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En plena feria judicial, el vocero Manuel Adorni oficializó las intenciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de proponerle al procurador interino Eduardo Casal la creación de una «fiscalía especial» que investigue «la corrupción de los funcionarios públicos». No fueron pocos los integrantes del Ministerio Público Fiscal que se sorprendieron con el anuncio y advirtieron que ya existe un organismo con las funciones investigativas que tendría, según describió el funcionario de la Casa Rosada en la conferencia de este jueves.

«El ministro de Justicia le va a sugerir al procurador general Eduardo Casal la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados. Esto incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo», dijo Adorni.

El vocero agregó: «Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito, que nunca puede producir ningún tipo de beneficio».

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La novedad sorprendió a muchos integrantes del Ministerio Público Fiscal en plena feria judicial, con muchos de los consultados por PERFIL de vacaciones. Hasta el momento no se conocen los términos de la propuesta formal que pretende enviarle el ministro de Justicia al jefe de los fiscales, y según fuentes judiciales todavía no hubo reuniones o gestiones referidas al tema. «No va a haber nada hasta después de la feria», indicaron.

Por lo pronto, no son pocos los y las fiscales federales que recibieron con desconcierto la confirmación oficial que hizo Adorni. Uno de los señalamientos de la mayoría de los consultados por este medio es que la fiscalía especial que busca proponer el Gobierno ya existe y se llama Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), creada en la ley orgánica del Ministerio Público. 

Esa oficina, cuyo titular en la actualidad es el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, está especializada en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional, de acuerdo a la definición del propio MPF. De todos modos, no interviene en hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativos o Judicial ni tampoco en instancias provinciales, como sí pretende Cúneo Libarona de acuerdo a lo que dijo el vocero presidencial.

Clima de sospecha y desconcierto entre fiscales

En ese marco, un conocido fiscal con despacho en el edificio de Comodoro Py señaló que la intención del Ejecutivo parece ser la «sustitución» de la PIA y que tiene una leve sospecha de que en el Gobierno hay un fuerte desconocimiento de las competencias de ese organismo, lo cual «no se entiende muy bien». A su vez, marcó que poner una instancia federal a investigar delitos de funcionarios provinciales sería una «afrenta» que «no pueden desconocer». 

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«O hay desconocimiento o una segunda intención que no sabemos», dijo a PERFIL.

En la Rosada hay quienes dejan trascender que se trataría de un elemento más para presionar a los gobernadores en el marco de las resistencias a la ley ómnibus. El objetivo sería que sus legisladores finalmente acompañen la iniciativa, aunque en el mundillo judicial es un tema que poco importa.

Otro integrante del MPF dijo que además de la PIA ya hay otros organismos como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) o la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). «No se qué sentido tiene, no se lo encuentro», expresó. De acuerdo a su punto de vista la Procelac tiene una amplia gama de recursos, al igual que la DAFI, dedicada, dijo, al análisis patrimonial.

De ese modo, la fuente insistió con que ya existen unidades u organismos dedicados a la investigación de lo que pretende el gobierno. Otro referente, que ve con buenos ojos la intención oficial, marcó que esos organismos intervienen solo a pedido de un fiscal de instrucción.

Así y todo, en términos generales, la mayoría de las fuentes consultadas por este medio coincidieron en que tanto la PIA como la Procelac y el resto de los organismos que integran la estructura del MPF al servicio de las investigaciones de casos de corrupción funcionan bien.  

El factor territorial y las críticas a Cúneo Libarona

El factor de intervención en casos provinciales que tendría la Fiscalía especializada que Cúneo Libarona le quiere proponer a Casal, siempre en palabras de Adorni, es un elemento que no deja de llamar la atención. Lo primero que se advierte es que si tuviera jurisdicción federal no podría entender en investigaciones de corrupción donde estén vinculados funcionarios de las provincias porque habría un conflicto de competencia con los sistemas persecutorios provinciales. Ello a menos que haya en juego, por ejemplo, fondos federales.

Las críticas a Cúneo Libaron parecen repetirse tras el anuncio. «No tiene idea del sector público aun tratándose de temas de Justicia«, dijo una fuente del Ministerio Público. 

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Un fiscal que tuvo fuerte protagonismo en años anteriores a partir de un caso de fuerte resonancia mediática le dijo a este medio que le parece una idea muy buena y que lo primero que habría que hacer para instrumentarla sería reformar la ley y que la corrupción sea considerada un delito federal. A diferencia de quienes marcaron oposición a la propuesta, se mostró disconforme con el funcionamiento de la PIA o la Procelac y dijo que se debe tomar como ejemplo el caso de España, que desde hace casi dos décadas tiene una Fiscalía Especial Anticorrupción.

En principio, destacó, «esto tiene un efecto simbólico muy importante». Ello a pesar de que avanzar con un sistema de esas características podría motivar una fuerte reacción y resistencia de parte de fiscales que verían recortadas o afectadas sus competencias. «Las reacciones serán de los mismos de siempre, pero hay que observar que en el mundo fiscalías de ese tipo funcionan», marcó.  «Bienvenido sea», se limitó a expresar otra fuente judicial en el mismo sentido.

Sobre el efecto simbólico, una fiscal federal de una provincia sintetizó la iniciativa como «humo para la gilada». 

Por estas horas, los celulares de los fiscales y fiscalas hierven ante los intercambios entre colegas tras el anuncio oficial. Más allá del anuncio, la gran expectativa está puesta en conocer los detalles de la propuesta que Cúneo Libarona le eleve a Casal, aunque este no tenga la facultad de crear nuevas fiscalías. 

Fuente: ërfil.com

El ritmo y nivel de reuniones en el Congreso de la Nación se mantiene. A media mañana de hoy, la Casa Rosada decidió retomar el control de las negociaciones en el Parlamento y mandó al vice jefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi, quien ocupó las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y empezó una ronda de reuniones con los bloques que firmaron el dictamen del oficialismo, pero lo hicieron con disidencias.Te puede interesar:Martín Tetaz: “Con este nivel de inflación, en marzo o abril el Gobierno va a tener que hacer una nueva devaluación”

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El primero en pasar por las oficinas fueron un grupo de radicales. Encabezados por el ex diputado y actual secretario parlamentario Alejandro Cacace, ingresaron a la presidencia de la Cámara las diputadas Danya Tavela, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri y Pamela Varesay.

Cada uno de ellos llevaba en sus brazos una carpeta llena de documentos, son los artículos que figuran en el proyecto de ley y que buscan modificar. No menos de 200 de los más de 500 que están en el texto que obtuvo dictamen de mayoría días atrás.Te puede interesar:El día después del paro de la CGT, el Gobierno desplazó a las autoridades de la Superintendencia de Servicios de SaludLos presidentes de las comisiones que tratan la Ley Ómnibus (Foto: Maximiliano Luna)

Un poco más de una hora más tarde se encaminaron por el pasillo que tiene como destino el despacho de la presidencia de la Cámara, Miguel Angel Pichetto y buena parte del bloque de 23 diputados que comanda. El destino era el mismo: reunirse con Rolandi y seguir negociando los cambios que pretenden para finalmente apoyar el proyecto en el recinto. En este caso, en una primera instancia fueron recibidos por el diputado y presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert.Te puede interesar:Avanza la Ley Ómnibus en Diputados: el oficialismo logró el dictamen de comisión y buscará darle media sanción este jueves

Los legisladores de la oposición que ingresan al despacho de Menem tienen algo en común. Sin importar el bloque al que pertenezca cada uno, todos muestran un alto nivel de cansancio rozando con el hartazgo. “No tiene que ver con la cantidad de trabajo, tiene que ver con que uno se cansa de repetir que no va a votar ciertas cosas, y siguen insistiendo”, explicó una legisladora.Te puede interesar:El Gobierno propondrá crear una fiscalía especial que se encargue de investigar la corrupción de los funcionarios públicos

El problema con el que se encuentran los diputados de la oposición y que repiten frente a la pregunta del por qué de tantas reuniones es que, aseguran, que cada vez que obtienen un cambio aparece una nueva modificación de parte del oficialismo que no tenían previsto. “Nos dicen que sí, que aceptan retirar un artículo o modificarlo, nos envían el documento y, o no cambió o no lo sacaron”.Te puede interesar:Ley ómnibus: la negociación con la oposición podría hacer perder al Gobierno parte del plan de ajuste fiscal

En ese contexto es que los bloques que le aportarían a La Libertad Avanza 103 votos, que pueden servir tanto para aprobar o para hacer caer artículos en el recinto; perdieron la confianza respecto de lo acordado. “Estamos haciendo un nuevo semáforo con lo que proponían, los cambios que nosotros empujamos y que nos habían dicho que iban a aceptar. Si está escrito, queda el artículo en verde. Si no lo cambiaron, el artículo aparece en rojo”, explicó a Infobae una legisladora que participa de las negociaciones.Martín Menem cuando recibió el proyecto de Ley Ómnibus

El problema que parece tener hoy el debate es que para los ejes centrales del proyecto, que son los económicos y por los que el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que si no se aprueban el ajuste a las provincias va a ser mayor, el Gobierno no cuenta con los votos necesarios. “Ni jubilaciones así como está ni retenciones”, repiten los diputados opositores pero dialoguistas. “Ya se lo explicamos de diferentes manera, así como está no lo vamos a votar. Ahora la pelota está de su lado y son ellos, que son los que ganaron las elecciones, quienes tienen que proponer una solución alternativa si es que quieren que eso avance”.

La intención ahora es lograr que La Libertad Avanza entregue entre mañana viernes y el sábado, un punteo con los cambios que se introducirán en la sesión que, por ahora, está prevista que se desarrolle el próximo martes.

En esa sesión, el diputado Gabriel Bornoroni será el encargado por el bloque de La Libertad Avanza de leer las modificaciones de cada uno de los artículos una vez que se pase a la discusión en particular del proyecto. Por ahora, los ejes centrales de la Ley Ómnibus no están resueltos y ya hay quienes ponen en duda que el martes se vaya al recinto.

Fuente: InInfoba.com

El Poder Ejecutivo envió al Congreso durante la noche de este martes un proyecto definitivo de ingresos personales para reemplazar al Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría. La iniciativa lleva el nombre de «Impuesto a los Ingresos Personales» y contempla un mínimo no imponible de $2.360.829 sobre los salarios de los trabajadores en relación de dependencia.

El borrador del proyecto de ley de «Impuesto a los Ingresos Personales» también establece que el monto mencionado se ajustará trimestralmente a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), con vigencia a partir de abril 2024. A su vez, se establecieron nuevas escalas que contemplan alícuotas progresivas de entre el 5% y el 35%.

Las dos caras de Milei: el que prometió cortarse un brazo antes de subir un impuesto a reponer Ganancias

César Litvin, especialista en tributación, compartió con Noticias Argentinas su análisis sobre el proyecto que será tratado en el Congreso en las próximas horas. El especialista destacó que la principal virtud de la iniciativa radica en la progresividad que se le da al tributo mediante las nuevas escalas. En este sentido, indicó que «se deja de lado la técnica del gobierno anterior, que tomaba el piso en lugar del mínimo no imponible y le aplicaba la alícuota más alta».

En cambio, señaló que, con este cambio de normativa, «cuando el asalariado alcanza el mínimo no imponible, se aplican las escalas más bajas, dándole la progresividad propia del impuesto». Otro de los beneficios que remarcó Litvin es que el proyecto contempla distintos dictámenes respecto del tratamiento de horas extra, bonos por productividad y fallas de caja, «que hacen que haya mayores deducciones y por ende se paguen menos impuestos». Sin embargo, enfatizó que la iniciativa no equipara la situación de los autónomos, «que siempre quedan relegados» en las actualizaciones tributarias.

Massa criticó las medidas económicas del gobierno y remarcó que «el salario no es ganancia»

El Frente Renovador, conducido por el excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, remarcó este martes que «el salario no es ganancia» y criticó algunas de las medidas económicas e impositivas llevadas adelante por el Gobierno nacional al asegurar que perjudican a los trabajadores.

«Mientras se llevan al Tesoro Nacional 0,76 puntos del PIB aumentando el Impuesto PAIS y trasladando el costo a precios; le sacan a la gente la devolución de IVA, 0,25 del PIB», señala en el comunicado difundido desde la cuenta de X (antes Twitter) del partido, que está firmado por Sergio Massa.

De esta forma, el Frente Renovador criticó la decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás con el programa de reintegros del IVA por compras realizadas en comercios con tarjeta de débito que se inició durante la gestión de Massa frente a esa cartera. Además, advirtieron que «mientras se llevan por supercosecha, devaluación y aumento de retenciones al Tesoro 1.3 del PIB, le devuelven a los más ricos del país en bienes personales 0,23 del PIB».

«Mientras regalan en el blanqueo 1,4 del PIB en impuestos a los que evadieron, restituyen Ganancias para darle una limosna a los gobernadores (0,17 del PIB) perjudicando así a 823 mil trabajadores«, apuntaron sobre la propuesta de restituir los pisos del impuesto a las Ganancias. «Rarezas de la libertad. El salario no es Ganancia», cerraron desde la organización política en el comunicado.

Las idas y vueltas del impuesto a las Ganancias 

En septiembre del año pasado, un mes antes de las elecciones generales, el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, impulsó un proyecto para modificar la ley del Impuesto a las Ganancias que consistió, entre otras cuestiones, en eliminar la cuarta categoría y por lo tanto, eximió del pago a unos 700.000 empleados en relación de dependencia.

Este proyecto fue aprobado por 135 a 103 votos en Diputados y contó, entre otros, con el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza: el propio Javier Milei y su compañera de fórmula presidencial, Victoria Villarruel. Luego, en el Senado, fue aprobado por la mayoría del por entonces oficialismo en el Senado. 

Pero una vez que asumió la presidencia Milei, varias provincias pidieron coparticipar el conocido como impuesto al cheque porque habían perdido ingresos por la modificación que en ese momento habían apoyado. 

Martín Guzmán y Guillermo Michel se cruzaron por el impuesto a las ganancias

El 19 de diciembre pasado, ocho gobernadores peronistas destacaron la necesidad de buscar «herramientas de compensación» para las arcas provinciales frente a la fuerte devaluación del peso y la «pérdida de recursos coparticipables», aunque consideraron que «la reversión del Impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado», sino la coparticipación «de un 70%» del impuesto al cheque.

El pronunciamiento se realizó luego de una reunión de gobernadores con el presidente Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otras autoridades nacionales. La respuesta no se hizo esperar y el jefe del Estado afirmó que «de ninguna manera» se va a «coparticipar el impuesto al cheque». «Ir para atrás con Ganancias es la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas», dijo Milei luego en una entrevista que brindó a radio Rivadavia.

Fuente: Perfil.com

En medio de la fuerte pulseada política por el texto final del proyecto de Ley Ómnibus, Luis Caputo aprovechó dar una señal fuerte dirigida a los inversores. “El compromiso de llegar a déficit cero no va a cambiar, se apruebe o no la ley”, aseguró a través de la red social X.Te puede interesar:Un influyente think tank de EEUU criticó a Milei por “retrasar la dolarización” y a Caputo por subir la inflación

Este compromiso tuvo impacto en los bonos, que mostraron subas de hasta 1,5%, en especial los más cortos. El riesgo país perforó por primera vez en mucho tiempo los 1.900 puntos básicos, tras una caída de 2,75%.

Bonos como el Global 2030 ya están operando en zona de USD 43, bien por encima de los USD 25, que fue el valor promedio a los que negociaron a lo largo de 2023. La incertidumbre electoral impactó muy negativamente en la deuda argentina, pero la victoria de Javier Milei y su discurso a favor de “respetar los compromisos” tuvo un efecto muy favorable en los bonos.Te puede interesar:El mercado, más optimista por la Ley Ómnibus: tipo de cambio en baja y bonos en dólares en alza

En medio de la discusión de la Ley Ómnibus, pero también con la reversión de la reforma de Ganancias, el Gobierno está dispuesto a pagar el costo por el impacto de las medidas en los bolsillos, particularmente de la clase media. Pero el mensaje que acompaña estas medidas claramente antipáticas es que la prioridad estará puesta en alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas y que no hay margen para negociar.

Caputo también aprovechó para pegarle a su antecesor, Sergio Massa. Los últimos números distribuidos por Hacienda sobre las cuentas del 2023 arrojaron un resultado todavía peor al esperado: un déficit financiero de 6,1% del PBI. Esto significa que el esfuerzo para alcanzar el equilibrio tendrá que ser mayor, tanto por el lado de reforzar los ingresos como del gasto. El ministro aludió además a un gráfico publicado por el economista Salvador Vitelli, que muestra que el déficit fiscal promedio en 57 años en la Argentina fue de 4% del PBI.Te puede interesar:Se actualizan los precios de los alquileres y otra vez hay récord histórico: cuál es el aumento de febrero y cómo calcularlo

Dentro del proyecto de Ley Ómnibus hay una serie de medidas que buscan mejorar los ingresos fiscales, incluyendo el blanqueo (que finalmente será coparticipado), una moratoria y la posibilidad de pagar cinco años seguidos de Bienes Personales.

La discusión respecto a dejar sin efecto la fórmula actual de la movilidad jubilatoria va en la misma dirección. Si se la deja correr este trimestre, entonces habría una fuerte pérdida de los haberes por el pico inflacionario de diciembre (25,5%) y seguramente también el de enero (arriba del 20%). Obviamente, esto tendría una repercusión positiva desde el punto de vista una baja en el nivel de gasto.

Por otra parte, el Gobierno no quiso ceder y mantuvo la suba de retenciones para el complejo cerealero, que pasaría de 31% a 33%, mientras que se mantienen en 0% para las economías regionales.

La prioridad que se puso el gobierno de Javier Milei es alcanzar el equilibrio fiscal y está dispuesto a cumplirlo contra viento y marea, incluso asumiendo altos costos políticos por el aumento de la presión impositiva. Para colmo el déficit fiscal que dejó el kirchnerismo en 2023 fue de 6,1%, lo que obliga a mayores esfuerzos para cumplir con esa meta

La reversión de la reforma de Ganancias representa un 0,4% del PBI, según había detallado el propio ministerio de Economía al presentar el plan de equilibrio fiscal, ni bien asumió Milei. Todo indica que tendrá un rápido tratamiento en el Congreso.

Luego aparecen algunas alternativas para conseguir ingresos extraordinarios pero que difícilmente aporten algo en este 2024, tal como las posibles privatizaciones de empresas públicas (ya quedó afuera la más apetecible, que es YPF), o echar mano a activos del FGS de la ANSES.

Claro que el esfuerzo por llegar a nivelar las cuentas públicas es gigantesco y aún tiene resultados inciertos. El único antecedente desde la vuelta de la democracia fue el del plan Austral, que requirió ajustar en más de 5% del PBI en 1985, cuando ahora serían arriba de los 6 puntos. El impacto inicial fue muy bueno, pero no logró sostenerse en el tiempo, desembocando en la hiperinflación de 1989.

Más allá del buen comportamiento de la deuda y de los bonos, la tensión sigue latente en especial en el mercado cambiario. El dólar libre sigue al alza y tocó ayer un nuevo máximo nominal al llegar a $1.255, quedando la brecha en 50%.

La presión sobre el dólar refleja no solo la preocupación por las discusiones en el Congreso, sino además la falta de opciones para invertir en pesos, luego de la fuerte baja de tasas que dispuso el Banco Central ni bien arrancó el gobierno de Javier Milei. Sin opciones atractivas para quedarse en moneda local, el refugio en moneda extranjera es la única alternativa para muchos inversores.

Fuente: Infobae.com

Con apenas 45 días en la Presidencia, Javier Milei afrontará su primer gran desafío sindical. La CGT, con la adhesión de las dos vertientes de la CTA y de la izquierda, activará este miércoles un paro general de 12 horas con movilización al Congreso de la Nación en rechazo a las primeras medidas que impulsó la gestión libertaria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y de un megaproyecto de ley cuyo tratamiento legislativo se anticipa tenso y con desenlance abierto.

El reclamo sindical, que cuenta con el respaldo político del peronismo y las fuerzas de izquierda, representará un desafío adicional para el Gobierno en lo relativo a su intento de neutralizar las protestas callejeras a través del protocolo antipiquetes. Los organizadores se comprometieron a no interrumpir el tránsito vehicular y acordaron con las autoridades del Ministerio de Seguridad porteño ubicar un escenario a unos metros del Congreso. Oficiarían de oradores Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Los tres llamaron a “voltear” el DNU y el proyecto de ley, además de lanzar amenazas para aquellos legisladores que avalen las iniciativas. No se descarta que se sume algún orador de la CTA o un representante de los movimientos sociales. El epicentro del reclamo no es casual: los manifestantes buscan condicionar a los legisladores que apoyen la ley ómnibus que el oficialismo considera clave para el futuro de su gestión y que apuesta a aprobar esta semana en Diputados.EL LEGADO DE MASSA Y EL REGRESO DE “JUNTOS PERO SEPARADOS” ANTE LA DEBILIDAD DE MILEI

La tensión y la desconfianza guiaron el vínculo entre Milei y los gremios desde que el libertario venció a Sergio Massa en el balotaje presidencial. Se abrió inicialmente un canal de diálogo entre la CGT y el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero la letra chica del DNU presentado a fin de año dinamitó los puentes. El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación para los gremios, que sintieron amenazados por primera vez en mucho tiempo su poder de representación y recaudación. Hubo un intento de renegociar, a través del mercantil Armando Cavalieri y la minista de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero el enfrentamiento ya estaba abierto. El capítulo laboral del decreto 70/23 quedó suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema después de una seguidilla de fallos judiciales en instancias inferiores que la dirigencia cegetista consideró como un triunfo propio. Así y todo, la CGT mantuvo en pie la huelga. Ahora, la pulseada por la ley ómnibus se traslada al Congreso, donde la CGT y las dos CTA tienen algo de influencia en los bloques ligados al peronismo y en los cinco legisladores de la izquierda.

La huelga se activa en un contexto de inflación desbocada, con paritarias permanentes, y con el Gobierno dispuesto a avanzar con un ajuste del gasto público, que contempla fuertes caídas en el poder adquisitivo de los montos de los planes sociales y el salario mínimo, y también de las jubilaciones. Como réplica al desafío sindical, el secretario de Trabajo, Omar Yasin, congeló el llamado al Consejo del Salario para elevar el sueldo básico, hoy en $156.000.

Además, Milei pretende restituir el impuesto a las Ganancias a partir de los salarios superiores a $1.350.000, lo que abriría un foco de conflicto adicional con los gremios de personal con salarios más altos, como bancarios y transportistas. Se trata del mismo tributo a los salarios que Milei, como diputado nacional, votó en contra para eliminarlo. Eran tiempos de campaña electoral. Ahora, con este atajo, el Presidente busca compensar la caída en la recaudación de las provincias y garantizarse su apoyo a la ley ómnibus.

Por la huelga, habrá diferentes actividades que tendrán afectado su normal funcionamiento. El transporte público de pasajeros prestará servicios hasta las 19 horas con la intención de garantizar el traslado quienes quieran participar de la protesta. Es decir, no habrá colectivos, trenes ni subte solamente entre las 19 y las 24. En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires la atención al público en los bancos será hasta las 12, y en algunos comercios y fábricas podría haber reducción de la jornada laboral. Habrá retrasos en los vuelos comerciales y la recolección de residuos se hará después de la medianoche.

En lo que representa un inédito récord, los gremios esperaron apenas un mes y medio para rechazar el rumbo económico y político de Milei. Expresarán su malestar con una movilización cuya convocatoria podría estar alrededor de las 200.000 personas, según los organizadores.

La cantidad de manifestantes pondrá a prueba el operativo de seguridad que coordinarán las fuerzas porteñas con las federales, a cargo de Patricia Bullrich. Pablo Moyano, uno de los jefes cegetistas, dijo que va a ser “incontrolable la cantidad de laburantes que se van a movilizar”, y aseguró que el protocolo antipiquetes es “imposible”. “¿Cómo metes a los cientos de miles de manifestantes? ¿A upa me llevo 40 mil camioneros, en fila india?”, desafió el sindicalista. Sin embargo, sus colegas de la cúpula de la central obrera, se comprometieron por escrito a no cortar calles y evitar que se interrumpa el tránsito.

Desde el Gobierno relativizaron el impacto que tendrá el paro general. El Presidente dijo que representa “la Argentina decadente” y vinculó a los sindicatos con el kirchnerismo. Además, a través de su vocero, amenazó con descontarles el sueldo a los empleados estatales que adhieran a la medida. Desde UPCN y ATE, los dos gremios mayoritarios de la administración pública, rechazaron la advertencia. De hecho, ATE, de un perfil más combativo, ampliará a 24 horas la jornada de protesta.

Fuente: La Nación

Las espadas del oficialismo, representadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y la de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, salieron a criticar la medida de fuerza impulsada por la central obrera contra la política del gobierno.

A través de sus cuentas en X, ambas funcionarias salieron con dureza a criticar el Paro Nacional, haciendo foco en los gremialistas que convocaron a la movilización.

Bullrrich fue muy categórica al afirmar que «NO HAY PARO QUE NOS DETENGA Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente».

En tanto, Diana Mondino sostuvo que: «El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo».

En desarrollo

Fuente: Perfil.com

El Gobierno obtuvo en la madrugada del miércoles una importante victoria política en la Cámara de Diputados al lograr firmar el dictamen de mayoría -55 adhesiones con 34 disidencias parciales- del proyecto de Ley Ómnibus tras alcanzar un acuerdo con el PRO, sectores de la UCR, de Innovación Federal y de Hacemos Coalición Federal, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto.Te puede interesar:Primer paro general de la CGT contra Milei: qué pone en juego el sindicalismo y por qué apuesta a una movilización masiva

Te puede interesar:La oposición presiona para lograr más cambios en la ley ómnibus y comienza una puja por el texto final

A pesar de que el trabajo en comisión comenzó hace poco más de quince días, el oficialismo aceleró al máximo las negociaciones para obtener el dictamen antes del paro general de la CGT, previsto para hoy, para poder llegar al recinto el jueves, en una sesión que promete ser maratónica.

El apoyo de la oposición dialoguista, sin embargo, no fue unánime. Solo ocho de los dieciséis representantes de la UCR en el plenario de comisiones firmaron el dictamen de mayoría. El resto decidió no acompañar ningún despacho para marcar sus diferencias con el gobierno sin acercarse al rechazo que impulsaba el peronismo. Algo similar ocurrió con Hacemos Cambio Federal (HCF), que se partió: la Coalición Cívica, el socialismo y Margarita Stolbizer avanzaron con un dictamen propio.Te puede interesar:Acto de la CGT: las calles que estarán afectadas este miércoles 24Nicolás Massot en la firma del dictamen para avanzar en Diputados

Desde el radicalismo señalaron a Infobae que las negociaciones continuarán durante el miércoles y el jueves. En ese sentido, adelantaron que si el Gobierno no hace nuevos cambios, rechazarán los artículos de retenciones, movilidad jubilatoria, emergencias, facultades delegadas (buscan restringirlas más), financiamiento privado de campañas electorales, traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, privatizaciones (la UCR busca discutir cada empresa por separado) y los recortes en Cultura.Te puede interesar:Ley ómnibus: la negociación con la oposición podría hacer perder al Gobierno parte del plan de ajuste fiscal

Durante el debate, el peronismo denunció el poco tiempo de debate que tuvo el proyecto y criticó al oficialismo por no haber compartido el dictamen que negoció con sectores de la oposición dialoguista.Te puede interesar:Paro general de la CGT: los intendentes moverán su estructura en tren para evitar las requisas en colectivos

“Esta ley es horrible, es invotable. Como es invotable, algunos quieren que se vote rápido. Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa de la historia. Tiene el impacto de ocho leyes Dromi. Dromi es Heidi al lado de esto”, dijo Germán Martínez en referencia al ministro Roberto Dromi, el arquitecto de las privatizaciones durante el menemismo. Y advirtió: “El corazón de este proyecto son las facultades delegadas y todo lo que no consiguió, lamento decirles, que lo va a poder hacer por las facultades delegadas”.Germán Martínez (Franco Fafasuli)

Bien entrada la madrugada, Unión por la Patria recurrió a una jugada reglamentaria para intentar hacer caer el dictamen. Según explicaron a Infobae, para que un despacho sea válido “es necesario la firma de la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones que hayan estado presentes en la o las reuniones en que el proyecto fuera tratado”.

Por lo tanto, dado que el plenario de comisiones tiene 115 miembros, es necesario que al menos 57 diputados firmen algún dictamen. En ese contexto, el oficialismo venía encaminado a quedarse con el dictamen de mayoría, ya que tenía alrededor de 50 firmas contra las 46 de Unión por la Patria.Te puede interesar:Ley Ómnibus: la oposición aún tiene dudas sobre los cambios e intensifica diálogos para unificar una postura

Sin embargo, el peronismo y la izquierda dejaron trascender que no presentarían su dictamen de rechazo. Por lo que sus firmas no se contabilizarían. De esta forma, el oficialismo tenía que lograr que todos los dictámenes sumen 57 firmas para que el suyo sea válido.

Tras intensas negociaciones, libertarios lograron sumar el apoyo del bloque Innovación Federal (el misionero Carlos Fernández y el rionegrino Agustín Domingo), de los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora y de Nicolás Massot, que no había firmado ningún despacho.José Luis Espert (Franco Fafasuli)

Las negociaciones contra reloj

La estrategia oficialista había registrado un giro radical el jueves pasado, cuando el presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados a uno de sus hombres de máxima confianza, Santiago Caputo, para informar a los sectores de la oposición dialoguista que aceptaría hacer importantes modificaciones al proyecto para asegurarse una mayoría en el recinto.

Caputo, acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se comprometió a dejar de lado su plan original en el capítulo de jubilaciones: eliminar la fórmula previsional para reemplazarla por aumentos por decreto a discreción. En cambio, accedió a ajustar los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor, pero a partir de marzo, es decir, con la inflación de febrero.

La alternativa de aplicar la fórmula actual hasta marzo y luego comenzar a actualizar en base al IPC del mes anterior fue considerada “superadora”. No obstante, el empalme entre los dos sistemas dejaría afuera la actualización de enero, que terminará con una inflación de aproximadamente 20%. Por eso, la oposición seguía reclamando alguna compensación extra para que el “empalme” no perjudique a los jubilados, o directamente empezar a actualizar por IPC desde febrero.

En cuanto a las retenciones, La Libertad Avanza aceptó anular cualquier tipo de incremento impositivo en las economías regionales (aunque había sectores que no fueron incluidos en el listado final), pero dejó firme la suba del 15% a las exportaciones industriales y la suba para los derivados de soja, el trigo y el maíz.

Además, acordó excluir a YPF del extenso listado de empresas estatales con potencial de venta y eliminar casi por completo el capítulo que incluía la reforma electoral, que por ejemplo proponía adoptar un sistema de circunscripción uninominal y actualizar la cantidad de diputados nacionales. No obstante, el Gobierno mantuvo el artículo que habilita el financiamiento privado de las campañas electorales.

Por último, el artículo que incluía la ratificación del mega DNU dentro de la ley Ómnibus fue eliminado, para que el decreto sea debatido en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.

En términos generales, la oposición dialoguista recibió de forma positiva el cambio de actitud del Gobierno, que en un principio se negaba a negociar y apostaba por la estrategia del “todo o nada”. Sin embargo, temas como las retenciones, la movilidad jubilatoria y la delegación de facultades todavía generaban ruidos.Silvia Lospennato (Franco Fafasuli)

Durante el fin de semana los bloques continuaron analizando la letra chica del borrador que hizo girar el Gobierno y luego llegó el turno de los gobernadores, que se mostraron muy firmes respecto a varios puntos. Las retenciones continuaron siendo el principal foco de conflicto.

Tanto el lunes por Zoom como el martes en forma presencial, el ministro Guillermo Francos escuchó una nueva ronda de contrapropuestas de los mandatarios provinciales. La respuesta llegó ayer mismo por la tarde, algunas horas antes del inicio del plenario de comisiones que se retrasó hasta las 21.

El oficialismo se negó a eliminar del todo las retenciones, a pesar de que no tiene los números para aprobarlo en el recinto. Un alto funcionario muy cercano a Milei aseguró que “preferían perder” antes que seguir cediendo respecto a las exportaciones industriales, los derivados de soja, el trigo y el maíz.

No obstante, accedió a eliminar la asignación específica -capitalizar el Banco Central- de los fondos que ingresarán por el blanqueo para que estos se coparticipen con las provincias. También se comprometió a no eliminar el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

Respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los gobernadores propusieron que antes de traspasarlo al Tesoro Nacional debían saldarse las deudas con las cajas provinciales y pagarse los juicios por haberes ya terminados.

Esta nueva tanda de concesiones destrabó las negociaciones y terminó de consolidar el apoyo del PRO. El bloque que conduce Cristian Ritondo confirmó que firmaría el dictamen con disidencias, que principalmente giran en torno a jubilaciones y retenciones. El consenso fue menos extenso en el interbloque Hacemos Coalición Federal que se fracturó en dos.Juan Manuel López (Franco Fafasuli)

“El Gobierno no se ha dejado ayudar por los bloques que están dispuestos a darle las herramientas para afrontar la situación económica”, explicó el diputado Juan Manuel López. “Creemos que nuestra herramienta -dictamen- es más seria porque no tiene delegaciones legislativas. Nuestro partido nunca las votó, nació por no votarle delegaciones a Domingo Cavallo en 2001. Aunque acotadamente le vamos a ofrecer emergencias al Gobierno”, detalló.

Antes de las 22, cuando ya se desarrollaba el plenario, referentes de Hacemos Coalición Federal como Nicolás Massot e Ignacio Garcia Aresca, y de Innovación Federal (el espacio que representa a gobernadores de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta) como Agustín Domingo y Carlos Fernández cruzaron del anexo al Palacio para continuar las negociaciones de la letra chica en el despacho de Martín Menem. En simultáneo, diputados y asesores del radicalismo controlaban que los cambios acordados quedaran correctamente plasmados en la redacción de los artículos.

Prevén una sesión maratónica

El oficialismo insistirá en su objetivo de sesionar este jueves. Según explicaron a Infobae fuentes del Gobierno, por el momento se descarta la posibilidad de dividir la sesión debido a las dificultades para lograr el quórum en diferentes días, por lo que el debate será maratónico.

La votación en particular de cada artículo será la prueba de fuego para ver cuánto del proyecto original finalmente resulta aprobado. La oposición ya comenzó a pedir más tiempo y apuntan a que el proyecto llegue al recinto recién la semana que viene, cuando todo esté “más ordenado”.{

Fuente: Infobae.com

Somos Barrios de Pie convocó para este martes 23 de enero a las 11 a una movilización frente a la Quinta de Olivos, con el objetivo de manifestarse en contra del DNU y la Ley Ómnibus. La agenda de los manifestantes incluye realizar una olla popular y acampar frente a la Quinta dónde pasarán la noche. Luego, los auto-convocados, se sumarán al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La organización que lidera Daniel Menéndez insiste en tener una reunión con el presidente Javier Milei. “La emergencia alimentaria se vive todos los días en los barrios populares y son cada vez más los vecinos y vecinas que se acercan a los espacios comunitarios por un plato de comida”, afirmaron, según publica Noticias Argentinas.

La CGT convocó un paro general para este miércoles 24, el primero que se llevará a cabo por esta organización sindical en cinco años, en completo rechazo por el mega DNU del Presidente Javier Milei y la llamada Ley Ómnibus. Producto del malestar social, varias organizaciones, además de gremios, se fueron sumando al reclamo, entre ellos los los trabajadores del transporte y los mercantiles, que le dará mayor volumen a la medida de fuerza.

En cuanto a cómo llevarán adelante la protesta sin violar el protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Menéndez indicó que cuando lleguen al lugar evaluarán cuál será la mejor manera. “Veremos ahí, tratando de generar el menor inconveniente”, aseguró.

Según la organización piquetera, “desde el Ministerio de Capital Humano no dan ninguna respuesta ante el crecimiento de la emergencia alimentaria que atraviesan los barrios”.

“Vamos a seguir denunciando la delicada situación que vivimos, donde cada vez son más los vecinos y vecinas que no pueden garantizar alimentos en sus hogares. El hambre no espera, por eso vamos a seguir haciendo la ronda. En Olivos, en casas de funcionarios y en donde sea necesario”, advirtió Somos Barrios de Pie a través de sus redes sociales.

Fuente: Perfil.com

Anoche, la moneda todavía estaba en el aire. A la hora de la cena, los gobernadores de Juntos por el Cambio mantenían una reunión a distancia con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para tratar de explorar una solución política a los capítulos más sensibles del proyecto de Ley Ómnibus, otra vez empantanado en la negociación exprés parlamentaria.Te puede interesar:Sergio Berni: “Yo soy mucho más duro que Milei y Patricia Bullrich”

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El encuentro virtual, pedido por los gobernadores, se prolongó durante unas dos horas. “Está todo muy difícil”, sintetizó uno de ellos pasadas las 22, una vez concluida la charla. Maximiliano Pullaro, que este martes tiene previsto viajar a Buenos Aires, fue uno de los más directos. “Es como que nosotros aumentáramos todos los impuestos en la Provincia y cortáramos todas las transferencias a los municipios. No lo entenderían”, se quejó el santafesino que arrastra, junto a Córdoba, el reclamo más airado por el incremento a los derechos de exportación, es decir, las retenciones, el capítulo más sensible del proyecto que, hasta anoche, trababa el apoyo parlamentario de los bloques más amigables.

Francos, según reconstruyó este medio, no ofreció ninguna respuesta. Solo prometió que este martes intentaría buscar alguna alternativa en la reunión de gabinete que Javier Milei prevé encabezar esta mañana en Casa Rosada. Hasta ahora, no tuvo demasiada suerte.Te puede interesar:Paro de la CGT: la central obrera y el Ministerio de Seguridad acordaron “garantizar un acto pacífico”

“Nosotros venimos haciendo el ajuste, y estamos para buscar alternativas”, resumió uno de los gobernadores que participó de la charla. “Pero nada se entiende”, agregó.Los gobernadores de Juntos por el Cambio le pidieron cambios en la Ley Ómnibus al Gobierno

Los jefes provinciales empezaron a perder la paciencia. En su mayoría hacen fila para colaborar con el gobierno, pero no encuentran respuestas. “No hay nada coparticipable en la ley”, resaltó un mandatario recién asumido. El blanqueo propuesto en la Ley Ómnibus tenía ese espíritu en el texto original, pero se modificó para balancear el impuesto cero a las economías regionales: Milei no quiere ceder el capítulo fiscal del proyecto. Un rato antes de que empezara la reunión virtual, el gobierno había jugado su última carta para intentar compensar a las provincias y lograr que esos jefes provinciales presionen a sus diputados a través de la presentación -se haría efectiva hoy- del proyecto para restituir el impuesto a las Ganancias, que obligará, de aprobarse, a que 800 mil asalariados vuelvan a pagar ese tributo.Te puede interesar:Ley ómnibus: hoy a las 18 horas comenzará a tratarse en el plenario de comisiones de la Cámara de DiputadosTe puede interesar:El Gobierno, a un paso de la ley ómnibus: 24 horas de intensas negociaciones y una incógnita hacia adelante

A la presión de Córdoba y Santa Fe vinculada a las retenciones -el rubro jubilaciones también dilataba ayer las negociaciones- se sumaba el reclamo de Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño, para incluir en el proyecto de Ley Ómnibus que el gobierno acepte restituir los fondos que la anterior gestión de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad por el traspaso de la policía, para compensar a la administración de Axel Kicillof en plena pandemia. Se trata de otra señal de preocupación para la Casa Rosada porque buena parte de los diputados nacionales del PRO pertenecen a la Ciudad.

Milei camina por aguas pantanosas, en una semana bisagra para la construcción de su relato, el eje fundamental de su programa de gobierno, y para saber dónde está parado a casi dos meses de hacerse cargo de la Presidencia. “Pareciera que solo quiere tener razón”, describió en estos días un legislador de los bloques dialoguistas.

El fin de semana parecía que la Casa Rosada se encaminaba, después de negociaciones contrarreloj y modificaciones del texto original, a tener este martes un dictamen de mayoría y la posibilidad de darle el jueves media sanción al proyecto base de su primera etapa de gestión. Pero la impericia -¿premeditada?- del Ejecutivo por acordar una vía de entendimiento final con las provincias y las bancadas más colaborativas le puso un manto de suspenso a las tratativas. La toma de decisiones del Ejecutivo desconcierta además al sistema político.En medio del debate por la Ley Ómnibus, este miércoles se llevará a cabo la primera marcha de la CGT contra el gobierno de Javier Milei

Hasta anoche, el oficialismo no había convocado al plenario de comisiones y la opción de sesionar en estos días seguía sobre la mesa -el plan del oficialismo es hacerlo el jueves-, pero con menos entusiastas. Se especulaba, en ese sentido, con la chance de que se terminen rubricando tres dictámenes -el de La Libertad Avanza, el del peronismo K y un tercero entre la UCR y Hacemos Cambio Federal, la bancada presidida por Miguel Ángel Pichetto, uno de los principales negociadores, que aglutina a peronistas, ex PRO y la Coalición Cívica-, por la insatisfacción con las respuestas del gobierno. Trascendía, en tanto, que el radicalismo y el peronismo no K podía, por caso, firmar en disidencia parcial con los libertarios y el PRO. Es una de las variantes que se ensayó a última hora de la tarde en la reunión que la UCR mantuvo en el anexo de Diputados, visiblemente molestos por las ofertas del oficialismo.Te puede interesar:El Gobierno demora la respuesta sobre los cambios a la Ley Ómnibus y tensa la relación con la oposición dialoguista

“Por ahora no veo los votos. Me preocupa mucho porque creo que el oficialismo no es consciente de que no los tiene”, resaltó, entrada la tarde, un referente del PRO en la Cámara baja que estudiaba el proyecto que la Casa Rosada había enviado a primera hora del día con las modificaciones propuestas.

En ese contexto, Milei se mantenía anoche imperturbable. De los gobernadores de JxC que participaron de la reunión virtual con Francos solo algunos tienen línea directa con él, pero hablan poco. Francos y Martín Menem, el presidente de la Cámara baja, hacen lo que pueden. El fin de semana parecía que las negociaciones entre ambos, liderados por el influyente asesor Santiago Caputo, el guionista del relato oficial, el amigo presidencial que sigue sin nombramiento formal, llevaban al proyecto de ley a buen puerto. Los movimientos de las últimas horas pusieron en peligro esas negociaciones.

Ayer, en despachos de la oposición se preguntaban hasta qué punto el gobierno estaba dispuesto a ceder en su necesidad de darle media sanción a la Ley Ómnibus, y si no sería, como publicitó el propio Milei o su amigo Santiago Caputo en las reuniones que mantuvo el jueves en el Congreso, que el oficialismo está dispuesto a dejar el proyecto a la deriva y que sean los legisladores los que, en ese caso, tengan que explicarle “a la sociedad” por qué no quisieron votarlo. Una estrategia inquietante en un contexto de crisis inflacionaria y caída de la actividad.

Se trata de una prueba de fuego, la primera para un gobierno que se apoya en la popularidad de las encuestas y el triunfo electoral que le dio el balotaje, el 56%, pero débil en términos parlamentarios, y obligado a negociar, de manera permanente, una piedra en el zapato para la construcción de un nuevo relato. “Estamos frente a un modelo de gestión que rompió los manuales y que no negocia de manera tradicional”, explicó ayer un funcionario del PRO.Javier Milei junto a Santiago Caputo, el asesor presidencial que aún no tiene cargo en la Casa Rosada

El otro examen de peso para el gobierno es el conflicto callejero, de cara al paro y la movilización de este miércoles de la CGT y el peronismo que, según los organizadores, será multitudinario. El verdadero debut del protocolo anti-piquetes de la ministra Patricia Bullrich que este lunes dedicó buena parte del día al doloroso asesinato de la hija de uno de sus custodios de la Policía Federal, de nueve años, que recibió un balazo en la nuca en Lomas de Zamora, en el corazón del Gran Buenos Aires, por un hecho de inseguridad.

Como Milei, Bullrich promete ser inflexible. Está decidida a apuntalar, desde su cartera, el nuevo guion oficial. Para eso la contrató el presidente. Para contrarrestar, al menos, un semestre de pésimas noticias económicas con la promoción de la ley y el orden.

Ayer, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el secretario del área y jefe de la Policía local, Diego Kravetz, recibieron a los sindicalistas Héctor Daer y Andrés Rodríguez. Daer y Wolff se conocieron en el recinto, cuando compartieron la Cámara baja, y trabaron un vínculo directo.

Según trascendió, los jefes sindicales se comprometieron a movilizarse lo más ordenado posible, y abundaron en que preveían una convocatoria de unas “100 mil personas”. A media tarde, emitieron un comunicado que fastidió a las autoridades porteñas -”unilateral”, según confiaron fuentes locales-, que contestaron con otro horas más tarde, en el que detallaron que “no se podrá interrumpir el tránsito vehicular” y que deberá haber “libre circulación” en la avenida Entre Ríos, donde se disponga el escenario.

El gobierno intentó sesionar ese día en el Congreso. Y contrarrestar con esa puesta en escena. “Ellos” o “nosotros”. El intento fue rápidamente desestimado por los aliados, y por la dilatación en las negociaciones.

El operativo, en ese sentido, estará en manos de la Ciudad. “Nos preocupa, y nos ocupa”, sintetizaron fuentes porteñas. No se descarta, de todos modos, que Bullrich quiera capitalizar la manifestación. En particular, por su enfrentamiento público con buena parte de los organizadores, en especial la familia Moyano, que dejó de lado las diferencias internas para enfrentar a la administración libertaria. A diferencia de la movilización de semanas atrás de la CGT frente a la plaza de Tribunales, esta vez también La Cámpora será de la partida. En esa marcha, cuando parte de la agrupación se aprestaba a manifestarse ante los tribunales, hubo un llamado de último momento de la cúpula de la organización para dar de baja la movida.

Es que, a pesar del respaldo de buena parte de la sociedad, al gobierno el reloj le empieza a correr con más urgencia. La aprobación del Congreso a la denominada Ley Ómnibus pretende darle más solidez a su relato. Es el proyecto en el que trabajó durante meses Federico Sturzenegger, también ideólogo del DNU 70, ahora con un perfil más hermético. En paralelo, un ala del Ministerio de Economía trabaja, según confiaron, en el plan de estabilización que Milei pretende aplicar a partir de marzo. A cargo del tema está Joaquín Cottani, secretario de Política Económica, un ex colaborador de Domingo Cavallo, el ex ministro que está muy atento a esa hoja de ruta. Lo que suceda en estos días será clave para los próximos meses.

Fuente: Infobae.com

El paro general de la CGT del próximo miércoles 24 de enero incluirá a los trabajadores del transporte público, pero no afectará totalmente el servicio de los colectivos, trenes y subtes, que funcionarán en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) con horario reducido.

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La medida de fuerza, que busca la derogación del DNU 70/2023 y el rechazo a la ley ómnibus enviada al Congreso por el Gobierno, tiene entre sus adherentes a la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), sindicato de tercer grado que nuclea a varios gremios sectoriales como la UTA (Unión Tranviarios Automotor), que corresponde a los choferes de colectivos, y La Fraternidad, de los conductores de trenes, entre muchos otros. También se adhirió el gremio de los Metrodelegados, que operan el subte de la Capital Federal.

Pero este año, la decisión es que se mantenga el servicio de colectivos, trenes y subte entre la medianoche y las 19 del miércoles 24 de enero, para “facilitar la concentración y desconcentración de todo aquel ciudadano que quiera ese día expresarse, haciendo uso del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades frente a los atropellos disfrazados de DNU y la ley ‘Bases’ de este adolescente Gobierno”, indicaron estas organizaciones desde un comunicado de la UGATT (Unión Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte), que conduce el ferroviario Omar Maturano.

El transporte de carga sí hará paro todo el día, como manifestaron desde la UGATT: “Deberán suspender los servicios desde las 12 hasta las 24 del día 24 de enero de 2024″, se lee en su comunicado oficial.

De esta manera, se podrán utilizar estos transportes públicos entre la medianoche y las 19, aunque hay que tener en cuenta que el tránsito se verá afectado en la zona del paro, cuyo acto central será frente al Congreso de la Nación a partir del mediodía. Desde el Ministerio de Seguridad nacional, que organizará el operativo alrededor de la marcha, manifestaron a LA NACION que la intención es que las calles sean circulables y que esto “va a depender del momento y la cantidad de gente”.

Quiénes adhieren al paro de la CGT

Además de los gremios asociados al transporte y la CGT, también serán parte de la protesta distintas agrupaciones sindicales y políticas, que ocuparán la plaza del Congreso de la Nación el próximo miércoles 24.

Los gremios de estatales ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) participarán de la marcha el 24 de enero. Como respuesta a esta medida, el Gobierno prometió descontar el día a los empleados del Estado que adhieran a la manifestación, algo que no ocurrirá con los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, Axel Kicillof, anunció que respetará el derecho a huelga al no descontar la jornada de paro.

La Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), integrada en parte por ATE, ratificó asimismo que estará en la marcha con su poder de movilización. De esta forma, se suman distintos gremios además del de estatales, entre los que están el SITraLab (Sindicato de Trabajadores de Laboratorios), el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales), el SOESGYPE (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento), el CISPREN (Círculo Sindical de Prensa) y el FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina), entre muchos otros.

La última adhesión a la medida de fuerza por el momento vino de Unión por la Patria, la coalición opositora que fue gobierno los últimos cuatro años. Los 20 partidos que conforman el espacio político anunciaron que van a acompañar “todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el pueblo argentino a lo largo y ancho del país”, a la vez que exigieron al Congreso el “rechazo a las iniciativas promovidas por el oficialismo”.

Se trata de la primera medida de fuerza que la CGT llevará a cabo en casi cinco años, ya que la última huelga de la central obrera peronista fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que activaron durante la gestión de Mauricio Macri.

Fuente: La Nación