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Más allá de las estridencias del presidente Javier Milei, amenazando con «dejar sin un peso todos», lo cierto es que una derrota legislativa de la ley ómnibus en Diputados hubiera tenido para el Gobierno un efecto volcánico. No solo a nivel interno, sino también en la mirada del FMI e inversores externos, que aplauden los lineamientos de la gestión libertaria con interés, pero dudan del apoyo político o social que consiga. Y en ese cuadro, este viernes el ministro de Economía Luis Caputo oficializó un claro paso atrás del proyecto oficialista, sacando del análisis «el capítulo fiscal», es decir bajando muchos de los temas que más resistían las provincias, como las subas de retenciones, y además retrocediendo otros aspectos de alto impacto como Ganancias, bienes personales, y la fórmula de subas de los jubilados, que perciben haberes cuyo deterioro del poder adquisitivo es ciertamente dramático.

Y luego de los anuncios de Caputo en Casa Rosada, fueron múltiples los mensajes «saludando» la decisión del Gobierno, instancias en las que se anotaron los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, Maximliano Pullaro y Rogelio Frigerio, además entre otros de Rodrigo De Loredo, una de las voces principales del radicalismo en Diputados.

En su anuncio, Caputo había dicho que resignando el análisis en este momento del capítulo fiscal de la ley ómnibus, el Gobierno quería que se avance en la aprobación de lo que considera «la parte más importante» de ese proyecto:https://rudo.video/vod/bR35LF?volume=0

Pullaro habló del tema mientras estaba en Cosquín, acompañando la presentación de la delegación de su provincia en ese tradicional Festival, y consideró «correcto lo que anunció el Gobierno, lo había charlado por la tarde con el ministro Francos y era una alternativa”. Para el mandatario santafecino, que se hayan sacado de la discusión las cuestiones fiscales de la ley ómnibus, «nos va a permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas de la Nación y de las provincias, para que el ajuste que hay que hacer no lo paguen ni la producción ni los que menos tienen”.

«Por eso saludamos la medida del Gobierno y nos comprometemos a colaborar en encontrar la salida para el país, poniendo nuestros equipos a disposición en busca de puntos de consenso, intermedios, para apuntar a que Argentina pueda salir adelante», enfatizó.

El apoyo de Frigerio

Similares fueron los conceptos del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que en sus redes sociales también aplaudió los anuncios hechos en la conferencia de prensa de Caputo. “Estamos de acuerdo con el norte que marcó el Presidente y vamos a apoyar las herramientas que necesite -y estén a nuestro alcance- para poder llevar adelante el ordenamiento del país, liberar al potencial productivo de las regulaciones que lo condicionan y lograr el equilibrio de las cuentas públicas, tareas en las que también estamos comprometidos en nuestra provincia”, señaló en X (ex Twitter):https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=perfilcom&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1751011922151911887&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.perfil.com%2Fnoticias%2Factualidad%2Fpullaro-frigerio-y-de-loredo-encabezaron-la-fila-de-saludos-al-retroceso-del-gobierno-con-la-ley-omnibus.phtml&sessionId=44ba54ae90b5664e7becd7d68d74abdd53a379c6&siteScreenName=perfilcom&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px

En su largo posteo, Frigerio sostuvo que “de 550 artículos quedan muy pocos temas para terminar de consensuar la que va a terminar siendo, sin dudas, una de las leyes más importantes de la historia de nuestra democracia». Al respecto enfatizó que «todas nuestras sugerencias han perseguido el objetivo de intentar acercarnos todavía más al norte que marcó el Gobierno Nacional. Es indispensable que en estos días que quedan hasta la sesión de Diputados, el oficialismo siga convocando al diálogo”.

Y entre las voces de Diputados que se refirieron al tema, se distinguió el titular de la bancada radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, que consideró «una decisión acertada del ministro Caputo separar el tema que requiere una instancia más de discusión».

«Todos coincidimos con la necesidad de equilibrio fiscal, pero los medios para alcanzarlos tienen que ser equitativos y razonables”, deslizó el radical en relación al proyecto original, que este viernes perdió con la obligada movida libertaria cerca de un centenar de artículos.

Fuente: Perfil.com

El capítulo de la suba de impuestos que actuaba como una de las columnas del plan económico inicial del gobierno de Javier Milei y que implicaba un reajuste tributario para algunos sectores clave de la economía como el campo y la industria, terminó por naufragar sobre el cierre de la semana en un ida y vuelta con la oposición y los gobernadores que empantanó el tratamiento de la Ley Ómnibus.Te puede interesar:Tras la salida de Ferraro, Caputo sumó áreas clave para el ajuste fiscal y la negociación con los gobernadores

A pesar de esa retroceso de la Casa Rosada, un cambio impositivo clave seguirá vigente por la sencilla razón de que no necesitó pasar antes por el Congreso y que además es el que mayor aporte hace en la ecuación de ajuste fiscal.

Los retoques en las alícuotas y alcances de diversos impuestos asomaban como parte fundamental del fuerte programa deajuste fiscal para eliminar el déficit equivalente a6,1% del PBI en un solo año. En el equipo económico dedicaron toda la semana a asegurar de que se trataba de medidas transitorias, algo que no había hecho evacuar por completo sus dudas al sector privado.Te puede interesar:“Una buena señal”: el campo y la agroindustria celebraron el retiro del paquete fiscal

El mandato de Milei de activar una baja sustancial de la presión tributaria -por la propia cosmovisión económica del presidente libertario, pero también por sus promesas de campaña- entró en colisión con el inicio del plan de urgencia económica que elaboró y lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo. Ese ajuste grande que necesitaba hacer la Casa Rosada era imposible realizarla solo con recortes de gastos sino quenecesitaba un refuerzo de ingresos tributarios.

La proporción, haciendo grandes números, era hasta el anuncio de retiro del capítulo fiscal del megaproyecto de ley, de un blend de 60-40: seis de cada diez pesos a ajustar provendría de podas en numerosos renglones del gasto público (principalmente subsidios, obra pública y transferencias no automáticas a provincias) y los otros cuatro, por reajustes tributarios que hagan subir la presión impositiva este año y que le dé más aire al fisco. Esa proporción, con seguridad, mutará hacia otra con un peso mayor en el recorte de gastos.Te puede interesar:Semana financiera: las acciones y los bonos escalaron fuerte con la expectativa puesta en las reformas que impulsa el Gobierno

El mandato de Milei de activar una baja sustancial de la presión tributaria entró en contradicción con el inicio del plan de urgencia económica que elaboró y lleva adelante el ministro de Economía Luis Caputo

El problema para el Gobierno, precisamente, fue que una parte relevante de todo ese combo no depende solo de la voluntad del Poder Ejecutivo sino que necesitaba un aval parlamentario. Y por esa razón el tramo fiscal e impositivo del megaproyecto, que había experimentado cambios y contramarchas desde el inicio del tratamiento parlamentario, asomó más como un obstáculo que como un vehículo del plan económico.

Para resumir, la Ley Ómnibus incluía un elemento vertebral en ese plan fiscal: una suba de retenciones a las exportaciones generalizado. En un primera versión del excel de Caputo el 15% de nuevo pisoabarcaba a todos los productos, sin discriminar si fuesen economías regionales o pampeanos de explotación extensiva, como la soja, el maíz o el trigo.A pesar de las promesas de campaña, el presidente Milei necesitó de una suba de impuestos inicial para poder comenzar con su plan fiscal (Reuters)

Las entidades agropecuarias y legisladores de la oposición que negociaron el contenido del megaproyecto con La Libertad Avanza alzaron su voz e iniciaron gestiones para eximir de esa suba a un grupo de economías regionales, que terminó por ser amplia, al menos en la discusión a nivel dictamen de comisiones. Las retenciones, finalmente, dejaron de formar parte del proyecto. El Gobierno necesitaba por esa vía unos USD 1.400 millones (0,5% del PBI), según estimaciones privadas.

Tanto el campo como la industria le llevaron el último jueves al Poder Ejecutivo sus reclamos sobre el retoque de derechos de exportación

También el Gobierno había ensayado modificaciones, en los primeros 45 días de gobierno libertario, en impuestos personales. Una parte se intentó canalizarlos a través de la Ley Ómnibus (Bienes Personales) y otra en un proyecto aparte (Ingresos Personales, ex Ganancias, Monotributo y Autónomos). Respecto a Bienes Personales, el corazón del programa era una reducción paulatina de alícuotas hasta dejarla en 2027 en 0,25% como gravamen anual al patrimonio. También incluía un blanqueo y un premio a contribuyentes cumplidores, que para los tributaristas era más simbólico que realmente sustancial.

Sobre Ganancias, la“reversión”a la situación que tenía ese impuesto antes de la sanción de la ley que impulsó Sergio Massa durante la campaña electoral tenía como objetivo que un grupo importante de asalariados vuelvan a pagarlo, aunque con montos que serían en muchos casos menores por la adecuación de las escalas. Todas estas iniciativas también fueron dadas de baja.

Cargo sobre las importaciones

Pero hay otro cambio relevante, pero que pudo ser activado de manera inmediata por el Ejecutivo, y que no fue entonces víctima del zarpazo al capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. Se trata de la suba de la alícuota de impuesto PAIS para las importaciones, que pasó de tener una tasa de 7,5% general a 17,5%. Es una de las medidas con mayor aporte recaudatorio (0,8% del PBI) de todas las que están incluidas en el plan Caputo.

Algún empresario exportador, rápido de reflejos, sugería en los últimos días que una salida para el Gobierno sería incrementar algunos puntos más esa alícuota importadora para compensar la dificultad con la que se encontró el oficialismo en las retenciones. No sería extraño que ante el fracaso del apartado impositivo de la ley esa opción gane fuerza.Caputo necesita un ajuste de 6,1% del PBI para terminar con el déficit fiscal financiero que se registró el último año (Reuters)

En los 45 días de gestión de Javier Milei el gobierno libertario intentó llevar a cabo, como se dijo, una serie de modificaciones amplias en términos tributarios, aunque la profundidad que hubiesen tenido es materia de discusión. La tributarista Florencia Fernández Sabella, del estudio LFS Tax, consideró que si uno observara el paisaje impositivo general de la economía tras el cambio de gobierno “no se están introduciendo cambios de fondo o reformas profundas”.

Las modificaciones en ganancias de empleados, derechos de exportación, impuesto PAIS y monotributo responden a una necesidad de caja (Fernández Sabella)

“Todos los cambios que se plantearon hasta hoy en la Ley Ómnibus y en el proyecto de reforma de Ganancias para empleados y Monotributo estaban más vinculados a corregir distorsiones del pasado productos de la economía hiperinflacionaria en la que vivimos hace años más que otra cosa”, dijo Fernández Sabella en diálogo con Infobae.

“Por ejemplo, la moratoria y el blanqueo se explican a raíz de que las políticas económicas restrictivas de los últimos años haincrementado exponencialmente la informalidad, y la sanción es una suerte de reconocimiento de esa situación que viene con la posibilidad de subsanar el pasado. Sino, no se explica la necesidad de un blanqueo luego de tan pocos años de haber tenido un blanqueo exitoso (como el de 2016) y otro con muy poca adhesión como fue el de la construcción del gobierno de Alberto Fernandez”, continuó la tributarista.El plan económico de Milei y Caputo requiere una suba de impuestos para este año (AFIP)

“La reducción en las tasas nominales de Bienes Personales no es una baja de impuestos sino que busca mantener elnivel de imposiciónde 2022 y anteriores, ya que históricamente la brecha entre el tipo de cambio oficial y el libre generaba que las tasas efectivas representen menos de la mitad de las tasas nominales. Con la devaluación de diciembre, se busca corregir el efecto”, mencionó Fernández Sabella.

Y en ese sentido concluyó la tributarista que “las modificaciones en Ganancias de empleados, derechos de exportación, impuesto PAIS y Monotributo respondían a una necesidad de caja más que a una planificación del sistema tributario en general”.

La cuestión de la temporalidad en los aumentos de impuestos es algo que asomaba como una preocupación que ganaba terreno entre los empresarios. De hecho, el Gobierno ya había tenido que salir a asegurar que en 2025 la tendencia se revertiría, siempre en caso de que consiga en 2024 el equilibrio financiero.

“Se deja plasmado en estos fundamentos y se comunica al Honorable Congreso de la Nación que durante el transcurso de 2024 el Poder Ejecutivo Nacional presentará una reforma integral del sistema tributario con el fin de simplificarlo, lograr un aumento de la base de contribuyentes registrados e ir reduciendo la presión fiscal a partir del 1 de enero de 2025 en adelante. Ello, en la medida en que se cumpla con los objetivos planteados, específicamente en cuanto a obtener superávit fiscal durante el transcurso del presente año”, reza uno de los últimos artículos del proyecto de ingresos personales.

Caputo y su equipo podría necesitar elaborar un nuevo “mapa del ajuste” que reparta de otra forma el peso que tendrá cada renglón del gasto para conseguir ese ajuste fiscal de 6,1% del PBI, ahora con una trascendencia aún mayor de las podas presupuestarias que de la suba de impuestos, aunque en su sorpresiva conferencia de prensa el ministro destacó que se tomará más tiempo para el tratamiento separado del capítulo fiscal: “Evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernados y legisladores en el futuro. Este es un gobierno que escucha, es lo que debemos hacer”.

Fuente: Infobae.com

Para algunos diputados llamados «dialoguistas» con el oficialismo, que trabaja en lograr la aprobación de la ley ómnibus, el escándalo que se va ventilando por todos los pasillos del Congreso de lo que pasó con la firma de un dictamen que luego habría sido modificado unilateralmente podría ser un punto de inflexión. No sólo ponen ahora en duda el apoyo a la ley «bases», que se pospuso para votar el próximo martes, sino que hasta consideraron hacer una denuncia penal. 

¿Qué es lo que pasó? PERFIL pudo reconstruir que este grupo de diputados dialoguistas, representados por legisladores del radicalismo, del bloque de Miguel Ángel Pichetto Hacemos Coalición Federal (HCF), además del PRO y los propios de La Libertad Avanza, habían alcanzado un dictamen por mayoría con 55 firmas el miércoles a la madrugada, para avanzar en el tratamiento del mega paquete de leyes que envió el gobierno de Milei. 34 fueron con disidencias. Pero ese contenido que se firmó no sólo que nunca llegó a la prensa en un primer momento, sino que hasta muchos de los firmantes del oficialismo no sabían la letra chica del contenido tampoco. «Era un texto de guía», reconocieron.

El punto es que según denuncian ahora otros de los diputados que se prestaron a firmar, el contenido de ese dictamen acordado fue modificado en las 13 horas que hubo en el medio, cuando a la tarde del mismo día miércoles apareció la versión visada. La bronca en algunos es por el contenido y en otros por la forma: es que entre los cambios hay modificaciones claves sobre las zonas frías, también en el tema de los biocombustibles, en las retenciones a productos regionales y en la pesca, cambios sensibles que los gobernadores de Juntos por el Cambio habían negociado con el propio Guillermo Francos, ministro de Interior. Se llevaron una sorpresa con sabor a traición.

Ley ómnibus: los nombres de los diputados que firmaron el dictamen de mayoría y la polémica de la hoja en blanco

Uno de los que acusó esos cambios fue el diputado de Córdoba Carlos Gutiérrez, vicepresidente de HCF: «Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado. Es muy grave y deja claro que al Gobierno Nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo».

Por otro lado, las acusaciones que surgieron de otro grupo de legisladores es que esos cambios no se hicieron en el parlamento, lugar correspondiente para hacerlos, sino en un departamento en Puerto Madero de un colaborador del espacio, y con la presencia del asesor y padre de la ley, Federico Sturzenegger. 

«Me invitaron a una reunión y cuando vi que era para puntear la ley con Sturzenegger, me fui», lanzó Oscar Agost Carreño, diputado Nacional por Córdoba del bloque Hacemos Coalición Federal y Presidente del PRO Córdoba. «El documento que propone La Libertad Avanza es un mal dictamen, por eso tenemos fuertes disidencias. Eso hace peligrar la ley», agregó, en diálogo con Futurock.

Myriam Bregman: «Federico Sturzenegger es un Conan entre las sombras»

Otra denuncia fue la que lanzó Esteban Paulón, del Partido Socialista, sobre la firma de un dictamen «en blanco»: «Anoche se reunieron las comisiones que están tratando el proyecto de ley ómnibus en el Congreso y finalmente se conocieron los dictámenes. Dos de esos piden el rechazo completo de la ley, y hay uno del oficialismo que, insólitamente, seguro se sigue escribiendo en algún despacho del Congreso, porque los diputados y diputadas que lo firmaron lo hicieron en una hoja en blanco».

Desde la Coalición Cívica llegaron a analizar hacer una denuncia penal por eso, aunque por el momento no hay definiciones. La CC de Elisa Carrió había presentado su propio dictamen en el plenario, reparando en la cantidad de facultades legislativas que se le delegarían al presidente Javier Milei por un año con posible extensión a dos. 

Lo que argumentaron desde los espacios que participaron de aquella reunión fuera del Congreso es que lo que se estaba redactando es una «hoja de ruta» o «guía» para la sesión, pero que no contemplaba cambios. 

Adorni negó cambios en el dictamen

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno no llevó adelante cambios en el texto del dictamen de mayoría aprobado por el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y afirmó que el proyecto de ley Bases «en principio» se debatirá en el recinto «la semana siguiente».

Según Francos, los cambios en la ley ómnibus son «la máxima capacidad de cesión» que tiene el Gobierno

En su habitual conferencia en Casa Rosada, Adorni respondió así a un posteo en la red social X hecho por el diputado Gutiérrez, quien dijo que «se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron» en un aspecto relacionado con los biocombustibles.

Otro de los que salió a garantizar que no hubo cambios es el firmante del dictamen, el diputado de la UCR Luis Picat, quien en diálogo con Radio Con Vos dijo que el procedimiento fue correcto porque el dictamen que se firmó fue con disidencias, donde por ejemplo estaba la cuestión de biocombustibles, pero que «el dictamen es uno sólo». «Desconozco lo que el amigo de Córdoba, Carlos (Gutiérrez) haya visto. Pero hasta aplicamos Inteligencia Artificial para comparar el dictamen firmado con el visado y no había cambios. Cada uno de los artículos que votamos en disidencia no cambió una coma», afirmó ante las preguntas en el programa de Alejandro Bercovich. 

«Desconozco por qué tardaron 13 horas en conocerse. Para mí hay una cierta intencionalidad. Hay una desprolijidad del gobierno igual, nosotros estamos cuidando para que el martes se pueda votar», concluyó. 

Fuente: Perfil.com

Desde esta columna hace más de tres años que venimos preguntándonos, cómo es posible que, ante la cantidad abrumadora de hechos que reflejaban el control de las cárceles por parte de organizaciones complejas del crimen organizado, el Servicio Penitenciario Federal no contara con un programa adecuado para contrarrestar las acciones de estos grupos criminales. Aún peor, nos preguntábamos cómo, desde una intervención política a esta fuerza de seguridad federal (S.P.F.), se hubiera decidido prescindir de los instrumentos de navegación en este camino sinuoso en el que se ha convertido la gestión de la ejecución penal de este tipo de actores criminales.

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Casi cuatro años atrás, en junio de 2020, la intervención del Servicio Penitenciario Federal emitía la disposición 0035/2020, en la que se ordenaba suspender provisoriamente, la guía de carga del formulario del plan de sentencia y el formulario de evaluación del riesgo de reincidencia; en síntesis, la clasificación y categorización por niveles de riesgo de la población penal alojada en establecimientos dependientes del S.P.F.

Cuarenta y tres meses después, sus consecuencias pueden ser medidas en la actividad sin límites de las organizaciones delictivas que operan desde el corazón del sistema carcelario, explotando las vulnerabilidades de un esquema que no acertó a clasificar y categorizar con la mira puesta en la seguridad pública, la que -por lejos- excede a la seguridad penitenciaria a la que, por supuesto, contiene. Afortunadamente y tal como se esperaba, esta falla grave en la seguridad, al menos desde lo organizativo y actuarial, desde hoy a comenzado a subsanarse.

Sistema Integral de Gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo

La resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación número 35 de este año 2024, va en dirección de tomar medidas para abordar adecuadamente la problemática del crimen organizado en todas sus facetas, tanto en lo que se refiere a evitar riesgos para la comunidad, como también a prevenir la afectación del adecuado funcionamiento de sus sistemas, entre ellos el Servicio Penitenciario Federal. Esto en la lógica de comenzar un proceso de transformación, cuyo objetivo principal será el de fomentar de manera favorable y constructiva un entorno seguro y protegido, logrado a través de procedimientos de clasificación adecuados, en línea con la responsabilidad central de las instituciones penitenciarias de salvaguardar la seguridad de las personas privadas de libertad, del personal penitenciario y de la sociedad en general.Te puede interesar:Paso a paso, cómo fue el crimen de Umma en Lomas de Zamora: los videos que comprometen al único detenido

La resolución da cuenta que este Sistema Integral pivotea sobre la base de lo prescripto por las Naciones Unidas en el Manual para la Gestión de internos de Alto Riesgo, complementándose con otras recomendaciones efectuadas por organizaciones con injerencia en la materia, siempre en la idea de la intervención estatal con la finalidad de obturar cualquier tipo de continuidad en la actividad criminal de internos, integrantes de estructuras delictivas complejas y organizadas.

Las estructuras criminales siguen operando aún detenidas; los límites físicos de los espacios de encierro no son suficientes para que este tipo de internos dejen de cometer delitos. Pretender que voluntariamente las mismas dejen de hacerlo, habla de una normativa que fue pensada para un escenario global en el que la sociedad, sin dudas era otra; por eso esta herramienta viene a retomar el orden por parte del estado, en los establecimientos Penitenciarios, y se celebra. Los resultados mejorarán las estadísticas y como ya sabemos, en seguridad publica el descenso de los delitos graves significa más gente viva (lo que es igual a menos personas muertas por el accionar de estas bandas).

Experiencias, éxitos y fracasos

La experiencia reciente marca similitudes con instrumentos aplicados desde el año 2016 y por lo menos hasta el 2020, los que en tanto existieron dieron prueba de su eficacia. La contraposición advertida por los desastrosos hechos de inseguridad ciudadana de gestación intracarcelaria, registrados desde el año 2020 a la fecha, nos eximen de comentarios que, a otras instancias (quizá judiciales), les interese en algún momento averiguar cómo y en qué contexto pudieron darse, potenciando como nunca antes en la historia del Penitenciarismo Argentino, la peligrosa torsión entre los conceptos de cárcel prisión y cárcel bunker. En nuestro país y precisamente en el S.P.F, existió un programa que funcionó bajo otra denominación, aunque de la comparación de ambos instrumentos podemos concluir en que se trató de un esquema de control de criminalidad organizada.

Creado en el año 2016, se denominó sistema de intervención para la reducción de índices de corruptibilidad (I.R.I.C.) y funcionó hasta la intervención política a la Dirección Nacional del S.P.F., ocurrida en el año 2020. Ambos dispositivos, colocaban bajo diferentes condiciones de trato y tratamiento a un segmento de la población penal que “calificara” en función de diferentes filtros que, en materia de seguridad, se medían en diferentes niveles de riesgos.Te puede interesar:Los videos de la banda de La Matanza que le disparó a un comisario y robó dos camionetas

Como en aquel entonces, lo mismo a partir de la implementación de este sistema integral de gestión de personas privadas de la libertad de alto riesgo, el fin era, y es, obturar las brechas de vulnerabilidad que en materia de seguridad pública, la gestión penitenciaria ofrece a los criminales miembros de estructuras organizadas. Los actores con participación en el sistema (entre otros), vuelven a ser los agentes de Inteligencia Penitenciaria y de Asuntos internos. Tal como es lógico que suceda, pues unos, en función de la recopilación y análisis de la información del entorno en el que operan y otros a través de la selección y control operativo de los agentes que se desempeñen en el programa, elaboran la información calificada que antecede a la toma de decisiones y se asegura que estas (decisiones), no se tergiversen en el ámbito de aplicación.

Una forma de tergiversar los fines del programa es la corrupción y Asuntos internos es responsable de neutralizarla. Como en aquella oportunidad, la normativa comenzó siendo una herramienta administrativa, pero la experiencia indica que esto no fue suficiente, al carecer del correlato legislativo que le hubiera dado al programa, la fuerza legal que impidiera a un funcionario del poder ejecutivo, disponer (por el motivo que fuera), la interrupción y posterior derogación del programa sin siquiera evaluar las consecuencias de la decisión adoptada. En el mundo en tanto, otras experiencias pueden ser visitadas a la luz del objeto de esta nota y en ese marco podemos citar a modo de ejemplo, la conocida públicamente como Ley Antimafia Italiana o 41 bis. El 41 bis comenzó a aplicarse en Italia en 1992 luego de una ola de atentados mortales contra los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en Sicilia.

Por la gravedad de los crímenes, este régimen dispone fuertes restricciones por lo que el interno es alojado en una celda individual en la que no tiene contacto con el resto de los presos ni tiene acceso a zonas comunes. Sólo en algunos casos le son concedidas un par de horas al aire libre, siempre manteniendo el aislamiento completo y sometidos a vigilancia continuada por agentes que, a su vez, no pueden mantener contacto con otros funcionarios.

En España el Fichero F.I.E.S (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) es un tipo de control establecido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en 1991 y aplicado con regularidad a partir de 1996 donde se crea una cárcel dentro de la cárcel, toda vez que segmenta y segrega a la población penal con antecedentes de pertenencia a organizaciones criminales complejas y también vinculada a organizaciones terroristas del resto de los privados de la libertad. El trato es particularmente estricto y al igual que el sistema Italiano, contempla como pilar básico de su funcionamiento, el aislamiento del interno.

En Brasil, solo en el sistema Federal se aplica Régimen disciplinario diferenciado o RDD. Es un régimen de tratamiento penitenciario especial, con un mayor grado de aislamiento y restricciones de contacto con el mundo exterior, se aplica como sanción disciplinaria o medida de precaución. El RDD es el tipo de trato penitenciario más drástico dado que restringe la libertad de movimiento del interno y la mayoría de sus derechos. Fue introducido por la Ley 10.792 / 2003, que modificó la Ley de Ejecuciones Penales – LEP y el Código de Procedimiento Penal – CPP. está contenido en el art. 52 de la LEP. En los casos referidos con antelación, los sistemas, si bien han permitido avanzar en el control de las estructuras criminales complejas limitando su accionar en los establecimientos penitenciarios, en su gran mayoría son objetados por diferentes organismos defensores de los derechos de las personas privadas de la libertad, toda vez que suponen un agravamiento en las condiciones de detención. Probablemente el aislamiento en solitario sea la figura más atacada dentro de estos sistemas.

En nuestro país la adopción de este tipo de herramientas debe necesariamente elevarse por sobre el mero marco Institucional para adquirir el estatus legal que estas prácticas actuariales requieren dado que la Ley rectora en la materia (Ley Nro.:24660 y su modificatoria 27.375) no contempla la segmentación en función de pertenencia a estructuras delictivas complejas y organizadas. No hablamos de reforma de la Ley, sino de la creación de un marco legal moderno que le otorgue herramientas de actuación a las fuerzas de seguridad (y entre ellas al Servicio Penitenciario Federal), en la lucha contra estas organizaciones criminales.

En síntesis, con la transferencia del S.P.F. desde la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación a Seguridad y en virtud a las decisiones que se vienen adoptando, se puede inferir a nivel macro, que todas las variables comienzan confluir en objetivos que permitan reforzar la seguridad Publica. Será tarea de sus responsables, poder demostrarlo en hechos que la sociedad, sabrá valorar.

Particularidades del programa

Evitar que los internos que se incorporen al mismo

• Obtengan privilegios o beneficios indebidos dentro del establecimiento penitenciario
• Accedan al control de los espacios que tiene a cargo la administración penitenciaria
• Ingresen objetos prohibidos y/o restringidos que les permitan seguir cometiendo delitos
• Administren información que les permita vulnerar la seguridad, continuar cometiendo delitos desde la prisión o fugarse
• Mantengan un contacto ilegal con el mundo exterior
• Mantengan un contacto incorrecto con los visitantes: familiares, defensa técnica y otras personas
• Mantengan un contacto fuera de lo reglamentariamente establecido con el personal penitenciario o civil que trabajen o tomen contacto con el establecimiento penitenciario

Perfiles de internos sobre los que aplica o personas privadas de la libertad que representan los siguientes riesgos

1. Altos o Muy altos niveles de Riesgo de Fuga, ya sea por sus propios medios o con ayuda de terceros
2. Altos o Muy altos niveles de Riesgo Comunitario, es decir:

• Riesgo de violencia hacia la comunidad o de daño a la misma en caso de fugarse
• Riesgo de dirigir o participar de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la comunidad.
• Riesgo de corrupción y/o violación del régimen interno con propósitos criminales
• Riesgo de entorpecimiento de investigaciones judiciales
• Fuente: Infobae.com

Mientras el gobierno de Javier Milei está a la espera de una respuesta oficial de la Nunciatura, fuentes cercanas a la Casa Rosada dejaron trascender que el papa Francisco recibirá al Presidente el próximo lunes 12 de febrero en el Vaticano.

De confirmarse la fecha, sería un día después de la canonización de la primera santa argentina, Mama Antula, ceremonia a la que el mandatario argentino anunció su intención de asistir.

“Hicimos una invitación formal y esperamos una respuesta formal. Confío en que será inminente”, dijo una fuente de la Cancillería consultada en las últimas horas por LA NACION.

La audiencia será el corolario de una relación entre Francisco y Milei que comenzó en forma muy tirante, por los agravios públicos que se conocieron cuando el mandatario era candidato a presidente y que luego se encauzó con el llamado telefónico del Santo Padre al líder libertario, en noviembre, para felicitarlo por el triunfo electoral.

Luego siguió la carta del presidente Milei al Santo Padre para invitarlo a visitar la Argentina. Esa vía oficial fue el paso que se esperaba, luego de una reunión informal que varios obispos argentinos –de distintas provincias- mantuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la casa de la exsenadora nacional María Cristina Guzmán, que se ofreció para acercar posiciones y encontrar canales de comunicación.

La reunión de Milei con Francisco podría realizarse en el Palacio Apostólico. En medios católicos se sostiene que es una práctica habitual que el Santo Padre reciba en una audiencia al presidente del país de la persona canonizada. La ceremonia está prevista para el domingo 11, a las 9, hora de Roma.

Fuentes del Episcopado, en tanto, indicaron a este diario que la audiencia de Francisco con Milei es una decisión que compete al Gobierno y al Estado del Vaticano y en ella no intervienen los obispos argentinos. Lo mismo ocurre con la designación pendiente del futuro embajador argentino ante la Santa Sede.

“La decisión del embajador será de la canciller, Diana Mondino, y lo más probable es que sea un diplomático de carrera”, anticipó la fuente de la Cancillería.

El acercamiento

Según pudo saber LA NACION, en la Iglesia argentina no había caído bien que ninguna figura representativa del flamante gobierno de La Libertad Avanza haya concurrido a la misa de beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio, celebrada en la Basílica de Luján el 16 de diciembre pasado, seis días después de la asunción del Presidente.

Allí se deslizó el valor que podría tener una carta formal del mandatario para invitar al pontífice a la Argentina. El Gobierno tampoco había dado pasos luego del llamado personal de Francisco antes de la asunción presidencial

En ese ámbito de confluencias surgió la posibilidad de una invitación formal del Presidente al Santo Padre. A los pocos días se anunció el envío de la carta, en la que el mandatario le expresó a Francisco que “su viaje traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos, ansiosos de superar nuestras divisiones y enfrentamientos”.

También le transmitió que “su presencia y su mensaje contribuirían a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina”.

Mariano De Vedia

Fuente: La Nación

El presidente Javier Milei decidió echar al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a un mes y medio de haber asumido en su cargo. El funcionario fue desplazado al ser acusado de filtrar información del Gobierno.

El mandatario tomó la decisión de despedir al ahora ex funcionario porque lo acusan de encargarse de filtrar información de las reuniones de gabinete. Por otro lado, Milei nunca estuvo conforme con su gestión y Ferraro tampoco estuvo cómodo. De hecho, sin obra pública a su cargo, con poco presupuesto, su trabajo estuvo dedicado a reuniones protocolares, sin relevancia.

Se trata del primer funcionario de primera línea que tiene que dejar su cargo en el primer mes y medio de Gobierno de La Libertad Avanza. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, habría sido el encargado de pedirle la renuncia a Ferraro.

Tras una relación que no fluyó, lo que habría provocado la decisión de Milei fue una supuesta frase del presidente que se filtró (según el Gobierno el culpable fue Ferraro) de la reunión de gabinete contra los gobernadores por los recursos que podría quitarles si no se aprueba la ley ómnibus. «Los voy a dejar sin un peso», habría sido la frase pronunciada por el mandatario nacional que despertó la contestación del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Versiones cruzadas sobre un supuesto dictamen irregular de la Ley Ómnibus del que participó Sturzenegger

En un momento tan sensible para la negociación, esa información no cayó nada bien en las provincias y en los legisladores. Horas después de una jornada en la que se tensó el diálogo con los mandatarios provinciales y que los votos para la Ley de Bases no están asegurados, Ferraro salió eyectado de la gestión que arrancó el 10 de diciembre pasado.

La noticia de la salida de Ferraro se confirmó este jueves por la noche luego de varias horas de rumores sobre posibles cambios en el Gabinete de La Libertad Avanza.

Ferraro estuvo durante 45 a cargo del mega Ministerio de Infraestructura, que incluye las áreas clave de Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones. Sin embargo, Milei en su cuenta de Twitter, tras la salida de Ferraro, le dio me gusta a un tuit que afirmaba que «el Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser Secretaria bajo la órbita de Toto Caputo«.

Por el momento en el Gobierno no tenían confirmado un nombre para reemplazar al saliente funcionario.

Ferraro había sido de los primeros ministros confirmados por Javier Milei, incluso antes de asumir como presidente. Tenía experiencia en el sector público-privado, habiéndose puesto al frente de iniciativas PPP en 2017 y 2019 como director de KPMG Argentina, firma global que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

La reunión de Gabinete que terminó con la salida de Ferraro

Este jueves por la mañana, el Presidente reunió a su Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada y avanzó en delimitar las estrategias para conquistar media sanción en la Cámara de Diputados.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el Presidente definió ir a fondo contra los gobernadores y les trasladó a sus colaboradores que deben dejar en claro que «si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias«.

Incluso, instruyó al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, a presentar la propuesta ante el procurador general, Eduardo Casal, para avanzar en la creación de una fiscalía especial que investigue a funcionarios públicos involucrados en episodios de corrupción.

«Ir con buenas intenciones en algunos sectores no dar resultado, te tenés que poner en hijo de puta», subrayó una fuente de Casa Rosada, y remarcó: «Es un claro mensaje a los gobernadores para que presionen a sus diputados para que voten».

Durante el intercambio que se extendió poco más de una hora, se lo escuchó al ministro de Economía advertir que «si esta ley no llega a buen puerto se va a seguir ajustando el gasto público de todas las maneras alternativas que haya, incluyendo las partidas que se asignan a las provincias».

La intención del Gobierno es «socializar con los gobernadores el costo de la ley» si los cambios económicos que la administración apunta a aplicar no pasan el filtro del Parlamento.

Del encuentro participaron la vicepresidenta Victoria Villarruel, Posse y los ministros Ferraro, Caputo, Guillermo Francos (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Luis Petri (Defensa), además de los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Eduardo Serenellini (Comunicación y Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete); el el vocero presidencial, Manuel Adorni y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Horas después de esa reunión, el Presidente culpó a Ferraro por la difusión de los diálogos y decidió echarlo.

Fuente: Perfil.com

Guillermo Ferraro no había logrado hacer pie. Un mes y medio después de su desembarco en Infraestructura, la relación con algunos de sus secretarios no fluía, y la incomodidad por el escaso margen de maniobra y la concentración de poder en manos de la Jefatura de Gabinete era, según trascendía, muy evidente. Pero la sorpresiva decisión de Javier Mileide echar tempranamente a su primer ministro obedeció, según el relato oficial, a una filtración periodística publicada por el diario Clarín que reflejó que el presidente advirtió en la reunión de gabinete de este jueves que dejaría “sin un peso” a los gobernadores por el rechazo de estos a algunos de los puntos más sensibles de la denominada Ley Ómnibus.Te puede interesar:Javier Milei sube la presión contra los gobernadores: “Los voy a dejar sin un peso”

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Es que, en plenas negociaciones parlamentarias, en el gobierno hay una creciente tensión por la suerte de ese complejísimo proyecto de ley que pretende modificar decenas de leyes y que, hasta anoche, Milei no tenía asegurada su media sanción en Diputados en una serie de capítulos fundamentales para su programa fiscal como el aumento en las retenciones, la fórmula jubilatoria, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES o el blanqueo impulsado por la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.

“Hay una alta probabilidad de que esas cosas no salgan”, se sinceró ayer por la tarde ante este medio un referente parlamentario de La Libertad Avanza, mientras las versiones sobre la posible salida de Ferraro -primero trascendió que el enojo presidencial era con “un ministro”, sin mayores precisiones- empezaban a circular con más fuerza.Te puede interesar:Javier Milei echó al ministro de Infraestructura, Guillermo FerraroEl ahora ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, expuso ante Diputados por el proyecto de Ley Ómnibus

El miércoles, horas después de que el oficialismo consiguiera despachar un dictamen de mayoría con 55 firmas -34 de ellas, del peronismo no K y la UCR, en disidencia parcial-, la incertidumbre parlamentaria del gobierno motivó a que Tomás Figueroa, el secretario Parlamentario de la Cámara baja, recibiera en su departamento de la avenida Quintana a los principales jefes de los bloques dialoguistas como Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y Miguel Ángel Pichetto, además del jefe de la bancada libertaria, el ex angelicista Oscar Zago, y un puñado de legisladores que alternaban entre el departamento y La Biela, un conocido café frente al edificio en el que suelen mezclarse dirigentes políticos, funcionarios y turistas.Te puede interesar:Martín Menem habló sobre la Ley ómnibus: “Todo indicaría que el martes tendremos dictamen”

Cristian Caram, un histórico dirigente porteño que se reconvirtió en empresario cultural y gastronómico, actual secretario del bloque de diputados libertarios, intercambiaba mensajes telefónicos con algunos de los presentes.Te puede interesar:Los movimientos sociales que acompañaron a la CGT en su marcha contra el Gobierno de Milei anuncian nuevas medidas de protesta

“La reunión fue para pensar la sesión de la semana próxima, para puntear como organizarla, por el problema de la votación en particular”, aseguró uno de los legisladores que conoció por primera vez el departamento de Figueroa.Te puede interesar:Javier Milei echó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro

En una primera versión periodística había trascendido que la cumbre tuvo como finalidad reescribir casi de cero el dictamen de mayoría -se firmaron otros cuatro de minoría, uno de ellos del peronismo K y otro de la Coalición Cívica-. No fue así. Aunque, según las fuentes consultadas, sí se terminaron de negociar algunos ítems poco claros: la reunión de comisión había terminado cerca de las 2 de la mañana, con muchos puntos aún por discutir.

Es más: en el encuentro en el departamento del barrio porteño de Recoleta se habló de la intención del gobierno de debatir en el recinto, en principio el martes próximo, por capítulos, como autoriza el reglamento. Para después sí discutir por artículos, si así lo definen los legisladores. La semana pasada, en una de las reuniones con Martín Menem, el ministro Guillermo Francos y el influyente asesor Santiago Caputo, el guionista del relato oficial, el diputado Emilio Monzó, que presidió la Cámara baja durante los cuatro años del gobierno macrista, había sugerido a sus colegas libertarios que, por la inexperiencia, debían pensar bien en cómo ordenar la sesión. Recordó, en ese sentido, la dramática discusión en el recinto en torno a la reforma previsional, que tuvo que suspenderse en su primer intento por una violenta marcha en los alrededores del Parlamento que incluyó una lluvia incesante de piedras.

Este jueves, por caso, José “Cochi” Rolandi, la mano derecha de Posse en la Jefatura de Gabinete, de buena trayectoria en la actividad privada pero nula experiencia en la función pública, visitó el Congreso para intentar destrabar algunos de los rubros más sensibles del proyecto que Milei pretende aprobar primero en Diputados y después en el Senado como su primer mojón de gestión.

A Rolandi no le fue demasiado bien. ”¿Van a aprobar el paquete fiscal?”, le preguntó en un momento a un jefe de bloque en la oficina de Menem. “No”, fue la respuesta que recibió. Tampoco había tenido tanto éxito Caputo, el consultor, en los días previos cuando se apareció por el Congreso para liderar las negociaciones en nombre del presidente, de viaje por Davos.El próximo martes, en principio, sería el debate por la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados

El gobierno había aceptado ceder en temas ríspidos como el aumento a los derechos de exportación para las economías regionales o la eliminación de la actual fórmula jubilatoria. Pero una serie de idas y vueltas, además de otros temas candentes como el blanqueo, el FGS de la ANSES, la pesca o las cajas previsionales de las provincias, calentaron las negociaciones con los bloques amigos, muy predispuestos a colaborar con el Ejecutivo, no solo por la magnitud de la crisis y la complejidad del ajuste, si no hasta por una cuestión de conveniencia electoral: no hay una sola encuesta que, aún frente a una gestión anómala y un gabinete deslucido, con excepciones, no pondere todavía la popularidad de Milei. “O estás con Milei o no estás con Milei, en el medio no hay nada”, lo describió un consultor.

Eso explica, en buena medida, la decisión del jefe de Estado de avanzar con la construcción de un relato inflexible y temerario que, a juzgar por la salida de Ferraro, tuvo este jueves un punto de quiebre. En este caso, en la relación con los gobernadores.

Más allá del origen de la filtración, hasta anoche nadie en el gobierno había desmentido la frase adjudicada al presidente sobre los gobernadores -”Los voy a dejar sin un peso”-, que se sumó a las serias advertencias de Luis “Toto” Caputo, que avisó: “Se recortarán inmediatamente las partidas a las provincias si algún artículo es rechazado”.

Los dichos, vía redes sociales -el canal de propagación principal del relato libertario- cayeron pésimo en Juntos por el Cambio y en el peronismo no K. El más ofuscado fue Miguel Ángel Pichetto, que este mes recobró una centralidad notable, que se erigió como uno de los principales negociadores con el gobierno y que, con excepción de algunos viernes, vive de saco y corbata. Un exponente de la política tradicional y profesional. Una especie de CEO de los gobernadores, un interlocutor frecuente del sindicalismo, que hace varios días, en una reunión, le plantearon qué rol jugaría en caso de una eventual crisis institucional.

Pichetto está convencido de que, después de marzo, la situación será crítica.Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, uno de los espacios clave en la sesión en Diputados por la Ley Ómnibus (Franco Fafasuli)

Pero los dichos de Caputo también fastidiaron a los gobernadores peronistas, justo cuando la Casa Rosada, por gestiones del ministerio del Interior, se había asegurado los votos de los tres legisladores que responden a Osvaldo Jaldo y que este miércoles oficializaron un nuevo bloque en Diputados, escindido de Unión por la Patria. “Puede haber alguno más”, aseguró un alto funcionario político, sin precisiones, pero antes de la andanada de críticas de Caputo y los trascendidos del propio presidente. Un jefe provincial de la zona centro, que participa en varios grupos de WhatsApp con colegas, admite que el enojo es generalizado. Y la paciencia empieza a agotarse.

En ese contexto, el lunes por la noche, en una reunión virtual con el ministro Francos, los gobernadores de JxC exhibieron su malestar por los capítulos de la ley vinculados a las retenciones. El más vehemente fue Maximiliano Pullaro. Después de ese encuentro, la Casa Rosada aceptó coparticipar el blanqueo fiscal. Y envió al Parlamento el proyecto para restituir el impuesto a las Ganancias, pedido por las provincias.

Hasta anoche, la moneda todavía estaba en el aire. Un dirigente libertario, muy mencionado en estos días, le aseguró a Infobae: “La gente eligió a un presidente con el 56% de los votos, pero en la elección de diputados y senadores ganó (Sergio) Massa”.

La reflexión desnuda dos realidades que atraviesan a un mismo gobierno. Que Milei tiene sostén social para insistir con su relato y su paquete de reformas, pero que necesita sí o sí del sistema político al que encasilló como “la casta” para que esa batería de iniciativas no naufrague en el Congreso.

Fuente: Infobae.com

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el Gobierno alcanzó «la máxima capacidad de cesión» de cambios en el proyecto de la ley ómnibus. Fue tras el fuerte enfrentamiento entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los referentes de la oposición dialoguista en el Congreso, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo De Loredo. 

Después de una serie de modificaciones del proyecto de ley impulsado por el Gobierno, el dictamen de mayoría todavía no logra convencer incluso a los sectores opositores más cercanos al Gobierno y, por ende, nada está asegurado en el recinto. En ese marco, Francos tiró un fuerte lineamiento, con el objetivo de desincentivar más cambios en el proyecto.

Ley ómnibus: los diputados que firmaron el dictamen de mayoría y la polémica de la hoja en blanco

«Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques que han llevado a este dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno en función de lo que pretende de la situación económica de los próximos meses», afirmó el funcionario. 

«Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques del dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno en función de lo que pretende en los próximos meses. Sabemos que hay visiones diferentes sobre temas como las retenciones, que es un mal gravamen, pero es donde hoy se pueden obtener recursos», dijo.

Retenciones: el gobierno quiere «mantener lo que está»

Según Francos, la intención del gobierno «es mantener lo que está», en relación con los derechos de exportación.

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Antes de la reunión de Gabinete de este jueves, el funcionario reconoció que «siempre es complejo tratar una ley que abarca tantos aspectos de la realidad del país». «Hemos corregido algunos temas que las provincias y los legisladores veían de otra manera y creo que estamos muy cerca», afirmó.

«Seguimos teniendo posiciones diferentes, pero conceptualmente tenemos claro que la ley va a avanzar», dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Por otra parte, dijo que el Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ayer invalidó la reforma laboral incluida en el DNU de Javier Milei. «Si ponemos los intereses particulares de los sectores corporativos por delante de los intereses de los trabajadores, por supuesto que no vamos a avanzar más», afirmó.

Francos dijo que el presidente está convencido del plan económico que aplica el gobierno y del objetivo de déficit cero.

«No hay recursos para pagar los gastos del Estado»

«No hay recursos para pagar la enorme cantidad de gastos que tiene el Estado nacional y los estados provinciales. Todas las provincias demandan fondos por diferentes cosas. Cuando se suprimen las transferencias de las provincias, van a tener problemas. No es una amenaza, es una realidad. Lo que dice el ministro es que si no está la ley que me permite generar cambios impositivos y un marco desregulatorio que permita generar nuevos ingresos, vamos a sufrir más porque hay que cortar más gastos«, sostuvo.

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De ese modo, el ministro defendió la polémica advertencia que lanzó ayer vía redes el ministro de Economía, que motivó el cruce de Pichetto y De Loredo.

«El acuerdo de gobernabilidad se consigue cuando se sanciona una ley como esta», lanzó Francos. «Es cierto que de una posición legislativa muy minoritaria está consiguiendo que se trate una ley con temas muy importantes. Abarcamos distintas materias, pero muchas de ellas van a permitir generar desarrollo y crecimiento», manifestó.

«Cuando haya normas que nos permitan explotar seriamente la enorme cantidad de recursos naturales que tiene la Argentina y no explota, eso va a ser el bienestar futuro de los argentinos«, dijo el ministro del Interior.

Fuente: Perfil.com

Javier Milei ratificó el giro geopolítico de la Argentina durante un debate del Consejo de Seguridad de la ONU promovido ayer por Francia, adonde se trató la compleja situación en Medio Oriente causada por los actos terroristas cometidos por Hamas contra Israel.Te puede interesar:Diario de mi visita a Israel después del 7 de octubre

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La representante permanente del país ante las Naciones Unidas, María del Carmen Squeff, reclamó que haya una condena directa contra la organización fundamentalista que financia Irán, exigió la inmediata liberación de los rehenes que Hamas mantiene cautivos en los túneles de la Franja de Gaza y reconoció que Israel tiene derecho a ejercer su legítima defensa cuando es atacado en su propio territorio.

El discurso de Squeff -muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner- fue preparado por el staff de la canciller Diana Mondino y girado a la Casa Rosada para su consideración. Milei avaló el tono geopolítico de la presentación diplomática y la representante ante la ONU leyó el discurso como llegó a su computadora desde el Palacio San Martín.Te puede interesar:El día después del paro de la CGT, el Gobierno desplazó a las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud

“Argentina expresa su más enérgica condena a los atentados terroristas de Hamas que están en la raíz del desastre humanitario descrito por el Secretario General. Lamentamos que hasta la fecha estos actos no hayan sido objeto de una condena explícita por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en este sentido. Argentina reconoce el derecho de Israel a ejercer su legítima defensa en el marco del derecho internacional conforme al derecho internacional y al derecho internacional humanitario”, sostuvo Squeff después de escuchar a Antonio Guterres, titular de la ONU.Te puede interesar:Israel aseguró que Hezbollah pagará “un alto precio” si empeora la seguridad en la frontera con Líbano

Y en este contexto, la representante ante Naciones Unidas completó:Te puede interesar:Karina Milei salió a saludar a seguidores de Javier Milei en la puerta de la Casa Rosada y firmó una camiseta de Chacarita

“En consonancia con la mencionada resolución, la Argentina exige la inmediata e incondicional liberación de todos los rehenes tomados en el repudiable atentado terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre del año pasado, que continúan cautivos. Entre ellos se encuentran ciudadanos argentinos de mi país que continúan sufriendo en carne propia las consecuencias de dicho acto. Argentina expresa una vez más su compromiso por una paz justa y definitiva, que ponga fin al conflicto palestino-israelí”.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.615.0_es.html#goog_2186187830 seconds of 43 secondsVolume 0% La embajadora argentina en Naciones Unidas, Maria Del Carmen Squeff, exige en el Consejo de Seguridad que Hamas libere a todos los rehenes cautivos en la Franja de Gaza

La posición de Milei contrasta con la mirada sobre el conflicto en Medio Oriente que exhiben Brasil, México, Chile y Colombia. Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Gabriel Boric y Gustavo Petro han condenado la réplica militar de Israel contra Hamas y se niegan a reconocer que la actual situación en la región es consecuencia del ataque fundamentalista del 7 de octubre de 2023.

Hamas es un grupo terrorista apoyado por Irán que mantiene cautivos a cientos de rehenes en Gaza y exige “ayuda humanitaria” en nombre de los ciudadanos palestinos que después utiliza para sostener a sus propios fedayines que se esconden en la red de túneles de la Franja.

El discurso de Squeff ante la ONU va en línea con la decisión de Balcarce 50 de declarar a Hamas como organización terrorista, y el objetivo de Milei es anunciar esa posición política antes de su viaje a Israel. El presidente llegará el seis de febrero a Tel Aviv y desde allí volará a Roma para participar de la ceremonia de canonización de “Mamá Antula” y mantener una audiencia con el Papa Francisco.Kfir Bibas cumplió un año secuestrado por el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Junto a la decisión de declarar a Hamas un grupo terrorista, el presidente maneja información reservada acerca de las negociaciones para liberar a los rehenes que Hamas tiene cautivos en la Franja. Qatar encabeza las conversaciones con los terroristas, mientras que Estados Unidos e Israel monitorean la situación que se estancó por las exigencias de Hamas.Te puede interesar:21 soldados israelíes murieron en el ataque más sangriento de Hamas en Gaza desde el inicio de la guerra

El grupo terrorista propone un cese del fuego –que le serviría para reagrupar sus fuerzas en Gaza-, exige un intercambio de prisioneros palestinos acusados de atacar a Israel y reclama decenas de camiones con “ayuda humanitaria” para sostener su resistencia ante la ofensiva militar que se planifica en Jerusalén.

Hamas tiene al menos 10 rehenes con nacionalidad argentina, entre ellos a Kfir Bibas que cumplió un año en cautiverio. Kfir fue atrapado con su madre Shiri, su padre Yarden y su hermano Ariel, que va a cumplir seis años durante su secuestro en la Franja. Con excepción del padre, que apareció en un vídeo de propaganda de la organización terrorista, no hay un sólo dato oficial sobre Kfir, Shiri y Ariel.

Fuente: Infoba.com

Al caer la tarde todo era optimismo en el seno del Gobierno nacional después de la primera jornada de paro y movilización por parte de la CGT, a la que se acopló buena parte del kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, entre otros múltiples sectores. Fuentes cercanas al presidente Javier Milei calificaron el paro como “un fracaso estrepitoso” al considerar que “con toda la furia, el impacto fue del 1%” en el nivel de actividad.

“Este es un paro político, no es en defensa de los trabajadores, se hace para dañar al Gobierno”, fue la frase más repetida en el entorno presidencial. Sobre el final de la jornada Milei usó su cuenta de la red social X para consignar: “Nunca estuvo tan clara la elección. Hacemos los cambios o seguimos presos de estos extorsionadores”. Debajo publicó una foto del sindicalista Pablo Moyano y la frase en la que dijo que habría que tirar al ministro Luis Caputo al Riachuelo.

La jornada batió un propio récord de la CGT al hacerle el primer paro a un presidente a 45 días de asumir y comenzó apenas horas después de que el oficialismo obtuviera dictamen de mayoría en Diputados, paso fundamental para avanzar con su eventual aprobación. Dos motivos que en las filas libertarias se encadenaron en una lectura casi unívoca de que habían podido sortear dos grandes desafíos, en medio de la manifestación de fuerzas del sindicalismo y parte de la oposición.

Entre los motivos que despertaban el optimismo cerca del mandatario, que siguió la jornada desde la residencia oficial de Olivos, estaba el hecho que consideraban que el paro resultaba “muy conveniente la confrontación, ya que los que se oponen al proyecto pasan a quedar en la misma bolsa que los que han llamado al paro”.

En ese sentido fueron gráficos al resumir su mirada sobre lo sucedido durante este miércoles: “Fue un golazo por el fracaso del paro, por la confrontación que se plantea y porque alinea a los puristas, porque en su defecto quedan del lado de los que llamaron al paro”, dijeron fuentes cercanas al jefe de Estado. Quienes lo vieron al mandatario en las últimas horas relataron que está optimista, convencido y con la mira puesta también en las tasas de inflación semanales, otra variable que cuentan que le da mayor optimismo.

El otro punto positivo respecto de la jornada de este miércoles lo ubicaban en que el operativo de Seguridad, con la aplicación del protocolo antipiquetes, que consideraron “exitoso” al no haber tenido conflictos pese a la tirantez entre la central de trabajadores y el Gobierno, y la enemistad y los cruces verbales que antecedieron entre la ministra Patricia Bullrich y el sindicalista Pablo Moyano.

Bullrich siguió de cerca el operativo desde el Comando Unificado, situado en la Central de Policía, se mantuvo en comunicación con el mandatario y luego tenía en agenda ir a Olivos para conversar sobre la jornada. La relación entre ambos es excelente y en poco tiempo la excandidata a presidenta se convirtió en una de las personas de confianza del líder libertario.

Durante la jornada Milei, de acuerdo al cronograma que se trazó desde que se instaló en Olivos, trabajó desde allí, y por la mañana recibió a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina, quien luego sí fue a trabajar a Casa Rosada, donde tiene su despacho en el primer piso, a metros del presidencial.

A lo largo de la jornada se habían ido sucediendo los mensajes vía X de los ministros, que el propio mandatario luego amplificó en sus redes sociales. Además de Bullrich, lo hicieron la canciller Diana Mondino (desde la cumbre del Mercosur en Paraguay), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía). “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer”, escribió en X Mondino, que también trató a los sindicalistas de “falsos representantes de los trabajadores”. Bullrich, por su parte, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al que le pidió “cumplir la ley, no violarla” y le recordó el reciente asesinato de la niña Uma Aguilera.

Desde Balcarce 50 calcularon una asistencia de 40 mil personas a la marcha de la CGT. Lejos de las postales que dejó la convocatoria frente al Congreso y más aún de los números de la central obrera, que estimó en 600.000 los asistentes a la marcha porteña. “Fue un paro raro”, decían también en referencia a la modalidad elegida, en la que el acto fue al mediodía y la interrupción del servicio de transporte público, a las 19.

El momento elegido por la central obrera, a 45 días de la llegada del libertario a la Casa Rosada, fue un récord que superó la marca anterior de Fernando de la Rúa, quien enfrentó una huelga general a los 74 días de iniciar su presidencia. La CGT venía de cuatro años de no haber hecho paros contra Alberto Fernández pese a la sostenida caída del salario durante la gestión del Frente de Todos. Todos esos elementos formaron parte del análisis que hicieron distinta fuentes de Gobierno sobre lo sucedido este miércoles.

“No hay diálogo posible con quienes no quieren que el país salga adelante. Este paro es un gran sinsentido, una complicación y pérdida de dinero para muchísimos argentinos”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, al descartar algún tipo de acercamiento con la CGT, la CTA y los movimientos sociales y políticos que impulsaron la medida de fuerza. Reiteró, además, la decisión del Gobierno de descontarles el día a los empleados públicos que participaron en la manifestación.

Cecilia Devanna

Fuente: La Nación