Luego del paro y la movilización del 24 de enero impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la «ley ómnibus»,movimientos sociales anunciarán movilizaciones y protestas en las puertas de distintos supermercados de la provincia y la ciudad de Buenos Aires para visibilizar la «demora en la entrega de alimentos» en los comedores.
Así lo habían adelantado este viernes voceros de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), quienes informaron que mantendrán una reunión en la sede de la organización, ubicada en el barrio de Constitución. «Estarántodos los movimientos sociales, del amplio espectro de las organizaciones», dijeron.
En búsqueda de definir y lanzar un «plan de lucha nacional», de manera preliminar los movimientos marcharán este jueves 1ro de febrero a supermercados y la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), al mismo tiempo que realizarán ollas populares, sumado a la entrega de petitorios en dependencias nacionales, provinciales y municipales.
En la reunión de este lunes estarán presentes agrupaciones piqueteras cercanas al peronismo y al kirchnerismo, como el Movimiento Evita y el Movimiento Somos Barrios de Pie, y algunas de izquierda, como Libres del Sur, el Frente de Organizaciones de Lucha (FOL), entre otroas, y donde destaca la ausencia del Polo Obrero.
El objetivo es el reclamo ante el «ajuste» y las reformas que lleva adelante la administración del presidente Javier Milei, a través del mencionado proyecto de ley y el «Mega DNU» desregulador de la Economía, pero también la solicitud de alimentos al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
«La devaluación y la desregulación de los precios que lleva adelante el presidente sólo trajo más hambre en los barrios, tenemos las ollas vacías y cada vez más gente pidiendo un plato de comida«, comentó días atrás Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP.
En la confederación de movimientos populares manifestaron que la situación es «desesperante» y que aún no comenzó la compra de mercadería mediante los fondos provenientes de Naciones Unidas y del Banco Mundial.
La cartera a cargo de Pettovello quiere llevar adelante un programa de «transferencias directas» hasta los comedores y merenderos en lugar de «bajarles alimentos» a las organizaciones como en el pasado. Sin embargo, han reconocido problemas de abastecimiento y responsabilizaron a la gestión del gobierno anterior por no realizar las licitaciones pertinentes para la compra de comida en noviembre pasado.
Marcha al Congreso
Este martes, organizaciones piqueteras, de derechos humanos, estudiantes, sindicatos y asambleas barriales se movilizarán al Congreso de la Nación para expresar su “rechazo a la Ley de Bases” -también conocida como ómnibus»- pedirán a las centrales obreras que “llamen” a un nuevo paro nacional.
Entres los convocantes, se encuentran la Unidad Piquetera, el Polo Obrero, el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumatico Argentino (SUTNA), las comisiones internas de los hospitales Garraham e Italiano y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), entre otras.
La movilización y la implementación de un plan de lucha «para derrotar el plan de Milei y el Protocolo represivo«, en referencia a las medidas implementadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también será anunciado este lunes en una conferencia de prensa desde las escalinatas del edificio legislativo.
El fin de semana tuvo infinidad de reuniones, cónclaves virtuales, llamados y mensajes de la dirigencia política para deliberar cuestiones en torno a la Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos. La ya famosa “Ley Ómnibus”. Cuando parecía que había un principio de acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y la oposición “dialoguista”, donde se engloban un centenar de legisladores que reportan a los bloques de la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación, la situación se trabó. La Casa Rosada apuntó contra los gobernadores, que tienen ascendencia en decenas de los diputados de esas bancadas, por diferencias en la discusión “en particular” del proyecto oficialista. Es decir, el debate fino de artículo por artículo.Te puede interesar:Líderes del PRO de las provincias pidieron por carta que Mauricio Macri asuma la presidencia del partido
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A última hora del viernes, Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, anunció en conferencia que se retirará el “capítulo fiscal” del articulado. Fue un giro de 180° por parte del Poder Ejecutivo que cambió el eje de las negociaciones y puso en alerta, otra vez, a los mandatarios provinciales.https://65e54c78cd53b38a2ad6b327b2cd6415.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Milei sostiene inflexible su posición con respecto a lograr el “déficit fiscal cero”. Los gobernadores “dialoguistas” acompañan la idea, pero no están de acuerdo con el camino hacia esa meta. Proponen un sendero que no afecte intereses provinciales. El Jefe de Estado adoptó una estrategia agonal y decidió confrontar con los gobiernos subnacionales -y también con el Poder Legislativo-. Está convencido de que sin el “capítulo fiscal” de la Ley, logrará el equilibrio y la estabilización por vía de decretos, manteniendo el Presupuesto actual, mediante la licuación que producirá el enfriamiento de la demanda agregada.Te puede interesar:Ley ómnibus: los 139 artículos eliminados y 17 que fueron modificados tras la negociación con la oposición
De fondo emerge una pelea por caja, que encuentra a los gobernadores tironeando al Presidente para que no afecte (con su plan desregulador) la recaudación de las arcas locales. La estrategia de un gobierno nacional que apela al federalismo fiscal para construir poder y gobernabilidad es una práctica trillada en la historia política argentina. La aplicaron líderes peronistas como Carlos Menem o Néstor Kirchner, dos peronistas con el cursus honorum completo en la denominada casta.Javier Milei, presidente de la Nación (EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER)https://65e54c78cd53b38a2ad6b327b2cd6415.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
“Tenemos identificadas a las valijas y a los valijeros”, apuntó en dirección a una serie de sectores industriales que -considera- están “detrás de cada artículo en particular”. Entre los legisladores y los gobernadores desfiló ese reportaje y hubo mensajes de enojo y rechazo. La bancada dialoguista está dispuesta a respaldar la Ley Ómnibus en la votación en general y a votar buena parte de los artículos en particular. Por eso, las declaraciones del Jefe de Estado generan irritación entre los aliados.
Los gobernadores aceleran
Un grupo de 16 mandatarios provinciales estarán hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen previsto hacer un encuentro esta tarde, sin lugar confirmado aún, para pedir una reunión con el Gobierno nacional. Se trata de referentes del interior del país entre los que hay integrantes de la UCR, el PRO, el peronismo no K y de otros espacios provinciales. Exigen que la Casa Rosada unifique la interlocución y abra una mesa con los funcionarios de Milei que tienen incidencia en la discusión sobre la Ley Ómnibus, para conversar sobre detalles en particular del texto normativo que ya no incluye el apartado fiscal. Pretenden ser recibidos por Caputo, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, o Guillermo Francos, ministro del Interior. En concreto, los jefes provinciales buscan un cónclave formal para darle institucionalidad a la negociación.
Al margen de la discusión mediática, los gobernadores evalúan que sin el paquete fiscal de la ley, que implica no tratar el proyecto de Ley para reinstaurar el Impuesto a las Ganancias, el Poder Ejecutivo no compensará la pérdida de recaudación de las provincias por no percibir ese tributo -que es coparticipable- y exigen alternativas para resarcir la situación.Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, reunido con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba
Una de los focos de discusión por estas horas es en torno al Impuesto PAIS. En la bancada de Hacemos, liderada por el experimentado Miguel Ángel Pichetto, señalan que la vigencia de ese tributo está vencida y que el Gobierno necesitará el aval del Congreso para prorrogarlo. A cambio, proponen exigirle a Milei que coparticipe esos fondos. Es algo que el Jefe de Estado jamás concederá porque conoce que sería una decisión de no retorno.
La pelea detrás del Impuesto PAÍS
Los mandatarios con incidencia en ese bloque son Martín Llaryora, (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones). Esa nueva liga híbrida de peronistas no K, espacios provinciales y cercanos al PRO, hizo un encuentro por Zoom el sábado para delinear detalles de esa estrategia. La flamante incorporación a ese entente fue Osvaldo Jaldo (Tucumán), presente en esa reunión, quien armó el bloque Independencia en la Cámara Baja en un gesto de empatía con Milei y de distancia con Juan Manzur, ex gobernador y referente del peronismo tucumano. Raúl Jalil (Catamarca) también orbita ese espectro. Pichetto tuvo protagonismo en la cumbre del sábado y arengó a los líderes provinciales a que vengan hoy a Buenos Aires para reforzar las negociaciones con Balcarce 50. Así será.Te puede interesar:Los gobernadores de JxC se reunieron para definir su postura frente a los cambios que hizo el Gobierno en la Ley Ómnibus
Por otra parte, el sábado también se reunieron de forma remota los 10 gobernadores de lo que hasta hace poco tiempo se agrupaba dentro de Juntos por el Cambio: Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Torres, Jorge Macri (CABA), Frigerio, Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) fueron de la partida. Según pudo saber este medio, Gustavo Valdés (Corrientes) no pudo participar. Frigerio y Torres trasladaron los puntos centrales del mitin con la otra liga de gobernadores. En varios puntos hay sintonía. Incentivados por Pichetto, los mandatarios de Entre Ríos y Chubut pusieron al tanto a sus colegas de JxC del encuentro convocado para esta tarde en Buenos Aires. Si bien aún no se conoce el lugar de encuentro, no se descarta que puedan confluir en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio de Retiro.Los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirán hoy en Buenos Aires con un grupo de gobernadores del peronismo no kirchnerista
Si se abre la ventana de discutir la coparticipación del Impuesto PAIS, la escalada entre la Casa Rosada y los gobernadores podría dinamitar la sesión en Diputados prevista para el martes. Aunque aún no se formalizó la convocatoria para ese día. Ese tributo fue creado en el alba de la presidencia de Alberto Fernández por la La Ley 27541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Se se sancionó el 23 de diciembre de 2019 y fue reglamentado el 27 de diciembre de ese año por el Decreto 99/2019.
En el Capítulo 6 del Título IV, la Ley instauró el Impuesto PAIS a la compra de billetes y divisas, para lo cual fijó una alícuota del impuesto es del 30%. Ese gravamen alcanza a la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden de adquirente o prestatario residente en Argentina, y adquisición de servicios de transporte de pasajeros (por cualquier vía) con destino fuera del país.
Por el incremento del tipo de cambio y por la ampliación de la base imponible con el ingreso del pago a cuenta ejecutado para ciertas importaciones de bienes, el Impuesto PAIS fue el tributo que más creció en su recaudación en el ejercicio 2023. Con un salto de 335,5% respecto del 2022, generó $1,5 billones de ingresos a las arcas del Estado nacional. Junto con el IVA, Ganancias, impuesto al Cheque, Derechos de exportación, lidera el ranking de tributos nacionales que más fondos recaudan.Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, anunció el viernes que el oficialismo retirará el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus (JULIÁN ÁLVAREZ – TÉLAM)
El punto de fricción es que el artículo 35 de la Ley establece que el Impuesto PAIS “regirá por cinco períodos fiscales a partir del día de entrada en vigencia de la ley”. En ese sentido, el artículo 180 del dictamen de mayoría sobre la Ley Ómnibus, firmado por los diputados el miércoles en el plenario de comisiones, se refiere al tema. “Se aclara que el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) establecido por el artículo 35 de la Ley N° 27.541 se encuentra vigente hasta el 22 de diciembre de 2024, inclusive”. Esa redacción no sugiere una prórroga, aunque en la bancada pichettista sospechan que está “implícita”.
En el Gobierno, que siguen las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, aseguran que el Impuesto PAIS tiene vigencia hasta el 22 de diciembre de 2024. Un grupo de gobernadores y de diputados dialoguistas, en cambio, advierten que está “vencido” y que exige aval del Congreso. Se amparan en La Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece el ejercicio financiero del sector público nacional inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, se trata de una obligación fiscal cuya vigencia fija la propia ley que creó el impuesto. Un debate jurídico que, de fondo, es una discusión política por caja.
El nuevo texto de la Ley Ómnibus
Durante el domingo, el oficialismo circuló entre los legisladores dialoguistas un nuevo documento con el articulado sin el “capítulo fiscal”. Baja de 664 artículos que tenía la redacción original a 386 del actual. Legalmente, en la sesión del martes -si finalmente se lleva adelante- se debatirá el dictamen de mayoría rubricado en la madrugada del 17 de enero. El texto que deambula ahora en los pasillos legislativos sirve como referencia para unificar criterios entre el Gobierno y sus aliados. La oposición observa, a primera vista, que Milei incorporó buena parte de las modificaciones solicitadas. De todos modos, el artículo sobre el Impuesto PAÍS permanece ya no en el artículo 180, sino en el 89, y con idéntica redacción.Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, figura clave en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en el Congreso (Nicolás Stulberg)
Los gobernadores analizan con presionar al Gobierno para que coparticipe ese impuesto. Actualmente, el 70% de lo recaudado por el Impuesto PAÍS queda para el Estado Nacional, y el 30% restante se destina a las provincias a través de una serie de fondos para incentivar el desarrollo en el interior. La Casa Rosada amenaza con frenar ese reparto.
Además de ese punto, continúa el debate entre los dialoguistas en torno a consentir las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. El Gobierno aceptó reducir el plazo de dos años a uno. Sería hasta el 31 de diciembre de 2024 prorrogable a uno más por el Congreso. No obstante, en la oposición hay disidencias sobre el alcance de las materias. El proyecto habilita esos poderes extraordinarios sobre materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. El proyecto original tenía 11 materias, ahora quedaría en siete. Un grupo de legisladores pretende acotar ese margen. Otro sector, de la Coalición Cívica, liderados por Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, rechazará in toto el capítulo II sobre las facultades. Se lo hizo saber la propia Elisa Carrió a Pichetto en una comunicación que tuvieron la semana pasada.
También hay reparos de la oposición respecto a aspectos que refieren a las industrias culturales. Y otro punto central: el referido al Régimen Federal de Pesca. Por presión de los gobernadores e intendentes de distritos pesqueros, hay acuerdo en la oposición para retirar todos los artículos sobre ese tema y proponer que se debatan aparte durante el período de sesiones ordinarias, a partir de marzo.Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich
En el PRO hay acuerdo para acompañar el dictamen del Gobierno. Mauricio Macri movió hilos para eso, que desde Cumelén recibió contactos de emisarios del Gobierno respecto a los cambios en la Ley Ómnibus. Lo propio hizo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, hoy distanciada del ex Presidente. Aún presidenta del PRO, encabezó el sábado un Zoom con los diputados nacionales de esa bancada. Allí, intercambiaron miradas, repasaron la situación actual del debate y acordaron mantener la unidad -pese a algunos matices-. La funcionaria arengó a los legisladores y pidió apoyo a la normativa. Así sucederá. Los 37 escaños de ese bloque darán quórum y acompañarán casi la totalidad del proyecto.
Esta semana inicia la prueba de fuego con la que el Milei puede dar un paso hacia un Gobierno de coalición o, bien, avanzar con la estrategia de sostener un Congreso fragmentado con múltiples frentes de confrontación abiertos. De la pericia política de esa táctica dependerá, a caso, el programa económico y político de La Libertad Avanza.
La semana pasada el mercado cambiario se movió con bastante volatilidad, al compás de las noticias que llegaban del Congreso y el Ministerio de Economía, lo que llevó a subas en el dólar blue, el MEP y el Contado con Liqui, que tocaron el jueves picos de hasta 1260 en el paralelo y $1327 en el CCL, valores récord históricos.
Las dificultades para avanzar en las negociaciones en el Congreso por la ley ómnibus hicieron su parte, y también algo que viene flotando en el ambiente desde hace semanas y es el atraso cambiario que se viene acumulando con el dólar informal y los paralelos subiendo a grandes pasos, acompañando la inflación de 25% mensual, y el crawling peg oficial (deslizamiento suave, gradual y controlado del tipo de cambio oficial), creciendo al 2% al mes.https://28a352537d574f25e0c3abfa7c42d547.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Pero finalmente la calma llegó a última hora de ese mismo jueves cuando una resolución conjunta de Ministerio de Economía y el Banco Central indicando cómo sería el cronograma de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para las importaciones pasadas y pendientes de pago al exterior. Incluso en algunas actividades se dispuso el acceso inmediato hasta ciertos montos.TE PODRÍA INTERESAR
Con este panorama, el mercado cambiario se movió el viernes con tendencia bajista. El dólar paralelo $1170 para la compra y $1220 para la venta, tras arrancar la jornada en $1255 para el tipo vendedor, lo que representa una caída de 2% en el día.
En cuanto al dólar MEP, que es el que se accede a través de la suscripción de títulos en pesos en la Bolsa, y luego se liquidan -tras un parking de uno o dos días- en cuentas en dólares en el país, quedó el viernes en $1188,48, luego de tocar los $1276,80 el martes 23 de enero. Sólo entre jueves y viernes marcó una baja de -3,60% en su cotización.
Pero tal vez la nota más resonante de la semana la dio el Contado con Liqui, que en la última rueda perdió -3,30%, aunque había llegado a caer -4,10% y recuperó algo al final de la rueda. Con ese dato, el CCL cerró en $1239,93.
Qué pasará con el crawling peg
La pregunta del millón para la semana que arranca mañana es qué política definirá el Palacio de Hacienda en materia cambiaria. En buen criollo, si se mantendrá firme en su estrategia de devaluación del 2% mensual del tipo de cambio oficial presentada en sociedad el pasado 12 de diciembre cuando el Gobierno decidió devaluar el peso un 54%, o si reconoce que se está quedando corto y en sólo un mes y medio perdió una parte importante de la competitividad ganada con la devaluación.
Empresarios de diversos sectores aseguran que el esquema no es sostenible y que más temprano que tarde el Gobierno deberá devaluar nuevamente. Habrá que ver cuándo y cuánto.
Con bajo perfil el titular del Banco Central, Santiago Bausili, recompuso un poco el nivel de reservas internacionales.
Por lo pronto, la estrategia de comprar dólares en cada rueda desde el 13 de diciembre le permitió al Banco Central comprar hasta ahora 5.894 millones de dólares y 3.032 millones en lo que va de enero. Con esa «espalda» es que se lanzó a prometer el acceso al MULC para los importadores, que les permitirá a su vez normalizar deudas comerciales con sus proveedores del exterior o casas matrices. Las reservas brutas superan los US$ 25.000 millones, el mayor nivel desde octubre pasado.
La carta oculta es que este proceso se termine de encauzar en los próximos 60 días, y «empalme» con la exportación de los primeros lotes de soja, que se embarcarán a partir de marzo. La liquidación fuerte de la cosecha gruesa (soja y maíz) en un año de fuerte recuperación de la producción en el campo, más la normalización de las producciones industriales y eventualmente exportaciones, plantea un escenario nuevo para la economía argentina.
El Gobierno «recula», los mercados festejan
El país pasaría así de «rascar» el fondo de la olla para buscar dólares a disponer de las divisas que requiera la actividad económica. Este nuevo escenario quedó marcado también por la medida que tomó el Gobierno a última hora del viernes, de retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus, que necesita que sancione el martes la Cámara de Diputados de la Nación.
En especial fue bien recibida por todo el sector agroindustrial la suspensión de suba de derechos de exportación que, en principio, afectarían al la industrialización de soja (harina y aceite subirían 2 puntos porcentuales) y a los bienes industrializados que irían al 15%. Si bien el presidente Javier Milei había prometido en campaña eliminar las retenciones, como también se conoce a estos derechos, la urgencia fiscal llevó a incluirla en la ley ómnibus.
Todo el paquete fiscal represetna1,8% del PIB, gran parte de lo cual viene por cobro de retenciones. Ahora los exportadores están más incentivados a liquidar antes de que las condiciones cambien, por eso la medida fue leída positivamente en el sector financiero. Habrá que ver igual qué pasa el lunes cuando abra el mercado cambiario.
Los operadores del mercado, en tanto, seguirán observando la brecha cambiaria entre el blue o el contado con liqui y el oficial (mayorista), que hoy se ha convertido en el fiel de la balanza en materia cambiaria.
La otra noticia que espera el mercado es si finalmente el board del FMI se reúne para aprobar el Staff Level Report (SLR) alcanzado con alcanzado y destrabaría un desembolso por US$ 4.700 millones que deben llegan antes de fin de mes para hacer frente a compromisos con el organismo, para devolver un crédito corto a Qatar por casi 1000 millones de dólares, y asegurarse la plata para los vencimientos del primer trimestre del año.
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Los aviones de combate fueron fabricados por la compañía estadounidense Lockheed Martín y sin la aprobación de la administración de Joseph Biden no hubiera sido posible cerrar el trato comercial que tendrá financiamiento de Washington y se cancelará en cuotas anuales.
Alberto Fernández viajó a Beijing en octubre de 2023 para reunirse con Xi en la III cumbre de la Iniciativa de la Ruta de la Seda, y en ese marco se iba a firmar el contrato de los aviones JF-17. El ex presidente peronista había decidido incluir en la comitiva a Jorge Taiana, por entonces su ministro de Defensa y principal promotor del contrato que implicaba una fuerte demostración de softpower del régimen comunista.Te puede interesar:Mientras los mercados chinos sufren, ¿qué alternativas tienen los inversores?
En este contexto, Marc Stanley invitó a Sergio Massa a tomar un café en sus oficinas de Avenida Libertador y Avenida Kennedy, adonde adelantó que la Casa Blanca vetaba la operación comercial con los proveedores chinos. El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial es amigo del embajador de los Estados Unidos y transmitió la información reservaba a Alberto Fernández, que no soporta a Stanley y su velocidad de movimientos.Te puede interesar:Se recalienta la interna de la CGT: ya se habla de un paro general en marzo, pero el sector dialoguista busca negociar con MileiSergio Massa y Marc Stanley en la embajada de los Estados Unidos en la Argentina
Desde el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca se bajó la instrucción secreta de ayudar a la Argentina en la compra de los aviones fabricados por la Lockheed Martín y en posesión de Dinamarca. Esa instrucción fue conocida por Milei cuando viajó a DC antes de asumir como Presidente.
La demora en la negociación y el ajuste técnico del contrato final complica al país y beneficia a Ucrania en guerra contra Rusia: al principio había 34 aviones F-16 para comprar, pero Volodimir Zelensky hizo lobby en Washington y se llevó a Kiev una partida de 10 naves de combate para enfrentar a las tropas de Vladimir Putin.
Milei y su ministro de Defensa, Luis Petri, conocen está dinámica en la compra de los aviones de combate y los trámites burocráticos en el Edificio Libertador se mueven a marcha forzada. Si la operación no se cierra a fines de febrero, se cae la adquisición por falta de financiamiento que es aceitado por el Pentágono.
La decisión política de Washington no sólo significó desplazar al régimen chino y avalar la compra de los 24 aviones, sino también la ejecución de un movimiento geopolítico que incluyó al Reino Unido y su plan de control y protección de las Islas Malvinas.
Por la gestión del Pentágono, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, la administración británica aceptó que Argentina compre aviones de guerra para regresar a un status de defensa que había perdido en 1982.Aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Países Bajos durante un vuelo de control del espacio aéreo de la OTAN
En las próximas dos semanas, el ministro Petri debería entregar toda la documentación al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para cerrar la operación con Dinamarca. Los fondos para comprar los aviones de guerra están disponibles, y Milei ya tomó la decisión política.
Balcarce 50 comparte la agenda de contención de China en América Latina que se diseñó en el Pentágono, y aprovecha la coyuntura geopolítica para recuperar la capacidad bélica de la Fuerza Aérea. Una mirada del mundo y de la defensa nacional que fortalecen las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró hoy confiada en que la ley ómnibus impulsada por el Gobiernoserá aprobara en el Congreso, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, retirara el capítulo fiscal de la norma.
“No hay que mirar tanto la letra chica de una ley sino las circunstancias generales de una ley. Cuando más se demore más posibilidades tenés de fracasar. Es fundamental darle el instrumento al Gobierno para hacer cambios estructurales”, aseguró Bullrich en declaraciones a Radio Mitre. “El objetivo es que la ley tenga media sanción el martes”, apuntó la ministra.
“Un Congreso donde todo el mundo se aprovecha de la debilidad de un gobierno con pocos diputados lo único que logra es que la ley se deforme. Vos podés correrte hasta cierto punto, pero si no volvés al statu quo. El Gobierno evaluó eso para retirar el capítulo fiscal. Se ponía entre paréntesis el éxito del plan. Hay que llegar al déficit cero y ya se pasaba a que iba a ser negativo lo que se iba a votar. Se van a utilizar otros instrumentos para lograr ese objetivo”, afirmó Bullrich.
“El país está al borde del abismo, no se puede esperar. Lo que queda (de la ley) ya tiene un acuerdo, la ley tiene una serie de cambios. Hay que respetar el acuerdo. YPF salió de las privatizaciones, se ha negociado. El país no puede seguir gastando lo que gasta y esto lo han entendido los argentinos”, señaló la ministra.
El paquete fiscal de la discusión por la ley ómnibus en el Congreso cayó tras una inconclusa disputa entre el Ejecutivo, la oposición y los gobernadores por más de US$3000 millones. Es lo que representan la propuesta de suba de retenciones y el cambio en la fórmula de las jubilaciones, los dos puntos que trabaron la discusión legislativa y que suponen ahora un desafío para el Gobierno en su meta de “déficit cero” en 2024.
Una de las principales disputas en torno al paquete de recorte de gastos y más impuestos estuvo vinculada a la propuesta de suba en las retenciones. En su proyecto, el Gobierno había planteado el incremento de las alícuotas por derechos de exportación al 15% para productos de economías regionales (luego negoció la exclusión de algunos rubros para intentar sumar votos), e igualar en el 33% la correspondiente a la soja y sus derivados, en una decisión que recibió críticas de economistas por representar de hecho un desaliento a la exportación de productos industrializados o de mayor valor agregado local. En números, el incremento en la presión fiscal vía mayores retenciones a oleaginosas, cereales, carnes y otros productos implicaba una recaudación adicional de US$1135 millones, de acuerdo con las estimaciones de la consultora Equilibra.
Luego de un año de sequía, que redujo los saldos exportables en alrededor de US$20.000 millones e impactó negativamente en el nivel de actividad, el ingreso de divisas y la recaudación, este año la expectativa del campo es de una cosecha que sería récord en los últimos años, aun con la caída en el precio internacional que experimentan la soja, el trigo y el maíz. En ese escenario, de haber prosperado la propuesta del Gobierno, la recaudación por retenciones a partir de los principales complejos agroindustriales habría sido de US$10.290 millones, según las estimaciones de la firma. De mantenerse el esquema actual, serán, según las cantidades y precios proyectados hoy, US$9155 millones.
La diferencia explicaría ingresos al fisco por el equivalente a 0,2% del PBI, con un factor adicional: se trata de un impuesto que no es coparticipable y que ingresa directamente a las arcas del Tesoro nacional. De ahí la fuerte resistencia de gobernadores y legisladores del interior, que manifestaron su rechazo a la suba impulsada por Caputo.
La cuestión previsional y la fórmula de ajuste para las jubilaciones, pensiones y otros programas sociales como la asignación universal por hijo (AUH), que en componen el mayor renglón de gasto dentro del presupuesto nacional. Solo en 2023, aún con las caídas reales experimentadas por ajustes inferiores a la inflación, representaron $37 de cada $100 que gastó el Tesoro, de acuerdo con las estimaciones de IARAF.
En su proyecto de ley, el gobierno había incluido el capítulo previsional entre las emergencias solicitadas al Congreso, y proponía suspender la fórmula vigente (ajusta por la evolución de la inflación y la recaudación), para habilitar ajustes discrecionales a cargo del Ejecutivo. Ante el rechazo de esta disposición, se había modificado el planteo inicial, con un esquema que mantenía la fórmula hasta el ajuste trimestral de marzo, para adoptar un incremento automático por el IPC del Indec a partir de abril.
Si bien el Gobierno planteaba que con el mecanismo propuesto “se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, el rezago en el ajuste de los haberes, en un contexto de aceleración inflacionaria como el actual, implicaría una caída en el gasto en jubilaciones. En 2023, según las estimaciones de Equilibra, este rubro representó un 12,1% del PBI, y con la suspensión de la fórmula inicial, el objetivo del Gobierno, explicitado en los números compartidos por el ministro Luis Caputo en su hoja de ruta al déficit cero, implicaba una caída en el gasto previsional por 0,4% del PBI (equivalente a algo más de US$2000 millones). De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, con proyecciones condicionadas a la evolución de la inflación a lo largo del año, ese esquema implicaba una caída adicional en términos reales del 6% del poder de compra de los haberes jubilatorios en 2024.
Según los cálculos de la consultora EcoGo, que estima una inflación en torno al 20% en enero y una desaceleración en febrero, esa brecha aplicada al ajuste de las jubilaciones podría haber tenido un impacto significativo sobre las cuentas públicas. De acuerdo con estas proyecciones, comenzar con recomposiciones mensuales por el IPC de febrero habría implicado que, en todo 2024, el Tesoro habría ahorrado $4,3 billones de pesos en partidas para jubilaciones. “Dado que la inflación de febrero es menor a la de enero, el gasto anual en este escenario es un 0,6% menor”, explica el economista Lucio Garay Méndez.
“Comparando fórmulas, la nueva implicaba mejores jubilaciones en 2024 porque la inflación este año seguramente le gane a los salarios. Pero una vez indexado se mantiene en niveles muy bajos por lo que dure esa fórmula. La vieja implica mayor licuación en 2024, y por ende, mejor gasto en seguridad social, pero con la recuperación de los salarios y la recaudación en 2025, se recompondrían las jubilaciones y pensiones en términos reales, y por ende, también aumentaría el gasto a partir del año que viene”, sintetiza el analista.
Resignado el capítulo fiscal y la mayor recaudación prevista en la ley ómnibus, Caputo ratificó la “meta de déficit cero” y anticipó revisión de partidas y mayores recortes para alcanzar ese objetivo, que implicará revertir el rojo financiero de 6% del PBI con el que concluyó 2023. El cambio de planes legislativo abre interrogantes sobre dónde pasará la tijera del Gobierno. Es que al observar la hoja de ruta mostrada por Caputo en diciembre, todo lo suspendido (jubilaciones, retenciones, Ganancias, moratoria, blanqueo y Bienes Personales) representan alrededor de 2% del PBI, que ahora deberán ser compensados.
El Gobierno dio marcha atrás con el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. En la práctica significa que el corpus de más de 500 artículos que tiene la ley permanece, lo que implica una reforma radical de las relaciones económicas entre los argentinos.
No sucede lo mismo, tal como lo dijo el ministro de Economía Luis Caputo, con las que él mismo llamó «capítulo fiscal». Sucede que son leyes que tienen como finalidad única el aumento de la recaudación para lograr el ansiado déficit cero, tras lo cual habrían vuelto a cambiar.
El programa económico del presidente Milei incluye una reforma fiscal amplia que modificarán, más tarde o más temprano, los ítems que acaban de retirar de la ley «Bases».TE PODRÍA INTERESAR
Las leyes en disputa tienen en todo caso un plan B, cosa que no sucede con el resto de las leyes a tratarse en el Congreso. Y finalmente, existe un artículo central: la delegación de facultades, que le permitirá al gobierno modificar aquello que desee sin pasar ya por el Congreso.https://33f582de88af2a46790324f75434fc66.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Los acuerdos con los bloques dialoguistas no alcanzaron. Télam
Las leyes que se van del proyecto son:
Ley de movilidad jubilatoria
Sabido es que Milei prefiere un sistema de capitalización privada para las jubilaciones. Por lo que la modificación del cálculo de haberes para los jubilados tenía como única finalidad atravesar los primeros meses de gobierno sin la erogación que significaría aplicar la actual actualización de haberes dada la aceleración inflacionaria.
El decidido rechazo de la mayoría de los bloques opositores dialoguistas que no quieren pagar el costo político de una baja en las jubilaciones tiró para atrás la medida.
El cambio habría significado un ahorro de 1 punto del PBI, de los 5 que el gobierno necesita. Ahora deberá ajustar gasto por otro lado. En los últimos días dieron pistas al hablar de lo que sufrirán las provincias, pero aún no hay certezas.
Retenciones
El impuesto a las exportaciones (retenciones) era el ítem más cuestionado por los gobernadores y las agrupaciones empresarias. Aunque el presidente Milei había prometido reducir a cero las retenciones en campaña, pero las necesidades económicas fueron más fuertes.
La nueva ley subía el impuesto a todas las economías regionales y a la exportación de bienes industriales hasta el 15%. Ahora se quedará sin esos recursos de cobro rápido y en dólares.
Blanqueo
Se trataba de la ley de blanqueo más generosa y amplia de la que se tenga memoria. Permitía que nadie debiera dar cuenta del origen de los fondos, por lo que muchos legisladores llamaron la atención sobre el peligro de la llegada de dinero proveniente del narcotráfico entre otros.
Sin embargo, el principal escollo fue la disputa por la coparticipación de esos recursos. Las provincias reclamaron que parte de lo recaudado por el blanqueo fuera a las arcas de los enflaquecidas tesoros federales.
En este caso no se sabe cuanto dinero hubieran recaudado, aunque nadie descarta que se intente la medida más adelante.
Se trataba de un blanqueo gratuito para quienes blanquearan menos de U$S100.000 e implicaba un impuesto especial del 5 al 15% para aquellos que declaren bienes por más de U$S100.000 de manera creciente.
El bloque oficialista no pudo imponer la ley ómnibus completa. Télam
Moratoria
No es una novedad. Cada vez que llega un gobierno al poder propone un plan de pago de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para contribuyentes en mora.
En este caso se incluía la condonación de intereses resarcitorios y punitorios del 50% y el 100% de las multas.
La salida de este capítulo sólo se explica porque forma parte del conjunto de leyes recaudatorias y no sería raro que en breve se vuelva a discutir.
Bienes personales
El impuesto sobre los bienes personales habría sufrido una modificación en la discusión con los bloques amigos. Se disponía el cambio del mínimo no imposible de $100 millones a $350 millones, cuando en la actualidad es de $27millones.
Ganancias
Este ítem no estaba incluido en la ley Bases y fue enviado como un proyecto aparte por el gobierno. Se trata de dar marcha atrás con la ley Massa que elevó el mínimo no imposible del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría a montos lo suficientemente altos como para que afecten sólo a las capas gerenciales de las empresas con lo que dejó afuera a 800.000 personas del pago.
No obstante, al ser un impuesto coparticipable algunos gobernadores quisieron negociar con el nuevo Gobierno el apoyo a la ley Ómnibus a cambio de revivir Ganancias.
La marcha atrás significa que las provincias ya no contarán con este ingreso en medio de un recorte de ingresos que el Ejecutivo promete será feroz.
Lo queda por saber es de dónde sacará el ministro de Economía Luis Caputo el dinero que necesita o qué partidas recortará para llegar al déficit fiscal. Prometió trabajar sobre el tema y no pasará mucho tiempo para que lo sepamos.
Mientras tanto, los jubilados, los trabajadores mejor pagos, las personas altos patrimonios y los exportadores festejan la derrota parcial del gobierno de Javier Milei.
El dictamen de mayoría que La Libertad Avanza finalmente logró aprobar en la madrugada del miércoles en el plenario de comisiones de Diputados, mantuvo la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública. El artículo 33 del texto original de la Ley Ómnibus había encendido alarmas en los gobernadores, entre otros motivos, por la posible paralización de obras financiadas por la Nación en sus provincias. A la preocupación de los mandatarios, se sumaron las objeciones de la oposición dialoguista por la amplitud de las facultades de revisión de contratos que le otorgaba al Presidente, el mensaje de “inseguridad jurídica” que daba, así como la litigiosidad que podría generar “por la responsabilidad contractual”.Te puede interesar:El Gobierno pule la Ley Ómnibus y no descarta incluir más cambios: contactará hoy a los bloques de la oposición dialoguista
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Ese artículo 33 -que pasó a ser el número 28en el dictamen que recogió 55 firmas del oficialismo y aliados- involucra, además de los contratos para la provisión de bienes y servicios, concesiones y construcción de obras públicas. Su alcance abarca tanto a las que están en ejecucióncomo las queno tenían avance físico al finalizar la anterior gestión, pero que ya estaban licitadas. El argumento esgrimido por el gobierno de Javier Milei para revisar o rescindir los contratos es que le habrían “generado un perjuicio al Estado”. Si bien tanto los integrantes del PRO, como la UCR y el bloque de Hacemos Coalición Federal acompañaron con su firma en general, presentaron 34 disidencias parciales. Entre ellas, una referida a este artículo contenido en el capítulo VIII de Contratos Vigentes, que no está en el paquete fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que retirarán del dictamen.
El artículo referido a los Contratos Vigentes tuvo tres modificaciones en relación al original, a pedido de la oposición acuerdista. Por un lado, limitó los contratos sujetos a revisión o rescisión a los que “generen erogaciones significativas a cargo del Sector Público Nacional”, pero sin especificar qué monto se considerará “significativo”.Te puede interesar:Quién es González Botto, el funcionario a cargo de empresas públicas y privatizaciones, los puntos sensibles de la Ley ÓmnibusTexto del artículo 28 según fue redactado en el dictamen de mayoría que impulsa el oficialismo
También incorporó, a pedido de la UCR, que exista un dictamen previo de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de la posible rescisión o renegociación, y excluyó a los que cuenten con financiamiento internacional. Entre los bloques opositores acuerdistas apuestan a que, de acá a la sesión del martes, haya cambios. “Nuestras disidencias se las manifestamos al oficialismo en la inteligencia de que muchas se resolverán antes de llegar al recinto”, le dijo Cristian Ritondo, jefe de esa bancada, a Infobae.Te puede interesar:Reuniones dentro y fuera del Congreso por la Ley Ómnibus en momentos de sensibilidad en el Gobierno
En línea con lo reclamado por los diputados dialoguistas, la reescritura del artículo limitó el alcance de la revisión de los contratos firmados antes del 10 de diciembre, excluyendo suministros, compraventa y consultorías, entre otros. Pero mantuvo las concesiones y licitaciones de obra pública. Ante el pedido opositor de “una versión más acotada”, el oficialismo prometió una nueva versión del artículo que estaría este fin de semana. En la oposición dialoguista mantienen la cautela y están a la espera de una nueva versión antes de la sesión. De hecho, el viernes circuló un borrador no oficial con una reescritura de ese artículo que incorporó “respetar los derechos adquiridos de los contratistas”.Te puede interesar:Argentina descartó a China como proveedor militar y comprará 24 aviones de combate a Dinamarca con el aval de EE.UU.
En la Coalición Cívica (CC) directamente no incluyeron ese artículo en el dictamen de minoría que decidieron presentar por su lado. “Es muy amplia e indeterminada su redacción, más allá de que podría haber casos en que hay que renegociar contratos, pero con alguna garantía de que sea en beneficio de la administración. De hecho, excluyeron los contratos de consultoría que es algo que muchas veces esconde actos de corrupción”, sostuvo Juan Manuel López, presidente del bloque de la CC ante Infobae.
Las obras que quedarían frenadas
Según el análisis realizado por Infobae del Mapa de Inversioneson line implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de obras públicas durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.
Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos, pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las 10 en ejecución que contaban con financiamiento externo.https://flo.uri.sh/visualisation/16551506/embed?auto=1A Flourish map
De esa cifra, 132 están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires; 36 en Córdoba; 26 en Santa Fe; 25 en Entre Ríos; 24 en Chaco; 23 en Santa Cruz; 22 en Misiones; 21 en Santiago del Estero; 17 en Tucumán; 15 en Salta; 13 en Chubut, 11 en Catamarca. Excepto Córdoba, el resto tenían mandatarios peronistas o aliados hasta el 10 de diciembre.
Otras 11 están localizadas en Corrientes; 10 en Mendoza; 8 en La Rioja; 6 en Jujuy, en Neuquén, en Río Negro y en San Juan; 5 en CABA; 4 en San Luis; 3 en Formosa y en La Pampa; y 2 en Tierra del Fuego.
Casi la tercera parte (150) de las obras que no tienen avance físico son del sector de agua y cloacas, cuyo futuro quedó en stand by. En su mayoría (66) están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Otras 82 obras de arquitectura están sin avance y van desde playones deportivos y parques urbanos, hasta una unidad penitenciaria en el Gran Buenos Aires, y 21 centros de desarrollo infantil (CDI), de los cuales 9 están en Chaco, 4 en Misiones y el resto en distintas provincias del país.
A su vez, hay 82 obras viales cuya construcción no había arrancado al momento del cambio de gobierno; 70 de equipamiento urbano, 15 de educación, 12 de vivienda y 8 de recursos hídricos. Por último, 3 del área de la Salud no habían arrancado y todo indicaría que el Estado no va a financiar: un centro de salud modular en CABA, otro La Rioja y el tercero en Santa Cruz.
Ante la consulta de Infobae, fuentes de la cartera de Infraestructura señalaron el jueves por la tarde – poco antes del despido de Ferraro – que “la idea” que se evalúa es que sean nuevamente licitadas y financiadas por el sector privado.
En el Mapa de Inversiones figuran, además, 597 obras rotuladas “en circuito”. Según explicaron en la ex cartera de Obras Públicas, “estaban por comenzar en los siguientes 15 a 30 días”. Varias registraban algún grado de ejecución. “Los proyectos aprobados tenían ya los impactos ambientales realizados, y la confirmación del municipio de que se puede hacer tal obra, en un determinado lugar. Hay un montón de pasos previos administrativos para que la obra esté lista para empezar con los trabajos en el lugar”, explicaron fuentes de la ex cartera de Obras Públicas. Finalmente, otras 197 obras no tenían, al 10 de diciembre pasado, avance financiero, o sea los anticipos de fondos públicos requeridos para su continuidad.https://flo.uri.sh/visualisation/16565530/embed?auto=1A Flourish map
Al pararse sobre cada departamento, se informa la cantidad de proyectos, y al hacer click se despliega el detalle
En su exposición ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 11 de enero, el ahora ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, había relativizado el supuesto parate en la obra pública. “Durante el 2024, vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance. Vamos a seguir ejecutando todo lo que es obra financiada por organismos multilaterales porque están financiadas. Hay vocación de los organismos de ampliar los préstamos para mitad de año”.
En la práctica, la cartera de Economía tiene pisadas las partidas para las obras que estaban en ejecución. El viernes último, al día siguiente de que se conociera la salida de Ferraro, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, tenía previsto reunirse con empresas constructoras para hacer una presentación de las obras en curso y cuáles iban a priorizar su puesta en marcha, pero la reunión se suspendió sin nueva fecha confirmada.
Dentro de las casi 2.200 obras en ejecución al momento del cambio de gobierno,106 estaban financiadas por organismos internacionales, incluidas las que estaban “en circuito”: 35 son del sector agua y cloacas, 17 de arquitectura, 40 de educación, 4 de equipamiento urbano, 7 obras viales, 2 de recursos hídricos y 1 de salud. En cuanto al origen de los fondos, 45 de ellas están financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 46 por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); 9 por el Banco Centroamericano de Integración Económica; 5 por el Banco de Desarrollo, anteriormente conocido como Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata; y una por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.https://flo.uri.sh/visualisation/16567096/embed?auto=1A Flourish scatter chart
Al pararse sobre cada punto, se informa el proyecto, avance y fuente de financiamiento (Fuente: Mapa de Inversiones, Ex Min.Obras Públicas)
En esa exposición en Diputados, Ferraro también había asegurado que iban a “incentivar” al sector privado para proyectos que tienen demanda, promoviendo “un ámbito donde se genere la inversión” en infraestructura. “Cuando nosotros hablamos de obra pública, lo que estamos proponiendo es un cambio cultural”. E invitó a los empresarios argentinos a “cambiar su cabeza y pensar que tienen que generar empresas que asuman el riesgo y que no estén supeditados a lo que el Estado les va a dar a través de un contrato”. Así lo ejemplificó: “Que asuman el riesgo para poner un tren a Vaca Muerta y que firmen los contratos con las empresas petroleras que están ahí. O que hagan un acueducto en Vaca Muerta para poder suministrarle el agua de una forma más eficiente y más barata”.
El entonces ministro explicitó en esa oportunidad la postura del gobierno de La Libertad Avanza: “El Estado se tiene que retirar de todo lo que puede hacer el sector privado, no solo económicamente, sino también todas las regulaciones. Pensamos que todo lo que pueda hacer el sector privado lo haga. Necesitamos 5 puntos del PBI para volver a poner la infraestructura en valor. Es imposible sin el sector privado porque son proyectos importantes”.Guillermo Ferraro al exponer ante el plenario Diputados por el proyecto de Ley Ómnibus.
Las obras en ejecución
Desde el Ministerio de Infraestructura le dijeron a Infobae el jueves – horas antes de que Milei echara a Ferraro- que el futuro de esas obras ya empezadas “dependerá del grado de avance”.
De las 2.185 obras que estaban “en ejecución” en todo el país al finalizar la gestión de Alberto Fernández, el 20% (447) tiene más del 80 % de avance; el 22% (485) entre el 50% y 80% de avance; el 17% (368 obras) entre el 30 y 50% de avance; y el 41% (855) tiene menos del 30% de avance físico. Casi la mitad (1.050) tenía fecha de finalización en 2023 y 957 debían comenzar el año pasado, según el análisis hecho por Infobae de la base de datos del Mapa de Inversiones on line implementado del ex ministro Katopodis para transparentar el proceso de ejecución de las obras.https://flo.uri.sh/visualisation/16551506/embed?auto=1A Flourish map
Al pararse sobre cada departamento, se informa la cantidad de proyectos, y al hacer click se despliega el detalle
Las que al 10 de diciembre tenían algún grado de avance físico suman 1.842 en todo el territorio nacional. De esta cantidad, 806 son de aguas y cloacas; 343 de arquitectura, que incluyen 197 centros de desarrollo infantil; 163 redes de provisión de agua potable; una cifra similar de redes de desagües cloacales; y 111 de pavimentación de calles.
Otras 299 son obras viales: desde ampliaciones de autopistas como la de La Plata, Corrientes Capital o en la ciudad de Formosa, hasta repavimentaciones de rutas, incluyendo 31 obras nuevas de caminos y puentes.
En el Mapa de Inversiones aparecen otros 131 proyectos en ejecución con distinto grado de avance de equipamiento urbano, básicamente cordones-cunetas, veredas e iluminación. Además, hay 57 son obras hídricas, 42 de educación, 34 de salud y 4 de vivienda. Finalmente, 126 están sin especificar.Grado de avance de las obras financiadas por Nación
Ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Ferraro había sido crítico de la gestión anterior, al considerar que tuvo “un enfoque de una cantidad de obras, todas muy pequeñas, que tradicionalmente las hacen los municipios o las provincias, porque están en contacto con esa comunidad local. Quién conoce mejor dónde se puede hacer una cloaca o una plaza es el intendente de la comuna”.
En ese sentido, el todavía ministro de Infraestructura sostuvo: “Nos hemos encontrado en el portal de obras públicas de 7.000 y pico de obras que, cuando uno las ve, no encuentra ninguna obra importante, que son las obras que tiene que encarar el Estado Nacional. No es que no nos parezca interesante el cordón cuneta o la cloaca, pero son niveles de obra pública que dependen de las jurisdicciones”.
A su vez, según Ferraro, unas “2.500 obras estaban paralizadas por falta de pago”. “Es mentira que las obras se paralizan por decisión de esta Administración, vienen paralizadas hace ocho o nueve meses porque se contrataron obras que no existía ni el presupuesto ni la plata para poder pagarlas”, aseveró.El ex ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis montó un sitio oficial con los datos de las obras en la web
Esta información fue negada por el entorno de Katopodis ante la consulta de Infobae. “No sabemos de dónde sacó ese dato. No es cierto. Terminamos la gestión con cerca de 500.000 empleos directos en el sector de la construcción (50% obra pública), récord en muchos años”. Y si bien admitieron que los últimos 4 años “no fueron fáciles para hacer obra pública, por la pandemia, fondos insuficientes, el FMI presionando para cortarla por el déficit y alta inflación, que implicó negociaciones constantes por la redeterminaciones de precios, la actividad creció muchísimo y se sostuvo bastante bien hasta el final”.
También afirmaron que, tras el triunfo de Milei y su ratificación de que en su Gobierno se iba a “acabar la obra pública”, los empresarios de la construcción “comenzaron a tomar precauciones”. Desde entonces -sostuvieron-, “no paran de llegar los telegramas de despido desde las empresas a los trabajadores”.
A las obras que estaban en ejecución al 6 de diciembre, se suman 615 proyectos que estaban en proceso de evaluación y aprobación, de acuerdo a lo informado por el ex Ministerio de Obras Públicas, cuyo futuro es incierto.
Alquilar se está volviendo una tarea titánica y angustiante, en especial porque los precios no paran de aumentar. Por caso, en la ciudad de Buenos Aires acaban de registrar en enero incrementos de entre 6,4% y 16,7% mensual, según la ubicación y la cantidad de ambientes, de acuerdo con el relevamiento difundido por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
Los aumentos mensuales fueron menores a los de diciembre de 2023 en el caso de los departamentos de dos y tres ambientes, que tuvieron por entonces alzas del 7,1% y 23,7%, respectivamente, pero mayores para los monoambientes, que el mes pasado registraron alzas del 11,1%.
El Centro de Estudios Scalabrini Ortíz también indicó que los aumentos acumulados en los últimos doce meses fueron de 305,8% para los monoambientes porteños, 337,5% para las unidades de dos ambientes y 316,7% para los de tres, en todos los casos superando la inflación interanual que a diciembre ascendió al 211,4%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Dos salarios, un alquiler
Paralelamente, el informe señala que la media de los monoambientes ofertados en la ciudad es de $280.000, por lo que el Salario Mínimo Vital y Móvil, que en enero es de $156.000, alcanza para cubrir el 55,71% de un alquiler, una cobertura menor a la de 62,40% del mes anterior.
El secretario de Trabajo de la Nación,Omar Yasin, había confirmado que convocaría al Consejo del Salario entre el 20 y 30 de enero para acordar un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), sin embargo aún no hay precisiones al respecto. Incluso este viernes 26 la CGT reclamó que se acelere esa convocatoria mientras se atraviesa un aumento de precios que complican a los trabajadores, y especialmente a los que perciben el sueldo básico de $156.000.
“Ahora viene una etapa en donde vamos a exigir que se convoque al Consejo del Salario porque creemos que se debe compensar el ajuste”, sostuvo el cotitular cegetista Héctor Daer desde sus redes sociales.
¿Cuál fue el promedio de aumento de los departamentos de 2 y 3 ambientes en enero 2024?
Por otra parte, la media de las ofertas de departamentos de dos ambientes es de $350.000 y de los de tres ambientes $500.000; con una cobertura del salario mínimo del 44,57% y 31,20%, inferiores a las de noviembre, cuando respectivamente la cobertura fue de 52% y 33,19%.
«Los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las que alcanzan en promedio el 9,7% del costo del precio de oferta de un alquiler», agregó la entidad.
El informe explica que «en cada categoría, los precios varían en función de otras características propias (tales como antigüedad, si posee cochera, etc.) y de su entorno (infraestructura, disponibilidad de transporte, cercanía a centros comerciales entre otras)».
Finalmente, el CESO expresó que «en la ciudad de Buenos Aires, los altos precios impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, empujándoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad».
El ministro de Economía Luis Caputo anunció que se retirará del proyecto de Ley Ómnibus el capítulo que contiene las medidas fiscales, con el objetivo de avanzar con mayor velocidad con el resto de las disposiciones, más orientadas a la desregulación de la economía. El paquete fiscal contiene una serie de decisiones que, según anticipó el funcionario, serán debatidas con más tiempo ya que, enfatizó, el Gobierno no resignará su objetivo de alcanzar el déficit cero durante el presente año.Te puede interesar:“Una buena señal”: el campo y la agroindustria celebraron el retiro del paquete fiscal
Las medidas que el Poder Ejecutivo retirará del proyecto son:
Blanqueo
La Ley Ómnibus plantea que estarán contemplados sujetos residentes y no residentes. Habrá tiempo para sumarse a la exteriorización hasta el 30 de noviembre de 2024. El blanqueo estará dividido en tres etapas. En la primera, que se extenderá hasta el 31 de mayo, la penalidad por el ingreso al régimen será de 5%; una segunda etapa con fecha límite de pago hasta el 10% que tendrá lugar hasta el 31 de agosto; y una última etapa, con una alícuota de 15%, y que terminará el último día de vigencia de la exteriorización de activos. En ningún caso AFIP cobrará el impuesto especial si se declaran menos de 100 mil dólares.Te puede interesar:Tras la salida de Ferraro, Caputo sumó áreas clave para el ajuste fiscal y la negociación con los gobernadores
Entre los bienes argentinos que se podrán blanquear están:
c) Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares.
d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares.
e) Otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores.
f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza.
g) Derechos y otros bienes intangibles.
h) Otros bienes ubicados en el país susceptibles de valor económico, incluyendo los bienes y/o créditos originados en pólizas de seguro contratadas en el exterior.
Para los bienes en el extranjero la lista es similar pero incorpora a las criptomonedas.
La adhesión al régimen implicará que esos contribuyentes quedarán “liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren”.
Moratoria impositiva
El plan incluido en la Ley Ómnibus lleva como nombre “Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social”. Incluirá obligaciones impositivas vencidas hasta el 30 de noviembre del año pasado y excluye deudas por ART, aportes y contribuciones a obras sociales, seguros de vida obligatorios, aportes a personal de casas particulares, entre otros.
Prevé distintos planes de pago. Ante un pago al contado dentro de los 90 días desde que se implemente la medida, la AFIP determinará una condonación de deudas de 50%; pago en cuotas dentro de los 90 días implicará un descuento de 30%; y pago en cuotas a partir del día 91, un perdón de 10% del total. En todos los casos se descontará el 100% de las multas previstas.
-Las personas humanas ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas mensuales.
-Las Micro y Pequeñas Empresas ingresarán un pago a cuenta equivalente al quince por ciento (15%) de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta ochenta y cuatro (84) cuotas mensuales
-Las Medianas Empresas ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas mensuales
-El resto de los contribuyentes ingresarán un pago a cuenta equivalente al treinta por ciento (30%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales.
Adelanto del impuesto a los Bienes Personales
El Poder Ejecutivo propondrá un esquema de pago anticipado de ese tributo por los montos que corresponden a los próximos años, unificados, hasta 2027. Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“REIBP”) por todos los períodos fiscales hasta la fecha de su caducidad, el 31 de diciembre de 2027, asegura el articulado. Sería un plan que tendría vigencia hasta el 31 de marzo próximo.
La cancelación total del impuesto a pagar bajo el REIBP deberá ser realizada hasta el 31 de mayo de 2024, inclusive. “Los contribuyentes deberán realizar un pago inicial del REIBP de no menos del 75% del total del impuesto a determinar bajo las normas del presente régimen. Este pago inicial deberá ser realizado hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive. El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar esta última fecha, pero nunca más allá del 30 de abril de 2024″, detalló.
Para quienes ingresen, el texto de ley establece “estabilidad fiscal hasta el año 2038″ en relación con Bienes Personales u otros impuestos que puedan ser creados en el futuro para “gravar todos o cualquier activo del contribuyente, no pudiendo ver incrementada su carga fiscal por impuestos patrimoniales”.
Por último, el proyecto prevé una baja general de alícuotas para Bienes Personales en los próximos años. Las tasas, que hoy van desde 0,50% a 1,50%, pasarían a ser en 2024 de 0,50% y 1,30%; en 2025 de 0,50% y 1,10%; en 2026 de entre 0,50% y 1% y, en 2027, quedarían solo una alícuota única de 0,50 por ciento.
Retenciones a las importaciones
Es el punto que generó mayor rispidez con los gobernadores. En su versión original, la Ley Ómnibus eleva los derechos de exportación hasta un piso de 15% para los productos vendidos al exterior que hasta hoy no pagaban nada. Para soja y sus subproductos (como harina o aceite) la alícuota será de 33 por ciento. Otros productos como hidrocarburos o minería mantendrán las tasas vigentes aunque abre la puerta para incrementarlas, si lo necesitara, con un límite de 15 por ciento. En ese último incremento se incluyó a las exportaciones industriales.
Aceite esencial de limón y el complejo vitivinícola pagarán 8%; mientas que los productos de economías regionales como olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana, no tendrán retenciones.
Cambios en la fórmula jubilatoria
El artículo 106 de la norma suspende la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que se utiliza para actualizar los haberes por jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, por ejemplo. También se suspende la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.
El proyecto original faculta al Gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, consignó.
Con el correr de la negociación, el Gobierno había resignado la potestad de fijar aumentos por decreto y había accedido a que el incremento de los haberes previsionales se modifique a partir de abril de este año mediante la actualización por la inflación a través del IPC que publica el Indec.
Impuesto a las Ganancias
También se retirará la propuesta de modificación del impuesto a las Ganancias para las personas físicas, rebautizado como impuesto a los Ingresos Personales, que el Gobierno había dado a conocer pocos días atrás.
La propuesta, enviada al Congreso en un proyecto separado de la Ley Ómnibus, establece que el tributo será pagado por aquellos contribuyentes solteros que tengan ingresos brutos mensuales superiores a1.250.000 pesos. Además, en el caso de los trabajadores casados con dos hijos, no pagarán con salarios hasta $ 1.590.062. Aunque en esos casos, pagarán un monto muy bajo, ya que la iniciativa prevé escalas bien diferenciadas con actualización trimestral en base al Indice de Precios al Consumidor (IPC).
De ese modo, se estima que alrededor de 800 mil personas volverán a pagar el impuesto. Con la última suba del salario mínimo, en la actualidad sólo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1.980.000.
“Ustedes lo han visto en las discusiones en el Congreso, hay un enorme consenso en que el resto del paquete es absolutamente beneficioso para el país, no veo ningún inconveniente en que se apruebe”, concluyó Caputo sobre el resto de las medidas de la Ley Ómnibus.
La semana que viene parece abrir un nuevo capítulo entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Cansadas de no tener respuestas frente al reclamo sostenido por recursos para los comedores comunitarios, distintas agrupaciones sociales y políticas han decidido modificar la metodología de protesta y movilizarse directamente hacia las puertas de los hipermercados para solicitar donaciones de alimentos.
La medida –aseguran– ya está tomada, pero los detalles se terminarán de pulir este lunes cuando en las oficinas de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, se reúnan la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Movimiento Evita para darle forma a la jornada de protesta, que tendría lugar el jueves de la semana que viene.
15/01/2024 Manifestación de Somos Barrios en Pie freente a la quinta presidencial de Olivos POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA DABOVE DANIEL / TÉLAMDABOVE DANIEL / TÉLAM – DABOVE DANIEL / TÉLAM
“Venimos de hacer ya cinco pedidos de audiencia con el ministerio de Capital Humano”, señala Daniel Menéndez, líder del movimiento Barrios de Pie. “En el hotel donde se alojaba Milei, en la Quinta de Olivos –enumera – con reclamos públicos vinculados a la falta de entrega de alimento. La respuesta que dan es que están ‘asentándose, viendo qué hay, qué no hay, realizando auditorías y demás’“, afirma.
“Ya muchos comedores no tienen posibilidad de sostenerse, y es por eso que, ante la falta de respuesta del gobierno, se va a solicitar donaciones para poder sostenerlos abiertos durante este tiempo. El jueves movilizamos a varios supermercados a pedir alimentos para los comedores”, completa Menéndez.
“Nos reunimos el lunes para definir ir el día jueves a entregar petitorios a los supermercados para pedir donaciones de alimentos porque no hay cómo abastecer los comedores y merenderos. La situación es muy crítica.”, señala Alejandro Gramajo, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Por fuera de las movilizaciones a los supermercados, se lanzará una campaña “por un millón de firmas” para que en marzo, durante las sesiones ordinarias, se declare la emergencia alimentaria.
Diferencias
Según pudo averiguar este medio todavía no ha habido contactos entre las agrupaciones sociales y las cadenas de supermercados. Fuentes del sector aseguran que en los últimos años se sienten respaldadas por el Estado y no acostumbran a ceder frente a estos reclamos. “Por regla general, no damos alimentos”, señalan.
Todas las organizaciones sociales comparten el descontento. No así la metodología. Unidad Piquetera, un frente que nuclea a distintas organizaciones de izquierda, solicitará el lunes una reunión con Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia que depende de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello.
En abierto desafío al protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los piqueteros agitan nuevos cortes de calle en caso de no recibir una respuesta favorable. “Vamos a pedir una reunión. Si no hay respuesta, no vamos a ir a los supermercados, porque es el Estado el que debe dar soluciones, vamos a ir a cortar el Puente Pueyrredón”, arremete Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, la principal organización del frente piquetero.
Este jueves, en línea con lo anunciado en campaña por el Presidente –que Capital Humano tendría “billetera abierta” para ayudar a los “caídos”-, se duplicaron los montos asignados a la Tarjeta Alimentar. No es el primer movimiento del Gobierno en este sentido: a dos días de la asunción del presidente Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un incremento del 50% en la Tarjeta Alimentar.
Todas medidas que, a los ojos de las organizaciones sociales, son insuficientes. “Es absolutamente ínfimo”, señala Menendez. “Una gota de azúcar en el océano”, grafica Belliboni.
La olla vacía fue la imagen distintiva de las protestas callejeras que se sucedieron desde el inicio de gestión del presidente Milei, hace poco más de un mes y medio. Es que los comedores comunitarios, en su mayoría gestionados por organizaciones sociales, se ven sofocados por la escalada inflacionaria –acentuada en el rubro alimenticio- y hace por lo menos dos meses que no reciben mercadería de Nación.
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Javier Milei, presidente de la Nación (EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER)https://65e54c78cd53b38a2ad6b327b2cd6415.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/U35DTXVNUFFY5IFFLQGUARTDGY.jpeg%20420w)
Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, reunido con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KTPR7IE6CFDPHPALUMHM3QZXXE.jpeg%20420w)
Los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirán hoy en Buenos Aires con un grupo de gobernadores del peronismo no kirchnerista:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MTMKAKV5GJE5FDKGF77QSH4ME4.jpg%20420w)
Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, anunció el viernes que el oficialismo retirará el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus (JULIÁN ÁLVAREZ – TÉLAM):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MFCL76GUGREXDCCYYNHG5CCFRM.jpg%20420w)
Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, figura clave en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en el Congreso (Nicolás Stulberg):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BRPO3OLUQFCJTO4NX5Z6E6NBEY.jpg%20420w)
Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich
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Aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Países Bajos durante un vuelo de control del espacio aéreo de la OTAN
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Texto del artículo 28 según fue redactado en el dictamen de mayoría que impulsa el oficialismo:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IUPFIQDKQ5C23IKCWL6JSCSGVU.jpg%20420w)
Guillermo Ferraro al exponer ante el plenario Diputados por el proyecto de Ley Ómnibus.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/5C4LIC5NXJGZTCUVYIOSDV2WUM.jpg%20420w)
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El ex ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis montó un sitio oficial con los datos de las obras en la web
