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Con el voto dividido de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca socorrer a los tomadores de créditos UVA. Fue girado al Senado y entre sus puntos plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores. También crea un fondo fiduciario.

La iniciativa impulsada por el oficialismo fue aprobada con 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Tuvo el respaldo el respaldo del Frente de Todos, la UCR, el  Interbloque Federal y Provincias. Se opusieron el Pro y Evolución Radical. 

¿Qué va a pasar con los créditos UVA?

El proyecto establece un sistema de cobertura a los deudores con la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un índice actualizable según los salarios, en lugar de la inflación.

Los deudores que pagan el impuesto a las Ganancias podrán deducir los intereses de créditos hipotecarios con un límite de hasta tres salarios mínimos por año. También podrán vender la propiedad y el crédito que tomaron.

En concreto, las cuotas adeudadas se ajustarán por el índice RIPTE (salario formal de la economía), de manera que si la diferencia entre la cuota calculada con base en los salarios resulta que la calculada por UVA, los deudores abonarán el ajuste por salarios.

Al mismo tiempo, la diferencia se compensará con aportes mensuales de los bancos mediante el «Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario». Además, en caso de que la cuota calculada por salarios sea mayor a la calculada por UVA, continuará prevaleciendo la más baja.

En lo que respecta al aporte de los bancos, este será de hasta el 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera. A su vez, el Banco Central tendrá la posibilidad de integrar el Fondo Fiduciario con las primas aportadas por quienes tomen nuevos créditos.

El crédito hipotecario en mínimos históricos: cayó 65,8% durante el gobierno de Alberto Fernández

En este contexto, para los créditos ya otorgados el cálculo en base a salarios se realizará tomando como período base el 1 de enero de 2023. En paralelo, el valor de la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos de los deudores, procediendo a extender el plazo del crédito en hasta un 25% en caso de que esto ocurra.

En esta misma línea, si el deudor se encuentra desocupado, el Fondo responderá por hasta las tres primeras cuotas en mora y también se suspenderán los juicios de desalojo y embargos por un año. De igual manera, las familias que accedan a la ley son obligadas a desistir de cualquier acción judicial en trámite.

Créditos UVA: fuerte advertencia de los bancos sobre los proyectos de ley en el Congreso

Julio Cobos y Martín Tetaz, enfrentados por el debate

El mendocino Julio Cobos fue el principal impulsor del proyecto que partió de un arduo debate entre el diputado de la UCR y Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa se aprobó con 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones.

«El problema es inmenso para las más de 95.000 familias tomadoras de crédito, pero es ínfimo para el sistema financiero. Los créditos UVA representan el 2% de los créditos y solamente el 0,9% de los depósitos«, sostuvo durante el debate.

Cobos argumentó: «Hoy no existe el crédito hipotecario porque se rompió la equidad contractual entre la evolución del salario y la evolución de la inflación, y esa equidad es la que se debe mantener en todos los contratos a largo plazo».

En este sentido, precisó que «en 2016 se otorgaron 9.000 créditos; en 2017, 75.000; en 2018, 81.000; en 2019, 10.000 y a partir de 2020 prácticamente ninguno».

«Lo que pasó fue que a partir de septiembre de 2018 el salario perdió contra la inflación, y por eso aparecieron medidas y sugerencias de los tres poderes», explicó.

El planteo lo enfrentó con el economista Martín Tetaz, quien había llevado adelante un dictamen de minoría con ciertas similitudes y diferencias, particularmente en lo que respecta al aporte bancario. «Nuestro planteo fue no crear un problema donde el problema no existe», remarcó.

«Sí, la gente que sacó un crédito hipotecario está penando para poder pagar la cuota y es pobre igual que los 40 millones de argentinos que han visto caer su salario real entre un 20% y un 25% en los últimos años, pero esa caída afecta por igual al que tomó un crédito UVA y al que alquila», amplió Tetaz.

Si bien su propuesta coincidía en la actualización de las cuotas por RIPTE y la ampliación del plazo del crédito en caso de que la cuota supere el 30% de los ingresos, entre otras cosas, marcaba que el Fondo de Compensación solo intervendría cuando la inflación aumentara más que los salarios y no a la inversa como fue aprobado.

El economista planteaba que «el aporte de los bancos sería por única vez o si se produce alguna situación de excepcionalidad que así lo requiera». Pero su dictamen no prosperó.

Fuente: Perfil.com

Mientras mantiene todavía una negociación abierta para reconfigurar el acuerdo, con sus desembolsos y metas, el Gobierno decidió pasar para fin de mes tres vencimientos de deuda que operaban a lo largo de julio con el Fondo Monetario Internacional por una suma cercana a los USD 2.600 millones.

En el equipo del ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguran que el nuevo diferimiento, al igual que ocurrió en junio, fue acordado con el FMI. De esta manera, buscará ganar tiempo para contar antes de que termine el mes con el desembolso desde Wasghington que le permita afrontar esas obligaciones de pago.https://d90cfc0465c5781b6988d67a03132845.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

De manera similar a lo que había realizado el Ministerio de Economía en los últimos días de junio, cuando ejerció un “derecho” que tiene ante el FMI para unificar una serie de vencimientos de deuda hacia el último día de ese mes -en ese caso, fueron USD 2.700 millones-, ante la llegada de una nueva fecha de pago este viernes, por USD 1.300 millones, el Palacio de Hacienda realizará el mismo trámite ante el organismo, según confirmaron a Infobae desde el equipo económico.

El Gobierno busca ganar tiempo para contar antes de que termine el mes con el desembolso desde Wasghington que le permita afrontar esas obligaciones de pago

La cuestión de los vencimientos con el Fondo Monetario sin tener, de antemano, los desembolsos necesarios para cubrirlo fue un tema de especial relevancia el mes pasado. El Gobierno tuvo que cancelar esos USD 2.700 millones con recursos “propios”, sin tener margen para esperar que un giro de divisas desde el organismo llegase primero, lo que configura la dinámica habitual en el programa Extended Fund Facility (EFF). Es decir: el Fondo envía dólares y, así como los recibe, el Poder Ejecutivo de manera paulatina los va devolviendo a Washington.

En junio eso no sucedió porque la negociación técnica con el FMI se demoró y los tiempos no permitieron que las conversaciones superen la instancia del staff técnico. Incluso una vez que se llegue a un apretón de manos con ese equipo, serán necesarias un par de semanas hasta que el expediente argentino llegue al directorio y pueda darle la luz verde final que habilite desembolsos.

El calendario de pagos al organismo preveía -además de compensar los USD 2.700 millones que pagó el viernes pasado con fondos propios, no cubiertos con desembolsos desde Washington, como suele suceder- un nuevo pago este mismo viernes por casi USD 1.300 millones, casi USD 650 millones más una semana después y otros USD 680 millones el último viernes de julio.Las negociaciones con el FMI se demoran y el Gobierno tuvo que patear vencimientos hasta fin de mes ante la falta de reservas. REUTERS

A fines de junio el Palacio de Hacienda puso en marcha una ingeniería, entre solicitudes a Washington y un mecanismo de pago ad hoc, para afrontar los USD 2.700 millones de fines de junio. Primero, al ejercer una cláusula para unificar vencimientos -que eran en dos días, el 21 y 22 de junio– hacia fin de mes. Y luego, aunque se terminó por descartar, Economía blandió la chance de hacer un pago anticipado y parcial.

Finalmente pagó de forma completa: cerca de USD 1.700 millones con tenencias remanentes de Derechos Especiales de Giro (DEG) y el resto, con yuanes de libre disponibilidad que surgen del swap de monedas con China.

El Ministerio de Economía dejó saber, sin brindar por el momento detalles, que en los próximos días habrá un viaje de los dos funcionarios que encabezan el ida y vuelta con el organismo, hasta ahora en modo remoto. “Con el objetivo de acordar el staff level agreement un equipo económico encabezado por Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein viaja a EEUU a principios de la semana entrante”, informaron el viernes pasado tras realizar el pago de los USD 2.700 millones.

Este mismo viernes había vencimientos con el FMI por casi USD 1.300 millones, otros USD 650 millones más una semana después y otros USD 680 millones el último viernes de julio

Ese pago sin cobertura previa de desembolsos puso mayor presión a las reservas. “El Gobierno abonó este viernes los vencimientos correspondientes con el FMI por USD 2.700 millones, aunque con la particularidad de utilizar yuanes (USD 1.000 millones) para cubrir el remanente que no podía cancelar con los DEG disponibles (USD 1.700 millones). Como resultado, las Reservas Netas continuaron hundiéndose, y estimamos que actualmente se encontrarían en terreno negativo por USD 3.500 millones”, estimó Ecolatina.

El Ministerio de Economía confirmó que pagará en los próximos días los cupones de los bonos en dólares reestructurados en 2020, que suman obligaciones por poco menos de USD 1.000 millones. El pago a los bonistas implicará un impacto en las alicaídas reservas.

Los avisos de pago de cada bono en moneda extranjera fueron publicados en la página de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos). El monto total estimado de pagos es de USD 982 millones, de los cuales según estimaciones del economista Salvador Vitelli, poco más de USD 200 millones corresponde al GD38 y un poco menos de esa cifra, al GD41.

Fuente: Infobae.com

El Ministerio de Trabajo convocó para el 13 de julio próximo a una reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo con la premisa de definir el nuevo incremento en los haberes.

La última actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil se definió a fines de marzo pasado cuando se estableció el haber en $87.987, pero la dinámica inflacionaria obliga a una nueva revisión.

El salario promedio básico está por debajo del valor de la Canasta Básica Total

Al encuentro de la semana próxima, que se desarrollará en forma virtual tal como indicaron fuentes de la cartera laboral que conduce Kelly Olmos, fueron convocadas las centrales sindicales y las principales cámaras empresariales.

Se espera que allí los participantes analicen el comportamiento de los ingreso en función de los aumentos de precios de los últimos meses.

En el llamado oficial, se recordó que en la anterior sesión, de fecha 21 de marzo de 2023, se acordaron los nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) y prestaciones por desempleo, en distintas vigencias.

Kelly Olmos: «La sequía generó este problema de alta inflación que estamos atravesando»

En esa oportunidad, se determinó un sueldo mínimo de $87.987 y una base de prestación por desempleo de $24.440,33 (el máximo es de $40.733,88).

En el marco de la inflación y los aumentos de precios, se reconoce que «resulta pertinente decidir la convocatoria a sesión plenaria ordinaria del Consejo, con el fin de actualizar los montos».

Discusiones paritarias

Ya varios gremios vienen discutiendo ajustes en las paritarias a partir de que la inflación se disparó muy por encima de lo previsto.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó un aumento del 29,6% para el próximo trimestre, al tiempo que la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) sigue empantanada en sus negociaciones con las cámaras empresarias del sector. Aún no llegaron a un acuerdo y, tras un cuarto intermedio, este miércoles  de julio retoman las negociaciones.

Vale recordar que la UOM pide una actualización salarial del 30% para el trimestre julio-agosto-septiembre, y un aumento retroactivo al 1° de julio del 10%, como compensación por la evolución inflacionaria.

Pero también sumaron otro pedido: un bono de $60.000 por el “Día de los Trabajadores y Trabajadoras Metalúrgicos”, que es el próximo 7 de septiembre.

Los salarios aumentaron pero perdieron contra la inflación en abril

Por lo pronto la negociación está en cuarto intermedio y retoma este mediodía. Las cámaras que participaron de la reunión del lunes, entre las que se encuentran Adimra, AFAC (autopartistas), Camima (pymes industriales), Afarte (electrónicas de Tierra del Fuego), Caiama (aluminio) y Fedehogar (electrodomésticos)– aseguraron que no están en condiciones de aceptar estos puntos.

Comercio también retoma sus negociaciones este mes a través de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a la Cámara Argentina de Comercios y las entidades que nuclean a los empresarios.

En abril lograron una actualización del 19,5% que quedó retrasada frente a la inflación, y el gremio buscará recomponer algunos puntos.

El último acuerdo para los empleados de comercio incluía un apartado en el que se aclaraba que las partes se volverían a reunir “en el mes de julio de 2023”.

Por su parte, los empleados bancarios comenzarán a discutir su paritaria en agosto. El último acuerdo se dio de enero a julio y se planeó un aumento escalonado en esos meses hasta llegar al 66%, con lo que el salario inicial alcanzará este mes los 398.271,76 pesos (salario más participación de ganancias).

Fuente: Perfil.com

“AFIP. Con inconsistencias. El monto en moneda original consignado en la solicitud no debe superar el monto en moneda original que surge del despacho asociado”. Este cartel comenzó a aparecerle a empresas de varios sectores en los últimos días, al ingresar a sus respectivos bancos y cargar el pago que debían realizar de acuerdo al plazo otorgado por el permiso de importación (SIRA). En definitiva, por alguna inconsistencia que el organismo detecta y que la empresa debe encargarse de averiguar, el pago al exterior de esa compra no puede concretarse. Y el proveedor, que en muchos casos debió esperar 180 días para cobrar, debe seguir esperando.

Esta situación se suma a las dificultades que las empresas ya vienen atravesando desde hace más de un año, cada vez con más frecuencia y complejidad, en materia de importaciones. Los permisos siguen otorgándose a un ritmo que no conforma a los empresarios y los plazos de pago se han extendido en el último tiempo. Faltan dólares, el acuerdo con el FMI no sería -según lo que trascendió- el que hubiera deseado el Gobierno respecto de fondos frescos y la variable de ajuste son las importaciones. De hecho, fuentes de una importante alimenticia dejaron trascender que están recibiendo SIRAs a 365 días para insumos. Y otras tantas nucleadas en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) plantearon en reuniones recientes que estaban recibiendo permisos a 180 días, es decir, a pagar con el nuevo Gobierno.Este es el cartel que les apareció a varias empresas en sus bancos cuando quisieron concretar el pago de una importación, una vez transcurrido el plazo autorizado por la SIRA

Respecto de la imposibilidad de pagar operaciones cuyos plazos están vencidos, desde la UIA afirmaron que son varias las empresas que se encontraron con este impedimento y no sólo se lo transmitieron al ministro de Economía, Sergio Massa, sino que ayer se reunieron con el titular de la Aduana, Guillermo Michel, mano derecha del precandidato a presidente por Unión por la Patria. “Fue una buena reunión. Armamos una mesa de trabajo para resolver los temas puntuales. Nos dijeron que lo de las inconsistencias es más una cuestión de sistemas, por lo que vamos a trabajar con AFIP y Aduana para resolverlo”, dijeron desde la entidad industrial.

Mientras tanto, varias empresas tienen los pagos demorados y algunas hasta han recibido advertencias de sus proveedores de que, si no cobran, les frenan directamente los embarques. “Desde el 26 de junio comenzamos a detectar operaciones que son rechazadas por AFIP pese a estar cumpliendo con toda la normativa vigente y haberse agotado el plazo asignado por dicho organismo para el giro de divisas. El banco autoriza el giro, la empresa cierra cambio y cuando el banco solicita la validación de AFIP para liquidar la operación arroja el cartel de ‘rechazo por inconsistencias’”, afirmó una fuente de una importante empresa manufacturera. Y explicó: “Lo manifestado es incorrecto, ya que el monto original nunca supera el importe del despacho”.

Los permisos para importar siguen otorgándose a un ritmo que no conforma a los empresarios y los plazos de pago se han extendido en el último tiempo

Cuando la mercadería es nacionalizada, la AFIP ingresa el importe correspondiente, de forma tal de que luego la empresa pueda girar ese valor una vez que se cumpla el plazo otorgado por la SIRA. Un experto en comercio exterior explicó que en ese momento la empresa debe anotar si incluye o no el flete en el monto a pagar, por lo que cuando tiene que hacer el pago no suele haber diferencias con lo previamente registrado.

“Hubo algunas situaciones en Adimra que tratamos caso por caso, pero eran inconsistencias mínimas que no ameritaban el freno de la operatoria. Por eso, nosotros le echamos más la culpa a la falta de dólares”, plantearon desde la cámara que agrupa a los industriales metalúrgicos. También hubo casos de firmas miembros de Copal y de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp).

Una de las sospechas que tienen en el sector empresario respecto de estos impedimentos apunta a la cuestión de los fletes, que estuvieron tiempo atrás en el ojo de la tormenta y fueron incluidos dentro de los rubros que requieren de una SIRASE (el permiso para hacer el pago de un servicio). Según trascendió, serían rechazadas las operaciones cuyo costo de flete supera el 15% del valor total de la mercadería, lo que, en algunos casos, está totalmente justitificado, especialmente en los que tienen transporte terrestre y tiene un impacto grande sobre el valor del producto importado. De todos modos, tampoco está claro que sea ése el motivo, ya que el cartel sólo hace referencia a diferencias en los valores declarados cuando se nacionaliza la mercadería y cuando se paga.

Fuente: Infobae.com

PUERTO IGUAZÚ.– La cumbre del Mercosur que sesionó en esta ciudad misionera concluyó con un documento conjunto que firmaron los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Lula Da Silva (Brasil) y Mario Abdo Benítez (Paraguay), que no rubricó Luis Lacalle Pou (Uruguay) porque los miembros del bloque se negaron a flexibilizar los acuerdos extra zona, aseguraron a LA NACION fuentes diplomáticas.

En el documento “los presidentes coincidieron en la necesidad de abrir un espacio de reflexión política sobre la modernización del bloque, incluyendo el fortalecimiento de la agenda interna para una mayor integración de sus economías, así como la estrategia de inserción internacional, sobre una base consensuada y solidaria”. Pero Uruguay pretendía que se abriera la puerta para negociar acuerdos extracomunitarios.PARAGUAY Y URUGUAY CONDENARON LA INHABILITACIÓN A CORINA MACHADO EN VENEZUELA

En el texto que no firmó Lacalle Pou, Fernández, Lula y Abdo Benítez “convinieron en trabajar para fortalecer la cohesión interna del bloque, donde aún se observan distintos tipos de dificultades para el comercio y la integración, profundizar su inserción comercial internacional y articular mecanismos que favorezcan la formación de cadenas de valor regional e inter regional sustentables, justas y resilientes”.

En un documento solitario, el gobierno uruguayo ratificó su postura favorable a la “conformación de la zona de libre comercio” y a “la revisión de los instrumentos de inserción internacional con un enfoque pragmático y flexible”. Fernández le quitó importancia al hecho de que Lacalle Pou se negó a firmar el otro texto. “Es una postura que conocemos”, dijo al pie del avión que lo transporta nuevamente hacia Buenos Aires.

En el inicio de la que fue su última cumbre del Mercosur, Fernández llegó a esta ciudad pasadas las 10. Luego de agradecer a los presidentes presentes, y con el ministro de Economía, Sergio Massa, sentado a su lado, cedió la palabra al canciller Santiago Cafiero. “Queremos beneficios concretos para el comercio regional”, afirmó el canciller, que la emprendió contra el “proteccionismo verde” que adjudicó a Europa, con la que sostiene una trabajosa negociación que tendrá un nuevo capítulo en la reunión Celac-Unión Europea (UE), en Bruselas, los próximos 17 y 18 de este mes.

Massa, a su vez, recibió invitaciones de parte de Lula y de Abdo Benítez para visitar San Pablo y Asunción en su condición de precandidato a la Presidencia de la Argentina. En el caso de Brasil, el postulante oficialista viajaría en “un par de semanas” y Da Silva le propuso organizar un acto conjunto, deslizaron fuentes de la delegación argentina.

Ya en el uso de la palabra, Alberto Fernández leyó un discurso en el que matizó críticas a la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una defensa del Mercosur y críticas a la UE por las nuevas imposiciones para lograr un acuerdo.

Fernández recordó la pandemia y la sequía, y lo relacionó con la situación económica, “afectada por la calamidad de una deuda irresponsablemente pedida por un gobierno argentino e irresponsablemente otorgada por el Fondo Monetario Internacional”, dijo el Presidente. Y en relación a las tratativas con la UE, con quien el gobierno de Cambiemos firmara un acuerdo en 2019, sostuvo: “Tenemos una visión crítica de lo que se acordó entonces. Aquello fue el fruto de un esfuerzo muy desigual entre las partes. Así, el Mercosur fue el que más cedió siendo el bloque con menor nivel de desarrollo relativo en el acuerdo”.

Y agregó que “la presentación de nuevas demandas en materia ambiental por parte de la Unión Europea, luego de prácticamente cuatro años durante los cuales el proceso negociador estuvo virtualmente detenido por diferencias políticas internas en Europa, nos presenta una visión parcial del desarrollo sostenible. Una visión excesivamente centrada en lo ambiental, con nulo registro de las tres dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, económica y social) y de la interacción de ellas entre sí”. Y atribuyó la falta de acuerdo a “actitudes proteccionistas” de países europeos.

“Luego de más de 32 años de trabajo conjunto, el Mercosur es un instrumento de integración estratégico y un ámbito de cooperación y coordinación ejemplar para nuestros países, con una masa crítica de experiencia y articulación inédita en nuestra región”, dijo Fernández en defensa de la unidad regional, y ante las críticas de Uruguay al funcionamiento del bloque.

Sintonía con Lula

Descontada la sintonía con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien traspasó la presidencia pro tempore por los próximos seis meses, Fernández previó nuevos desencuentros con su par uruguayo Lacalle Pou, quien insistió en sus críticas al funcionamiento del mercado común y hasta propuso, de boca de su canciller Francisco Bustillo, renombrar al Mercosur como “Zocosur” (Zona Común del Sur), un modo irónico de admitir el fracaso de los intentos de integración regional. Bustillo fue, incluso, más allá: habló de “evaluar las posibilidades para mejorar la inserción”, y una de las posibilidades-a discutir por todo el arco político uruguayo-es la de “bajar” el status de Uruguay de miembro pleno a Estado asociado del Mercosur.EL GOBIERNO APURA MEDIDAS ECONÓMICAS PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL

Cuando le tocó hablar, Lacalle Pou fue enfático al afirmar que su postura no es “caprichosa” sino que “viene siendo sostenida por distintos gobiernos” de distinto signo partidario. En relación con el acuerdo con la UE, pidió a Lula da Silva que “sea optimista en relación al acuerdo”, una manera de pedirle que trabaje para cerrarlo. Y en relación a los acuerdos extra bloque, que Uruguay negocia con China y Oceanía, fue terminante. “Ustedes saben cual es la posición de Uruguay, quisiéramos ir juntos, porque juntos somos más fuertes, pero el inmovilismo nos hace más fuertes”, afirmó. Y destacó que “cuando vemos que no avanzamos juntos, lo vamos a hacer unilateralmente”.

El canciller uruguayo reiteró sus cuestionamientos en un anticipo de lo que Lacalle Pou expuso en el hotel Meliá ante sus pares de la Argentina, Brasil y Paraguay. Los paraguayos tienen doble representación, ya que al presidente actual, Mario Abdo, se le sumó Santiago Peña, su sucesor electo, que asumirá el mes próximo. También participó el presidente de Bolivia, Luis Arce, como estado asociado, y su par de Guyana, Philips Marc Anthony.

Tanto Abdo como Lacalle Pou condenaron la suspensión de Corina Machado como candidata presidencial por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Está claro que Venezuela no va a salir a una democracia sana si hay una candidata a la que se descalifica por motivos políticos”, dijo Lacalle Pou. Más tarde, el presidente Fernández defendió a Venezuela: dijo que los millones de exiliados venezolanos alrededor del mundo se deben a las “sanciones” de Estados Unidos y la UE, y sobre Machado aseguró que su caso debería resolverse “a través del diálogo”.

Salido de Buenos Aires a las 8.28 en el Tango 11, Fernández llegó a esta ciudad con una comitiva reducida: la portavoz Gabriela Cerruti; el diputado nacional Eduardo Valdés, y el legislador porteño Juan Manuel Valdés. Valdés padre fue el único que habló con los periodistas antes de subirse al avión. Afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió que participe activamente de la campaña y hasta hizo los dedos en ve en señal de triunfo antes de que el avión presidencial decolara. En el hotel Meliá, sede del encuentro con vista a las Cataratas del Iguazú, se les sumó el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, además de la delegación diplomática que encabezó el canciller Santiago Cafiero.

Además de las disidencias internas en el Mercosur, que quedan a la vista sobre todo por la posición uruguaya, proclive a promover los acuerdos extrazona, el bloque regional intentó acordar una postura común en relación al acuerdo con la Unión Europea, algo que para el gobierno argentino está estancado. Anteayer sembró dudas sobre el alcance el canciller argentino Santiago Cafiero, que habló de “asimetrías”.

“Queremos discutir el acuerdo, pero no queremos imposiciones”, señaló el presidente Lula da Silva en una entrevista con la Televisión Pública brasileña desde Puerto Iguazú.

Jaime Rosemberg

Fuente: La Nación

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) reanudó esta miércoles 5 de julio los paros rotativos en las seis líneas de subte y el premetro en reclamo de la eliminación total en la red del asbesto,

El asbesto es una sustancia sindicada internacionalmente como cancerígena y su utilización está prohibida en Argentina desde 2001. Los metrodelegados exigen una «solución» a lo que califican como «la crisis sanitaria en la red» y en ese sentido interrumpirán el servicio de todas las líneas en forma escalonada durante toda la jornada.

Según el anuncio firmado por el dirigente gremial Claudio Dellacarbonara, el servicio se interrumpirá de esta forma:

– De 5:30 a 10 en las líneas E y Premetro

– De 10 a 14:30 en las líneas A y B

– De 14:30 a 19 en las líneas C y D

– De 19 a fin del servicio en la H

El asbesto, una fibra mineral usada ampliamente en la construcción, se hizo popular por su resistencia al calor y al fuego pero se demostró que es cancerígena y mata a decenas de miles de personas al año, según la Organización Mundial de Salud.

Esta fibra puede ser inhalada y alojarse por mucho tiempo en los pulmones hasta provocar la muerte por problemas respiratorios. Más de 107.000 personas mueren al año en todo el mundo por la exposición al amianto en lugares de trabajo, según la OMS.

Reclaman por la «desabestización integral de la red»

Los metrodelegados indicaron que por el momento no se ven propuestas concretas para darle una solución al conflicto por el asbesto, mientras que sólo se obtuvo «negativas y dilaciones» por parte de la empresa concesionaria Emova y el Gobierno porteño.

«A pesar de haber demostrado una vez más nuestra buena voluntad suspendiendo las medidas de fuerza durante 4 semanas frente a la convocatoria de la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad a una audiencia para discutir nuestra gravísima situación, no hemos conseguido ninguna propuesta concreta para avanzar en su solución», explicaron.

«Solo hemos obtenido negativas y dilaciones de parte del Gobierno de la Ciudad y la empresa concesionaria Emova como respuesta a nuestros reclamos de desabestización integral de la red, cambio de flotas contaminadas, ingreso a vigilancia médica de todos los trabajadores y la reducción de la jornada laboral, agregaron.

En el mismo sentido, expresaron que «es inaudito que los responsables de dar una solución inmediata a ésta crisis que ya provocó la muerte de 3 trabajadores, la afectación de la salud de otros 90 y que pone en riesgo la salud de millones de trabajadores, usuarios y vecinos, sigan incumpliendo normativas internacionales, leyes nacionales y fallos de la justicia Porteña».

«Llamamos a los usuarios y vecinos a exigir junto a nosotros la solución que corresponde a esta crisis de salud pública bajo tierra», finalizaron.

La respuesta de la empresa Emova al paro de subtes

En respuesta al reclamo de los trabajadores, Emova publicó un comunicado donde «continúa manifestando su disposición al diálogo, pero la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar las actividades de operación de la red de subte».

También aseguró que «La empresa trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace cinco años. Este trabajo se realiza a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Emova ratifica que las más de 2.500 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos».

Finalmente, recomiendan a los usuarios a chequear el sitio web www.emova.com.ar para conocer el estado del servicio, el Centro de Atención al Usuarios (0800-333-6682) o en las redes sociales.

Fuente: Perfil.com

“El aumento de los niveles de deuda puede complicar la lucha contra la inflación en las economías de mercado emergentes con niveles de deuda elevados y dolarizados, y marcos de política monetaria más débiles”. La frase no es de un centro de estudios progresista ni de un funcionario argentino, sino de un paper del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tiempo atrás, la vicepresidenta Cristina Kirchner disparó: “La inflación se dispara con la toma de deuda”, antes de volver a criticar el acuerdo con el Fondo que firmó su gobierno. En otra oportunidad señaló que el déficit fiscal “no es la causa de la inflación en Argentina”. ¿Por qué tenemos esta inflación única en el mundo? Por déficit fiscal no es. Por el comercial, tampoco. Estados Unidos es el país que tiene más déficit primario, más déficit final y más déficit comercial, pero tiene la maquinita de hacer dólares”, expresó.

“Este proceso ultrainflacionario es el producto del endeudamiento criminal del macrismo”, disparó, sin tomar en cuenta que en sus dos mandatos, la inflación real fue del 127% en su primer mandato y del 177% en el segundo. En 2006, la última cifra creíble antes de la manipulación de los datos del Indec, la suba de los precios fue del 9,8% y en 2015, según las mediciones alternativas, del 25% tras el 38% del 2014 por la devaluación y la suba de las tasas de interés, como reconoció la propia Cristina Kirchner.

“El aumento de los niveles de deuda puede complicar la lucha contra la inflación en las economías de mercado emergentes con niveles de deuda elevados y dolarizados, y marcos de política monetaria más débiles”

El paper de Luis Brandao Marques, Marco Casiraghi, R. G Gelos, Olamide Harrison y Gunes Kamber indica que los altos niveles de deuda en forma de shock “afectan a las expectativas de inflación en las economías de mercado emergentes”.

“Nuestros resultados sugieren que un aumento sorpresa del 10% de la deuda pública sobre el PBI provoca un aumento significativo de las expectativas de inflación a largo plazo al cabo de unos dos años”, señalaron los autores.

“Este resultado parece deberse principalmente a las economías de mercado emergentes. Cuando dividimos nuestra muestra para estimar nuestra especificación de referencia para las economías de mercado emergentes y las economías avanzadas, el impacto de un shock de deuda sobre las expectativas de inflación difiere significativamente”, aclararon.La evolución de la deuda en relación con el PBI (Mecon)

“En el caso de las economías avanzadas, la respuesta de las expectativas de inflación a un shock de deuda es nula en todos los horizontes”, indicaron los economistas del organismo que dirige Kristalina Georgieva.

En cambio, “en el caso de las economías emergentes, un aumento imprevisto de la ratio deuda pública/PBI se asocia a un incremento de las expectativas de inflación a largo plazo”.

“Un aumento imprevisto del 10% de la ratio deuda pública/PBI se traduce en un incremento estadísticamente significativo de 20 puntos básicos de las expectativas de inflación a largo plazo durante el primer año posterior a la perturbación, alcanzando un máximo de 70 puntos básicos durante el segundo año”, indicaron.

En las últimas dos décadas en la Argentina la relación de la deuda-PBI tocó su techo en 2004 con el 120%, bajó con el canje del 2005 al 80%, tocó un piso del 40% en 2011, superó el 50% en 2015 y del 80% en 2018 con el crédito del FMI. En 2019 volvió a quedar arriba del 100% y en 2022 llegó al 80% aproximadamente.

Según el paper del FMI, “los shocks de deuda actuales puedan señalar futuros déficits más elevados, que apoyarían entonces unas expectativas de inflación más altas”. De todos modos, la Argentina perdió sus superávits fiscal y externo sin un aumento de la deuda

En el año 2003, el superávit fiscal primario se ubicaba en 1.9% del producto bruto interno (“PIB”) –el superávit financiero llegaba al 0.2% del PBI– mientras que el ahorro de cuenta corriente era del 8.0% del PIB. En 2015, ambos datos estaban en rojo: casi 4% de déficit fiscal y 2,5% en la cuenta corriente.

La importancia de la política monetaria

Por otra parte, una de las premisas del trabajo académico del FMI no se relaciona en nada con la política monetaria actual, ya que el kirchnerismo nunca le asignó valor a la importancia de la emisión monetaria como fuente inflacionaria. Tampoco a la necesidad de la autonomía del Banco Central.El financiamiento Banco Central en cada gobierno desde 2003

En relación con este eje, el paper indica que “la independencia de los bancos centrales de los mercados emergentes es menos segura que en las economías avanzadas, debido a marcos institucionales y protecciones más débiles”. De todos modos, hay varios países de América latina que han avanzado con la independencia de sus bancos centrales y, junto con un menor déficit fiscal, lograron reducir la inflación en forma sustancial.

“En las economías de mercado emergentes con elevados niveles de deuda pública, es probable que llevarlos a una senda sostenible sea importante para contener la inflación. Esto es especialmente relevante en la coyuntura actual, tras un fuerte aumento del endeudamiento en torno al choque Covid-19, y con unas presiones inflacionarias en todo el mundo que han demostrado ser fuertes y persistentes”.

“A mediano plazo, la adopción de marcos de política monetaria modernos y orientados al futuro, como los objetivos de inflación, puede reducir las presiones inflacionarias asociadas a la deuda pública, creando más espacio para la política monetaria y fiscal”, indicaron. El gobierno de Mauricio Macri adoptó en forma inicial un programa de metas de inflación, pero con supuestos irrealistas e incongruencia entre la velocidad del ajuste fiscal y monetario. El resultado, junto con otras circunstancias, derivó en la crisis del 2018. El resto es historia conocida.

Fuente: Infobae.com

Este martes las organizaciones agrupadas en Unidad Piquetera (UP) realizarán una jornada de protesta con cortes de ruta en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y en diferentes puntos del país. El objetivo es «reclamar un aumento de los programas sociales y alimentos para los comedores».

En concreto, las agrupaciones se concentrarán a partir de las 10hs en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, el cual conecta CABA con Avellaneda, y luego marcharán hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en Avenida 9 de Julio y Belgrano.

«Será una gran jornada de protesta con muchos cortes de rutas en el interior del país», aseguró Eduardo Belliboni, referente bonaerense del Polo Obrero (PO), en diálogo con Télam sobre la movilización que se realizará bajo la consiga «Con la comida de los pibes no».

Dicha jornada de protesta había sido anunciada el pasado viernes durante una conferencia de prensa llevada a cabo por Belliboni en compañía de Mercedes «Mecha» Martínez, por parte de la agrupación la coordinadora de unidad barrial Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Mónica Sulle del Movimiento Social de los Trabajadores (MST) y Cristina Mena, también del MTR, entre otros.

Asimismo, el dirigente social advirtió que, de no tener una respuesta favorable, existe la posibilidad de que los manifestantes acampen en el microcentro porteño. «Si no hay respuesta, en la avenida 9 de Julio y en todo el país hay acampe piquetero. Convocamos a todas las organizaciones sociales a sumarse», adelantó.

Se estima que la pobreza en Argentina llegará al 43% en este semestre de 2023

Los reclamos planteados por las organizaciones también incluyen la exigencia de una «inmediata respuesta a la situación de miseria, hambre y explotación» y una «solución urgente a la falta de alimentos» en los comedores sociales, como así también piden herramientas para las cuadrillas de trabajo y un incremento en los planes sociales.

«La campaña electoral no es lo único que pasa en este país», sentenció el dirigente del PO apuntando sus críticas hacia la Casa Rosada y remarcó: «Pasa que hace cuatro, cinco meses no se recibe comida en los comedores populares. El gobierno viene haciendo un ajuste«.

Además, concluyó sus planteos afirmando que se produjo un «desvío» de los recursos destinados a la ayuda social hacia «el pago de la deuda externa del FMI» y a la campaña electoral, «dejando a 100.000 personas sin ninguna asistencia del Estado».

Fuente: Perfil.com

La exposición de Patricia Bullrich en el foro organizado por la fundación Internacional para la Libertad continúa generando repercusiones por el contenido de sus afirmaciones. En un pasaje del intercambio con Álvaro Vargas Llosa, uno de los moderadores, la titular del PRO -en uso de licencia- afirmó que “en 13 de las 23 provincias argentinas no se puede votar en libertad” debido a que “a los empleados públicos les controlan el voto”.

“Imaginate que en 13 provincias domina el Estado a través del látigo, a los empleados públicos no los dejan ir a votar en libertad, les controlan su voto, los tienen bajo un sometimiento total, entonces tenés a una parte de la población sometida con planes sociales y a otra parte de la población desesperada porque ha perdido su condición de país de clase media, de país culto, de país faro de la cultura no sólo latinoamericana si no iberoamericana”, consideró la dirigente.

Bullrich hacía referencia a la batalla cultural que, asegura, se juega en estas elecciones, en las que se define “no sólo una elección para Argentina, sino para la democracia y la libertad de América Latina”.

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La ex ministra de Seguridad competirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto y en esa condición fue invitada a participar del foro XVI Atlántico denominado “Iberoamérica: Democracia y Libertad”. En ese contexto, apuntó contra el peronismo, señalándolo como una fuerza política que sostiene un modelo de país “que impone una manera de gobernar” a los otros partidos cuando está fuera del poder a base de presión.

“Cuál ha sido el punto en común de la caída de esos gobiernos (no peronistas), no el de Mauricio Macri que terminó por primera vez desde el gobierno de Alvear en 1928, sino todos los gobiernos que no terminaron. Hay un punto en común y es que en un momento ese gobierno se siente asediado frente a los cambios que tiene que hacer, y los factores de poder, sean sindicales, empresarios, ahora sociales con los grupos piqueteros que se han organizado, hay una sistematicidad que frente a esa presión, se cede”, argumentó Bullrich.

Y agregó: “En la Argentina de 23 provincias hay 13 provincias que tienen más empleo público que empleo privado. Esas provincias funcionan como cajas registradoras, cobran la coparticipación federal que les manda el gobierno nacional, de impuestos, pagan salarios, hacen un puente, dos puentes, una escuela, y esa es la provincia”.

En contrapartida, sostuvo, existen distritos que producen riquezas económicas, que son destinadas a sostener un Estado “que ocupa más del 43% del PBI”.La participación de la precandidata a presidenta del PRO se realizó en forma virtual el pasado 30 de junio

“Todo el dinero de la producción de la Argentina, todo el ahorro argentino que podríamos haber hecho con esos puntos del PBI, que no redundó en mejores prestaciones del Estado, si no todo lo contrario, porque la educación y la salud están devastadas, todo eso acumuló un modelo, el modelo de sometimiento, donde el Estado le da recursos a los sectores más pobres y empobrece a los que producen. El Estado le da recursos a empresas o sindicatos para generar ese modelo de sometimiento”, señaló Bullrich en alusión a los gobiernos peronistas.

En ese tramo, apuntó contra “esa tensión entre el cambio y la continuidad por miedo, el miedo que impone el peronismo Estado, porque es exactamente lo mismo”.

Frente a ese escenario, Bullrich advirtió que en estas elecciones podría haber un cambio de época. “El principal aprendizaje es que se ha repetido una forma, de manera sistemática, el mismo problema, y es la falta de nitidez del proyecto. Hay que salir del placard y decir con claridad que nosotros somos capitalistas, queremos un capitalismo de reglas, porque siempre el peronismo nos ha condicionado el discurso”.

Las declaraciones de la precandidata en la interna de Juntos por el Cambio habían generado polémica el fin de semana por sus consideraciones en relación a la concurrencia de alumnos de las universidades públicas. Según la ex funcionaria, “esas universidades hoy están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que toman las posibilidades que la Argentina da. Los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario”.

Esos datos, sin embargo, fueron desmentidos a posteriori por el Ministerio de Educación de la Nación y la dirigente admitió su error.

Fuente: Infobae.com

El Senado podría “jubilar” a la juez Ana María Figueroa, cercana al kirchnerismo e integrante de la sala de la Cámara de Casación Penal que debe definir si reabre o no el caso Hotesur y Los Sauces, que involucra a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia. El oficialismo enfrenta dificultades para sesionar en la Cámara alta y aprobarle a Figueroa la prórroga por cinco años de su magistratura antes del próximo 9 de agosto, cuando la jueza cumplirá 75 años y deberá pasar a retiro si no consigue un nuevo acuerdo, tal como lo establece la Constitución Nacional.

Así lo reconoció el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), que en diálogo con este diario admitió que el bloqueo impuesto por Juntos por el Cambio, que se opone a que un gobierno en el tramo final de su mandato siga nombrando jueces, y las dificultades para conseguir el apoyo de otros bloques menores impide el funcionamiento del Senado.ANÍBAL FERNÁNDEZ DIJO QUE A WADO DE PEDRO “LE FALTAN UN MONTÓN DE HERVORES” Y DESCRIBIÓ A MÁXIMO CON UNA MILONGA

“No creo que haya sesión hasta después de las PASO” del 13 de agosto, le dijo a LA NACION el jefe del bloque del Frente de Todos. En este escenario, el dictamen de la Comisión de Acuerdos que le da luz verde a Figueroa para seguir como jueza no llegaría a tratarse antes de la fecha en la que la magistrada cumplirá 75 años.

Presidenta de la Cámara de Casación Penal y de claro alineamiento con el kirchnerismo, Figueroa tiene que decidir en varias causas sensibles para Cristina Kirchner. La más importante es la denominada Hotesur-Los Sauces, en la que no sólo está involucrada la vicepresidenta, sino también sus hijos, Máximo y Florencia.

En ese expediente, la Sala I del tribunal, que integra Figueroa, debe decidir si confirma el fallo de primera instancia que dictaminó el sobreseimiento de la causa sin juicio o si, por el contrario, el caso debe continuar y ventilarse en un juicio oral y público. Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone ya se expidieron. Pero Figueroa demora su opinión.

Más aún, frente a los senadores de la Comisión de Acuerdos, ante los que se presentó para defender su pliego el 31 de mayo pasado, Figueroa negó que los plazos procesales hayan vencido y aseguró que seguía discutiendo el caso con sus colegas.

En esa reunión, la oposición de Juntos por el Cambio deslizó sus sospechas de que la decisión del gobierno de Alberto Fernández de pedir que el Senado extienda por cinco años la continuidad de la jueza en su cargo se tomó como pago de un eventual voto favorable de Figueroa a favor de la vicepresidenta.

La mayoría oficialista de la Comisión de Acuerdos firmó el dictamen pocos días después de la audiencia pública y dejó a la magistrada un paso más cerca de sortear la valla constitucional de la jubilación obligatoria.

Sin embargo, el Frente de Todos viene transitando un camino lleno de obstáculos que le impiden reunir el quorum para abrir el recinto del Senado y aprobar la prórroga de la magistratura de Figueroa.

A la cerrada oposición de Juntos por el Cambio a tratar pliegos judiciales, ratificada a Mayans la semana pasada por el jefe del interbloque opositor, Alfredo Cornejo (Mendoza), se le sumó el calendario electoral, que aleja a los senadores de la Cámara alta, preocupados por la dinámica política de sus distritos.

Un escollo más

El panorama se complicó aún más por las dificultades que encuentra el oficialismo para conseguir el apoyo de otros bloques para sesionar con un tema, como el de los pliegos judiciales, polémico y poco atractivo, mucho más en pleno año electoral.

El principal escollo son los peronistas disidentes de Unidad Federal. Se trata del conglomerado conformado por la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti; y cuatro senadores que rompieron con el Frente de Todos en febrero: Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Carlos Espínola (Corrientes).

Al frente de un bloque de 31 miembros, Mayans necesita el voto de al menos tres de esos senadores para, sumados a otros tres de fuerzas provinciales que siempre se alinean con el kirchnerismo, alcanzar el número mágico de 37 presentes que le permita iniciar una sesión y aprobar el pliego de Figueroa.

Pero el camino se le hace cuesta arriba al oficialismo. En Juntos por el Cambio dan por descontado que tanto Vigo como Espínola no se prestarían a apoyar al oficialismo en estas circunstancias. Y consideran que Catalfamo no tendría problemas en apoyar y creen que otro tanto hará Snopek, sobre todo después de que el jujeño se alineó con Sergio Massa para encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales de su provincia.

Sin embargo, el entrerriano Kueider se mantiene firme en su negativa a sesionar si el Frente de Todos no acepta discutir algunos de los proyectos que impulsa para abaratar el costo de la energía, una temática que el Gobierno no está dispuesto a aceptar.

A esto se sumó, la semana pasada, un confuso episodio que generó un cortocircuito entre el Frente de Todos y Snopek. El senador, un acérrimo opositor del gobernador Gerardo Morales, presentó un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy luego de las protestas por la reforma constitucional en esa provincia. Pero la oficialista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), que aparece como cofirmante, salió a desmentir en la agencia oficial Télam su apoyo a la iniciativa.

¿Qué pasó? Según pudo saber LA NACION, el texto fue redactado el año pasado, pero quedó congelado. Ahora, tras los incidentes registrados en la provincia norteña, Snopek lo presentó en Mesa de Entradas, pero sin consultarle a la senadora si quería mantener su firma.CASO CECILIA STRZYZOWSKI: ACUÑA APUNTÓ CONTRA SU PROPIO HIJO: “¿POR QUÉ SI FUE CÉSAR RESPONSABLE NOS INCRIMINAN A NOSOTROS?”

En este escenario, la suerte de la prórroga de la magistratura de Figueroa parece complicarse cada día más. De hecho, en los tribunales de Comodoro Py muchos dan por jubilada a la jueza ante las dificultades que enfrenta su pliego para que la Cámara alta lo apruebe antes de su próximo cumpleaños.

En este sentido, en un despacho opositor del Senado recordaron que en el decreto 326/2023 del Poder Ejecutivo, en el que se acepta la renuncia del juez Eduardo Riggi, se destaca que la medida se toma “en virtud del cese en el ejercicio de sus funciones producido el día 16 de febrero de 2023, de conformidad con los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional”, es decir el día que cumplió 75 años. Con ese antecedente, a Figueroa le queda poco más de un mes para obtener el acuerdo del Senado.

Gustavo Ybarra

Fuente: La Nación