga un ajuste que socialmente cueste. Y que además el acuerdo al que lleguemos la Argentina lo pueda cumplir en el tiempo. Está claro que lo que firmó Macri es un acuerdo de imposible cumplimiento. Y está claro que ese fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo, y que en la primera revisión demostró su fracaso.
— ¿Cree que el apoyo de los países del G20 en los sobrecargos y en la creación de nuevos fondos o de nuevos programas implica que cuando esto llegue al board del FMI, en diciembre, esos países van a votar a favor del tema?
— Yo llevo esto desde el primer día, hice un trabajo laborioso con toda Europa. Que en este encuentro (del G20) volvió a repetirse: con (Angela) Merkel, con (Emmanuel) Macron, con Pedro Sánchez, y los comisionados europeos. Todos tuvieron el mismo sentido, que primero es agradecer y luego seguir buscando ese apoyo que hasta aquí siempre hemos conseguido de ellos para tratar de resolver el problema de la deuda con un sentido razonable. Lo que hemos logrado hoy es que el G20 entienda el planteo argentino y no solamente proponga fondos para la resiliencia de la pandemia para los países de renta baja y media, que era nuestro reclamo, porque los países de renta media contienen el 60% de la pobreza en el mundo, sino que también le planteo al Fondo la necesidad de seguir avanzando en el directorio de diciembre con la resolución del tema de los sobrecargos.
Alberto Fernández y Kristalina Georgieva durante su encuentro en la embajada argentina en Roma
— ¿Usted mantuvo un encuentro importante con la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. ¿Cuáles son las conclusiones de ese encuentro? ¿buscaba usted allí algún tipo de punto de inflexión para destrabar la negociación?
— La negociación va avanzando con las dificultades que una negociación supone, porque hay muchos intereses en pugna, y porque también es cierto que hay un mundo financiero que ha demostrado el fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado. La reunión con Kristalina Georgieva fue buena, fue una buena reunión donde nos dijimos francamente las cosas. Donde ratificamos nuestro deseo de cumplir nuestros compromisos, pero no a costa de postergar a nuestra gente. Después, a la noche (de ayer en Roma), la encontré en la cena y volvimos a hablar.
— ¿Qué significa buena?
— Que fue fructífera. Buscamos mecanismos para seguir avanzando y seguir encontrando puntos de acuerdo. Hablamos también de los sobrecargos, me dijo que eso está previsto ser analizado en el directorio de diciembre. Y de verdad, me voy satisfecho. E inclusive en la premura de tratar de buscar una solución se quedaron los equipos, los del Fondo y Martín (Guzmán) a la cabeza con Gustavo Béliz para seguir adelante trabajando.
— ¿Es posible que viaje a Estados Unidos, tras su conversación informal con Joseph Biden?
— No, no hablamos nada de eso. La casualidad fue que en la cena de anoche (jueves en Roma), la señora Biden se ubicó a mi lado, y tuvimos una cena espléndida de verdad. Hablamos toda la noche y fue muy divertido. Fue muy lindo encontrarlo al presidente Biden. Yo veo muchos de sus planteos con mucha simpatía y, bueno, ojalá podamos en algún momento concretar una reunión.
El “plan platita” está en su apogeo. Desesperado por evitar una nueva derrota en las próximas elecciones legislativas, en el último tramo de la campaña electoral el Gobierno abrió aún más el grifo del gasto público para beneficiar con transferencias discrecionales y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y municipios de su propio signo político, en especial a aquellos distritos claves que definirán el quorum en el Senado.
Desde los tiempos del menemismo, el reparto de los ATN se caracterizó por su falta de transparencia y arbitrariedad. Este sesgo se mantiene durante el gobierno de Alberto Fernández:la semana pasada, por medio de la decisión administrativa 1014, amplió dicha asignación en casi $15.000 millones –con lo que la partida totalizó los $40.000 millones– y la repartió en buena parte entre las provincias afines. El Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo de Pedro, es el encargado de la distribución de dichos fondos. De acuerdo a los datos oficiales de ejecución presupuestaria, Buenos Aires, el mayor bastión del oficialismo, recibió $6245 millones, por lejos el más beneficiado.
Tras la paliza electoral sufrida en las primarias en el principal distrito electoral, la Casa Rosada no le escatima dinero al gobernador Axel Kicillof. Además del dinero gastado en ATN, el mandatario bonaerense sobreejecutó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que se nutre del 1,4% del PBI que se le detrajo a la ciudad de Buenos Aires el año pasado. En efecto, según datos del Ministerio de Economía, ya devengó $71.346 millones, un 42% más de la partida inicial.
No solo eso: el Gobierno ya le giró a Buenos Aires otros $25.000 millones en concepto de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, nada menos que la mitad de la partida presupuestaria.
Axel Kicillof fue uno de los más beneficiados por la asistencia de la Casa RosadaFDT
Parece claro que la Casa Rosada prioriza el criterio electoral por sobre cualquier otro parámetro objetivo a la hora del reparto de los recursos discrecionales. De otra manera no se entiende por qué Santa Fe, una de las provincias que elige senadores en este turno electoral y que el oficialismo perdió en las últimas primarias, recibió más ATN que Córdoba, otro distrito que también renueva sus tres bancas en el Senado, pero que es antikirchnerista por antonomasia.
Según se publica en el sitio web del Ministerio de Economía, el gobernador santafecino Omar Perotti recibió hasta el momento $1919 millones en ATN y otros $3073 millones en concepto de transferencias para gastos corrientes, más del doble que la partida inicial. Por contrapartida, a Córdoba se le giraron $1170 millones en ATN y otros $2288 millones en transferencias destinadas a las provincias.
Tampoco encuentra demasiada lógica que Catamarca reciba casi el doble de ATN ($1283 millones) que Mendoza ($733 millones), pese a que la segunda la cuadruplica en población. La única explicación es política: ambas provincias eligen senadores este año, con la diferencia de que la primera es leal al Gobierno mientras que Mendoza, comandada por la UCR, es uno de los baluartes de la oposición.
Alberto Fernández y el gobernador catamarqueño Raúl JalilPresidencia
La Pampa es otro de los distritos que renueva su representación en el Senado y donde el oficialismo apuesta a revertir la derrota de las últimas primarias para preservar el quorum en el Senado. Con ese propósito, al gobernador Sergio Ziliotto se le giraron $744 millones en ATN y otros $932 millones en concepto de transferencias corrientes, más del doble que la partida inicial.
El sesgo electoral parece claro. Según los últimos datos oficiales de la ejecución presupuestaria, La Pampa fue beneficiada con más recursos en ATN que Mendoza ($733 millones), Jujuy ($559 millones) y Corrientes ($469 millones), otros dos distritos gobernados por la UCR. Incluso recibió más del doble de ATN que la Capital, bastión de Pro: en lo que va del año al distrito que comanda Horacio Rodríguez Larreta se le giraron solo $279 millones.
Críticas opositoras
La oposición ya alzó su voz en protesta por la discriminación que sufre en el reparto de los fondos por parte del Gobierno. La diputada Carla Carrizo presentó la semana pasada un proyecto de ley que propone prohibir este tipo de prácticas en el Código Nacional Electoral. En las provincias no cesan las denuncias: en Chubut, por caso, el diputado Gustavo Menna presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por la discrecionalidad en el reparto de $300 millones que, en concepto de ATN, recibieron distintas localidades chubutenses gobernadas por el oficialismo.
Chubut es otra provincia clave para el Gobierno: allí también están en juego tres bancas en el Senado y en estas elecciones el Frente de Todos corre el riesgo de quedarse sin ninguna. En lo que va del año el distrito gobernado por Mariano Arcioni recibió $690 millones de ATN; en los últimos días se desembolsaron $300 millones y su distribución desató un escándalo en la provincia: según el portal ADNSur, $200 millones se repartieron entre 35 municipios, con varias localidades que quedaron excluidas, como Esquel, Rada Tilly y Puerto Pirámides, gobernadas por la oposición.
Un planteo similar se realizó en Santa Fe. El miércoles pasado el ministro de Desarrollo Social provincial,Danilo Capitani,fue interpelado en la Legislatura por el supuesto reparto discrecional de fondos entre intendencias afines al oficialismo. “Los candidatos de Omar Perotti retiran la mercadería de los centros de distribución y la entregan sin ningún tipo de control”, denunciaron los senadores provinciales de la UCR.
“La discriminación es evidente –agregó la diputada nacional Gisela Scaglia (Pro)–. En las últimas semanas el gobierno provincial aceleró el reparto de planes sociales y bolsones de comida entre los municipios afines, mientras que los opositores no reciben prácticamente nada.”
Todo vale: en La Pampa, por caso, el gobernador Ziliotto decidió subsidiar a los vecinos deudores a quienes se les cortó el servicio del gas con ayudas económicas que van de $5000 a $10.000. “Es una vergüenza que La Pampa haya adherido al ‘plan platita’. Están desesperados por conseguir los votos y piensan que de esa manera los pampeanos vamos a ceder”, indicó el diputado nacional por La Pampa y candidato de Juntos por el Cambio, Martín Maquieyra.
Vecinos de Santa Rosa hacen fila en el ministerio de Desarrollo Social provincial para recibir subsidios por los cortes de gas
La diputada Carrizo insiste en la necesidad de modificar la ley vigente para evitar que estas prácticas clientelares se repitan en cada elección. Acompañada por una treintena de diputados de Juntos por el Cambio, propone actualizar el régimen de delitos electorales del Código Nacional Electoral para prohibir, durante los 25 días anteriores a las PASO y durante 30 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones generales, el reparto de subsidios y transferencias no contempladas en el presupuesto a nuevos beneficiarios, como así también la celebración de convenios administrativos entre Nación, las provincias y los municipios para la ejecución de recursos públicos.
“La ética pública de los funcionarios de gobierno se debe regular. No alcanza con las cautelares de la Justicia electoral: quien ejerce el poder debe entender que en las elecciones no se compite haciendo trampa. Y el clientelismo estatal es un acto de profunda arbitrariedad que a 38 años de la democracia en Argentina y con el 50% de los ciudadanos con pobreza estructural no se puede permitir ni avalar”, explicó Carrizo.
El presidente comenzó hoy su participación en la Cumbre de Líderes de la 26ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se extenderá hasta mañana en la ciudad escocesa de Glasgow.
A su llegada al Scottish Event Campus, sede del evento, alrededor de las 7, el mandatario argentino fue recibido por el primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Boris Johnson, y por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Fernández asiste a este foro mundial con el objeto de reafirmar el compromiso de la Argentina de poner a la acción climática y ambiental en el centro de las prioridades, así como la necesidad de avanzar en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para que los esfuerzos de reducción de emisiones tengan en cuenta las vulnerabilidades y diferentes capacidades que existen en los países en desarrollo.
Al término de la ceremonia inaugural, a cargo del primer ministro británico, Fernández formó parte de la sesión plenaria de la COP26, que se inició a las 10, para luego intervenir, a partir de las 11.30, en el evento de Alto Nivel sobre “Acción y Solidaridad: La Década Crítica”, que es presidido por Jhonson y por su par italiano, Mario Draghi.
COP26: los líderes de un mundo cada vez más caliente asisten a la cumbre del clima
Los líderes del mundo entero llegan a Glasgow (Escocia) para una conferencia sobre el cambio climático la COP26, bajo advertencias alarmistas de la ONU y de los expertos: los siete años entre 2015 y 2021 serán probablemente los más cálidos registrados hasta la fecha, anunció el domingo la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en un informe en el que advierte que el clima entra en «territorio desconocido».
“El mundo está cambiando ante nuestros ojos”, sostuvo en el informe el secretario general de la ONU, António Guterres, quien reclamó a los gobernantes que la COP26 sea “un punto de inflexión para las personas y el planeta”.
Alberto Fernández y Joe Biden
Este informe anual sobre el estado del clima «se basa en los últimos datos científicos que demuestran que el planeta está cambiando ante nuestros ojos», sostuvo el secretario general de la ONU, António Guterres, citado en el texto. «Desde las profundidades oceánicas hasta las cimas de las montañas, desde el derretimiento de los glaciares hasta los implacables fenómenos meteorológicos extremos, se están destruyendo los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo», añadió.
En la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, Alberto Fernández propondrá «posiciones importantes respecto de aumentar el compromiso que se había fijado sobre la reducción de emisiones». El presidente también se reunirá con los mandatarios de Costa Rica y de la Confederación Suiza.
En un tiempo disponible durante el desarrollo de la Cumbre, el Presidente argentino tiene en agenda mantener sendos encuentros bilaterales con su par de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, a las 10; y con su par de Confederación Suiza, Guy Parmelin, a las 11.
A las 13, a su vez, encabezará una reunión con empresarios; y a las 13.45 compartirá una reunión bilateral con la secretaria general de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa.
A partir de las 14 se trasladará junto a los restantes jefes de Estado y de Gobierno al Kelvingrove Art Gallery Museum, donde participará de la recepción ofrecida por el premier y posteriormente tendrán lugar los discursos de bienvenida y la tradicional foto oficial.
El Presidente está acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez; los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el Jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini; y el subsecretario de Comunicación y Prensa, Marcelo Martín.
El comienzo del mes de noviembre trae una serie de aumentos previstos en distintos bienes y servicios que impactarán en los bolsillos y en los índices de inflación. Entre las subas previstas se cuentan aumentos en alquileres, expensas, los salarios de las empleadas domésticas y el GNC.
Alquilere
Los inquilinos que firmaron contratos en noviembre del 2020 deberán abonar el aumento anual, de acuerdo a la nueva nueva Ley de Alquileres, que se actualiza por el Índice para Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central (según la evolución de precios y salarios). Según los cálculos, ronda el 49,5%. Por ejemplo, un alquiler de $35.000 firmado el 1º de noviembre del año pasado pasará a $52.336 a partir de este mes.
Según un informe del portal Zonaprop, entre enero y septiembre, los precios del mercado de alquileres, los precios subieron un 43,1%. Un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor promedio de $43.899 por mes. Mientras que una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $61.326 mensuales. De acuerdo a su tipología, los departamentos a estrenar son aquellos que más incrementan en comparación con el resto.
En los últimos 12 meses el precio medio de los avisos de alquiler subió un 51,8%, porcentaje por encima de la inflación (51,1%) y del índice de Contratos de Locación con el que se ajustan los contratos firmados hace un año (49,5%).
Expensas
Por la paritaria de encargados de edificio, las expensas volverán a registrar una suba. El gremio de encargados de edificios (Suterh) acordó un pago extra de $8.000 mensuales hasta febrero. Esa suba salarial se trasladará al valor de las expensas. Se estima que los sueldos de los trabajadores impactan en alrededor de un 70% sobre el total del valor de las expensas.
El gremio de encargados de edificios acordó un pago extra de $8.000 mensuales hasta febrero
GNC
El precio del metro cúbico del gas natural comprimido (GNC) aumentará $1 a partir de este lunes y se venderá en promedio a $47 en las estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según indicaron a Infobae desde la Cámara de Expendedores de GNC. “Dados los nuevos contratos que se firmaron de GNC, el valor del gas en boca de pozo tiene que pasar a representar en noviembre el 14,5% del precio de nafta súper”, dijo Pedro González, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC. El último aumento para este combustible se había aplicado en agosto de este año y fue de entre $2 y $3.
De acuerdo a la nueva escala de remuneraciones mínimas, para la categoría 5 (personal para tareas generales) la hora con retiro pasará a $243 y sin retiro a $261,5. El salario mensual con retiro pasará a $29.823 y sin retiro a $33.163.
En tanto, para la categoría 1 (Supervisora) la hora con retiro pasará a $293 y sin retiro a $321. Mientras que el salario mensual con retiro será de $36.586 y sin retiro $40.752,50. Para la categoría 2 (personal para tareas específicas), la hora con retiro pasará a $277,5 y sin retiro a $304. Y el salario mensual con retiro a $33.990,50 y sin retiro a $37.837.
El Frente de Todos tiene una intención de voto del 32% de cara a las elecciones legislativas, un número similar al obtenido en la dura derrota de las PASO, según una nueva encuesta, que revela, además, que 8 de cada 10 argentinos cree que el festejo de Olivos es la principal causa del resultado electoral.
El estudio realizado por la Universidad de San Andrés (Udesa) llevó adelante un sondeo de mil casos en todo el territorio nacional entre el 18 y el 25 de octubre que sirve de termómetro social frente a la coyuntura, incluyendo las tendencias de los candidatos que se enfrentarán en los comicios del 14 de noviembre.
En base a la proyección de los electores indecisos y sin considerar votos en blanco, los datos reflejan que el Frente de Todos cosecharía el 32% de los votos en las elecciones generales, un número apenas por encima de su núcleo duro de votantes y apenas 2 puntos porcentuales más que el resultado obtenido en las PASO.
Un escenario similar al ocurrido en septiembre se da con el principal espacio opositor. Según la encuesta, el 41% de los argentinos optarían por las listas de la Juntos por el Cambio, mientras que con el 7% los libertarios se posicionan como la tercera fuerza electoral a nivel país.
«La intención de voto de Juntos por el Cambio creció 14 puntos porcentuales desde mayo de 2021, y la del Frente de Todos subió 9 puntos», indican desde la casa de estudios que basó la pesquisa en la población con acceso a internet de todas las regiones del país.
A su vez, desde mayo de este año -un punto de inflexión en la insatisfacción social- el porcentaje de indecisos fue decayendo a medida que se aproximaron los comicios, alcanzando un número cercano al 13% en la actualidad.
Por otro lado, entre las posibles causas de la performance electoral del peronismo gobernante, la pandemia de coronavirus jugó un rol crucial, considerando no solo que el 62% está en desacuerdo con las medidas implementadas para contener la emergencia sanitaria sino que 8 de cada 10 argentinos creen que la foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañezen Olivos «impacta algo o mucho» en el resultado electoral.
De la misma manera opina el 64% pero en este caso en relación al impacto social a partir del sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, e incluso cerca de la mitad del país considera que su dura carta posterior a la derrota en las PASO -que motivó un temblor político hacia dentro de la coalición gobernante- influye en los electores.
Mala imagen de los políticos en medio de un clima social de insatisfacción
En medio de un clima de insatisfacción social ligado a una recesión sin precedentes que se prolonga en el tiempo, la imagen de los políticos en general sigue siendo desfavorable, considerando que, según el sondeo, en todos los casos las opiniones negativas sobre los principales referentes superan a las positivas.
Respecto al presidente Alberto Fernández, su aprobación continúa en caída libre, siendo apenas del 26% contra un 72% que lo desaprueba, por motivos relacionados en su mayoría a la crisis económica, una variable que condicionó su programa de gobierno desde que asumió en diciembre de 2019, al igual que la pandemia de coronavirus, cuyas medidas fueron reprobadas por el 62% de la población.
Por otro lado, entre los políticos que cuentan con un mayor reconocimiento a nivel nacional, son los dirigentes del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, quienescosechan la mayor imagen positiva (42 y 39% respectivamente).
En la misma línea, se destacan los funcionarios de los ejecutivos provincial y nacional con mejor imagen se destacan el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni (26%), la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti (24%) y el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán (20%).
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Alberto Fernández propuso, entre otras cosas, la creación de un comité político y técnico sobre financiamiento climático, con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo (Reuters):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EUCVMQKWEZGTTHU57D33L3XD4M.jpg%20420w)
El Presidente durante su primera intervención el COP26/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/WXJKEGGCHFFQVDDYN4IW64STQI.jpg)
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Alberto Fernández y Kristalina Georgieva durante su encuentro en la embajada argentina en Roma/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/CXDSDCAMTVDBXLE7Y6PMQ6S4QU.jpg)
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El gremio de encargados de edificios acordó un pago extra de $8.000 mensuales hasta febrero
