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Graciana Peñafort participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación que organiza el Grupo Perfil junto a la Universidad del Salvador (USAL), en la que se refirió al funcionamiento de la Corte Suprema y al proyecto que busca su ampliación. “No sé si hay un número mágico, pero sé que hacen falta más jueces que no vengan de la corporación judicial”.

La directora de Asuntos Jurídicos en el Senado habló además sobre el papel del periodismo y los medios, entre ellos Clarín. “Es un grupo de poder que tiene una enorme influencia en la vida pública y privada de los argentinos y se ha constituido en un fuerte condicionante para los gobiernos democráticos”, declaró Peñafort en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Usted dijo que la Corte Suprema es un “cachivache” y que cualquier modificación estaría bien ¿Por qué la califica de esta manera y cuántos jueces cree que debería tener?PUBLICIDAD

—Concluí que era un cachivache el día que me notificó que le negaban la excarcelación a Héctor Timerman, porque se había muerto hacía un año y ese recurso llevaba tres años esperando. Ese día decidí que una Corte que no cuida la vida humana, sea de quien sea, es un cachivache.

—Yo di años de derecho constitucional en la universidad, y usaba el libro de Horacio Rosatti, y me acuerdo cuando asumió por decreto el cargo en la presidencia en la Corte, que era algo que en su libro él decía que era contrario a la Constitución y al principio de «juez natural». Ese día empecé a darme cuenta de que algo funcionaba muy mal, sin contar que tenemos jueces de la Corte que han sido espiados y no lo denuncian, que han tenido que excusarse de las causas, que resuelven todo a oscuras, que hacen política y no hacen derecho.

—Sobre el número de jueces de la Corte no tengo un número favorito. Lo que sé es que se ha convertido en una corporación que defiende intereses partidarios y que tiene que mixturarse con gente que no venga de la corporación. No sé si hay un número mágico, pero sé que hacen falta más.

—¿Qué es hoy para usted Horacio Rosatti?

—Yo lo conozco hace años a Rosatti y lo admiraba mucho. Creo que es alguien que tiene una inmensa vocación de poder y que eligió el camino más equivocado para llevar adelante esa vocación de poder. Y está convirtiéndose en lo que nunca pensamos que iba a ser: un mal juez.

—Como impulsora de la Ley de Medios, ¿qué opina de las editoriales que se están haciendo ahora? ¿Cree que existe el periodismo independiente?

—Cuando escribí la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, e incluso antes, siempre he pensado que el periodismo independiente es una ficción, es algo en lo que necesitamos creer. Creo que el periodismo independiente no existe, existe el periodismo intelectualmente honesto, que dice lo que piensa y cuenta lo que ve con sus ojos.

—Respecto de las editoriales, soy una defensora y me ha traído más de un problema. Creo que la libertad de expresión es absoluta, es un derecho sistémico. En materia de derechos humanos se define la libertad de expresión como un derecho sistémico y esto significa que no hay sistema democrático si no hay libertad de expresión. Es tan trascendente que yo creo que la libertad de expresión engloba incluso el derecho a mentir, que no quita que después, por la Convención Interamericana, nosotros tengamos la obligación de reparar si nuestra mentira causó un daño. Pero yo no creo en la censura y creo que las editoriales son de quien las escribe, bajo su propio riesgo y su propia responsabilidad. La única objeción que voy a hacer es que me preocupa que en este tiempo algunas editoriales están difundiendo algo que es muy grave que son los discursos de odio, porque incitan y legitiman las violencias contra determinados colectivos.

—¿Pensar diferente es discurso de odio?

—No. Discurso de odio es cuando vos estigmatizás a una minoría. Pensar distinto no es para nada un discurso de odio, es una posición. Todos pensamos distinto y en buena hora, es la diversidad de pensamiento lo que nos permite una sociedad democrática. Los discursos de odio no.

—¿No cree que tanto el peronismo como el kirchnerismo en varias oportunidades han tenido discursos de odio como, por ejemplo, en ese famoso acto donde había figuras de periodistas para ir a escupirlas?

—Yo he sido muy crítica de ese tipo de conductas. Tengo esta posición y la creo fuertemente. Es uno de mis dogmas. La libertad de expresión exige, nos exige a todos como sociedad, la obligación de ser tolerantes. Frente a ese tipo de cosas no es tolerancia, es un error. Es tan discurso de odio uno como el otro. En todos los casos está mal.

—A partir de su experiencia con la Ley de Medios y el análisis que hace de los medios en la actualidad, ¿Qué es el grupo Clarín para usted?

—Es un grupo de medios con una posición bastante hegemónica en términos comunicacionales, que está dada por su estructura y que durante el gobierno de Mauricio Macri, adquirió poder en algo que es muy importante que son las redes por donde circula la información. Hoy el señor Magnetto, el grupo Clarín, puede decidir si nos vamos a comunicar o no con solo apretar un botón porque se quedó con las redes híbridas de Cablevisión y con las redes del duopolio de Telecom. Me parece que es un grupo de poder que tiene una enorme influencia en la vida pública y privada de los argentinos, y me parece que se ha constituido en un fuerte condicionante para los gobiernos democráticos.

—¿Cree que hay alguna posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa?

Para que alguien vaya preso en general hacen falta pruebas. En Argentina hemos visto que no hacen falta pruebas porque cuando no las tienen, las fabrican. Yo soy abogada en una causa emblemática que es la causa de Ciccone, donde le pagaron a un señor para que declarara algo y es el único caso de pago ilegal con recibo, porque le pagó el Ministerio de Justicia a Vandenbroele.

—Veo muy complejo una prisión de Cristina Fernández de Kirchner por una razón, y es que todos los procesos que se han llevado adelante se han llevado en violación de las garantías más básicas: la defensa en el juicio, la garantía de la presunción de inocencia, es decir, veo que los procesos que ha atravesado Cristina como muchos exfuncionarios, están viciados de manera tal, que sería muy difícil que algo llegara a un resultado ajustado a derecho. Entonces cualquier abogado podría impugnar esos resultados.

—¿Cree que Cristina es víctima de una persecución?

Estoy convencida. Vi cómo llevaban adelante procedimientos absolutamente infundados en Derecho y he visto cómo a Cristina la llaman a ocho indagatorias en un día. En ningún lugar del mundo te llaman a ocho indagatorias en un día porque la indagatoria es un acto de defensa, vos tenés que prepararla. Es una vulneración del derecho de defensa. Sin contar el padecimiento de causas que hoy ya se han caído como la del dólar futuro, como fue el Memorándum con Irán, la persecución a los hijos. Yo he visto la persecución, no me la han contado.

—¿Qué opina sobre la prohibición de la ministra Acuña respecto al lenguaje inclusivo en las aulas y qué amparo legal tienen los docentes frente a esta decisión?

—Estoy profundamente en desacuerdo. De ahora en más, en redes sociales, Horacio Larreta será para mí Horacio “Larrete”, solo con ánimos de fastidiar. Yo creo que el idioma es algo vivo, no se puede condicionar el idioma como no se puede condicionar la fe. Creo que tiene un corto destino, casi que me parece un incentivo. No hay nada más efectivo para incentivar algo que prohibirlo. Me parece absurda esta prohibición, es inconstitucional. Además porque vos no podés sancionar a las personas por cómo hablan y creo que prosperarían los pedidos de amparo por libertad de cátedra y libertad de expresión de los docentes que así lo iniciaran.

—El 30 de junio vence el plazo para el concurso de acreedores de Vicentín para ver si aceptan el acuerdo con una quita muy importante. El diputado Carlos Del Frade dice que Vicentín va a buscar la quiebra para no pagarle a nadie. Entonces, ¿cómo se va a recuperar el dinero del Banco Nación?

—No se va a recuperar. Después de la quiebra no puede seguir porque queda inhabilitada como sociedad. No así necesariamente los socios, que se verá en cada caso el nivel de responsabilidad. Ese es el desfalco que fue Vicentín. Fue una estafa. No es la primera estafa de esa naturaleza. Ya al final de la dictadura se estatizó, es decir, todos los argentinos nos hicimos cargo de la deuda privada. Esto va a ser un capítulo más de esa larga serie que, voy a decirlo con todo respeto y con toda ironía, es una larga serie que protagonizan los liberales más locos del mundo que son los liberales argentinos, que detestan al Estado, no lo quieren. Sí lo quieren como pagador, siempre como pagador. Son los liberales más locos del mundo. Viven del Estado.

—¿Cuál es su opinión acerca de la apertura de la causa conocida como “La masacre en el comedor”? ¿Para usted fueron crímenes de lesa humanidad?

—La única manera es que sean crímenes de lesa humanidad es que se acredite la intervención de otros Estados porque las entidades, las agrupaciones políticas y demás, no tienen la entidad de los Estados, porque son ellos los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Si se acredita la intervención de otros Estados, efectivamente, será un delito de lesa humanidad y si no, no lo será.

—¿De ahí se inscribe que no está de acuerdo con la reapertura de la causa?

—No puedo estar de acuerdo. No conozco la causa. Leí los antecedentes y leí los argumentos que ponen quienes solicitan la reapertura de la causa. Yo la verdad es que veo compleja la participación de otro Estado, pero es una opinión personal. Yo no soy juez de la causa. Si se acredita que intervino algún Estado con apoyo efectivo, podrá ser calificado de lesa humanidad.

—¿Qué opina con respecto a las pericias que se van a realizar en la causa de los cuadernos?

—Creo que la Causa Cuadernos fue una gran operación de inteligencia llevada adelante por el macrismo y que tuvo determinados destinatarios. Un ejemplo constatado judicialmente de mentiras que hay en los Cuadernos fue la situación del Corcho Rodríguez, que todo el mundo sindicaba como el lobista de De Vido, que en los Cuadernos dice que le entrega dinero a un funcionario y ese día el Corcho Rodríguez estaba en Estados Unidos. Son inexactitudes, como lo que denuncia Loson sobre las correcciones que se han hecho en los cuadernos y la presión del fiscal de la causa que era Stornelli, que les hacía saber a los abogados que había pocas posibilidades de salir, salvo que se declararan como arrepentidos.

—Me espiaron a mí como abogada cuando tenía conversaciones con gente que yo tenía detenida ahí. A mí me parece que fue una causa armada, claramente.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y le damos la oportunidad de cerrar el reportaje con un comentario final que quiera realizar

—Mi comentario final tiene que ver con dos cosas: primero, está muy bien que los periodistas pregunten, es la tarea de los periodistas. Pero también está muy bien que los periodistas escuchen. Porque no se trata de un concierto de preguntas, se trata de un diálogo de preguntas y respuestas. Y me parece que este tipo de estudio y este tipo de experiencias nos ayuda a todos. A quienes contestamos las preguntas y a ustedes que las hacen, para que el diálogo sea un diálogo y no un monólogo.

Por Agustina Bordigoni, María Pastore y Ayelén Lazzaro

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL

Fuente: Perfil.com

La primera reunión de Gabinete tras la salida de Matías Kulfas tuvo como principal novedad la presencia del presidente Alberto Fernández, quien llegó a la Casa Rosada a las 08.54 y tras descender del helicóptero se sumó a la charla de ministros. Según supo Infobae, el jefe de Estado participó durante poco mas de 60 minutos del encuentro que duró dos horas y media.

Un rato antes del inicio del debate interno, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó que “hay una tendencia a la baja de la inflación”. Luego, otro de los funcionarios que habló antes de la reunión fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Consultado sobre la situación del avión venezolano-iraní retenido en el aeropuerto de Ezeiza, aseguró que “los sistemas de alerta de la Argentina son muy buenos, están funcionando bien y los resultados están a la vista”.https://f37292db7822630e161a1cde1a2f53d9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Según se informó, en el salón Eva Perón de Casa Rosada participaron los ministros del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; de Justicia, Martín Soria; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Defensa, Jorge Taiana; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Transporte, Alexis Guerrera; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Trabajo, Claudio Moroni; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Educación, Jaime Perczyk; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Cultura, Tristán Bauer; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y las ministras de Géneros, Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Salud, Carla Vizzotti. El ministro de Economía, Martín Guzmán se sumó más tarde.El jefe de Gabinete, Juan Manzur. A los costados, el canciller, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, «Wado» De Pedro

También estuvieron presentes la secretaria de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el secretario General, Julio Vitobello y el jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos.

La última vez que todos los ministros confluyeron en una reunión de Gabinete fue el miércoles 1 de junio, el día anterior a la exposición que Manzur debió realizar en el Senado de la Nación, donde respondió 915 preguntas sobre su gestión, por primera ocasión desde que está en su puesto.

Esta vez el encuentro se dio luego de conocerse el índice de inflación de mayo, con un 5,1% de incremento, que no hizo más que sumar tensión a un panorama económico muy complejo. La depreciación de los títulos públicos, la demanda y el aumento de dólares en el mercado paralelo, la suba del riesgo país y los problemas con el abastecimiento de gasoil en varias zonas del país provocaron inquietud y preocupación en el equipo económico que lidera Martín Guzmán en las primeras horas de esta semana.El elenco ministerial, con Alberto Fernández en la cabecera de la mesa. En la foto falta Daniel Scioli, que jurará durante la tarde como nuevo ministro de Producción. Tampoco está Martín Guzmán, que se sumará más tarde al encuentro

En la nómina de participantes hubo un cambio obligado: ya no está Matías Kulfas, a quien se le pidió la renuncia luego de que trascendiera una declaración en off proveniente de su ministerio con fuertes críticas hacia funcionarios de la empresa estatal ENARSA. Allí se los acusaba de favorecer a la empresa Techint en la provisión de caños que se usarían en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que irá de Vaca Muerta, en Neuquén, a Salliqueló. El Presidente consideró que esa actitud de Kulfas erosionaba al Gobierno y decidió pedirle su dimisión.

La salida de Kulfas provocó también un fuerte impacto interno porque el ministro había sido uno de los principales referentes del llamado “albertismo”. El área energética, en manos del ala de la coalición oficialista que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, reaccionó con virulencia ante las acusaciones y el cimbronazo provocó una salida de manera traumática de un miembro del gabinete al que se elogiaba por los buenos resultados.

No fue el único ministro ausente: tampoco pudo asistir Juan Zabaleta, de Desarrollo Social, quien participa en Asunción del Paraguay de la 38° reunión de Ministros y Autoridades de su área de los países que integran el Mercosur. En tanto, aunque estaba en duda, finalmente participó Jorge Ferraresi, de Hábitat, quien había faltado a las tres reuniones anteriores por compromisos oficiales. Tampoco estuvo el titular de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien viajará a Santiago del Estero también en misión oficial.Matías Kulfas cuando fue a la Casa Rosada a entregarle su renuncia a Alberto Fernández (Luciano Gonzáles)

Otro tema de actualidad que atravesó la reunión fue el del avión venezolano que está retenido en Ezeiza desde el viernes. El Gobierno investiga si alguno de los cinco tripulantes iraníes que permanecen alojados en un hotel de la localidad de Canning tiene relación con organizaciones terroristas. Por eso secuestró sus pasaportes y los mantiene retenidos hasta que se aclare la situación.

El caso derivó en una causa judicial a cargo del juez Federico Villena. El expediente judicial ya acumuló tres causas con el mismo objeto procesal: la denuncia que realizaron los diputados López Murphy y Gerardo Milman en conjunto con el consultor aeronáutico Franco Rinaldi; otro expediente que impulsó el juez Villena al extraer testimonios; y una por la denuncia de la DAIA.

Mientras tanto, Alberto Fernández se alista para viajar a Santa Fe para la inauguración de dos obras en horas del mediodía. Una será la ampliación de la Planta Potabilizadora de Granadero Baigorria, en las cercanías de Rosario y la otra en la capital provincial, donde estará acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Por la tarde, a las 18, está prevista la asunción de Daniel Scioli como nuevo ministro de Desarrollo Productivo. El ex embajador en Brasil llegó el lunes al país después de cumplir con una intensa agenda pendiente, que hasta incluyó una reunión con el presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Este martes Scioli mantuvo un encuentro con su par de Economía, Martín Guzmán, y con el director del Banco Central, Miguel Pesce. Con el foco puesto en la preocupación por el ritmo de importaciones y la inflación, los tres discutieron las próximas políticas productivas y macroeconómicas del país.

Fuente: Infobae.com

El Índice de Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), dependiente del Banco Central señala un 5,2% de inflación para mayo, dato que se conocerá mañana. En promedio entre los consultores privados es de un 5%. La suba más alta la empujaron los alimentos: 1,3%.

Por otra parte también subieron combustibles, prepagas, telefonía, cable e internet. Empleadas domésticas, colegios privados y expensas también tendrán gran influencia. Para junio la suba puede seguir impulsada por alimentos, gas, electricidad, prepagas y colegios de la provincia de Buenos Aires.

La inflación trepará al 30% en solo cinco meses y no da respiro para el resto del añoPUBLICIDAD

Las expectativas de la inflación interanual a diciembre para Argentina siguen alrededor del 75%.

Fuente: Perfil.com

La principal preocupación que tiene Alberto Fernández esta semana es el escenario económico que tiene el país como consecuencia de una caída de los bonos en pesos y la presión sobre el dólar, que ayer volvió a dar un salto en todas sus franjas.

El Presidente está en contacto permanente con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, con quienes habló en reiteradas oportunidades durante las últimas 48 horas. Con ambos discute el camino a seguir para tratar de que no haya una alteración muy marcada de los mercados.

El titular del Banco Central quiere evitar que se vayan más bonos y que pasen directamente a dólares, lo que reduce las reservas. Si los tenedores deciden retirar los bonos igual porque temen un reperfilamiento e incumplimiento de pago, la desconfianza aumentaría a su máxima expresión. Por eso las alternativas que se evalúan tienen a la confianza como principal valor.

Hasta el momento, Alberto Fernández se inclina por la postura que mantiene Martín Guzmán, el ministro que sostiene en su cargo pese a los innumerables cuestionamientos del kirchnerismo. Es decir, que sigue empoderando al funcionario en el que cree para sacar esta situación adelante, además de reducir, paulatinamente, la inflación.

Justamente este martes, a las 16, el INDEC dará a conocer la inflación de mayo, cifra que en el Gobierno esperan que esté cerca del5%. Si bien sigue siendo muy alta, mostrará una nueva caída respecto a los 6,7% de marzo, que marcó un record histórico.

El Presidente, Guzmán y Pesce coinciden en que la prueba de fuego que deben superar es el vencimiento de títulos públicos por un total de 600 mil millones pesos. El presidente del Banco Central entiende que hay que aumentar las tasas para poder absorber la mayor cantidad de pesos posibles, aunque reconoce el Estado no puede absorber todo.Alberto Fernández sigue de cerca las alterativas de los mercados durante esta semana

De acuerdo a cómo surfee ese desafío, será el impacto que pueda producirse en el dólar y cómo quede parado, en términos políticos, Martín Guzmán. El ministro está fuerte por el respaldo permanente del Presidente pero, al mismo tiempo, apuntado en forma permanente por la Vicepresidenta y su espacio político.

El Gobierno quiere evitar por todos los medios que haya una suba abrupta del dólar porque saben que esa suba generará inestabilidad económica, y que aumentará la desconfianza sobre las decisiones que tome el ministerio de Economía.

Esa situación se agrava cuando el contexto político es extremadamente frágil, debido a la crisis política que atraviesa al Frente de Todos y que mantiene a Alberto Fernández y Cristina Kirchner en dos veredas distintas, pese a algunos gestos de buena voluntad del Jefe de Estado en los últimos quince días.

“Nuestro gobierno jamás defaultearía la deuda en pesos. El crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano”, sostuvo Martín Guzmán en la noche del domingo, a través de sus redes sociales, dejando en claro que, pese a los rumores, esa no es la idea que tienen en el Gobierno.

El dólar, en tanto, volvió a moverse durante la jornada del lunes, atravesada por la incertidumbre y en la antesala de importante licitación en pesos que sucederá hoy. En ese sentido, los inversores se inclinaron refugiarse en el dólar frente al temor de que el Gobierno no pueda obtener los fondos suficientes refinanciar los vencimientos que debe afrontar.

La moneda norteamericana aumentó en sus diferentes versiones. El dólar blue tuvo un salto de $6 y cerró en $216, el dólar contado con liqui terminó en $238,3, el dólar MEP creció hasta los $230,9, el dólar oficial cotizó a $127,6 y el dólar ahorro a $210,5. El aumento fue en todas las franjas. Este martes su cotización volverá a estar bajo la atenta mirada de la Casa Rosada.

Fuente: Infobae.com

Grupos piqueteros resolvieron un nuevo plan de lucha que comenzará este jueves en la Avenida 9 de Julio e incluye acampes y cortes de accesos a la ciudad de Buenos Aires y también en los principales puentes y rutas de todo el país.

La medida se decidió esta tarde en un “plenario nacional” en el Obelisco por parte de las organizaciones piqueteras en donde discutieron sobre la situación nacional, un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha contra el gobierno de Alberto Fernández, ocasión en la que definieron una “acción de permanencia” que se pondrá en marcha esta semana.

En declaraciones a los medios, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni expresó: “Delegados mandatados de todos de todo el país, en una verdadera demostración de democracia obrera, lanzaron el plan de lucha que comienza este mismo jueves con una acción de permanencia en la 9 de Julio y en las principales avenidas de todo el país”.

Entre los principales reclamos, piden un “salario mínimo de 100 mil pesos, de emergencia, y el reclamo de un salario igual a la canasta familiar”.

En ese sentido, detalló que las deliberaciones duraron toda la tarde del lunes y allí se discutió “la necesidad de impulsar una campaña por el paro y el plan de lucha en fábricas y lugares de trabajo, con la exigencia a la CGT y a la CTA para que lo convoquen”.

El plan de lucha piquetero continuará el próximo 25 y 26 de junio en el Puente Pueyrredón, “con acciones contra los gobernadores de las 24 provincias” y concluirá en la semana del 11 de julio, con una fuerte medida “que puede ser un acampe nacional”, informaron al cierre del plenario de esta tarde.

El encuentro de hoy había sido convocado tras la masiva marcha realizada el jueves pasado por diversas organizaciones sociales que integran la izquierdista Unidad Piquetera al Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de “trabajo genuino y mayor asistencia”.

”Hasta las 16 va a haber deliberaciones, a las 17 se vota el plan de lucha”, había adelantado a Télam Belliboni, respecto al “Plenario piquetero nacional”, que comenzó a las 12 del mediodía y reunió cerca de 1.300 delegados de todo el país.

Si bien el Ministerio de Desarrollo Social tenía prevista una reunión con los referentes de Unidad Piquetera para esta semana, se desconoce el estado de las negociaciones entre esta cartera y el movimiento piquetero.

Algunas de las agrupaciones que estuvieron presentes en la Plaza de la República fueron Barrios de Pie, Polo Obrero, la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el MTL-Rebelde, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT).

Con información de la Agencia Télam

Fuente: La Nación

Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi, referentes del Frente de Izquierda, presentaron este lunes ante la Justicia un recurso de amparo en contra de la resolución que impuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Airespara regular el uso del lenguaje inclusivo dentro de las aulas porteñas. Laura Velasco, del Frente de Todos, también postuló un reclamo sobre el tema.

Ambas referentes del MST argumentaron que la medida aprobada por el Ministerio de Educación de CABA “reduce la libertad de expresión y los derechos de género”. 

Soledad Acuña advirtió que los docentes que utilicen lenguaje inclusivo serán sancionadosPUBLICIDAD

Tanto Fierro como Gagliardi criticaron la gestión de la titular de la cartera de Educación porteña. La primera afirmó: “Acuña atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 hasta hoy, redujo el presupuesto educativo del 23% al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocido en leyes y constituciones”

“Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos” agregó Gagliardi a los dichos de su compañera.

En esta misma línea, Fierro añadió: “Frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo” y remarcó que “la caída en la comprensión de textos no mejorará porque se lo prohíba”.

La doctora Mariana Chiacchio, del Cadhu (Centro de Abogades por los Derechos Humanos) es quien patrocina el amparo de las referentes del Frente de Izquierda, y este será tratado en el Juzgado Contencioso Administrativo porteño N°22, a cargo de la jueza María Rosa Cilurso.

Por otra parte, la legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco, también presentó un amparo, en este caso colectivo, en contra de la nueva normativa. “Es antidemocrática”, argumentó.

“La misma resolución de la ministra deja entrever que no hay ningún fundamento científico/académico que diga que algunas de las formas del lenguaje inclusivo -como la X, la E o el ‘arroba’- puedan dificultar las prácticas del lenguaje a les estudiantes”, explicó Velasco en diálogo con Télam Radio.

Más artistas, escritores e intelectuales cuestionan el veto al lenguaje inclusivo en escuelas porteñas

La legisladora añadió que “la Ciudad de Buenos Aires tiene una enorme tradición progresista, una constitución en CABA que habla de la perspectiva de género” y expresó que “cree que la ministra se ha equivocado mucho y debería conocer que esto ha creado un enorme malestar en la comunidad educativa”.

“Nos preocupa que sea una escalada, porque antes eran declaraciones y ahora directamente se trata de herramientas que hacen a la política educativa y pública, y en CABA ya hemos perdido más de 12 puntos de presupuesto educativo”, concluyó Velasco.

Fuente: Perfil.com

Desde que llegó al poder en 1979 el régimen de los ayatollahs de Irán utiliza un enorme conglomerado de empresas para intentar burlar las sanciones internacionales por su carrera nuclear y el terrorismo. Son compañías que se van armando y cerrando de acuerdo a la necesidad política. Dentro de esta estructura, las más importantes son manejadas por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRCG), creados para “proteger el sistema islámico y prevenir la interferencia extranjera”. Controlan cientos de empresas y un presupuesto de más de 12.000 millones de dólares. Manejan los contratos del Estado en las industrias del petróleo, gas y petroquímica, así como grandes obras de infraestructura. También las aerolíneas de pasajeros y de carga que utilizan para el transporte que necesitan sus empresas al mismo tiempo que trasladan armas y agentes operativos a las zonas en las que Irán tiene intereses.

“Usa aerolíneas pseudo-civiles para transportar armas a Siria, Irak o El Líbano. Y mezcla sus actividades. Puede llevar una carga legítima y otra que no lo es”, explica en el especialista Farzin Nadimi en su análisis para el Washington Institute. Es el caso de Mahan Air, la segunda empresa aérea iraní que opera en diez países y tiene divisiones tanto de pasajeros como de carga y hasta una escuela relacionada con la industria (Mahan Air University) con carreras que van desde Pilotaje y Hospitalidad Aérea hasta Bussines Management. Las agencias antiterroristas occidentales detectaron decenas de vuelos de esta aerolínea transportando armas a Damasco para el régimen sirio de Bashar Al Assad.

Mahan Air fue sancionada por sus actividades ya en 2011 y tiene prohibido aterrizar en buena parte del mundo. Opera vuelos internos y desde Teherán hacia Pakistán, Tailandia, India, Rusia, Irak, China y Turquía. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos redobló las sanciones contra esta empresa en julio de 2019 diciendo que “Irán ha recurrido habitualmente a las aerolíneas comerciales iraníes para transportar armas y material a lugares internacionales en apoyo de las operaciones terroristas patrocinadas por el Estado iraní¨. Y quien apoye esas operaciones se “enfrenta a posibles consecuencias civiles y penales por violar los programas de sanciones de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluso por participar en transferencias no autorizadas de aeronaves de origen estadounidense o bienes, tecnología o servicios relacionados con ellas a Irán”.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=infobae&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3JlZnNyY19zZXNzaW9uIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9mZiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0Zndfc2Vuc2l0aXZlX21lZGlhX2ludGVyc3RpdGlhbF8xMzk2MyI6eyJidWNrZXQiOiJpbnRlcnN0aXRpYWwiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X3Jlc3VsdF9taWdyYXRpb25fMTM5NzkiOnsiYnVja2V0IjoidHdlZXRfcmVzdWx0IiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1485558409634189317&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Famerica%2Fmundo%2F2022%2F06%2F14%2Fun-fantasma-en-ezeiza-los-negocios-de-la-guardia-revolucionaria-irani-y-la-teoria-del-vuelo-para-evaluar-la-seguridad-argentina%2F&sessionId=a42630e3ecb5a5ab852bb7ea4d7bd5f462aa5743&siteScreenName=infobae&theme=light&widgetsVersion=b45a03c79d4c1%3A1654150928467&width=550px

Para evitar estas sanciones, Mahan Air y otras aerolíneas pseudo-civiles acuden a asociaciones con empresas de otros países y compran o venden sus aparatos para poder operar con otra bandera que no sea la iraní. Por ejemplo, Pouya Air, que tiene licencia de Sudáfrica y Qesham Fars Air, de Azerbaiyán. En este contexto es que aparece el Boeing 747-3B3(M), en configuración cargo, matrícula YV3531, que era propiedad de la empresa iraní Mahan Air hasta enero y fue transferida a Emtrasur Cargo, filial de la empresa estatal venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), también sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos, pero que le permite operar sin mayores problemas en un número mucho más grande de países. Es así como aterrizó el 7 de junio en el aeropuerto de Ezeiza.

El vuelo provenía de México y, supuestamente, traía a Buenos Aires partes para el armado de automóviles de la empresa Volkswagen. La compañía de origen alemán negó ser la receptora de ese cargamento. La justicia argentina estaría tratando de aclarar cuál es el verdadero motivo de este vuelo de una aeronave que está tripulada por cinco iraníes, al menos uno de ellos vinculado directamente con los Pasdaram, y 12 ciudadanos venezolanos, varios de ellos relacionados con el servicio de inteligencia bolivariano, el Sebin. El antecedente de haber realizado un reciente vuelo entre Ciudad del Este y Aruba para transportar cigarrillos paraguayos sólo aumenta las sospechas. Paraguay es el mayor exportador de cigarrillos de contrabando del mundo y la isla caribeña por donde salen hacia el lucrativo mercado de Europa. Y en esa ciudad de la Triple Frontera opera una red de negocios regenteados por agentes operativos del Hezbollah.(Sebastian Borsero)

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRCG), tiene unos 150.000 combatientes y dos cuerpos principales, los paramilitares o Basijis con casi un millón de jóvenes reclutas en sus filas, y la Fuerza Quds, la unidad de elite que se ocupa de las operaciones especiales de inteligencia y extraterritoriales. Es la que mantiene la relación con las milicias pro-iraníes en todo el mundo, desde el Hezbollah en El Líbano hasta los houthis de Yemen y las Badr de Irak. El piloto del avión atrapado en Ezeiza, Gholamreza Ghasemi, es un miembro histórico de los Quds. Y como muchos otros de sus colegas, una vez que cumplen con su servicio, quedan a cargo de alguna unidad de negocios. Ghasemi, un oficial de la Fuerza Aérea y piloto de guerra, estuvo al frente de la compañía Qeshm Fars Air controlada por el IRGC. Esa aerolínea de carga operó entre 2006 y 2013 hasta que detuvo sus operaciones, supuestamente, por “mala gestión”. Pero fue reactivada cuatro años más tarde, en marzo de 2017, con dos aviones Boeing 747-281F Combi que pueden ser utilizados para pasajeros y carga como el que ahora piloteó Ghasemi y tuvo que dejar estacionado en Ezeiza. Aunque es un avión bastante más viejo: tiene 36 años y más de 84.000 horas de vuelo.

Los directivos de Mahan Air ocupan puestos similares en Qeshm Fars Air y le proporcionan apoyo técnico y operativo a esa aerolínea. Son la misma compañía. La particularidad de estas aeronaves que operan bajo el nombre de Qeshm es que la mayoría de sus operaciones están centradas en el transporte de armamento y personal de seguridad entre Teherán y Damasco, de acuerdo a un estudio del centro United Against Nuclear Iran (UANI), integrado por analistas y legisladores demócratas y republicanos de Washington.

Mahan y Qeshm Fars forman parte de una flota de aerolíneas pseudo-civiles iraníes que realizan este tipo de operaciones y que figuran en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés), incluyendo Caspian Air, Meraj Air, Pouya Air, Dena Airways, Khors Aircompany, e Iran Air, la principal aerolínea de ese país. Y ahora se agrega EMTRASUR que opera bajo bandera venezolana.El Líder Supremo iraní, Alí Khamenei, junto al presidente sirio Bashar al Assad. Irán utilizó la flota de sus aviones «seudo-civiles» para transportar armas hacia Damasco. (Reuters)

En tanto, entre los especialistas se especulaba anoche sobre cuál podría haber sido la misión de este vuelo a una ciudad como Buenos Aires si es que se confirma que no trajo las autopartes para la Volkswagen como la empresa asegura. Y allí aparece la teoría de que el vuelo podría haber estado destinado a “evaluar la reacción de la seguridad argentina” como una prueba para un “trabajo” posterior. Esta es una acción regular para cualquiera que quiera planificar una acción de “seguridad controlada”, que puede ir “desde vuelos de transporte de carga fuera del circuito convencional hasta la entrada o salida de terroristas tras perpetrar un ataque”.

Pura teoría. Pero dentro de los márgenes posibles. Con el antecedente de los dos grandes atentados contra la AMIA y la embajada israelí ejecutados por agentes irano-libaneses, sumado a que en la Triple Frontera se congrega una fuerte comunidad de origen libanesa que los agentes del Hezbollah utilizan como retaguardia, fuente de recaudación y lavado de dinero, y la creciente actividad de los grandes carteles de la droga (desde el PCC brasileño hasta el cartel de los Balcanes) que al mismo tiempo realizan tráfico de personas y armas. En este contexto, el avión iraní/venezolano estacionado en Ezeiza se convierte en un pájaro de mal agüero.

Fuente: Infobae.com

El 16 de marzo, cuando el Indec informó que los precios minoristas habían subido el 6,7%, el presidente Alberto Fernández anunció “la guerra contra la inflación”. Dos días más tarde, un viernes, tuvo en vilo a toda la prensa que esperaba el anuncio de medidas.

Luego de varias postergaciones, se esperaba que hablara a la mañana desde Tucumán, luego a las 16 desde Olivos, terminó dando un discurso grabado a las 20, donde anunció la creación de un fideicomiso para el trigo, y que los ministros anunciarían “otras medidas”,

Desde ese día, la inflación trepó al 6,7% en marzo, 6% en abril, y se estima que rondó el 5,2% en mayo, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central entre los agentes de la plaza financiera. El martes se conocerá el dato oficial del Indec.

Además, renunció el secretario de Comercio, encargado de los acuerdos de precios, Roberto Feletti, y su “superior”, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ambos como producto de los choques internos en la coalición gobernante.

De confirmarse que la inflación de mayo fue de 5,2% sería menor al 6% de abril, pero igual “es una locura, porque es un mes donde no hay aumentos apreciables ni estacionales”, dijo Fausto Spotorno en declaraciones a CNN Radio.

El economista de Orlando Ferreres y Asociados estimó que la inflación anual “va a estar entre 70 y 80%” pero que no cree que llegue al 100% porque “se tendría que descolocar más la cosa”, como por ejemplo que haya un sacudón en el dólar durante el segundo semestre.

Spotorno explicó que en medio de esta inflación “está subiendo la compra de bienes durables” como automóviles, camionetas, o electrodomésticos “como así también invertir en construcción”, porque la gente “no quiere quedarse en pesos”.

Desde la Fundación Libertad y Progreso, cuyo índice arrojó una suba del 2% para mayo, apuntaron a que los rubros que más aportaron a la suba del mes fueron: “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” (5,2%), “Vivienda, Agua y Electricidad” (7,3%) y “Restaurantes y Hoteles” (7,3%). El primero con una incidencia de 1,2 p.p., mientras que los últimos tuvieron una incidencia de 0,8 p.p. cada uno.

También vale mencionar que el rubro con mayor aumento fue “Bebidas Alcohólicas y Tabaco” (10,9%), cuya incidencia en el índice es inferior a las antes señaladas.

La inflación de los trabajadores. La inflación de mayo promedió 5,4 % y en los primeros 5 meses del año ya acumula 30,4%, según la medición del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana (UMET).

En los últimos 12 meses la suba de precios llega al 62% promedio, la cifra interanual más alta desde 1991

En el informe del IET se revela que siete de diez capítulos de la canasta registraron subas mayores al 5% mensual en mayo.

Las alzas más acentuadas se produjeron en “Otros bienes y servicios” (+8,6 % ), debido a subas marcadas en cigarrillos y productos de higiene y tocador, tales como pañales para bebés y papel higiénico. En segundo lugar, “Salud” trepó 6,6%, debido, en buena medida, a incrementos en las prepagas.

Una inflación de entre el 70% y el 80% para todo el año. En el ultimo REM del BCRA , hecho entre consultoras de la “city porteña” a fines de mayo, la inflación para todo el año se estimaba en 72,6%, 15 puntos más de lo que se calculaba a comienzos de año, cuando se calculaba en 57,9%.

“Las consultoras siempre vamos detrás de los números”, se sinceró Marina dal Poggeto, para quien la suba de precios rondará el 70%.

En tanto, el informe del IET advirtió que “si los aumentos se estabilizan para lo que resta del año en el 5 % mensual promedio, 2022 cerraría con una inflación anual de 83,5%”.

Por la guerra en Ucrania, el FMI actualizará la pauta de inflación de la Argentina

“Hoy es casi un hecho que 2022 será el año más inflacionario desde 1991; para que ello no ocurra, la inflación promedio mensual en lo que resta del año debería ser inferior al 2,5 $, algo que luce improbable dada la elevada inercia existente y la lenta desaceleración de las últimas semanas”, dijo el IET.

Algo parecido relevó La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) que proyectó una inflación del 87% para 2022, 39 puntos porcentuales más que el extremo máximo acordado por el Gobierno con el Fondo.

En un informe elaborado por su economista jefe, Daniel Artana, apuntó a que “las tarifas energéticas que aumentaron 20% y deben agregar otro tanto a mediados de año” mientras que “el Gobierno ‘promueve’ la indexación de contratos salariales y de algunos precios a plazos cada vez más cortos”. Asimismo, la inflación en servicios supera a la de bienes, dado el mayor peso de los salarios en los precios finales de esos productos.

“A eso se suma la poca credibilidad del programa económico acordado con el FMI que, para peor de males, intenta ser dinamitado desde adentro de la coalición de gobierno”, alertó FIEL.

Fuente: Perfil.com

El dato llamó la atención de los investigadores por ser una maniobra típica de posible lavado de dinero. Uno de los empresarios favorecidos por las adjudicaciones directas de la gestión de Mayra Mendoza en Quilmes, José Alejandro Scozzari, registró cambios de fichas y premios en casino, reiteradas veces, especialmente en los últimos dos años.

Scozzari está imputado en las dos causas que se abrieron en la Justicia Federal de Quilmes y de la Capital Federal por las posibles irregularidades en los pagos por $671 millones a cooperativas y empresas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios de ese Municipio. Scozzari es socio de dos de ellos – Sebastián Raspa y Martín Bordalejo – y su constructora The Wolf Building resultó también beneficiada con contratos del Municipio de Quilmes por $88.580.875, entre mayo del 2020 y abril de 2022, según identificó Infobae de los decretos publicados en el Boletín Oficial municipal.

En el entorno de Mayra Mendoza aseguraron, ante la consulta de Infobae, que “no tiene ninguna relación con Scozzari en absoluto”, y que este empresario “trabaja con el municipio como otros cientos de proveedores desde hace varias gestiones por estar inscripto y participar de los procedimientos de contratación previstos en la ley”.

La información del cambio de premios y fichas en casinos realizada por Scozzari surge de un informe reservado de la Unidad de Información Financiera (UIF) que llegó el viernes pasado a los Tribunales de Quilmes, y que ahora deberá ser corroborado oficialmente. Son 70 páginas que envió el organismo de inteligencia en respuesta a un oficio del juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Silvia Cavallo que impulsó la investigación la última semana de abril.

La acusación judicial

El expediente en Quilmes, a diferencia del que se inició en los Tribunales de Comodoro Py por la denuncia de un abogado, se abrió a partir de una “autodenuncia” del propio Municipio. Ambas causas se basaron en lo publicado por el sitio El Disenso, el primero que reveló maniobras de presunto desvío de fondos del Municipio a tres cooperativas de trabajo vinculadas a funcionarios y allegados a Mayra Mendoza. Uno de los abogados del la intendencia de Quilmes se presentó ante la Justicia Federal del distrito y pidió que “se investigue la denuncia de un portal periodístico que pretende divulgar información falsa y maliciosa”.

Mayra Mendoza quedó imputada en esta causa – junto a Scozzari, Raspa y Bordalejo-porlos posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.

Raspa es el ahora ex subsecretario de Hábitat de Quilmes, que debió renunciar el 27 de abril cuando se supo que estaba vinculado a cooperativas beneficiadas por el Municipio con fondos públicos. En paralelo a ese rol como funcionario, fue y es presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, que agrupa a cooperativas de la zona. Es, además, el responsable y quien firma los cheques de una de las que integran esta Federación, Cooperativa de trabajo Barrio Unido, junto a Romina Cangelosi, su pareja, quien también es empleada del Municipio, en la Dirección General de Personas Mayores de Quilmes.

Raspa tiene a Bordalejo como socio en las empresas Canton Tower Gestiones Integrales y JD Vitruvio. En esta última constructora, el otro socio es justamente Scozzari.Las dos firmas comparten domicilio con la Federación de Cooperativas 1ro de mayo y varias de las que la integran, en Sudamérica 20. Cuando Infobae fue a esta dirección en Quilmes – un portón negro sin ningún tipo de identificación-, la mujer que atendió confirmó que esa era la sede de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo y de varias otras, y que Raspa era su presidente, pero dijo no conocer ni haber visto a Scozzari en ese lugar. Infobae trató de ubicar a Scozzari por teléfono sin éxito.

Hasta mayo de 2020, Bordalejo fue jefe de la Dirección General de Relaciones Institucionales de Quilmes. Como responsable de la Cooperativa de Trabajo La Estrella, recibió contratos, entre marzo de 2021 y febrero de 2022, por $396.802.792, según detectó Infobae de documentos oficiales Los millonarios fondos fueron para realizar tareas que van desde mantenimiento de plazas y “embellecimiento de espacios públicos”, hasta adquisición de plantas ornamentales para distintas calles del distrito, y limpieza de basurales.

Según el informe confidencial de la UIF, entre 2021 y 2022, Scozzari registró, al menos, 11 operaciones de cobro de fichas y premios en el Bingo Godel de Quilmes y el Casino de Buenos, en varios casos por montos fraccionados.Y si se suman las de años anteriores, totalizan 22 por más de $1.500.000 y USD 40.000.

“El cobro de premios y fichas en una sala de juegos está considerada una maniobra de posible lavado de dinero, porque aunque el ‘apostador’ pierda plata en relación con el dinero jugado, le permite blanquear lo que ganó, ya que el cambiar los premios por caja, lo ingresa al sistema. Por debajo de determinado monto, el casino no le pide al jugador que se identifique lo que facilita la maniobra si se concreta mediante fraccionamientos”, le explicó un investigador a Infobae.

Ahora, desde el Juzgado de Armella buscarán corroborar y ampliar la información de la UIF – que no sirve como prueba en el expediente – con oficios al Instituto Provincial de Lotería y al Casino Buenos Aires, ubicado en un barco flotante en Puerto Madero.

Préstamos bajo sospecha

Del informe de inteligencia surgen otros datos llamativos: los préstamos tomados por Scozzari, Raspa y Bordalejo con la Mutual Fuerzas Armadas y otras entidades financieras, que la Justicia deberá determinar si estaban autorizadas a funcionar por el Banco Central.

También figuran en el reporte de la UIF créditos cruzados entre ellos y las cooperativas bajo su control. Esta operatoria ya figuraba en el informe enviado por la AFIP la semana anterior, en el que – tal como reveló Infobae -, Bordalejo declaró ante las autoridades fiscales haber recibido préstamos por $58.250.000 en el 2020. Entre sus acreedores figuran Raspa, quien le habría prestado $7.350.000 y la cooperativa en la que el hoy ex secretario de Hábitat es responsable, Barrio Unido Limitada, con un préstamo de $3.600.00. También le habría pedido plata a la empresa de su socio Scozzari, también beneficiada con fondos municipales, The Wolf Building, por un monto de $21.400.000.

Otro de sus acreedores, según informó a la AFIP, es Martín Leonel Borgio, proveedor del Municipio de Quilmes, que le prestó $19.500.000. Borgio fue adjudicado con contratos por $86.286.506, , entre 2020 y 2021, según detectó Infobae, para la provisión de módulos alimentarios de emergencia para escuelas y jardines maternales.

“No se entiende para qué pidieron los préstamos, si las cooperativas reciben dinero del Municipio para funcionar – como podría ser la compra de máquinas de trabajo o materiales- , y a la vez los integrantes de las cooperativas, cobran un plan del Ministerio de Desarrollo Social”, le dijo una fuente con acceso al expediente en Quilmes. Según los expertos, los préstamos por montos elevados sin justificación pueden constituir otra maniobra de lavado de dinero.

A esto se suma que muchas de las tareas para las que fueron contratadas las cooperativas bajo control de Raspa y Bordalejo, “son incomprobables”, según advirtieron fuentes judiciales. “Como corroborás hoy que realizaron el trabajo de desratización, poda o limpieza de un espacio verde cuando ya pasó un tiempo”, analizaron.Plaza Aristóbulo del Valle en Quilmes, una de las que debían mantener las cooperativas bajo sospecha (Roberto Almeida)

En el caso de Scozzari, su empresa The Wolf Building fue beneficiada con 13 adjudicaciones por más de $88 millones, plasmadas en decretos fueron por servicios variados: la refacción de escuelas y jardines de infantes del Municipio, la compra de hierros y aceros para el Programa Potenciar Trabajo, el alquiler de maquinarias para levantar basura en el distrito, y la adquisición de mobiliario para oficina.

Nexos con el ex marido de Mayra Mendoza

En la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González en Comodoro Py, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade hizo una presentación en la que señaló que la ex pareja de Mayra Mendoza, Sebastián Daer, figura como apoderado de otra constructora de Scozzari, Sur II SRL. En esta firma, además de Daer (hoy funcionario de la AFIP), los otros apoderados son dos funcionarios del Municipio de Quilmes, Claudio Carbone, secretario Legal y Técnico de Quilmes; y Anabella Galván, directora de Defensa de Usuarios Consumidores y Lealtad Comercial del Municipio, y abogada del estudio jurídico de Daer.

Desde el entorno de Mayra Mendoza, afirmaron que “Daer ejercía la profesión desde que se recibió y hasta ingresar a la AFIP, momento en que cerró el estudio. Tuvo como clientes a muchas personas de Quilmes”. Y agregaron: “Los Scozzari son una familia tradicional de zona sur. Históricamente se dedicaron a la venta de materiales, la construcción y la obra pública en Quilmes y la PBA. El estudio de Daer entre 2016 y 2017 estuvo autorizado para constituir dos sociedades ante Personas Jurídicas de PBA (gestoría). Sólo eso, luego no tuvieron relación. De hecho en las modificaciones estatutarias posteriores que se mencionan en las notas, ya no fueron realizadas por su estudio”.

En efecto, Scozzari es conocido en Quilmes, ya que su padre fue el fundador de Totos Cerámicos, cuya casa central está en ese distrito, y sus dos hijos continuaron como empresarios. Según fuentes de la oposición política local, Alejandro Scozzari habría aportado fondos para la campaña de Mayra Mendoza a la intendencia.

Cruce de información

En el Juzgado de Armella y la Fiscalía de Cavallo buscarán a partir de esta semana cruzar los datos aportados por la UIF con el informe de la AFIP que llegó la semana pasada en un pendrive por su volumen, ya que consta de 1.700 páginas y, según fuentes judiciales, aún no terminaron de procesar por su extensión. Una vez concretada esa etapa, es muy factible que encarguen un análisis financiero y patrimonial más profundo a peritos contadores.

En el Juzgado de Armella aún esperan la respuesta de Aysa y del INAES, que aún no llegaron. El que sí respondió fue el Min de Desarrollo Social de la Nación. A cargo de Juan Zabaleta, informó el giro de dinero al Municipio por dos convenios por obras en 2020 y 2021. El motivo fue “refuncionalización de espacios comunitarios”.

En tanto, la respuesta del Ministerio al juez Lijo, que lleva la otras investigación en los Tribunales de Comodoro Py, llegará esta semana que comienza, según le dijeron fuentes oficiales a Infobae.

Versiones distintas: 23 empleados vs 2.010

En un video difundido hace tres semanas, la intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de La Cámpora aseguró que las publicaciones eran una “operación mediática que busca generar odio y violencia contra el kirchnerismo” y desmintió nuevamente la acusación “de fugar plata a Miami y hacer pagos a cooperativas que no trabajan”.

Dijo que las contrataciones con cooperativas para tareas de mantenimiento del municipio se hicieron porque, cuando llegó, había solo 23 personas para esas tareas y decidió mantenerlas. “Se hicieron respetando los procedimientos administrativos”, aseguró. Y agregó que esas cooperativas trabajaban en el Municipio desde 2009.

Sin embargo, fuentes de la anterior gestión encabezada por Martiniano Molina, del PRO, precisaron a Infobae que Raspa no fue funcionario durante su mandato, y que “se hablaba de que era una persona complicada en cuanto a sus manejos con el tema de las cooperativas de la zona”.

También aclararon que las tareas de limpieza de espacios públicos y de mantenimiento urbano eran realizadas mayormente por los empleados del Municipio, unos 2.000, y no por cooperativas contratadas bajo su intendencia. Y dieron precisiones sobre la dotación de cada una: Higiene Urbana, 210 empleados municipales; Recolección de Residuos, 900; y Servicios Públicos, otros 900, incluido el personal de 7 delegaciones, Parques y paseos, alumbrado, agua y saneamiento. “Nos manejamos los recuros que maneja ahora la gestión de Mayra Mendoza. Las cooperativas tuvieron durante nuestro mandato proyectos muy puntuales y casi no teníamos manejo sobre ellas”, se despegaron cerca de Molina.

Respaldo político

Mendoza vienen recibiendo un fuerte respaldo de La Cámpora, agrupación a la que pertenece desde sus inicios, y de funcionarios que responden a Cristina Kirchner, como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, y el gobernador de esa provincia, Axel Kicillof. El kirchnerismo, como la propia Mayra Mendoza, atribuye las denuncias a una persecución política por su afiliación a La Cámpora, y a su condición de mujer, y defienden su gestión a nivel local, a la que contraponen con la de su antecesor del PRO.

En esa línea, en declaraciones realizadas por Máximo Kirchner el viernes pasado en Hurlingham, el diputado nacional del Frente de Todos defendió a la intendenta de Quilmes, así como a las funcionarias nacionales de La Cámpora Luana Volnovich, titular del PAMI, y Fernanda Raverta, jefa de la ANSES. “Se transformaron también en un objeto de deseo de los varoncitos de oro de la derecha”, afirmó.

Fuente: Infobae.com

La vicepresidenta Cristina Kirchner se enfrenta a la posibilidad de que le pidan una condena de entre 16 y 5 años de prisión en el caso Vialidad, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado, en una causa que se encamina a su resolución final en las próximas semanas.

En un mes empiezan los alegatos en el juicio de la causa. El fiscal Diego Luciani alegará probablemente en agosto. Consultado por LA NACION acerca de si iba a acusar y a pedir condena para la vicepresidenta, Luciani dijo que adelantará nada hasta que le toque hacer su alocución en el juicio.

Por la dinámica que tiene el juicio, que ya lleva tres años, los interrogatorios de la fiscalía, los enfrentamientos con las defensas y el celo puesto en defender la evidencia que pretende dejar expuesta en el juicio, es de suponer que el alegato de Luciani terminará con un pedido de condena, aunque nadie lo confirma en los tribunales, ni extraoficialmente.

Sí es posible analizar la eventual pena que podrían solicitar para la vicepresidenta. Cristina Kirchner llegó a juicio acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de fraude al Estado. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques lo escribieron así: “La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández, exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.

“La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los exprimeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al exadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.

La escala de las penas

De mantenerse esta calificación en el alegato, y nada hace pensar lo contrario, el Código Penal castiga al jefe de una asociación ilícita con penas que llegan a los 10 años de prisión y al fraude en perjuicio de la administración pública con hasta 6 años. Como los delitos son en concurso real se suman los máximos de la escala penal y por eso la pena posible a pedir da entre los cinco años de mínima y los 16 años de máxima.

Esto se aplica a los jefes u organizadores de la asociación ilícita, que son De Vido, López y Carlos Kirchner. En el caso del resto de los acusados la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.

Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala penal para el delito de administración fraudulenta. Ellos son: Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Claro que en el caso de acusados que ya fueron condenados en otras causas, como Lázaro Báez y José López, de ser condenados en esta causa se deben unificar las penas anteriores con las que eventualmente reciban ahora.

La fiscalía, a la hora de pedir la pena, además de la escala penal, evalúa las condiciones personales de los acusados, su falta de antecedentes o no, su posición de poder dentro de la organización. Rara vez un imputado primerizo, sin problemas con la ley, recibe un pedido de pena máxima, ya que hay atenuantes en la conducta que llevan a establecer ese monto disminuido.

La agenda del juicio

Los alegatos comenzarán el próximo 11 de julio y serán transmitidos en vivo por TV, según decidió el tribunal a cargo del proceso. Dado que la fiscalía tiene hasta un mes para alegar y cada una de las 13 defensas hasta una semana, es probable que el veredicto se conozca a fin de año.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso decidieron que en primer lugar ofrecerá su alegato la Unidad de Información Financiera (UIF), luego la Oficina Anticorrupción (OA), en caso de que decida hacerlo, pueden durar varias semanas. Después de la feria judicial de invierno alegaría el fiscal Luciani.

A partir de allí será el turno de los 13 acusados, incluida Cristina Kirchner. Los jueces decidieron, además, que se realizarán tres audiencias por semana, a partir de ahora. La fecha del 11 de julio fijada para el comienzo de los alegatos permite que las exposiciones se inicien antes de la feria judicial de invierno y se retomen en agosto.

Dado que se permitió que la fiscalía ocupe hasta nueve audiencias para desarrollar sus pruebas contra los acusados y que a cada una de las defensas podrá dedicar hasta tres días con su resumen final, es probable que el juicio termine con un veredicto a fin de año.

El orden de los acusados es encabezado por Lázaro Báez y le siguen Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio de Vido, Abel Fatala, Cristina Kirchner, Héctor Garro, Héctor René, Carlos Kirchner, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Santibáñez y José Villafañe.

Los jueces decidieron que todos los acusados deben estar presentes o tramitar un nuevo permiso especial en cada caso. Se dispuso que las audiencias se transmitirán de manera pública en vivo por TV.

El caso

Se trata del juicio por la causa que se conoce como Vialidad Nacional, donde la vicepresidenta está acusada de administración fraudulenta al favorecer a Lázaro Báez en el otorgamiento de 51 obras públicas en la provincia Santa Cruz. Ese proceso se inició el 21 de mayo de 2019 y se desarrolló en parte de manera virtual.LA ÚLTIMA EMANCIPACIÓN FALLIDA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Ya terminaron de declarar más de 70 testigos y siete peritos. Finalizó la etapa probatoria. Los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso citaron una de las últimas audiencias para el 13 y el 27 de junio para terminar de definir la “incorporación por lectura” al debate oral y público de los documentos que solicitaron los defensores.

La Corte Suprema de Justicia tiene en estudio media docena de recursos presentados por Cristina Kirchner. La vicepresidenta busca que el juicio sea declarado nulo. Impugnó desde deficiencias en la prueba hasta una denuncia de que ya fue sobreseída por estas mismas acusaciones en otro tribunal. Con el proceso avanzado, y en etapa de definiciones, nada hace pensar que la Corte frene el juicio.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación