Con el mes de diciembre a poco de comenzar y con los fantasmas que siempre trae aparejados, el Gobierno avanzó esta semana con una serie de medidas económicas en busca de dar respuesta y contener a los sectores más vulnerables ante el temor de un cierre de 2022 caliente. Si bien buena parte de los funcionarios consultados por LA NACIÓN se mostró optimista de que no habrá conflictividad social, la realidad es que la preocupación sobre todo por la situación en el conurbano bonaerense está presente y mantiene las alertas.

Aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, refuerzo del plan Alimentar y suba en el piso de las jubilaciones mínimas es parte de lo que se activó en los últimos días desde Balcarce 50, mientras continúa en estudio los alcances del bono que anunció Alberto Fernández en su paso por París, a mediados de este mes. “En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio”, dijo el mandatario. Todavía se desconocen el universo que resultará beneficiado y con el monto que lo será.

La información sobre lo que sucede en los sectores más castigados llega a Casa Rosada fundamentalmente vía intendentes, que hacen foco en la vulnerabilidad social que muestra en especial el según cordón del conurbano. “Desocupación”, “pobreza” y el impacto profundo de la “inflación” es solo parte de lo que se escucha respecto de lo que sucede.

Los relatos hablan de un desmembramiento fuerte del tejido social, que lleva años en una dirección descendente, exacerbado ahora por el impacto de la inflación que aunque muestra signos a la baja, está lejos de un número que muestre un alivio. “La ayuda baja y está, eso contiene y tranquiliza, pero sabemos que es insuficiente”, se sinceran en distintas terminales del Ejecutivo para explicar los motivos por los que creen que no habrá conflictividad, pero sí mayores demandas. “Hay stock de cosas, eso ayuda y los movimientos sociales contienen mucho, eso es fundamental y funcionan”, agregan en el Ejecutivo.

En las últimas semanas, tanto antes como después de su gira por Francia e Indonesia, Fernández se reunió con intendentes, que acercaron parte de esas preocupaciones. Los movimientos sociales cercanos son otros de los que transmiten la difícil situación que se vive en los sectores más vulnerables. A comienzos de este mes, a la salida de la reunión en Balcarce 50 con el mandatario, el intendente Alberto Descalzo, de Ituzaingó, dijo que le hicieron saber al Presidente “las necesidades del conurbano bonaerense, sobre todo en lo que hace a la vulnerabilidad social del segundo cordón”.

Esta semana Descalzo fue uno de los que volvió a Casa Rosada. Tras ese encuentro Fernández utilizó su cuenta de Twitter para afirmar: “Recibí a los intendentes Alberto Descalzo, Juan José Mussi y el diputado Julio Pereyra, con quienes repasamos la situación en Ituzaingó, Berazategui y Florencio Varela. Tuvimos una buena reunión sobre lo que estamos haciendo y lo que aún falta para garantizar el bienestar del pueblo”.

En ese sentido, mientras el Gobierno busca definir a quiénes alcanzará y de cuánto será el bono de fin de año, lo que se espera se conozca en el correr de las próximas semanas, sí logró avanzar esta semana con algunas medidas para los sectores más castigados.

En Casa Rosada se capitalizó el acuerdo al que se llegó, tras una reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para la suba del 20% de la remuneración básica, que pasará de 57.900 a 69.500 pesos en marzo. El aumento será en cuatro tramos, de diciembre a marzo: diciembre, 7%, enero, 6%, febrero, 4% y marzo, 3%. De esta formara, salario mínimo tendrá un incremento de 110% entre marzo 2022 y marzo 2023.

Confirmaron también un 40% de aumento para la Tarjeta Alimentar, lo que implica que los nuevos valores que percibirán los sectores más golpeados por la crisis económica y social serán de 12500 pesos, para quienes tienen un hijo o hija, sean mujeres embarazadas o personas con discapacidad. En tanto que quienes tengan dos hijos recibirán $19.000 y quienes tengan tres o más, $25.000. El universo de personas alcanzadas por este programa llega a más de 2 millones de familias con un total de 4.046.899 niños.

En el Gobierno explicaban que, con este aumento, los fondos públicos invertidos en la prestación alimentaria pasan de $27.616 millones a $38.519 millones, lo que significa un incremento del 90% al programa en lo que va del año.

El otro pilar sobre el que el Gobierno busca contener la situación es el de las jubilaciones. En ese sentido anunciaron que desde diciembre ninguna jubilación quedará por debajo de los 60 mil pesos y describían que el aumento por movilidad que alcanza a a 17 millones de personas que perciben jubilaciones, pensiones y asignaciones que recibirán un aumento del 15,62%.

Tras lo que hacen hincapié en que habrá un refuerzo de haberes para más de 6 millones de jubilados y pensionados que reciben hasta 2 haberes mínimos. Se pagará en diciembre, enero y febrero y será de: $10.000 por mes para quienes perciban hasta 1 jubilación mínima e irá decreciendo progresivamente hasta los $7.000 para quienes perciban hasta 2 haberes mínimos. Con esas modificaciones, explicaban que “la jubilación mínima alcanzará un aumento anual del 107% en 2022, ganándole a la inflación”. Y agregaban que eso también impacta en quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH) que pasará a ser de $9.795.

Las medidas que apuntan a contener a los sectores más vulnerables se dan frente a fin de año y la primera parte de 2023, marcado por la antesala electoral, lo que enciende aún más las alarmas.

En Hacienda, por su parte, se enfocan en “bajar la inflación y que la paritaria contra eso genere recuperación de ingreso”, según detallan. Tras lo que explican que los técnicos del equipo económico de Sergio Massa plantean que “hay una desaceleración de la inflación que se va a empezar a ver en los próximos meses”. Completan asegurando que el índice de octubre “arrojó dos datos positivos: la inflación núcleo fue de 5,5%, bastante menor que la general que fue de 6,3% y la mayorista fue de “solo” el 4,8%, lo que significa menos presión de costos para las empresas”, afirman. Eso, agregan, sin contar el impacto de Precios Justos, lo que confían en que desacelere la inflación.

Se ilusionan así con que la inflación que viene va a tener un 5 adelante. Y en ese sentido no son pocos los que se ponen como objetivo el 3,8% de inflación para cuando concluya el primer semestre. Saben que el número es altísimo, pero aún así creen que si lo logran tendrán margen de dar pelea en las urnas.

Cecilia Devanna

Fuente: La Nación

El Departamento de Justicia y la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, más la corte del Distrito de Columbia y la prestigiosa empresa internacional de seguros Lloyd´s, tienen probado que el Boeing 747 incautado en Ezeiza participó en la preparación o la financiación de actos terroristas que Hezbollah ejecutó en Medio Oriente por orden del régimen fundamentalista de Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro –OFAC, en ingles- determina qué empresas, bienes y personas extranjeros afectan o pueden afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y cuando detecta un mínimo movimiento en contra de los intereses fijados por la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y la Secretaria del Tesoro actúan coordinados para acotar o eliminar su eventual peligrosidad.https://ab16907363fbef16da9e3e2af8b4362d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

La OFAC colocó en su lista negra al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA) y a la empresa iraní Mahan Air, que aparecen en los registros legales aeronáuticos como compañías vinculadas a la propiedad del avión ya incautado en Ezeiza.

En una resolución del juzgado federal de Lomas de Zamora, emitida el 11 de agosto de 2022, se probó que el Boeing 747-300, matrícula YV-3531, pertenecía a Mahan Air y que después de su presunta transferencia a la empresa venezolana EMTRASUR (subsidiaria de CONVIASA), se realizaron al menos cuatro viajes entre Caracas y Teherán.

La resolución judicial asegura lo siguiente:

1. “Desde 2007 o alrededor de ese año, el Boeing era propiedad de Mahan Air y/o era operado por esta. El Boeing fue trasladado sin autorización del gobierno de EE. UU. En octubre de 2021 o alrededor de esa fecha, Mahan Air transfirió la custodia y/o el control del Boeing a EMTRASUR, que es una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA), de propiedad estatal.

2. Los registros de vuelo del Boeing reflejan que, tras su adquisición por parte de Mahan Air y mientras las sanciones a Irán estaban en vigor, el Boeing fue reexportado a Irán y a Rusia sin autorización en múltiples ocasiones como parte de sus rutas internacionales, incluso los siguientes vuelos: a. El 19 de febrero de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; b. El 13 de marzo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; c. El 17 de abril de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; d. El 21 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; e. El 24 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Teherán, Irán, a Moscú, Rusia; y f. El 25 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Moscú, Rusia, a Teherán, Irán”.Facsímil de la orden de decomiso solicitado por una corte de Columbia a la justicia federal de Lomas de Zamora

A la evidencia aportada por el Departamento de Justicia y la Secretaria del Tesoro de los Estados, que convalido la justicia federal de la Argentina, se añadió un informe realizado por la aseguradora Lloyd´s. Esta prestigiosa compañía global alertó sobre una operación de tráfico ilegal de oro que ratifica la conexión de Venezuela e Irán con las actividades terroristas de Hezbollah en Medio Oriente.

El contrabando de oro se hace con una flota de aviones manejada por el régimen fundamentalista de Irán. Y uno de esos aviones era el Boeing 747-300, que antes de su incautación en Ezeiza conectó al menos cuatro veces a Caracas con Teherán. Esos vuelos ocurrieron entre mediados de febrero y fines de mayo de 2022, acorde a las evidencias recogidas por la justicia federal de Lomas de Zamora.

El reporte de Lloyd´s -dado a conocer en exclusiva por Infobae– sostiene lo siguiente:

“LLOYD’S Comercio y transferencia ilícitos de oro y petróleo iraní- Fuerza Quds del IRGC y Hezbollah

Fecha 28 octubre 2022

El propósito de esta alerta electrónica es informar al mercado del envío ilícito de oro por parte de las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y Hezbollah desde Venezuela a Irán para recaudar fondos para actividades terroristas, facilitado por la venta de petróleo iraní, en contravención de sanciones.

Antecedentes

Se ha informado que los vuelos directos desde Caracas (Venezuela) a Teherán (Irán) a través de Mahan Air, una aerolínea iraní de propiedad privada designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), está siendo utilizada como un canal ilícito para enviar oro que luego se cambia por petróleo iraní, en violación de las sanciones aplicables. Luego, el oro se vende en Turquía y otros países de Medio Oriente, para generar fondos para actividades terroristas”.Facsímil del reporte de la empresa Lloyd´s alertando sobre la operación ilegal de tráfico de oro organizada por Venezuela e Irán para financiar a Hezbollah

El régimen de Nicolás Maduro desplegó un fuerte lobby en el Gobierno para evitar que el Boeing 747-300 sea decomisado en favor de la justicia de los Estados Unidos. Ese lobby intenta convertir en papel picado el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales que se firmó entre la Casa Blanca y Balcarce 50 en diciembre de 1990.

Hasta ahora, la diplomacia de Maduro ha logrado su objetivo, ya que el pedido de decomiso de la corte de Columbia aún no fue remitido a la justicia federal de Lomas de Zamora para proceder a la entrega del Boeing 747-300 involucrado en las acciones de Hezbollah.

Esta organización terrorista, brazo armado de Irán en medio oriente, fue acusada de haber actuado contra la Embajada de Israel en Argentina-17de marzo de 1992- y la sede de la AMIA-18 de julio de 1994. En ambos atentados murieron más de 100 personas y quedaron heridos cerca de 300 civiles inocentes.

La demora del Gobierno respecto al pedido de decomiso del avión venezolano-iraní que se usó para facilitar operaciones terroristas de Hezbollah en Medio Oriente, choca de frente con el artículo 5 del tratado bilateral que en su momento firmaron George H.W Bush y Carlos Menem.

El artículo 5 de la ley 24.034 establece: “La autoridad central del Estado requerido cumplirá sin dilación con la solicitud o, cuando proceda, la trasmitirá a la autoridad competente. Las autoridades competentes del Estado requerido no ahorrarán esfuerzos para cumplir con la solicitud”.Alberto Fernandez habla frente Joseph Biden durante la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles a mediados de este año

Frente a la evidencia recogida para justificar el decomiso del avión venezolano-iraní, Alberto Fernández debe asumir una decisión geopolítica. Acepta la perspectiva de Maduro y devuelve el avión al régimen chavista, o cumple con el tratado bilateral con Estados Unidos y decomisa el Boeing 747-300 como solicitó la corte de Columbia.

El Presidente quedó encerrado en este dilema. Y aún cavila una respuesta que es de suma cero. Sabe que no puede satisfacer -por igual- las pretensiones simultáneas de Maduro y Biden.

Fuente: Infobae.com

La ministra de Trabajo Raquel «Kelly» Olmos reconoció el fracaso del plan Puente al Empleo. «No hemos logrado adhesión, debemos hacerlo en conjunto. Ahí hay una tensión que resolver. Para nosotros es muy importante que se lleve a cabo y que los planes se transformen en trabajo genuino», señaló

Así se refirió la ministra al programa que apunta a transformar planes sociales, en puestos de trabajos formales. La definición de Olmos llegó frente a los empresario la CAME.

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En el mismo sentido se pronunció el titular de CAME, Alfredo González, quien afirmó que «hay mucha mano de obra, pero poca disponibilidad». González destacó la implementación del programa «Puente al Empleo», pero sostuvo que la Tarjeta Alimentar –un complemento de ingresos- generó un «desacople».

Sobre el programa «Puente al Empleo», González afirmó que «no tuvo el éxito que merecía; muchos trabajadores no se incorporaron». «Es fundamental para nosotros avanzar en ese sentido», reafirmó.

A la espera del bono de fin de año

Por otro lado, la ministra sostuvo que habrá bono de fin de año en diciembre pero aseguró que todavía se encuentran «trabajando» en su implementación. Además se refirió al incremento del salario mínimo pactado el último martes, definido como «corto» por el diputado Hugo Yasky. El titular de la CTA cuestionó a Daniel Funes de Rioja y develó sus dichos en la negociación salarial. 

Con algunas evasivas y pocas especificaciones, Olmos confirmó dos cosas: habrá una suma única en diciembre y queda descartado un monto fijo mes a mes. «El Presidente anunció que se va a otorgar, pero estamos trabajando«, expresó en primer término. “El bono de fin de año está en estudio todavía», agregó.

Por otro lado, habló del 20% de incremento del haber mínimo que los empresarios y gremialistas pactaron el último martes en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Fuente: Perfil.com

En la Cámara de Diputados el mes de noviembre terminará sin registrar avances en cuatro proyectos clave impulsados por distintos sectores del Frente de Todos. Dado que en la última semana de diciembre difícilmente haya actividad por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, al oficialismo le quedan apenas tres semanas para lograr destrabar la moratoria previsional, la ley de humedales, el impuesto a la renta inesperada, el fomento a la agroindustria y Compre argentino.

La Casa Rosada había pedido a los diputados que den prioridad a los últimos tres de estos proyectos cuando prorrogó por decreto el período de sesiones ordinarias hasta fines de diciembre. La ley de agroindustria, además, cuenta con el respaldo del ministro de Economía, Sergio Massa, que busca dinamizar los sectores productivos que generan divisas. Por otro lado, el kirchnerismo apuesta a lograr la sanción definitiva de la moratoria previsional, que ya fue aprobada en el Senado.https://7f1ea77b6149b3923293a58e0c72c289.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

El jueves que viene tendrá lugar la Sesión Preparatoria donde se elegirán las autoridades de la Cámara para el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2022 y el 9 de diciembre de 2023. En el bloque comandado por Germán Martínez descontaban que Cecilia Moreau continuará al frente de la presidencia, cargo que asumió en agosto tras el pase de Massa al Palacio de Hacienda. Además, los diputados también confirmarán al vicepresidente primero de la Cámara, Omar de Marchi (PRO), al vicepresidente segundo José Luis Gioja (FdT) y al radical Julio Cobos. A su término, estiman que podrían tratarse algunos proyectos, pero hasta el momento continúan las negociaciones con la oposición para determinar cuáles serán.Cecilia Moreau y Germán Martínez

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Hasta el momento, la semana que viene no tiene en agenda reuniones de comisión para tratar ninguno de los temas que seguramente generarán fricciones con la oposición. Y el fin de semana largo que comienza el Día de la Virgen (8 de diciembre) acorta aún más los tiempo. Por lo que probablemente la última sesión del año se celebre el miércoles 14 o el 21 de diciembre.

Ante la consulta de Infobae, tanto diputados del oficialismo como de la oposición especularon con que lo más probables es que las dos (o tres) sesiones restantes continúen por la senda de los “temarios de consenso”, tal como ocurrió en los últimos debates, donde se aprobaron la mayoría de los proyectos por unanimidad o con pocos votos en contra (Alcohol cero, protocolo para muerte perinatal, Lengua de Señas, registro de deudores alimentarios, ley “Lucio”, expropiación de Cromañón, exención de Ganancias para guardias médicas, etc).

El más urgente de los proyectos, y el que tiene posibilidades reales de avanzar con el apoyo de los bloques provinciales y parte de la izquierda, es la moratoria previsional.Cecilia Moreau junto a Fernanda Raverta y Paula Penacca

El régimen actual que permite jubilarse a pesar de no contar con la cantidad necesaria de aportes se vencerá el próximo 31 de diciembre. Esta norma había sido sancionada en 2014, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, y vencía en junio. El plan del kirchnerismo era reemplazarla con una nueva ley. Sin embargo, el proyecto que logró aprobar en el Senado no pudo ser ratificado en Diputados. Finalmente, Alberto Fernández tuvo que prorrogar la moratoria por decreto hasta fin de año.

Tras la aprobación del Presupuesto, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y la diputada Paula Penacca (ambas de La Cámpora) se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para volver a darle impulso a la iniciativa. Sin embargo, a pesar del poco margen de tiempo, aún no se discutió el tema en comisión. Tampoco hay ninguna reunión oficial prevista para la semana que viene.

Fuente: Infobae.com

El camarista federal Leopoldo Bruglia rechazó la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti y la ratificó al frente de la causa que investiga el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. El planteo para apartar a la magistrada de la investigación había sido presentado por los abogados de la vicepresidenta en el expediente que fue iniciado hace casi tres meses.

En otro fallo que también se conoció hoy, la Cámara Federal le ordenó a la jueza que tomara medidas que habían sido reclamadas por los abogados de Cristina Kirchner para profundizar la investigación de lo que denominan “la pista Milman”, que ellos denuncian que no está suficientemente explorada.

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal expusieron sus fundamentos para que Capuchetti fuera desplazada en una audiencia frente a Bruglia el miércoles pasado. Horas después de esa audiencia, Capuchetti tomó la decisión de delegar la investigación en el fiscal Carlos Rívolo.JULIO DE VIDO REIVINDICÓ A NÉSTOR KIRCHNER EN EL JUICIO POR VIALIDAD Y DEJÓ UN MENSAJE PARA EL PRESIDENTE

Para el juez Bruglia, los abogados no lograron evidenciar la ausencia de imparcialidad que denunciaron en el planteo. “Se dirigen a manifestar su disconformidad –pueda ser acertada o no- con ciertas aristas relacionadas con el modo de llevar adelante la presente investigación, pero de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada”.

“Por el momento no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”, indicó Bruglia.

El juez dejó en su fallo un llamado de atención al abogado José Manuel Ubeira, que en la audiencia del miércoles pasado dijo que si algo le ocurriera a Cristina Kirchner o a sus hijos en el futuro sería responsabilidad de la magistrada, por no haber tomado las medidas que ellos, como querellantes, solicitaron en la causa. Bruglia calificó sus dichos como improcedentes y dijo que sus expresiones fueron impropias.

“También corresponde dejar constancia en la presente de las impropias expresiones vertidas por el Dr. Ubeira en los momentos finales de la audiencia, al referirse a una eventual responsabilidad de la magistrada en cuestión de hipotéticos casos de hechos posteriores o riesgos sobre la vida o seguridad de su representada y entorno familiar. Estos improcedentes dichos, registrados en la grabación, más allá del valor o gravedad que se les quiera o pueda asignar, al ser vertidos en el ámbito de una audiencia, observables en este caso, entiendo deben ser tenidos en cuenta como antecedente de su actuación”, consideró el camarista.

Ubeira había dicho en la audiencia: “Es bueno que el fuero federal tome la debida nota de que si exponemos a esta persona y a su familia y el día de mañana hay un atentado porque estos animalitos están tan tranquilos, alguien se va a tener que hacer responsable. Y la primera responsable va a ser la doctora Capuchetti”.

La orden a la jueza

Sin embargo, pese a que fue rechazado el planteo para apartar a la jueza, en otro fallo, que lleva las firmas de Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Cámara le indicó a Capuchetti que tomara medidas que había reclamado la querella para investigar la línea que la querella denominó “la pista Milman”.

La Cámara le dio esta instrucción al concederle la apelación que Ubeira y Aldazabal habían presentado contra una decisión de Capuchetti: el rechazo de las medidas de prueba sugeridas para profundizar en los dichos del testigo Jorge Abello.

La querella había pedido profundizar la línea de investigación que surgió de la declaración Abello, el asesor del diputado kirchnerista Marcos Cleri, quien se acercó espontáneamente a declarar a la Justicia y dijo que había escuchado una conversación en el bar Casa Blanca -que se encuentra frente al Congreso- una conversación entre el diputado Gerardo Millman y dos mujeres que son colaboradoras suyas, en la que supuestamente Millman decía: “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

La querella cuestionó que la jueza no ahondó debidamente en comprobar si los dichos de Millman fueron ciertos.

Para eso le pidieron investigar los teléfonos celulares de Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, que habrían sido las interlocutoras de Millman en esa conversación, y que ya declararon en la Justicia como testigos. Los jueces consideraron que gran parte de lo sostenido por la querella era procedente y ahora le ordenaron a Capuchetti tomar las medidas “menos lesivas” para comprobar si existieron esos dichos.

“Dada la gravedad institucional del hecho aquí investigado -el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández- tornan imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego”, consideraron los jueces.

“Frente a ese panorama y dependiendo del resultado que arrojen las diligencias aquí referenciadas, como cualquier otra que pudiera considerar relevante la instrucción, será entonces necesario reevaluar si se encuentra debidamente justificada (…) la producción de la medida de secuestro peticionada por la parte acusadora, la cual deberá estar exclusivamente dirigida a la comprobación, en los teléfonos celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, de la existencia de cualquier mención a los dichos que, según Abello, habría proferido Gerardo Milman en la jornada del 30 de agosto del corriente año”, dijeron en el fallo.

Candela Ini

Fuente: La Nación

El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una medida cautelar para evitar que el Estado entregue las tierras del Ejército argentino en Bariloche a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue. 

Se trata de un predio de 180 hectáreas que pertenece a la Escuela Militar de Montaña, ubicado en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nievas y Villa Los Coihues.

El fiscal considera que están dadas las condiciones jurídicas para que el juez tome parte en el proceso que se lleva adelante en los tribunales de la ciudad rionegrina. Por esto mismo, pidió al juez Daniel Rafecas que dicte una medida cautelar de “no innovar” para frenar el traspaso de las tierras. PUBLICIDAD

En paralelo, Stornelli es el fiscal de la causa radicada en Comodoro Py que investiga la responsabilidad de los funcionarios nacionales en que las tierras sean devueltas a los mapuches, puesto que “no apelaron a tiempo” la decisión de la jueza de Bariloche que ordenó que el Ejército entregue las tierras a Millallonco Ranquehue. 

En ese sentido, argumenta que la transferencia de la propiedad afectaría a la defensa nacional, puesto que el Ejército no podría realizar la instrucción del personal militar en la jurisdicción en la que se encuentra el inmueble. De esta manera, planteó que las tropas no contarían con la capacitación necesaria para cumplir con las tareas asignadas de “defensa territorial sobre toda la Cordillera de los Andes”.

En consecuencia, dificultaría también la “preparación y alistamiento del personal y medios que se destinan al apoyo de la comunidad local”. 

Cómo es el terreno del Ejército Argentino en la Patagonia que podría ser propiedad mapuche

El reclamo de los mapuches 

El terreno pertenece desde 1937 al Ejército nacional. Sin embargo, las familias de Millalonco Ranquehue habitaban este territorio desde fines del siglo XIX, antes de que se establecieran las tropas militares en el lugar.

Cerca del territorio en conflicto, se encuentra el Instituto Blaseiro y el Centro Atómico Bariloche, lugares que en 1950 fueron sedes de artillería. En este contexto, el predio ya había sido otorgado en 2012 a través de una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

Fuente: Perfil.com

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por el Presupuesto bonaerense 2023 pareciera atravesar un stand by luego de las reuniones que mantuvieron esta semana una comitiva de legisladores oficialistas, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, con intendentes, diputados y senadores de Juntos en el marco de la conversación por los votos para la ley de leyes que propone un gasto de casi $7 billones de pesos.

Esta semana se retomaron las reuniones y se abordó el tema del Fondo de Infraestructura Municipal y el pedido de los intendentes de la oposición de que ese monto, sumado a uno de similares características pero destinado a Seguridad, abarque un total de $82 mil millones de pesos. De ese total, $50 mil millones de pesos sean destinados para el Fondo de Infraestructura y el restante para el Fondo de Seguridad. Sin embargo, el pedido de la oposición hoy está lejos de ser aceptado por el oficialismo.https://fc4aa50e2019a636e99c753255aa7cc5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Es un toma y daca en el que Kicillof por ahora no interviene, aunque sigue de cerca a través de Insaurralde. El jefe de Gabinete es el encargado de llevar los temas legislativos en nombre del Ejecutivo provincial. La búsqueda de votos afirmativos al presupuesto y ley fiscal son parte de su tarea. Por eso, la dinámica de las reuniones que cada diez vienen teniendo oficialismo y oposición como parte de un dispositivo dialoguista que Insaurralde busca mostrar.

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A diferencia de lo que había sido el primer encuentro, la reunión del último miércoles dejó a la oposición con un sinsabor en el marco de las negociaciones. Si bien se destacó la participación del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Pablo López, en el encuentro -que había sido un pedido de Juntos- las partes siguen lejos de un entendimiento tanto por los fondos hacia los municipios como por el mecanismo para desembolso de los mismos.Julio Garro, intendente de La Plata

“A nosotros nos importa cómo se va a pagar; queremos que el 50% de los fondos se transfieran en el primer trimestre”, asegura uno de los negociadores por la oposición que forma parte de la mesa de negociación. La misma fuente detalla que la oposición ya aceptó flexibilizar el plazo, que en un principio la condición era que la mitad de los fondos se pagarán en enero del año que viene.

En el oficialismo por ahora no hay apuro con el Presupuesto. La mira está puesta sobre todo en la ley fiscal impositiva, ya que es una de las herramientas de recaudación central con la que cuenta el gobierno. En lo que refiere a ese ítem, según pudo reconstruir Infobae, el Ejecutivo pidió tener la ley impositiva aprobada en el mes de diciembre, para empezar a cobrar patentes e impuestos con los valores actualizados a enero del año que viene.

En ese punto, la oposición no pone demasiadas objeciones, pero sí reclamó un tope para la actualización -suba- en el valor de la patente para la categoría más alta de los automotores, que en el proyecto original no tiene techo.

En este contexto de idas y vueltas, Insaurralde se reunirá este lunes con el gobernador para empezar a definir una postura sobre todo en lo que respecta a los montos para el Fondo de Infraestructura y de Seguridad. Durante la reunión, según le transmitieron a Infobae algunos de los participantes, el ministro de Hacienda habló de un fondo de Infraestructura para los municipios de $24 mil millones de pesos y de seguridad de $9 mil millones. Fue el intendente de La Plata, Julio Garro, quien reclamó que los municipios se hacen cargo de los combustibles y arreglos de los patrulleros, en una tarea que -interpretó el jefe comunal- se debería ocupar la Provincia. Fue luego de que un enviado del Ejecutivo le recordara a los intendentes la entrega de patrulleros que viene realizando la gestión provincial.Martín Insaurralde

Pese a la diferencia en los montos y algunos cortocircuitos. Podría haber un término intermedio. “En la reunión Magario habló de $53 mil millones, un número diferente al que un rato antes había dicho López”, le dijo a Infobae un opositor. En el entorno de la vicegobernadora desmintieron esta versión.

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Sin embargo, desde Juntos deslizan que si se asegura la forma de pago y la celeridad en las transferencias durante el primer trimestre del 2023, el acercamiento podría sellarse con la aprobación del presupuesto. “Esto es una negociación, con ofertas y contraofertas”. Según pudo saber Infobae, Juntos podría “estirarse” hasta los 60 o 65 mil millones de pesos y aceptar una oferta de ese tipo para los fondos de infraestructura y seguridad.

El Presupuesto y la Ley Fiscal es uno de los ítems que figuran en el calendario próximo del Ejecutivo en paralelo con la actividad legislativa. La otra ley que Kicillof espera resolver antes de fin de año son los cambios en la caja previsional del Banco Provincia. Actualmente paralizada por contar con el rechazó explícito de un sector del PRO y de la Coalición Cívica, el Ejecutivo buscará una nueva instancia de negociación en los próximos días y que incluya a la Unión Cívica Radical para realizar cambios en el sistema jubilatorio de los empleados del Banco Provincia, cuyo régimen fue modificado durante la gestión de María Eugenia Vidal que, con el objetivo de bajar el déficit de la caja modificó la edad la edad jubilatoria y redujo el haber del 82% a un 70%. Una iniciativa que acarreó un vendaval de cautelares de jubilados que vieron afectados sus derechos previsionales. Actualmente hay 5 mil cautelares en las que la Justicia dio la razón a los demandantes, aumentando aún más el déficit de la caja.

La judicialización de la ley sancionada a finales del 2017 obligó la intervención de la Suprema Corte de Justicia que está a menos de un mes de declarar inconstitucional la norma si no se llega a un acuerdo político. Si eso sucede, la provincia deberá capitalizar al Banco por 400 mil millones de pesos. Por eso, el ejecutivo busca darle celeridad a ese proyecto aunque la oposición adelantó que una negociación por esa ley deberá ser por fuera de las conversaciones del presupuesto 2023.

Fuente: Infobae.com

Terminó la reunión de acuerdo entre los integrantes de la Corte Suprema, donde se decidió que se le tomará juramento a los representantes de la Cámara de Diputados propuestos para el Consejo de la Magistratura. Sin decisión sobre el conflicto de por la coparticipación entre CABA y Nación, los cortesanos también pospusieron un pronunciamiento en torno a la designación del senador Martín Doñate, cuestionada por Luis Juez. 

En tanto, los miembros del máximo tribunal se reunieron este jueves para expedirse sobre el tema luego de las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición por la jugada de Cristina Kirchner para hacerse de un lugar extra en el organismo constitucional que se encarga de administrar el Poder Judicial, lo que incluye elegir y sancionar a los jueces.

Consejo de la Magistratura: la Corte Suprema toma juramento a 11 miembros, pero no a los designados por el Congreso

Así las cosas, el máximo tribunal estableció que le tomará juramento sólo a los representantes propuestos por la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau. Son Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el oficialismo y Roxana Reyes y Álvaro González, en representación de Juntos por el Cambio.

El comunicado está firmado por los miembros de la Corte: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Hector Marchi, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados acordaron «disponer que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reciba de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes el juramento de ley», según consta en la acordada.

Doñate, Juez y el resto de los senadores deberán esperar para la jura

Por otro lado, la Corte Suprema decidió que se postergará la decisión respecto a los representantes del Senado y postulantes al Consejo, por lo que todavía no jurarán. Al respecto, la acordada indica que «tales designaciones se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento». 

Eso será por lo menos hasta que se tome una decisión en torno a si corresponde que jure Martín Doñate, afín a La Cámpora y propuesto por Cristina Kirchner, o si se guían por el precedente del fallo en favor de Luis Juez.

Vale recordar que en ahí se fijó que la banca en disputa le corresponde a la fuerza política que representaba la segunda minoría al 16 de diciembre de 2021, cuando se notificó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la composición anterior del Consejo. 

Luis Juez denunció a Cristina Kirchner mientras la Corte demora el fallo sobre la Coparticipación

De seguir ese camino, el que debería asumir es Juez. Sin embargo, no cuenta con una designación por parte del Senado, motivo por el cual el propio senador hoy denunció a Cristina Kirchner ante la Justicia Federal por desobediencia. La acusa, en concreto, de no haber acatado el fallo Juez.

La jura de los diputados nacionales será posterior a la que realizaron el pasado martes otros nuevos integrantes del Consejo, en representación de los estamentos de los jueces, abogados, académicos y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, habrá que esperar para que se complete el nombramiento de los consejeros restantes hasta que la Corte se expida sobre los senadores.

Fuente: Perfil.com

La pelea en el oficialismo muestra muchas facetas. Cada tema en donde se presente por un lado la Casa Rosada y por el otro el kirchnerismo saca a la luz las rispideces. El ascenso de los militares que propuso el Ejecutivo Nacional no fue la excepción.

El Gobierno había mandado los pliegos de casi 200 militares que, luego de haber recorrido el espinel que significa la aprobación interna de cada una de las fuerzas, el estudio de los antecedentes por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la firma del Presidente en su rol de Comandante en Jefe, llegaba al Senado para que sea estudiado por los legisladores.https://2b541ed18459911c88900f12d3c14255.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Aunque una buena cantidad de los pliegos fueron aceptados, hubo 9 que quedaron “en revisión” por decisión de los senadores kirchneristas. La excusa fue -en su momento- que se debían estudiar antecedentes respecto de posibles denuncias sobre esos miembros de las Fuerzas Armadas.Anabel Fernández Sagasti durante el debate en comisión

Días atrás, se reunió la comisión de Acuerdos para dictaminar sobre los 9 casos que habían sido separados y el oficialismo, en voz del senador Oscar Parrilli, hizo valer su mayoría y dispuso darle el visto bueno a sólo 3 y rechazar a los 6 restantes.

Así fue que Parrilli leyó la posición del Frente de Todos y dijo que el oficialismo iba a dictaminar de manera positiva los ascensos del coronel Roberto Casares, contraalmirante Pablo Luis Fal y el vicecomodoro Gustavo Daniel Otero.

Pero luego continuó: “Se devuelve con una negativa de acuerdo, es decir, estamos proponiendo que se rechace la propuesta de ascenso, con un dictamen de rechazo, los ascensos del general Sergio Pucheta, los teniente coronel Guillermo Gomar, María Alejandra Freytes y Andrea Cristina de Marco, el marino Juan Alberto Mercatelli y el profesional del cuerpo médico de la Fuerza Aérea Rubén Algieri”.

La decisión del oficialismo fue rechazada por Juntos por el Cambio. El senador Julio Martínez le exigió a Parrilli y a la titular de la comisión, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que dieran las explicaciones depor qué estos militaresque habían pasado todo el proceso de selección eran rechazados.Julio Martínez (Noticias Congreso Nacional)

El senador patagónico dijo que por respeto a las personas no iban a explicar públicamente las razones, pero que cuando lleguen los dictámenes iban a exponerlas.

Frente a esta situación, los senadores de Juntos por el Cambio definieron realizar un dictamen de minoría para apoyar el caso de los seis miembros de las fuerzas armadas que fueron rechazados por el kirchnerismo.

Pero la comisión no terminó con el tratamiento de esos nueve pliegos: quedaba uno más y que había sido enviado por el Poder Ejecutivo sin pasar por los filtros previos de las Fuerzas Armadas. Ese es el caso del Jefe de la Casa Militar, el destacamento que funciona como custodia del Presidente de la Nación, el coronel Alejandro Guglielmi.

El radical riojano Martinez volvió a pedir la palabra y le preguntó a la presidenta de la Comisión por qué no se debatía el pliego de Guglielmi. “Entró más tarde a la comisión”, recibió como respuesta de parte de Fernández Sagasti.

“¿No será que no lo quieren tratar porque el que lo apadrina es el Presidente, que sea un nuevo Rafecas -en alusión al fiscal Daniel Rafecas propuesto hace casi tres años para que sea procurador general y nunca tratado en la Cámara Alta?La titular de la Comisión repitió que no estaba en tratamiento porque no estaba en la orden del día por haber entrado más tarde. La realidad es que entró apenas un día después que el resto y la especulación en Juntos por el Cambio es que el kirchnerismo planea “dormir” el pliego porque llegó con el padrinazgo de Alberto Fernández.

Fuente: Infobae.com

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Tensión entre la Ciudad y la Nación por los tiempos de la Corte para definir la disputa por la coparticipación

Se crisparon los ánimos porque la administración de Rodríguez Larreta quiere que la sentencia se conozca antes de fin de año; en la Casa Rosada prefieren que no haya decisión hasta 2023

24 de noviembre de 202220:35

Hernán CappielloLA NACION

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La pelea por los fondos de la coparticipación federal que la Casa Rosada le detrajo a la ciudad de Buenos Aires en 2020 se crispó en las últimas hora ante la inminencia de que se conociera un fallo de la Corte Suprema de Justicia para resolver el conflicto.

El gobierno de la ciudad esperaba que la sentencia se firmara esta semana. Horacio Rodríguez Larreta estaba siguiendo personalmente el derrotero del caso. Le preocupa el almanaque, porque la Corte Suprema tiene solo cuatro acuerdos por delante de acá a fin de año. En uno de ellos, la semana próxima, tal vez no estén todos los jueces, con lo que no se podría firmar la sentencia. Los tres acuerdos restantes podrían terminar siendo solo dos, ante la llegada de las Fiestas.

De ahí el interés de la Ciudad para conocer ya mismo la decisión de la Corte. “Va a salir en el momento oportuno”, recitan en el gobierno de Larreta, para aplacar la ansiedad. El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, fue señalado como quien intentó incidir sobre la Corte para posponer la sentencia hasta 2023. En todas las vocalías de la Corte negaron esta versión, que surgió del gobierno porteño, con énfasis.JOSÉ LUIS ESPERT CARGÓ DURO CONTRA HEBE DE BONAFINI EN EL HOMENAJE QUE LE REALIZARON EN DIPUTADOS

En la Casa Rosada verían con agrado que la sentencia no se firme este año. Los voceros de los principales ministros políticos ensayan explicaciones. Dicen que el fallo de la Corte se frenó por la interna de Juntos por el Cambio. Son chicanas para exponer las diferencias entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. “Nada de eso, quién dice esas barbaridades”, se indignaron asesores de Rodríguez Larreta en el gobierno de la Ciudad.

Mas allá de las chicanas, el gobierno porteño está pendiente de este fallo de la Corte, que esperaba para el último trimestre, con la expectativa de recuperar esos fondos en vísperas del año electoral. Es que si el fallo termina beneficiando a la Ciudad, su implementación podría demorarse. Así sucedió con otras sentencias de la Corte contra la Nación, que beneficiaron a provincias.

En el gobierno nacional, por el contrario, evalúan que si bien un fallo favorable le permitiría a Rodríguez Larreta contar con fondos extras en la Ciudad, también podría significarle un costo político en las provincias.

Los gobernadores peronistas del Norte Grande, reunidos este miércoles en Corrientes, desgranaron críticas ante la eventual perdida en el reparto de fondos. Juan Manzur, que se reunió con ellos ante la ausencia de Alberto Fernández, les garantizó fondos para las obras de infraestructura que reclaman.

Más allá de estas lecturas, los fondos que la Ciudad reclama ante la Corte no integran la porción de la torta de la coparticipación que corresponde a las provincias, sino un segmento de lo que retiene la Nación. Por eso fue que Mauricio Macri, en enero de 2016, pudo disponer de esos fondos por decreto, elevando la coparticipación para la Ciudad del 1,4% al 3,75%. Por eso mismo también fue que Alberto Fernández aplicó la quita por decreto, en septiembre de 2020, y dispuso transferirle esos fondos al gobierno de Axel Kicillof, para controlar una protesta policial que llegó hasta las puertas de la quinta de Olivos.

En la Corte, el fallo ya fue discutido y existe acuerdo para alcanzar una sentencia. De allí que empezaran a sonar los teléfonos con llamadas de los más diversos sectores políticos de la ciudad interesados en el fallo. Nadie quiere que la definición pase para el año que viene. El ruido viene de afuera, dicen en la Corte.

En el oficialismo y la oposición están convencidos de que la Corte llegará a una resolución. En la Ciudad están entusiasmados con un fallo que acepte la medida cautelar que presentaron contra el gobierno nacional. Creen que les darán al menos algo de lo que reclaman. No será 100 por ciento, pero algo será, prometen. De hecho, si consiguieran que les admitan la medida cautelar lo celebrarían como una victoria.EL FÚTBOL, LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES Y EL PODER

Los más optimistas en la Ciudad creen que la Corte admitiría la cautelar pero no devolvería fondos, sino que impediría que se sigan quitando. En modo electoral, Rodríguez Larreta ya prometió que si la Corte les devuelve la plata de la coparticipación, bajará impuestos “automáticamente”.

La coparticipación no era un tema de los tribunales, sino de la política, hasta que fracasó el diálogo y fue la Corte la que los resolvió en los juicios iniciados en su momento por Santa Fe, Córdoba y San Luis. Como en esos casos, en el máximo tribunal hay miradas divergentes entre los jueces -señalan desde la política- sobre cuál es el monto de la coparticipación que le corresponde a la Ciudad. Lo cierto es que el camino ya quedó allanado.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación