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En el contexto de la segunda jornada de debate para tratar la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, finalmente apareció un «borrador» del proyecto de ley impulsado por el oficialismo. Si bien no se trata del texto definitivo, el documento en cuestión introduce una serie de modificaciones y también contiene incorporaciones de todos los sectores que exigieron modificar el proyecto original, como parte de las negociaciones en el recinto. Entre los cambios más importantes, quedan acotada las delegación de facultades porque s  redujo a seis el número de emergencias que la habilitan, quedando excluida la parte fiscal, en sintonía con los anuncios de Luis Caputo del viernes pasado.

La sesión en el Congreso se venía desarrollando con fuertes críticas de la oposición, especialmente de diputados de Unión por la Patria, por no tener a disposición el texto de la ley.

Frente a esto, se conoció este jueves un borrador tentativo de la Ley de Bases, que llegó al Parlamento luego de que Karina Milei y Manuel Adorni se acercaran al Congreso para dialogar con Martin Menem. En esta reunión también participaron Cristian Ritondo en representación del PRO y otros referentes cercanos a La Libertad Avanza como Eduardo «Lule» Menem, primo del presidente de la Cámara baja.https://drive.google.com/file/d/1DwmJbsQp7GriL0psERRkKigcganc4CfR/preview

«Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024», dice el artículo 3 de este texto no definitivo.

Entre los cambios más sustanciales se modificó el esquema de las privatizaciones, que ahora aparecen separadas en anexos. La iniciativa todavía no termina de convencer a la oposición y continúan las negociaciones al respecto.

En ese sentido, se declaran “sujetas a privatización” las empresas y sociedades del Estado Nacional enumeradas en dichos listados, con la salvedad de que las empresas y sociedades listadas en el anexo II «solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias».

En el nuevo esquema, las empresas sujetas a privatización parcial son:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.

Así se compone el listado de empresas a privatizar de forma total.

Anexo I – Empresas públicas sujetas a privatización:

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

Aerolíneas Argentinas

Correo Argentino

YCRT

Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.

ENERGÍA ARGENTINA S.A.

INTERCARGO S.A.U.

Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.

Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.

Polo Tecnológico Constituyentes S.A.

Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.

Nación Bursátil S.A.

Nación Reaseguros S.A.

Nación Seguros de Retiro S.A.

Nación Servicios S.A.

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Anexo VIII – Empresas públicas sujetas a privatización:

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E.

OPERADORA FERROVIARIA S.E

BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.

Ferrocarriles Argentinos S.E.

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.

Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM

CORREDORES VIALES S.A.

Anexo IX – Empresas públicas sujetas a privatización:

TELAM S.E.

EDUC.AR S.E.

Contenidos Públicos S.E.

Radio y Televisión Argentina S.E.

Fuente: Perfil.com

Javier Milei volvió a hacer cambios en el área de comunicación, el sector de la administración nacional que experimentó desde antes y después de la asunción continuas modificaciones. En dos decretos, el presidente les traspasó al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y a la secretaría General, Karina Milei, funciones, estructuras y objetivos que estaban bajo la órbita del Secretario de Prensa y Comunicación, Eduardo Serenellini.Te puede interesar:Ley Ómnibus: para Jorge Lanata “el Gobierno ganó”

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En el decreto 110, que lleva la firma del Gabinete en pleno, Milei confirma el rango ministerial de las secretarías General, Legal y Técnica y de Prensa, y le asigna a la Jefatura de Gabinete las atribuciones de “administrar y controlar los medios de difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y aquellas empresas del sector en las que la jurisdicción sea accionista”.

También, Posse recibió las atribuciones de “entender en el lineamiento de las políticas referentes a Medios Públicos Nacionales y su instrumentación” y de ”intervenir en la definición de la estrategia de comunicación y de contenidos realizada por canales y plataformas de comunicación directa del Estado Nacional con los ciudadanos”.Te puede interesar:Tras un nuevo cuarto intermedio en Diputados, el Gobierno continúa con las negociaciones para destrabar la Ley Ómnibus

Y en el decreto 111, a Posse le dan intervención en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Télam Sociedad del Estado y Contenidos Públicos Sociedad del Estado. Esas tres empresas forman parte de las empresas pasibles de ser privatizadas, según consta en el listado de la “Ley Ómnibus” que está siendo debatido en la Cámara de Diputados.Javier y Karina Milei

Son tres empresas que forman parte de los organismos descentralizados que están bajo la órbita del Jefe de Gabinete. Los otros son la Agencia de Acceso a la Información Pública, Agencia de Administración de Bienes del Estado, Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI), Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Empresas y Entes del Sector Público Nacional, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Vehículo Espacial de Nueva Generación Sociedad Anónima, Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, y la Corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima.Te puede interesar:El exabrupto y el enojo de Pichetto con el oficialismo durante el segundo día de debate de la Ley ÓmnibusTe puede interesar:Posse se reunió en Washington con la subdirectora del FMI para monitorear el plan de ajuste económico

Pero lo central del decreto 111 tiene que ver con la asignación de amplias atribuciones formales a Karina Milei en lo vinculado a la comunicación oficial. El Presidente le pasó, desde la secretaría que encabeza Serenellini al área de la Secretaría General la subsecretaría de Vocería, que encabeza Manuel Adorni, y Comunicación de Gobierno, de Javier Lanari.

Entre los objetivos que tendrá Karina Milei, en términos formales, a partir de ahora se encontrarán “entender en la difusión de las actividades del Sector Público Nacional y de los actos del Estado Nacional y en su relación institucional con los medios de comunicación”, como así también “en la planificación, contratación y ejecución de la publicidad oficial de gestión centralizada y en la coordinación y ejecución de la publicidad oficial de gestión descentralizada”.Eduardo Serenellini, secretario de Prensa, (Foto Cristian Gastón Taylor)

La hermana del Presidente quedó a cargo de “la formulación, planificación, ejecución y supervisión de la política de comunicación pública del Estado Nacional (…) el diseño, la planificación, la implementación y el seguimiento de las campañas de comunicación y de la producción de sus contenidos; en el diseño y la elaboración de contenidos de las redes sociales del Presidente de la Nación; en la relación con los medios de comunicación nacionales e internacionales; y en la información que se brinda sobre la gestión de gobierno a los medios de comunicación, nacionales, provinciales, municipales e internacionales”.Te puede interesar:Nicolás Posse viaja a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del FMI y afianzar las relaciones bilaterales

Además, estará a cargo de “la coordinación con las áreas con competencia en la materia, en lo relativo a las transmisiones presidenciales, incluyendo las tareas de producción, edición y fotografía; la realización de mediciones, estudios e investigaciones y el desarrollo e implementación de herramientas para la evaluación de la ejecución de las políticas de la actividad presidencial y del Estado Nacional”.

“Dirigir la planificación, coordinación y ejecución de la publicidad oficial de gestión centralizada, y coordinar y ejecutar la publicidad oficial de gestión descentralizada; en la formulación, ejecución y control de las políticas de comunicación social y de medios de comunicación social, en particular a la difusión de opciones educativas”, estableció el decreto.

También Karina Milei tendrá la función de “asistir al Presidente en la elaboración de los mensajes, discursos y declaraciones públicas, cuando se lo requiera; y en la producción, realización y emisión de Cadenas Nacionales y transmisiones de actos oficiales de la Presidencia; y desde el aspecto comunicacional, en la confección y seguimiento de la agenda presidencial y las actividades que requieren la presencia del Presidente de la Nación, coordinando con los Ministerios y demás organismos que conforman el Sector Público Nacional y organismos vinculados con la sociedad civil, para su difusión”.

Fuente: Infobae.com

El capítulo de las privatizaciones, uno de los más cuestionados desde la presentación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, no cuenta por el momento con los votos necesarios para su aprobación en particular y esto tiene que ver en buena parte con los interrogantes que se mantienen en los bloques dialoguistas, sobre todo dentro del radicalismo.

Con respecto al texto original en el que figuraban 40 empresas susceptibles de ser privatizadas, LLA hizo un primer tamiz del que quitó por completo a YPF y habilita la venta parcial de acciones del Banco Nación, de Arsat y de Nucleoeléctrica lo que significaría que el Estado mantendría la porción mayoritaria.

Sin embargo, esta poda no convence a un sector de los diputados que ya comprometieron su voto en general pero que no están dispuestos a poner su voluntad en particular. Es así que en las últimas horas se comenzó a mirar en detalle una propuesta más reducida que realizó la Coalición Cívica en su dictamen de minoría, que lleva a 17 la lista final de empresas susceptibles de ser privatizadas, y la condición de que el resto que queda en manos del Estado debe «regirse por principios de buen gobierno, estándares de transparencia y criterios de eficiencia».

Si bien no menciona allí ninguna injerencia del Congreso en su control, sí pone el foco en la necesidad de equilibrar las cuentas de las empresas en cuestión. Entre ellas mencionan Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos públicos, Corredores Viales, Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas; Intercargo, entre otros. También figuran Servicio de Radio y Televisión de la UNCórdoba y Radio Universidad Nacional del Litoral, dos empresas que también podrían quedar afuera de la nómina por el fuerte rechazo de parte de las provincias en cuestión. 

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Dentro del radicalismo, se mantienen los cuestionamientos a la posibilidad de privatizar tantas empresas, contrario a los conceptos históricos del partido. Es por eso que un sector se mantiene firme en la negativa mientras el grupo más cercano al Gobierno, referenciado en el grupo Malbec está explorando posibilidades para poder aprobar al menos una lista reducida. 

Por el momento, el PRO se encuentra decidido a acompañar el proyecto en su totalidad, pero fuentes partidarias manifestaron en las últimas horas que se mantienen abiertos los canales de negociación para pulir lo más posible la versión final, sin poner en riesgo la media sanción. 

En el inicio de la sesión el titular de la Comisión de Presupuesto José Luis Espert dijo que «hay un listado de privatizaciones que van a ser al 100% y otras a menos del 100%», aunque uno de los referentes de LLA Carlos D’Alessandro reconoció las dificultades para la aprobación del anexo y señaló: «Yo creo que los acuerdos de las privatizaciones no se han llegado a lograr y lo vamos a poder seguir discutiendo durante marzo». 

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Otro de los puntos que está bajo revisión de varios de los espacios que decidieron votar en general tiene que ver con la modificación de la Ley de Glaciares que elimina los presupuestos mínimos de conservación del ambiente y abre la puerta a la explotación minera en zonas que hasta el momento no está permitida. 

También sigue estando en el ojo de la tormenta la delegación de facultades pedidas por el presidente Javier Milei, que también fueron recortadas respecto a la versión original pero que tampoco terminan de convencer a aliados. De las 11 facultades delegadas contempladas en el proyecto original, pasaron a ser 9 con la eliminación de la fiscal y la previsional, ante la decisión de quitar todo el tramo impositivo y financiero y también de dejar para más adelante la discusión de una nueva fórmula jubilatoria.

Fuente: Perfil.com

Es la aplicación efectiva en el ámbito militar del “no hay plata” que ordenó el presidente Javier Milei y viene ejecutando con método y constancia el ministro de Economía, Luis Caputo. Los integrantes de las Fuerzas Armadas recibieron ayer la notificación formal de que no iban a cobrar un plus salarial que había prometido el gobierno anterior y que la mejora en los sueldos no se diferenciaría de la pauta general del 16% que la Casa Rosada dispuso para todo el personal de la administración pública nacional.Te puede interesar:Detuvieron a cuatro mujeres en la protesta frente al Congreso y la UCR criticó el operativo policial

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La decisión de no pagar la denominada “cuota de jerarquización” para equiparar los ingresos atrasados de los militares con respecto a los que cobran policías, gendarmes y prefectos provocó un generalizado malestar en el ámbito castrense, que el ministro de Defensa buscó atemperar con explicaciones formales, informales, compromisos de priorizar la recomposición urgente de los ingresos de los uniformados -golpeados como todos por la inflación- y la instrumentación inmediata de los ascensos.

El malestar castrense se asienta en que esperaban que se cumpliera la promesa que habían hecho dirigentes de La Libertad Avanza con la familia militar antes y después de las elecciones de que Milei iba a continuar con el plan de equiparación salarial -la primera y más decisiva reivindicación- que había iniciado el gobierno anterior. Es que el año pasado, el Estado Nacional pagó como “cuotas de jerarquización” un plus de 14% en marzo y en julio, 12% en noviembre y restaban 2 cuotas de 10% a percibir en enero y abril de 2024.Te puede interesar:Detuvieron a cuatro mujeres en la protesta frente al Congreso y la UCR criticó el operativo policialPetri estuvo en la I Brigada Aérea «El Palomar», para despedir a un nuevo contingente de Cascos Azules que partió hacia Chipre para integrar la Misión de Mantenimiento de la Paz.

La decisión del presidente de prorrogar el Presupuesto del año pasado, donde no estaban escrituradas las partidas para hacer frente a esas obligaciones financieras, esfumaron las palabras que habían escuchado los uniformados por canales informales desde la época en que Victoria Villarruel hablaba como la voz de Milei para militares, policías, gendarmes y resto de uniformados de que se continuaría con esa política de recomposición salarial.Te puede interesar:La Ley Ómnibus reflotó la interna en la UCR: el fortalecimiento de los gobernadores y la influencia de Luis Petri

“Lo del gobierno anterior fue una irresponsabilidad. Fue parte del ‘Plan Platita’ que pusieron en marcha para tratar de ganar las elecciones. A cada sector le hicieron una promesa que era imposible de financiar. Para pagar la cuota de jerarquización hay que imprimir o sacar recursos de otro lado. La decisión es llegar a déficit cero, por eso explicamos que por ahora no se pueden hacer excepciones a esa política general, pero explicamos que se va a priorizar retomar ese camino de mejora de los sueldos apenas se estabilice la economía”, explicaron a Infobae fuentes oficiales.Te puede interesar:Golpearon a un militante libertario de 23 años afuera del Congreso: “Me pegó a traición”

Más allá de esa explicación extraoficial, el Ministerio de Defensa ayer confirmó en un comunicado de prensa que el personal militar sólo recibiría el aumento salarial del 16% correspondiente a la paritaria de la administración pública, que se verá reflejado en los recibos de sueldo del mes de febrero. Y que “en cuanto a los ascensos, y con el propósito de satisfacer las necesidades orgánicas para el normal funcionamiento de cada fuerza, se promovió al grado inmediato superior a todos aquellos que cumplan con los requisitos necesarios para ser ascendido, tal cual lo establece la Ley para el Personal Militar N° 19.101″.Te puede interesar:Se recalienta la interna de la CGT: ya se habla de un paro general en marzo, pero el sector dialoguista busca negociar con Milei

“Se trata de ascensos que competen a las jerarquías del escalafón militar según corresponda a cada fuerza. Desde subtenientes a mayores en el caso del Ejército, desde alféreces a mayores en el caso de la Fuerza Aérea y desde guardiamarina a capitán de corbeta, en el caso de la marina. A diferencia de lo que ocurrió en oportunidades anteriores, cabe destacar que esta designación se publicó en tiempo y forma evitando de esta manera demoras en los ascensos esperados y en las tareas operativas de cada fuerza”, se indicó.Petri estuvo en Mendoza recorriendo el cruce de los Andes por el paso de Uspallata, el elegido por el General Las Heras

Los ascensos inmediatos fue el gesto que trató de dar Petri para moderar el malestar por el impacto en el bolsillo de la política del “no hay plata” que puso en vigor y sin excepciones el gobierno que asumió el 10 de diciembre. Una inquietud que se superpone a la que se percibe en cuarteles y dependencias militares por las declaraciones del ministro de querer avanzar en un cambio normativo para involucrar a las Fuerzas Armadas de algún modo en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico.

Noticia en desarrollo

Fuente: Infobae.com

Javier Milei pasó la primera jornada de debate de la ley ómnibus en la residencia oficial de Olivos. Fiel al esquema de trabajo que se planteó cuando se mudó allí, los miércoles trabaja desde el lugar, al igual que los lunes y viernes. Esa rutina no fue alterada hoy, día en el que se trataba en el Congreso la ley más importante para la administración libertaria, por la reformas estructurales que buscan introducir a partir de allí y que sufrió cambios desde su presentación a fines de diciembre pasado, por las diferencias parlamentarias.

Mientras en el Congreso de la Nación se sucedían las exposiciones y también las últimas negociaciones alrededor del proyecto que aún presentaba dificultades en puntos sensibles como privatizaciones, facultades delegadas e impuesto PAIS, Milei tuvo una jornada de trabajo activa en la que, cerca suyo aseguraban, que solo siguió “fragmentos” del debate, que le enviaban a su teléfono. “Miró algunos fragmentos que le mandaron al teléfono, pero es el presidente, no puede estar 50 horas (lo que se estimó que puede durar el debate) mirando la televisión. Tiene que trabajar”, explicaron cerca suyo a LA NACION.

Por estas horas, y en línea con lo que se hizo saber anoche a través de un comunicado oficial de la Oficina de Prensa, “lo que pasa es todo responsabilidad del Congreso”, agregaban este miércoles apuntando a los legisladores. La relación con los representantes parlamentarios no pasa por su mejor momento. No solo con el kirchnerismo, ubicado en las antípodas, sino especialmente con la oposición “aliada” o “dialoguista”, con los que durante este miércoles persistían las tensiones respecto de los puntos sensibles.

Quienes estuvieron en contacto con Milei en las últimas horas aseguran que “está tranquilo” y que se lo escucharon de buen ánimo. Explicaban que en la jornada de este miércoles recibió “tres buenas noticias”: la primera, que el FMI desembolsaba los 4700 millones de dólares para el pago de la deuda que el país mantiene con el organismo; la segunda, que a la Argentina vendría un grupo de empresarios tech para un encuentro que cerraría Elon Musk y evaluar posibles inversiones; y la tercera, el revés que recibió la mañana de este miércoles el kirchnerismo cuando buscó sin suerte que el dictamen volviera a comisión. Ese “sopapo” al kirchnerismo como calificaron fuentes libertarias se leía por estas horas como un indicio que llevaba una fuerte expectativa al entorno presidencial respecto de que la ley saldría favorablemente de la Cámara Baja. Eso alimentaba los mejores augurios, sumados al hecho inicial de que hubiera habido quorum para comenzar el debate.

En la residencia oficial el mandatario recibió la visita de su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien luego de pasar parte de la jornada allí se dirigió a Casa Rosada. Ella junto a Santiago Caputo integran el círculo de extrema confianza del presidente. Caputo trabajó desde Casa Rosada y se mantenía al detalle de las idas y vueltas en el Parlamento.

En medio de la tarde, Milei recibió en su teléfono el llamado de Leonardo Madcur, exfuncionario de Sergio Massa y elegido por el líder libertario para representar a Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Madcur le comunicó que el FMI finalmente desembolsaba los 4700 millones de dólares para el pago de los compromisos de diciembre, enero y abril, tal como había adelantado semanas atrás.

Madcur es uno de los funcionarios con los que Milei tiene una relación previa a la gestión. Ambos vienen de Corporación América, y en el entorno presidencial explican que creen que la relación previa que Madcur acumuló en tiempos de Massa con el organismo internacional de crédito, le sirven para tener “vínculos aceitados” en este momento. “Todo fluye más rápido”, aseguraban.

Videollamada

Previo a eso, el mandatario recibió a un empresario amigo que residía en el exterior y planea volver a la Argentina, según contaron. El hombre, cuyo nombre no trascendió, en medio del diálogo le ofreció a Milei hacer una videollamada con Sean Rad, creador de la aplicación de citas Tinder. “Acabo de tener un conference call con Sean Rad, fundador de Tinder, y nos hemos puesto de acuerdo en hacer una reunión en Buenos Aires con otros grandes emprendedores del mundo tecnológico”, consignó Milei en su cuenta de la red social X.

Cerca del libertario contaban que Rad y otros referentes del mundo tech lo empezaron a seguir luego de su entrevista con el experiodista de la cadena FOX News, Tucker Carlson, pero más después de su exposición en el Foro Económico de Davos, a mediados de este mes. Rad fue uno de quienes aquel día lo elogió públicamente. “Es muy importante porque quieren venir a invertir acá”, aseguraban hoy en relación al encuentro que podría darse.

A poco de viajar a Israel e Italia, en su segundo viaje internacional, y a con un panorama en el corto plazo en el que se sabrá el fututo de su ley de “Bases”, Milei, terminaba el día en Olivos preparándose para su reunión de Gabinete de este jueves por la mañana. Será, como siempre en Casa Rosada. Será, también la última antes de su gira y la previa a las definiciones en el Parlamento, que definirán la suerte de la norma con la que se busca avanzar con una serie de reformas estructurales pese a los cambios que surgieron en el último tiempo y que obligaron incluso a retirar el capítulo fiscal del proyecto.

Cecilia Devanna

Fuente: La Nación

Después de una agitada primera jornada de debate por la ley ómnibus, el recinto de la Cámara de Diputados se prepara para que el presidente Martín Menem levante el cuarto intermedio y continúe el debate. Con el telón de fondo del accionar represivo de las fuerzas de seguridad que marcó la primera jornada, en el Gobierno esperan que hoy se pueda votar en general, mientras el presidente Javier Milei se mantiene hermético sobre el tema. 

Desde las 12 del mediodía los diputados del oficialismo y la oposición volverán a sesionar para continuar con las exposiciones individuales. Se espera que este jueves sea una jornada larga, ya que ayer solo una pequeña parte de la lista de casi 200 expositores pudo hablar.

Más allá del impacto de los primeros discursos, de las escenas de color que se vivieron durante el miércoles y del accionar de la policía que dominó la calle durante gran parte de la primera jornada de debate, La sesión de ayer estuvo atravesada por un fuerte reclamo de los diputados y diputados de la oposición no dialoguista. 

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Según denunciaron en reiteradas ocasiones -principalmente en Unión por la Patria- ayer se debatió sobre el proyecto en abstracto, es decir, sin el texto final del dictamen de mayoría, algo por demás irregular puesto que, en la práctica, no se sabe exactamente qué dicen los artículos de manera textual o su numeración, entre otras cuestiones. 

“Son las 21.35 y se acaba de levantar la sesión en Diputados luego de 11 horas de debate sin dictamen oficial, con un dictamen blue circulando con tachaduras de artículos por whastapp. La verdad del asunto es que no tienen los acuerdos ni los votos para los artículos de venta del país y superpoderes que necesitan, se quejó en X la diputada Julia Strada.

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Horas antes, el propio Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) había dejado entrever que “iba a estar a las cuatro de la tarde” el texto final, algo que no ocurrió. 

En el sector libertario, El que salió a contradecir esas quejas fue Jose Luis Espert, quien mostró en TN unas hojas del supuesto dictamen y lanzó: “Que dejen de fumar de la mala los que dicen que no hay dictamen”. 

Después de eso, el radical de Unión por la Patria, Leandro Santoro aseguro que el dictamen del cual hablaba Espert era una versión de hace una semana, que la luz de todas las modificaciones que hubo quedó bastante viejo. 

Así las cosas, desde las 12 del mediodía el debate continuará con las exposiciones que faltan para luego encarar la votación en general del proyecto. Eso podría ocurrir caída la tarde.

Hay quienes sostienen que la falta de acuerdo entre el oficialismo y algunos sectores de la oposición dialoguista sobre temas como las privatizaciones se extendió durante todo el debate ayer y que por eso se iba a adelantar el cuarto intermedio y reanudar recién al mediodía, no a las 10 de la mañana, hora de inicio de la primera jornada. Sin embargo, los libertarios sostienen que la principal razón de ello es la cantidad de expositores que se anotaron para hablar. 

Más allá de qué ayer no hubo votación en general de la ley si se votó, por ejemplo, una moción propuesta por el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para que el dictamen vuelva a comisión. Logró 103 votos afirmativos, pero 149 en contra, un escenario que, a la inversa, podría repetirse cuando se vote en general.

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Mientras tanto, en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos se mantienen expectantes respecto de lo que pueda ocurrir este jueves en el recinto. Por lo pronto, ayer no hubo expresiones del presidente Milei respecto al tratamiento y la reacción oficial se limitó a una expresión de deseo del vocero Manuel Adorni, que cuando arrancó el debate dijo que esperan que la ley sea aprobada.

Eso mismo podría pasar hoy. Las expresiones de celebración llegarían una vez que el oficialismo logre como título la aprobación en general del proyecto. 

Los discursos más potentes de ayer

Durante la primera jornada, adentro del recinto se escucharon discursos muy críticos de la ley y del presidente por parte de sectores como la Unión Cívica Radical o Hacemos Coalición Federal, donde está la llave para que la iniciativa sea aprobada.

En sintonía con sus expresiones públicas de los últimos días, el diputado Nicolás Massot. «Queremos dejar establecido que prestamos quórum para dictaminar, porque trabajamos mucho a pesar de las desprolijidades. Si esto pasaba con otro Gobierno poníamos el grito en el cielo», dijo sobre la ley. Y sobre el mandatario, agregó: «La verdad que es un equilibrista profesional. Se ve que se suma a las filas de la casta no tan casta alineada con las fuerzas del cielo que fundó el compañero Luis Barrionuevo».

Otro de ellos fue Facundo Manes (UCR), que hasta el momento se había mantenido en silencio.https://rudo.video/vod/bR53Bm?volume=0

«Necesitamos estadistas, no leones (…) No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias. Que nadie se confunda. Queremos un país moderno, próspero, integrado al mundo», dijo.

«El presidente Milei hizo campaña prometiendo que el ajuste lo iba a hacer la casta, y lo primero que hizo cuando llegó al poder fue rodearse de la casta y hacer un ajuste tremendo y brutal sobre la clase media, los sectores populares y la clase trabajadora», apuntó.

Fuente: Perfil.com

El Gobierno nacional dispuso un aumento gradual del impuesto a los combustibles que incide directamente en el valor de la nafta y el gasoil. La decisión del Ejecutivo fue actualizar el tributo congelado por los períodos 2021 y 2022 y postergar el correspondiente al ejercicio 2023, según el decreto 107/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. El incremento en los surtidores de la Ciudad de Buenos Aires fue del 6,5% en promedio.Te puede interesar:Cómo saber dónde cargar el combustible más barato desde una app gratuita

En la norma se establecieron los incrementos en los montos de los impuestos fijados para los combustibles, correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres del año 2023, debido a que habían quedado desactualizados.

De esta manera, el Gobierno fijó que el aumento del primer y segundo trimestre de 2023 tenga efecto para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de marzo de este año. Mientras tanto, los demás incrementos están previstos para el 1° de abril y el 1° de mayo.Te puede interesar:El Gobierno extendió hasta el 31 de julio la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales a las pymes

En el considerando de la norma, el Ejecutivo plantea que esta decisión tiene como objetivo “iniciar un proceso de regularización de los referidos incrementos remanentes, resulta razonable diferir parcialmente sus efectos, así como los de la actualización correspondiente al cuarto trimestre calendario del año 2023″. De igual forma, la Secretaría de Energía, que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo, ya había adelantado que espera que el sendero de “sinceramiento” en el precio de los combustibles se dé gradualmente tras los fuertes incrementos acumulados en los últimos meses.

El decreto argumenta que “a través de diferentes normas se han ido difiriendo sucesivamente, hasta diversas fechas, los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos fijados en el primer párrafo del artículo 4°, en el inciso d) del artículo 7°, ambos del Capítulo I, y en el primer párrafo del artículo 11 del Capítulo II, todos ellos del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, resultantes de las actualizaciones pertinentes, en los términos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501/18, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil”.Te puede interesar:Domingo Cavallo advirtió que el Gobierno debe evitar una nueva devaluación para bajar la inflación

En ese sentido, el Gobierno explicó que “se postergaron los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos precitados, derivados de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, hasta el 1° de febrero de 2024, inclusive”.

La explicación de un experto en impuestos

El experto en impuestos Sebastián Domínguez indicó que “a través del Decreto 107/2024 publicado en el día de hoy, el gobierno postergó parcialmente el aumento del impuesto. El aumento correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2021 y de los cuatro trimestres de 2022 no fue postergado”.

“Los que se postergan de acuerdo al cronograma que indica el Decreto son los correspondientes a los trimestres de 2023. De esta forma, se pasa a aumentar el impuesto en forma gradual aunque con un cronograma de 4 meses. Es decir, entre febrero y mayo 2024″, aseguró.

» El Gobierno podría no haber dictado ningún decreto y que aumente plenamente el impuesto porque se terminaba la suspensión dispuesta por el Gobierno de Alberto Fernandez. Sin embargo, entendió que se debía iniciar un proceso de regularización de los incrementos y dispuso hacerlo en 4 meses”, indicó.

“Hay petroleras que aumentaron previamente los precios, ayer por ejemplo, cuando todavía no se aplicaba el aumento. En esos casos, se estima que terminaran absorbiendo con ese incremento el aumento que se produce por 2021/2022 y no aumentaran nuevamente los precios por ese motivo”, aclaró Domínguez.

Más allá de la postergación de la actualización de la carga tributaria, las petroleras igual aplicaron un nuevo aumento en el precio de las naftas y el gasoil. En la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper pasó de $699 a $744 y la premium, de $862 a $918. En tanto, el gasoil súper subió de los $736 a $784, mientras que el gasoil premium de la petrolera estatal subió de $938 a $998.

El mecanismo de aumentos

En detalle, los impuestos al combustible tienen un mecanismo de actualización basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec del trimestre previo, en línea con lo que prevé la normativa vigente desde 2018.

Si bien la premisa oficial es la liberalización de los precios, corregir todo el retraso implicaba un efecto directo en la inflación en medio de los aumentos de otros servicios regulados y, en consecuencia, sobre los debilitados bolsillos de los consumidores. Ese efecto ya comenzó a sentirse en el consumo de combustibles, afirman fuentes del sector. “Las ventas cayeron entre 10 y 15% desde diciembre. Una parte se explica porque el precio quedó más en línea con el internacional y bajó la demanda en los pasos fronterizos”, ampliaron.

A la liberación de precios se sumará otro cálculo que deberán hacer las refinadoras. La devaluación del 2% mensual del dólar oficial, el incremento en el precio internacional del petróleo y el camino que propuso el Gobierno hacia el precio interno de paridad de importación. “La decisión en ese punto será de cada una de las empresas. No nos vamos a meter en eso”, comentó a Infobae una fuente oficial que calculó que la suba total podría rondar entre el 10 y 15 por ciento.

Fuente: Infobae.com

La Cámara de Diputados iniciará el tratamiento en el recinto del proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», conocida popularmente como ley ómnibus, impulsado por el Gobierno nacional, tras asegurarse el quórum para poder realizar una sesión especial y obtener una votación favorable en general de la iniciativa.

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, acordó anoche con los jefes de bloques el cronograma de esta sesión que comenzará a las 10 y se prevé demandará 35 horas, por lo que a lo largo de la jornada se definirá la realización de un cuatro intermedio, que podría producirse tras la aprobación en general del proyecto, según indicaron fuentes parlamentarias.

Apenas arranque la sesión, que será la primera que conducirá Menem como presidente de la Cámara de Diputados, el cuerpo tomará juramento a los legisladores nacionales Ernesto Ali (UxP-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Alida Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a la canciller Diana Mondino.

Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tendrá su hora y media de cuestiones de privilegio y declaraciones políticas, previo al debate del dictamen de mayoría.https://d1fcb6f36a2c66dab2f93d524866bf77.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Números

Los cambios al dictamen de mayoría que se redujeron de 524 a 385 artículos, que se leerán al comenzar el debate que será abierto con el discurso que pronunciará el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoromi.

El oficialismo se garantizó el piso de 129 diputados para habilitar la sesión, ya que tanto la bancada radical, la del PRO; la de Hacemos Coalición Federal e Innovación anunciaron que colaborarán para conformar el quórum y anticiparon que votarán en general en el recinto el dictamen de la mayoría.

La Libertad Avanza tiene 38 diputados y siete aliados firmes, pero necesita el respaldo de las tres bancadas de la denominada «oposición dialoguistas» para aprobar cada artículo de la ley, y eso no lo tenía garantizado en algunos capítulos, como la privatización de empresas públicas.

Hasta ahora, el oficialismo tiene asegurados más 140 votos en general, y necesita reunir por lo menos 128 sufragios -teniendo en cuenta que Menem no vota- para imponerse en cada capítulo del dictamen de un proyecto que tiene 385 artículos.

Detalles del proyecto

Tras quitar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.

Por ese motivo, Martín Menem mantuvo hasta anoche conversaciones con los bloques dialoguistas para superar las diferencias sobre privatizaciones, seguridad, pesca, hidrocarburos, biocombustibles y aumentos de impuestos internos.

En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Sobre las privatizaciones, el Poder Ejecutivo propone vender todas las empresas públicas -con excepción de YPF- y en el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.

Fuente: Mendoza online

“incierto”. A partir del mediodía, la Unidad Piquetera, sindicatos rebeldes de la CGT, asambleas barriales, estudiantiles, organizaciones de izquierda e independientes se concentrarán frente al Congreso de la Nación para protestar contra la Ley Ómnibus, en medio del debate que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados.Te puede interesar:Tras un mes de negociaciones y con un texto modificado, el Gobierno enfrenta su mayor desafío para aprobar la Ley Ómnibus

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El adjetivo lo pronunciaron los dirigentes que organizan la protesta contra el proyecto enviado al parlamento por el Poder Ejecutivo, y que tiene docenas de modificaciones, y por funcionarios del Gobierno de Javier Milei.https://121f3bc75132e35e2c96d09bead4bb7b.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Lo “incierto” de la situación es por las variables que se presentan por primera vez desde que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, puso en práctica el “Protocolo Antipiquetes”. En las cuatro oportunidades anteriores, los responsables de las masivas marchas -piqueteros, CGT, movimientos sociales, CTA- tenían un compromiso explícito, evitar confrontar con los efectivos de la Policía de la Ciudad, la PSA, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.Te puede interesar:El Gobierno llega al debate por la Ley Ómnibus sin el apoyo para artículos clave y teme que haya más cambios

Los responsables de esas fuerzas controlarían a los manifestantes que se movilizaban en transporte público. Bajarían a los que llevaban objetos contundentes, como palos y piedras o estuvieran encapuchados; obligarían a los piqueteros y manifestantes a utilizar las veredas, en vez de las calles para evitar la interrupción del tránsito cuando las columnas fueran pequeñas. Pero evitarían utilizar la fuerza si el número de activistas era numeroso. Ante la masividad, los efectivos cortarían el tránsito para evitar incidentes y acelerar el paso de las columnas, así el tiempo de interrupción vehicular y de colapso se acotaría.“Marchamos al Congreso, a partir del mediodía para rechazar la aprobación del proyecto ómnibus que se tratará en la Cámara de Diputados”, anunció Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero REUTERS/Agustin Marcarianhttps://121f3bc75132e35e2c96d09bead4bb7b.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Salvo algunas escaramuzas, el pacto implícito entre unos y otros se cumplió. Solo algunos incidentes aislados se produjeron el 20 de diciembre, fecha en que los piqueteros realizaron su primera marcha a Plaza de Mayo contra el Gobierno recién asumido de La Libertad Avanza. Así y todo las cámaras de TV registraron una particularidad: los dirigentes del Polo Obrero se interpusieron entre los efectivos de la Policía de la Ciudad y algunos díscolos que se habían desprendido de la columna principal para evitar que creciera la escaramuza. En vez de usar gases lacrimógenos, utilizaron gas pimienta para evitar corridas innecesarias.Te puede interesar:Voto a voto: cómo está el conteo en Diputados para la Ley ÓmnibusTe puede interesar:Miguel Ángel Pichetto: “Si el Gobierno no va a un camino de coalición, tendrá dificultades; no se puede funcionar así 4 años”

La Marcha de hoy es diferente y pondrá a prueba el “Protocolo Antipiquetes”. ¿Cuántas personas se movilizarán contra la Ley Ómnibus? Los manifestantes rechazan la totalidad del texto. Evalúan como “insuficientes las modificaciones al texto original y las concesiones realizadas por el Poder Ejecutivo”. Están en contra de cualquier “facultad delegada” al Presidente, más allá de que todos los mandatarios tuvieron esa facultad, también denominada como “superpoderes”.

Los que hoy se movilizarán al Palacio del Congreso, ubicado a dos kilómetros de la Casa Rosada, se muestran “intransigentes” ante las decisiones libertarias. De hecho, las principales consignas son “abajo el plan de Milei y el protocolo represivo”, “que la CGT convoque a un nuevo paro” y “rechazo total a la Ley Ómnibus”.

Habrá cientos de personas que llegarán a los alrededores del Congreso por fuera de estructuras partidarias, piqueteras y gremiales. ¿Cómo actuarán esos manifestantes “indignados” por decisiones políticas, sociales y económicas tomadas por Javier Milei? ¿Cómo se comportarán ante alguna actitud que consideren “provocativas” por parte de los uniformados? ¿Habrá “infiltrados” enviados por sectores reaccionarios dispuestos a provocar desmanes e incidentes?En 2017 los manifestantes protestaron de manera violenta contra la Reforma Previsional que impulsaba el Gobierno de Mauricio Macri Foto NA: DAMIAN DOPACIOzzzz

También se estima que militantes kirchneristas, por fuera de esa estructura e integrantes de organizaciones sociales, como el Movimiento Evita -que no convocaron a la marcha- podrían sumarse a la protesta.Te puede interesar:La oposición recibió bien el anuncio de Caputo y advierte que ahora las facultades delegadas serán el centro del debate

Desde el Poder Ejecutivo advirtieron que realizarán controles en colectivos, trenes y subtes para verificar que personas sin identificar y con combustibles, botellas y baldosas lleguen al Congreso.

Los responsables de la seguridad de CABA ya se contactaron con los dirigentes piqueteros para evitar fricciones e incidentes “innecesarios”.

“Los sindicatos, organizaciones piqueteras, organismos de derechos humanos, estudiantes, asambleas populares, de la cultura, y organizaciones políticas que nos movilizamos el 24 en una columna independiente a la de la CGT y movimientos sociales de la UTEP, marchamos hoy al Congreso, a partir del mediodía para rechazar la aprobación del proyecto ómnibus que se tratará en la Cámara de Diputados”, le explicó a Infobae Eduardo Belliboni, referente de la Unidad Piquetera y líder del Polo Obrero. También recordó que: “Reclamamos a las centrales obreras un nuevo paro nacional contra el plan de ataque histórico contra los trabajadores. Esto coloca la necesidad de un plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei”, finalizó.

Belliboni anticipó que las organizaciones piqueteras estarán presentes hasta que se vote el último artículo en debate. Si es necesario acamparan en el lugar. Un hecho que será innecesario si los bloques se ponen de acuerdo en pasar a un cuarto intermedio y retomar horas después para evitar un maratónico debate de más de 12 horas.El «Protocolo Antipiquetes»de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich será puesto a pruebas una vez más Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

Como ya lo hicieron el pasado 24 de enero ante el llamado al paro nacional y movilización al Parlamento por parte de la principal central del país, las asambleas barriales de CABA y la provincia de Buenos Aires también se movilizarán. Uno de los vecinos que integra la asamblea barrial de Parque Avellaneda le dijo a este medio que las embrionarias organizaciones “nos mantenemos en estado de alerta, para encontrarnos con otras construcciones asamblearias de distintos barrios y movernos, salir y estar en las calles para continuar fortaleciendo los lazos solidarios entre vecinas y vecinos”. Como los dirigentes piqueteros, los integrantes de las organizaciones barriales, que se movilizan por fuera de las estructuras políticas, afirman que estarán presentes “cuando se vote en el Congreso porque esperamos que caiga la Ley Ómnibus, el Decreto de Necesidad y Urgencia y el protocolo represivo de Bullrich”.

La protesta de hoy tiene un antecedente que ocupa a las autoridades: las 14 toneladas de piedras que se arrojaron contra el Congreso cuando se debatía la Reforma Previsional sancionada en 2017 durante el mandato de Mauricio Macri. Ese 19 de diciembre fueron diecisiete horas de sesión, sin interrupciones, con los estruendos que llegaban al recinto de la Cámara de Diputados por los graves enfrentamientos en las calles y un cacerolazo de miles de manifestantes que se movilizaron hasta los vallados que impidieron acercarse al Palacio Legislativo.

La ministra de Seguridad de Macri era la misma de Milei, la actual presidente del PRO, Patricia Bullrich. En las primeras horas de la tarde de ayer, el líder de La Libertad Avanza adoptó una posición intransigente frente a los gobernadores y diputados de los bloques dialoguistas, con los que intentó negociar sin éxito hasta anoche los respaldos que necesita para aprobar su ansiada Ley Ómnibus. Las próximas horas marcarán el gobierno de Milei, dentro y fuera del recinto.

Fuente: Infobae.com

En medio de un clima de tensión política por el pedido de sesión especial del kirchnerismo para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el Senado retomará este miércoles el debate en comisiones de un proyecto que modifica el Código Penal y la denominada ley de lavado de dinero, mejoras reclamadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El texto fue aprobado por la Cámara de Diputados en abril del año pasado, pero en el Senado que presidía Cristina Kirchner perdió envión. Tras realizar una reunión informativa con funcionarios del Poder Ejecutivo, el entonces oficialista Frente de Todos decidió dejar en el olvido el proyecto en la Cámara alta.LA CONFUSIÓN ES LO ÚNICO SEGURO

Necesitado de dar señales positivas a los mercados internacionales y al Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Javier Milei incluyó el proyecto en el decreto que amplió hasta el 15 de febrero próximo las sesiones extraordinarias del Congreso. Por eso, el oficialismo decidió reflotar su tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que se reunirán en plenario este miércoles a partir de las 17.

La iniciativa fue enviada al Congreso por el gobierno de Alberto Fernández en 2022 a pedido de Sergio Massa que, como flamante ministro de Economía, necesitaba en ese momento enviar señales de buena voluntad al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que intentaba llegar a un acuerdo para postergar los vencimientos de la deuda.

El proyecto buscaba evitar, mediante algunos cambios en la legislación vigente, que Argentina cayera en la denominada “zona gris”, calificación utilizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para señalar a aquellos países con legislaciones permeables al blanqueo de activos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de personas.

Con esta premisa de fondo, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril del año pasado con el voto del kirchnerismo en pleno. Ya con el traje de candidato presidencial, Massa pidió la sanción del proyecto al Senado que presidía Cristina Kirchner. A mediados de julio, el entonces oficialismo convocó al secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, al director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, para que expusieran en la Cámara alta. Tras ese encuentro, el tema nunca más volvió a tratarse.

Ahora, están invitados a exponer Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de gabinete del organismo.

El oficialismo se ha mostrado activo en su intento por conseguir la sanción definitiva del proyecto. Con ese objetivo se ha movido en las últimas horas el libertario Ezequiel Atauche, presidente del bloque de la Libertad Avanza y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En su recorrida por los diferentes bloques, Atauche destacó que la sanción de la iniciativa es vital para la política del gobierno de Javier de MIlei de ordenar las cuentas, ya que le permitirá superar la próxima revisión técnica del (GAFI) y cumplir con unos de los reclamos del FMI le permitirá a la Argentina mostrar una mayor previsibilidad.

No obstante, el proyecto cuenta con algunos cuestionamientos. Así, desde los bloque que integraron Juntos por el Cambio se cuestionaron dos puntos claves de la iniciativa: la dependencia de la UIF del Ministerio de Economía y el hecho de que el presidente de la unidad sea designado por decreto del presidente con el único requisito de presentarse a una audiencia pública no vinculante.

La gran incógnita será ver como votará el kirchnerismo. En Diputados, el proyecto fue aprobado por el impulso del entonces oficialismo. Ahora, es una incógnita el camino que seguirá el Frente de Todos.

Otro de los puntos del proyecto que generó mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el artículo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.

Gustavo Ybarra

Fuente: La Nación