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El ministro de Seguridad y Justicia de Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, adelantó que el gobierno porteño recurrirá a la Justicia para que destrabe el ingreso al país de las pistolas Taser, cuya licitación y compra ya habían sido autorizadas por el gobierno nacional.

“No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten. Agotamos la instancia administrativas y si no tenemos respuesta esta semana, vamos a ir a la vía judicial”, adelantó el funcionario porteño al ser entrevistado en América. Además, denunció que el ingreso de las Taser “se mantiene frenado por una cuestión ideológica”.

Desde el gobierno porteño explicaron que en marzo de 2019 se aprobó mediante el llamado a Licitación Pública la adquisición de dispositivos de control electrónico con destino a la Policía de la Ciudad, y que en diciembre de 2020 se aprobó mediante la Resolución Nro. 2020-275-GCABA-SSGA la adjudicación dicha adquisición a la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (C.U.I.T: 30- 59722829-1), responsable por el ingreso de los materiales y la certificación de instructores.

Ese mismo mes se inició el trámite correspondiente ante la ANMAC y en marzo de 2021 se remitió información complementaria solicitada por el organismo.

El problema se produjo en mayo de 2021, cuando el organismo aprobó la adquisición de 60 armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca TASER, modeloX2. “A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización”, se quejó D’Alessandro en relación a la salida de Ramiro Urristi.

Por eso, hoy en día, esa solicitud se encuentra pendiente de resolución en el organismo. En ese sentido, D’Alessandro culpó al Gobierno por poner trabas en el procedimiento de ingreso: “Aplican sus funciones desde la ideología, no desde la normativa”.Así es una pistola Taser

“Nos dicen ‘no estamos de acuerdo en la utilización de las armas, entonces no te permito que las ingreses’. Es lamentable, pero es así”, agregó el ministro de Horacio Rodríguez Larreta.

Y concluyó: “La seguridad no puede tener ideología. Hubo un montón de episodios donde no solo tenemos que cuidar a los que nos cuidan, los policías, también le salvás la vida al que está en estado alterado”.

Las armas Taser tienen la particularidad de que en lugares donde hay mucho público puede ser una herramienta adicional para la policía, que tiene que estar capacitada para su uso.

El incidente ocurrido con el cantante Chano Charpentier, que perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas tras recibir un disparo por parte de la policía durante un brote psicótico, destacó -incluso- una grieta entre distintos funcionarios nacionales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue uno de los primeros en apoyar su uso: “Es un buen momento para volver a discutir que si la policía hubiese tenido una pistola Taser esto no hubiese ocurrido. Atacó a los agentes policiales con un cuchillo y el policía hizo lo que tenía que hacer: lo neutralizó. Está vivo porque tuvo suerte. Se podría haber evitado y es necesario dar esta discusión”.

En diciembre de 2019 la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser. La funcionaria ordenó que se elabore un protocolo que “regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica”.

Fuente: Infobae.com

En caso de que Cristina Kirchner sea condenada en la causa de Vialidad Nacional antes de fin de año, no tendría inconvenientes legales para ser candidata en las próximas elecciones, pues esa sentencia no quedaría firme. De todos modos, una condena agravaría su horizonte judicial, porque esta sentencia impactaría en otra causa, la de Hotesur y Los Sauces, pendiente de revisión judicial.

El juicio de Vialidad está en su etapa final, el alegato del fiscal Diego Luciani concluirá el lunes 22 de agosto y lo más probable es que finalice con un pedido de dura condena. Luego alegarán las defensas y a fin de año se conocerá si la vicepresidenta es encontrada culpable o inocente.LOS CHATS DE LÓPEZ REVELAN QUE CRISTINA INTERVINO PARA PAGARLE A BÁEZ

En caso de una condena, la escala penal en la que se puede mover el fiscal para pedir pena va entre cinco y 16 años, en base a los delitos de fraude y asociación ilícita por los que se acusa. Para que esa pena se haga efectiva el fallo debe quedar firme, por lo que primero será revisado por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia.

La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, es conocida por su agilidad para dar trámite a los expedientes, con lo que puede que efectivamente en 2023 tenga una decisión acerca de si confirma o no ese veredicto inicial.

Luego, el asunto puede llegar a la Corte mediante un recurso extraordinario o de queja y la Corte no tiene plazos para resolver. Un experimentado funcionario que lleva décadas en el máximo tribunal arriesgó que no iba a haber una sentencia de la Corte que impida la postulación de Cristina Kirchner en las elecciones de 2023. Otra fuente, en cambio, dijo que los tiempos en tribunales son parte del caso, y que no descartaba nada, pero que nada hace pensar en una decisión de firmeza antes de la fecha de las elecciones de 2023.

Un cargo electivo le asegura a la vicepresidenta fueros e inmunidad de arresto. De todos modos, ya cumplirá los 70 años (en febrero del año próximo), edad en la que las normas prevén que pueda pedir el beneficio del arresto domiciliario en caso de que quede firme una eventual condena más allá de 2023.

Las derivaciones de una condena

Más allá de que no entorpecería una candidatura de Cristina Kirchner, un eventual fallo condenatorio sí tendría otras consecuencias judiciales, frente al resto de las causas de corrupción que enfrenta la vicepresidenta.

Cristina Kirchner ya fue sobreseída en el caso del dólar futuro, que fue recurrido ante la Corte, pero nada hace pensar que se reabra. También fue sobreseída en el caso de la firma del memorándum con Irán, que está bajo estudio de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña.

Los jueces fijaron fecha para el 29 de septiembre, a las 10.30, para escuchar a la vicepresidenta, al resto de los acusados, y a la querella de la DAIA y familiares de las víctimas del atentado, con sus argumentos a favor y en contra de cerrar la causa -iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman- sin juicio oral. Hay muchas chances de que así sea.

Pero una condena en Vialidad sí podría afectar el otro caso ligado a Cristina Kirchner que tienen los mismos jueces de la Casación: Hotesur y Los Sauces. En esta causa el tribunal oral integrado por los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg, con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti, sobreseyó a Cristina Kirchner y a sus hijos -sin hacer el juicio- en las acusaciones por lavado de dinero que recibieron de Lázaro Báez y Cristóbal López.

En esta causa, la vicepresidenta y sus hijos están acusados de recibir fondos de Báez y de López, en compensación por los negocios con el Estado que les facilitaron. En el caso de Báez, la acusación se refiere a las licitaciones de obras públicas que recibió el empresario y por las que es juzgado en la causa de Vialidad.

El caso de López, el lavado de dinero se refiere a los beneficios impositivos que obtuvo el empresario con Oil Combustibles, causa por la que fue absuelto (está apelada en Casación ante los mismos jueces de Hotesur). En ese expediente fue condenado Ricardo Echegaray, en un fallo en el que los jueces no negaron los beneficios fiscales, sino que dijeron que no pueden achacarles el delito a los empresarios de Oil.

Por eso es que una eventual condena en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y Báez puede tener un impacto en la causa de Hotesur y Los Sauces. Y al revés: un fallo de Casación que revoque el sobreseimiento y mande a juzgar a Cristina Kirchner en Hotesur y Los Sauces sería darle continuidad a la investigación de la maniobra que se analiza en Vialidad.

No se sabe qué fallo llegará primero, pero como vienen los tiempos de la Sala I, que tiene ambas causas hace meses, es probable que primero haya una condena en Vialidad y luego un fallo en Hotesur y Los Sauces. Si se permite que se haga el juicio, empezará una sucesión de trámites previos antes de tener fecha de audiencia. Cualquiera sea el escenario, ambas causas está ligadas y una tiene consecuencias sobre la otra.

En caso de una condena en Vialidad por los delitos de asociación ilícita y fraude las consecuencias sobre Hotesur y los Sauces son:

• Se fija la existencia de una primera asociación ilícita. La defensa de Cristina Kirchner viene cuestionando que no puede haber más de una. En Hotesur hizo ese planteo y la mayoría del tribunal le dio la razón. Pero en la apelación, el fiscal Mario Villar dijo que puede haber más de una, con diversos integrantes y propósitos diferentes: en el caso Vialidad para cometer fraude y en el caso Hotesur y Los Sauces, para lavar el dinero de ese fraude. Los integrantes son diferentes, solo coinciden Cristina Kirchner y Báez.
• Si hay condena en Vialidad, el delito precedente del lavado de dinero que se investiga en Hotesur y Los Sauces quedaría certificado. Si bien la ley de lavado exige la existencia de una sospecha firme sobre el delito precedente y no una condena, aquí en caso de una sentencia condenatoria quedaría fuera de discusión que el dinero que recibió la familia presidencial en las sociedades Hotesur y Los Sauces de parte de Báez -en concepto de alquileres y contratos hoteleros- era el retorno de los fondos que recibió por haber sido favorecido con los contratos de obra pública santacruceña.

Empresa criminal

Hay una idea que nació en la Cámara Federal, de la mano del juez Martín Irurzun y que retomó el camarista Mariano Llorens acerca de que es tiempo de mirar todas juntas las pruebas de las causas contra el kirchnerismo. No se trata de inventar una megacausa, sino de analizar cómo se relacionan las evidencias de los diferentes expedientes. Así, por ejemplo, en el caso de Vialidad el fiscal usó como pruebas los chats de WhatsApp del teléfono de José López, condenado por los bolsos con nueve millones de dólares. O en la causa de la ruta del dinero K, Báez fue condenado por lavar dinero de las obras públicas con sobreprecios que se juzgan en el caso Vialidad. En la Corte siguen este juicio con interés y miran el calendario de modo que pueda concluir en 2022, antes del inicio del año electoral.“LA PRESI QUIERE HABLAR CON VOS” LÓPEZ, “EL NEGRO” Y “LA JEFA”, LOS WHATSAPP QUE REVELÓ LUCIANI Y QUE MUESTRAN LA CERCANÍA ENTRE LÁZARO BÁEZ Y LOS KIRCHNER

Esta idea que anidó en la Cámara Federal es compartida en algunos despachos de la Corte, donde creen que al comienzo de estas investigaciones era necesario que tramitaran por separado para evitar un expediente monstruoso, que no iba a ir a ningún lado. Pero ahora es necesario volver a reunir las piezas y analizarlas como parte del mismo rompecabezas.

En este entendimiento, los casos contra el kirchnerismo están en esta fase de reagruparse, no en una megacausa, sino en varias causas pero interrelacionadas, en las que las obras de Vialidad se relacionan con los fondos que pasaron por las empresas Hotesur y Los Sauces y en las que los empresarios -contratistas del Estado- que confesaron haber pagado sobornos en la causa de los cuadernos de las coimas declararon cómo era el mecanismo de “aportes” obligatorios que debían hacer al Estado para poder cobrar sus facturas. Todo tiene que ver con todo.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

El líder del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ratificó hoy la marcha del próximo miércoles 17 contra “los especuladores y formadores de precios”, que fue convocada por la mesa chica de la CGT, y pidió que el Gobierno actúe con más firmeza contra estos “abusos”.

“Es terrible lo que se está viviendo con el tema de los precios. Nosotros hacemos responsables a los empresarios por la especulación pero también vemos que el gobierno no tiene esa dureza y fortaleza para sentarlos en una mesa y decirle ‘dejense de joder y de robarle la comida de la mesa a los argentinos’”, sentenció Moyano al ser entrevistado en La 990 Radio.

El dirigente sindical se mostró en contra de los empresarios “que aprovechan estos momentos de crisis para ganar dinero” y reiteró que uno de los motivos de la marcha “es pedirle a los empresarios que se dejen de joder y aumentar los precios todos los días”.

Aunque algunos sectores de la CGT plantearon disidencias ante la convocatoria y propusieron “el levantamiento de la protesta” gremial, tanto Moyano como sus aliados del sindicalismo K llamaron a darle visibilidad a “la crisis económico-social, el contexto general y las necesidades de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El dirigente gremial aseguró que sus reclamos no son nuevos. Y puso como antecedente la reacción a las declaraciones que hizo Federico Braun, presidente de La Anónima, en un evento por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina. “La Anónima remarca precios todos los días”, dijo en tono irónico el empresario cuando le consultaron qué hace su empresa frente a la inflación en aquel momento.

Sus declaraciones también desataron el enojo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien se expresó en contra de sus dichos en las redes sociales y compartió el video con los polémicos dichos del empresario.

“Los empresarios vienen ganando desde la época de los militares, se la llevan en pala y no son solidarios como tendrían que ser”, remarcó Moyano sobre Braun. Luego, se indignó al recordar que Braun, para exculparse, dijo que “fue un chiste”.

Más allá de las críticas que Moyano le hace a la gestión de Alberto Fernández por no poder frenar la escalada de precios, aclaró que “la marcha del 17 no es ni a favor ni en contra del gobierno, es un llamado de atención para que el gobierno se ponga las pilas y controle a estos empresarios”.

Y si bien aclaró que “no se trata de un escrache” contra los empresarios, dijo que el objetivo “es denunciar públicamente a estas empresas que están llevando a cabo remarcaciones indiscriminadas” y que empobrecen a la sociedad.

En ese sentido, puso como ejemplo que “los camiones que recolectan residuos van al CEAMSE con la mitad de la carga” y es ahí donde se da cuenta que “bajó el consumo”.

En la movilización del miércoles, que partirá desde el Obelisco hacia el Congreso, no va a haber oradores. “El frente sindical va a hacer una charla previa a la marcha para decirle a los trabajadores por qué marchan. Esta marcha va a ser la primera de muchas porque si siguen con esta remarcación de precios van a haber sientas más y también en el interior”, advirtió con firmeza.

Más allá de que la “mesa chica” de la CGT respalda la designación de Sergio Massa como “superministro”, exige mayores definiciones del gobierno contra esos sectores de la economía que atentan contra el bolsillo de los trabajadores.

Por su parte, el cotitular de la central obrera y jefe del gremio de playeros y estaciones de servicio, Carlos Acuña -quien responde al sector del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo- y el mercantil Armando Cavalieri se pronunciaron en contra de la movilización y propusieron levantarla.

Fuente: Infobae.com

CÓRDOBA.– El presidente Alberto Fernández aumentó la frecuencias de sus visitas a las provincias: encara actos con gobernadores y hace anuncios o inaugura obras. También los mandatarios peronistas –que se fortalecieron algo después de empujar la decisión de sumar a Sergio Massa al Gabinete– prevén que esas recorridas se prolonguen, ya que es una forma de garantizarse fondos nacionales. A los mandatarios les sirve por ese lado y para Fernández es una manera de no dejarle todo el escenario libre a su ministro de Economía.

A la hora del ajuste anunciado por Massa, los gobernadores descuentan que seguirán cayendo los giros que llegan por fuera de la coparticipación (en el primer semestre la baja interanual fue de 2,9%). Por el lado de los subsidios a la energía, estaría encaminado el esquema de zonas “frías y calientes” que reclamaron y, según insiste Fernández, la obra pública continuará.LOS CHATS DE LÓPEZ REVELAN QUE CRISTINA INTERVINO PARA PAGARLE A BÁEZ

Por fuera les quedan los subsidios al transporte, donde la pelea luce más dura. A los reclamos periódicos del interior ahora se sumaron los de los empresarios de las líneas de colectivos del AMBA que, aunque reciben más dinero, recortan servicios por las demoras en las transferencias.

Hasta el momento, desde el ministerio de Alexis Guerrera no hay respuestas ni más fondos. Ese punto, además, abre una brecha entre Axel Kicillof, el más beneficiado por los fondos de la Nación, y sus colegas.

¿Por qué los mismos mandatarios que hasta hace unas semanas evitaban fotos con Fernández ahora se interesan porque visite sus territorios? Porque saben, por experiencia, que pueden conseguir algunos “extras”, como acelerar obras en ejecución o una nueva partida para viviendas. “Pasa siempre, esto no es con Alberto. Es con todos los presidentes cuando visitan una provincia”, enfatiza un ministro del norte.

Si se cumple el ajuste anunciado, la expectativa de los mandatarios es “salvarse” en lo que puedan. Aunque sus finanzas están mejor que las de la Nación –e incluso la inflación ayuda a las más ordenadas porque licua gastos– actúan defensivamente.

Referentes provinciales de distritos peronistas consultados por LA NACION confían en que Fernández mantendrá algunas partidas sin ajustar, porque “también necesita hacer política; tratar de mejorar su imagen”.

Dos funcionarios del interior con quienes estuvo en los últimos días en actos deslizaron que el Presidente cree que puede “remontar” su gestión. “Más allá de que Massa es muy activo –ironizó uno–, Fernández tratará de hacer su juego. Aunque para algunos el interior sea la ‘periferia’, gran parte de los votos del peronismo se juntan en el norte”.

Plazos fijos

En la primera reunión de gabinete de la que participó Massa les planteó a sus colegas que no pueden pedir fondos mientras tengan dinero inmovilizado en plazos fijos. En el caso de las provincias, según datos del Banco Central analizados por Politikon Chaco, a mayo tenían $269.322 millones en esa alternativa de inversión, cifra que es el equivalente al 52,3% de la coparticipación correspondiente a ese mes. En la comparación interanual, las colocaciones de todos los distritos crecieron 141,8% en términos nominales.“LA PRESI QUIERE HABLAR CON VOS” LÓPEZ, “EL NEGRO” Y “LA JEFA”, LOS WHATSAPP QUE REVELÓ LUCIANI Y QUE MUESTRAN LA CERCANÍA ENTRE LÁZARO BÁEZ Y LOS KIRCHNER

Una radiografía de los plazos fijos provinciales a mayo muestran que las jurisdicciones en las que más aumentaron esas colocaciones en un año son Formosa, 2090% ($6134 millones); Salta, 1877% ($9117 millones); Santa Cruz, 1508% ($7433 millones); Buenos Aires, 604% ($121.873 millones), Tierra del Fuego, 587% ($1023 millones) y CABA, 332% ($21.886 millones). En todo el resto, salvo Entre Ríos, con 104%, el incremento fue menor al 100%.

Respecto del porcentaje de la coparticipación de mayo, los niveles más altos de los plazos fijos se dan en CABA (191,2%; hay que aclarar que recibe menos giros por el recorte que terminó en la Corte Suprema de Justicia); La Pampa (189,2%); Santiago del Estero (147,5%); Buenos Aires (105,2%); Santa Cruz con 95,8% y Misiones con 75,7%. En el resto, en general, está muy por debajo del 50%.

Gabriela Origlia

Fuente: La Nación

Para los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 la reunión que tuvo el fiscal Sergio Mola con Pablo Clusellas, el ex secretario de Legal y Técnica de Mauricio Macri, a mediados de 2016, no es motivo para validar la recusación. Tampoco lo son las fotos de su acto de jura como fiscal, al que fueron Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Julio Conte Grand. Pero ahora cabe preguntarse si el Tribunal tendrá la misma postura ante las dos visitas que hizo el fiscal coadyuvante del juicio contra Cristina Kirchner a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en pleno Gobierno de Cambiemos.

El dato de las visitas era conocido hasta hace unos pocos días por un puñado de nombres del Frente de Todos y fue confirmado por PERFIL a través de un pedido de acceso a la información pública realizado los primeros días de agosto. Es por ello que en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional, desde la AFI indicaron que Mola registró dos ingresos al edificio de la calle 25 de Mayo 11.

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El primero de ellos fue el 22 de abril de 2016, casi dos meses antes de su reunión con Clusellas en la Casa Rosada. Aquel viernes llegó a las 13:31 pero no se sabe cuándo salió, simplemente porque no quedó registrado.

El segundo ingreso de Mola a la sede de la AFI entonces comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fue un año y medio después del mencionado antes: el 15 de febrero de 2018. Ese jueves estuvo dentro del edificio casi tres horas, entre las 13:10 y las 16 horas.

En ambos casos Mola visitó «a entonces funcionarios cuyas precisiones se encuentran amparadas por la ley». PERFIL también consultó por los motivos de las reuniones pero esa información no fue registrada entonces.

¿Argumentos obsoletos?

El viernes, tras ocho largas horas de audiencia en la que las defensas que habían presentado planteos de recusación hicieron las ampliaciones y la posterior respuesta que dieron el fiscal Diego Luciani y su par Mola, el TOF N°2 tomó postura.

Los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso se inclinaron por el rechazo de los planteos en contra de quienes pretendían apartar al fiscal Diego Luciani, al juez Rodigo Giménez Uriburu y a Mola. Argumentaron, entre otras cosas, que el tiempo para presentar recusaciones estaba acabado y responsabilizaron a las defensas por no haber efectuado «las tareas de averiguación e indagación pertinentes a su cargo», tal como surge en la Resolución.

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Eso porque, dijeron, tanto las fotos de su jura con Bullrich y otros dirigentes del PRO estaban disponibles en Internet «para todo el público en general, fácilmente accesible» a través de Google.

Sin embargo, hasta antes de la intervención de la AFI que hizo el Gobierno de Alberto Fernández en 2019 estaba restringida la entrega de información como el registro de ingresos y egresos a la AFI. De ese modo, probablemente no hubiera sido posible obtener la información sobre las visitas de Mola antes del 4 de julio de 2018, fecha en la que venció el plazo para presentar recusaciones, según indicaron los magistrados en la resolución.

En esa decisión que se conoció el viernes, los jueces Gorini y Basso alegaron que la presentación de las recusaciones es «abiertamente inaceptable y por tanto extemporáneo» ya que transcurrieron cinco años del tope previsto para recusar.

Las visitas de Mola y su impacto en la Causa Vialidad

¿Hay que revisar el rechazo del Tribunal? Las defensas que presentaron las recusaciones creen que sí. Uno de los letrados le dijo a PERFIL que si bien el Código Penal sostiene que la decisión no es recurrible, que no se puede apelar, hay jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene lo contrario «porque si no fuese así se estaría afectando el derecho a un doble conforme que tienen todos los ciudadanos en materia penal».

El letrado anticipó que «vamos a recurrir, el TOF va a decir que no corresponde y muy probablemente vayamos en queja a la Cámara de Casación. Después veremos».

Involucran a Máximo Kirchner en el juicio de la obra pública

Maximialiano Rusconi, abogado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, dijo que «sin dudas vamos a recurrir esa resolución porque es vergonzosa e insostenible jurídicamente». Sin embargo, respecto de las visitas de Mola a la AFI dijo que probablemente no se haga una nueva recusación ya que «sabemos lo que nos van a responder y sería perder el tiempo».

Mañana martes 15 de agosto se reanudará el juicio y tanto Mola como Luciani continuarán con los alegatos hasta completar las nueve jornadas. Todavía se desconoce si ese plazo se ampliará. Luego seguirán las defensas y el proceso que tiene como una de las principales apuntadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuestamente haber liderado una asociación ilícita entrará en su etapa final.

Fuente: Perfil.com

Tras la reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace, que se realizó el pasado viernes, el Gobierno no introducirá grandes cambios en la política agropecuaria, aunque se comprometió a analizar punto por punto los planteos de los representantes de los productores agropecuarios. Mañana a las 17:30 habrá una reunión con equipos técnicos de la Mesa de Enlace y personal de la Secretaría de Agricultura.

En diálogo con este medio el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, anticipó que se mantendrán las restricciones para la exportación de los 7 cortes populares de carne vacuna, los volúmenes de equilibrio que limitan las ventas al exterior de trigo y maíz, y el actual esquema de retenciones. Se trata de los principales reclamos que llevaron los dirigentes al encuentro para que sean modificados. Además adelantó que se estudian cambios en el famoso “dólar soja”. En conversación con Radio 10, además, reveló que habrá una nueva reunión mañana martes, esta vez con equipos técnicos de las entidades ruralistas.PUBLICIDAD

Según comentó el funcionario a este medio, la reunión con la Mesa de Enlace “fue muy buena, donde se pudieron explayar en todos los temas y algunos fueron puntuales. Hubo pedidos y otros temas fueron descriptivos, lo que hace bien para que todos conozcamos la realidad y no demos por sabido algunas cosas. Hubo comentarios sobre la actividad primaria y ganadera, también sobre economías regionales, y hubo algunas cuestiones en particular. Ahora estará también en nosotros tratar de establecer rápidamente esa agenda que ellos dejaron con distintos temas. Y tratar de ir dando respuesta, en la medida de lo posible, en el corto plazo”.

“Liberar totalmente no podemos, por distintas cuestiones. En la carne tenemos siete cortes que abastecen al mercado interno y que garantizan determinado nivel de precio” (Bahillo)

En esas cuestiones particulares a las que se refiere el Secretario de Agricultura se encuentra el pedido de los dirigentes para que el Gobierno libere las exportaciones de carne vacuna, en las cuales se mantiene la restricción para exportar hasta el 31 de diciembre del año próximo los 7 cortes que mayor consumo tienen en el mercado interno. Al respecto, Bahillo aseguró: “Liberar totalmente no podemos, por distintas cuestiones. En la carne tenemos siete cortes que abastecen al mercado interno y que garantizan determinado nivel de precio para no perjudicar el poder adquisitivo de la población. Eso se va a mantener. Las cuotas tienen que ver con convenios bilaterales, con acceso a mercados: no va haber inconveniente. Algunos cortes como la vaca D y E está totalmente liberada. Y algunas cuestiones en particular se van a analizar para poder ir liberando”.

Por otro lado, el Secretario aseguró que tampoco habrá cambios en la implementación de los volúmenes de equilibrio en trigo y maíz, por los cuales y según expresan los productores el Gobierno interviene limitando las exportaciones de ambos cereales, donde no se puede superar el tonelaje de exportación que fija el Gobierno. “Por ahora va a seguir ese mecanismo. No podemos hoy descuidar, por ejemplo en maíz, las necesidades que tienen otras cadenas que hacen a la transformación de la proteína vegetal en proteína animal. Por ejemplo el sector avícola es altamente demandante de maíz, con un proceso de integración con agroindustria realmente destacado y que genera muchísima mano de obra y también exportaciones. Además de alguna manera tenemos que garantizar que esa cadena no vea resentida su suministro y su abastecimiento”.

Y agregó: “Todo eso no significa que no vayamos analizando mensualmente y quincenalmente la posibilidad de ir liberando más. En la medida que nosotros vayamos administrando estas cuestiones, todo lo que se pueda exportar, se va a exportar y tenemos que también generar algunas condiciones para alentar la siembra del maíz y del trigo”.Integrantes de la Mesa de Enlace.

Otro tema que planteó la Mesa de Enlace ante el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Secretario de Agricultura, fue el de las retenciones. En este punto tampoco habrá cambios. “Por el momento, yo no me resisto a analizarlo, pero no es posible dada la situación de las cuentas públicas avanzar en este sentido. Lo que no invalida que no pensemos a mediano plazo algún esquema. Pero hoy por hoy en el corto plazo es imposible salir de este esquema”. En este punto, hay que recordar que desde la producción sostienen que las retenciones “son ilegales e inconstitucionales”, ya que el pasado 31 de diciembre venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo para introducir cambios en el esquema.

Dólar soja y economías regionales

El Secretario de Agricultura, en otro tramo de la entrevista, especificó su postura sobre el denominado “dólar soja”, el instrumento financiero que el Banco Central diseñó para acelerar la comercialización de la última cosecha de la oleaginosa por parte de los productores. El funcionario reconoció que la medida “no genera confianza e incentivos”, y señaló: “Mi responsabilidad más allá de analizar la conducta de los productores, que no me corresponde, es trabajar para que los productores liquiden, y para que los productores tengan buenas condiciones, con el limitante en las necesidades que tiene el gobierno. Es por eso que estamos analizando mejorar el esquema”.

“Uno tiene que analizar la medida por su efectividad. Si vemos que la medida está vigente desde hace ya varias semanas, con algunas semanas de julio con inestabilidad económica, se podría evaluar porque no liquidaba el productor. Si era que la herramienta no era accesible o por las condiciones macro. Bueno las condiciones macro fueron mejorando, tras las últimas tres semanas, hay otro horizonte, y estamos trabajando junto al equipo de Economía fuertemente para que este horizonte siga mejorando. Si ya con mejores condiciones de estabilidad, la herramienta no empieza a ser efectiva e incorporada por los productores, es porque realmente la herramienta está teniendo un problema”, agregó.

Además, sostuvo que dirigentes y productores transmiten de manera directa a él que se trata de una herramienta que no es de fácil accesibilidad y que cuando van al banco es muy burocrático y administrativamente se les complica implementarlo. “El productor tiene la cabeza puesta en producir y trabajar en el acopio y en los procesos de siembra y cosecha, y no les gusta y es su zona más cómoda estar en estos trámites administrativos y bancarios. Tenemos que generar una herramienta que sea de mayor accesibilidad, más rápida y más eficiente. Es eso se está trabajando las autoridades económicas y del Banco Central. Creo que puede haber novedades rápidamente”, comentó.Miguel Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). REUTERS/Agustin Marcarian

Por el lado de las economías regionales, Bahillo aseguró que las mismas “muchas veces no son visibilizadas por la sociedad por la importancia que tienen, pero son gravitante en la cantidad de mano de obra que ocupan. Entonces son todas para nosotros todas las actividades. Mi obligación es generar acciones, programas y políticas para todos. Acá sí vamos a trabajar y se tiene que dar un trabajo articulado con quien representa a las actividades con los dirigentes provinciales que representan a estos distritos. Esta semana le adelanté al ministro (Sergio) Massa que mi idea es recorrer de manera importante el país. Cuando uno toma contacto con la realidad no es lo mismo que cuando está atrás del escritorio”.

Relación del Gobierno con el campo

“Soy hombre de diálogo. No entiendo de otra manera llevar adelante la función pública. Creo trabajar en equipo y definir prioridades. Creo que hay que sacar lo mejor que se pueda de los funcionarios. Así se da más volumen a la gestión. Y de los sectores con los que nos relacionamos, que son múltiples, está en mí saber aprovechar cada a porte que me puedan hacer”, definió Juan José Bahillo su actual rol de Secretario de Agricultura.

Una de las primeras afirmaciones que realizó a pocas horas de asumir como titular del área agropecuaria, fue que había generar confianza y previsibilidad a los productores. Al respecto, se lo consultó sobre cómo se iba a conseguir dicho objetivo teniendo en cuenta la relación de desencuentros que ha tenido el Gobierno de Alberto Fernández y el sector agropecuario. “La previsibilidad se da más que nada por medidas económicas que se vayan tomando, y que vayan siendo las acertadas. Hemos visto en las últimas dos o tres semanas como cierta inestabilidad que teníamos se fue corrigiendo y mejorando. Hay medidas concretas que el mercado va recibiendo y también los sectores. Así se van generando condiciones más estables. La estabilidad hace a la previsibilidad, y esto viene por allí, por la macroeconomía y las medidas que se toman”, explicó.Sergio Massa, ministro de Economía. El pasado viernes encabezó una reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace.

Y por otro lado, el Secretario agregó: “La confianza es más difícil, porque no se construye de un día para otro. Y no se declama, se construye con el tiempo y con el cumplimiento de la palabra. y con honestidad intelectual. Y con nuestro accionar como funcionarios públicos: que estén en línea y coincidencia con lo que declamamos. Cuando no podemos todo lo que decimos por lo menos poner en claro porque no podemos. No puedo exigir confianza. Hay que construir confianza y se construye también con la contraparte. Del otro lado tiene que haber una predisposición. Pero la mayor responsabilidad es mía como funcionario público. Es condición necesaria pero no suficiente”.

Por último, Juan José Bahillo se comprometió a trabajar para que entre el Gobierno y el campo se construya una relación de confianza, en tiempos donde hay sectores de la coalición gobernante que observan al sector productivo como un enemigo y no como un aliado. “Coincido con la importancia y la gravitación del campo. Pero no solo por temas económicos sino por la importancia de la calidad de vida que tienen que tener los productores y los pueblos del interior. El campo se percibe como es la región centro, la región pampeana, pero tenemos en el campo los productores, las familias, los trabajadores rurales, las cooperativas que integran el entramado productivo, las economías regionales. Hay millones de argentinos que de alguna manera representan a ese sector. Invierten y quieren trabajar más. Quieren ser más eficientes y producir más. Tenemos que trabajar en políticas para que ellos puedan llevarlo adelante”, concluyó.

Fuente: Infobae.com

Luego de conocerse el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que rechazó todas las recusaciones presentadas por Cristina Kirchner en el juicio que se lleva adelante por la causa Vialidad, algunas paredes de la ciudad de Buenos Aires amanecieron con leyendas amenazantes dirigidas contra los jueces y fiscales que intervienen en ese procedimiento judicial y que tiene a la vicepresidenta sentada en el banquillo de los acusados.

“Jueces macristas, no jodan con Cristina”, rezan la mayoría de las pintadas, de cuya difusión se encargó ni más ni menos que La Cámpora. En la cuenta de Twitter de su sucursal porteña, la organización liderada el diputado Máximo Kirchner compartió varias fotografías de murales y pasacalles en los que se les advierte a los representantes del Poder Judicial de la supuesta inconveniencia de juzgar a la expresidenta.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1558438283864162304&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fcon-pintadas-en-la-ciudad-la-campora-amenazo-a-la-justicia-tras-el-rechazo-a-las-recusaciones-nid13082022%2F&sessionId=bc7ac8d60f241e32c7b69a0d9747514e02b7b29f&theme=light&widgetsVersion=2d66c323e5620%3A1660322279126&width=550px

No es la primera vez que La Cámpora desafía al tribunal encargado de juzgar a Cristina Kirchner. La semana pasada, la organización publicó un video de 30 segundos con un mensaje en tono igualmente desafiante: “Si la tocan a Cristina”. El video muestra imágenes de la marcha que hizo el kirchnerismo en abril de 2016, el día que la actual vicepresidenta declaró en el juzgado de Claudio Bonadio por ocho causas judiciales. En esa jornada nació la idea de “Unidad Ciudadana”, el espacio con el que compitió en las legislativas como candidata a senadora.

Sin embargo, el subtitulado corresponde al día en el que la titular del Senado hizo el alegato de este juicio. “A mí me absolvió la historia”, se puede leer. “Preguntas, tienen que contestar ustedes”, se puede escuchar en otro de los fragmentos del discurso de la vicepresidenta en el que interpela a los jueces. El video finaliza con el hashtag #TodosConCristina.Default Mono Sans Mono Serif Sans Serif Comic Fancy Small CapsDefault X-Small Small Medium Large X-Large XX-LargeDefault Outline Dark Outline Light Outline Dark Bold Outline Light Bold Shadow Dark Shadow Light Shadow Dark Bold Shadow Light BoldDefault Black Silver Gray White Maroon Red Purple Fuchsia Green Lime Olive Yellow Navy Blue Teal Aqua OrangeDefault 100% 75% 50% 25% 0%Default Black Silver Gray White Maroon Red Purple Fuchsia Green Lime Olive Yellow Navy Blue Teal Aqua OrangeDefault 100% 75% 50% 25% 0%This ad will end in 20 secondsSkiphttps://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.524.0_en.html#goog_1132346261La Cámpora sacó un desafiante video por el juicio de Vialidad: “Si la tocan a Cristina”

Algunos funcionarios aportaron a la difusión en redes. Uno de ellos, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, aprovechó la oportunidad para reiterar las denuncias contra el anterior gobierno. Así, vinculó las denuncias de manipulación de la Justicia con el actual proceso que atraviesa Cristina Kirchner. “Macri utilizó servicios de inteligencia, operadores judiciales (hoy prófugos), jueces y fiscales (que jugaban al paddle con él en Olivos) para perseguir a su principal adversaria política: la mujer que le puso un freno al saqueo y al endeudamiento del país”.

“[Mauricio] Macri instauró un accionar mafioso que encarceló a dueños de medios no afines, armó causas judiciales y espió a propios y ajenos. Ni los hermanos enemistados con el ex presidente, ni los familiares de las víctimas del ARA San Juan se salvaron”, sostuvo el funcionario nacional.

Revés judicial

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que juzga a Cristina Kirchner y a otros 12 acusados por el caso Vialidad, rechazó anoche todas las recusaciones que las defensas habían presentado contra los jueces y fiscales que intervienen en el juicio. Minutos después de las 23, con dos fallos muy duros, desestimó cada uno de los planteos.

Primero, Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, había recusado al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu por jugar en un mismo equipo de fútbol y haber participado de torneos en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri; después, otras defensas cuestionaron al procurador que colabora con Luciani en el caso, Sergio Mola, por supuestos nexos con el macrismo, y finalmente, en la audiencia de ayer, Beraldi sorprendió con una nueva recusación y pidió el apartamiento del magistrado Jorge Gorini por haber ido a reuniones con Patricia Bullrich cuando ella era ministra de Seguridad.

La jugada del abogado de la vicepresidenta dejaba al tribunal con dos de sus tres jueces recusados y una sucesión de planteos por resolver. Las defensas reclamaban que se convocara a otros magistrados para decidir, pero el TOF 2 no lo hizo. Rechazó todos los cuestionamientos y el juicio sigue adelante. En el tribunal dan por hecho que los abogados de los acusados llevarán sus planteos a la Cámara Federal de Casación. Mientras tanto, el cronograma del proceso no se afectará y los fiscales continuarán con su alegato.

El TOF 2 firmó anoche dos resoluciones; una, 23.06 y la otra, 23.09. En la primera, los tres jueces rechazaron “in limine” (sin darle trámite) la recusación de Gorini; en la segunda, Gorini -que acababa de ser confirmado en la causa- y Andrés Basso -el único juez no recusado-, desestimaron los planteos contra todos los demás.

En el fallo respecto de Gorini, los jueces sostuvieron que el reclamo de Beraldi -al que no se sumaron otras defensas- era “manifiestamente improcedente” porque se había presentado fuera de plazo. El propio recusado afirmó que las pretensiones plateadas eran “evidente y maliciosamente extemporáneas”.

Fuente: La Nación

En vísperas de la movilización que protagonizará la CGT el próximo miércoles 17, el dirigente social Eduardo Belliboni anunció que el Partido Obrero marchará en simultáneo por las calles porteñas para exigir “un paro y plan de lucha y no esperar a que los empresarios bajen los precios”. “Nosotros vamos a ir a Plaza de Mayo, a diferencia de ellos que van a ir a dar una vueltita por el centro”, disparó el líder piquetero, que la semana pasada llevó adelante un multitudinario acampe para exigir ser recibido por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En ese sentido, Belliboni calificó de “medida rara” a la convocatoria de los gremios afines al Gobierno, a quienes además tildó de “cómplices de todos los ajustes”. “Lo raro es que, si los trabajadores hacen una movilización, tienen que tener una reivindicación. ¿Ellos qué piden?”, se preguntó el líder piquetero en declaraciones a Radio con Vos.

Para el dirigente, la marcha anunciada por la central obrera “parece más a favor que en contra” del oficialismo. “La CGT no está cumpliendo con la principal función que tiene un sindicato o una central obrera, que es defender el poder adquisitivo del salario de sus trabajadores”, continuó el referente trotskista, quien aclaró que la convocatoria tendrá un carácter “independiente” de la que llevará adelante la central gremial.EL TRIBUNAL DEL CASO VIALIDAD RECHAZÓ TODAS LAS RECUSACIONES DE LAS DEFENSAS CONTRA LOS JUECES Y LOS FISCALES

Las organizaciones sociales opositoras al Gobierno, congregadas en la Unidad Piquetera, solicitan una actualización en los montos de los programas como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, un incremento del salario mínimo y un bono de emergencia de $20.000. Además, reclaman más comida para los comedores y merenderos populares, y exigen “que se cumpla con la entrega de las herramientas y maquinarias prometidas para más de tres mil emprendimientos”.

Marcha de la CGT

A mediados de julio, en pleno interregno de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, el consejo directivo de la principal central obrera del país lanzó una convocatoria para la realización de una movilización desde el Obelisco hasta la Plaza de los Dos Congresos en rechazo a la “inflación” y con el reclamo de “unidad” para resolver los problemas de la economía, tal y como lo planteó en ese momento el triunviro cegetista Héctor Daer.

Pocas semanas después, el arribo de Sergio Massa al Palacio de Hacienda motivó que muchos referentes repensaran la conveniencia de manifestarse en las calles justo cuando el Gobierno comenzaba a dar señales de pretender “ordenar” su política económica. Sin embargo, quien se encargó de ahuyentar los fantasmas fue Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA y uno de los dirigentes más influyentes en la CGT: “La marcha se hace. No se suspende por nada y por nadie. Se hará y será contundente”, dijo a LA NACION.

ón

Fuente: La Nación

Apenas un día pasó entre el anuncio oficial sobre la última actualización de los haberes jubilatorios y el dato oficial del Indec sobre el aumento de los precios en julio, a un ritmo que corroe impiadosamente los ingresos de los jubilados y lo seguirá haciendo mientras el gobierno no se anote alguna victoria en la “guerra contra la inflación” que el presidente Alberto Fernández anunció el 15 de marzo pasado.

El aumento del 15,53% de las jubilaciones fue presentado el miércoles por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, con el agregado de un bono de $7.000 que percibirán durante 3 meses los perceptores de la mínima, que se reducirá gradualmente hasta $4.000 para que nadie del universo alcanzado por el adicional supere los $90.705 mensuales (dos haberes mínimos, sin bono). El refuerzo, dijo el gobierno, alcanzará el 85% del total de beneficiarios y la mínima pasará así a 50.353 pesos.El ministro de Economía, Sergio Massa, con la directora general de la Anses, Fernanda Raverta

Aunque el gobierno habló de aumento “real” (superior a la inflación) del haber mínimo, que sin bono es de $43.353, para el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se trata de “una falacia berreta”. El bono, dijo, busca encubrir que el 15,53% equivale a $200 por día para personas que apenas cubren 35% a 40% de su canasta de consumo. Además, el incremento para los demás jubilados fue casi dos puntos inferior al 17,3% de inflación del trimestre precedente, brecha que crecerá con la inflación prevista de aquí a fin de año.

El bono de $7.000 busca encubrir que el 15,53% de aumento equivale a $200 por día para personas que apenas cubren 35% a 40% de su canasta de consumo (Semino)

El último dato, difundido el jueves, es que la inflación fue del 7,4% en julio, acumuló 46,2% en siete meses y 71% interanual. En el caso de los jubilados, por caso, el rubro Salud aumentó 72,1% interanual. Y las expectativas no son buenas: no hay casi consultora que vaticine una inflación inferior al 6% en agosto o inferior al 90% en 2022, amén de que el 7,4% equivale a un 136% anual, cerca de los niveles registrados a partir de 1975 (año del “rodrigazo”) y durante la década del ochenta, hasta las hiperinflaciones de 1989 y 1990.

¿Cuánto fue el deterioro del poder de compra en los últimos años?

Marcelo Capello, economista del Ieral, precisó que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, asumiendo que el año acabe con una inflación del 95%, la acumulada en tres años será de 300%, lo que equivale a multiplicar por cuatro los precios de fines de 2019, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia. Desde entonces las jubilaciones nominales se ajustaron 257 por ciento.La mayor parte del tiempo, el aumento de los precios, que es continuo, supera el aumento de las jubilaciones, que ocurren cada tres meses

Otra comparación, dijo Capello a Infobae, es que de haberse mantenido el poder de compra de diciembre 2021, el haber mínimo de julio ya debía ser de $42.739, más de $5.000 por sobre los datos oficiales. La erosión de los haberes jubilatorios, agregó, será “cada vez mayor” a medida que la inflación de los próximos meses se ubique por encima de las cifras de la primera mitad del año. El uso de bonos compensatorios hace que el haber mínimo le gane a la inflación cuando se gatilla la actualización. Pobre consuelo. “En los meses donde no hay actualización (2 de cada 3) la inflación vuelve a ganar la carrera”, concluyó el economista del Ieral de la Mediterránea.Un cálculo del Ieral sobre la evolución del poder adquisitivo de la jubilación mínima, incluyendo bonos, desde que asumió el actual gobierno. Cuando la línea roja está debajo de la línea horizontal amarilla, los jubilados pierden la carrera contra la inflación. Cuando está por arriba, pasan a ganar por un tiempo, usualmente no más de un mes

La inflación derrota cualquier fórmula de movilidad que se sustenta en la variación de los precios al consumidor pasada a un ritmo menor a la del presente, y porque, a diferencia de las actualizaciones, y más cuando existe un desfase de tres meses entre la última fecha y el momento de su aplicación efectiva (fueron semestrales hasta fin de 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri cambió la fórmula que habían aplicado, desde 2006, las anteriores gestiones kirchneristas), la inflación es un fenómeno continuo, que corroe día a día los ingresos fijos.

A diferencia de las actualizaciones jubilatorias, la inflación es un fenómeno continuo. El Indec informa el dato mensual, pero ocurre día a día

La forma más amplia de observar el trato hacia el conjunto de los jubilados –no solo a los de la mínima- es que, según los cálculos del Ieral, en 2021 el gasto previsional cayó en términos reales un 8,5% excluyendo bonos y un 6,7% incluyéndolos y en 2022 permitiría un “ahorro fiscal” de entre 0,1 y 0,5% del PBI. Los jubilados fueron el único sector sobre el que el gobierno ajustó el gasto real entre 2019 y 2022, precisó un estudio previo de Jorge Vasconcelos, economista jefe de la entidad (ver Gráfico, más abajo)

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf) estiró un poco más la mirada y observó que desde principios de 2018 hasta agosto de 2022 (esto es, en 56 meses) los jubilados que cobran la mínima perdieron el equivalente a 8,4 jubilaciones si no se incluyen los “bonos compensatorios” y 6,7 jubilaciones si éstos se computan. En el primer caso la pérdida es del 15,5% y en el segundo del 12,3% del valor real del haber.

“La compensación de la pérdida acumulada debería ser de $345.600″, precisó Argañaraz. Si se buscara compensar solo lo perdido en el último año, agregó, el bono debería de 90.746 pesos. En cualquier caso, con cifras lejanas a los anuncios y a lo que puede financiar un sistema previsional desbordado. Según Juan Luis Bour, economista de FIEL, las sucesivas moratorias introducidas desde 2005 “quebraron” el sistema, por lo que “mucha gente no podrá jubilarse con un haber digno”.Los montos destinados al sistema previsional fueron el único rubro que contribuyó a disminuir el déficit fiscal. Todos los demás contribuyeron a a aumentarlo

Las sucesivas moratorias transformaron un régimen de previsión en un tapa-agujeros de la imprevisión. “Las moratorias fueron parches y no se trabajó para que hubiera más empleo en blanco. Antes, 5 de cada 10 jubilados se jubilaba con moratoria, hoy son 8 de cada 10″, dijo la abogada previsionalista Andrea Falcone.

Una de las consecuencias fue el continuo achatamiento de haberes. En 2005 el 22% de los jubilados cobraba la mínima, porcentaje que fue aumentando hasta superar el 70%, retrocedió levemente, a 65% con la “reparación histórica” de 2016 y volvió a aumentar desde entonces, hasta superar nuevamente el 70%, aunque la página web de la Anses diga (a marzo, última actualización) que la cifra es del 47 por ciento. Pasa, dijo Falcone, que la Anses considera “contributivas” jubilaciones hechas con “compra” de aportes por cifras a menudo irrisorias, como $500 por año. Es la traducción al sistema jubilatorio de lo que el economista Eduardo Levy Yeyati llamó “modelo de pobreza inclusiva”.

Pesos y medidas

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca que la reciente actualización “se encuentra por debajo de las expectativas de inflación para el período julio-septiembre, comparable con el período alcanzado por la movilidad”, tomando como referencia el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.Para Andrea Falcone, el bono de $7.000 más el impulso inflacionario harán que en diciembre 2022, cuando se aplique la próxima actualización, el Gobierno esté obligado a dar un nuevo suplemento al resultado que arroje el índice de movilidad jubilatoria (EFE)

El informe elogia la política de “bonos compensatorios” y compara favorablemente la actual fórmula de movilidad con la aplicada durante 2018 y 2019. Pero, según Nadin Argañaraz, ese tipo de cotejo no tiene mucho sentido; en cualquier caso, -dijo- compara pérdidas. Por eso su ejercicio abarcó un tramo de más de 5 años, para superar esa cuestión.

Diciembre recargado

Para Falcone, el bono de $7.000 más el impulso inflacionario harán que en diciembre 2022, cuando se aplique la próxima actualización, el Gobierno esté obligado a dar un nuevo suplemento al resultado que arroje el índice de movilidad jubilatoria.

“Si levantan el piso de la mínima, volvemos al esquema 2002-2006, que dio lugar a un millón de juicios ganados y cobrados y unos 400.000 aún en curso; por eso al reciente bono hay que interpretarlo como un nuevo piso, pero hecho de modo de evitar un segundo fallo Badaro y disminuir la litigiosidad; no me cabe ninguna duda de que en diciembre habrá un nuevo bono”, dijo Falcone.

Asumiendo una inflación del 20% en el trimestre previo, si en diciembre el gobierno aumentara la mínima sin dar ningún extra, los jubilados que la reciben (la gran mayoría) verían aumentar su haber en unos $2.500, lo que sería una suba cercana al 1,25% sobre lo que habrán cobrado en septiembre, octubre y noviembre, bono de $7.000 incluido. Sería un escándalo mayúsculo.

Falcone advirtió también sobre la “pulverización” de los jubilados del régimen nacional docente (unos 200.000) que en marzo recibieron un aumento del 9,38% y aún no saben cuál será el de septiembre, para cuando el acumulado anual de inflación superará con comodidad el 60 por ciento.

El uso constante de bonos muestra el fracaso de la fórmula de movilidad utilizada desde 2021 (Adrián Troccoli)

Tampoco es seguro que el “nuevo piso” vía refuerzos evite litigios. Según el previsionalista Adrián Troccoli, el uso constante de “bonos” muestra el fracaso de la fórmula de movilidad utilizada desde 2021, luego de que el gobierno derogó la ley previa y aplicó durante un año ajustes discrecionales.

“Quienes cobran jubilaciones más altas ya estaban atrasados cerca del 40% (antes del aumento del 15,53%), tema que fue encarado por un fallo que trató el empalme de la Ley de Macri, la inconstitucionalidad de los decretos de 2020 y el empalme de la Ley de Fernández. Algunos jubilados están reclamando porque no cobraron bonos y eso prueba un trato desigual ante la Ley”, dijo Troccoli.Un informe de Idesa muestra el brutal contraste entre la evolución del gasto real (descontada la inflación) en jubilaciones y en planes sociales

Las altas tasas de inflación de 2018 y 2019, en la segunda mitad del gobierno de Macri, carcomieron fuertemente el valor real de las jubilaciones, pero, como notó la economista Nuria Susmel, que sigue el derrotero del sistema previsional, el gobierno de Alberto Fernández dejó de aplicar la ley sancionada durante la gestión macrista justo cuando la inflación (pandemia y cuarentena mediante) declinó y esa fórmula (70% de la inflación y 30% de la variación del salario privado formal) les daba mejor a los jubilados.

A partir de 2021, con la actual ley, la inflación retomó su carrera ascendente y volvió a derrotarlos. Ya en 2022, en la primera mitad del año el pago de jubilaciones fue el único rubro del “gasto social” que, según un informe del Instituto de Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), tuvo una caída real. En ese período, dice el informe de la entidad que preside el economista Jorge Colina, el gasto real (descontada la inflación) en jubilaciones cayó un 3%, contra un 10% que aumentaron las asignaciones familiares y el 297% que aumentaron los planes asistenciales (Gráfico, arriba)

Fuente: Infobae.com

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“La cosa estaba mucho peor de lo que pensábamos”. Máximo Kirchner, en charlas con otros diputados, justificó así la habilitación del “plan Massa” de ajuste y estabilización, a todas luces contrario a su guión económico, de expansión del gasto y distribución.

El fin de la intransigencia del líder de La Cámpora -que alguna vez lo llevó a renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos- se explica también con otro argumento que se repite casi calcado en las conversaciones de la “orga”: que el exministro de Economía Martín Guzmán “mintió” no solo respecto al acuerdo con el FMI (el camporismo duda de los compromisos del exfuncionario en Washington) sino también sobre el estado de las cuentas públicas.

“Estamos administrando las consecuencias del desastre que fue Guzmán. (Sergio) Massa tiene un apoyo lógico en la necesidad. Es alguien de la política que vino a resolver un problema”, dijo a LA NACION uno de los referentes de La Cámpora al resumir la postura del grupo.EL SUGESTIVO ACTO QUE ENCABEZARON MASSA Y GALMARINI EN TIGRE, CON UN FALTAZO QUE SE HIZO NOTAR

Kirchner tiene una sociedad estratégica con el líder del Frente Renovador, al punto que alguna vez lo escucharon llamarlo “profesor”, en gesto compinche. También fue uno de los promotores de su desembarco en el Palacio de Hacienda. Pero los anuncios que hizo Massa, orientados a la ortodoxia, generan contradicciones en la agrupación del hijo de la vicepresidenta.

“No es que no sepamos lo que Sergio representa ni que cambiemos nuestras convicciones. Pero lo dejamos entrar en 2019, hubo buena convivencia y este momento necesitaba una estabilización con un actor legitimado por los mercados”, explicó otro colaborador de La Cámpora.

Eduardo “Wado” De Pedro, que venía dando pasos para perfilarse como el más aceptable de los camporistas a los ojos del establishment, quedó eclipsado por la centralidad que tomó en los últimos días el líder del Frente Renovador. El ministro del Interior, de todas formas, transmitió a sus laderos: “Hay que bancar políticamente esto”. De ahí a que haya acompañado esta semana a Massa a Salliqueló y a Neuquén.

Un diputado cercano a Kirchner se preguntó si el respaldo a Massa tendrá fecha de vencimiento. “Circula una teoría que dice que si a Sergio le va bien el kirchnerismo lo apoya en 2023 y si le va mal se despega. Es difícil que sea así. Probablemente aún cuando a él le vaya bien el kirchnerismo se va a desmarcar. Porque Sergio es escurridizo y representa otra cosa. Y por encima de todo el kirchnerismo tiene que cuidar su capital político”.

Según transmitió Massa a uno de sus confidentes económicos de los últimos días, él esperaba de Cristina Kirchner, no solo la foto que le negó a sus antecesores, sino también un respaldo público de la vicepresidenta. Lo segundo todavía no llegó. Hacia afuera, tanto ella como su hijo por ahora hacen gestos a medias, en un silencio prudente.

Fuera de encuadre

No solo el kirchnerismo quedó fuera de encuadre en la “era Massa”. Los movimientos sociales afines al Gobierno también quedaron descolocados. No todos las agrupaciones están transitando el momento de la misma forma. El líder del Frente Renovador ya hizo un operativo de contención hacia el Movimiento Evita, pero el sector que responde a Juan Grabois todavía espera gestos y agita el fantasma de la ruptura.LA SECRETARIA DE ENERGÍA, FLAVIA ROYÓN, DIO DETALLES ACERCA DE LA SEGMENTACIÓN Y ENFATIZÓ EN LA NECESIDAD DEL AHORRO

A pocas horas de jurar como ministro, Massa mantuvo una reunión con Fernando “Chino” Navarro y con Emilio Pérsico, los dos referentes del Evita con cargos en el Poder Ejecutivo. Allí el líder del Frente Renovador prometió que facilitaría el tratamiento de al menos dos proyectos de ley vinculados a la economía popular.

Además, en el reordenamiento del organigrama, Navarro cambió de cargo. A partir de ahora será secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario. Ya no tendrá bajo a su órbita las relaciones con el Congreso (sin interlocución con Cristina Kirchner, tampoco esperaba una relación fluida con Cecilia Moreau) y en cambio sumará dos ventanillas claves para el trabajo territorial en el conurbano: el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que controla a las cooperativas, y el programa El Estado en tu Barrio.

En el caso del sector que se referencia en Grabois –el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y su pata política, el Frente Patria Grande- la contención parece más difícil. Grabois (que venía encabezando una rebelión interna) lo habló sin intermediarios con Cristina Kirchner y con Massa: esperaba que entre los anuncios de corte ortodoxo se colara alguna medida destinada a los sectores desempleados.

Eso motivó que, horas después de la asunción de Massa, difundiera un comunicado amenazando con irse del Frente de Todos. En rigor, el Frente Patria Grande (que tiene tres diputados) no rompería con la coalición de gobierno sino que podría desprenderse del interbloque oficialista. Eso se discutirá, recién, a fin de mes. Lo que verdaderamente espera Grabois es que antes llegue una señal desde el Ministerio de Economía.

Hay una opción que ya está en el menú. La senadora cristinista Juliana Di Tullio presentó este martes un proyecto para implementar un refuerzo de ingresos a través de una “prestación monetaria mensual no contributiva”. Es una idea pariente del Salario Básico Universal que impulsa Grabois. “Massa podría recoger el proyecto e impulsarlo vía decreto”, deslizó uno de los legisladores que sigue de cerca la trama.

Y agregó: “No es casual que el proyecto lo haya presentado Di Tullio. El apoyo de Cristina a Massa es la foto del momento. A veces hay que dar un paso atrás para dar dos pasos hacia adelante”.

Maia Jastreblansky

Fuente: La Nación