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Tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, luego de manifestar su desacuerdo con el entendimiento del gobierno nacional con el FMI, las expectativas están centradas en una posible reunión durante la jornada de hoy entre el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa. El encuentro no fue confirmado ni desde la órbita del exintendente de Tigre, ni desde Casa Rosada, pero fuentes gubernamentales al tanto del diálogo entre ambos dejaron abierta la posibilidad luego de que aseguraran que anoche “habían quedado en verse”.

Se trata de un día clave para el Gobierno ya que comienza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso y el mandatario parte esta noche en gira rumbo a Rusia, China y Barbados, para lo que se espera que ya haya un sucesor de Kirchner definido.

Massa primero y Fernández después recibieron durante el correr del día de ayer la decisión de Kirchner de abandonar la presidencia del bloque. Cuando se los comunicó a ambos ya tenía la decisión tomada, previa charla con su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien le habría manifestado desacuerdo con su decisión, según dejaron trascender fuentes oficiales.

La misiva de Máximo Kirchner se conoció en el atardecer de ayer y volvió a generar una crisis interna de proporciones al interior de la alianza de Gobierno. Y en uno de sus párrafos más duros contra Fernández, Kirchner sostuvo: “Sería más que incorrecto aferrarse a la Presidencia del Bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones”.

La carta de dimisión sorprendió ayer, en tanto Máximo Kirchner ya había expresado al presidente su desacuerdo con el arreglo al que se estaba llegando con el FMI, el miércoles por la noche. El jueves fue un día clave para las negociaciones que se encarrilaron tras semanas de escasos avances y el entendimiento se oficializó el viernes. Durante esas horas frenéticas, nadie del kirchnerismo duro pisó Rosada, pero siempre Fernández y Guzmán estuvieron en comunicación con la vicepresidenta. En tanto Massa tuvo un rol activo y de hecho estuvo cuando en Balcarce 50 tanto el jueves por la tarde, cuando se empezó a definir la negociación, como el viernes al mediodía, luego de que se conocieran los detalles del pacto. En ambas ocasiones se mostró junto al mandatario.

Cecilia Devanna

Fuente: La Nación

Organizaciones políticas, judiciales, sindicales y de derechos humanos afines al kirchnerismo se van a movilizar hasta la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en señal de crítica contra la Corte Suprema de Justicia en el marco de la anunciada marcha del 1F. Este lunes por la noche, el presidente Alberto Fernández criticó a la justicia pero se desentendió del acto. También hubo críticas opositoras y se conoció que el mismo día declararan dos ex funcionarios K en Comodoro Py.

La convocatoria comenzará a partir de las 15 horas en el Obelisco y posteriormente las diferentes columnas se moverán hacia Tribunales, en un acto programado para las 18 horas. Allí van a reclamar contra los ministros del Supremo Tribunal por el «fin del lawfare» y también con el lema «basta de impunidad». 

Desde el Obelisco a Plaza Lavalle marcharán la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), encabezada por Luis D’Elia, la CTA autónoma y agrupaciones como Corriente Federal Martín Fierro y Peronismo Militante. También estará Luis María Ramos Padilla, uno de los jueces que impulsó la convocatoria.

Ricardo Peidro, que encabeza la CTA, habló de «terminar con el lawfare» y «democratizar la Justicia», exigiendo las renuncias de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz.

Además del gremio representado por Peidró estará el gremio de Camioneros representando por Pablo Moyano y también el de Canillitas, de Omar Plaini. Desde la CGT hubo silencio sobre la participación, adelantando el faltazo. “No quieren quedar pegados al kirchnerismo duro”, reconocieron en esta nota de PERFIL.

Por parte del ámbito judicial, estarán la agrupación Justicia Legítima y la Asociación Argentina de Juristas, en tanto que se unirán a la protesta organizaciones de derechos humanos como la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Quiénes son los funcionarios y congresistas del gobierno que estarán en el 1F

Dentro de la coalición oficialista hubo manifestaciones disidentes respecto a la movilización contra la Corte Suprema. La que mejor lo expresó fue la vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su última rueda de prensa. «El gobierno no toma posturas sobre las decisiones de sectores políticos o desde la sociedad», definió. Además, dijo sobre Alberto Fernández que «la postura sobre la Corte Suprema y la tardanza en las decisiones, junto con la falta de justicia, es bien conocida y el Presidente quiere reformar la justicia en ese sentido».

Sin embargo, habrá funcionarios del Frente de Todos en la marcha. Allí estarán el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; y la titular de la agencia Federal de la Inteligencia, Cristina Caamaño.

Además de integrantes del oficialismo en funciones, participarán los diputados nacionales Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Leopoldo Moreau. El congresista Leandro Santoro afirmó su apoyo pero consideró que su asistencia no corresponde por formar parte del Poder Legislativo. Tanto Yasky como Palazzo participarán también como jefes de la CTA de los Trabajadores y Corriente Federal, respectivamente. 

La palabra de Alberto Fernández sobre la marcha contra la Corte Suprema

El Presidente brindó una entrevista en C5N este lunes por la noche y si bien criticó el funcionamiento actual de la justicia, se diferenció de la marcha, la misma postura que había adelantado Gabriela Cerruti. «La marcha de mañana es convocada por la ciudadanía. Es una expresión. Así como algunos vienen a la Casa de Gobierno y se quejan de decisiones que yo tomo», dijo.

Luego agregó: «Creo que la Justicia no está funcionando bien, y estoy hablando de uno de los poderes de la República, no es que me estoy entrometiendo. Uno mira con preocupación. Lo que muchos compañeros y compañeras tienen que entender es que esto no es un decreto presidencial (sino una reforma legislativa)».

Críticas de la oposición

Calificando la marcha como una «actitud lisa y llanamente golpista», Juntos por el Cambio remarcó el último sábado 29 de enero que la Constitución «establece el modo para remover jueces y ese procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno».

«Ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y la Justicia», fue el título del pronunciamiento, cuestionando el apoyo de funcionarios nacionales a la marcha a Tribunales convocada para el próximo martes. Al respecto, el cambiemismo sostuvo que el respaldo oficial «es un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos».

«Ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos», dice el comunicado en otro pasaje.

Cuáles son los dos ex funcionarios kirchneristas que deben declarar en la justicia este martes

Este martes 1 de febrero declararán el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, ex funcionarios kirchneristas que estarán en Comodoro en el juicio por fraude en la Obra pública que tiene en la mira a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y que comenzó en 2019.

En el mismo juicio declarará el presidente Alberto Fernández el próximo 8 de febrero. Al igual que el resto de los testigos tendrá la posibilidad de hacerlo por escrito.

El Presidente deberá decidir si quiere declarar por escrito o de manera presencial. En caso de querer presentarse, puede que la declaración se postergue, en función de viajes oficiales programados que tiene para esa fecha a China y a Rusia.

Además, un día antes están citados el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. 

En este juicio se investigan las obras adjudicadas entre 2013 y 2015 al empresario Lázaro Báez, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, y ante sospechas de irregularidades. 

Fuente: Perfil.com

Con su carta de renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner abrió, ayer, un grieta que expuso las diferencias internas en el oficialismo con relación al principio de acuerdo que anunció la semana pasada el presidente Alberto Fernández para renegociar la deuda con el FMI. En está línea, el diputado Leopoldo Moreau adelantó que un sector buscará modificarlo cuando los detalles sean enviados al Congreso.

“Se supone que se va a discutir, para eso va al Congreso. Vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo y ojalá sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimientos algunas cuestiones se remuevan, sino estaremos en una situación compleja”, planteó el legislador en diálogo con Radio 10.

Moreau, además, cuestionó la política económica implementada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde el inicio de su gestión. “Hace una semana atrás se llegó a un límite de que si no se cerraba este acuerdo se corría la posibilidad de una gran corrida bancaria y una devaluación, y eso es responsabilidad de Guzmán, porque vino liquidando todas las divisas desde el inicio innecesariamente en una negociación con el Fondo cuando aún no había acuerdo”, señaló.

Y agregó: “Lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago y llevar el tema a La Haya. Una negociación así iba a tener un final distinto. Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación, y eso es lo que no ha impuesto un acuerdo que está lleno de peligros”.El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán (REUTERS)

En relación a estos “peligros” y a su visión crítica sobre la gestión de Gobierno, el diputado agregó que el Ministro de Economía “recién hace 15 días le avisó al Presidente que este acuerdo no era de facilidades extendidas y ocultó que en realidad era un refinanciamiento de la deuda; hemos vuelto a un Stand By, y eso es lo que ha permitido el tema de las revisiones trimestrales”.

“El Fondo ya te está mandando a decir que no está de acuerdo con la quita a los subsidios a la energía que plantea el Gobierno, dice que hacen falta más; plantea que hay que poner tasas de interés muy altas. Pero si aumentás excesivamente las tarifas parás el consumo y ponés el riesgo el financiamiento del capital de trabajo para la actividad industrial”, destacó Moreau.

Y completó: “No es cierto lo que dice Guzmán cuando dice que el Fondo reconoció que la inflación es algo multicausal, no reconoció nada, por eso nos exige ir a emisión cero en dos años, es un frenazo a la economía enorme”.

El diputado no es el único dirigente que opinó sobre las diferencias internas entre el kirchnerismo y la gestión de Alberto Fernández y Guzmán. El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, afirmó hoy que la renuncia de Máximo Kirchner “fue inesperada”, aunque aclaró que “respeta” la decisión tomada por el legislador.El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro (Maximiliano Luna)

”Si no está conforme con el núcleo del acuerdo que alcanzó el Presidente (Alberto Fernández) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está bien que dé un paso al costado”, sostuvo en declaraciones a la FM Urbana Play.

Máximo Kirchner anunció ayer su decisión de dejar la jefatura de la bancada oficialista en la Cámara baja por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI”.

El principal referente de la agrupación La Cámpora aseguró que comunicó su decisión de dimitir como jefe de Bloque al Presidente antes de hacerla pública por medio de una carta difundida por los medios de comunicación.

Navarro expuso que esta discusión sobre el acuerdo con el FMI “tiene matices” al interior del FdT que son públicos” y que han sido planteados “por el Presidente y por Cristina (Kirchner)”.

Por otra parte, el funcionario recordó que se trata de “una situación extraordinaria” porque se está “afrontando una deuda irresponsablemente tomada por Mauricio Macri, por una cifra inédita a pagar en un corto plazo”, en referencia al préstamo solicitado por la gestión de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- por 44.000 millones de dólares en 2018.”Siempre ha prevalecido en la política argentina tratar de fortalecer las posiciones propias”, concluyó, en relación a la decisión adoptada por Máximo Kirchner.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, habló sobre el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se refirió a las “distintas miradas” y a “matices» al interior del Frente de Todos respecto a la valoración del entendimiento sobre la refinanciación de la deuda con ese organismo.

El funcionario del Gabinete nacional habló del tema en medio del silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de La Cámpora y de los sectores del kirchnerismo más duro respecto del convenio alcanzado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con las autoridades del FMI para la reestructuración de la deuda por 44.500 millones de dólares.

El funcionario aclaró que pese a haber «distintas miradas» en la coalición oficialista, prevalece un criterio de unidad en la «direccionalidad del rumbo», dijo en diálogo con Radio 10 este domingo 30 de enero.PUBLICIDAD

Sin embargo, Katopodis consideró que «el día que no estén esas diferencias y matices seguramente no haya más frente», y remarcó que las discrepancias internas son «una fortaleza» de la alianza oficialista.

Los 10 puntos principales del preacuerdo con el FMI que anunció el gobierno 

Pese a estos “matices”, el ministro se mostró confiado en que finalmente todos los sectores de la coalición terminarán dando su apoyo al acuerdo con el organismo multilateral de crédito.

En ese sentido, dijo que van a trabajar «para que toda la coalición pueda explicar lo que significa el acuerdo y dar una discusión más clara y articulada, vinculada con la militancia para dar los pasos que hay que dar como país». Y agregó que al acuerdo “ahora hay que ponerle política” para que “la gente vea que el Gobierno patea para su lado».

En palabras del ex intendente de San Martín, el Gobierno dio «un paso razonable» al cerrar el acuerdo con el FMI, y dijo que el convenio «va a ser bueno si es bueno para la gente”, al tiempo que destacó que es compatible con la «reactivación» económica del país. «Todos los ministros tienen que hacer todo el esfuerzo en que esas mejoras se puedan palpar en la vida de cada familia», subrayó.

En esa línea, aseguró que este acuerdo no afectará la inversión en infraestructura prevista para este año y dijo que «la decisión es que ese siga siendo uno de los pilares».

FMI: la trama política del acuerdo

La oposición de algunos sectores ligados al oficialismo contra el acuerdo con el FMI

El acuerdo con el FMI implica un nuevo préstamo stand by para el pago de los vencimientos más inmediatos, a cambio de un programa económico que incluye un sendero de convergencia al déficit cero en un plazo de tres años, además de la eliminación de la emisión monetaria.

Algunos integrantes del Frente de Todos, como el director del Banco Nación Claudio Lozano, Amado Boudou, Fernanda Vallejos y Alicia Castro, de la agrupación kirchnerista Soberanxs, ya adelantaron su rechazo al acuerdo al considerar que se trata de una «cesión de soberanía» al FMI, además de un plan de ajuste gradual que deberá pagar el pueblo.

Fuente: Perfil.com

A través de un tuit publicado por Gita Gopinath, la número dos del FMI, el organismo confirmó que la reducción progresiva de los subsidios a los servicios públicos es uno de los puntos clave que se acordaron en el acuerdo con el Gobierno argentino. Gopinath, que ocupa el cargo de primera subdirectora gerente del fondo, publicó: “Estuvimos de acuerdo en la importancia de una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”.

El viernes pasado, en el anuncio oficial del acuerdo, el ministro de Economía Martín Guzmán había decidido no dar precisiones sobre cuáles serán las reducciones previstas. Es más: consultado en conferencia de prensa, negó que se implementen cambios en materia tarifaria. A fines del año pasado, el secretario de Energía Darío Martínez afirmó que la corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios.PUBLICIDAD

Desde el ministerio de Economía confirmaron que la reducción de los subsidios es un tema fundamental del acuerdo. Y que se implementará de forma progresiva, a través de segmentación: las subas de tarifas llegarán a los usuarios que tengan mayores ingresos y capacidad de pago

Con todo, desde el ministerio de Economía confirmaron que la reducción de los subsidios es un tema fundamental del acuerdo. Y que se implementará de forma progresiva, a través de la herramientas de segmentación: las subas de tarifas llegarán a los usuarios que tengan mayores ingresos y capacidad de pago.

Este lunes se realizará una audiencia pública para definir el precio qué porcentaje de subsidio destinará el Estado al valor del gas natural. Este precio es uno de los cuatro componentes que integran la factura del gas que reciben los usuarios cada mes, junto con los costos de los servicios de transporte, distribución y los impuestos y tasas.

En la audiencia pública, la Secretaría de Energía debe definir cuál es el porcentaje del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del que se hará cargo durante este años. En la página web de la Secretaría de Energía se puede acceder al informe técnico que será presentado en la audiencia. En el documento, el Gobierno analizó varios escenarios de reducción de subsidios al precio del gas (el que se conoce como “en boca de pozo”): actualmente el Estado absorbe el 70,9% de ese precio.

Se se mantiene el actual nivel de subsidios para el gas, donde el Estado cubre el 70,9% de su precio, el costo es de $216.365 millones sobre un total de $305.179 millones. Esta situación, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía, genera una necesidad adicional de fondos de $81.000 millones. En tanto, si el Gobierno reduce los subsidios al 44,4%, ya no requiere de partidas adicionales (ese escenario implica un incremento en el costo del gas a cargo de los usuarios del orden del 91% con respecto al costo actual).

Según los datos de la consultora Ecolatina, en 2021 los subsidios a la energía (gas y energía eléctrica) fueron de USD 10.000 millones

De acuerdo al análisis oficial, con esa reducción en los subsidios, implicaría una suba en las tarifas de 34% a 35% en la factura de marzo (de acuerdo a la empresa distribuidora que corresponda) y del 47% al 49% en julio, el mes de mayor demanda. Si los subsidios se eliminan por completo, en tanto, las subas serían de 94% en marzo y 126% en julio.

En los ejemplos citados en el documento, una factura promedio para un usuario de la categoría R31 rondaría entre $945 y $1.038 en marzo y entre $3.342 y $3.721 en julio.Gita Gopinath, la número dos del FMI, confirmó que el acuerdo incluye una reducción de subsidios a la energía (REUTERS/Rodrigo Garrido/)

“El informe de la secretaria muestra claramente los límites de la política tarifaria en gas natural. Se plantea que si el precio del gas a usuarios aumenta 91% no habría partidas adicionales a las que figuraban en el Proyecto de Presupuesto 2022, que se rechazó. Esto implica aumentos del 30%-40% en la factura final a usuarios. Si se sima lo que pidieron las distribuidoras y transportistas, te da un impacto en la factura final de entre el 60 y 70% de aumento”, detalló Julián Rojo, director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.

“Solo aumentar el precio del gas para no tener partidas adicionales implica un aumento mayor al tolerado por el gobierno. Es decir, muy probablemente habrá partidas adicionales”, agregó Rojo.

Según los datos de la consultora Ecolatina, en 2021 los subsidios a la energía (gas y energía eléctrica) fueron de USD 10.000 millones. “Creo que es injusto que en un país con 40% de pobreza, todas las familias indistintamente de su situación económica, paguen solamente el 29% del costo del gas. Esto representa para un consumo promedio de hogar, una factura de alrededor de $700 en los meses no invernales y $2.500 en los meses más fríos (cifras antes de impuestos). El gas por red llega al 60% de la población, en general a las ciudades y zonas de mayor desarrollo. De esta manera, el 40% que no tiene gas de red y probablemente use garrafa más cara, subsidia a los que tienen el beneficio de tener red”, destacó Daniel Dreizzen, director en Energía de Ecolatina y ex secretario de Planeamiento Energético de la Nación.

Fuente: Infobae.com

Los jueces de la Corte Suprema no se vieron la cara durante enero. Regresarán el martes a los tribunales y por la tarde está prevista la marcha convocada por el kirchnerismo y respaldada por el presidente Alberto Fernández, que reclamará sus renuncias. Sin embargo, lejos de generar preocupación, la manifestación despierta un particular entusiasmo en la Corte: interpretan que podrían salir favorecidos ya que la convocatoria dejará expuestos los que pretenden vulnerar el Estado de derecho.

“Saquemos las vallas y que tomen tribunales”, comentaba no sin ironía un allegado al máximo tribunal, considerando que convocan a la manifestación Luis D’Elía y partidarios de Milagro Sala, con antecedentes en la materia. “Es la marcha de los condenados: dejá que se expongan”, agregaba, en el mismo tono, la fuente.PLANEADORES: DE UN ANTIGUO CLUB DE AVIONES A LA TOMA DE TIERRAS MÁS GRANDE DE LA PROVINCIA

La manifestación, apoyaba por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; y la jefa de la AFI, Cristina Caamaño, entre otros funcionarios, se dará minutos antes de que Alberto Fernández inicie su viaje a Rusia y China. No pasó inadvertido en la Corte el apoyo de Caamaño a la manifestación, dado que mas allá de su militancia, es la jefa de los servicios de inteligencia. “¿Lawfare al revés?”, se preguntaban en el máximo tribunal.

Eso sí, en la Corte evalúan que esta marcha es solo el comienzo de una embestida que los tendrá como blanco en 2022 y que tendrá uno de sus picos en el discurso presidencial del 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa. Descuentan que, una vez más, Fernández descargará sus críticas sobre la Corte, pero cada vez con menor poder de fuego y capital político como para intentar una reforma judicial, un ampliación en el número de miembros del máximo tribunal o el consenso necesario para acordar con la oposición los nombres de los nuevos magistrados. Tras la derrota electoral de 2019, el oficialismo quedó lejos de poder avanzar con estos cambios.

Por eso es que en la Corte entienden que la marcha del martes y la escalada de críticas del oficialismo no van más allá de lo declamativo. Como si los amenazaran con un cuchillo sin filo, que no es capaz de cortar, ilustró una fuente. A lo sumo, evalúan, el oficialismo puede buscar un efecto de amedrentamiento sobre los jueces de los tribunales inferiores que deben resolver en las causas contra Cristina Kirchner.

“Solo importan las causas de Cristina en la Corte y el tribunal está cohesionado. No va favorecer al Gobierno si no corresponde a derecho”, dijo un analista que mira desde afuera la actividad en los tribunales.

Los jueces del máximo tribunal ni siquiera cambiaron opiniones cara a cara entre ellos por la manifestación. Y el acuerdo de la primera semana tras la feria judicial es probable que se realice avanzada la semana.

El hecho de que se hubiera convocado a una contramarcha para dos días después no es visto con buenos ojos en la Corte. Primero porque esperan que, en la comparación, la marcha de apoyo será mucho más reducida que la del oficialismo. Luego, porque es ponerse a la misma altura que aquellos que buscan las renuncias de los jueces. “La contramarcha es un error, no podés pelear en los mismos términos”, evaluó un colaborador de los jueces de la Corte.

Con un ala del sindicalismo entre los convocantes, con el compromiso de Cristina Kirchner y el Gobierno, en la Corte creen que la convocatoria será numerosa y vistosa, al menos porque la manifestación se concentrará en la Plaza Lavalle, frente a los tribunales, que ocupa una manzana y donde, en sus mejores épocas, Juan Carlos Blumberg supo reunir 50.000 personas (90.000 según los organizadores) para reclamar contra la inseguridad.

La movilización oficialista avanzará desde el Obelisco hasta Plaza Lavalle y en la organización están el gremio judicial kirchnerista Sitraju, que encabeza la diputada y consejera de la magistratura Vanesa Siley, el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, organismos de derechos humanos e integrantes del Frente Sindical que lidera Pablo Moyano.

En el seno de la Corte interpretan que el Gobierno no tiene brújula, que suma traspiés en lo económico y que la embestida contra la Justicia es parte de su lucha por la supervivencia. Claro que la convocatoria puede ser simpática para la tropa propia y alimentar el discurso del lawfare, aunque no es tan simpática para los exfuncionarios del kirchnerismo con causas en la Corte. No ya Cristina Kirchner, sino la veintena de exfuncionarios que están procesados o cerca del juicio, que depositan sus últimas esperanzas en el máximo tribunal.

Los voceros judiciales alineados con el discurso del Gobierno son los habituales: la jueza de Casación Ana María Figueroa, el excamarista Eduardo Freiler, los jueces Juan Ramos Padilla y Alberto Lugones, de la lista celeste de la Asociación de Magistrados; la excamarista María Laura Garrigós, actualmente al frente del Servicio Penitenciario Federal, y legisladores como Siley, Moreau o Rodolfo Tailhade.UN GOBIERNO DE SUPERVIVENCIA, TIRONEADO ENTRE EL FMI Y CRISTINA

El bloque oficialista no es homogéneo de cara la convocatoria. Algunos actores cercanos al Gobierno no se pronunciaron o, directamente, tomaron distancia. Algunos gobernadores peronistas se apuraron a comunicar a quien consiguieron ubicar en la feria judicial de verano que ellos no estaban de acuerdo con la convocatoria.

“Hay mucho más en juego que una marcha contra la Corte: está en juego para dónde termina virando el Gobierno en estos dos años”, expresó un constitucionalista que sigue de cerca el derrotero de la política judicial de Alberto Fernández.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

Hoy 07:35

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, manifestó que desde su cartera están trabajando para que en marzo haya clases con presencialidad absoluta en las escuelas, adelantó que la idea es brindar «barbijos de calidad» para los alumnos y dijo que irán a inocularlos a los establecimientos educativos.

Luego de que el gobierno de Axel Kicillof confirmara que el ciclo de clases 2022 comenzará el 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires, Kreplak habló del trabajo que están llevando adelante desde Salud y habló de nuevos protocolos y acciones que se implementarán para tener aulas con presencialidad plena.

“Estamos trabajando para poder tener presencialidad absoluta. Ahora con la vacuna no es indispensable que garanticemos la distancia, pero tenemos que garantizar el uso de barbijo de calidad. Desde primer grado con barbijo”, expresó Kreplak este domingo 30 de enero en diálogo con Rayos X por Radio 10.PUBLICIDAD

El ministro bonaerense también especificó qué tipo de característica debe tener un barbijo de ese tipo. “Tenemos que tratar de cambiar el tapaboca de tela por uno de calidad con capacidad de filtro”, dijo.

Dos universidades bonaerenses pedirán pase sanitario para ir a clases presenciales en 2022

Más allá de la disminución de casos, el titular de la cartera sanitaria provincial advirtió que con la alta afluencia de movimiento que generará el comienzo del ciclo lectivo habrá que observar cómo se comporta la curva de contagios. “Hay que ver cómo evolucionan las cosas con 5 millones de personas moviéndose con el inicio de las clases”, manifestó.

“Esperemos que empiece un descenso continuado. Ya estamos trabajando en el comienzo de clases para que no hayan nuevos contagios ante la circulación masiva de gente”, dijo el Ministro de Salud de Buenos Aires.

La semana pasada, desde la provincia de Buenos Aires se decidió modificar los criterios epidemiológicos y se indicó que solo se hisopará a personas con síntomas de Covid-19 en caso de que sean mayores de 60 años, tengan una enfermedad de riesgo, o a mujeres embarazadas. El resto de los casos sospechosos, en tanto, se considerará «caso confirmado por criterio clínico epidemiológico».

Dos universidades bonaerenses pedirán pase sanitario para ir a clases presenciales en 2022

Clases 2022: cuándo empieza el ciclo lectivo en provincia de Buenos Aires y la estrategia contra el Covid-19

Luego del anuncio de Kicillof respecto a la vacunación libre para trabajadores de la educación, Kreplak develó que la estrategia que esperan adoptar para el ciclo de clases 2022 de cara a la tercera ola de Covid-19 es llevar la inoculación a las escuelas para que se completen los esquemas. 

“Vamos a ir a vacunar a los chicos a las escuelas. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande a partir de marzo. Estamos trabajando en un protocolo para tener presencialidad absoluta”, dijo.

«Nos preparamos para el inicio del ciclo lectivo. Queremos tener una vuelta cuidada. Vamos a ser más claros: vacunados. Habrá vacuna libre de tercera dosis para docentes y auxiliares de todos los niveles educativos”, fueron las palabras que utilizó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires la semana pasada. 

El calendario dispuesto para el territorio bonaerense establece que el comienzo del ciclo lectivo será el 2 de marzo y culminará el 22 de diciembre. Hoy se estima que alrededor de 5 millones de alumnos, 420.000 docentes y 80.000 auxiliares formarán parte del sistema educativo. 

Para Axel Kicillof la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 «está en discusión»

Qué dijo Kreplak sobre la caída de casos en Buenos Aires

Cambios en los testeos, disminución de contagios por las características de Ómicron y reducción de internaciones fueron otras de las declaraciones que dejó el Ministro de Salud de Buenos Aires.

“El testeo se cambió en todo el país. Se está viendo una baja, tiene que ver a que Ómicron tiene una incubación más baja, sobre todo en las personas vacunadas”, aseguró Nicolás Kreplak.

También hizo referencia a la caída de internaciones y en las llamadas de personas que registraban síntomas. «Hay una caída rápida de los casos, como hemos visto en el mundo con la variante Ómicron. Se están reduciendo las internaciones también en todo el país. También la gente está llamando menos, eso lo tomamos como un factor sintomatológico”, dijo.

“Está bajando la pandemia. Esperemos que no tenga una subida nuevamente y que empiece un descenso continuado”, deseó.

Fuente: Perfil.com

Con el núcleo del programa financiero ya acordado, el Gobierno deberá avanzar hacia las primeras metas exigibles acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La primera parada será apenas dentro de unas semanas, cuando tenga lugar la primera revisión trimestral del calendario. Esa primera evaluación, muy preliminar dado que el consenso técnico acaba de ser alcanzado, tendrá en consideración metas de tipo fiscales, de financiamiento monetario y de reservas en el Banco Central.

Para poner en números: en 2022 el Gobierno deberá, según la hoja de ruta oficializada el viernes, bajar el déficit de cerca del 3% del PBI a 2,5%, es decir un ajuste de 0,5 puntos del Producto. A pesos y tamaño del PBI de hoy, esto implicaría unos $235.000 millones. La cuenta no es lineal ya que la nominalidad en pesos al finalizar este año será distinta a la de la actualidad por el efecto inflacionario. No está claro, por el momento, cómo deberían ser las metas trimestrales para ese 2,5% final que se pretende para este año.PUBLICIDAD

También habrá objetivos exigibles por parte del Fondo Monetario para el tamaño de la asistencia del Banco Central al Tesoro en forma de emisión monetaria. Mientras en 2021 fue del 3,7% del PBI; en 2022 se apunta a que sea del 1%, un recorte pronunciado de partidas. Lo que no se aclaró por el momento -y estará sujeto a la versión final del memorandum entre las partes- es si esa reducción incluirá adelantos transitorios y giros de utilidades en conjunto o solo uno de ellos. Esto no implicará que deje de haber asistencia del BCRA a Economía, sino que dejará de ser “sistemática”, indicó el ministro de Economía Martín Guzmán.

Para poner en números: en 2022 el Gobierno deberá, según la hoja de ruta oficializada el viernes, bajar el déficit de cerca del 3% del PBI a 2,5%, es decir un ajuste de 0,5 puntos del Producto. A pesos y tamaño del PBI de hoy, esto implicaría unos $235.000 millones

Más allá de que las metas sean plurianuales, este 2022 ya tendrá desafíos macroeconómicos por delante. Además de esos 2,7 puntos del PBI de caída en la asistencia desde el Banco Central, el recorte del rojo en las cuentas públicas debería ser, para algunos analistas, superior a los 0,5 puntos, ya que por ejemplo, este año el Tesoro no contará con el aporte extraordinario de las grandes fortunas. De esa manera, quitando esa variable de la cuenta fiscal, la poda debería ser de 1 punto del Producto Bruto.

Las críticas a la viabilidad de esa meta fiscal no provinieron, por el momento, tanto del arco político opositor, sino del propio oficialismo. La tensión interna por el resultado de las elecciones se hizo evidente -desde el momento del anuncio del consenso técnico- a través del silencio de radio casi total del ala frentetodista que lidera Cristina Kirchner. El propio Guzmán no pudo responder en conferencia de prensa si la vicepresidenta estaba de acuerdo con las conclusiones de las negociaciones, y se limitó a decir que cada postura quedará plasmada en el tratamiento parlamentario.El director del Banco Nación Claudio Lozano fue uno de los críticos más duros del acuerdo alcanzado por la coalición que él mismo integra

Uno de los críticos es Claudio Lozano, integrante del directorio del Banco Nación y dirigente de Unidad Popular Nacional, uno de los partidos que integran la coalición oficialista. El economista y ex diputado criticó la negociación con el Fondo mientras sucedían las conversaciones y luego cuestionó el acuerdo en sí, al considerarlo “de ajuste”, una interpretación que Guzmán negó en reiteradas ocasiones, más como un mensaje hacia adentro que hacia afuera.

“El acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8.920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4.200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentó en el Parlamento y que no fue aprobado”, cuestionó Lozano en una carta pública.

La primera evaluación trimestral, en marzo y muy preliminar dado que el consenso técnico acaba de ser alcanzado, tendrá en consideración metas de tipo fiscales, de financiamiento monetario y de reservas en el Banco Central

“Corresponde agregar que hasta hace pocas semanas el ministro Guzmán sostenía que la discusión con el FMI era que mientras el organismo quería déficit 0 en 2024, Argentina para no ahogar la recuperación económica, proponía esa meta para 2027. Lo que se acordó (déficit 0 en 2025) parece acercarse más a la posición del FMI”, mencionó el director del Banco Nación, en una dura crítica al ministro de Economía.

Por su parte, informes de consultoras privadas plantearon qué dudas genera el sendero fiscal y de asistencia monetaria en los próximos años. Para Ecolatina, “en el plano fiscal resulta claro que la apuesta consiste en que gran parte de la consolidación fiscal se haga por la ‘vía del crecimiento’: un gasto que no crece en términos reales implica, siempre que la actividad crezca, una reducción de éste en términos del PIB”.Gita Gopinath, directora gerente adjunta del FMI, insistió este domingo en una reducción de gasto en subsidios

“Sin embargo, resta ver la forma en la cual esto se puede lograr: por caso, si los gastos ajustables por movilidad crecen en términos reales (lo que puede ocurrir si la nominalidad se proyecta a la baja, dado que las jubilaciones, pensiones y asignaciones ajustarán por la inflación pasada), el resto del gasto (subsidios, bienes y servicios, gasto de capital) debería crecer por debajo”, continuó la consultora fundada por Roberto Lavagna.

“Asimismo, los lineamientos anunciados redundan en que será también necesario poner un foco especial en la estrategia financiera: en 2021 un programa financiero con un déficit primario de 3% del PIB cerró con casi 4 puntos de emisión monetaria, y en 2022 el programa deberá cerrar con un déficit apenas levemente menor (2,5% del PIB) pero con 3 puntos menos de emisión”, consideraron.

“El acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8.920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4.200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentó en el Parlamento y que no fue aprobado” (Lozano)

“Si bien el Ministro de Economía afirmó que otros organismos podrían aportar casi 1 punto del producto, la meta no solo luce difícil sino que tan sólo explica menos de la mitad del ‘gap’ resultante. Mayores precisiones serán necesarias en este aspecto para que la meta de reducción del financiamiento monetario del déficit sea creíble y efectivamente pueda anclar expectativas inflacionarias y devaluatorias”, concluyeron.

Por su parte, LCG mencionó que “en concreto el acuerdo pasa por un ajuste fiscal que llevaría al déficit primario de 2,5% en 2022 a 0,9% en 2024, un esfuerzo relativamente leve más aún cuando el Ministro ya anticipó que lo logrará con algún tipo de reforma fiscal (posiblemente una suba de impuestos) y reorientación del gasto (presumiblemente mediante una reducción del gasto en subsidios a la energía)”, explicaron en un informe publicado el viernes.El Gobierno llegó a un acuerdo técnico con el FMI este viernes y deberá seguir negociando la letra chica

“Sin embargo, el segundo punto del acuerdo deja en dudas la capacidad de financiamiento del déficit. De ahí la necesidad de apuntar a tener una estructura de tasas de interés reales positivas, algo difícil en un contexto de expectativas de inflación volátiles donde se insiste en controles de precios y donde las reservas deberían crecer en USD 5.000 millones, algo que difícilmente se logre con atraso cambiario, sino con lo contrario, una corrección (incluso con controles cambiarios) que impacte en los precios”, completaron

El Gobierno y el FMI deberán embarcarse en las próximas semanas en nuevas negociaciones para terminar de definir la letra chica del acuerdo técnico. Con esa letra chica terminará por diseñarse el memorandum de entendimiento final que deberá ser tratado por el Congreso y por el directorio del organismo. Los tiempos del Ministerio de Economía hablan de que todo ese proceso tendría que finalizar antes de fines de marzo.

El Gobierno y el FMI deberán embarcarse en las próximas semanas en nuevas negociaciones para terminar de definir la letra chica del acuerdo técnico

Respecto al gasto público, aún no hubo detalles sobre cómo debería estar compuesto el gasto público o qué magnitud tendrá la inversión pública, por ejemplo, en obras públicas. El FMI habló en su comunicado de que el consenso “permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados. Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”, mencionó el organismo en su comunicado.

Este domingo el FMI insistió en ese punto, respecto a las subvenciones a las boletas de servicios públicos, que este año prevén un aumento nominal de 20%, algo que no terminaría de hacer que esa cuenta se reduzca en términos reales en el peso presupuestario. “Estuvimos de acuerdo en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”, escribió este domingo en su cuenta de Twitter la segunda de Kristalina Georgieva y ex economista jefa Gita Gopinath.

Otro aspecto que tocó Guzmán al hablar de las metas fiscales fue que el Gobierno buscará mejorar la administración tributaria, aunque no dio detalles de qué tipo de iniciativas podría incluir, entre ellas aumentos de impuestos. Sí dijo que buscará reducir la evasión “especialmente en el segmento de mayor contribución y disponer medidas para atacar el lavado de dinero”, comentó.

Fuente: Infobae.com

El Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, destacó el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y opinó sobre el silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el entendimiento por la deuda.

“El kirchnerismo hoy es mucho más que Cristina y Máximo”, afirmó el funcionario nacional al ser consultado sobre la postura del kirchnerismo de mantener un llamativo silencio tras el acuerdo con el FMI pese al entusiasmo de la Casa Rosada.

Cristina Kirchner mantiene su silencio sobre el acuerdo del Gobierno con el FMI

Si bien hubo críticas previas del «kirchnerismo duro», como Fernanda Vallejos y Leopoldo Moreau, a un posible acuerdo y no descartaron entrar en default, desde el anuncio del entendimiento con el Fondo, el único que se expresó fue el gobernador Axel Kicillof, quien destacó el arreglo.

Al ser consultado en FM Milenium, el «Chino» Navarro respondió: «Un día habría que definir qué es el kirchnerismo. El kirchnerismo es más que Cristina y Máximo, sin quitarle el mérito que tiene Cristina».

“En 2001/2002, Néstor respondía: ‘Alberto Fernández en Capital, Juliana Di Tullio en Morón y el Chino Navarro en Lomas. Eran los 3 kirchneristas que había en Capital y el Gran Buenos de mínima relevancia, salvo Alberto”, comentó.

En esa línea, insistió: «Yo soy kirchnerista y apoyo el acuerdo, y Alberto es kirchnerista. Si algo tiene el kirchnerismo en su matriz es que no queremos tener déficit pero no a costa del ajuste. Esto lo planteó Alberto en la campaña y Cristina también lo dijo en su discurso cuando habló con los chicos de La Cámpora».

Aníbal Fernández y la interna en el Frente de Todos tras el acuerdo con el FMI: «Que se pongan a laburar»

Sobre los cuestionamientos de Vallejos y Moreau, señaló que «es lógico que haya matices» y agregó: «Decían que si no había acuerdo había default, pero se acordó. El Presidente trabajó para una solución con el apoyo de Cristina, la gestión de Guzmán y el esfuerzo del pueblo. El acuerdo es un logro, ahora hay que crecer. Ese es el desafío».

“Clasificamos al mundial en repechaje. Ahora hay que jugar el mundial sin que nos pase lo del 94. Hay que generar crecimiento, trabajo, que baje la inflación y que el crecimiento no se lo lleven los grupos económicos sino también los trabajadores”, concluyó Navarro.

Fuente: Perfil.com

Cristina Fernández de Kirchner pretendía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluyera una quita de la deuda de 44.000 millones de dólares contraída durante la administración de Mauricio Macri, una plazo extraordinario de 20 años para el crédito de Facilidades Extendidas que negociaba Martín Guzmán con Kristalina Georgieva, una poda de los intereses anuales y un castigo penal para los funcionarios del gobierno de Cambiemos y del staff de Christine Lagarde que cerraron el Stand-By en 2018.

La vicepresidente planteó sus exigencias a Alberto Fernández y Martín Guzmán, el diputado Máximo Kirchner aseguró a sus militantes de La Cámpora que no habría “rendición” ante el FMI, y el Instituto Patria -regido por Oscar Parrilli- desplegó una guerra de guerrillas en el Senado, los medios afines y las redes sociales para limitar las opciones del Presidente y su ministro de Economía.

En la quinta de Olivos y por celular, Alberto Fernández aceptó -de forma- los requerimientos de CFK. Y habilitó que Guzmán le contará “todo” a Cristina, que hacía su propio diseño de programa económico y financiero junto a Axel Kicillof. La vicepresidente y el gobernador bonaerense -por separado- escucharon al ministro y jamás alegaron en contra de su disposición a informar lo que pasaba entre Buenos Aires y Washington.

Cristina trataba de condicionar las acciones del jefe de Estado, pero nunca pudo influir en la negociación diaria. Guzmán, Sergio Massa -titular de Diputados-, Santiago Cafiero -canciller-, Gustavo Beliz -secretario de Asuntos Estratégicos- y Jorge Arguello -embajador de Estados Unidos-, a cargo de todos los contactos con el FMI, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la secretaría del Tesoro, responden a Alberto Fernández.

Y todos se ajustaron al guión presidencial.

La vicepresidente tampoco pudo interferir en DC, ya que la administración de Joseph Biden desconfía de CFK y mantiene una sutil lejanía. Ejemplo: hubo un intento informal de lograr una reunión bilateral entre Cristina Kirchner y Khamala Harris -vicepresidente de Estados Unidos-, durante la asunción de Xiomara Castro en Honduras. Ni siquiera se sacaron una foto.Alberto Fernandez, Cristina Fernandez de Kirchner y Martin Guzman durante un acto oficial en el Museo del Bicentenario

Con el correr de las semanas, Alberto Fernández y Guzmán explicitaron a Cristina que no había una sola posibilidad de lograr sus pretensiones. El FMI respetaba sus propios reglamentos internos y nunca concedería modificar las normas básicas que rigen un crédito de Facilidades Extendidas.

CFK escuchó los argumentos del Presidente y su ministro de Economía, pero nunca los avaló. Prefirió el silencio y esperar que hubiera un principio de acuerdo para fijar posición. Cristina tiene la lógica de un ajedrecista de elite: aprovecha los errores del adversario y es capaz de ver muchísimas jugadas y combinaciones hacia adelante.

Antes del anunció en Olivos, el jefe de Estado adelantó a la vicepresidente los términos formales del entendimiento con el Fondo. Ella estaba aún en Honduras. Y también habló con Máximo Kirchner. Alberto Fernández evaluó que era un triunfo del Gobierno, y que significaba un punto de inflexión político.

Cristina y el diputado Kirchner soslayaron el juicio de valor del Presidente. Aún más: Máximo criticó los términos de la negociación, y continuación cuestionó el trato que Alberto Fernández concedería a su madre.

“No te equivoques, es la jefa del espacio”, le dijo el legislador nacional al jefe de Estado en Olivos.

El malestar de CFK y Máximo se entiende. Tienen un discurso hacia adentro que no pueden validar con lo que sucede en la realpolitik.Pero también asumieron que no era posible que el kirchnerismo duro se mantenga en silencio: sabían que el Presidente desplegaría a sus aliados del Gobierno para respaldar y elogiar el acuerdo con el Fondo.

En este contexto, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta -que fue con CFK a Honduras- bajó del avión y tuiteó a favor del entendimiento. Dos horas más, en la misma línea, Eduardo “Wado” de Pedro se sumó al respaldo oficial. Antes había hablado con Máximo para conocer la estrategia política de la Cámpora.

Y el cierre estuvo a cargo del diputado Carlos Heller, que fue a la televisión oficial a defender el acuerdo. Heller cumplió las instrucciones de Máximo: tiene pasado comunista y sabe cómo funciona el verticalismo partidario.Alberto Fernández y Kristalina Georgieva durante un encuentro en el hotel Sofitel de Roma

Hasta anoche, Cristina y Máximo tenían decidido opinar con su silencio. Y si no cambian su estrategia, los dos líderes del kirchnerismo recién fijarán posición pública cuando el board del FMI apruebe la carta de intención que tratarán las dos cámaras del Congreso.

La vicepresidente quiere ver la letra chica del acuerdo y después influir en la toma de decisiones que implicará cumplir con el programa aprobado por el FMI. Es en ese momento que ejercerá su poder interno, frente a los resultados que obtuvieron Alberto Fernández y Guzmán durante sus negociaciones con el staff, Kristalina Georgieva y el directorio del Fondo.

CFK se guarda la última palabra, y retacea su apoyo público al Presidente. “Cristina está de acuerdo con lo que hicimos”, opinó Alberto Fernández en Olivos.

Una formalidad discursiva que no reemplaza al deliberado mutismo de la vicepresidente.

En DC quieren creer al jefe de Estado, pero sólo respirarán aliviados con la carta de intención aprobada en el Parlamento. Un hecho político que depende de la decisión de Cristina y Máximo.

Fuente: Infobae.com