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El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló el lunes 25 de octubre a cerca del congelamiento y control de precios y sostuvo que «si hay unos pocos que no quieren cooperar con el control de precios, el Estado no se puede quedar de brazos cruzados». 

Acto seguido, y en declaraciones brindadas a C5N, Guzmán reconoció que «hay quienes quieren generar un escenario de incertidumbre y nosotros vamos a cumplir con nuestro pacto electoral que es un pacto con el pueblo».

«En una economía donde hubo una crisis macro muy fuerte, las expectativas juegan un rol clave. En esa lógica se enmarca el acuerdo de precios. Hace falta que todos podamos coordinar, muchos en el sector privado lo hacen», reivindicó a continuación.

Bajo la misma línea, el ministro de Economía descartó fisuras o cuestionamientos a la política de control de precios y sostuvo que «nadie se corta solo en el Gobierno y la estrategia del control de precios tiene el apoyo de todo el gabinete».

Con respecto al escenario empresarial, afirmó que «las empresas alimenticias son las que más se han beneficiado». Poniendo el foco en la problemática inflacionaria, remarcó que ésta tiene «origen multicausal» y que solucionarla «es una tarea colectiva».

«Hay que entender que la inflación es multicausal, la falta de generación de divisas, el Estado que no tiene la posibilidad de contar con más crédito y las expectativas donde estabilizar los precios. La lucha contra la inflación es una tarea colectiva«, detalló.

Martín Guzmán: «No lo van a reconocer, pero el FMI financió la campaña de Macri»

Más adelante, indicó que «la recuperación económica es fuerte y va a ser un poco superior el crecimiento estimado para todo el año. La industria y la construcción se han recuperado y el salario se está recuperando junto con el empleo privado».

«Todo esto se está logrando luego de lo que denominamos la doble crisis, la que dejó Juntos por el Cambio y la derivada por la pandemia», agregó para luego recalcar: «La oposición formó una alianza con el establishment en contra de los intereses del pueblo».

Asimismo, el ministro de Economía volvió a descartar una devaluación del peso, al explicar que «lo que estamos viendo con el dólar, es una cuestión comunicacional que alienta una devaluación. Nada más que eso».

Finalmente, y en relación con la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), concluyó: «Lo que hizo el FMI fue financiar la campaña de Macri. Nosotros queremos refinanciar la deuda en cuotas más cómodas, pero patear el tablero también es un problema».

Fuente: Perfil.com

Carla Vizzotti, acompañada del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció que la Argentina comenzará a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 50 años que hayan recibido la Sinopharm y las personas mayores de 3 años inmunocomprometidos que hayan iniciado el esquema de vacunación con cualquier componente.

Según explicó la Ministra de Salud, la decisión se tomó en base a recomendaciones de la OMS y de organismos internacionales: “La evidencia muestra que se puede avanzar en las personas inmunocomprometidas, que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años que hayan recibido cualquier esquema de vacunación. Vamos a trabajar en la planificación y distribución con cada una de las provincias”. Estos dos grupos contienen aproxidamente 1,6 millones de personas.

Además, la funcionaria aclaró que no es lo mismo una tercera dosis que un refuerzo: “La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es reforzar la inmunidad en forma periódica y eso es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario”.

Carla Vizzotti y Matías Lammens

E informó que los refuerzos se darán en la Argentina a partir de diciembre: “Están planificados, se está trabajando con las provincias y a partir de diciembre se va a empezar con el refuerzo empezando por el personal de salud y escalonadamente como fuimos avanzando con nuestro plan de vacunación”.

Asimismo, Vizzotti indicó que se empezará a trabajar con las provincias que sean limítrofes con otros países para vacunar en los puntos de fronteras “hasta que todos los países puedan vacunar y dar vuelta la página de la pandemia”. Esto aplicará para Paraguay con Formosa y para Salta y Jujuy con Bolivia, principalmente.

Noticia en Desarrollo

Fuente: Infobae.com

El conflicto mapuche en Río Negro no sólo le provoca al Gobierno nacional críticas de la oposición, sino también de dirigentes de su propio espacio como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien afirmó que el accionar mapuche es «terrorismo«. En ese marco, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a responderle al funcionario bonaerense.

«Solo de parte de irresponsables se puede escuchar eso. Berni es amigo mío, pero no puede hablar de terrorismo», señaló Fernández en una entrevista en C5N.

El ministro de la provincia de Buenos Aires había calificado de “terrorismo” los ataques de la comunidad mapuche en Río Negro y contradijo a Alberto y Aníbal Fernández sobre el envío o no de fuerzas federales para combatir el conflicto: “Es obligación del Estado enviar tropas”.

Ante estas críticas internas, Aníbal Fernández contestó: «Estamos metiendo en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos son mayores. No puede hacer eso, nos conocemos, si tiene alguna duda me puede preguntar. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características. Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni».

Por otro lado, habló del comunicado del líder mapuche Facundo Jones Huala en el que acusó al gobierno de intervenir para que no le den la libertad condicional en Chile.

Conflicto mapuche | Berni contradijo a Alberto y a Aníbal Fernández: “Es obligación del Estado enviar tropas”

«Jones Huala dice que es mucho más peligroso la administración populista que la derecha tradicional. Está diciendo que tanto Macri como la gobernadora que no sabe explicar cómo se compran los departamentos, como dijeron Patricia Bullrich y otros que siguen hablando de estas cosas pretendiendo ser los que son guapos. El conflicto mapuche nada tiene que ver con un conjunto de tipos que son violentos. Es un delito provincial que tiene que organizarse con la policía y la justicia de ese lugar”, comentó Fernández.

En ese sentido, defendió al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, por su apoyo a Huala: «Fue muy gráfico, se presentó como representante de la Argentina y cuidó de los intereses como tiene que hacerlo ante cualquier argentino en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, tuvimos que bancarnos los lonjazos de esta gente que no tiene estatura ni moral de ninguna característica para defender ideas de esta forma”.

Fuente: Perfil.com

En el Centro Cultural Kirchner (CCK), Martin Guzmán, dijo que “el FMI financió la campaña de Macri” (en 2019) y que ahora “el pueblo está pagando la campaña de Macri”. Además, volvió a negar que vaya a haber una devaluación del peso, ya que el BCRA está comprando dólares, hay superávit comercial y las exportaciones están creciendo, por lo que “hay mayor resiliencia”.

El ministro de Economía participó junto al ex ministro y ex candidato presidencial ecuatoriano, Andrés Aráuz, y el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufkis, de un debate sobre “cómo salir de la trampa de la deuda”.

En un evento auspiciado por el Ministerio de Cultura, en el que los dos extranjeros participaron de modo virtual, Guzmán hizo una larga exposición en respuesta a un planteo inicial de Lucía Cavallero, integrante de “Ni una menos”, quien calificó de “criminal” la deuda contraída por el gobierno de Macri con el FMI, resaltó el carácter “político” de ese crédito y dijo que el organismo violó sus propios estatutos. El otro conductor del evento fue Mario Santucho, director de la revista Crisis.

Guzmán asintió a todos esos señalamientos, calificó a la deuda con el Fondo “el principal problema que legó Macri” y describió su tarea como la de “lograr que una carga insostenible se transforme en sostenible y no dañe a la sociedad”.

Además, dijo que si en la negociación alguien se tiene que apurar es el FMI para que acepte reducir los sobrecargos que cobra en función del monto y los plazos de deuda y que la Argentina ya presentó su programa macroeconómico. No hay divisiones en el Frente de Todos, señaló, “estamos todos en la misma página”.

La negociación es una tarea muy difícil, señaló, porque “son situaciones de enormes desbalances de poder. Tenemos una Arquitectura Financiera Internacional escrita por el poder financiero para el poder financiero”. Según el ministro, “las restructuraciones demoran demasiado y alivian poco y el FMI es parte de eso: ha estado siempre del lado de los acreedores”. Pero luego observó que “en 2020 hubo una situación anómala históricamente, en que el FMI jugó un rol distinto”, ayudando con sus análisis de sostenibilidad a la negociación de la Argentina con los acreedores privados.

Guzmán, dirigiéndose a Mario Santucho, director de la revista Crisis, uno de los conductores del debate

Guzmán dató el inicio del “proceso de endeudamiento insostenible” en 2016, tras el acuerdo con los fondos buitre, favorecidos por fallos de la Justicia de Nueva York que calificó de “ridículos y sesgados”.

Yo avisé

A partir de allí, dijo Guzmán, el gobierno de Juntos por el Cambio se endeudó muy rápido y a tasas altas. Al respecto, recordó que en ese momento presentó con Sergio Chodos, actual director por la Argentina en el directorio del Fondo, un proyecto para que todo endeudamiento en moneda extranjera o con el FMI deba ser aprobado por el Congreso. Ya entonces veía, señaló, que el endeudamiento “iba a terminar mal, no habría lluvia de inversiones y no se iba a poder pagar”.

La Argentina pasó a ser “rehén de las expectativas de los inversores”, lo que consideró “una absoluta irresponsabilidad” del gobierno de Macri. Y cargó las tintas sobre las Lebacs como “bicicleta financiera” de los fondos del exterior.

Según Guzmán, el FMI se metió “de un modo realmente grave” en la Argentina: de los USD 45.000 millones que desembolsó, USD 21.000 millones fueron para pagar deuda insostenible a acreedores privados y USD 24.000 millones a financiar la fuga de capitales

El lógico desenlace, prosiguió, fue la aparición del FMI pidiendo austeridad y metiéndose “de un modo “realmente grave”. De los USD 45.000 millones que desembolsó, dijo, “USD 21.000 millones fueron para pagar deuda insostenible a acreedores privados”, que habría que haber restructurado, y USD 24.000 millones para financiar la fuga de capitales. Y vinculó la deuda a la persistencia de la inflación. “porque hay menos dólares en el Banco Central para lidiar con la estabilidad cambiaria; la deuda insostenible también pone presiones inflacionarias”.

Guzmán y la directora ejecutiva del Fondo, Kristalina Georgieva, en su reciente visita a Washington.

Además, insistió Guzmán, el préstamo fue político. Ni el FMI ni el gobierno de EEUU lo van a reconocer, pero lo dijo el propio exdirector ejecutivo de EEUU en el Fondo (se refería a Mauricio Claver, actual titular del BID). Consecuentemente, afirmó, “el FMI financió la campaña de Macri, y ahora el pueblo argentino está pagando la campaña de Macri”.

Campo minado

En la actual negociación “enfrentamos un campo minado, un campo asimétrico en relaciones de poder”, dijo Guzmán, y explicó que desde el principio se impuso “lograr ciertas condiciones internas y externas, crear sentido común de lo que necesitábamos alcanzar”. Por eso, señaló, en la negociación con los acreedores privados se logró un alivio de USD 35.000 millones de intereses durante una década y una quita de capital del 1,9 por ciento.

Pero queda la deuda con el FMI. La actual relación con el Fondo es “anómala”, dijo Guzmán, ya que este debería aparecer en escena cuando un país tiene problemas de balanza de pagos, pero en el caso argentino la deuda con el FMI es justamente el problema de balanza de pagos.

Un problema de balanza de pagos, dijo el ministro, es cuando en un país salen más dólares de los que entran, algo que sugirió que hoy no ocurre. “Hoy Argentina tiene superávit comercial y muchos dicen que se viene una devaluación Y decimos que no va a haber devaluación. El BCRA está comprando dólares, tenemos superávit comercial y las exportaciones vienen creciendo, Hay más resiliencia. El problema de balanza de pagos es el FMI: que está en la Argentina porque lo trajo Macri”.

El desafío, señaló, es “lograr que el FMI deje de ser una carga desestabilizante, sobre la base de nuestra programación económica”, pero no es una negociación sencilla, porque se trata de un organismo que tiene 190 países miembros.

El propio Macri se preguntó si es posible “patear el tablero y decir “afuera el FMI”. Y en respuesta a su propio planteo señaló: “Acá lo que hay que entender es que el rival también juega. Acá estamos hablando de la relación de un Estado Nación y todos los Estados Nación del mundo. Estamos hablando de la integración de la Argentina en el mundo. Necesitamos una Argentina apropiadamente integrada al mundo; no como hizo el gobierno de JXC. Que esté integrada de una forma que favorezca las oportunidades de desarrollo de nuestra economía real”.

“Buscamos un acuerdo favorable para la Argentina, que la carga sea sostenible. Pero es tan grande el volumen de la deuda, que va a llevar muchos pasos lograr que la deuda sea sostenible”. La peor alternativa, concluyó, “es un mal acuerdo, que socave las posibilidades de la Argentina y que después no se puede cumplir”.

Fuente: Infobae.com

El economista Carlos Melconian criticó con dureza al ministro de Economía, Martín Guzmán, que este domingo, durante un seminario con jóvenes, habló de la necesidad de deshacerse del FMI para ganar en soberanía. “No le puede hablar así a los chicos, con esto del Fondo, la soberanía y toda la milonga. Es para la hinchada eso”, advirtió, entrevistado por José del Rio, por LN+.

Melconian diagnosticó que el dólar se espiraliza por un desorden político y le pidió al Gobierno tener cuidado con el “plan bomba”. “Ojo porque si armás un plan bomba, es muy temprano, y te puede explotar la granada a vos”, consideró.

Sobre Guzmán, agregó: “Esto que dice -sobre el FMI- es imperdonable. Porque acá lo dice para la hinchada. Pero con qué cara va a ir a Washington a negociar? ¿Va a ir con este video? ¿Para qué agarrás el gobierno si después te la pasás dos años echándole la culpa al que se fue”.

“¿Qué vino a lo revolucionario? ¿A salvarnos a lo [José de] San Martín? , ironizó Melconian.

También advirtió que en la oposición “podés tener una bolsa de gatos”, pero no cuando sos gobierno. “Este tipo de desorden es tolerable cuando no estás en el gobierno” aseguró y sugirió que haya una “política de elongación”.

“El dólar blue no es bajo. Solo se espiraliza por desorden político. No hay condiciones generosas en la economía porque no hay reservas, hay inercia inflacionaria. Lo que tienen que hacerlo es administrarlo”, añadió.

Melconian apuntó contra el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y alertó que el congelamiento de “precios” no servirá para nada en el contexto actual. “Cada una de estas medidas es peor”, analizó.

Melconian sostuvo que en la actualidad “no existe política económica” y le pidió al Gobierno un orden, más allá del resultado electoral del 14 de noviembre. “El Gobierno se tiene que ordenar en un acto de responsabilidad con el país. Le quedan dos años más. Van a tener que tener un acto de supervivencia”, demandó.

El extitular del Banco Nación señaló que la inflación es un problema histórico pero apuntó a las medidas implementadas en los últimos años. “La responsabilidad de la inflación en la Argentina es de los gobiernos. No me cabe ninguna duda. Los gobiernos son los que hacen la política económica”, sostuvo.

En ese sentido, Melconian: amplió: “El empresario está para ganar, el individuo para ahorrar, para consumir el lo más posible, donde le dan créditos. Esos son activos de una economía competitiva y capitalista”.

Para Melconian, con el plan “platita” no arreglaron nada

Criticó, a su vez, el discurso del Gobierno sobre señales externas. “Uno no sale a la cancha pensando que van a dar cuatro penales. Estoy hablando de los granos, la soja, el momento externo. Cristina Fernández, en 2009, había perdido una elección cuando el mundo estaba en la crisis de Lehman Brothers. Y después 2010 y 2011, salió todo el mundo, no solo Argentina. Y fue reelecta. No fue la viudez, fue la economía”, opinó. “Si el mundo no te ayuda, vos estás condenado como está el programa”, recalcó.

Asimismo, apuntó de lleno contra el discurso del Frente de Todos respecto de la posición concentrada del sector empresario y de su incidencia en los precios. Pidió mirar a los países de la región como ejemplo. “Hay supermercadistas de la Argentina que están en Uruguay. Y allá estuvieron con gobiernos de izquierda y de derecha. El sector público es el que en general tiene el monopolio”, enfatizó.

Para Melconian, monopolios existen “en los países muy grandes, muy desarrollados”. Y allí, dijo, las leyes monopólicas “tienen que estar a la orden del día”.

“No hay plan platita, ni bicicleta. Los que proponen eso no tienen ni idea de la que han tirado”, afirmó, luego que el candidato Daniel Gollan acuñara la frase días atrás. “Y sin embargo, los indicadores como poder adquisitivo, tasa de creación de empleo, son todos malos. ¿Qué se pudo arreglar en los últimos 60 días? Nada”, aseveró.

El economista sostuvo que “la expectativa no ha cambiado” en términos electorales para el Gobierno y señaló que los funcionarios de la Casa Rosada parecer ir “con laparoscópica a La Pampa, Chubut, La Matanza” con el objetivo de “ver si en algún lugar lo dan vuelta”.

Melconian puso reparos a las medidas lanzadas para movilizar el consumo. “Bicicleta y plata de Jujuy a Tierra del Fuego vienen tirando hace dos años. No es un problema de tirar plata. Es un problema como ha ocurrido en 70 de 80 años de la Argentina. La tasa de inflación jode al tipo de ingresos fijos”, añadió.

Fuente: La Nación

El referente mapuche Facundo Jones Huala publicó un duro comunicado contra el Gobierno argentino al que culpó de que no le otorguen la libertad condicional en Chile. «Esta administración populista es más peligrosa que la derecha oficial«, expresó. Dijo que los Kirchner son «terratenientes»

Desde la cárcel de Temuco, Jones Huala apuntó al gobierno de Alberto Fernández pese a que recibió el apoyo del embajador argentino Rafael Bielsa en la audiencia por su libertad condicional.

«No me corresponde a mí explicar trámites judiciales ni burocracia. Nunca negocié ni me vendí, no pienso hacerlo, tampoco he pedido favores a ningún ente de los estados coloniales, limitándome solo a realizar trámites específicos forzado por el contexto, en el caso del consulado, documentación y, por cuarta vez la misma solicitud de repatriación, la libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta por lo que no requiere postulación», inició el líder de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).

La madre de Jones Huala apuntó contra Arabela Carreras: «Es antimapuche»

En esa línea, siguió: «Nunca he aceptado ni un plan social, siempre sobreviví por mis medios, no debo favores, ni he realizado pacto alguno con los opresores. Todos saben que cada vez que me han insinuado negociar lo he rechazado».

«Mi posición frente a ambos estados no ha variado, aclarando que si los reconozco como lo que son, entes de dominación colonial al servicio del poder económico, esto quiere decir que ningún Gobierno ha sido ni será capaz de resolver nuestra condición histórica de opresión», afirmó Jones Huala.

Asimismo, apuntó contra el kirchnerismo: «Son administradores del sistema capitalista en su actual modelo neoliberal, siendo esta administración populista más peligrosa que la derecha oficial, intentando confundir a nuestra gente, cooptando dirigentes oportunistas o gente con escaso análisis. Recordemos, como ejemplos, que el espionaje AFI no fue obra del Macrismo sino principalmente del Kirchnerismo, que nunca dejó de reprimir»..

Y en particular también apuntó contra Cristina Kirchner: «Sea cual fuere el Gobierno, la única acción creíble para resolver pacíficamente y dialogando el conflicto sería devolver todo el Territorio Ancestral Mapuche y Aonikenk, expulsando transnacionales y terratenientes, como incluso los Kirchner son. Vale recordar las palabras de CFK a los indios amigos en sus fiestas de bicentenario, “no sacrificaremos las inversiones extractivistas por ustedes, que igual usan tecnología”.

Jones Huala también afirmó que el Gobierno aboga para que no le den libertado condicional: «A mis audiencias concurren constantemente representantes del Gobierno para forzar al poder judicial a que no me suelten. La independencia de poderes es otra farsa tanto en Chile como en Argentina. ¿Qué dudas caben de la prisión política?».

Además, mencionó a Rafael Nahuel y Santiago Maldonado: «Un país con tan alto nivel de policía corrupta y mafias políticas, siendo Rafael (Nahuel) y Santiago (Maldonado) solo una muestra en la confrontación política de una realidad social cotidiana».

Conflicto mapuche | La abogada de Jones Huala: «El territorio se conformó con un genocidio»

Por otro lado, también dijo que fue un error haber sacado una foto con la titular del INADI, Victoria Donda, y haberle dado notas a Jorge Lanata: «Con respecto a una foto junto con Victoria Donda y otros personajes politiqueros, eso fue en la cárcel de Esquel en una visita que realizaron como comisión de D.D.H.H.. Evalúo dicha foto como un error al mismo nivel de las entrevistas con (Jorge) Lanata o Página/12, todos ellos winka de ideologías pero capitalistas, que solo llevan agua para su molino de estatismo y democracia burguesa».

.El líder mapuche concluyó su misiva exigiendo que se vayan «empresas multinacionales y terratenientes» de los territorios considerados de mapuches.

Fuente: Perfil.com

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y un grupo de familiares de las víctimas del ataque a la AMIA apelaron la decisión de sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros acusados en el marco de la causa que investiga si existió un plan de encubrimiento para los iraníes sospechados de haber volado la mutual judía a través de la firma del Memorándum con Irán.

Las querellas reclamaron que la Cámara Federal de Casación Penal anule y/o revoque la decisión del Tribunal Oral Federal 8 que frenó el avance de la causa hacia el juicio oral por inexistencia de delito. Puntualmente, solicitan que, con otros jueces, se lleve a todos los acusados al banquillo.

“El Código Procesal Penal de la Nación fue implícitamente derogado por el tribunal”, sostuvo la DAIA en su apelación. No solo por la habilitación de las audiencias sino por la valoración de la prueba ya existente que derivó en los sobreseimientos por entender que la firma del Memorándum no fue un delito.

“No puede considerarse una ‘cuestión política no justiciable’ la suscripción de un Memorándum de Entendimiento, que según la acusación, tenía como finalidad el encubrimiento de los acusados en un atentado terrorista. Tal plan criminal –de probarse en juicio obvio- no podría quedar exento de responsabilidad penal, pues no sería una simple decisión de “política internacional’. En modo alguno puede considerarse una decisión política ‘válida’ y ‘no justiciable’ la de encubrir a los sindicados como responsables de un atentado terrorista”.

“Sres. Jueces, no se les está solicitando que analicen el acierto o desacierto de la firma del Memorándum o de la ley que lo aprobó (la cual resultó inconstitucional), sino si existió o no el plan criminal que surge del requerimiento de juicio, circunstancia que inevitablemente debe decidirse luego de un juicio oral y público”, se añadió en el escrito al que accedió Infobae.

Por su parte, los familiares de las víctimas de AMIA que se presentaron en este caso también apelaron el fallo dictado por el TOF 7, luego de habilitar una serie de audiencias abiertas a raíz de las reuniones que tuvieron dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con el ex presidente Mauricio Macri. Y que derivaron en el sobreseimiento de los implicados.

“Las visitas de dos jueces a quien entonces era el Presidente de la Nación, una anotación de lo que parece ser un recordatorio de consulta genérica a uno de esos jueces y las especulaciones expuestas en una nota periodística (El cohete a la luna), no pueden ser el sustento de una nulidad. Sin embargo VVEE entendieron que ello sí la provocó pero, paradójicamente, no declaran esa sanción legal. Siendo así nos preguntamos ¿cuál ha sido el propósito de toda la exposición dedicada por VVEE a una nulidad que se tiene por producida pero que no se declara, porque se opta por sobreseer a los imputados por inexistencia de delito?”.

Los jueces Gabriela Lopez Iñiguez, Daniel Obligado y Jose Michilini

Los escritos de las apelaciones tuvieron duras críticas al razonamiento de los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, que -con distintos argumentos- resolvieron sobreseer a todos los acusados por inexistencia de delito. La decisión alcanzó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

El fiscal Marcelo Colombo, a cargo del rol acusador del Ministerio Público, estudiaba si también presentaba su apelación. Si lo hace, se espera saber qué hará el fiscal ante Casación Javier De Luca quien -en 2015- sostuvo que la firma del Memorándum con Irán no constituía un delito, cuando le tocó opinar sobre las apelaciones a raíz del fallo dictado por el juez Daniel Rafecas ante la denuncia de Alberto Nisman. A diferencia de aquella vez, ahora tanto la DAIA como dos familiares están constituidos como particulares damnificados y así pueden impulsar en forma privada las apelaciones.

Aunque hubo una polémica sobre los jueces a analizar el caso, la apelación llegará a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal a cargo de los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Son los mismos jueces que ya intervienen en otras causas contra la vicepresidenta: la de ‘Cuadernos’ (en donde por dos votos a uno validaron la declaración de los arrepentidos) y la de ‘Dólar futuro’ en donde resolvieron sobreseer a todos los acusados, antes de llegar a juicio oral, en base a un peritaje que indicaba que no había existido perjuicio para el Estado.

Fue precisamente los planteos que se hicieron en la causa ‘dólar futuro’ ante Casación y el éxito obtenido ahí lo que terminó habilitando la serie de audiencias solicitadas por las defensas ante el Tribunal Oral Federal 8 para pedir la nulidad de la causa del Memorándum, el expediente que nació en 2015 con la denuncia del fallecido fiscal Nisman contra la entonces presidenta.

La apelación de la DAIA

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA (Franco Fafasuli)

“Lo que comenzó siendo una audiencia no prevista en nuestro ordenamiento procesal para tratar planteos de nulidad, terminó transformándose en una audiencia para tratar excepciones de faltas de acción –invocadas por las defensas durante las audiencias mencionadas- que ya habían sido oportunamente rechazadas por el mismo Tribunal”, dijo en la apelación el titular de la DAIA Jorge Knoblovits. Sostuvo que la sentencia desconoció artículos del Código Procesal Penal y valoró arbitrariamente prueba, incluso en forma contradictoria, cuando no estaba habilitado para hacerlo porque eso llegaría en el juicio oral.

Según dijo, “constituye una incorrecta y antojadiza apreciación de las probanzas y constancias de la causa, constituyendo una resolución arbitraria y carente de sustento legal, desconociendo la coherencia que debe respetar un acto jurisdiccional válido. Estamos ante una resolución plagada de definiciones dogmáticas sin sustento racional y legal que sólo fue fundada de manera aparente y contradictoria, resultando ser arbitraria y parcial”.

Uno de los puntos a los que apuntó la apelación es que “resulta evidente que el artículo 361 del CPPN ha sido erróneamente aplicado en la resolución en crisis” porque el tribunal no recibió ninguna prueba nueva que le permitiera dictar los sobreseimientos de los implicados. Es el que permite sobreseer a una acusado antes de que empiece el juicio oral.

La DAIA, además, sostuvo que incluso para el propio Tribunal las declaraciones testimoniales de los ex directivos de Interpol Ronald Noble y Joel Sollier eran “fundamentales” para la causa y habían sido ordenadas por el TOF, pero esas declaraciones nunca se concretaron porque “la Secretaría General de Interpol tiene una curiosa interpretación sobre las inmunidades (llevadas al insólito extremo de al menos obstaculizar la declaración como testigos de sus funcionarios)”

“No debe ser obligación de esta querella inmiscuirse en tales cuestiones, sino más bien es una obligación del gobierno argentino, quien por pedido de la justicia, debe destrabar la situación a los fines de que los testigos Noble y Sollier puedan declarar en esta trascendental causa”, advirtió. “Lo que diligentemente debe hacer la justicia argentina, es ampliar la información brindada a Interpol y transmitir a su Secretaría General la trascendental importancia de las declaraciones de Noble y Sollier para resolver la situación procesal de los imputados (detallando los motivos); y en su caso, de ser necesario, llevar adelante todas las diligencias necesarias (a nivel nacional e internacional) para que los mentados puedan declarar como testigos”, dijo.

Y añadió : “a esta altura de los acontecimientos cabe al menos poner en duda los dichos extrajudiciales de Noble y Sollier (o la suscripción de ciertas notas), por lo que su falta de declaración testimonial de ninguna manera podría favorecer a los imputados y menos por aplicación del art. 361 del CPPN. Pero lejos de hacer lo que es debido, en forma arbitraria e infundada, se considera a la presunta imposibilidad de que declaren Noble y Sollier, como un elemento para sobreseer a los imputados, lo cual no puede ser tolerado”.

La DAIA también cuestionó a los jueces que sostuvieron como novedad que las alertas rojas seguían vigentes y afirmó que el fallo “parece olvidar u obviar que la maniobra imputada requirió de ‘canales paralelos’, por lo que lo que se decía oficialmente tanto en forma oral como escrita, no refleja necesariamente la realidad”. “A los fines de la acusación lo más importante no es lo que hizo o interpretó finalmente Interpol una vez que le fue notificado el Memorándum de Entendimiento, sino la voluntad de los imputados al otorgarle a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”, se advirtió.

Alberto Nisman denunció un plan para encubrir a los iraníes días antes de ser asesinado

Lo que valoraron los jueces, dijo la querella, fue “la prueba recolectada en la instrucción, circunstancia que resulta absolutamente vedada previo al debate oral –conforme incluso jurisprudencia invocada por el propio tribunal oral” y por lo tanto “la resolución en crisis derogó implícitamente el Código de rito y valoró prueba incorporada en instrucción -sin fundamentar tal decisión-, por fuera de un debate oral y público”.

“Parece increíble tener que aclarar lo siguiente: la imputación no se basa en el acierto o desacierto, conveniencia o no de la firma del Memorándum de Entendimiento; tampoco se basa en la oportunidad, mérito o conveniencia de la firma del mismo; tampoco se basa en la negociación del Memorándum; tampoco se basa en la mera inconstitucionalidad del Memorándum. La imputación que se les efectúa a los imputados, y así surge del requerimiento de juicio, es resumidamente el ‘haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA-DAIA (…) Es decir, la imputación no gira en torno a la suscripción misma del Memorándum, sino más bien a los fines delictivos que se evidenciaron”, se afirmó.

La DAIA también cuestionó al juez Obligado por la “desatinada comparación” entre el Memorándum y las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” dictadas cuando Raúl Alfonsín era Presidente de la Nación. “Más allá de la posterior inconstitucionalidad de dichas leyes, no habría surgido ningún elemento probatorio como para investigar un posible encubrimiento por parte del gobierno de Alfonsín. Entiendo que de haber existido, se hubiere iniciado sin dudas una investigación. Por el contrario, en el caso de autos, existe sobrada prueba de la posible existencia de delito”.

La apelación de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas de AMIA

Luis Czyzewsk (Adrian Escandar)

Para esta querella, “la esencia de la arbitrariedad expuesta en el fallo gira en torno de la pretendida frustración del debate, oral y público, para impedir que se produzca la prueba, eliminando injustificadamente los alegatos de las acusaciones sobre cuestiones controvertidas y fundamentales de la imputación, que se pretende reemplazar por la opinión unilateral de los jueces”.

Al inicio del escrito, los familiares recordaron que las audiencias en donde se habilitó la palabra de las defensas “con intervención de los medios de comunicación, para escuchar a los imputados, invocando un código procesal que no es ley vigente en esta jurisdicción, el día en que se celebraba el acto donde se recordaba el atentado terrorista contra la AMIA, donde fueron asesinadas nuestras hijas”. Y recordaron que un día antes, el abogado Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta, había dicho en C5N que no iba a haber juicio oral.

“Nos preguntamos aquí, al igual que la Dra. López Iñiguez: ‘…si un ‘observador objetivo’ tendría motivos para considerar afectada la independencia del tribunal en las circunstancias del caso que nos ocupa…”, se añadió. A la jueza también le recriminaron que hubiera citado en su fallo un informe del relator especial de la ONU, Diego García Sayan, al que aludió la vicepresidenta Cristina Kirchner en su intervención, con críticas a la mesa judicial del macrismo. “Pero el informe no existe”, dijo la querella y “debe ser esclarecido, pues consideramos de extrema gravedad que la información invocada –y aportada por la actual Vice Presidenta no solo componga uno de los votos del fallo, sino que, además, pueda no resultar ajustada a la verdad”.

Sobre el fondo de la cuestión, la querella afirmó que “no existen circunstancias sobrevinientes” ni “prueba nueva” en la instrucción suplementaria que “torne innecesaria la realización de un debate” que ya estaba resuelto y con citaciones de testigos ordenada. “Es difícil de entender cómo, a lo largo de las 385 hojas que integra el fallo, ninguno de los Sres. Jueces haya siquiera mencionado el texto del exhorto remitido por Irán a la Argentina de fecha 4 de noviembre de 2017″ en donde queda claro “que para Irán el Memorándum entró en vigencia y que su objeto era muy concreto: Interpol debía poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA”.

Y se añadió que “existen pruebas concretas que exponen la falsedad del propósito declarado públicamente para la suscripción del memorándum” cuando “el único efecto real y permanente que ha dejado son los banners impuestos en las notificaciones rojas, que a la fecha Interpol se niega a retirar”.

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández habló por teléfono este sábado 23 de octubre con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para hablar sobre el aumento de violencia en el distrito por parte de algunos grupos radicalizados de la comunidad mapuche y destacaron la necesidad de «trabajar en conjunto» entre la provincia y Nación.

Pasadas las 14:00, el jefe de Estado se comunicó con la mandataria patagónica y evaluaron “la situación en la zona andina tras los ataques a instituciones públicas y privadas», mientras que Fernández «condenó los hechos de violencia», según sostuvo Carreras en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la oficina de Prensa de la Gobernación, fue una conversación “amable” y “dialogaron sobre los distintos análisis de la realidad actual en la región y coincidieron en la necesidad y real posibilidad de trabajo en conjunto entre la Provincia y la Nación». Los voceros de la Casa Rosada dijeron a la agencia Noticias Argentinas que ambos funcionarios «tuvieron una muy buena charla».

Asimismo, la rionegrina agradeció “la presencia de Gendarmería Nacional en la región y el apoyo que se le está brindando a la Fiscal Federal (Sylvia Little) para la investigación de los ataques perpetrados en El Bolsón y San Carlos de Bariloche».

En un comunicado, Fernández y Carreras remarcaron «el buen diálogo que siempre ha caracterizado al Gobierno que él encabeza para con la provincia de Río Negro”, al tiempo que ratificaron la “voluntad de seguir trabajando en conjunto».

Cabe destacar, que este sábado la mandataria provincial acusó a Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda y Luis Pilquimán de impulsar a estos grupos a realizar los ataques. «Ha habido una gran complicidad y hay instigación también porque buscan objetivos políticos que perjudican al normal funcionamiento de las instituciones”, dijo, por lo que solicitó la intervención de la la Agencia Federal de Inteligencia.

«Río Negro nos importa y mucho», dijo Aníbal Fernández y Carreras pidió la intervención de la AFI

Río Negro: a favor y en contra de la presencia de tropas

En tanto, según consignó el medio local Río Negro, los ciudadanos de El Bolsón reaccionaron ante del desembarco de Gendarmería, con voces a favor, pero también en contra.

Por un lado, quienes rechazan la presencia de gendarmes en la localidad opinaron que hay una intención de militarizar la zona, mientras que aquellos que consideran favorable la medida, creen que se podrá contener el aumento de violencia en el último tiempo por parte de ciertos grupos mapuches.

Según comentaron fuentes oficiales a Perfil, el Presidente llamó a Carreras después de leer la tapa y la nota del diario Río Negro, donde «claramente se expone la complejidad y lo delicado de la situación y muestra que el Gobierno nacional tiene razón en las decisiones que se tomaron hasta el momento».

Fuente: Perfil.com

Aclaremos de entrada, para que conste en actas, que los acuerdos de precios y salarios son un complemento transitorio de un buen programa antiinflacionario de shock, con dificultades de credibilidad. De la misma manera que un cinturón de seguridad y un airbag son el complemento necesario ante un frenazo brusco.

Ni el cinturón, ni el airbag frenan un auto, pero evitan las consecuencias negativas de ese frenazo sobre los pasajeros.

Queda especificado, entonces, que lo introducido en la semana qué pasó por el Secretario de Comercio no es un instrumento que responde a una definición técnica de un acuerdo de precios y salarios que pudiera ser transitoriamente exitoso. Primero, porque no incluye a todos los precios, y tampoco a los salarios; y segundo y principal, porque no está acompañado de un programa antiinflacionario de shock para frenar de golpe la tasa de inflación, al contrario, el auto sigue acelerando.

Cabe destacar que también ha fracasado el programa antiinflacionario “gradual” basado en fijar la evolución del precio del dólar oficial por debajo de la tasa de inflación pasada, congelar tarifas, y coordinar los acuerdos paritarios de los primeros meses del año en torno a la inflación esperada en el presupuesto nacional.

Fracasado el programa de “tranquilizar” de a poco los precios, por ausencia de un marco fiscal y monetario compatible, sin reservas en el Banco Central, y sin acuerdo con el FMI, lo único que le quedaba al Gobierno, como ya comenté desde esta columna, la semana pasada, era culpar a un grupo de empresarios ambiciosos de la inflación y montar un show en torno al control policial del congelamiento de un conjunto de precios para defender al pueblo y darle alguna alegría.

Por lo tanto, la eventual discusión entre ortodoxia y heterodoxia en la política económica, o la idea de introducir cierto pragmatismo heterodoxo en el combate a la “multicausal” inflación, no aplica en este caso.

Martín Guzmán, ministro de Economía

Simplemente, estamos ante una típica medida política que no admite ningún análisis de factibilidad serio, desde la economía.

Pero, a pesar de ser exclusivamente una medida política tendrá consecuencias en la evolución de la economía de las próximas semanas o meses.

Lo primero que habría que saber es si, pasadas las elecciones del 14 de noviembre, el Gobierno insistirá con sostener este control de algunos precios hasta su fecha de vencimiento del 7 de enero de 2022.

Dado que es una medida electoralista, bien podría esperarse que, pasada la elección, y en caso de una derrota del oficialismo, el congelamiento mencionado se incluya dentro de los instrumentos que podrían descartarse, junto con la posible remoción de su cargo de sus autores.

Pero más allá de su efectiva duración, esta medida no reduce sustancialmente la inflación presente, mientras incrementa las expectativas de inflación de los próximos meses.

En efecto, dado que el “auto fiscal y monetario” sigue acelerando, y que las mencionadas anclas cambiarias y tarifarias no surten efecto, continúan aumentando las distorsiones de precios relativos. Y a mayores distorsiones, mayor necesidad de corregirlas, más temprano que tarde. Corrección que puede hacerse por las buenas, en el marco de un programa post electoral, o puede hacerse por las malas, en el contexto de tensiones insostenibles.

Resulta evidente, además, que mientras la amenaza de un ajuste desordenado no se disipe, no crecerá la inversión y mucho menos la demanda de empleo. Toda perspectiva de ajuste desordenado de precios relativos aumenta los riesgos y da lugar a comportamientos preventivos, tanto sobre los “stocks” como sobre los “flujos” de los ciudadanos y ciudadanas.

El segundo problema que introduce este programa político es cómo compatibilizarlo con la ineludible necesidad de un acuerdo con el FMI.

Otra vez, si el actual esquema se levanta el 15 de noviembre, y da lugar al armado de un plan macro más o menos prolijo, dentro de los límites del actual régimen económico, se podría esperar, insisto, un escenario que no empeore demasiado la realidad actual.

Pero cualquier intento por prolongar esta política, y el desorden macro que tiene detrás, aleja la probabilidad de un acuerdo con el FMI, al menos uno que sirva.

El tercer elemento por considerar es el marco internacional.

Una cosa es un primer semestre del año próximo con la “supersoja” y otra, muy distinta, es un contexto con un precio más bajo de nuestros productos de exportación y un viento de cola que podría empezar a virar, y volverse en contra, incluyendo los recientes acontecimientos en Brasil, en medio de su propia campaña electoral.

Finalmente, cabe incluir, de prolongarse esta combinación de congelamiento de algunos precios, y un programa fiscal y monetario expansivo, la discusión de estos días sobre el desabastecimiento de algunos productos.

En efecto, sumado a los problemas de oferta de insumos derivados de las restricciones impuestas a la demanda de dólares oficiales para importar y a las dificultades surgidas en el mundo, producto de la pandemia, la política energética, y las decisiones autocráticas del amigo Xi, y del amigo Putin, cuánto más se prolongue una fijación de precios que ignore la realidad, aumenta la probabilidad de desabastecimiento, mercados informales, etc.

A mayor duración del programa político que se suma a un muy mal programa económico, peores consecuencias y mayores escollos para “volver” de allí, sin traumas.

Me he cansado de citar mi diálogo de estudiante con mi gran profesor y uno de los padres del estructuralismo latinoamericano Julio H. G. Olivera, pero lo reitero porque viene a cuento.

Caminando por los pasillos de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a principios de 1975, le pregunté qué opinaba del programa económico vigente. La respuesta de Olivera, desde la profundidad de su voz santiagueña fue, como siempre, lacónica y precisa: “La economía no se puede manejar con la policía”.

Cuarenta y seis años después, sospecho, con algún fundamento que, de repetirse esa escena, la respuesta sería la misma.

Fuente: Infobae.com

La primera candidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuestionó al Gobierno por el manejo del conflicto mapuche en Río Negro y señaló que existe una especulación electoral al tratarse de una jurisdicción en la que el Frente de Todos no se encamina a un triunfo.

“Se necesita que el Gobierno nacional aplique la ley existente. Lo que está sucediendo es terrorismo, tal como lo definió la gobernadora [Arabela Carreras] e incluso el propio [ministro de Seguridad bonaerense, Sergio] Berni, que es parte del Gobierno. Es un delito federal, requiere la acción de fuerzas federales”, expresó Vidal en declaraciones a LN+.

En ese sentido, la mandataria criticó la primera reacción del Gobierno de no enviar efectivos, expresada en primer término por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y luego por el presidente Alberto Fernández, quien también explicitó esa decisión en una carta, pese a que este sábado una conversación entre ambos sirvió para descomprimir la tensión de los últimos días, según trascendió.

“Se antepone la política a la responsabilidad. Como en Río Negro, quien gana la elección no es el oficialismo, no envían fuerzas federales. En Santa Fe y en provincia de Buenos Aires, como gobiernan ellos sí”, disparó Vidal y agregó: “El eje nunca es la gente, es el poder, la política”.

En este sentido, cuestionó la actitud tomada por el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en la audiencia en la que se solicitó la excarcelación del dirigente mapuche Facundo Jones Huala. “Es inentendible que nuestro embajador en Chile haya ido a defender al líder de de las personas que están usurpando tierras, que está condenado”, aseveró.

La exgobernadora bonaerense sostuvo que “el Gobierno todo el tiempo improvisa” y dijo que esa actitud genera una situación de desprotección en la sociedad. Asimismo, añadió que la Casa Rosada “aparentemente no ha escuchado” el mensaje de las urnas el 12 de septiembre.

“Lo demostró la semana siguiente cuando entró en una pelea de poder tremenda, que terminó con lo peor del pasado; en el Gabinete, con [Juan] Manzur y Aníbal [Fernández]. Demostró que no escuchó cuando ese mismo jefe de gabinete usó su avión sanitario para irse a Estados Unidos con su mujer. [Y cuando ocurrieron las] amenazas de Aníbal Fernández a Nik. Ahora demuestra que no escucha cuando hay argentinos en Río Negro desprotegidos, y el presidente les dice que no es responsabilidad”, remarcó.

Fernández y Carreras analizaron la situación

El presidente Alberto Fernández se comunicó con la gobernadora pasadas las 14. La conversación entre ambos mandatarios, fue definida como “amable”, e incluyó un diálogo sobre “los distintos análisis de la realidad actual en la región”. En tanto se detalló que ambos funcionarios “coincidieron en la necesidad y real posibilidad de trabajo en conjunto entre la provincia y la Nación”.

“El Presidente Fernández condenó los hechos de violencia y me expresó su voluntad de colaborar para resolución de estos conflictos”, sostuvo Carreras, quien también agradeció la presencia de Gendarmería Nacional en la región y “el apoyo que se le está brindando a la Fiscal Federal para la investigación de los ataques perpetrados en El Bolsón y San Carlos de Bariloche”.

Sin embargo, más temprano, la mandataria había levantado polémica al vincular a funcionarios nacionales con las protestas. Dijo que existe complicidad e instigación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) “porque buscan objetivos políticos”. Apuntó así contra la presidenta del organismo, Magdalena Odarda y su adjunto, Luis Pilquimán.

“Hay un sostenimiento económico de estos grupos, traslado de personas y sostenimiento en cuanto a la defensa. Cada presencia que tenemos en puntos conflictivos viene seguida de actos de violencia y no se distingue lo que es una reivindicación de actos de violencia”, expresó.

En medio de las controversias casi 200 efectivos federales llegaron este viernes a Bariloche y El Bolsón. Como informó LA NACION, corresponden a una unidad móvil que estaba en La Pampa y al traslado de uniformados de Gendarmería, la Policía Federal y la Policía Aeroportuaria.

Fuente: La Nación